La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) solicitó a la Junta Directiva se anule el acuerdo tomado días atrás para incrementar en un 1% adicional el porcentaje de cotización de los trabajadores al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
En este sentido, UNDECA considera que este acuerdo se dio en medio del mayor secretismo, con total falta de transparencia, de forma sorpresiva, invisibilizando a los 1.5 millones de personas trabajadoras, se aumentando un 1% adicional, de forma que al completar la reforma del 2005 los trabajadores del país estarán pagando un 2% más al régimen de IVM.
Contrario al compromiso que manifestó la Presidencia Ejecutiva, incluso en forma escrita al BUSSCO, donde indicó que una vez que se concluyera el estudio realizado por los tres funcionarios de la UCR, se convocaría a diversos sectores sociales, para que en un proceso de diálogo nacional se discutiera el futuro del régimen.
“Desde nuestro punto de vista, este acuerdo no está sustentado en argumentos legítimos primero porque lo carga exclusivamente sobre las espaldas de la clase trabajadora y adicionalmente, es ilegítimo porque no se realizó una consulta previa. Asuntos de esta envergadura exigen la consulta, al menos, de los representantes de los sectores afectados en resguardo de los derechos legítimos de las y los trabajadores”, detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de UNDECA.
El incremento se cargó exclusivamente, como se dijo, a la clase trabajadora del país, lo que evidencia la complacencia a las exigencias del sector político empresarial y ocultando la continua injerencia política y la falta de transparencia de los altos mandos en el manejo de los fondos.
Por último, pareciera que el gobierno no tiene interés alguno en iniciar un proceso de diálogo en esta materia, sino que se obstaculiza con esta arbitraria y prematura medida, que debe dejarse sin efecto en forma inmediata, si se quiere evitar la confrontación y en aras del diálogo social.
En el recurso dirigido a la presidenta ejecutiva de la CCSS, se señala:
“Este acuerdo resulta sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico por los siguientes motivos:
1.- Falta de transparencia de la Junta Directiva CCSS en contravención con las normas éticas de desempeño de la función pública…. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene un Código de Ética, que los primeros obligados en cumplir son los integrantes de esa Junta Directiva, que en el presente asunto, el acto cuestionado deja tanto que desear, porque se faltó al deber de transparencia, un principio inherente al ejercicio de la función pública en cualquier ordenamiento democrático”.
El documento agrega las consideraciones siguientes:
“2.- Falta de legitimidad del acuerdo impugnado por omisión del trámite de consulta previa”.
3.- Manifiesta ilegalidad del acuerdo porque ese incremento de la contribución se cargó exclusivamente a la clase trabajadora del país
4.- Nulidad del acuerdo impugnado por un vicio esencial en la motivación de dicho acto. Un acuerdo de este tipo constituye un acto administrativo, de carácter reglamentario, que como cualquier acto administrativo tiene que tener un motivo suficiente, válido y legítimo, que corresponda o sea proporcional al contenido de dicho acto. El motivo, elemento material del acto administrativo, es el presupuesto jurídico, el hecho condicionante, que da génesis a dicho acto. La falta o defecto sustancial en el motivo, constituye un vicio del acto administrativo, que produce su nulidad absoluta (art. 132, 133 en relación con el art. 166 LGAP). En el acuerdo impugnado se echa de menos un “motivo” que se ajuste a las exigencias del ordenamiento jurídico. Este acuerdo, al tenor del cual se le cargó exclusivamente a la clase trabajadora el incremento de la contribución en el RIVM, carece de razonabilidad y justificación técnica.
5.- Falta de oportunidad y conveniencia publica de este acuerdo. Además de los graves vicios que contiene este acuerdo, no contribuye a que se desarrolle el proceso de diálogo que anunció esa Presidencia Ejecutiva…”.
Como pretensión del recurso, UNDECA señala: “Con fundamento en los motivos expuestos, UNDECA comparece a deplorar este desafortunado y pernicioso acuerdo, que tanto daño causa a la clase trabajadora, el cual solicitamos reconsiderar y dejar totalmente sin efecto”.
Enviado a SURCOS por Martín Rodríguez E., Unidad de Comunicación, UNDECA.
Este 16 de enero del 2017, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció que Costa Rica ha iniciado un nuevo procedimiento contencioso contra Nicaragua ante la CIJ, esta vez debido a la presencia de un campamento militar ubicado en la playa contigua a la Laguna de Portillos en la costa caribeña, correspondiente al último sector de la frontera entre ambos (véase nota de La Nación). Con esta demanda (ver texto integral e inglés), ambos ribereños del Río San Juan suman la cuarta demanda en los últimos seis años, una cifra nunca registrada en los estrados de la justicia internacional (Nota 1), y que denota una capacidad de negociación de ambos aparatos diplomáticos bastante reducida. Por más conflictivas sean las relaciones entre dos Estados vecinos, nunca se había observado en la historia un uso tan sostenido como recurrente del juez internacional. En una emisión de radio en France Culture del pasado 2 de mayo del 2016, se habló incluso de una verdadera «sociologie du contentieux» por parte de un experimentado jurista como lo es el Profesor Serge Sur (Profesor emérito de la Universidad de Paris II y ex juez Ad Hoc en la CIJ): escuchar audio en el minuto 48:21 de dicha emisión radial francesa disponible aquí. Según este experto, hay sectores que de ambos lados del río San Juan, encuentran algún tipo de beneficios y de ventajas en mantener tensa la relación, con la consiguiente judicialización de cada controversia entre ambos Estados.
Mapa de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua extraído de nota del programa de Amelia Rueda «Nuestra Voz» (Costa Rica).
La posición externada por Costa Rica a la CIJ
En el comunicado de prensa de la CIJ (ver texto en inglés), se precisa que:
«In its Application, Costa Rica asks the Court to “determine the precise location of the land boundary separating both ends of the Los Portillos/Harbor Head Lagoon sandbar from Isla Portillos, and in doing so to determine that the only Nicaraguan territory existing today in the area of Isla Portillos is limited to the enclave consisting of Los Portillos/Harbor Head Lagoon and the sandbar separating the Lagoon from the Caribbean Sea, insofar as this sandbar remains above water at all times and thus this enclave is capable of constituting territory appertaining to a State”. It claims that “the land boundary runs today from the northeastern corner of the Lagoon by the shortest line to the Caribbean Sea and from the northwestern corner of the Lagoon by the shortest line to the Caribbean Sea”. The Applicant also requests the International Court of Justice “to adjudge and declare that, by establishing and maintaining a new military camp on the beach of Isla Portillos, Nicaragua has violated the sovereignty and territorial integrity of Costa Rica, and is in breach of the Judgment of the Court of 16 December 2015” in the case concerning Certain Activities carried out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua). Consequently, Costa Rica “further requests the Court to declare that Nicaragua must withdraw its military camp situated in Costa Rican territory and fully comply with the Court’s 2015 Judgment”. Costa Rica indicates that it “reserves its rights to seek any further remedies with respect to any damage that Nicaragua has [caused] or may cause to its territory”.
