SAN JOSÉ LAS FLORES, El Salvador, 16 ago 2017 (IPS) – Sorteando riachuelos y recorriendo escabrosos caminos va Felipe Tobar, al frente de un grupo de personas cuyo destino es la ribera de un río tristemente famoso, porque allí hace 37 años fueron asesinadas alrededor de 600 personas en El Salvador.
“Cuando yo me tiré al río era increíble ver aquel montón de gente que era arrastrada por el agua, se ahogaban, vi cuando el ejército ya estaba en el borde, disparando a la gente fuera y dentro del río”, cuenta Tobar, mientras hace una parada para descansar, sentado en una roca a la orilla de una vereda.
Tobar, ahora con 60 años, es sobreviviente de una de las peores atrocidades cometidas durante la guerra civil salvadoreña, la llamada Masacre del Sumpul, ejecutada por efectivos militares en mayo de 1980, en la ribera del río del mismo nombre, en el caserío Las Aradas, del municipio de Ojos de Agua, en el norteño departamento de Chalatenango.
Ahora, el municipio del que él es alcalde, San José Las Flores, es parte un proyecto de memoria histórica que, además de rendir tributo a todos aquellos que perdieron la vida en esa y otras masacres ocurridas en Chalatenango, incluye iniciativas productivas sostenibles.
Entre esas está el fomento de un turismo rural enfocado en esos hechos ocurridos durante los 12 años de conflicto (1980-1992), en el que perdieron la vida 75.000 personas, mientras se calculan en 8.000 los desaparecidos y 30.000 los refugiados tan solo en la vecina Honduras.
“Esto vendría a potenciar la llega de visitantes al municipio… mucha gente quiere conocer la historia, los lugares donde se dieron este tipo de hechos”, sostuvo el alcalde, quien además es presidente de la Asociación de Sobrevivientes de Masacres en Chalatenango, conformada el 11 de agosto.
Chalatenango fue uno de los departamentos de este país centroamericano de 6,3 millones de habitantes donde más recrudeció la guerra debido a la fuerte presencia guerrillera en la zona y a los constantes bombardeos y operativos desarrollados por el ejército.
El guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se convirtió en partido político tras los Acuerdos de Paz de 1992 y gobierna el país desde 2009, tras ganar los comicios presidenciales ese año y en 2014.
La ruta turística, que se llamará Voces de Historias Vivas, es impulsada además por otros pueblos del departamento donde también hubo masacres, como San Antonio Los Ranchos, Nueva Trinidad y Arcatao.
“Tenemos la ventaja de que aún hay sobrevivientes, los turistas pueden conocerlos y oír lo que en realidad pasó, de viva voz”, dijo a IPS por teléfono desde su despacho el alcalde de Arcatao, José Alberto Avelar.
Se pretende además, entre otras actividades, desarrollar una agricultura amigable con el ambiente, de modo que los turistas puedan visitar parcelas de cultivos y participar ellos mismos del proceso, acotó.
Durante la caminata, machete en mano, Tobar va contando detalles de lo ocurrido durante la matanza, a un grupo de personas llegadas no solo de San Salvador, la capital, sino de Canadá y Bélgica, algunos de ellos involucrados directamente en el esfuerzo de memoria histórica en la zona.
De su municipio y de otros vecinos a Ojos de Agua, donde se produjo la masacre, también murieron familias enteras que buscaban refugio del operativo militar en la zona, atravesando parajes intrincados.
“El proyecto se inició como interés de Salvaide de apoyar los procesos de memoria histórica y conmemoración en comunidades de Chalatenango, a partir de 2014”, señaló Pedro Cabezas, representante de esa organización canadiense en El Salvador.
Salvaide es una ONG con sede en la ciudad canadiense de Ontario, creada en 1985 para fortalecer a las comunidades de El Salvador en la construcción de justicia, democracia y desarrollo sostenible.
Esa organización donó parte de los 21.000 que costó el terreno de 2,7 hectáreas localizado en una planicie adyacente a la ribera del río Sumpul, el lugar exacto donde muchas víctimas fueron asesinadas a sangre fría en aquel mayo de 1980.
En ese sitio, cada año se celebra la conmemoración de la masacre, con actos religiosos y culturales, y es allí donde ahora el alcalde de San José Las Flores y la comunidad pretenden edificar un monumento conmemorativo y otras obras, como senderos y jardines, con el apoyo de algunas de las organizaciones y personas que han acompañado el esfuerzo desde el inicio.
Algunas de esas personas han caminado con él, por tres horas, entre valles y montañas, bajo un sol inclemente, para llegar desde San José Las Flores al lugar de la masacre, a algo más de 100 kilómetros al norte de San Salvador.
“La idea es ayudarla en dibujar planes estratégicos, paso a paso… ellos tienen una visión de lo que quieren hacer”, señaló a IPS la profesora de la Universidad Western Ontario, Amanda Grzyb.
Ella se involucró en el proyecto, junto a su pareja Reynaldo Hernández, luego de llevar a cabo una iniciativa paralela relacionada con la historia de El Salvador: el montaje de una exhibición en este país con fotografías poco conocidas de refugiados salvadoreños, en campos establecidos en Honduras durante el conflicto.
Las fotografías estaban en poder del director fundador de Oxfam Canadá, Meyer Brownstone, quien se las entregó a Hernández para que él hiciera algo con ellas.
“Tenía el sueño de hacer un archivo ‘online (en línea)’ con esas imágenes, y encontré a un diseñador de páginas web con ese fin, pero el costo económico era demasiado alto”, narró Hernández a IPS.
Residente en Ontario hace años, Hernández fue uno de los salvadoreños que vivió en su infancia en uno de esos campos de refugiados en Honduras, luego de que su familia saliera del país huyendo de la violencia.
Al equipo de trabajo se ha unido una pareja de arquitectos, Harold Fallon y Evelia Macal, quienes han viajado desde la capital de Bélgica para conocer de cerca el proceso de edificación del monumento en la ribera del río y ver cómo pueden colaborar en el proyecto.
“Lo primero es definir un programa de trabajo, hecho consultivamente con todos los participantes, son ellos los que van a darle vida, no es de venir a imponer”, señaló Macal, una salvadoreña residenciada en Bruselas.
Fallon, profesor de la belga Universidad Católica de Lovaina, dijo que está claro que para la comunidad es importante mejorar las vías de acceso al sitio, sobre todo para las personas adultas mayores que quieren visitar el lugar y les resulta difícil avanzar en caminos tan escabrosos.
Pero además debe considerarse el hecho de dejar las veredas y caminos originales, pues también tienen un significado histórico, acotó.
“Hay que ver cómo se logra un equilibrio entre la accesibilidad del lugar pero al mismo tiempo manteniendo los caminos que existen, porque son parte de la historia también”, refirió, sentado con Macal en la orilla del río, cuyas aguas fueron testigo de tanta muerte y dolor.
Organizaciones de derechos humanos identificaron a varios oficiales del ejército de entonces como los victimarios de aquella matanza, entre ellos quien era ministro de la Defensa, José Guillermo García, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Rafael Flores, y el comandante del Destacamento Militar Número, de Chalatenango, Augusto Peña.
Abogados de la organización Tutela Legal María Julia Hernández, que llevan el caso en nombre de los familiares de las víctimas, lograron recientemente que el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango permita una inspección en Las Aradas, pero aún no se define la fecha.
Felipe Tobar, alcalde de San José Las Flores, con parte del grupo al que guía hacia el lugar exacto donde en mayo de 1980 se produjo la masacre de Sumpul, en las orillas del río del mismo nombre, donde unas 600 personas civiles fueron asesinados por el ejército al comienzo de la guerra de 12 años en El Salvador. Crédito: Edgardo Ayala /IPS.
