Iniciativa funciona desde el 2016 y ya suma 136 denuncias
Andrea Méndez Montero,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
El Observatorio de la Imagen de la Mujer en la Publicidad (OIMP) permite que la ciudadanía denuncie por medio de un formulario cualquier tipo de contenido publicitario que afecte la dignidad de la mujer. – foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La ciudadanía ya puede actuar contra la publicidad que reproduce estereotipos o plantea cualquier expresión de sexismo y violencia de género, por medio de los mecanismos que ofrece el Observatorio de la Imagen de la Mujer en la Publicidad (OIMP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El OIMP promueve en el país una cultura publicitaria respetuosa de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género, mediante la creación de espacios de sensibilización, capacitación y de una plataforma pública de denuncia.
Según Camila Ordóñez Laclé, psicóloga y coordinadora del OIMP, el esfuerzo surge de su interés personal por “hacer algo” respecto a la forma en que se representa a la mujer en los espacios publicitarios y tras abordar el tema en su tesis de licenciatura, tuvo la oportunidad de formalizar la iniciativa vinculada al Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM).
El sitio web de la OIMP ofrece a la ciudadanía guías y manuales para detectar el sexismo en la publicidad, pero además, cuenta con un apartado específico desde el que cualquier persona puede expresar su disconformidad con algún producto o espacio publicitario que a su criterio, afecte la dignidad de la mujer.
“La intención es tener un mecanismo de observación y vigilancia que recoja la voz de las personas sobre lo que les está molestando. Es un proyecto de investigación y acción, en el que acompañamos las quejas con conocimiento académico” explicó Ordóñez.
Por medio de un formulario, la ciudadanía puede formalizar su denuncia a título personal o de forma anónima, pues lo esencial es que brinde la mayor información posible sobre el anuncio que haya detectado en televisión, radio, exteriores o medios digitales.
Pie de foto2: Según Camila Ordóñez Laclé, coordinadora del Observatorio de la Imagen de la Mujer en la Publicidad (OIMP), aunque en otros países las empresas ya muestran sensibilización sobre el tratamiento de género en sus campañas, en Costa Rica “era un tema dormido” que apenas ha empezado a despertarse. – foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Todos los anuncios publicitarios recibidos por el OIMP son canalizados a la Oficina de Control de Propaganda, dependencia del Ministerio de Gobernación y Policía que revisa el material y en los casos que proceda, garantice la aplicación de la Ley 5811 (Ley de control de propaganda).
La Oficina de Control de Propaganda es la instancia autorizada para que, según la gravedad del contenido divulgado, se emita al anunciante una nota educativa, un llamado de atención, un auto de prevención e incluso, se solicite el retiro total o parcial del mensaje.
Ordoñez indicó que la OIMP realiza un análisis profundo de los anuncios que reciben mayor cantidad de denuncias y posteriormente, se emite a las empresas responsables una serie de recomendaciones que promueven un adecuado tratamiento de género en las campañas.
“Este es un espacio que da voz a la gente, gente que le interesa el tema, que lo ha percibido, que lo ha sentido. Es gente mayor, gente joven, mujeres y hombres, que se han preocupado por este fenómeno y no tenían conocimiento de que se podía hacer algo y que es un tema de derechos humanos”, enfatizó la investigadora del CIEM.
Esta iniciativa empezó a funcionar en el 2016, año en que recibió 94 denuncias referentes al contenido divulgado por 33 anunciantes y de los cuales, 59,6% fue detectado en redes sociales, 18,1% en televisión nacional y el resto en publicidad exterior, prensa escrita y correo electrónico.
En el 2017 se consolida la inscripción el OIMP como actividad de investigación permanente en la UCR y durante el primer semestre registra 42 denuncias referentes a la publicidad de 19 anunciantes, la mayoría de las cuales volvió a ser detectada en plataformas digitales.
Según datos del OIMP, la mayoría de las denuncias recibidas este año señalan que la publicidad cosifica a las mujeres, sus cuerpos o su sexualidad; refuerza estereotipos, presenta como normal o gracioso alguna manifestación de violencia de género y coloca a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a los hombres.
La coordinadora del OIMP manifestó su satisfacción respecto a la buena acogida que ha tenido la iniciativa por parte de la ciudadanía y la incidencia política que empieza a generar en diversos espacios, posicionando un tema que “en Costa Rica estaba dormido y este proyecto ha venido a despertar”.
Por sus características, se trata de un producto único, irrepetible y que solo puede salir de Guaitil y San Vicente
Tomás Gómez Huertas,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Muchos ofrecen cerámica chorotega pero pocos conocen todos sus secretos. En el color y el acabado podría estar la fórmula para no terminar llevándose a casa una falsificación. – foto Anel Kenjekeeva, UCR.
¿Si a usted le ofrecen “cerámica chorotega” en una playa de Guanacaste sabría cómo reconocer cuando están tratando de engañarle?
En su intento por tener una vasija, un comal o una ocarina que sirva como recuerdo de su viaje, no son pocos los turistas que terminan comprando, sin darse cuenta, imitaciones y réplicas cuya calidad dista mucho de las artesanías de barro que han hecho famosas a las comunidades de Guaitil y San Vicente de Santa Cruz.
Por años, esta situación estuvo afectando a los artesanos de la zona quienes para frenar esta situación han logrado certificar la autenticidad y lo especial de sus obras, un proceso que esperan sea una garantía para la continuación de esta tradición y en el que la Universidad de Costa Rica ha dado un importante respaldo.
Secretos de familia
El arte de la cerámica chorotega es un conocimiento ancestral que Luis Gutiérrez heredó de su familia y el cual ha convertido en su oficio. Al igual que el de otras 600 personas, su sustento económico depende de los productos de barro que elabora y fue esto lo que motivó a los habitantes de la zona a buscar opciones para proteger la exclusividad de sus productos.