El texto en francés (véase comunicado oficial de la CIJ) se lee de la siguiente forma:
«Dans sa requête, le Costa Rica prie la Cour «de déterminer l’emplacement précis de la frontière terrestre séparant les deux extrémités du banc de sable d’Isla Portillos, et, ce faisant, de dire que le seul territoire nicaraguayen existant aujourd’hui dans la zone d’Isla Portillos se limite à l’enclave composée de la lagune de Los Portillos/Harbor Head et du banc de sable qui sépare la lagune de la mer des Caraïbes, dans la mesure où ce banc de sable émerge en permanence et où cette enclave peut constituer un territoire relevant d’un Etat. Il soutient que «la frontière terrestre court aujourd’hui du coin nord-est de la lagune à la mer des Caraïbes par la ligne la plus courte et du coin nord-ouest de la lagune à la mer des Caraïbes par la ligne la plus courte». Le demandeur prie également la Cour internationale de Justice de «dire et juger qu’en établissant et maintenant un nouveau camp militaire sur la plage d’Isla Portillos, le Nicaragua a violé la souveraineté et l’intégrité territoriale du Costa Rica et contrevient à l’arrêt du 16 décembre 2015 de la Cour» en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa-Rica c. Nicaragua). En conséquence, le Costa Rica «prie encore la Cour de dire que le Nicaragua doit retirer son camp militaire situé en territoire costa-ricien et se conformer intégralement à l’arrêt de 2015 de la Cour». Le Costa Rica indique qu’il «se réserve le droit de former tous autres recours utiles à raison des dommages que le Nicaragua a causés ou pourrait causer à son territoire”.
Foto satelital extraída de artículo de La Nación.
Estas tiendas de campaña militares de Nicaragua en la playa aparecieron en fotos divulgadas en la prensa en noviembre del 2016 (ver nota de La Nación). En su demanda a la CIJ (ver texto integral), las fotos satelitales (p.5) indican con precisión la ubicación de estas carpas militares en la playa, haciendo ver que en el 2013 Nicaragua ubicó otros campamentos en otras partes de la franja de arena. A ese respecto el Anexo I adjunto a la demanda presenta tomas diversas de las diferentes ubicaciones del campamento militar de Nicaragua. También tomas aéreas circularon en Costa Rica a raíz de una inspección in situ de dos expertos designados por la CIJ para ubicar un punto fijado en la playa en 1897. Remitimos al lector a nuestra breve nota sobre la decisión – un tanto inédita – de la CIJ de ordenar dicho peritaje, tomada por los jueces de La Haya en el mes de junio del 2016.
La posición de Nicaragua con relación a este campamento militar
Un intercambio de notas diplomáticas de noviembre del 2016 indica que Nicaragua considera que sus soldados están ubicados en territorio de Nicaragua y que sus autoridades no tienen ninguna intención de retirarlos, mientras que Costa Rica sostiene que esta nueva ubicación corresponde a su territorio (véase nota de La Nación que incluye la respuesta oficial – texto integral – de Nicaragua con fecha del 17/11/2016, así como nota de CRHoy). En la nota diplomática de Nicaragua, sus autoridades hacen ver que la presencia de militares en la barra de arena que colinda con la Laguna de Portillos es de «muchos años», y que Costa Rica así lo ha reconocido en diversas ocasiones: este aspecto será dilucidado con documentos y pruebas que ahora Nicaragua deberá aportar a los jueces internacionales en La Haya. Cabe señalar que al tratarse de una zona costera que ha sufrido severos cambios geomorfológicos desde la firma del tratado de delimitación en 1858 (siempre vigente) y desde los trabajos de una comisión mixta de demarcación en 1897 (Comisión Alexander), la fijación de la línea divisoria en el delta del río San Juan presentó problemas de interpretación en el pasado, en particular con relación a formaciones de arena (o playones, que aparecen y desaparecen en función de las corrientes y de la carga de sedimentos).
Mapa indicando la ubicación del campamento militar de Nicaragua, según artículo de La Nación.
Según la CIJ, en su petición formalmente presentada en estos días, para Costa Rica el playón no puede ser considerado como un territorio salvo que «insofar as this sandbar remains above water at all times and thus this enclave is capable of constituting territory appertaining to a State…/ dans la mesure où ce banc de sable émerge en permanence et où cette enclave peut constituer un territoire relevant d’un Etat”. No cabe duda que los peritajes de ambos Estados con relación al carácter permanente o no permanente de estos playones serán, entre otros puntos, de sumo interés por parte de los jueces en los próximos años (cuatro como mínimo).
Ir a La Haya: un ejercicio que conlleva un costo
Un procedimiento contencioso en La Haya dura usualmente cuatro años, si no se dan incidentes procesales entre las Partes. Se estima – ante la extrema discreción de los Estados sobre el particular – que para cada Estado, el costo de una demanda en La Haya oscila entre unos 6 a 9 millones de US$ en gastos varios para asegurar su respectiva defensa (Nota 2). No obstante el precitado rango de 6 a 9 millones de US$ en un procedimiento normal, dos casos recientes en América Latina arrojan otros datos:
– en el caso de la demanda de Perú contra Chile ante la CIJ, el Poder Ejecutivo chileno reconoció, después de un intento inicial para evadir la consulta (ver decisión de la Corte de Apelaciones del 13/11/2013) haber incurrido en un gasto superior a los 20 millones de US$ (ver nota de prensa);
– en el caso de la demanda de Ecuador contra Colombia interpuesta en el 2008 por aspersiones químicas aéreas, Colombia optó, al obtener el retiro de la demanda, por depositarle a Ecuador la suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ): ver punto 9 del texto del acuerdo suscrito Colombia y Ecuador el 9/09/2013.
En reportes de la prensa de Nicaragua (y sin que se haya logrado consultar por parte nuestra algún documento oficial más preciso) se indicó que se habían destinado más de 10 millones de US$ con relación a la demandas con Costa Rica ante la CIJ (ver nota de prensa).
En el caso de Costa Rica, el 10 de diciembre del 2010, el canciller de la época, René Castro, precisó en una nota publicada en La Nación «País presupuesta $2 millones por año para juicio en La Haya» la previsión presupuestaria hecha para el único caso de Isla Portillos de aquel momento, la cual se ubica en el rango precitado (6 a 9 millones de US$, tomando en cuenta que el procedimiento dura como mínimo cuatro años). Si bien en la prensa han aparecido datos sobre estimaciones de gastos realizados por Costa Rica en estos últimos años, a la fecha se desconoce un monto exacto que se origine en algún documento oficial público en Costa Rica (y que incluya todos los rubros mencionados en la Nota 2). En noviembre del 2013, se puedo leer por parte del canciller de Costa Rica que en tres años se había desembolsado unos 3 millones de US$ únicamente en honorarios a abogados internacionales y viajes a La Haya (ver nota de La Nación).