El pasado 9 de agosto en el Marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemoró en nuestro país el Sexto Aniversario del Desalojo Violento de la Asamblea Legislativa de un grupo de 28 manifestantes indígenas. El Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI) se pronunció ante los medios de comunicación y la población en general sobre los eventos dados en esa fecha.
La lidereza indígena Luisa Bejarano Montezuma del Pueblo Ngöbe en Punta Burica, recuerda el desalojo como un momento simbólico que representa la violencia, el rechazo y la indiferencia discriminatoria con que el Estado y sus representantes tratan los temas de autonomía y de reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas en nuestro país.
Según los y las indígenas las propuestas de solución que ofrece el gobierno para manejar la situación de violencia en contra de sus comunidades, NO respeta los convenios internacionales a los que el país se ha comprometido en materia de Autonomía de los pueblos indígenas. Sergio Rojas, líder indígena Bribri denunció a La Cabuya que el proceso de consulta que ha implementado el gobierno en los últimos años no responde a las necesidades de las comunidades indígenas.
Para que en nuestro país exista paz social, es necesario que el Gobierno mejore el enfoque con que se relaciona con los pueblos originarios, que reconozca y proteja los derechos de esta población ante los abusos y actos violentos llevados a cabo en su contra, la mayoría impunes al día de hoy. También debe responder atentamente a la deuda histórica que tiene con las comunidades indígenas, reconociéndolas desde acciones afirmativas para honrar la reforma que se hizo hace casi un año, del Artículo primero de la Constitución Política, que establece el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica.
Los pueblos indígenas reivindican que deben gozar de autonomía para decidir qué se estudia en sus escuelas, sus formas de organización y toma de decisiones de acuerdo a sus costumbres, el manejo de sus bosques y ríos y a que se respeten los límites territoriales de sus comunidades.
Gustavo Oreamuno de la organización Ditsö y de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, afirma que este es un tema de paz social en nuestro país. La recuperación del territorio ancestral y la protección de la vida es fundamental en la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas. Por esa razón son ellos y ellas quienes deben decidir sobre sus procesos de consulta, sobre sus tierras, educación y todo lo relacionado a su propio gobierno.
El sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos han implementado múltiples instrumentos legales con los que Costa Rica se ha comprometido a respetar los derechos de los pueblos indígenas, no obstante los gobiernos “de turno” no han asumido seriamente su responsabilidad para que en la práctica esos derechos se garanticen. Por el contrario, sus instituciones han servido de cómplices esto en forma de impunidad, cuando se han dado actos que violentan emocional y físicamente a personas indígenas.
El respeto a la dignidad de los pueblos indígenas pasa también por un tema de información y comunicación. Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en los procesos de recuperación de tierras indígenas. Para el dirigente indígena Leonardo Buitrago el rol de los medios de comunicación tradicionales ha sido el de invisibilizar o tergiversar el tema indígena.
Desde La Cabuya queremos motivar a conocer los procesos de lucha y autonomía de los pueblos indígenas en nuestro continente. Denunciamos la forma en que la deuda que tiene el Estado con los pueblos indígenas, se sigue omitiendo o atendiendo desde el asistencialismo y nos unimos en un abrazo de lucha a las reivindicaciones de los pueblos indígenas en nuestro país y en la región.
Pionero en la defensa de los derechos humanos y promotor de la educación por el arte, Édgar Céspedes Ruiz, exdirector de la División de Educación Rural del Cide, recibió la distinción “Profesor Emérito”, otorgada por acuerdo del Consejo Universitario de la UNA, el pasado 17 de agosto en el auditorio Clodomiro Picado
Artista, educador, humanista. Por más de medio siglo, Édgar Céspedes Ruiz le ha entregado su vida a los pinceles, al aula, al ser humano. Como un reconocimiento a su trayectoria, desde el pasado 17 de agosto, don Édgar fue designado con una de las más altas distinciones del que fue su segundo hogar por casi 3tres décadas, la del emeritazgo: “este gesto lo vivo lleno de emoción. La Universidad Nacional es mi alma máter, el lugar donde me he realizado socialmente con mayor riqueza”, cuenta Céspedes.
Las autoridades universitarias advierten sus aportes a la cultura del país, como promotor de la defensa de los derechos humanos; justicia e inclusión sus banderas. Además destacan su impulso a la educación rural, en zonas indígenas particularmente, y su papel en el desarrollo académico de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
Casualmente la zona rural es un espacio desde el cual ha mantenido una posición crítica: “la educación en nuestro país es excluyente, pues a menudo ignora otras realidades culturales, como las de zonas rurales. No se vale pensar sólo en cómo llevar la meseta central a las comunidades rurales desde la perspectiva educativa, lo que se vale es el intercambio de saberes, nuestras zonas rurales conservan y recrean permanentemente valores cotidianos muy importantes, que evidentemente la ciudad no solo ha perdido, sino que requiere. Entonces, ese es el aporte significativo que la zona rural puede ofrecer al proceso educativo costarricense. Desgraciadamente hemos visto el problema, por lo general, desde una sola vía”, sostiene Céspedes.
La Universidad también aplaude su vasta carrera artística que lo ha llevado a exponer sus obras en México, Nicaragua, España y Costa Rica. “Creo firmemente en el arte, el arte como instrumento de comunicación interpersonal en los procesos educativos. La educación por el arte es efectivamente una válida manera de educar”, agregó Céspedes.
Académico jubilado de la Universidad Nacional (UNA), exdirector de la División de Educación Rural del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) y exdefensor de los Estudiantes, el 22 de junio anterior, en sesión ordinaria, el Consejo Universitario, decidió otorgarle la mención de profesor emérito de la UNA.
Recientemente, en el marco de la lección inaugural del ciclo lectivo 2017, Céspedes argumentó que “solo una educación holística, relacional, ecológica y centrada en las personas que aprenden, permite caminar con acierto en el siglo XXI”.
Este 16 de agosto del 2017, entró en vigor la Convención sobre Mercurio suscrita en el 2013, adoptada en la localidad japonesa de Kumamoto. Kumamoto es la pequeña ciudad en la que la se ubicó la corporación Chisso que optó por verter grandes cantidades de mercurio en los años 40 y 50, impactando la Bahía de Minamata, y sus pobladores. Minamata alude a esa pequeña comunidad costera japonesa que se dio a conocer mundialmente cuando se confirmó en 1956 una de las peores tragedias humanas causadas por este metal pesado, al consumir sus integrantes peces con altos niveles de mercurio.
Foto extraída de la presentación de la Dra. Astrid Andersen (Dinamarca), «La enfermedad de Minamata», filmina 24.
En este estudio sobre los alcances en Japón de la enfermedad de Minamata y las acciones legales que se debieron de interponer, incluso hasta el 2013, para obtener compensaciones para las víctimas, se lee que:
«Hasta finales de mayo del 2013, el número total de pacientes certificados era de 2.977 (1.784 en la Prefectura de Kumamoto, 491 en la Prefectura de Kagoshima y 702 en la Prefectura de Niigata), de los cuales 646 (330 en la Prefectura de Kumamoto, 130 en la Prefectura de Kagoshima, y 186 en la Prefectura de Niigata) siguen con vida. Mientras tanto, el 16 de abril de 2013 el Tribunal Supremo dictó una sentencia para dos casos que demandan la anulación de las decisiones respectivas del gobierno de rechazar la solicitud de la certificación bajo la Ley de Indemnización» (página 10).