Si bien la calidad de la arcilla del lugar es un elemento importante, la manera de trabajarla y decorarla la dota también de elementos que la vuelven irrepetibles.
Según Gutiérrez en la misma apariencia de los objetos es posible notar la autenticidad de los mismos.
En primer lugar, recomienda observar los colores: la cerámica chorotega parte del rojo, el blanco y el negro. De sus colores iniciales se obtienen otros tonos como el naranja, el café y el rosado pero nunca se usan azules o verdes, que son frecuentes de encontrar en las copias.
Adicionalmente, mientras las imitaciones tienen un simple baño de barniz, el brillo de las piezas originales es producto de un pulido con arena, conchas y tuzas de maíz. Muchos de esos instrumentos incluso han sido conservados por varias generaciones familiares.
Todos estos procedimientos, que podrían pasar inadvertidos para muchas personas se han incluidos ahora en la denominación de origen que ha sido otorgada a los productos de la zona.
La iguana es uno de los animales protagonistas en este tipo de obras. – foto Anel Kenjekeeva, UCR.
Haciendo protagonista a la comunidad
“Con la denominación de origen se crea una especie de seguro tanto para los artesanos cómo para los clientes. Gracias a ella los artistas se aseguran de que no les están copiando sus productos y los compradores saben que están pagando por un producto que de verdad fue hecho en el lugar y de la manera que es tradicional”, explica la MSc. Iria Salas, docente de la Escuela de Artes Plásticas y una de las responsables del acompañamiento que las Universidades Estatales han aportado a los artesanos de la región.
Luego de un proyecto inicial planteado junto a la Universidad Nacional desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), el apoyo se ha canalizado desde la Acción Social de la UCR mediante el proyecto “Promoción de la Cerámica Chorotega” que ha atendido las más diversas áreas del tema.
Con el liderazgo de la propia Salas y del docente Lic. Fernando Camacho el proyecto inició con la meta inicial de contribuir en la certificación de las obras, pero en el camino detectó muchas otras áreas que requerían atención y en las que se ha venido trabajando siempre en conjunto con la comunidad.
Además de las artes, se han tocado también los asuntos administrativos -se reactivó la cooperativa local que se encargará de la gestión de la denominación de origen y velará por el correcto manejo del negocio- y desde la psicología comunitaria se ha contribuido a mejorar la relación entre los dos pueblos productores. De manera complementaria se han desarrollado investigaciones geológicas para ubicar nuevos focos de extracción de material y próximamente se comenzará a trabajar el tema de las exportaciones.
En todo momento, estudiantes avanzados de cada una de estas áreas han brindado su acompañamiento e incluso se han preparado Trabajos Finales de Graduación que han servido de insumo para el mejoramiento productivo.
El Lic. Fernando Camacho y la MSc. Iria Salas, docentes de la Escuela de Artes Plásticas y los señores Luis Gutiérrez y Miguel Leal, artesanos y líderes comunales son parte del equipo que en conjunto ha transformado la realidad de la cerámica chorotega. – foto Anel Kenjekeeva, UCR.
La tradición debe continuar
El logro de la certificación no finaliza el proceso de cooperación sino que abre nuevas oportunidades para el trabajo conjunto y el apoyo.
Además de la internacionalización de la cerámica chorotega, los encargados del proyecto explican que se debe seguir trabajando en la educación cultural, de manera que las nuevas generaciones aprendan las técnicas y la tradición no se pierda.
Con el trabajo conjunto los mismos pueblos se han logrado redescubrir.
El artesano Miguel Leal explica que se ha generado conciencia sobre el arte que se produce. “Se ha podido refrescar la historia, sabíamos que teníamos una arte que era nuestro pero ahora lo hemos conocido mejor, hemos aprendido de los periodos de la cerámica y es importante”, explicó.
En el proceso, los ochenta talleres existentes en la zona siguen produciendo la auténtica cerámica chorotega que hace única a la zona y que se exhibe con orgullo en casas y oficinas de todo el mundo. Además de un símbolo de identidad, se trata del primer producto no alimentario que logra una Denominación de Origen en América Central.
¿Qué es la Denominación de Origen?
En algunas zonas hay elementos culturales, antropológicos y hasta bioquímicos que vuelven únicos a los productos que se producen en ella. Se trata de características tan especiales que crean una fama particular y que son imposibles de imitar, aún y cuando el mercado ofrezca réplicas y prometa que poseen la misma calidad.
La “Denominación de Origen” se convierte en un sello de autenticidad, es decir, una garantía de que el producto que le están vendiendo a las personas fue fabricado en el lugar de donde lo promocionan y usando los materiales y técnicas debidas.
Para el caso costarricense, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su reglamento han establecido como condiciones mínimas para una Denominación de Origen la existencia de factores humanos y naturales únicos así como métodos de producción específicos -que incluyen desde la extracción de materiales hasta los acabados-.
Con esta certificación los productores se evitan competencia desleal de quienes buscan adueñarse de su arte y los clientes se evitan las molestias de pagar por algo que no es real.
Aunque es más común que la “Denominación de Origen” se aplique a productos alimentarios -el queso Turrialba, por ejemplo-, se ha comenzado a implementar ahora en la artesanía.
Así, se ha protegido el mármol de Carrara -Italia-, las hamacas de San Jacinto -Colombia- o la talavera de Puebla -México-.
Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social, dijo que “tenemos la responsabilidad de revisar constantemente hacia dónde vamos, el modelo de universidad que tenemos y que aspiramos”. Foto Archivo VAS, UCR.
Con una nutrida participación la Facultad de Bellas Artes (FBA) dio inicio al proceso de encuentros de reflexión organizados en el marco “Foro de Acción Social: La Inter-acción Universidad- Sociedad: propuestas y desafíos a cien años de la Reforma de Córdoba”, que concluirá en abril 2018.