Además de poder evaluar con precisión los gastos que genera una defensa legal en La Haya para un Estado, se debería también de proceder a evaluar la defensa como tal de las pretensiones esgrimidas. No necesariamente los derechos pretendidos por el Estado que presenta la demanda (el demandante) son confirmados por el juez internacional. Como en todo ejercicio ante un juez, existe siempre un riesgo de no lograr lo que se pretende como Estado demandante: por ejemplo, desde el fallo del 13 de julio del 2009 entre Costa Rica y Nicaragua, los policías de Costa Rica ya no pueden navegar por el Río San Juan, sea en tareas de vigilancia o de observación o de simple abastecimiento de puestos fronterizos en tierra, operativos que sí realizaban en los años 90 con la anuencia de las autoridades de Nicaragua hasta mediados del año 1998. La crisis diplomática acaecida en octubre del 2010 con la incursión de Nicaragua en Isla Portillos (territorio costarricense) evidenciaría la enorme dificultad de las autoridades costarricenses para vigilar la frontera fluvial con Nicaragua que se extiende por más de 140 kilómetros.
Finalmente, como bien lo ilustra el caso del canal de Beagle entre Argentina y Chile (1974-1977), no siempre la aplicación de la norma logra apaciguar los ánimos en materia territorial y resolver una controversia: este caso constituye un peculiar precedente en el que una decisión arbitral jurídicamente fundamentada no logra sino colocar a ambos Estados al borde de una confrontación bélica, y debe ser posteriormente objeto de una mediación pontifical de carácter político entre ambos Estados (Nota 3). Los límites del Derecho para resolver disputas inter-estatales constituye un aspecto que ha pocamente interesado a los especialistas del derecho internacional, usualmente muy prestos a considerar que toda controversia puede ser resuelta mediante la aplicación irrestricta de reglas jurídicas (y sin dejar a los decisores políticos el tiempo de ponderar otros aspectos, de corte más político).
Dos Estados, una playa y un punto borrado por el mar a ubicar
Con relación a la costa caribeña entre Costa Rica y Nicaragua, el proceso de erosión marina ha sido tal en la zona fronteriza que, según las mismas declaraciones públicas de autoridades costarricenses, el punto fijado en 1897 en tierra como punto inicial de la frontera terrestre, actualmente se situaría a unos 500 metros mar adentro.
Figura del inicio de la línea fronteriza en la costa caribeña entre Costa Rica y Nicaragua a finales del siglo XIX, extraída de la obra MOORE J.B., History and digest of the international arbitrations to which the United States have been party, Washington, Government Office Priniting, 1898 (6 volumes), Vol. V.,p. 5079.
En esta entrevista publicada por La Nación, el actual jefe de la diplomacia costarricense indica que: «El canal estaba en un sitio ubicado hoy 150 metros metido en el mar, imagínese que el primer mojón está hoy como 500 metros metido en el mar, eso muestra los cambios constantes que se dan». En esta misma entrevista, se puede leer que el actual canciller, ante una situación muy similar a la vivida en octubre del 2010 (detección de presencia de militares de Nicaragua en territorio costarricense), opta por otra actitud: «Tampoco vamos a hacer el ridículo que se hizo en el 2010, mandar nuestros policías y toda aquella alaraca y todo ese absurdo, que terminó en lo que sabemos (sic.)». Salvo error de nuestra parte, no se registran reacciones a estas valoraciones por parte de quienes participaron en la toma de decisiones en octubre del 2010 y en los meses posteriores.
Volviendo a los meandros de la parte final del Río San Juan, es de notar que desde los años noventa, publicaciones científicas explican, desde el punto de vista geográfico, las razones por las cuáles las desembocaduras de los ríos en el Caribe en Centroamérica son particularmente dinámicas en cuanto a cambios en su morfología (Nota 4), complicando las relaciones entre Estados: el punto terminal de la frontera terrestre no solamente interesa la demarcación en tierra, sino que debería coincidir con el punto inicial de la frontera marítima. La indeterminación de este punto es susceptible de causar roces y tensiones. En el 2003, en la localidad fronteriza de San Juan del Norte (Nicaragua), los delegados de ambos Estados buscaron determinar la ubicación exacta del mojón 1 “como paso preliminar para el cálculo de las proyecciones que ambos países se intercambiarían en la siguiente reunión de la Subcomisión de Límites y Cartografía” (Nota 5). Estas negociaciones se suspendieron luego de la presentación de la demanda ante la CIJ por parte de Costa Rica contra Nicaragua en septiembre del 2005, que resolvió la CIJ en julio del 2009 (Asunto de los derechos de navegación en el Río San Juan y derechos conexos).
El daño ocasionado en Isla Portillos: un nuevo procedimiento ante la CIJ para que sea ella la que fije el monto
Con relación al caso pendiente de resolución en cuanto a la indemnización por los daños ocasionados por Nicaragua en Isla Portillos, Costa Rica anunció este 16 de enero del 2017 mediante un comunicado de prensa con fecha del 16 de enero del 2017 (ver texto reproducido al final de esta nota), que solicitó a la CIJ fijar el monto, ante la ausencia de respuesta de Nicaragua.
Gráfico de la zona de Isla Portillos en la costa caribeña, extraído de artículo de La Nación (Costa Rica).
En junio del 2016, Costa Rica estableció un monto de 6,7 millones de US$ de forma unilateral, y el 16 de diciembre del 2016 venció el plazo de un año otorgado por la CIJ para que ambos Estados fijaran el monto de manera conjunta. Remitimos al lector a nuestra nota publicada en el OPALC (Sciences-Po, Paris) con relación a la fijación unilateral de este monto indemnizatorio hecha por Costa Rica, y que evidencia (entre otros puntos), que Costa Rica no cuenta oficialmente con una metodología para cuantificar el daño ambiental.
A modo de conclusión: justas en La Haya en detrimento de la agenda bilateral
Con esta nueva demanda contra Nicaragua presentada por Costa Rica, es probable que la agenda bilateral, suspendida desde muchos años, se mantenga como tal. Se trata de un efecto colateral de la presentación unilateral de una demanda en La Haya cuando se trata de Estados vecinos. Como bien se sabe, el buscar una salida negociada, solicitar los buenos oficios de un tercero, o bien someter de forma conjunta un punto de discordia al juez internacional, mediante una solicitud conjunta, permite evitar el carácter «inamistoso» que tiene para el Estado demandado una demanda presentada en forma un tanto sorpresiva y unilateral. En términos generales, se puede decir que la compleja agenda bilateral entre Costa Rica y Nicaragua lleva más de diez años suspendida, precisamente debido al efecto de estas demandas recurrentes presentadas de forma unilateral, sin manifestar mayor interés ninguno de los dos Estados en buscar primero una salida política. Y sin que la lectura de un fallo por parte de la CIJ (como el fallo de la CIJ del 13 de julio del 2009 – ver texto integral – o el del 16 de diciembre del 2015 – ver texto integral) abra un espacio de tiempo para lograr algun tipo de acercamiento en aras de normalizar poco a poco las relaciones entre ambos ribereños del Río San Juan. Tal y como ya lo advertíamos en este artículo de opinión de noviembre del 2005, publicado en La Nación, con relación a la primera demanda ante la CIJ presentada por Costa Rica en su historia:
«Además del alto costo político (dado que nadie puede vaticinar del contenido del fallo de la CIJ), de las dificultades de diversa índole (logística, lingüística, administrativa) que deben superar las cancillerías al organizar la defensa jurídica del Estado, existe también un desgaste humano e institucional (la CIJ enfrenta problemas para rendir una justicia pronta y cumplida, pero ello obedece a que, usualmente, son las mismas partes las que deciden extender los plazos para presentar sus respectivas réplicas y dúplicas, solicitando incluso una tercera ronda de alegatos). Ello sin contar el efecto perturbador para las relaciones bilaterales entre Estados vecinos por el hecho de esperar entre 4 y 6 años un fallo precisando el alcance de sus respectivos derechos».