La Convención sobre Mercurio en breve
A partir de reuniones de expertos de la FAO y de la OMS sobre los daños a la salud humana provocados por el mercurio (véase nota del 2003), se hizo imperioso contar con un instrumento internacional vinculante con respecto a esta sustancia. Las negociaciones sobre su conveniencia y luego sobre su contenido duraron diez años. El convenio suscrito en el 2013 (véase texto y anexos, versión en español) establece una serie de obligaciones para prevenir daños a la salud humana en los Estados partes causados por el mercurio limitando o prohibiendo su uso. El artículo 7 refiere a obligaciones relacionadas a la extracción de oro artesanal y a pequeña escala.
Se prevé también un sistema de limitaciones progresivas a la producción e importación de ciertos productos que contienen mercurio. Al respecto, la fecha del 2020 estipulada en el Anexo 1 obliga a tomar medidas comerciales a mediano plazo. Hace unos meses, la Unión Europea (UE) acordó prohibir el uso de implantes odontológicos con mercurio en niños y mujeres embarazadas a partir del 2018 (véase nota de prensa y comunicado de prensa de la UE que abarca otras de las medidas tomadas).
Este instrumento internacional obliga a los Estados a regular y a limitar el uso del mercurio, un ámbito en el que en muchos Estados no existe regulación alguna. Por ejemplo, en este informe de las autoridades chilenas del 2009 titulado «Plan Nacional para la Gestión de los Riesgos del Mercurio» (véase texto completo), se lee que:
«En Chile actualmente no se producen productos con contenido de mercurio, por lo tanto, el mayor problema radica en la importación de éstos. Los principales productos importados y que contienen mercurio son pilas, termómetros, manómetros, medidores, barómetros, sensores, interruptores, fuentes de luz con mercurio, productos farmacéuticos de uso humano y veterinario, químicos y equipos de laboratorio. En todos los casos, no existe regulación para el ingreso y/o contenido de este metal»(página 14).
A la fecha de su entrada en vigor, este convenio internacional de Minamata cuenta con 128 firmas y 74 ratificaciones (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).
Como era de esperar, ni Argelia ni Kirguistán han tan siquiera firmado este texto. Si bien lo han firmado, no aparecen en la lista de Estados Partes Alemania, España, India, Italia y Sudáfrica, a diferencia de China que sí lo ha ratificado.
En América Latina, después de Uruguay, primero en la región en ratificar esta convención (setiembre del 2014), seguido por Nicaragua (octubre del 2014), México y Panamá (setiembre del 2015), figuran como Estados Partes Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, y Perú. En este enlace está disponible un informe sobre la implementación de este instrumento internacional en América Latina y en el Caribe.
Como se puede apreciar, con la notable excepción de Guatemala, Centroamérica es parte de este novedoso instrumento, que llama a reforzar la cooperación para limitar el comercio del mercurio. No es el caso de la región andina, en la que Chile y Colombia (al igual que Argentina) han optado por no someterse (aún) a este tratado. Recientemente, en Costa Rica, las autoridades detectaron que el mercurio usado por quiénes se dedican a la minería artesanal ilegal proviene de Nicaragua (véase nota reciente de La Nación).
Mercurio y otros metales pesados y salud humana
Según la descripción dada por la Oficina de Protección Ambiental en Estados Unidos (EPA), «Mercury emissions know no national or continental boundaries. Mercury emitted into the air can travel thousands of miles in the atmosphere before it is eventually deposited back to the earth in rainfall or in dry gaseous form» (véase ficha técnica: se sugiere al lector completar los datos de la EPA con la ficha técnica elaborada por Ecured/Cuba). Se considera que los mayores productores de mercurio a nivel global son España, seguida por Kirguistán, Argelia y China (véase recuadros en páginas 5-6 de este informe al 2003).
Sobre los daños a la salud humana del mercurio, véase daños y patologías asociadas al mercurio, reseñadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este último enlace, se lee que:
«La principal vía de exposición humana es el consumo de pescado y marisco contaminados con metilmercurio, compuesto orgánico presente en esos alimentos».
El mercurio, al igual que otros metales pesados, suele ser absorbido por el ser humano en cantidades que superan los valores mínimos al estar expuesto a sustancias químicas que lo contienen, como vapores, polvo de ciertos cementos, aceites y grasas y otras sustancias químicas usadas en la industria, o bien al consumir agua contaminada o productos del mar u otros, a través del fenómeno conocido como «bioacumulación», entre otras formas de ingerirlo.
La ingesta o inhalación de metales pesados en cantidades superiores a las recomendadas afecta el sistema nervioso y varias funciones cerebrales del ser humano. Con relación a un metal pesado como el plomo, en este «Manual de Pruebas Neuroconductuales» (véase texto completo) publicado en Costa Rica en el año 2000 y cuya lectura recomendamos al ser Costa Rica uno de los mayores importadores de plaguicidas y pesticidas en América Latina, se señala que:
«Un ejemplo de un efecto neurotóxico temprano es la disminución del coeficiente de inteligencia (CI) en niños con niveles elevados de plomo en la sangre. Un gran número de estudios ha puesto en evidencia la relación entre el nivel de plomo en la sangre de niños y la disminución del coeficiente de inteligencia en ausencia de una enfermedad clínica» (página 9).
El plomo, el mercurio, el cadmio, el titanio, el arsénico y muchos otros metales pesados se encuentran liberados, mezclados a otras sustancias, sin que se sepa a ciencia cierta en qué proporciones, pero con efectos devastadores para la salud humana. La contaminación causada a la comunidad de La Oroya en Perú se tramita actualmente ante el sistema interamericano de derechos humanos (véase nota de AIDA).
Cuando los desechos electrónicos y eléctricos, los residuos de centros hospitalarios así como muchos otros conteniendo metales pesados no son adecuadamente tratados o reciclados, el agua sirve de vehículo, en particular en las zonas tropicales, concentrándose gran cantidad de metales dispersos en quebradas, ríos, lagunas y lagos, pero también acuíferos. Por efecto de la escorrentía, polvos de cementeras, minas, industrias diversas o las partículas que liberan los motores del parque automotor también terminan en los cuerpos de agua.
Desde el 2014, un Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Sustancias Tóxicas está sistematizando información sobre el tema, además de recibir denuncias y visitar Estados, ante los desafíos que plantean, en materia de derechos humanos, las sustancias tóxicas usadas en la industria y en la agricultura (véase sitio oficial).
Los metales pesados en Costa Rica liberados en los cuerpos de agua
Pese a diversas comunicaciones enviadas por Costa Rica a instancias internacionales sobre iniciativas en materia de metales pesados (véase por ejemplo nota del Ministerio del Ambiente (MINAET) del 2009 colgada en este enlace de Naciones Unidas), resulta evidente que el tratamiento de residuos constituye aún todo un desafío, incluyendo los metales pesados. No se conoce de algún dato sobre la cantidad de baterías (pilas) recicladas en Costa Rica con relación al volumen importado, para dar tan solo un ejemplo (que podríamos extender a las baterías de vehículos o acumuladores).
En su informe del 8 de abril del 2014, a raíz de su visita a Costa Rica en el 2013, el Experto Independiente John H. Knox de Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, señaló en su informe (Documento A/HRC/25/53/Add.1 disponible en la red) que:
«Según un estudio realizado por el Instituto de Recursos Mundiales en 2011, Costa Rica tiene el más alto uso per capita de plaguicidas del mundo . Estudios recientes han descrito los efectos adversos que el uso de plaguicidas agrícolas está teniendo en los ecosistemas fluviales, entre otras cosas debido al deterioro del hábitat y la calidad ecológica de comunidades de macroinvertebrados, el escaso crecimiento vegetativo y los elevados niveles de residuos de fungicidas y herbicidas. Como consecuencia de ello, Costa Rica tiene algunos de los ríos más contaminados de América Latina. Sus humedales también necesitan más protección» (punto 59).