Durante los días 3 y 4 de agosto, la I Jornada de Acción Social de la Facultad de Bellas Artes (FBA) convocó a investigadores, estudiantes y docentes, quienes escucharon de primera mano las experiencias de coordinadores de algunos proyectos.
En las exposiciones se hizo un recorrido por los logros de las comunidades donde se desarrollan proyectos de acción social desde las artes. Asimismo, se compartieron formas de articular soluciones a los problemas surgidos y se esbozaron los principales retos para lograr mayor incidencia comunitaria.
En el conversatorio de cierre de la I Jornada de Acción Social de Bellas Artes se debatió sobre posibles rutas para mejorar el vínculo universidad-sociedad. Foto Eduardo Muñoz, UCR.
La M.L. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social, inauguró la jornada haciendo un llamado “para volver sobre los puntos de encuentro y desencuentro, ya que actividades como estas permiten aprender de los proyectos, sus metodologías, del acercamiento a las comunidades, del desafío que tenemos todos de mantener una universidad inclusiva y trascender constantemente las fronteras de la comunidad universitaria”.
Sonia Bonatti, participante del Teatro para Adultos Mayores, este proyecto “es una terapia constructiva, nos revaloriza ante la sociedad y ante nuestra propia familia”. Foto cortesía FBA, UCR.
Por su parte, la Magister María Clara Vargas Cullell, decana de Bellas Artes, enfatizó que esta jornada será la primera de otras, ya que existe un interés al interno de la facultad de seguir mejorando la articulación universidad-sociedad. Además, Vargas expresó que dado que “vivimos en un mundo donde piden cuentas para todo, desde las áreas de las artes tenemos que aprender a mostrar lo que estamos haciendo… El arte también incide en el producto interno producto, produce empleo e impacta positivamente en la vida de las personas. Registrar y evidenciar es importante”.
En la jornada participaron las escuelas de Artes Dramáticas, Artes Musicales, Artes Plásticas; el Instituto de Investigación en Arte y la agrupación artística Danza Universitaria. La actividad concluyó con una amplio conversatorio titulado ¿Cómo gestionar la acción social desde las artes hacia las comunidades?
Aspiración universitaria. “Creemos en una Acción Social respetuosa de los saberes, en la cual la universidad aporta sus conocimientos y su experiencia a la sociedad y a su vez, se retroalimenta de ésta en un diálogo de conocimientos”, comentó la vicerrectora Jiménez.
El profesor Manuel Morales, de la Escuela de Arquitectura, considera que la acción social debe tender hacia la cogestión universidad-sociedad para lograr el bien común. Foto cortesía FBA, UCR.
A criterio de Jiménez, esa relación recíproca no solo fortalece la docencia y la investigación de la universidad pública, sino que en los procesos creativos se redescubren las capacidades comunitarias.
“Este es un vínculo democrático que se nutre del conocimiento, la experiencia, la sabiduría, la imaginación de la ciudadanía, en articulación con la ciencia, la investigación y la docencia para el bienestar nacional”, acotó.
Los siguientes encuentros. Luego de la Jornada de Acción Social de la FBA tendrán lugar otros encuentros comunitarios y de reflexión organizados por las unidades académicas como parte del Foro de Acción Social. Todos los insumos obtenidos se compartirán en octubre próximo en una actividad de puesta en común. Hasta el momento se han inscrito 38 Encuentros comunitarios o de reflexión acerca de la acción social en las diversas áreas del quehacer universitario.
Para más información sobre este foro puede contactar a Natalia Carballo al 2511-4423 o Vania Solano al 2511-6210, de la Unidad de Gestión de la Vicerrectoría de Acción Social, o al correo forodeaccionsocial@ucr.ac.cr. Encuentre más información sobre este proceso en: https://accionsocial.ucr.ac.cr/forodeaccionsocial.
Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM)
María Encarnación Peña Bonilla,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
El PIAM se enmarca en la orientación de la educación permanente, concebida como un proceso que dura toda la vida, donde las personas adquieren y acumulan conocimientos y habilidades para su vida cotidiana.
Con la creación del Programa Integral para la persona Adulta Mayor (PIAM) en 1986 la Universidad de Costa Rica abrió sus puertas a las personas mayores de 50 años y pensionadas bajo los enfoques de envejecimiento exitoso, género y derechos humanos, dignidad humana y justicia social, para contribuir así con la calidad de vida de esta población.
El PIAM tiene como claro objetivo brindar oportunidades a este sector de la población para que continúen aprendiendo y puedan compartir con las generaciones más jóvenes sus experiencias y conocimientos. Desde su creación la UCR ha orientado su trabajo académico hacia la formación integral de las personas, fundamentada en una visión humanista de la vida; en un claro compromiso con una acción universitaria dentro de la cual el PIAM resulta pertinente, por su concordancia con la política universitaria de establecer vínculos con el sector externo con el fin de promover el desarrollo a escala nacional de una cultura de respeto.
Este programa se gestó en la década de los 80, producto de la I Asamblea Mundial del Envejecimiento celebrada en Viena en 1982, donde se plantea que: “el envejecimiento es un proceso que dura toda la vida y deberá reconocerse como tal, la formación de la población para las etapas posteriores de la vida deberá ser parte integrante de las políticas sociales y abarcar factores físicos, psicológicos, culturales, religiosos, espirituales, y económicos”.
El programa inició con la modalidad de cursos regulares en 1986, los cuales son ofrecidos por las Unidades Académicas de la Universidad. En éstos las personas mayores comparten con los estudiantes empadronados en las diferentes carreras. Hay cursos de historia, geografía, arquitectura, filosofía, sociología, trabajo social, lenguas modernas, ciencias políticas, comunicación colectiva, entre otras.