—–Notas—–
Nota 1: Estas son las demandas registradas desde el 2010 hasta la fecha en La Haya entre Costa Rica y Nicaragua. En noviembre del 2010, demanda de Costa Rica contra Nicaragua por la ocupación ilegal de Isla Portillos (ver texto de la demanda con fecha del 18/11/2010); en diciembre del 2011, demanda de Nicaragua contra Costa Rica por la denominada «trocha fronteriza» (ver texto de la demanda con fecha del 21/12/2011); en febrero del 2014, demanda de Costa Rica contra Nicaragua para determinar la frontera marítima en ambos océanos (ver texto de demanda con fecha del 25/02/2014). En esta nota se pueden observar los bloques concesionados a Statoil (empresa noruega) por parte de Nicaragua, en ambos océanos, bastante distantes de las zonas que pretende Costa Rica. En el 2013, la edición de un mapa de bloques a concesionar por parte de Nicaragua había provocado una protesta de Costa Rica (ver nuestra nota publicada en CRHoy).
Nota 2: Este monto, sobre el que los Estados se muestran extremadamente discretos, debería incluir los honorarios de abogados internacionales, los salarios de funcionarios nacionales, consultores y asesores nacionales, los diversos estudios solicitados, viajes y perdiem en La Haya, peritajes, elaboración de mapas, de fotografías satelitales, gastos secretariales, traducciones, certificaciones y demás rubros, durante los cuatro años que (como mínimo) dura un procedimiento de este tipo en La Haya. En muchos casos, funcionarios de las cancillerías están abocados a tiempo completo o casi, lo cual también debería ser registrado, o por lo menos ponderado si no se trata de una asignación a tiempo completo.
Nota 3: “L´arbitrage de Beagle est peut-être bon du point de vue de la technique juridique mais mauvais du point de vue politique. C´est un arbitrage qui viole un principe traditionnel de la réalité politique et géographique de l´Amérique Latine” según lo explicaba el Profesor Héctor Gros Espiell (Véase SFDI, La frontière, Colloque de Poitiers, Paris, Pedone, 1980, p. 176).
Nota 4: Véase por ejemplo SANDNER G. & RATTER B.,»Topografical problem areas in the delimitation of maritime boundaries and their political relevance: case studies form the Western Caribbean», 15, Ocean and Shoreline Managment (1991), pp. 239-308.
Nota 5: Véase Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Memoria Institucional, 2003- 2004, San José, 2004, p.86
Texto de comunicado de prensa de Costa Rica, con fecha del 16/01/2017
Costa Rica solicita a la Corte Internacional de Justicia determinar el monto de la compensación debida por Nicaragua
Costa Rica presentó hoy ante la Corte Internacional de Justicia la solicitud para que sea ese Tribunal el que determine el monto de la compensación que Nicaragua debe pagarle a Costa Rica, por los daños materiales producto de la invasión militar ocurrida en el año 2010.
En la sentencia del 16 de diciembre de 2015, la Corte Internacional de Justicia determinó que Nicaragua había violado el derecho internacional al ocupar territorio costarricense, y que, producto de sus acciones en territorio costarricense, debía pagar a Costa Rica una compensación económica.
La Corte dio un año a las partes para que llegaran a un acuerdo, en cuyo caso, de no llegar a uno, cualquiera de ellas podía solicitar a la Corte la determinación final de la referida compensación.
En junio de 2016 Costa Rica presentó a Nicaragua su estimación por el daño material sufrido, el cual tasó en la suma de $6, 723,476. En el mes de noviembre pasado Nicaragua rechazó la estimación costarricense, y solicitó mayor documentación, la cual Costa Rica presentó días después. Aun cuando el plazo para acudir a la Corte era desde el 16 de diciembre pasado, Costa Rica dio un tiempo adicional a Nicaragua, como acto de buena fe, con ocasión de declaraciones del Presidente Ortega, que había señalado que Nicaragua estaba dispuesta a pagar la compensación económica. No obstante, el plazo que Costa Rica concedió a Nicaragua para recibir una respuesta se venció hace unos días, sin que Nicaragua hubiera reaccionado del todo. En consecuencia, Costa Rica ha solicitado a la Corte su determinación final.
El Canciller Manuel González señaló que “Costa Rica, fiel a su tradición diplomática, concedió unos días adicionales para buscar un arreglo negociado con Nicaragua, en consideración del aparente deseo del Presidente Ortega de honrar esa deuda producto de la invasión militar. Desafortunadamente, a pesar del gesto costarricense, no recibimos ninguna respuesta, y, en consecuencia, he instruido a nuestro Embajador en La Haya, Señor Sergio Ugalde, solicitar a la Corte la determinación del monto definitivo que Nicaragua debe pagar por el daño material sufrido por Costa Rica”.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Invitamos a la comunidad universitaria y público en general a participar en el acto en memoria de los estudiantes fallecidos el pasado 19 de enero en Liberia, que se realizará en la Sede de Guanacaste, el próximo miércoles 25 de enero a las 9:00 a. m., Luego del acto se realizará una marcha de manifestación contra la violencia, saliendo de las cercanías del cruce de la carretera interamericana con la avenida 0 a las 10:00 a.m. hasta el parque de Liberia. Le invitamos a que asista con camisetas blancas.
Ese día habrá servicio de transporte desde la Sede Rodrigo Facio, la salida será a las 4:30 a. m. frente a la Biblioteca Carlos Monge. Las personas interesadas deberán llamar al 2511-1213 antes de las 5:00 p. m. del lunes 23 de enero para anotarse. El regreso está programado para salir de Liberia a las 2:00 p. m. aproximadamente. Si requiere ingresar en vehículo a la Sede Rodrigo Facio para tomar este transporte institucional, tenga en cuenta que el acceso vehicular al campus únicamente estará habilitado por las cercanías de la Facultad de Ingeniería.
La Universidad de Costa Rica (UCR) ofrece a partir de esta semana, una excelente oportunidad para que las familias costarricenses puedan aprender, compartir saberes y disfrutar de las vacaciones escolares en los «Campamentos del Desarrollo Humano: hacia el acceso universal».
Los campamentos se realizarán durante los meses de enero y febrero en todas las sedes y recintos de la UCR, llegando así a comunidades y provincias de todo el país, desde Grecia hasta Golfito y desde Limón hasta Guanacaste.