Con relación a los cuerpos de agua, en este informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los controles defectuosos del Estado costarricense con relación a la calidad del agua, del año 2013, se puede leer que:
«Se determinó la presencia de contaminantes diversos, en 25 de las 34 cuencas del país. Estos contaminantes son materia orgánica, nutrientes y sólidos, metales, sustancias químicas y orgánicas, y microorganismos peligrosos» (punto 2.69, pág. 24). De interés resulta este informe con relación a la poca fiscalización del Estado en materia de vertidos en cuerpos de agua por parte del sector industrial.
Hubiese sido muy interesante por ejemplo, además de los hallazgos de la CGR, saber cuánta del agua declarada como potable (y cobrada como tal) es objeto de un monitoreo permanente con relación a la presencia de metales pesados. Se sabe por ejemplo que los análisis sobre la potabilidad del agua en el cantón de Santo Domingo de Heredia (acueducto municipal) incluyen siempre un análisis bacteriológico, pero que los análisis fisico-químicos son realizados de manera muy esporádica: desde febrero del 2012, las autoridades de salud de este cantón herediano se mantienen sin responder a una solicitud realizada por una entidad local (véase nota del CBAE de San Miguel).
Al verterse al mar, desde las desembocaduras de los ríos, grandes volúmenes de agua contaminada con metales pesados y muchas otras sustancias provenientes del Valle Central, el estudio de peces y especies marinas también revela los efectos de la contaminación fluvial, con investigaciones (esporádicas) sobre metales pesados cada vez más preocupantes, y escasamente divulgadas en Costa Rica.
Foto extraía de nota de La Nación (2015): «Playas Guacalillo, Azul y Tárcoles pagan con basura el descuido del Valle Central».
En un estudio publicado por un químico de Costa Rica en el 2015, titulado «Acumulación de metales pesados en bivalvos y sus efectos tóxicos en la salud humana: perspectivas para el estudio en Costa Rica», se lee que:
«Los principales efectos sobre la salud humana por exposición a metilmercurio son efectos neurotóxicos (parestesias, ataxia, neurastenia, pérdida de visión y audición) en adultos y toxicidad para los fetos de mujeres expuestas durante el embarazo. También se ha demostrado un efecto genotóxico que da por resultado aberraciones cromosómicas en poblaciones expuestas a metilmercurio».
Nótese que en ese mismo estudio precitado, el autor concluye que:
«en Costa Rica el no contar con una industria tan especializada en el uso de metales pesados así como la falta de información al respecto, no permite asegurar que hay o no contenidos elevados de contaminantes. Únicamente el estudio analítico de las muestras tanto de los cultivos del golfo de Nicoya, como las extraídas en otras zonas costeras, podrá generar un verdadero reflejo de en qué posición nos encontramos respecto al tema».
Las concentraciones de metales pesados en los peces que se comercializan para consumo humano son objeto cada cierto tiempo de titulares en prensa. En Costa Rica, uno de los primeros artículos de prensa disponible en línea al respecto es del 2006 (véase nota de La Nación).
En el 2013, se publicó la investigación titulada «Evaluación de los Niveles de Mercurio en Productos Pesqueros en Costa Rica, Durante 2003-2013, como insumo para recomendar una ingesta semanal tolerable» disponible en este enlace. Los resultados de una investigación titulada «Interpretación del contenido de mercurio en muestras nacionales de pez vela (Istiophorus platypterus) y marlín (Makaira spp. o Tetrapturusspp.) a partir de parámetros toxicológicos internacionales», publicada por la Universidad Nacional (UNA) y disponible en la red, concluye en el 2014 que el 100% de las muestras recogidas de ambos peces en establecimiento comerciales registran altas concentraciones de mercurio (p. 57). En el 2016, la ONG PRETOMA titulo una nota de prensa«Study Shows Shark Meat in Costa Rican Markets Has High Levels of Toxic Mercury». El atún aparece en la tabla 1 de este estudio del 2014 sobre especies marinas en las que se registra mercurio, y sería de gran interés conocer cuál es la situación del atún consumido en Costa Rica.
A modo de conclusión: investigaciones esporádicas ante un Estado omiso
En febrero del 2017, la aparición de grandes cantidades de peces muertos en varias playas de Nicoya dió lugar a un apresurado comunicado de prensa de las autoridades del 17 de febrero (Nota 1) descartando cualquier riesgo para la salud humana al consumir peces (véase nota de Casa Presidencial titulada «Descartan riesgo en consumo de pescado proveniente del Golfo de Nicoya»).
Se desconoce si las autoridades del Ministerio de Salud han elaborado (y hecho público) en estos últimos años algun informe sobre la recurrencia de patologías asociadas a metales pesados detectadas en ciertas zonas de Costa Rica.
En este como en otros casos, es frecuente observar a un Estado negligente en cuanto a los efectos en la salud humana de ciertas actividades. Bien lo saben las comunidades afectadas por la expansión piñera en Costa Rica, cuya salud y patologías asociadas a la exposición de plaguicidas no parecen en lo más mínimo interpelar a las autoridades de salud: como tuvimos la ocasión de expresarlo, la sordera es institucionalizada en Costa Rica cuando de problemas provocados por la piña se trata (véase nota nuestra publicada en el OPALC en el 2015) (Nota 2). De igual forma con la gran cantidad de niños autistas en algunas zonas rurales, pese a literatura científica que (desde hace muchos años) relaciona el autismo a la exposición a pesticidas de mujeres embarazadas (véase nota al respecto).
Más allá de la serie de obligaciones que asumieron los Estados en la Convención de Minamata con relación al mercurio (y cuya implementación constituye en sí todo un desafío), es deseable que con la entrada en vigor de este novedoso instrumento, la opinión pública aproveche la oportunidad para exigir a los Estados examinar con mucha mayor atención los efectos en la salud pública de los metales pesados que, de una u otra forma, ingieren sus habitantes.
Notas:
Nota 1: Nótese que el informe técnico solicitado a un ente universitario por las autoridades ante la falta de peritos para identificar la causa de esta súbita muerte de grandes cantidades de peces, lleva la fecha del 3 de marzo del 2017: véase nota de La Nación.
Nota 2: La lista de las distintas sustancias químicas necesarias para producir la variedad denominada «MD-2» da una idea de los riesgos que significan para los suelos, los acuíferos así como para la salud de las comunidades aledañas y la de los trabajadores en las piñeras (véase Anexo XXII (página 57) del informe denominado “Crop Production Protocolo Pineapple MD2 (Ananas comosus)”, disponible aquí). En el 2009, con relación a una investigación del IRET de la Universidad Nacional (UNA) en Talamanca sobre valores de plaguicidas en los orines de menores que viven cerca de bananeras, se leyó la siguiente reacción por parte de la titular de la cartera de la salud:
«Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (sic) (véase nota del Semanario Universidad).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Los resultados de la última Encuesta Continua de Empleo (ECE) revelaron un cambio positivo en la dinámica del mercado laboral, la economía está generando puestos de trabajo más rápido de lo que crece su producción. En artículos previos habíamos llamado la atención del fenómeno contrario, esto es, una situación en que la producción del país aumentaba, pero a pesar de ello no se generaban empleos, lo cual ocurrió en 2014 y 2015, momentos en que a pesar de que la economía nacional creció en promedio 4,2% cada año, se perdieron 60 764 puestos de trabajo en el bienio. Tal situación no afecta solamente a Costa Rica, es un fenómeno mundial causado en gran parte por el avance tecnológico, y la ausencia de políticas públicas para abordarlo.
