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Autor: María José Ferlini Cartín

SEC celebra directriz del MEP sobre cargas laborales

El presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC Gilberth Díaz Vásquez indicó -a propósito de la circular del MEP sobre la carga laboral docente- que las medidas anunciadas para eliminar la sobrecarga laboral provocada, específicamente, por el abuso de comunicaciones y actividades que sobrepasan las obligaciones y horario laborales, son un logro del trabajo serio de los sindicatos para garantizar las mejores condiciones laborales de quienes tienen en sus manos la educación de las futuras generaciones.

La política de salud ocupacional del MEP se desprende de la aplicación del título V capítulo I y II sobre salud ocupacional y seguridad social de la Convención Colectiva MEP y SEC-ANDE-SITRACOME, y sus acuerdos tomados en Junta Paritaria este martes 8 de agosto, viene a atender una grave tendencia de deterioro de la salud del personal docente en Costa Rica, a quienes se ha recargado no sólo con las ya conocidas horas de evaluación y preparación de lecciones fuera del horario escolar, sino con innumerables solicitudes de trabajo administrativo, comunicaciones por medios no institucionales en horario de descanso y asignación de actividades que sobrepasan las obligaciones laborales.

Gilberth Díaz explicó que, “más allá de las simples percepciones, los sindicatos nos dimos a la tarea que fundamentar científicamente las causas del malestar y de una serie de síntomas de deterioro de la salud física y mental del personal docente, incluido el llamado síndrome del quemado en el trabajo, con el respaldo de investigaciones realizadas por organismos como la UCR, UNESCO, OIT y el mismo MEP, con lo que se logró evidenciar la legitimidad del reclamo de frenar las prácticas que deterioran la calidad de vida de docentes en todos los rincones del país”.

Celebramos que el MEP reconociera con diligencia esta situación y emitiera una directriz clara a todo el personal para impedir que esta situación se siguiera dando, corresponde ahora a toda la compleja estructura del MEP conocer, respetar y hacer valer esta medida de salud ocupacional, puntualizó Díaz Vásquez.

Estamos a la espera de que en tres meses la comisión que se intregró para analizar otras situaciones más graves de carga laboral aportados por nuestra afiliación, de su informe para estudiar y resolver de la mejor manera.

SEC logo

*Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado por SEC CR.

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Ciudadanos reciben apoyo de sindicato en su lucha por la defensa de la seguridad social

Este viernes 11 de agosto, la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Administradores de Servicios De Salud y Afines del Seguro Social (SINASSASS) recibió a un grupo de ciudadanos de diferentes cantones, quienes están luchando por que la CCSS asuma la atención de los EBAIS, y que estos no se den en concesión.

Se mantuvo un intercambio sobre la situación de salud de Barva y los retos que tiene la CCSS sobre el modelo privatizador que viene imponiendo algunos miembros de la Junta Directiva de la Caja y sus gerencias, a lo que SINASSASS dio un voto de apoyo, debido a la lucha de este movimiento ciudadano viene dando por la defensa de la seguridad social. El sindicato manifestó que si fuese necesario, emitirán un pronunciamiento a favor del trabajo que este grupo viene realizado.

 

Enviado por Rafael López Alfaro.

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Concejo Municipal de Guácimo acuerda Declaratoria de Interés Cantonal, el «Proyecto Gestión del Recurso Hídrico» de La Argentina de Pocora

La Declaratoria de Interés Cantonal del “Proyecto Gestión del Recurso Hídrico” de la Argentina de Pocora, es un gran logro de la Comisión Comunitaria e Institucional que viene desde hace algún tiempo trabajando desde el Programa de Gestión Local de la UNED.

En la carta enviada por la Municipalidad de Guácimo referente al tema se manifiesta que: “Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Declarar de interés Cantonal, el “Proyecto Gestión del Recurso Hídrico de la Argentina de Pocora”, lo cual le permitiría gestionar recursos económicos ante diferentes instancias nacionales como internacionales, para la adquisición de esas áreas, y así garantizar el abastecimiento de agua en cantidad y calidad, a las futuras generaciones del cantón”.

Adjuntamos carta completa.

Acuerdo Nº 20

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página de Facebook Programa de Gestión Local

Información compartida por Rafael López Alfaro.

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Junta de Salud de Montes de Oca exige información a la CCSS ante la finalización del contrato de EBAIS UNIBE/CCSS

Compartimos Carta Abierta de la Junta de Salud de Montes de Oca y Convocatoria del Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social.

 

San Pedro de Montes de Oca, 09 de agosto del 2017.

 

CARTA ABIERTA

LA JUNTA DE SALUD DE MONTES DE OCA

EXIGE INFORMACIÓN A LA CCSS

ANTE LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE LOS EBAIS

AREAS DE SALUD DE MONTES DE OCA, CURRIDABAT Y

SAN JUAN-SAN DIEGO Y CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN

 

La Junta de Salud de Montes de Oca 2014-2017 desde su juramentación ha trabajado incansablemente en el estudio y el análisis documental de todo lo referente a la Contratación a la cual se encuentran sujetos nuestros EBAIS del Área de Salud de Montes de Oca y otros afines.

Por esto, desde enero de 2017, la Junta de Salud de Montes de Oca se ha dado a la tarea de solicitar información e investigar cómo la CCSS dará continuidad a la prestación de los Servicios Básicos de Atención Integral de nuestra comunidad, dado que estos se encuentran sujetos a un Contrato 2013-000001-00 entre la Caja Costarricense del Seguro Social y el Consorcio conformado por Hospital Universitario UNIBE S.A. y la Asociación Universidad de Iberoamérica para la Contratación de Servicios Médicos en el Primer Nivel de Atención de Salud de las Áreas de Salud de Montes de Oca, Curridabat y San Juan-San Diego-Concepción de La Unión.

El contrato mencionado vence el 17 de febrero de 2018 y la contratación no tiene prórroga de acuerdo al oficio DCA-0165 del 23 de enero del 2013 de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República.