Población PIAM se incluye en cursos regulares
Estos cursos regulares no pretenden profesionalizar, titular o certificar el conocimiento de las y los estudiantes del PIAM, sino más bien aportar a su actualización de conocimientos, al desarrollo de nuevas habilidades y destrezas, así como potenciar el intercambio entre las generaciones que confluyen en el aula. Los estudiantes del PIAM no están obligados a cumplir con todos los requisitos para la evaluación de los cursos (exámenes, trabajo en grupos, presentaciones orales, etc), por lo tanto pueden “negociar” con el docente su participación. Generalmente les gusta hacer trabajos en grupo, participar de las giras educativas y las exposiciones de temas específicos, y por supuesto, compartir sus experiencias en la clase.
La valoración de esta oferta de cursos siempre es positiva por la oportunidad que brinda a las personas mayores de participar en espacios inter generacionales de intercambio de conocimientos, pues en los cursos regulares se juntan tanto personas jóvenes como adultas y adultas mayores para compartir experiencias, establecer lazos de amistad, de cooperación e intercambio cultural; esto proporciona sistemas de apoyo positivo que ayudan a mantener el bienestar y la seguridad de las generaciones jóvenes y mayores.
El ritmo de vida actual dificulta el encuentro entre jóvenes y mayores. En cuanto las personas mayores son percibidas como dependientes en lugar de agentes activos de la sociedad, suele crearse un distanciamiento que perjudica a ambos colectivos. Este hecho generalizado ocurre incluso dentro de las propias familias. Fotografía: muestra un retrato de persona adulta mayor con mujer joven al lado. Archivo ODI.
Para las personas estudiantes del PIAM es fundamental el reconocimiento de los otros, sobre todo de los estudiantes jóvenes, es decir, estar visibles en el contexto universitario que es predominantemente un espacio de gente joven, genera mucha satisfacción a las personas mayores. Cada semestre lectivo el PIAM gestiona la apertura de cupos en los cursos regulares. Estos cursos se incluyen en la “guía de cursos y horarios ”propia, y están disponibles para matricular según el número de cupos habilitados.
La demanda de matrícula en el Programa ha crecido progresivamente y este año se entregaron 3.000 citas de matrícula a estudiantes que optaban por un espacio. La universidad tiene casi 5.000 cupos habilitados para esta población adulta mayor. También está la posibilidad de solicitar espacio en cursos regulares no ofertados y talleres intensivos que varían entre las 2 y las 8 semanas de duración.
En este 2017 el PIAM cuenta con una variada oferta de talleres intensivos, cursos y grupos culturales. En total, las personas estudiantes del PIAM pueden ser parte de 180 cursos diferentes y en 14 diferentes unidades académicas de la Universidad se abren cursos a estudiantes del PIAM para que sean parte de una experiencia inter generacional.
De acuerdo con las proyecciones dentro de 40 años el rango que más va a crecer dentro de la estructura de la población costarricense es el de las personas de 65 años y más; para entonces el 20% de la población nacional estará conformado por adultos mayores.
La próxima matricula de estudiantes a este programa será en febrero 2018. La información se publica en el PIAM
Este 17 de agosto a las 6:00 p.m. se llevó a cabo el Foro: “Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre: retos y oportunidades”, en la Sala de Ex Rectores, Biblioteca Joaquín García Monge, Campus Omar Dengo, UNA, Heredia.
El Foro tuvo como objetivo conocer el nuevo reglamento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre su contenido e implicaciones.
Se contó con varios especialistas invitados:
Gustavo Gutiérrez, Catedrático, Escuela de Biología, UCR.
José Pablo González Montero, Fiscal Adjunto Agrario Ambiental, Poder Judicial
Carlos Mario Orrego, Coordinador Nacional de Vida Silvestre, SINAC
Gino Biamonte, Presidente Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (APREFLOFAS)
Laura Porras, Académica Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre (COMVIS), UNA
Mauricio Jiménez Soto, Coordinador, Hospital de Especies Menores y Silvestres. Académico Escuela Medicina Veterinaria, UNA
Moderadora:
Patricia Madrigal, Ministra a.i. Ministerio de Ambiente y Energía.
Para más información comuníquese al teléfono 2277 3974 / VINCULACION@UNA.CR
Estados Unidos comunicó oficialmente al Secretario General de Naciones Unidas el pasado 4 de agosto su intención de denunciar el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático. Como bien se sabe, el Secretario General es el depositario de este tratado multilateral, adoptado en la capital gala en diciembre del 2015, firmado por 195 Estados y ratificado por 159: véase estado oficial de firmas y ratificaciones (con, al final las declaraciones hechas por 18 de los Estados Partes, incluyendo la Unión Europea). De conformidad con el Artículo 21(1) de este tratado, la fecha de su entrada en vigor es la del 4 de noviembre del 2016:
«This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which at least 55 Parties to the Convention accounting in total for at least an estimated 55 per cent of the total global greenhouse gas emissions have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession» / «1. El presente Acuerdo entrará en vigor al trigésimo día contado desde la fecha en que no menos de 55 Partes en la Convención, cuyas emisiones estimadas representen globalmente por lo menos un 55% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión».