La buena noticia es que la ECE muestra que a partir del cuarto trimestre de 2016, las variaciones trimestrales en el número de personas que tienen trabajo pasaron a ser positivas, luego de cinco trimestres consecutivos en que venían cayendo de manera significativa.
La encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), registra además una mejora casi generalizada sino fuese porque el sector construcción perdió empleos. Asimismo, evidencia la recuperación en el sector primario, las actividades de agricultura, silvicultura y pesca finalmente mostraron tasas positivas de generación de empleo, luego de seis trimestres consecutivos en que el número de trabajadores descendió.
El sector primario generó 20 mil empleos más en relación al segundo trimestre del año anterior, y el sector servicios 79 mil. En el segundo caso, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida; comercio; y otras actividades de servicios, generaron: 25 mil, 22 mil y 14 mil empleos, respectivamente. Esto es notable por cuanto en el sector servicios es de los que presentaba de forma más aguda la desvinculación entre crecimiento y empleo, a pesar de su constante crecimiento productivo en los últimos años.
En cuanto al grado de calificación de los empleos generados, el mercado sigue privilegiando la formación en las aulas. Encontraron trabajo 71 195 personas con algún grado de educación universitaria, 26 673 que asistieron a la secundaria y 22 965 con estudios en primaria.
El otro aspecto positivo que se desprende del análisis de los datos de la ECE es la mejora en las condiciones laborales de una parte importante de la población asalariada. La cantidad de trabajadores que reciben menos de un salario mínimo se redujo en relación al segundo semestre del 2016, en aproximadamente 8 600 personas, y quienes están en el rango de uno a dos salarios mínimos aumentó en 11 mil. En cuanto a horas laboradas, se presentó una reducción de las personas que trabajan más de 48 horas (cerca de 43 mil trabajadores), mientras que todas las personas que trabajaban menos de las 48 horas aumentaron el tiempo de trabajo.
Si bien el resultado global es alentador, pues se alcanza la tasa de desempleo más baja de los últimos siete años, 8,5%, aún no se recupera el nivel máximo de personas ocupadas registrado por la ECE en el IV trimestre de 2013, que fue de 2 088 282 trabajadores, y restan cerca de 193 mil personas por encontrar trabajo. Además existen retos en el mercado de laboral que es preciso atender, como el alto grado de informalidad, brechas de género y regionales.
No obstante lo anterior, es destacable que en medio de un crecimiento económico moderado, la mayor parte de actividades económicas estén siendo capaces de absorber más trabajadores de lo que su dinamismo productivo diría, lo cual es esperanzador, dado que muestra que es posible revertir una tendencia que condenaba a miles de costarricenses a las consecuencias negativas de la falta de opciones laborales. Sería deseable que el gobierno y el sector privado estudien a fondo el fenómeno, para promover políticas que fortalezcan la tendencia, dado que un mercado laboral fuerte genera un círculo virtuoso entre demanda impulsada por el consumo privado, crecimiento económico y mayores ingresos fiscales, a propósito de las necesidades que tiene el país actualmente en este último tema.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de Masters a.
El fin de semana pasado un operadores turísticos y habitantes cercanos a la Laguna Madre de Dios denunciaron la muerte masiva de peces, crustáceos y reptiles por apartemente contaminación de agroquímicos de bananeras, piñeras o arrozales que están rio arriba y como ha sucedido desde hace décadas.
Por el momento se sabe que ya hay muestras de peces y aguas recolectadas y fueron enviadas a los laboratorios de la Universidad Nacional.
Solo en el 2004 se reportaron al menos seis denuncias por envenenamiento de peces. En abril de este año también los pescadores locales denunciaron muerte masiva “de róbalos, guabinas, guapotes y crustáceos que están entre las especies afectadas (FECON, 9-5-17).
Los pobladores viven de la pesca y actividades turísticas de zona del Parque Nacional Tortuguero y emprendimientos a la orilla de los canales y desembocaduras de los principales ríos. Las lagunas costeras son ecosistemas importantes de protección de flora y fauna silvestre, entre mamíferos como el manatí (Trichechus manatus), declarados símbolo nacional por la Asamblea Legislativa (2004).
El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) viene monitoreando estas contaminaciones en distintos proyectos, investigaciones e inventarios. Según estudios realizados por el IRET en cuerpos de agua que alimentan esta laguna, los plaguicidas aplicados en las tierras de cultivo cercanas están siendo arrastrados por escorrentía hasta los afluentes de la laguna y llegando eventualmente a ella.
Por ejemplo, una en enero del 2003 “murieron miles de organismos acuáticos entre los que se encontraban peces juveniles y adultos de hasta 1 metro de largo, que incluían anguilas, sábalos, róbalos, guapotes, mojarras y machacas. También murieron crustáceos entre ellos jaibas, camarones y cangrejos. Entre los vertebrados muertos se observaron lagartos, tortugas y aves. La causa de este desastre ambiental fue muy probablemente el derrame del plaguicida clorotalonil de un tanque que se dio en el aeropuerto de Batán” (IRET, 2004).
Este plaguicida es utilizado en la fumigación aérea de las plantaciones de banano. Se encontró peces muertos a lo largo de 15 Km. Por este caso la multinacional bananera Standard Fruit Co llego a una conciliación con el Tribunal Ambiental Administrativo donde quedo “absuelta” de la responsabilidad a cambio se comprometió a pagar ocho mil dólares anuales en un lapso de cinco años. El dinero en teoría sirvió para repoblar de peces el río Pacuare (lmtonline.com,18-7-2004). Una Evaluación Económica del Daño Ambiental preparado para el Tribunal Ambiental Administrativo por estimo un tiempo para recuperar el estado de conservación inicial era de 5 años para la actividad pesquera y de 4 años para la actividad turística ( ver estudio).
En 2010 la misma empresa en un incendio con agroquímicos en Batán deja cientos de peces muertos. Según el Tribunal Ambiental, la mezcla de agroquímicos llegó al canal “a través del sistema de tratamiento de la planta que estaba conectado al canal mediante una tubería posiblemente camuflada y que fue clausurada de inmediato por funcionarios del Ministerio de Salud de la zona”(nacion.com, 4-6-2010).
Otro estudio reciente titulado “Especies de algas del microfitobentos en la Laguna Madre de Dios” de la UNA identifica una gran cantidad de plaguicidas, insecticidas y herbicidas en junio y octubre de 2016. Entre las sustancias detectadas están: epoxiconazol, tiabendazol, ametrina, hexazinona, azoxistrobina, diuron , diazinon y difeconazol. También sorprende sobre manera la presencia de fluopiram una de las moléculas nuevas del agroquímico Verango de Bayer que se ha defendido el MAG como una menos dañina que las viejas formulaciones pero que en pocos años ya está contaminando.
Ante la publicación del Periódico La República, el pasado 10 de agosto del presente año, publicada en la sección digital “ultima hora” de la república.net, así como en el Periódico El Mundocr el 11 agosto y en Noticias Columbia, el sábado 12 de agosto, sobre lo expresado por el señor Otto Guevara, quien brinda declaraciones del mal uso de fondos públicos en la UNA, expresamos lo siguiente:
En atención a las declaraciones dadas por su persona (Otto Guevara) a varios medios (indicados antes), referente al Convenio específico entre la Universidad Nacional (UNA) y el Sindicato de Trabajadores de la UNA para que el 0,5% de la planilla total sean trasladadas a dicha clínica, le indico lo siguiente:
La Universidad Nacional no ha trasladado ningún dinero a la Clínica de Especialidades Médicas del Fondo de Beneficio Social, ni se han destinado fondos FEES para su financiamiento, como calumniosamente se publica a partir de sus declaraciones.