Durante estos 7 meses hemos sostenido reuniones con diferentes personeros de la CCSS entre ellos, el Dr. Armando Villalobos Castañeda, Director de la Dirección Regional de la Central Sur, quien además a partir de este año funge como Administrador del Contrato mencionado.

Adicionalmente, hemos tenido acceso a los siguientes oficios: GM-SJD-19209-2017, DRSS FISSCT-2810-2016 y ACC-1353-2016, así como a la Presentación que hizo la Gerencia Médica a la Junta Directiva de la CCSS, donde: se evidencia la viabilidad técnica para que los EBAIS de nuestras comunidades sean asumidos por la CCSS, se dice, sin suficientes elementos técnicos financieros, que no existe viabilidad financiera y se recomiendan dos escenarios:

ESCENARIO 1:

1- Continuar con la provisión de los servicios de salud de dichas áreas por medio de la contratación de servicios a terceros, dicha contratación deberá gestionarse por un plazo de 6 años prorrogables a 4 años más.

2- Siendo que la Institución cuenta con un prototipo de Áreas de Salud aprobado, se instruye a la Gerencia Médica para que en la contratación que se gestione, las Áreas de Salud de Montes de Oca y San Juan-San Diego-Concepción se ajusten al tipo 1 y el Área de Salud de Curridabat al tipo 2.

3- Instruir a la Gerencia Médica para que en la nueva contratación, la Instancia técnica y administrativa encargada de la verificación, fiscalización y evaluación cuantitativa y cualitativa de la ejecución del contrato que resulte, sea la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur, que fungirá por lo tanto como administrador del contrato, bajo la figure de la Gerencia Médica como Gestor del Contrato.

ESCENARIO 2:

Asumir a nivel institucional la provisión de los servicios de salud de las Áreas de Salud Montes de Oca, Curridabat y San Juan-San Diego-Concepción.

En la reunión sostenida con el Dr. Villalobos Castañeda, el lunes de Semana Santa de 2017, nos informó que efectivamente el contrato vence el 17 de febrero de 2018, la contratación no tiene prórroga, que su Dirección dio la viabilidad técnica para que la CCSS asuma a nivel institucional los servicios; de esta información nos fue confirmada en la Reunión Mensual de Junio de 2017 del Consejo Regional de Presidentes de Juntas de Salud de la Dirección Regional Central Sur donde acudimos a presentar la problemática del vencimiento del Contrato sin que a la fecha las Juntas de Salud de las 3 Áreas de Salud bajo este Contrato, hayamos sido informadas de manera alguna de toda esta situación.

Según la normativa vigente de la CCSS sobre este tema:

  • Política de la Caja Costarricense de Seguro Social para la provisión de servicios de salud por medio de proveedores externos (terceros).
  • Reglamento para la contratación de servicios médicos especializados por medio de terceros y
  • Reglamento a la Ley 7852 Desconcentración de los Hospitales y Clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social.

De acuerdo, el Artículo 1 Bis.- del Reglamento para la contratación de servicios médicos especializados por medio de terceros y el Artículo 38 del Reglamento a la Ley 7852 Desconcentración de los Hospitales y Clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social,

“La compra de los servicios médicos o de salud a terceros deberá, en todo caso, ha de ser temporal, excepcional y contar con la previa declaratoria de inviabilidad de conformidad con el Reglamento de Compra de Servicios Médicos Especializados por medio de Terceros”.

Además,

“Toda prórroga de estas contrataciones deberá contar con la debida justificación técnica y la respectiva rendición de cuentas sobre lo contratado, así como del avance en el cumplimiento de las medidas de planificación y prestación de los servicios por parte de la Institución. Constituye falta grave, la existencia de negligencia o falta de previsión en el planeamiento y ejecución de las medidas necesarias para garantizar la prestación a nivel institucional, de aquellos servicios contratados a terceros, por los funcionarios encargados de la elaboración, aprobación y ejecución de las citadas acciones. Ante la evidencia de elementos suficientes sobre la posible existencia de negligencia o falta de previsión, se deberán instaurar los procedimientos administrativos requeridos. La Auditoría Interna y la Superintendencia General de Servicios de Salud deberán fiscalizar todos aquellos servicios médicos y de salud que terceros proveedores brinden a la Caja o a sus asegurados, independientemente de la modalidad y el procedimiento utilizado por la Institución para proveer el servicio”.

Hemos también acudido a la Alcaldía de Montes de Oca y al Concejo Municipal de Montes de Oca explicar los alcances de no tener continuidad en los servicios de salud del primer nivel de atención integral de salud y a solicitar su apoyo porque los afectados con estas decisiones somos los pobladores del cantón.

Además, el 17 de julio de 2017 remitimos oficio a la Junta Directiva de la CCSS, sin que a la fecha hayamos tenido respuesta alguna, asimismo hemos enviado un oficio en conjunto con la Junta de Salud de San Juan- San Diego y Concepción de La Unión y otras personas de las comunidades afectadas, en esa misma semana y tenemos conocimiento que la Junta de Salud de San Juan- San Diego y Concepción de La Unión ha enviado una solicitud de intervención a la Defensoría de los Habitantes por este mismo tema.

Sin embargo, las últimas informaciones que tenemos es que la Gerencia Médica pretende solicitar el día de mañana, jueves 10 de agosto de 2017, a la Junta Directiva de la CCSS, una prórroga al Contrato 2013-000001-00 de la CCSS con EBAIS UNIBE, durante dos años más y solicitar, nuevamente como en el 2013 a la Contraloría General de la República, un procedimiento excepcional para dar continuidad a los servicios de salud, mientras se prepara, probablemente, un nuevo cartel de licitación con un tercero.

En este momento, invocamos nuestro derecho constitucional a la Participación Ciudadana, como miembros de la Junta de Salud de Montes de Oca y como ciudadanos de nuestro país, dado que la participación ciudadana es sin duda la base fundamental de la vida en democracia, ya que es el medio por el cual la ciudadanía se hace presente en la toma de decisiones de los asuntos públicos.