La figura de la denuncia en el derecho internacional público
Como es sabido, la denuncia es una figura jurídica validada por la práctica internacional y consagrada por la misma Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 (véase texto, artículo 56). En América Latina, en años recientes se registra, por ejemplo, el caso de Venezuela, que denunció en setiembre del 2012 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (véase nota nuestra al respecto), un acto al que también procedió Trinidad y Tobago en 1998; o el de Colombia, que optó por denunciar el Pacto que lleva el nombre de su capital en noviembre del 2012 (véase nota nuestra al respecto publicada en La Nación), acto que El Salvador también realizó en 1973. Tuvimos también la oportunidad de analizar las denuncias a la Convención de Washington de 1965 que crea el CIADI (más conocido por sus siglas en inglés ICSID) por parte de varios Estados de América Latina ante la deriva del CIADI tendiente a favorecer en sus laudos arbitrales al inversionista extranjero en el caso de demandas claramente abusivas (véase nuestra nota al respecto publicada en el sitio de Bretton Woods Project) (Nota 1). En este artículo sobre una iniciativa de la UNASUR para reemplazar el CIADI por un mecanismo regional en materia de arbitraje de inversión, se lee en las conclusiones que:
«ICSID arbitration has lacked the guarantee of due process because of its impartial and not transparent proceedings, failure to address the broader needs of society as well as generally inconsistent decisions and awards, the lack of hierarchy of investment tribunals and no system of precedent or appeals».
Estos, y otros casos de denuncias de tratados internacionales que ofrece la práctica internacional, indican que un Estado Parte a un instrumento conserva siempre la posibilidad de retirarse del mismo cuando, por alguna razón, sus autoridades lo consideran dañino para sus intereses. Al optar por denunciar o retirarse de un tratado internacional, un Estado no violenta ninguna norma internacional: ejerce sus atribuciones soberanas, las mismas que fundamentan su decisión de suscribir y ratificar un tratado. Lo hace recurriendo a las mismas cláusulas contenidas en el texto relativas a la denuncia o retiro del tratado.
La denuncia de tratados multilaterales ambientales: casos recientes
Una de las últimas denuncias de un tratado multilateral en materia ambiental fue la denuncia de Canadá a la Convención de Naciones Unidas contra la Desertificación, registrada en el 2013. Se puede leer en el estado oficial de firmas y ratificaciones de ese tratado que:
«Canada had signed the Convention on 14 October 1994 and had ratified it subsequently on 1 December 1995. Thereafter, on 28 March 2013, in accordance with its article 38 (2), the Government of Canada had notified the Secretary-General of its decision to withdraw from the Convention. The withdrawal took effect on 28 March 2014. On 21 December 2016, Canada deposited with the Secretary-General an instrument of accession to the Convention» (véase Nota 4).
Dos años antes, en el 2011, el mismo Canadá había procedido a denunciar el Protocolo de Kyoto, adoptado en 1997: en el estado oficial de este importante instrumento, se lee (véase Nota 2) que: «In accordance with article 27 (2) of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Government of Canada notified the Secretary-General that it had decided to withdraw from the Kyoto Protocol as from the date indicated hereinafter: Date of notification:15 Dec 2011 Date of effect:15 Dec 2012».
Cabe precisar que de estas dos denuncias realizadas por parte de Canadá, la primera dejó de surtir efecto con la llegada de las nuevas autoridades en el 2015.
La cláusula sobre la denuncia del Acuerdo de París del 2015
El Acuerdo de Paris del 2015 contiene una cláusula relativa a su denuncia, la cual establece los plazos para su entrada en vigencia, así como el plazo antes del cual ninguna denuncia es posible. Desde el punto de vista jurídico, y de conformidad con el texto (versión inglesa) del Acuerdo de Paris del 2015 (véase de igual forma la versión en español), no puede haber notificación formal de denuncia antes de noviembre del 2019. Adicionalmente, ninguna denuncia puede surtir efectos sino después de noviembre del 2020. Sobre este preciso punto, las reglas contenidas en el Artículo 28 son de una meridiana claridad y las distintas versiones oficiales no permiten duda alguna:
Article 281. At any time after three years from the date on which this Agreement has entered into force for a Party, that Party may withdraw from this Agreement by giving written notification to the Depositary.
Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.
Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn from this Agreement.
Artículo 28 1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación por escrito al Depositario en cualquier momento después de que hayan transcurrido tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo para esa Parte.
La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha que se indique en la notificación.
Se considerará que la Parte que denuncia la Convención denuncia asimismo el presente Acuerdo.
Por lo tanto, la comunicación hecha por Estados Unidos el pasado 4 de agosto no puede ser validada como «notificación«. La prohibición de hacerla durante tres años impide admitirla como tal. Si la idea consistió en informar que Estados Unidos tiene la firme intención de denunciar el Acuerdo de Paris, las declaraciones oficiales hechas por su actual Presidente hace varios meses son suficientes. El mundo entero, así como las mismas Naciones Unidas, tomaron nota de la visión tan peculiar del Presidente Trump cuando en mayo pasado afirmó que su decisión sobre el Acuerdo de Paris «will make America great again«.
Referimos al lector al artículo publicado en EJIL-Talk del 5 de junio del 2017 de la profesora Lavanya Rajamani (India), titulado «Reflections on the US withdrawal from the Paris Climate Change Agreement».
Tuvimos la oportunidad de analizar las reacciones oficiales en América Latina a este anuncio presidencial (Nota 2). Es de recordar que Perú (julio del 2016) fue el primer Estado en ratificar en la región este instrumento, seguido por Argentina, Brasil, Honduras, México y Panamá (setiembre del 2016), Bolivia, Costa Rica, Paraguay y Uruguay (octubre del 2016), Cuba (diciembre del 2016), Guatemala (enero del 2017), Chile (febrero del 2017) y El Salvador (marzo del 2017), cerrando la lista Haití y Venezuela (julio del 2017). En la conclusión de este artículo, nos permitimos señalar que:
«Más allá del estilo tan peculiar de anunciar cosas (y luego reflexionar sobre el impacto que causan) que exhibe desde su llegada a la Casa Blanca el Presidente Donald Trump, desde el punto de visto estríctamente jurídico, la prohibición expresa de hacer reservas a este tratado como tal (véase artículo 27 del Acuerdo de París) conlleva la imposibilidad de limitar o de modular el alcance de algunas de sus disposiciones. Técnicamente, Estados Unidos deberá en este caso proceder a denunciar el tratado, o bien proceder a una inédita solicitud que esperan (ansiosos) tanto el depositario del convenio de París como sus Estados Partes, así como también los especialistas en derecho internacional».