En cada localidad el programa incluye una amplia oferta de cursos, talleres, charlas y actividades recreativas de temáticas muy variadas y totalmente gratuitas para personas de todas las edades.
Se trata de la primera vez que todas las sedes y recintos de la UCR ofrecerán esta opción a sus comunidades mediante una oferta educativa y recreativa variada donde se incentiva el diálogo de saberes universidad-sociedad. Esto gracias el apoyo de las comunidades, estudiantes, personas voluntarias y diversas instituciones que se han unido para compartir sus saberes en forma gratuita.
Así, niños, jóvenes y adultos tendrán acceso decenas de cursos, talleres y conferencias de temáticas muy variadas como el origami y el aprendizaje de las ciencias, el uso de drones, abonos orgánicos, bailes populares y actuación, entre muchos otros.
También habrá campamentos exclusivos para niños y niñas con los Guías y Scouts y Bomberos de Costa Rica, y los adultos podrán matricularse en cursos de mayor duración ofrecidos y certificados por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en el caso del Recinto de Grecia.
Este programa institucional que impulsa la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR está inspirado en la experiencia del Recinto de Grecia donde se han realizado tres ediciones de “Campamentos de Verano y Cursos de Desarrollo Humano”.
Iniciar el año 2017 con un hecho violento contra nuestros estudiantes es avasallador y descorazonador. (Diseño Jorge Carvajal-ODI).
La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) declaró cinco días de duelo institucional, luego de confirmar que cuatro de los cinco jóvenes presuntamente asesinados en la ciudad de Liberia, son estudiantes regulares de la Institución.
Se trata del estudiante Joseph Briones Solís, de las carreras de Dirección de Empresas y de Administración Aduanera, y de las estudiantes Ingrid Méndez Serrano, de la carrera de Psicología; y Dayana Martínez Romero y Stephanie García Hernández, de las carreras de Educación Primaria y Dirección de Empresas, de la Sede de Guanacaste, quienes perecieron junto con el joven Ariel Vargas Condega, estudiante de la Universidad Técnica Nacional (UTN).
En un comunicado enviado a la comunidad universitaria, el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR y el Dr. José Francisco Aguilar Pereira, director del Consejo Universitario, se manifestaron profundamente consternados y conmocionados por la violencia de la que han sido víctimas este joven y estas jóvenes universitarias, quienes estaban dando su mejor esfuerzo para construirse un futuro más próspero, cuando sin justificación alguna su vida fue segada.
Para las autoridades iniciar el año 2017 con un hecho de esta naturaleza es avasallador y descorazonador, por lo que como Institución se debe hacer un señalamiento sobre la violencia que existe en nuestra sociedad, la cual parece tener como principal objetivo interrumpir la vida de nuestra juventud. “Nuestros jóvenes están siendo las principales víctimas de la violencia, ya sea la que proviene del crimen organizado o la que se da en nuestras carreteras”.
Como respuesta a este hecho tan lamentable, ambos solicitaron que en todo acto que se realice en la universidad durante esos días se les recuerde guardando un minuto de silencio y se reflexione sobre la necesidad de seguir trabajando como sociedad en la protección de la juventud de nuestro país.
Entretanto, con miras a dar contención a compañeros, amigos y profesores de estos jóvenes, la UCR ha enviado a Liberia a miembros de la Brigada de Atención Psicosocial en Situaciones de Emergencia.
Finalmente, el próximo miércoles 25 de enero, a las 9:00 a.m., en el Auditorio de la Sede de Guanacaste, se realizará un acto a la memoria de las víctimas. Desde esta tarde las banderas de la UCR dentro del campus permanecen a media asta.
Ante la muerte de 5 universitarios asesinados en Liberia-Guanacaste, expresamos nuestro dolor y solidaridad a sus familiares. Asimismo, manifestamos nuestra indignación por estos hechos ocurridos en el barrio La Victoria de Liberia que cobró la vida de 3 mujeres y 2 hombres (estudiantes universitarios).
La Universidad Nacional repudia cualquier acción que atente contra la vida de las personas e instamos a la sociedad a potenciar una cultura de respeto y vivencia de derechos humanos, basada en la práctica del diálogo, en aras de alcanzar mayores niveles de justicia y equidad en la cotidianidad con profundo respeto por la vida, humana y no humana.
Las Universidades Públicas Costarricenses, hemos declarado el 2017: “ El Año de la Universidades Públicas por la Vida, el Diálogo y la Paz”, con ello, buscamos fomentar la construcción de formas de convivencia sin violencia, con reconocimiento y justicia para todas las personas, ya que tenemos la convicción de que es urgente una forma más armónica de convivir.
Apelamos a una sociedad que impulse una educación integral, basada en la cooperación y el diálogo, sustentada en una sensibilidad de derechos humanos que fortalezca el humanismo, la solidaridad social y el respeto por los demás seres vivos y por la naturaleza en general.
Se trata de un diálogo creativo, crítico y proactivo, respetando el reconocimiento de los otros como interlocutores válidos y legítimos, sobre la base de una sensibilidad de derechos humanos que sea constitutiva de una cultura de paz, tal y como lo expresa el Papa Francisco: “debemos construir una cultura del Encuentro y del Diálogo que responda a los más profundos anhelos de paz del ser humano”.
Dr. Alberto Salom Echeverría
Rector
Dra. Luz Emilia Flores Davis
Rectora Adjunta
UNIVERSIDAD NACIONAL
19 Enero 2017
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.facebook.com/unacostarica
Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Un proyecto de Trabajo Comunal Universitario enseña a la niñez medidas de cuido y protección para animales de compañía
Maripaz Castro Murillo,
Divulgación TC-680
Los estudiantes del TC 680: Bienestar animal y sus implicaciones en el cuido responsable de animales de compañía, trabajo y silvestre, desarrollan talleres para escolares (foto Archivo ODI con fines ilustrativos).
El taller se realizó a finales del 2016 en el Centro Infantil Nuevo Horizonte en Heredia y participaron 45 niñas y niños entre 3 y 6 años. La Lic. Andrea Ramos Barrera, directora del Centro, manifestó la relevancia de “tomar en cuenta a la institución para educar a las niñas y los niños sobre el tema. Aquí en el kinder tenemos dos perros, pero no dejamos a las chicas y los chicos tocarlos para que aprendan que no siempre los animales se pueden tocar, a veces pueden ser peligrosos y podrían morder”. Según Ramos Barrera, “este tipo de talleres son muy importantes, sobre todo en niñas y niños, porque todo lo aprenden muy rápido y van a sus casas a contar las experiencias”.
Estudiantes de TCU que visitaron el Centro Infantil Nuevo Horizonte, con Maripaz Castro, una de las coordinadoras del proyecto, y con la Lic. Andrea Ramos Barrera, directora del Centro Infantil Nuevo Horizonte (foto Maripaz Castro Murillo).