Por tanto, dada la responsabilidad que nos fue asignada con nuestros representados, por medio de elección popular,

Exigimos:

  1. Que en el menor tiempo posible que nos sea facilitada toda la información relativa a las decisiones sobre la continuidad de los servicios del Área de Salud de Montes de Oca, siendo esta una nueva oportunidad en menos de 4 años donde la incertidumbre reina en las comunidades y en las sedes de los EBAIS, entre los asegurados y los trabajadores porque la CCCS a la fecha no ha explicado a los interesados las medidas de planificación y prestación de los servicios por parte de la Institución.
  2. Que la Junta Directiva de la CCSS, tome estas decisiones sean de frente a las comunidades y los trabajadores, de manera transparente y clara.
  3. Que la CCSS, asuma a nivel institucional la provisión de los servicios de salud de las Áreas de Salud Montes de Oca.

Instamos:

  1. A todas las personas de las comunidades de Montes de Oca, Curridabat y San Juan, San Diego y Concepción de La Unión que exijan la información que afecta el estado de salud general de sus poblaciones y que se pronuncien al respecto.

Solicitamos:

  1. La solidaridad nacional e internacional, ante la amenaza de privatización de la salud pública de nuestras comunidades, lo cual es una puerta abierta, para la privatización de todo el sistema de salud público, como ya sucede en otros lugares del mundo.

JUNTA DE SALUD DE MONTES DE OCA 2014-2017

Más información:

juntasaludmontesdeoca@gmail.com

Dagmar Facio Fernández 8843-4307

Marcela Zamora Cruz 8705-6934

Junta de Salud de Montes de Oca exige informacion a la CCSS contrato de EBAIS UNIBE
Este jueves 10 de agosto realizaron Piquete en las oficinas centrales de la Caja contra la privatización de los EBAIS del Este. Foto compartida por Rafael López Alfaro.

Enviado por Marcela Zamora Cruz, Junta de Salud de Montes de Oca.

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Honduras: denuncian amenazas, hostigamiento policial y criminalización de defensores de derechos humanos

Señor Fernando Neda Castro

Oficina Pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras

OACNUDH

Su Despacho.

 

Atención señora Silvia Lavagnoli

Representante Adjunta.

 

Agradecer la socialización del comunicado de prensa del grupo de expertos de la ONU, relacionado con el atentado criminal que fuera objeto nuestro compatriota defensor de los DDHH, OSMIN DAVID VALLE CASTILLO, gerente del programa del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI – SOMOS CDC, el pasado 10 de julio de 2017 cuando regresaba a su casa de habitación en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el cual condenamos y exigimos de las autoridades competentes una investigación inmediata, oportuna y exhaustiva para dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales para la deducción de las responsabilidades penales y brindar protección inmediata y efectiva a la seguridad, libertades y vida del compañero defensor de los DDHH.

Lo anterior es un reflejo de la fragilidad y vulnerabilidad a la que estamos expuestos los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras, especialmente desde que se produjera el GOLPE DE ESTADO MILITAR RELIGIOSO contra el gobierno legítimamente constituido en aquella fecha del 28 de junio del 2009, por parte de la oligarquía nacional, el Pentágono y la derecha internacional, condenado por la ONU, La CIDH, La FIDH, el PARLACEN, reconocido por la Comisión de la Verdad en su informe final, lo que ha justificado la instalación por parte de las Naciones Unidas a petición del Estado hondureño, de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, por los más de 60 mil muertes violentas ocurridas en estos años y su mandato de coadyuvar y fortalecer los procesos, programas y proyectos tanto del gobierno como de la sociedad civil para restablecer la institucionalidad democrática y el ESTADO DE DERECHO, que nos lleve a los hondureños y hondureñas como nación libre y democrática restablecer el sistema de las garantías y libertades constitucionales de la población y la ciudadanía preceptuadas en las leyes nacionales y los convenios y tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José.

Somos decenas de compatriotas dedicados a esta noble causa y labor por la que hemos sido objeto de amenazas, persecución, agresiones y hasta pérdida de la vida como el caso de la compañera Berta Isabel Cáceres Flores que en algún momento en el desempeño de nuestro trabajo de defensa, protección, promoción, asesoría, acompañamiento y veeduría en materia de justicia en favor de millares de compatriotas víctimas de violaciones a los derechos humanos por actos constitutivos de abuso de autoridad y poder por parte del Estado y sus autoridades, grupos o personas con poder fáctico.

CASO O SITUACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DEL AMBIENTE DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. CONFLICTO SOCIAL