La carta del 4 de agosto o el arte de cómo notificar algo omitiendo la prohibición del plazo de tres años
El texto de la carta del 4 de agosto suscrita por la Embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, reproducida en este artículo, se lee como sigue:
«The Representative of the Unites States of America to the United Nations presents her compliments to the Secretary-General of the United Nations.
This is to inform the Secretary-General, in connection with the Paris Agreement, adopted at Paris on December 12, 2015 (“the Agreement”), that the United States intends to exercise its right to withdraw from the Agreement. Unless the United States identifies suitable terms for reengagement, the United States will submit to the Secretary-General, in accordance with Article 28, paragraph 1 of the Agreement, formal written notification of its withdrawal as soon as it is eligible to do so. Pending the submission of that notification, in the interest of transparency for parties to the Agreement, the United States requests that the Secretary-General inform the parties to the Agreement and the States entitled to become parties to the Agreement of this communication relating to the Agreement.
The Representative of the Unites States of America to the United Nations avails herself of the opportunity to renew to the Secretary-General the assurances of her highest consideration».
Es muy probable que colegas especialistas en derecho internacional comenten el contenido de esta extraña carta. La cual, en nuestra opinión, corresponde más a un anuncio de una futura notificación y no a una notificación en sí, al existir una prohibición de notificar durante un plazo de tres años. Posiblemente, desde el punto de vista político, esta inusual misiva responda a algún compromiso del Presidente Trump con algunos sectores. No obstante, desde el punto de vista jurídico, plantea algunas interrogantes al no adecuarse a lo estipulado en el Acuerdo de París, ni a la práctica seguida por Estados denunciantes ante el depositario de un tratado, ni añadir nada nuevo a lo escuchado por parte del Presidente Trump. Como se observará, la omisión del plazo de tres años que exige el Acuerdo de París traduce bien lo incómodo que resulta la situación para el Presidente Trump (un hombre algo urgido).
A modo de conclusión
Al parecer, es la primera vez que un Estado mediante una carta formal al depositario de un tratado multilateral le comunica su intención (y no su decisión) de denunciar un tratado. Salvo error de nuestra parte, no existe precedente alguno en la práctica internacional y agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para saber si estamos (o no) presenciando una verdadera «première» de la Oficina Jurídica del Departamento de Estado. En abril del 2002, esta misma entidad decidió proceder a una verdadera innovación en materia de derecho de los tratados, al «retirar» la firma al Estatuto de Roma adoptado en 1998 que establece la Corte Penal Interancional (CPI), acto que Israel y Sudán replicarían (véase notas 4, 10 y 12 en estado oficial de firmas y ratificaciones) así como Rusia en noviembre del 2016 (véase nota 9). Uno de los riesgos de estas innovaciones del Departamento de Estado, es que algunos Estados puedan sentirse inclinados por acompañar a Estados Unidos en su desafiante soledad.
Por otro lado, el comunicar su intención de denunciar un tratado y al mismo tiempo anunciar que se procederá a «reengage» (término inexistente en el léxico del derecho internacional) constituye toda una novedad en derecho internacional: en particular cuando el tratado concerñido contiene una cláusula que expresamente prohibe reservas al mismo (Artículo 27).
Ante ello, no cabe duda que la buena fe y la transparencia a la que alude esta insólita misiva norteamericana obligan a aclarar al depositario (y a los Estados Partes) lo que se entiende por «suitable terms for reengagement».
Nota 1: Un ejemplo de demanda de este tipo es la interpuesta en el 2014 contra Costa Rica por la minera canadiense Infinito Gold por 94 millones de US$ por su proyecto minero declarado ilegal por la justicia costarricense en el 2010 y 2011. La demanda se encuentra pendiente de resolución. En el 2015, Costa Rica solicitó dar por terminado el procedimiento en su contra, sin éxito alguno (véase nuestra nota titulada «La solicitud de Costa Rica de poner término a la demanda de Infinito Gold ante el CIADI: breves reflexiones» y publicada en el OPALC). En abril del 2017, la empresa minera canadiense aumentó sus pretensiones de 94 a 321 millones de dólares (véase nota de CRHoy).
Nota 2: Véase nuestra nota publicada en DebateGlobal el 4 de junio del 2017 titulada: «Reacciones en América Latina a anuncio de retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático».
Para lectores de hablainglesa: Una versión en inglés de este mismo texto, titulada «The so called United States´s «notification» on its decision to withdraw from Paris Agreement on Climate Change» se encuentra disponible aquí.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Especialistas en el tema intercambian conocimientos y resultados de investigaciones en el marco del I Simposio de Cambio Climático y Biodiversidad
Paula Umaña González,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
La resistencia del bosque seco tropical frente al cambio climático fue uno de los temas analizados por la científica estadounidense Jennifer Power, quien ha realizado investigaciones en la provincia de Guanacaste (foto cortesía del biólogo Guillermo García).
Este 9 de agosto dio inicio el I Simposio de Cambio Climático y Biodiversidad que se celebra en la Universidad de Costa Rica (UCR) y que cuenta con la participación de expertos de América Latina, Estado Unidos y Europa en el tema de cambio climático, gobernanza y biodiversidad.
“Este simposio será un espacio propicio para valorar la realidad del cambio climático a la luz de la geopolítica y las relaciones internacionales, permitiendo acercar a la comunidad universitaria a una perspectiva sustancial en esta materia”, aseguró Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro del Ambiente, durante la apertura del encuentro, que se realiza en la Ciudad de la Investigación, en San Pedro de Montes de Oca.