La magister Ledis Reyes Moreno, coordinadora del TCU, afirmó que la idea es que en el 2017 se desarrollen estos talleres en más instituciones del país. “Queremos visitar varios centros y educar sobre la tenencia responsable de animales de compañía. En la mayoría de hogares costarricenses hay mascotas, sobre todo perros, por lo que queremos llegar a la mayoría de rincones del país, para expandir la educación y prevención de mordeduras. Además, con esto podremos garantizar a nuestra niñez costarricense una buena calidad de vida en compañía de sus mascotas”, afirmó Reyes.
Los talleres incluyeron diferentes actividades recreativas, entre ellas un juego de coronas, una obra de teatro con títeres y un juego de colorear. Mediante estas metodologías se abarcaron temas como la forma correcta de acercarnos y tocar a un perro y cómo convivir con una mascota sin sufrir accidentes. Al final de la actividad compartieron una merienda, con el fin de recapitular todo lo aprendido en la mañana.
Analaura Ramírez Camacho, estudiante de Medicina, comparte con escolares algunos dibujos realizados por los estudiantes del TCU. – foto Maripaz Castro Murillo.
Analaura Ramírez Camacho, estudiante de Medicina, expresó que “fue una experiencia lindísima, las actividades quedaron muy bien, y todas y todos aprendieron bastante. Personalmente me encantan los niños, y quedé muy motivada para que sigamos trabajando”, comentó.
Los talleres de educación se realizan en conjunto con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), quienes han llevado a cabo una serie de acciones para evitar mordeduras de perros sobre todo a infantes. La Dra. Ileana Céspedes Guevara, coordinadora del programa indica que “para el Servicio Nacional de Salud Animal es un privilegio poder contar con estudiantes del TCU de la UCR en este proyecto de Prevención de Mordeduras, no solo por su profesionalismo sino también por su calidad humana. Las mordeduras de caninos son sin duda alguna una de las situaciones y denuncias que más preocupan y ocupan a nuestra institución, en especial cuando estas refieren a los niños, debido a su vulnerabilidad, sus lesiones y sus repercusiones a lo largo de sus vidas”.
Según un estudio publicado en el 2012 por la Sociedad Mundial para la Protección Animal en el Gran Área Metropolitana hay aproximadamente 583.000 perros; y se cree que un 49% de los hogares del país convive con al menos un perro en su casa. En el 2016, SENASA ha atendido 239 denuncias por mordeduras y el Hospital Nacional de Niños reporta al menos 13 casos al mes donde se requiere la hospitalización de niños por esta misma causa. Esta realidad ha promovido que se hayan unido esfuerzos para prevenir que estas situaciones ocurran con nuestra niñez y con nuestras mascotas y de esta forma, asegurar una interacción saludable con ellos en los hogares.
Aprender sobre bienestar animal
El TC-680: Bienestar animal y sus implicaciones en el cuido responsable de animales posiciona el tema del bienestar animal y todas sus implicaciones en el cuido responsable de los animales de compañía, trabajo y silvestre, a través del intercambio de conocimiento entre las comunidades.
El proyecto trabaja con el Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología del MICITT, SENASA y Centros de Rescate Animal. Las actividades se realizan en La Gran Área Metropolitana (GAM) y en Guanacaste.
Además de talleres para fomentar la convivencia segura para propietarios y mascotas, se realizan procesos artísticos, actividades educativas y foros.
Para mayores detalles debe contactarse a la Mag. Ledis Reyes Moreno al teléfono 2511-4565, o al correo electrónico: ledis.reyes@ucr.ac.cr.
Estudiantes y docentes abogan por mayor trabajo en equipo
Fue en 1980 durante el IV Congreso Universitario cuando un grupo de estudiantes y docentes, quienes representaban a la carrera de Ciencias de la Computación, presentaron la ponencia #39 en la cual planteaban la creación de la ECCI (foto archivo ODI).
¿Qué mejor forma de celebrar un año más de fundación para una unidad académica que renovando su plan de estudios?, pues así lo hizo la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática (ECCI) de la UCR.
En diciembre del 2016 en el acto de celebración por su 35º aniversario, que se llevó a cabo en el auditorio de Educación Continua, se anunció la actualización del Plan de Estudios que respondía a una recomendación hecha por los pares evaluadores del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES).
Precisamente, una de las variables inmersas dentro del compromiso de mejora asociado a la acreditación de la ECCI fue elaborar un estudio completo de su plan de estudios y ante dicho reto contó con el apoyo del Centro de Evaluación Académica (CEA), de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente (RIFED) y del Departamento de Docencia Universitaria (DEDUN), instancias de la UCR que le acompañaron y le brindaron asesorías para concluir con éxito ese proceso de evaluación.
Característica del nuevo plan de estudios
Para el Dr. Carlos Alberto Vargas Castillo la ECCI se convirtió en un referente nacional en cuanto al estudio de la computación y la informática, y también por la formación académica de excelencia que reciben sus estudiantes (foto archivo ODI).
El Plan de Estudios de la ECCI que se empezará a aplicar de manera gradual en el 2017 incluye un tronco común de cursos para las y los estudiantes que tendrá una duración de 2,5 años y seguidamente se divide en tres énfasis de 1,5 años cada uno.
El primer énfasis es en Ciencias de la Computación, que busca proveer al país de recurso humano científico capacitado en potenciar la investigación e innovación tecnológica; el segundo es el de Ingeniería de Software cuyos egresados serán capaces de crear y mantener software de calidad, gestionar proyectos y liderar empresas innovadoras en este campo; finalmente, el tercer énfasis es Tecnologías de la Información que se enfoca en formar profesionales quienes podrán crear, integrar y evaluar múltiples infraestructuras tecnológicas y de servicios.
El director de la ECCI, Dr. Carlos Alberto Vargas Castillo, indicó que dicha Unidad Académica es pilar del desarrollo de la computación en Costa Rica y tienen el gran reto para el futuro cercano de consolidar la investigación y la acción social para seguir contribuyendo al avance de este sector.
“Este nuevo Plan de Estudios va a ofrecer más posibilidades de crecimiento para diferentes sectores de nuestra sociedad, como por ejemplo a las industrias, pues tendrán la ventaja de contar con profesionales sumamente calificados; además queremos mantener acreditada la carrera para que nuestros estudiantes tengan ese respaldo. Por medio del TC-684: Cartografiando el conflicto socioambiental queremos impactar todavía más y estamos enfocados en trabajar en la provincia de Puntarenas en donde brindamos apoyo a cooperativas y municipalidades; otro reto que tenemos es trabajar para que más mujeres se matriculen en esta carrera”, aseveró el Dr. Vargas Castillo.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Estudiantes de la ECCI, David Cerdas Hernández, señaló que el nuevo Plan de Estudios va a generar un gran aporte a la formación de las y los jóvenes, “esto es clave para la comunidad estudiantil de la ECCI pues con esta propuesta se integra más el trabajo en equipo, tal y como sucede en el mercado laboral o en las empresas, en donde nos encontramos y congeniamos con profesionales de otras especialidades”, afirmó.