Actualmente están siendo criminalizados por el Estado de Honduras (10 líderes ambientalistas), miembros del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO) y pobladores vecinos del Boulevard de la Villa de San Francisco, perseguidos, amenazados y hostigados constantemente por parte de la ENEE, Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público, Procuraduría General de la República y ahora en los ÚLTIMOS 12 DÍAS desde el 25 de julio por parte de la Policía Nacional al mando del Sub Comisionado de Policía JOAQUIN FLORES MARADIAGA de la Jefatura Departamental No. 8 de la ciudad de Talanga (TEL. 2775-8261 Y 2775-9275, quien supuestamente cumpliendo órdenes superiores desde el pasado martes 25 de julio 2017, desde altas horas de la madrugada (3:00 a.m. y 4:00 a.m.) ha movilizado entre 60 y 80 efectivos policiales y militares y comandos del Escuadrón COBRAS para amedrantar, amenazar e intimidar hasta con los fusiles de asalto CERROJEADOS como el pasado viernes 04 de agosto 2017 entre las 3:40 a.m. y 5:40 a.m. (Cuándo llego con 5 patrullas al municipio y luego llegaron 7 patrullas más y un Camión Comando de COBRAS, quien al ver la reacción de los pobladores unas 200 personas que en forma pacífica se les acercaron y le dijeron, está es su responsabilidad histórica, quítenos la vida si quiere, nadie anda armas, somos una comunidad pacífica, aquí no hay criminalidad, pero es su responsabilidad por lo que pase aquí, ordeno de inmediato la retirada de todos los militares y agentes policiales). Amenazar que son constantes a los dirigentes y líderes ambientalistas y más de 400 pobladores del Municipio de la Villa de San Francisco, departamento de Francisco Morazán, por oponerse a la instalación de LINEAS DE ALTA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (LINEAS K Y B DE 69 MIL VOLTIOS) por el Casco Urbano de la ciudad del proyecto AMPLIACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE BIOMASA adjudicado mediante contrato de varios años a la EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES, previo al otorgamiento de una licencia ambiental No. 070-2015 en el año 2015 y resolución No. 0435-2015 por parte de la SERNA o MI AMBIENTE que preside el señor Ministro Ingeniero JOSÉ LUIS GALDAMEZ de forma irregular al no haber sido debidamente, INFORMADA, CONSULTADA Y SOCIALIZADA la misma con la población como lo establece la Ley de Municipalidades, La Ley General del Ambiente y tratados internacionales en la materia, según el informe y dictamen técnico de la Dirección de Evaluación E impacto Ambiental DECA y el SINEIA, al falsear la información y por lo cual se ha presentado una PETICIÓN mediante escrito formal por parte de los habitantes ante la SERNA o MI AMIENTE, el pasado 07 de mayo de 2017, para la revisión, suspensión y cancelación de dicha licencia ambiental y el día de ayer lunes 07 de agosto 2017, se ha formalizado denuncia ante la Misión Internacional de Apoyo al combate a la Corrupción e Impunidad en Honduras MACCIH, por considerarse se cometieron supuestos actos de corrupción en la tramitación y otorgamiento de la licencia ambiental y los contratos de suministro de energía eléctrica con la SERNA y la ENEE No. 066-2014, sin que se haya aprobado la licencia respectiva, la cual fue recepcionada con la documentación respectiva.

Los pobladores y la misma Corporación Municipal como autoridad máxima del municipio, estiman que dicho proyecto es de interés nacional y de gran utilidad para el país, pero su oposición es al tránsito de las líneas o cables de alta transmisión por el casco urbano de la ciudad por temor de los daños que en materia de salud ambiental, especialmente la generación de LEUCEMIA INFANTIL y cáncer en las personas mayores y posibles accidentes por ser una zona altamente poblada de conformidad con estudios y estándares internacionales en la materia sobre los efectos del campo electromagnético o radiación electromagnética.

CRIMINALIZACIÓN DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DEL AMBIENTE POR PARTE DE LA ENEE, FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS COMUNES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA COMO INSTITUCIÓN REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS. EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 119-2017 DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA CIUDAD DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, PRESENTADO EL 27 DE ABRIL DE 2017. JUEZ, ABOGADO OSIAS JUAREZ.

IMPUTADOS

1.-JOSÉ JORGE AGUILAR PONCE, IDENTIDAD 0827-1970-00058 cel.9726-6139

2.- JAIRO RAÚL PONCE TRUJILLO, IDENTIDAD 0827-1985-00072

3.-PEDRO CECILIO PONCE GARCIA, IDENTID 0826-1953-00083 C.3231-9345

4.- RODOLFO QUEZADA BENGTSON, IDENTIDAD 0827-1954-00081

5.- SAMIR RODIL DURON VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1965-00009

6.- LUIS ALBERTO CHACON REYES, IDENTIDAD 0708-1977-00315

7.- CARLOS HUMBERTO MURILLO PONCE, IDENTIDAD 0827-1982-00229

8.- CONCHA MARIA ELVIR VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1964-00002

9.- SONIA MARÍA QUEZADA ROSA, IDENTIDAD 0827-1981-00159

10.- SANTOS ESTER VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1988-00205

Todos mayores de edad, casados unos y solteros otros, vecinos del municipio de la Villa de San Francisco.

DELITOS IMPUTADOS: USURPACIÓN EN PERJUICIO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), POR REQUERIMIENTO FISCAL, EL CUAL LUEGO DE UNA PRESENTACIÓN VOLUNTARIA DE LOS IMPUTADOS Y DECRETADAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS A SU FAVOR, EN LA AUDIENCIA INICIAL CELEBRADA EL MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017, DE LAS 11:00 A.M. A LAS 5:30 P.M. LES FUE DECRETADO SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, POR LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y MEDIOS DE PRUEBA DE PARTE DE LOS ORGANISMOS ACUSADORES, QUIENES SE HAN IDO EN APELACIÓN ANTE LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, PARA EFECTO QUE LES REVOQUEN EL SOBRESEIMIENTO Y EL JUZGADO LES DECRETE AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO POR EL DELITO DE USURPACIÓN ARTÍCULOS 227 Y 231 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE.

 

Abogados de la ENEE

Abogada Zulema Duarte, cel. 3379-4919

Abogada Norma Núñez, cel. 8916-7515

 

APODERADAS LEGALES EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES

Abogada Smirna Ivette García Medina, casada, colegiación No. 13,599, oficinas Col. Palmira, calle República de Venezuela No. 2156, Tel. 3284-8419, 2238-5242 Telefax 2238-1026. Email: smirmg@yahoo.es

Abogada Aixa Gabriela Zelaya Gómez, casada, colegiación No. 14869, teléfono 3389-2550. Email: aixagzg@gmail.com

Abogada Fany Martínez

 

ABOGADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Abogado Milton Noel Paz Pineda, Coordinador Fiscalía de Talanga, cel. 9454-2920 Fijo: 2775-7486

Abogada Wendy Xiomara Murillo, colegiación No. 12480 del Colegio de Abogados.