La Universidad Nacional se ha comprometido a la defensa de los derechos humanos a partir del concepto de la persona humana bajo un esquema integral. La vida universitaria debe sustentarse en la sensibilidad de derechos humanos que fortalezcan el humanismo, la solidaridad social, la equidad, la libertad y el respeto a la dignidad humana.
A consecuencia de lo anterior, la Universidad Nacional de manera responsable y bajo el principio de la autonomía universitaria promueve el desarrollo de estilos saludables y articula esfuerzos y recursos para la ejecución de programas, proyectos y actividades dirigidas a la prevención y promoción de la salud de la población estudiantil y laboral universitaria, con el propósito de que todos sus miembros realicen sus funciones vitales, asuman su auto cuido y su desarrollo personal social.
En relación con su argumento: “(…) El dinero sería trasladado al Fondo de Beneficio Social, destinado a la construcción y equipamiento de una clínica de especialidades médica (…)”, le indico que no hay fundamento en tal aseveración, ya que es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional, el que en el año 2015; siguiendo lo establecido en el artículo 152 de la IV Convención Colectiva, planteó ante la Junta Directiva del Fondo de Beneficio Social, la necesidad de invertir en la salud de los trabajadores de la UNA en procura de mejorar la atención en medicina especializada. Como se ve el SITUN y el Fondo de Beneficio Social, están habilitados para desarrollar proyectos de interés social, académico e institucional.
Por esa razón, el Sindicato de Trabajadores de la UNA le propone al Fondo de Beneficio Social, la creación de una Clínica de Especialidades Médicas. Ante dicha propuesta ambas organizaciones (Fondo-SITUN) unen esfuerzos y construyen en el año 2015 el Centro Médico, por ende la Universidad Nacional no ha destinado presupuesto para la construcción o equipamiento de la clínica.
Según su afirmación: “El Fondo estaría recibiendo una trasferencia de casi ¢500 millones anuales por los próximos cinco años”, le indico que dicha aseveración es falaz, carece de todo sustento en la realidad.
En cuanto a que “(…) dicho convenio no fue conocido por el Consejo Universitario de dicho Centro Educativo y debería ser rescindido de inmediato…”, le informo que tal argumento también carece de sustento, ya que con la implementación del nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, aprobado por la Asamblea Universitaria y comunicado en Gaceta Extraordinaria N°8-2015 del 20 de abril del 2015, no es competencia del Consejo Universitario autorizar convenios entre la Universidad Nacional e instituciones nacionales o internacionales públicas o privadas, lo anterior obedece a que se cuenta con la oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, instancia especializada y asesora en materia.
No obstante, la firma de dicho convenio implica una erogación presupuestaria, razón por la cual, mediante oficio UNA-VADM-OFIC-1082-2017, de fecha 16 de junio del 2017, suscrito por el Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración, se remite al Consejo Universitario la “I Modificación Presupuestaria 2017 Sujeta a Aprobación por Parte del Consejo Universitario”.
A consecuencia de ello, mediante acuerdo UNA-SCU-ACUE-1361-2017, de fecha 30 de junio del 2017, se aprueba la “I Modificación Presupuestaria 2017 Sujeta a Aprobación por Parte del Consejo Universitario”, con excepción de los recursos previstos en dicha modificación para atender el convenio firmado entre la Universidad Nacional y el Fondo de Beneficio Social y el Sindicato de Trabajadores”. Actualmente el tema referente al Convenio entre la UNA y el Fondo de Beneficio Social se encuentra en la Comisión de Análisis de Temas Institucionales para el trámite correspondiente. Por lo tanto, esta Rectoría ha realizado todas sus acciones en apego al marco normativo, como lo establece la normativa interna de la universidad.
Por otra parte, el convenio en lugar de hacer un “mal uso de fondos públicos” como se cita en la nota periodística es una medida encaminada a fortalecer el acceso a la salud de calidad, así como brindar a los funcionarios y estudiantes de la Universidad Nacional, una atención médica accesible, oportuna, rápida y eficiente, siendo esto un derecho fundamental del cual el Estado debe ser garante.
No obstante, con las limitaciones que tiene el sistema de salud de nuestro país, la implementación de dicho convenio no solo beneficiaría a los funcionarios de la universidad sino también a los estudiantes de todos los campus universitarios de la UNA, como bien señala el Convenio de Cooperación entre la UNA-FBS-SITUN, a saber:
“10. La UNA, el FBS y e SITUN tienen especial interés en articular esfuerzos para ejecutar programas dirigidos a la prevención y promoción de la salud en áreas y temas específicos según las necesidades de la población laboral y funcionarios jubilados así como aquellos estudiantes que sean referidos por el Departamento de Salud, con el propósito de alcanzar un desarrollo integral de la calidad de vida”.
Esta alternativa favorece el descongestionamiento de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por ende la iniciativa podría convertirse, si se aprueba la erogación presupuestaria, en una reforma señera que deje huella en las universidades públicas con el afán de crear universidades saludables.
Atentamente,
Dr. Alberto Salom Echeverría
Rector
Universidad Nacional
Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
La Editorial de la Universidad Estatal a Distancia invita a la presentación del libro Noches de estreno con Hugo Díaz de Carlos Morales, este martes 29 de agosto a las 7 p.m. en el Teatro de la Aduana.
Se contará con la participación del autor Rafael Cuevas Molina, Óscar Castillo y Gustavo Solórzano Alfaro.
“El verdadero periodista defiende los valores universales del humanismo, en particular la paz, la democracia, los derechos del ser humano, el progreso social y la liberación nacional…así como el derecho de cada pueblo a escoger libremente y desarrollar su sistema político, social o económico”. (Código de ética periodística de la UNESCO, 1983)
Ronnie Huete Salgado (*)
Periodista y defensor de DD.HH
Latinoamérica, 13 de agosto de 2107. Tres estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), marcan el primer referente de estudiantes condenados en un tribunal de justicia en Latinoamérica, por defender la educación pública superior como un derecho universal.
Ante este acontecimiento, el asedio contra la vida en la Máxima Casa del Conocimiento en Honduras, fundamenta el dogma de la persecución, iniciado en los universitarios, Sergio Ulloa, Cesario Padilla y Moisés Cáceres.
La deformación de los acontecimientos en Honduras es una agenda que persiste en fomentar la apología del odio. En menos de tres meses dos asesinatos recorren en el imaginario colectivo de la opinión pública nacional e internacional, y lo vinculan con el conflicto de la UNAH.
Aún no existe un dictamen oficial de parte de las autoridades responsables, de efectuar las investigaciones pertinentes, que definan la causante de los asesinatos.
En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), los intereses oscuros que realmente delinean las acciones de las autoridades del Alma Mater, motivan a que los mercenarios de la información destruyan el imaginario colectivo de las masas.
Cuando la razón y el humanismo dejan de existir en la toma de decisiones en la máxima casa de estudios, desde las altas esferas del odio, aniquilan la universalidad del pensamiento para la que fue creada la UNAH en 1848, involucionando en un terrorismo universitario.
Desde el principio de la crisis de 2017 en la UNAH, la comitiva del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, así como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), aconsejaron utilizar la vía del dialogo bajo este contexto universal del pensamiento, sin embargo, este raciocinio de ambos organismos fue desvirtuado con respuestas abruptas desde la alta jerarquía universitaria.
Nuevamente el Ombudsman de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, realiza una nueva recomendación, recurrir al Consejo Nacional de Educación, una instancia creada en Honduras por la ley fundamental de educación para garantizar el derecho humano a la educación de toda persona en Honduras.