La Dra. Alexandra Martínez Porras, profesora de la ECCI y quien formó parte de la Comisión de Docencia, fue la encargada de presentar el nuevo Plan de Estudios y detalló que se inició con la revisión curricular integral en el 2012, “ha sido un proceso reflexivo, sustantivo y participativo, nutrido por las necesidades del país y lo cambiante que es esta disciplina; en dicho proceso participaron profesores y estudiantes en múltiples talleres y reuniones para lograr obtener un resultado exitoso”, expresó.
Dentro de los objetivos académicos principales que buscan cumplir, la Dra. Martínez Porras citó el aprovechar al máximo los recursos tecnológicos disponibles; actuar de manera ética, confiable, competente y segura; velar por la protección de los usuarios de la informática; lograr un desempeño efectivo en equipos de trabajo; y comunicarse de manera asertiva.
Adentrándose en el mundo de las TIC
Un aspecto a destacar dentro del recorrido que ha hecho la ECCI en sus 35 años de historia es su contribución con la búsqueda del desarrollo integral de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el país.
Para ello concentra sus esfuerzos en el Centro de Investigaciones en Tecnologías de la Información y Comunicación (CITIC), cuyas áreas de estudio son la ingeniería de software, procesamiento de sonido, gobierno digital, bioinformática, interacción humano-computador, seguridad informática, entre otras más; tras cinco años de fundación, este Centro ha desarrollado 48 proyectos de investigación.
Enviado a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información, Universidad de Costa Rica.
El gobierno del Partido Acción Ciudadana – Administración Solís Rivera – traiciona a la clase trabajadora, cediendo a la presión de los diputados y candidatos del partidos Liberación Nacional, el PUSC, Movimiento Libertario, el diputado Mario Redondo y la UCCAEP, al tranzar con la oposición un agresivo aumento de impuestos para el pueblo a cambio de la aprobación del Combo del Empleo Público.
Proyectos de ley como los de empleo público, el aumento de impuestos, la rebaja generalizada de los salarios y las reformas a pensiones, deterioran los programas sociales, desmantelan y privatizan servicios fundamentales como salud y educación, desmantelamiento de todo el sistema de protección social, pilar fundamental de nuestro régimen democrático.
El BUSSCO condena esta nueva arremetida de los diputados y candidatos del partidos Liberación Nacional, el PAC, el PUSC, Movimiento Libertario, el diputado Mario Redondo y la UCCAEP contra la clase trabajadora y que empobrecerá, aún más a los costarricenses.
El BUSSCO, en una encerrona este lunes 9, medio centenar de dirigentes sindicales y sociales establecieron los comités de huelga y la logística del movimiento de huelga nacional, asimismo, las acciones unitarias que el movimiento sindical en su conjunto estará realizando.
El BUSSCO se encuentra en sesión permanente y está presto a responder a esta conspiración de la clase política empresarial y llama a la clase trabajadora a estar preparada para atender, en forma inmediata, al llamado a defender el derecho a trabajo digno y a condiciones sociopolíticas que beneficien a las grandes mayorías.
Una nota de “La Rectoría informa”, que recibimos por correo electrónico, fechada el 4 de enero de 2017 y titulada “UCR realizó de forma correcta proceso de corta de árboles en Finca 3”, afirma que el informe de la Escuela de Biología sobre biodiversidad en Finca 3 presenta “una serie de inexactitudes”. En los próximos párrafos se demuestra de manera clara y contundente que no existen tales inexactitudes. Hicimos inventarios de plantas, mamíferos y aves, como un aporte a un grupo de vecinos de la finca, que nos solicitaron esa información. En octubre de 2016 se entregó un informe a las autoridades universitarias, en el cual cuantificamos y evaluamos objetivamente la biodiversidad del terreno donde se planea construir el edificio de la Facultad de Odontología.
1) El segundo párrafo de la nota de la Rectoría señala que el estudio de la Escuela de Biología no pudo haber utilizado el certificado de origen (No. UCR 001-16), que es necesario para poder talar los árboles, como se menciona en una nota periodística al respecto. Efectivamente, en nuestro informe no mencionamos tal certificado, ya que nunca tuvimos acceso a tal documento, sino hasta el lunes 9 de enero de 2017. El Informe de la Escuela de Biología, en su sección referida al impacto de la corta de árboles, se basó en el documento «Planta de conjunto de árboles, Zona 2», facilitado por la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones, para valorar las especies y el impacto de la corta.
2) El tercer párrafo indica que el informe de Biología difiere de las conclusiones de la Comisión Foresta en relación a la necesidad de talar y las medidas de mitigación. No obstante, uno de los miembros de esta Comisión, profesor e investigador de la Escuela de Biología, colaboró activamente en el inventario de plantas de Finca 3 y estuvo de acuerdo con el informe final de esta Escuela. Así, resulta paradójico que la Comisión Foresta Universitaria, cuyas decisiones no son consideradas vinculantes por las autoridades universitarias, y que no es consultada realmente para decidir sobre construcciones y cortas masivas de árboles, sea ahora utilizada por la Rectoría para respaldar las decisiones tomadas en diciembre de 2016.
En este párrafo también se asegura que, según un levantamiento realizado, alrededor de 20% de árboles creciendo en el área del futuro edificio “requerían ser cortados” [sic]. Sin embargo, ese levantamiento se hizo para toda la finca, no solo para el área del edificio, donde predominaban árboles completamente sanos, según nuestras propias observaciones en octubre de 2016. Está claro que los árboles sanos y vigorosos son seres vivos que quieren y merecen vivir; es decir, no “requieren ser cortados” en ningún país civilizado, y mucho menos con la prisa y la falta de transparencia con que se hizo en diciembre.
3) El quinto párrafo indica que por cada árbol cortado en la UCR se siembran tres más; pero esta reposición no se hace casi nunca en los alrededores de los árboles talados, que debería ser el espíritu de la compensación que se propone y que las autoridades de la UCR utilizan para justificar la corta de los árboles. El impacto biológico de esta pérdida de árboles es muy grande, porque entre otros aspectos se libera carbono de inmediato, se pierden fuentes de alimento y hábitat para numerosas especies animales y vegetales, se erosiona el suelo y se reduce el área verde. Además, esas plantas y el suelo alrededor sostienen comunidades de invertebrados, que son fuentes de alimento para otros organismos o fungen como polinizadores. Los árboles plantados normalmente tendrán una tasa de mortalidad alta y transcurre un tiempo considerable (generalmente varias décadas) hasta que recuperan y sustituyen las funciones ambientales de los árboles talados, mientras las especies que los utilizaban, si pueden, migran a otros sitios o, en caso contrario, se extinguen localmente.
4) El sexto párrafo asegura que “se está terminando el informe sobre los árboles enfermos y que necesitan ser cortados [sic] en Finca 3”, pero en el tercer párrafo se indica que hay un levantamiento hecho. Es paradójico también que se hiciera una tala antes de concluir un informe que determinara cuáles árboles estaban en buen estado o podían ser trasplantados. Además, la Rectoría no debería utilizar argumentos de seguridad de los visitantes y de las instalaciones deportivas para justificar esta tala, sin contar con un informe completo y exacto.