Abogada Karen Motiño, de Fiscalía Delitos Comunes

 

DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN (DPI)

Inspectora de Policía Fany Barahona, Jefa de la DPI de la ciudad de Talanga. Cel. 9461-0114, tel. 2775-9275.

 

JEFATURA DEPARTAMENTAL No. 8 CIUDAD DE TALANGA

Sub Comisionado de Policía Don JOAQUIN FLORES MARADIAGA. Tel. 2275-8261

 

DENUNCIAS PREVIAS CONTRA LOS DEFENSORES DE DDHH AMBIENTALISTAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

1.- MP-104-2017, Fiscalía de Talanga.

2.- MP -1487880502-2017, Fiscalía de Delitos Comunes

3.- MP- 1489414418-2017, Fiscalía de Delitos Comunes

Todas incoadas por las apoderadas legales de la ENEE, abogadas Zulema Duarte y Norma Núñez por órdenes del señor Gerente General de la ENEE ingeniero Jesús Arturo Mejía Arita, resolviendo en Auto Motivado la ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES, por la sección de instrucción por medio de la Fiscal Jefa, Sección de Instrucción Fiscalía Especial de Delitos Comunes Abogada Wendy Xiomara Murillo.

El Ministerio Público no obstante que en reunión previa con el abogado Milton Noel Paz Pineda en su sede fiscal de la ciudad de Talanga, se les presento un escrito junto con la documentación respectiva, para coadyuvar en el proceso de investigación y que tuvieran una actuación objetiva e imparcial en representación de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD (es decir garantizar el derecho a la salud de la población de la Villa de San Francisco, así como el derecho a ser informados, consultados y tomados en cuanta para cualquier proyecto de desarrollo, económico, turístico o comercial que les pueda afectar en su ámbito o espacio territorial) como se los manda el artículo 1 de la Ley del Ministerio Público, hicieron caso omiso y consideramos que por las presiones e influencias posiblemente de la gerencia de la ENEE, su Gerente Jesús Arturo Mejía Arita, el propio gobierno de la República y la empresa Azucarera Tres Valles, optaron por criminalizar a los defensores ambientalistas con la finalidad de intimidarlos, dividirlos y amedrentarlos en su justa lucha por defender su ambiente y la salud de la población. Por lo que a nuestro criterio como Procurador de los Derechos Humanos, considero se ha producido una colusión entre entidades públicas del Estado para criminalizar y perseguir a los defensores y defensoras del ambiente.

DENUNCIA EN LA FISCALÍA DEL AMBIENTE POR PARTE DE CAPIRHO Y POBLADORES VILLA DE SAN FRANCISCO No. 1487195560-2017

Presentada por el Ingeniero José Jorge Aguilar Ponce, presidente Comité Ambientalista Independiente CAPIRHO y el señor Pedro Cecilio Ponce García coordinador de los vecinos del Boulevard la Villa de San Francisco, por los delitos de DAÑOS AL AMBIENTE por el corte ilegal de centenares de árboles maderables por parte de la empresa concesionaria del proyecto eléctrico AZUCARERA TRES VALLES, actualmente en proceso de investigación fiscal.

No. 1487195560- 2017 del 15 de febrero de 2017. Fiscal Titular abogada Lorena Fernández Meza. Teléfonos 2221-3099, 2221-5620 extensión 2217. Email: gmrodriguez64@gmail.com Secretaria Gloria Rodríguez.

 

ACTORES PRIVADOS INVOLUCRADOS

1.- EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES

Ingeniero Walter Kenneth Reyes Alvarado, Gerente General. Emailwreyes@tresvalles.hn

Licenciado Leonardo Ulloa, Administrador

Gavin Alvarado, CATV. Email galvarado@tresvalles.hn

Ingeniero José Antonio Reyes Guillen, gerente de Industria. Emailjareyes@tresvalles.hn

Wilson Henríquez M. email whenriquez@tresvalles.hn

Teléfonos de contacto. 2766-3354, 2766-3381, fax 2766-3356.

 

2.- EMPRESA CONSTRUCTORA ENERCOM

Ingeniero Carlos Suazo, gerente general

Ingeniero Arnold Meza Gerente Tegucigalpa

Ingeniero H. Raúl Enamorado, supervisor de instalaciones eléctricas

Licenciado Carlos Hernández, Auditor

Ingeniero Francisco Casco, supervisor civil

Ingeniera Laura Flores, supervisora de ambiente

Ingeniero Emilio Alfaro, supervisor de proyectos

Ingeniera Eloísa Guillen, supervisora civil

Nelson Isaías Méndez Padilla, empleado, identidad 1501-1982-00504

Henry Francisco Sauceda, empleado, identidad 0801-1975-20790

Dirección: Col. Arenales- Satélite, salida hacia la Lima, local #2, San Pedro Sula. Tel. 2559-1277, 2559-1257, 2559-1289

Tegucigalpa, Centro Comercial Los Próceres. Tel. 2280-2929, fax 2280-2930.

 

3.- Notario

Abogado José Eliodoro Zamora Flores, colegiación No. 2627, execuátur No. 1624, oficnas colonia Loma Linda Norte, intersección avenida Vernon y avenida Huri-FAO, casa No. 2643.

 

4.- CORPORACIÓN MUNICIPAL

Alcalde Municipal de la Villa de San Francisco, ingeniero agrónomo JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA, testigo

 

5.- ENEE

Ingeniero Jesús Arturo Mejía Arita, gerente general

Señor Carlos Roberto Ballesteros Vallecillo, testigo

 

SERNA O MI AMBIENTE

Ingeniero José Antonio Galdámez Fuentes, Secretario de Estado en los Despachos de Energía, Recursos naturales, Ambiente y Minas.