Derecho humano que ha sido fuertemente violentado con la expulsión de 20 estudiantes universitarios, como una medida arbitraria dictaminada desde la rectoría y con el agregado de imputaciones judiciales desde los tribunales de justicia de este país.
Por tal motivo el Ombudsman hondureño fue contundente al expresar que, si ellos no encuentran la solución a la problemática, en los próximos días, es necesario que se asuma y se tome una decisión de Estado.
A casi tres meses de haber iniciado esta crisis de 2017, los acontecimientos van desde enfrentamientos entre estudiantes y la Policía Nacional, y algunos comunicadores sociales, hasta el asedio contra el Padre Jesuita Ismael Moreno.
Y es que la utilización de mercenarios dentro de la UNAH, para agredir físicamente y perseguir a los estudiantes y a las personas que allí se encuentran, no solo se resume en lo físico, puesto que los ataques mediante un reducido sector de la prensa, comprueba el precio que tiene el desinformar a la población.
Tanto los mercenarios de la información como los que atacan físicamente, se suman a los misteriosos ataques que se han perpetuado en los alrededores de la UNAH.
El pasado viernes 11 de agosto según información de un estudiante, un universitario que está siendo objeto de criminalización desde las altas esferas universitarias, fue víctima de un atraco y amenazado con un arma de fuego, despojándole de su celular.
Este hecho se efectuó dentro de las instalaciones de la universidad, ese mismo día, el atacante fue perseguido por los estudiantes que allí se encontraban, y la acción del atracador fue el de dispararles con arma de fuego en mano.
Por razones de seguridad no se revela el nombre de la fuente, sin embargo, aseguró que en donde se realiza la huelga de hambre que lleva 47 días, todas las noches son vigilados por vehículos desconocidos sin número de placa y con vidrios poralizados.
Son tres los estudiantes que mantienen la huelga de hambre y que han tenido relevos, por recomendaciones de la doctora Ligia Ramos, quien voluntariamente evalúa la salud de los estudiantes.
Por tal motivo la huelga de hambre se mantiene gracias a los relevos que han hecho los estudiantes, según las recomendaciones médicas, no obstante, aunque esta forma de acción es totalmente pacifica, es amedrentada utilizando técnicas que remarcan el fascismo.
Según informes de los propios estudiantes, los edificios de la UNAH, se encuentran cerrados como otra medida de presión y protesta, lo que ha resultado en la ausencia de clases durante los dos últimos meses.
Debido a esta acción, las autoridades del Alma Mater, publicaron un comunicado asegurando que no pagaran el salario de los docentes, puesto que no han impartido sus cursos según correspondía en el calendario académico y la rectoría los acusa de cómplices en la huelga que lidera el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).
La persecución también ha llegado a los docentes de la UNAH, quienes tendrán que enfrentarse a no recibir su próximo salario, puesto que la crisis es agudizada por dictamines fuera de orden en una nación cuasi incivilizada.
Sumado a esta persecución, recientemente fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia 15 estudiante universitarios del Centro Universitario Regional Litoral del Pacifico, quienes ahora enfrentan cargos judiciales en su contra por hacer uso del derecho universal de la protesta.
En total son 44 los universitarios judicializados, y que enfrentan a la justicia de Honduras como si se tratase de delincuentes comunes.
Mi persona, también está siendo víctima de criminalización por hacer uso del libre ejercicio del periodismo cuando el 24 de mayo hice cobertura periodística internacional de una acción de protesta en el edificio administrativo de la UNAH, sin embargo, fui víctima de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, robo y privación injusta de mi libertad y ahora se me imputan cargos.
Ser periodista y corresponsal internacional en Honduras, alejado de los lineamientos producidos por las altas esferas de la UNAH, lo puede llevar a la cárcel o incluso a la muerte.
En el último mes he sido objeto de seguimiento de parte de vehículos extraños, en las avenidas de Tegucigalpa, así como la intervención constante de mi teléfono celular, aunque ya interpuse una denuncia contra las personas que me torturaron y robaron el 24 de mayo de 2017 en la UNAH, aún no he tenido una respuesta contundente del Ministerio Publico de este país centroamericano.
A través de la Secretaria de Seguridad, mantienen una instancia llamada el Mecanismo de Protección de periodistas y defensores de derechos humanos, sin embargo, la protección de la misma solo se ha reducido a analizar mi caso para hacer un diagnóstico, desde hace casi tres meses de ocurridos estos hechos que atentaron contra mi vida.
En uno de los considerandos de la Carta Universal de los Derechos Humanos menciona “que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”
Tal descripción bajo el contexto universal de los derechos humanos, confirman que en Honduras existe una barbarie, cuyo epicentro es la máxima casa de estudios. La guerra de baja intensidad persiste, ahora desde la casa universal del conocimiento.
La filosofía pragmática, de conseguir el poder y el dinero acosta de lo que fuese, es el perfecto reflejo que brilla en el Estado fallido de Honduras.
Tras esta intensa etapa de crisis, es sumamente necesaria la praxis de la filosofía humana, para el servicio de la humanidad, rescatando los valores morales que enaltecen la honestidad y el amor al prójimo. La universidad es la responsable del óptimo desarrollo de la humanidad que habita Honduras.
La paz es necesaria para fortalecer los valores democráticos, sin embargo, en donde se desarrolla el conocimiento, a través de la universalidad del pensamiento, es decir la UNAH, se encuentra en una constante riña con la paz, puesto que la filosofía pragmática es la oscuridad que es inseparable de las actuales autoridades.
(*) Ronnie Huete es Licenciado en periodismo (UNAH) con Maestría en Cooperación al Desarrollo y elaboración de proyectos, estudió presencial en la Universidad Politécnica de Valencia, España y se ha desempeñado como docente universitario de la UNAH y otras universidades privadas. En 2010 vivió en Florianópolis, Brasil, regresando a Brasil el primer semestre de 2012 en la ciudad de São Paolo. en 2008 viajó por Centroamérica, para luego en 2013 desplazarse a California, EUA. En Julio de 2015 viajó hacía Washington D.C. y luego tuvo una corta estadía en Nueva York, terminando en el Estado de Florida. En 2016 produjo un programa radial en el Condado de Orage, California.
Actualmente se encuentra en Honduras, en donde estudiaba su segunda licenciatura en sociología, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, sin embargo, fue víctima de criminalización y persecución judicial por parte de las autoridades universitarias, por lo que está tomando fuertes medidas de seguridad, ya que su vida corre peligro.
El 24 de mayo de 2017, el periodista Ronnie Huete Salgado, se encontraba en el edificio administrativo de la UNAH, en donde realizaba cobertura periodística internacional para la agencia brasileña de prensa desacato.info, sin embargo, fue torturado, despojado de su celular y privado de su libertad por elementos de la seguridad privada de la UNAH, para luego ser encarcelado. Actualmente posee medidas sustitutivas a la prisión y es víctima de persecución como resultado del trabajo que desempeña como periodista en su país natal Honduras.
Cualquier atentado o amenaza para el autor de este artículo es responsabilidad de quienes representan y gobiernan el Estado de Honduras y o los que menciono en el presente artículo.
El autor de este artículo es corresponsalía voluntaria para la Agencia informativa Latinoamericana Prensa Latina, Kaos en la red , el portal http://desacato.info editado en Florianópolis, Brasil, rebelion.org, http://conexihon.hn , criterio.hn, www.hondurastierralibre. Entre otras agencias de prensa internacional para la cual trabaja de forma independiente (freelance) y que cuyas publicaciones son efectivas en España, México, Argentina, entre otros países de América Latina.
