
RENASES pide no aprobar sin estudio técnico el traslado de recursos del Banco Popular para pensiones
La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) expresó su posición ante el expediente 25.721, que propone financiar pensiones para personas adultas mayores en pobreza con recursos del Banco Popular. En un comunicado público titulado «Sí a las pensiones, no a las chambonadas», la organización afirma que quiere que estas personas reciban su pensión, pero considera que la forma en que el Gobierno pretende pagarlas es un error.
Según RENASES, más de 32.000 personas están en lista de espera para recibir una pensión, una espera que califica de «vergüenza nacional». Sin embargo, sostiene que «vestir a un santo desvistiendo a otro no es una política social; es una ocurrencia».
El proyecto
De acuerdo con el comunicado, el proyecto le quita al Banco Popular el 0,25 % de las planillas que hoy se queda en el banco, unos ¢37.506 millones al año, para financiar alrededor de 31.000 pensiones. La iniciativa ya fue dictaminada en comisión y pasa al Plenario legislativo.
Los criterios del banco y la SUGEF
RENASES recoge los criterios que la Gerencia del Banco Popular y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) enviaron a la Asamblea Legislativa:
- El banco dejaría de capitalizarse en ¢150.028 millones entre 2027 y 2030.
- Cada año de aporte respalda hasta ¢245.948 millones en crédito, más de seis veces lo que se quiere trasladar.
- Habría menos crédito para vivienda y para empresas, y el banco sería empujado a priorizar la rentabilidad sobre su misión social.
- La SUGEF no considera conveniente aprobar el proyecto sin un estudio técnico que mida sus efectos.
La organización aclara que el banco no proyecta incumplir sus requisitos, pero señala que se trata de una entidad que cumple su misión «y al que quieren quitarle la herramienta para cumplirla». «Quien debilita al banco de los trabajadores debilita a los trabajadores», afirma.
Las contradicciones
El comunicado señala que el Gobierno califica al Banco Popular de «sobrecapitalizado», mientras que, según RENASES, las calificadoras de riesgo Moody’s y Fitch atribuyen su fortaleza precisamente al aporte que se pretende eliminar. Agrega que el Gobierno afirma defender a las personas más pobres, pero ya recortó recursos a los CEN-CINAI, a los hogares para personas adultas mayores, a la Caja Costarricense de Seguro Social y a los comedores escolares.
«A las personas adultas mayores no se les ayuda con un parche que mañana se convierte en otro hueco», indica la organización, que propone una solución duradera que no ponga en riesgo el ahorro de las personas trabajadoras ni el crédito para vivienda, «y que no obligue a una familia pobre a pagar la pensión de otra».
Recaudación y costo de la deuda
Para RENASES, el problema no es la falta de recursos, sino que no se cobran. El comunicado cita una advertencia de la Contraloría General de la República: Hacienda habría dejado de recaudar ¢1,8 billones en impuestos sobre la renta entre 2023 y 2026 por controles deficientes. Según el texto, las fiscalizaciones cayeron de 1.767 casos en 2023 a solo 2 en 2025, y algunos casos tardan hasta 600 días hábiles en resolverse. La organización calcula que los ¢37.506 millones que se pretende trasladar del Banco Popular equivalen a 2 de cada 100 colones que Hacienda dejó de cobrar.
A esto suma el costo de la deuda pública: según el comunicado, en 2025 el país pagó una tasa promedio cercana al 8,4 % y destina el 3,6 % del PIB al pago de intereses, frente al 2,3 % de Chile.
Lo que exige RENASES
- Que el Plenario no apruebe el proyecto sin el estudio técnico que solicita la SUGEF.
- Que las pensiones se financien cobrando lo que hoy no se cobra, y no quitándole recursos a otra institución social.
- Un plan de choque de fiscalización tributaria y aduanera, con metas públicas.
- Una revisión del costo de la deuda.
- Que ningún programa dirigido a la población más pobre se recorte para pagar otro.
RENASES pone a disposición de todas las fracciones legislativas su equipo técnico para redactar una alternativa. «Defender las pensiones y defender el Banco Popular no son causas contrarias: son la misma causa», concluye. «No estamos en contra de unos pobres para ayudar a otros: estamos a favor de cobrarle a quien no ha pagado».
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