El mexicano y ganador del premio Tyler por Logro Ambiental 2017, José Sarukhán Kermez, fue el encargado de inaugurar el programa de conferencias con la propuesta de utilizar la biodiversidad para encarar los retos del cambio climático.
Sarukhán, quien es un referente latinoamericano en el tema de biodiversidad y ecología, parte de la idea de que “la agricultura altamente tecnificada, como se aplica hoy, es ecológica y económicamente insustentable”, ya que la agricultura industrial ha dependido de la maximización de ganancias, basándose en incrementos en el rendimiento a cualquier costo.
Además, explicó que esta agroindustria, aliada a la industria química y de petróleo, ofrece alimentos a bajo precio pero con externalidades ecológicas, económicas y sociales “enormes”.
Para el experimentado ecólogo, la diversidad genética de los cultivos nativos (en su caso de exposición el maíz, en México), que es el resultado de milenios de selección bajo domesticación y la diversidad de sus parientes silvestres, son “la más valiosa e irremplazable fuente de respuestas para la producción de alimentos frente al cambio climático”, comentó. “La idea es aprovechar la enorme biodiversidad a nivel genético que tenemos en un país como México, en Mesoamérica y en América Latina, y el otro elemento que es la diversidad cultural, que es la que ha producido todas esas especies cultivadas, que todavía la tenemos y que todavía está ahí, que sigue funcionando todos los días y que ocurre que es también una porción de la sociedad desdeñada, ignorada y muy marginada”, explicó Sarukhán.
Por su parte, el profesor de la Escuela de Biología de la UCR y biólogo genetista, Gustavo Gutiérrez Espeleta, uno de los organizadores del Simposio, recalcó la importancia del conocimiento de nuestros antepasados y las poblaciones indígenas actuales acerca de la variabilidad genética en los cultivos.
Blanqueamiento de corales en el Golfo Dulce, en la Zona Sur del país, captados en el 2010 (foto cortesía de la bióloga Celeste Sánchez).
“Por eso nuestra oposición a los monocultivos, porque hablamos de clones, entonces si viene un patógeno todas esas plantas van a morir; pero al haber variabilidad puede que este patógeno afecte a algunas plantas, pero resulta que como hay variabilidad genética otras plantas van a sobrellevar el efecto del determinado patógeno”, argumentó.
Ecosistemas amenazados
Por su parte, la científica estadounidense Jennifer Powers planteó a los participantes del evento la pregunta: ¿serán los bosques secos tropicales vulnerables o resistentes a los cambios en las precipitaciones?, a la cual concluyó que, a raíz de estudios hechos en Guanacaste, el bosque seco de Costa Rica es vulnerable a la disminución de las lluvias.
Powers participa, junto a un grupo de científicos, en una investigación en Guanacaste que busca determinar la resistencia de los árboles a períodos de sequía.
Hay algunas especies de árboles más susceptibles a desaparecer en época de sequías y otras que se han adaptado a estas condiciones, por lo que en un futuro la composición del bosque seco será diferente en el país, afirmó.
Además, la tasa de mortalidad de los árboles, en las parcelas en las que se está realizando el monitoreo, aumenta con la sequía, y en épocas de lluvia no se están recuperando a la misma velocidad.
Los páramos también formaron parte de los ecosistemas expuestos en el simposio, por parte de la ecóloga Eloisa Lasso DePaulis, profesora en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Estos ecosistemas, generalmente fríos, brindan servicios como la provisión de agua, funcionan como reservorios de carbono, son sitios de alta diversidad y además colaboran en el control de erosión y desastres naturales.
El Ministro del Ambiente de Costa Rica, Edgar Gutiérrez Espeleta, participó en la apertura del I Simposio sobre cambio climático y biodiversidad, en el auditorio de la Ciudad de la Investigación de la UCR (foto Laura Rodríguez).
Las consecuencias que estos ecosistemas pueden experimentar frente a un escenario de aumento de temperatura fue el tema central de Lasso, quien explicó que algunos estudios que lleva a cabo junto a otros investigadores en zonas altas de los Andes han mostrado que los páramos serían resistentes, en cuanto a características fisiológicas, ante un aumento de temperatura de al menos 5 grados.
Sin embargo, el estudio se encuentra en sus primeras fases, por lo que sería prematuro realizar conclusiones en cuanto a la afectación de las funciones y otras características de la vegetación que impera en los páramos.
Esperanza para el planeta azul
La científica estadounidense Joanie Kleypas, en su ponencia Planeta azul, ¿a dónde te llevamos?, recalcó que la mayor parte del planeta (alrededor de un 70 %) son océanos, ríos y lagos, pero son de las superficies más afectadas por el cambio climático.
“El cambio climático no sólo afecta la tierra y el clima, también afecta a los océanos de tres maneras profundas”, recalcó Kleypas al referirse al calentamiento, la acidificación y la desoxigenación, efectos que perjudican a millones de especies marinas.
Según Keyplas, de las primeras científicas en alertar acerca de los impactos de la acidificación oceánica en los organismos calcificadores marinos, algunas especies se están desplazando hacia al norte o a zonas más profundas, en busca de adaptarse a las condiciones de los océanos. Además, los arrecifes coralinos son de los ecosistemas marinos más amenazados, ya que por el aumento de la temperatura del agua la simbiosis con microorganismos se rompe y el coral se blanquea poco a poco hasta morir.
La científica se planteó la pregunta ¿hay esperanza?, a la que respondió que el panorama de los océanos podría mejorar con esfuerzo, mayores estudios y la creación de zonas de protección, entre otras acciones.
“Imposible no es un hecho, es una actitud”, frase de la ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la costarricense Christiana Figueres, con la que Kleypas dio por finalizada su ponencia.
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Posterior al impacto del huracán Otto, funcionarios de diferentes oficinas administrativas y escuelas de la UCR, se trasladaron a la zona de Upala para apoyar en las labores de rehabilitación. En la fotografía, un equipo de funcionarios de la Oficina de Servicios Generales de la UCR, aseguran la estructura de una vivienda afectada.