Tres investigadores de la UCR participan en pasantía en universidad griega
Patricia Blanco Picado, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Con la colaboración de Paula Umaña González
La capacitación y el intercambio de conocimientos y técnicas para la investigación y el monitoreo del uso de los plaguicidas es uno de los aportes que desde las academias se intenta promover por medio de un proyecto en el que participa la UCR (foto Esteban Umaña, CICA).
Tres investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizaron una pasantía en el Laboratorio de Farmacología y Ecotoxicología Agrícola de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Demócritus de Tracia, en Orestiada, Grecia, para adquirir nuevos conocimientos y compartir experiencias en el campo del monitoreo del uso de plaguicidas y sus efectos en el ambiente y la salud humana.
Este intercambio científico forma parte del proyecto Conocimiento para el control de los plaguicidas (Knowpec, por sus siglas en inglés), financiado por la Unión Europea, y en el que participan universidades de siete países de América Latina y Europa, entre ellas la UCR. Esta casa de enseñanza está representada por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), que estudia el impacto de los plaguicidas en ríos y quebradas del país.
El Dr. Carlos Rodríguez Rodríguez, director del CICA, y quien participó como pasante durante un mes en Grecia, comentó que el principal aprendizaje obtenido junto al científico Dr. Zisis Vryzas, es la capacitación en el análisis del riesgo, una nueva metodología que permitirá detectar los plaguicidas con mayor potencial de riesgo por su toxicidad y efectos adversos para el ambiente y la salud humana.
Los otros dos científicos del CICA que viajaron a Grecia por un período de dos a cuatro meses son el M.Sc. Greivin Pérez Rojas, químico, y la Licda. Marta Pérez Villanueva, microbióloga.
La formación de científicos jóvenes y el intercambio de conocimientos y experiencias entre países europeos y latinoamericanos es uno de los objetivos primordiales del proyecto Knowpec, que pretende crear una red multidisciplinaria de investigación sobre el tema de los plaguicidas. El proyecto se inició este año y tendrá una duración de cuatro años, durante los cuales los intercambios continuarán.
«Mientras más formación haya, más conocimiento hay y es más factible hacer una gestión responsable del uso de plaguicidas», opinó Rodríguez, quien comentó que el próximo año habrá un nuevo intercambio con Dinamarca.
Carlos Rodríguez, Greivin Pérez y Marta Pérez, investigadores del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), de la UCR, participaron en una pasantía en la Universidad de Demócritus de Tracia, Grecia, donde trabajaron con el Dr. Zisis Vryzas (segundo de iz. a der.). (Foto cortesía CICA).
Por su parte, la coordinadora general del proyecto, la Dra. Carmen Sans, de la Universidad de Barcelona, España, quien visitó la UCR y ofreció una conferencia, destacó que las pasantías buscan una puesta en común de conocimientos que aporta tanto el estudiante que llega de un grupo de investigación como el que lo recibe, a cargo de un profesor experimentado.
«La idea es formar al investigador joven y poner en común conocimientos y experiencias propias que sirvan para avanzar en el tema y en la propia capacidad del grupo de investigación, tanto latinoamericano como europeo», dijo Sans.
Los países latinoamericanos que forman parte del proyecto son Argentina, Bolivia y Costa Rica, y Grecia, España, Reino Unido y Dinamarca de Europa.
Análisis de riesgo
Greivin Pérez destacó que lo más importante de su visita a Grecia es haber trabajado junto al Dr. Vryzas en el tema del análisis de riesgo de los plaguicidas aplicado al ambiente, a partir del monitoreo de aguas superficiales.
Marta Pérez, investigadora del CICA y la Dra. Carmen Sans, coordinadora general del proyecto Conocimiento para el control de los plaguicidas (Knowpec), participaron en febrero pasado en una visita a Tierra Blanca de Cartago, donde la UCR ha investigado sobre plaguicidas y promueve buenas prácticas agrícolas (foto Laura Rodríguez, UCR).
«Aprendí mucho de toda la experiencia que el Dr. Vryzas tiene en el tema del análisis de riesgo en la parte ambiental, pues él es experto en eso. También aprendí en relación con el trabajo de investigación básica y aplicada que ellos llevan a cabo. Prácticamente todo lo que investigan tratan de publicarlo, dedican tiempo a escribir y a publicar», indicó Pérez.
Durante los dos meses de su estancia en el país europeo, manifestó que pudo enfocarse en el procesamiento de datos de la quebrada La Mula, de Guanacaste, un estudio de monitoreo del uso de plaguicidas en los cultivos de caña de azúcar y de arroz que realizó el CICA por espacio de seis años, y el cual se utilizó en Grecia para aprender a cómo realizar un análisis de riesgo con base en los datos.
Al respecto, Rodríguez recalcó que este es uno de los grandes aprendizajes de Costa Rica y de la UCR a través del proyecto. «El análisis de riesgo es un campo nuevo para el CICA y es muy importante para nosotros porque hemos hecho muchos estudios sobre monitoreo ambiental, y si le aplicamos a este el análisis de riesgo, podemos obtener mayor información para enfocarnos en los riesgos prioritarios», aseguró.
Costa Rica no solo aportó un conjunto de datos para el trabajo conjunto de ambos países, sino que también Greivin Pérez, quien es especialista en química analítica, dio apoyo al laboratorio del Dr. Vryzas para mejorar los métodos de análisis químico, un área en la que el CICA posee gran experiencia.
Intercambio de experiencias
Para Marta Pérez, quien aún concluirá su pasantía en octubre próximo, lo más importante de esta actividad y del proyecto en general es intercambiar experiencias y aprender cómo se hace el manejo de plaguicidas en los diferentes países participantes. «Es sacar algo nueno, por ejemplo, aprender de la experiencia de aquí, ver qué ideas se pueden utilizar en Costa Rica y viceversa», afirmó.
La UCR, por medio del CICA, trabaja de cerca con comunidades en donde se ha detectado contaminación de fuentes de agua con residuos de plaguicidas, con el fin de mejorar el manejo de estas sustancias y prevenir problemas en la salud humana y el ambiente (foto Esteban Umaña, CICA).
Otro de los trabajos realizados en Grecia es la redacción de artículos científicos que recoja la experiencia de ambos países. «La idea es también tener algunos productos que nos sirvan a ambas partes del proyecto, como algún artículo, que sea una referencia para futuros trabajos de análisis de riesgo en Costa Rica. En esta área hay pocos trabajos publicados y son muy útiles, porque un estudio de análisis de riesgo ayuda en la toma de decisiones», dijo la joven investigadora.
Indicó además que ha habido intercambio de conocimientos en cuanto a técnicas de remediación de plaguicidas, área en la que el CICA lleva tiempo investigando sobre sistemas de biopurificación de estas sustancias. «Se han publicado varios trabajos al respecto y ya hay datos de estos sistemas que son efectivos para un gran número de plaguicidas», detalló Marta Pérez.
Uno de los artículos científicos en el que trabajan mostrará y contrastará dos estrategias diferentes de remediación utilizadas por Costa Rica y Grecia para la degradación biológica de plaguicidas, en aguas con desechos del herbicida terbutilazina.
«Nosotros hacemos uso principalmente de microorganismos para los procesos de eliminación y degradación de los plaguicidas, mientras que Grecia utiliza sistemas de fitorremediación, que involucra plantas y microorganismos que viven en las raíces de estas plantas que están cultivadas en un tipo de humedal artificial», explicó la microbióloga.
Otros intercambios científicos bilaterales incluyen el intercambio de experiencias de investigación de ambos países por medio de charlas impartidas por los investigadores de Costa Rica a profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad Demócritus, así como su participación en presentaciones de trabajos de tesis de maestría y doctorado de estudiantes en Grecia, además del contacto directo con otros experimentados investigadores griegos.