 

Como es de su conocimiento señora Silvia Lavagnoli, Representante Adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, el pasado martes 01 de agosto solicitamos a la Vice Ministra de Derechos Humanos Abogada Norma Cerrato, la mediación del gobierno central de la República para prevenir una represión policial militar contra los habitantes de este término municipal de la Villa de San Francisco, por estar siendo hostigados, amenazados y perseguidos durante 12 días consecutivos por la Policía Nacional de Honduras al mando del Sub Comisionado de Policía JOAQUIN FLORES MARADIAGA en cumplimiento de supuestas órdenes superiores, sin acreditar ninguna orden por escrito o una orden de carácter judicial, en virtud que otras autoridades competentes del Estado de Honduras ya están conociendo del asunto. En ese sentido la señora Vice Ministra de DDHH autorizo a la Licenciada Kenia Irías Directora General de la Dirección General de Análisis, Mediación y Resolución de Conflictos dependiente de dicha Secretaría de Estado, realizar una investigación, instruir las medidas de prevención del caso ante las autoridades y jefes policiales, funcionaria que el día de ayer lunes 07 de agosto constituyo una Comisión integrada por el Abogado Roberto López y la abogada Escalante para personarse ante la Delegación Departamental No. 8 de la ciudad de Talanga, la comunidad de la Villa de San Francisco y las demás autoridades municipales y estatales para iniciar un proceso de mediación y resolución de este conflicto social comunitario que amenaza con vulnerar los derechos y libertades fundamentales de los defensores y defensoras de derechos humanos del ambiente y los recursos naturales de este término municipal y a quienes ya el pasado mes de febrero de 2017 el CONADEH les decreto medidas de seguridad por parte de la misma policía nacional.

De conformidad con la misma Carta de las Naciones Unidas en sus artículos 55 y 56 El Estado de Honduras se ha obligado a respetar, garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos en el ámbito de su jurisdicción, ya sea por medio de medidas conjuntas o separadas en cooperación con la ONU, así como los deberes y obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La Convención Americana (CADH) en sus artículos 1 y 2 sobre las obligaciones generales de respetar y garantizar estos derechos fundamentales que están obligadas a observar todas las autoridades competentes.

Si el gobierno de la República es su voluntad política de promover y desarrollar una cultura y Estado de Derecho al interno del Estado y la sociedad hondureña, debería de iniciar una política integral de prevención de todo abuso de autoridad por parte de los entes competentes, garantizando de forma efectiva el trabajo de los y las defensoras de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en la constitución, las leyes y tratados internacionales.

En ese sentido solicito a la OACNUDH, demandar de forma urgente del gobierno de la República que preside el abogado Juan Orlando Hernández el cese de todo ACTO DE REPRESIÓN, HOSTIGAMIENTO E INTIMIDACIÓN por parte de las autoridades policiales y militares en contra de los pobladores habitantes de la Villa de San Francisco y los miembros directivos del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO) en su legitima lucha de defensa del medio ambiente y la salud de la población infantil y adulta garantizados por el artículo 145 y 326 constitucional y otras leyes de carácter general como La Ley General del Medio ambiente y la Ley de Municipalidades vigentes en el marco de la implementación de este proyecto “Ampliación de Generación de Energía Eléctrica a través de Biomasa y la Red de Conexión al Sistema de Distribución, por considerar que les afectará en sus derechos y salud al pasar las líneas del cableado de alta tensión (69 mil voltios) por el casco urbano y centro poblado de la ciudad, del cual ya hay referencias locales que por estar instalado ilegalmente otro proyecto de esta misma compañía Azucarera Tres Valles sin la respectiva licencia ambiental de supuestos 34 mil voltios que pasan por el mismo boulevard para su uso privado, ya hay unas 12 personas afectadas con CANCER y sin posibilidad de tratamiento especializado alguno.

 

Tegucigalpa, MDC 08 de agosto de 2017.

 

LEONEL CASCO GUTIÉRREZ

Procurador de los Derechos Humanos

Director General APRODEH

Cel. 9892-6935/8764-7649

Email. Clai.ddhh.leonelcasco@gmail.com y aprodeh.hn@gmail.com

 

*Imagen con fines ilustrativos.

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El Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Costa Rica

Comunicado

 

La Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR), en conmemoración del 23° aniversario del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), aprobado por la Asamblea General de la ONU, mediante resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994,

MANIFIESTA:

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fue constituido con la finalidad de fortalecer y reconocer: la cooperación para la solución de los problemas con que se enfrentan las comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud; el valor y la diversidad de las culturas y formas de organización social de los pueblos; la importancia de establecer un foro permanente para los pueblos indígenas en el Sistema de la ONU; el desarrollo de las pueblos indígenas en sus países contribuirá al adelanto socioeconómico, cultural y ambiental de todos los países del mundo; y la capacidad humana e institucional de los pueblos indígenas para que puedan encontrar soluciones propias de sus problemas.

Año tras año, los pueblos indígenas vienen denunciando el incumplimiento de sus derechos por el estado nacional, y demandando, proponiendo y recomendando la adopción de soluciones concretas a los temas de fondo que obstaculizan su desarrollo autónomo y el buen vivir.

Recordamos y condenamos enérgicamente el histórico y triste hecho de la Asamblea Legislativa,  que en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas de 2010, expulsó violentamente de su edificio a un grupo de hermanas y hermanos indígenas, cuando demandaban la aprobación del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas.

Ante las constantes denuncias indígenas en los entes de derechos humanos e indígenas de la ONU, estas instancias han llamado la atención y emitido recomendaciones para que el estado costarricense cumpla con los derechos indígenas, entre otros temas: tierra y territorio; salud; educación; niñez, adolescencia; gobernabilidad; migración y trabajo; actualización de la normativa indígena (aprobación del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, Expediente N° 14.352). El estado ha emitido informes de cumplimiento de las recomendaciones, mismos que no necesariamente responden a la realidad, por lo que la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR) y otras organizaciones indígenas, han presentado informes alternativos. Las recomendaciones que en su inmensa mayoría no han sido atendidas por el país.