La labor realizada por las universidades públicas ante el impacto del Huracán Otto, se convirtió en una experiencia catalizadora para atraer a las cinco universidades públicas y generar un proceso de reflexión y acción conjunta de cara a próximas emergencias o desastres.
El ejercicio organizado por la Subcomisión de Gestión del Riesgo de Desastres del Consejo Nacional de Rectores (Conare) tiene como objetivo poner en marcha un modelo de trabajo articulado, más eficiente y eficaz cuando se presenta una emergencia nacional.
El impacto del huracán Otto en Costa Rica, dejo una gran cantidad de lecciones aprendidas en varios sectores de la sociedad costarricense y el sector educación no escapa a esta realidad y, de forma particular las universidades públicas.
Es por esto que se organizó una actividad que permitió sistematizar estas enseñanzas con miras a mejorar los preparativos y la respuesta a emergencias y los desastres de cada uno de estos centros de estudio.
Durante un día de trabajo se realizaron dos ejercicios: una mirada introspectiva por parte de cada universidad destacando fortalezas, debilidades y posibilidades de mejora. En un segundo momento, se generó una reflexión grupal en torno a las capacidades como un sistema interuniversitario.
César Sancho, de la Universidad Estatal a Distancia, (UNED) y miembro de la Subcomisión de Gestión del Riesgo de CONARE, expone las tareas desarrolladas por la UNED durante la emergencia del Huracán OTTO. Foro Taller «Gestión de Desastres en las Universidades Públicas en el marco de la respuesta al Huracán Otto”.
Producto de este ejercicio, se busca crear una ruta de trabajo ante situaciones de emergencia, donde cada universidad adapte dichos lineamientos a sus necesidades y fortalezas y además, para potenciar las ventajas comparativas, recursos, etc como un sistema interuniversitario.
Se pretende mejorar los preparativos y la respuesta ante diferentes emergencias por parte de cada centro de estudio para garantizar su seguridad y en un segundo abordaje, visualizar el aporte de la academia hacia la sociedad apoyando diferentes actores externos como son las autoridades de gobierno y a las comunidades afectadas por una emergencia o desastre.
Alice Brenes, encargada del programa Institucional de Gestión de Riesgo ante Desastres la Universidad Nacional- y representante ante la Subcomisión, señaló que uno de los objetivos que se persiguen es generar sinergias para que en momentos de emergencia, las universidades eviten la duplicidad de funciones y se maximice los recursos humanos, técnicos y materiales en beneficio del país.
Uno de los elementos de coincidencia entre las casas de enseñanza fue la necesidad de crear protocolos y procedimientos para la toma de decisiones en momentos de emergencia.
Si bien, puntualizó Brenes, las universidades han logrado impactar positivamente, es necesario contar con mayor claridad en cuanto a los roles y temas claves como es la instancia que debe activar las autoridades y la institucionalidad. Asimismo, enfatizó que otro actor clave es el Conare, cuyos miembros requieren asesoría y orientación para la toma de decisiones en momentos de emergencia o desastre. Trabajar en lineamientos que orienten su actuar, es tarea de la Subcomisión de Gestión del Riesgo ante Desastres, puntualizó.
Universidades públicas acuden al llamado de las autoridades del Gobierno durante las emergencias. En la foto, funcionarios de la Universidad Nacional (UNA) entregan suministros a familias impactadas por el paso del Huracán Otto.
A partir de este taller, se elaborará un plan de trabajo al corto plazo (un año), que los miembros de la sub comisión de Gestión del Riesgo ante Desastres elevarán a las autoridades de CONARE.
Alvaro Montero, especialista en gestión del riesgo y representante por la UCR ante la subcomisión, enfatizó que sin atentar contra la autonomía universitaria, se debe comprender cuál es el rol de la academia dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. De esta forma, las universidades públicas deben estar atentas para responder, con los recursos existentes, a las necesidades que las autoridades establezcan.
Una vez aprobado por Conare el objetivo es poner en marcha dicho modelo de trabajo en momentos de un desastre.
Las universidades públicas han desempeñado un papel fundamental, al poner a disposición de las autoridades nacionales, la infraestructura y el recurso humano administrativo y científico especialista en diferentes áreas como son ingenierías, geologías, geografía y psicólogos.
En una segunda etapa, se espera generar nuevos espacios para abordar otros ejes de acción de la gestión del riesgo.
Durante la jornada de trabajo de los representantes de las cinco universidades públicas, a saber, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad Técnica Nacional, el Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica, que integran la Subcomisión., se tomó como referencia además, la experiencia de los funcionarios universitarios luego de su participación activa durante la ocurrencia del terremoto de Cinchona (2009) y Sámara (2012),
La Confederación Estudiantil Universitaria (Confecr) –integrada por las federaciones estudiantiles de las universidades públicas- invitan al público universitario, herediano y nacional a participar de la celebración del: «Día Internacional de la Juventud«, este sábado 12 de agosto, de 10 a.m. a 6 p.m. en el Parque Central de Heredia
Actividades:
Habrá presentaciones de grupos artísticos de la UNA y el TEC
La rondalla y la marimba de la UNA, así como la danza del TEC amenizarán esta jornada festiva en celebración de la juventud
Juegos tradicionales y diversidad de actividades lúdicas para el disfrute de todo público: desde los niños hasta los más grandes… e incluso las mascotas…
Micrófono abierto para que las personas participantes se animen a dar rienda suelta a la expresión popular creativa
Baile al ritmo de los grupos Mekatylyu e Infibeat, de 4 p.m. a 6 p.m.
***Mayores detalles con Daniela Alpízar, presidenta de la Feuna, 8758-7762 o en facebook