Los pueblos indígenas desde su propia visión, a iniciativa propia propusieron al estado costarricense una agenda indígena que incluye: a) Tierra y territorio (Seguridad Territorial); b) Gobernabilidad en los Territorios Indígenas; c) Estrategia de Desarrollo Nacional de los Pueblos Indígenas desde su Propia Visión; d) Consulta y Participación Indígena; e) Nueva institucionalidad para la relación Gobierno – Pueblos Indígenas; y f) Actualización e Implementación de la Legislación Indígena.

Celebramos los primeros pasos del poder ejecutivo en el abordaje de los temas de seguridad territorial; estrategia de desarrollo nacional indígena; y consulta y participación indígena.

Lamentamos el desinterés de los poderes ejecutivo y legislativo, a los  23 años de demanda y propuesta indígena para la aprobación del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, tiempo que coincide con la fecha de creación del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Destacamos que en los últimos cuatro años (tanto del periodo gubernamental anterior como actual), el proyecto de ley ha pasado durmiendo el sueño de los justos.

Deploramos que la Asamblea Legislativa, continúe desconociendo en la práctica la consulta indígena en todos aquellos proyectos de ley que les afectan directamente.

 

Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR)

Correo electrónico: mesaindigena@yahoo.com

Mesa Nacional Indigena

*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de la UCR.

Enviado por MNICR.

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Costa Rica logra reducir la brecha digital

  • Desigualdad en cuanto acceso a tecnologías disminuye pero tarea está aún pendiente en población adulta mayor y personas con discapacidad

 

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Costa Rica logra reducir la brecha digital
La brecha digital por tenencia o acceso a la tecnología se está cerrano pero, la brecha también tiene una dimensión de uso ¿Si lo tiene, en verdad lo aprovecha? Es una pregunta que cada usuario debe hacerse antes de empezar a navegar y cada vez que lo haga.

Cada año que pasa, en términos generales Costa Rica logra cerrar la brecha digital, esa odiosa desigualdad entre quienes pueden y los que no pueden tener acceso a Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Es sin duda una noticia positiva, sin diferenciar por ingreso, zona geográfica, edad o nivel educativo, cada vez más los habitantes en territorio costarricense tienen las mismas posibilidades de beneficiarse de las oportunidades digitales.

La afirmación anterior sin embargo no se puede generalizar, el estudio “Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento para el 2017” elaborado por el Programa Institucional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic) de la Universidad de Costa Rica (UCR), revela también retos en cuanto a la brecha digital, que es por el contrario creciente en la población adulta mayor y con alguna condición de discapacidad.

¿Qué hicimos bien? De acuerdo con el Índice de Desarrollo de las TIC, (IDI por sus siglas en inglés), elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Costa Rica ocupa el cuarto lugar en la región latinoamericana, está por debajo solo de Uruguay (47), Argentina (55) y Chile (56); y ocupa el puesto 57 de un total de 177 economías evaluadas en el 2016.

Es una buena calificación, que evidencia una tarea bien hecha en tres factores evaluados: acceso, uso y habilidad de la población para utilizar tecnologías. Es decir, que la población de Costa Rica tiene posibilidades reales de tener acceso a un celular, computadora e Internet, que además de tener el equipo necesario, usa las herramientas para navegar de forma más o menos intensa y que cuenta con las capacidades o habilidades que le permiten hacerlo.

Se puede puntualizar que “Hay un crecimiento sostenido de acceso de telefonía móvil e Internet y una disminución también sostenida de la brecha en dos de sus principales componentes: ingresos y nivel educativo” concluye Alejandro Amador Zamora, investigador del Prosic y responsable del capítulo sobre uso de las TIC en el informe anual del Prosic, 2017.

El informe Prosic-UCR para el presente año fue presentado el 4 de julio anterior y revela según la metodología utilizada, que del 2010 al 2016 se registra una reducción de la brecha digital para los hogares con jefatura femenina, para los habitantes de zonas rurales, para las personas de menos ingresos y de menor nivel educativo.

Sin embargo, la historia no es igual de positiva para los hogares con adultos mayores y personas en condición de discapacidad. Para estos casos la brecha digital por el contrario es creciente o se mantiene. (Ver recuadro: “Reducción de brecha digital”).

Sustituir celular por computadora, no es buena idea

El trabajo para lograr desaparecer la brecha digital debe continuar y los pasos a seguir son claros. El más evidente es ofrecer más oportunidades a más personas de tener acceso a una computadora. La popularización del celular inteligente está sustituyendo a la computadora personal o PC, pero este paso no es del todo deseable.

La telefonía móvil se democratizó, el acceso a computadora no y eso tiene implicaciones pues el celular es limitado como un factor generador de riqueza.

“Con un celular no se puede escribir un documento, no se puede trabajar una hoja de cálculo, no es posible generar un buen diseño gráfico, el mismo Facebook para sus páginas comerciales ofrece muchas más opciones si se accesa desde una computadora”, explica el investigador del Prosic, Alejandro Amador.

El estudio del Prosic, 2017 demuestra que las personas de menores ingresos y con menor instrucción académica tienen muchas más dificultades y menos oportunidades de poder hacer uso de una computadora personal (PC). En la actualidad una persona con grado universitario tiene 12,28 veces más posibilidades de tener una computadora en comparación con personas con el menor nivel de instrucción, a la vez una persona del Quintil V (de más ingresos) tiene 9,46 veces más opciones de tener acceso a una PC, que aquellas de menores ingresos. Aunque estas desigualdades se han reducido del 2010 a la fecha, aun siguen mostrando la existencia de una brecha digital.

Presentación del Informe del PROSIC (Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento)
Andrea Salas Matamoros, coordinadora del Prosic, presentó el informe anual el pasado 4 de julio, 2017. – foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Por el contrario, el estudio no logra evidenciar la existencia estadística de una brecha digital por zona geográfica en cuanto a tenencia de móvil. Para el 2015, una persona de una zona urbana tenía 1,32 veces más posibilidades de tener acceso a telefonía móvil en comparación con una de zona rural, para el 2016 esa diferencia ya no existía, o al menos no se evidenciaba.

Tener acceso a las TIC y usarlas

El uso de los contenidos que se despliegan en el celular y otros dispositivos sigue siendo un reto cada vez mayor para la población con alguna condición de discapacidad, que no solo debe solventar los problemas de acceso al hadware sino que también debe saltar la barrera de los contenidos no optimizados.

Para ellos la brecha digital es creciente, con la única excepción del acceso a celular, donde sí hay una reducción.

Al respecto, Alexa Torres, estudiante de filología española de la UCR, con condición de discapacidad visual y activista advierte que el país ocupa política pública que garantice acceso a los contenidos digitales a esta población.

Un caso similar experimentan los adultos mayores, para quienes la brecha también se está ampliando en las tres variables, acceso a Internet, tenencia de computadora y celular. El país no está ofreciendo a esta población creciente las condiciones necesarias para que logren aprovechar las ventajas de las TIC.

El uso de las TIC en todos los niveles también sigue siendo un reto. Cuando se habla de brecha digital hay distintos momentos y en un segundo nivel el concepto tiene que ver con la calidad de uso de las tecnología. El problema es medirlo, porque conocer la tenencia es relativamente fácil, pero medir el uso es mucho más complejo, es saber para qué se usa y qué ventajas reales aprovecha. Es una pregunta que cada usuario debe hacerse antes de empezar a navegar y cada vez que lo haga.

Recuadro: Reducción de brecha digital

“Odds ratio” (OR) expresa qué tan probable es la variable dependiente (Tenencia de la TIC) cuando se encuentra en presencia otras variables. La tabla indica por ejemplo que los hogares con jefatura femenina en el 2016, tienen 0,64 veces más probabilidades de tener acceso a teléfono celular, que uno con jefatura masculina.

OR Acceso a Internet OR Tenencia de Computadora OR Tenencia de Celular
Características del hogar 2010 2015 2016 2010 2015 2016 2010 2015 2016
Jefatura Femenina 0,81 0,63 0,71 0,77 0,81 0,65 0,64
Solo mayores de 65 años en el hogar 0,26 0,30 0,37 0,47 0,51 0,19 0,19 0,20
Personas con discapacidad en el hogar 0,69 0,74 0,67 0,74 0,79 0,77 0,69 0,51
Zona Urbana 2,16 1,54 1,67 1,70 1,61 1,52 1,94 1,32
Tamaño del hogar 1,08 1,06 1,08 1,31
Quintil de ingreso del hogar (Base Quintil 1)
Quintil 2 1,68 1,57 1,36 1,72 1,61 1,85 1,64 1,70 1,65
Quintil 3 2,54 1,99 1,83 2,79 2,66 2,71 2,08 2,09 1,78
Quintil 4 5,24 2,98 2,93 4,54 4,48 4,78 3,40 3,01 2,98
Quintil 5 12,49 6,31 5,00 8,81 10,73 9,46 9,04 3,33 2,96
Característica educativas del hogar (Base Grado de instrucción primaria)
Grado de instrucción secundaria 4,87 1,90 2,08 3,50 3,62 2,74 1,77 3,00 2,11
Grado de instrucción universitaria 16,38 3,95 4,61 17,24 17,09 12,28 3,49 6,42 3,48
Personas que asisten al sistema educativo en el hogar 2,22 1,93 2,19 3,07 3,07 3,02 1,73 4,35 3,80

NOTA: Resultados de los OR de las regresiones logísticas.

Fuente: Informe Prosic-UCR, 2017 Tabla 4.16

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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FRENAPI: a siete años del desalojo violento en la Asamblea Legislativa de un grupo de líderes indígenas

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El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) conmemoró el Sétimo Aniversario del Desalojo Violento de la Asamblea Legislativa de un grupo de líderes indígenas. FRENAPI es una organización indígena integrada por indígenas de los diferentes pueblos que se encuentran en el país, cuentan con el apoyo de organizaciones sociales y ecologistas, sindicatos, iglesias, universidades, asociaciones, personas independientes, de Derechos Humanos, entre otras.

En agosto del 2010 en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, compañeras (os) de diferentes pueblos del país realizamos una actividad en la Asamblea legislativa para demandar una respuesta gubernamental sobre el futuro de la Ley de Desarrollo Autónomo los Pueblos Indígenas # 14.352, la cual garantiza que muchos de nuestros derechos se respeten, establece los mecanismos de relación entre nuestros Pueblos y el Estado y los particulares, todo dentro del marco de nuestra Constitución Política y los Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica. Sin embargo, la respuesta que obtuvimos fue el desalojo violento con un grupo de al menos 50 antimotines de la Fuerza Pública que golpeó a hombres y mujeres, apoyados por altos funcionarios de la seguridad interna del edificio legislativo.

En ese momento expresamos “Somos los habitantes originarios de esta Madre Tierra, nuestros derechos ancestrales y milenarios, de antes que llegara la conquista, están siendo usurpados e irrespetados, ni siquiera se respeta el Convenio #169 de la OIT, que está ratificado por el Estado Costarricense”.

Lastimosamente, siete años después de estos hechos y dos décadas de que este proyecto de Ley este en discusión en la Asamblea legislativa, no ha sido aprobado, y las amenazas han crecido, como presión de los invasores no indígenas ilegales por nuestras tierras, casas quemadas, mujeres golpeadas, hombres baleados, macheteados, enjuiciados y encarcelados, sin sentencia alguna, además de amenazas de proyectos como REDD+, hidroeléctricas, entre otras.

No olvidamos este lamentable hecho de racismo y desprecio para con una de las raíces de la sociedad costarricense. A partir de este hecho, la asamblea de FRENAPI decidió regresar a sus comunidades a construir la Autonomía recuperando sus territorios y otros derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Para mayor información comunicarse al teléfono 2223-4472 ó al correo serpajcostarica@gmail.com

 

Enviado por Coecoceiba.

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