Con respecto al trasplante de árboles sanos afirman que la UCR ya lo ha hecho de forma exitosa. Esa práctica se ha hecho solo recientemente, de forma experimental y con un número reducido de árboles y especies. Para evaluar el éxito que se menciona es necesario que transcurra suficiente tiempo, por lo general más de dos años y un ciclo reproductivo del árbol trasplantado, de modo que se demuestre con datos reales que hubo crecimiento en altura y diámetro. No entendemos cómo pueden argumentar que esta práctica es exitosa, cuando se desconocen los resultados incluso a corto plazo. Los botánicos de la Escuela de Biología tienen mucha experiencia en trasplante de árboles, pero en la etapa de plántulas; sabemos que incluso en esta etapa la tasa de mortalidad en algunas especies es mayor a 80%, por lo que se espera que en árboles adultos o de cierto tamaño, como los que se han trasplantado, sea aún mayor.
5) En el octavo párrafo, de modo preocupante el regente ambiental [sic, forestal] comenta que “otro error presente en la nota es catalogar el árbol de balsa como de bálsamo, cuando en realidad se trata de un ceibo”. En la lista de árboles para talar, que tuvimos a la vista cuando hicimos el inventario de plantas en octubre de 2016, estaba identificado como “balsa” un árbol que fácilmente ubicamos en el plano y en el campo; se trataba de un bálsamo o chirraca (Myroxylon balsamum, Fabaceae), especie vedada según el Decreto Ejecutivo 25700-MINAE (16-01-1997) tal como se dejó claro en la página 6 del informe de Biología. Además, tenemos que aclarar que en el área para construir no había ninguna ceiba (Ceiba pentandra, Malvaceae), pero fuera de esa área, en las cercanías había un árbol de ceibo barrigón (Pseudobombax septenatum, Malvaceae).
Con lo expuesto anteriormente, el señor regente forestal parece subestimar la capacidad de los botánicos de la Escuela de Biología para reconocer e identificar correctamente los árboles de Finca 3. Peor aún, parece que la UCR pone la opinión del regente forestal por encima del conocimiento científico de los expertos en taxonomía de plantas de la propia Institución. Paradójicamente, la lista de 75 árboles a talar incluye varios nombres científicos de especies que nunca se han visto naturales ni cultivadas en esta región del Valle Central [Ficus obtusifolia, Jacaranda copaia, Juglans nigra, Persea “schelideana” (más adelante en la lista aparece “scheideana”, cuando lo correcto es Persea schiedeana) y Schefflera morototoni] y varios de los nombres científicos restantes tienen lamentables errores ortográficos o son nombres en desuso, según las normas del Código Internacional de Nomenclatura Botánica.
En resumen, tanto el certificado de origen como la tala iniciada en diciembre de 2016 se hicieron con base en información parcialmente errónea y falsa. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Dónde está la exactitud técnica y científica que siempre debería ser el modus operandi de la Universidad de Costa Rica?
6) El sotobosque es la vegetación baja, herbácea, arbustiva y de árboles en regeneración, que crece bajo árboles maduros. En el párrafo noveno de la nota de la Rectoría se indica que es “equívoco señalar… que en ese terreno exista un sotobosque”. Sin embargo, es clara la presencia de un sotobosque y de muchas plantas en regeneración bajo la línea de árboles de ciprés y de otras especies localizadas en los límites noroeste y norte del área de corta, según el plano de la OEPI. En la lista del inventario del Informe de Biología se incluyen las especies de hierbas, bejucos, arbustos y árboles en regeneración que crecían en este sotobosque. También aportamos en el informe fotografías que demuestran la existencia de un sotobosque. En realidad, nos cuesta creer que algunos funcionarios administrativos pretendan enseñar a los biólogos qué es y qué no es un sotobosque.
7) En el párrafo 10 se menciona que el informe de Biología establece que «realizar obras en Finca 3 tendría un impacto muy negativo sobre el área verde “que ya de por sí es muy reducida”. No obstante, en ningún momento señala qué considera esta unidad académica como “reducida”, para tener claridad y respaldar ese argumento”. En la sección 2 del informe de Biología se cuantifica la extensión del área con cobertura vegetal arbórea de las fincas 3 y 4, que corresponde a 35-40% de una extensión total de 32 has. Es un área claramente reducida, donde cada fragmento perdido tiene un efecto muy significativo sobre la biodiversidad remanente. Como aporte adicional, podemos citar datos del artículo científico de Biamonte et al. (2011), donde se informa que las áreas de bosque alrededor de la UCR han pasado de 90,30 ha en 1973 (que incluía cafetales con sombra, bosque secundario y áreas abiertas -jardines) a 51,47 ha en 2006. Esto representa una reducción del 43% del área verde original. Además, entre 2006 y 2016 se ha dado un aumento significativo de construcciones en el campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, lo que reduce todavía más esa área en la actualidad. Como si fuera poco, el área verde en una zona de 2886 ha, que incluye este campus, se ha reducido de 1973 a 2006 en un 64.44%. Lo anterior deja claramente demostrado que el área verde dentro de la Universidad de Costa Rica y en terrenos circundantes es muy reducida y su constante reducción va a tener un efecto negativo sobre todas las especies que habitan en esos remanentes [Cuadros 1 y 2 de Biamonte et al. 2011. Effect of urbanization on the avifauna in a tropical metropolitan area. Landscape Ecology 26: 183-194].
8) El onceavo párrafo pretende justificar la tala de árboles antes de las fiestas de fin de año indicando que la certificación de origen fue recibida la semana antes de Navidad y que la UCR no había recibido ninguna notificación oficial por parte de la Sala Constitucional, en la que se señalaran medidas cautelares, mientras se evaluaba un recurso de amparo interpuesto por vecinos de la Finca 3. Sin embargo, dos oficios contradicen lo anterior:
A) El martes 13 de diciembre de 2016, en oficio CFU-83-2016 la Comisión Foresta Universitaria informa al Dr. Carlos Araya Leandro, coordinador de la Comisión Institucional de Planta Física y Vicerrector de Administración, lo siguiente:
“El día de hoy en sesión ordinaria de la Comisión Foresta Universitaria el Arq. Kevin Cotter Murillo, Director de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) nos ha informado que en pocos días darán inicio las obras urbanísticas del nuevo edificio de la Facultad de Odontología en Finca 3, obras que incluyen la corta de los árboles ubicados en la huella del inmueble, parqueos y accesos.
Al respecto, todos los integrantes de la Comisión, excepto los dos representantes de la OEPI, le solicitamos respetuosamente reconsiderar el tema de la corta de los árboles mientras la Sala Constitucional no haya resuelto el recurso contra el proyecto”. [El resaltado es nuestro].
B) El viernes 16 de diciembre de 2016, en oficio EB-1540-2016 el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Director de la Escuela de Biología, se dirige al Dr. Carlos Araya Leandro respecto al oficio referido CFU-83-2016:
“…con todo respeto, le solicito, al igual que lo hizo la mayoría de los miembros de CFU, que no se proceda con la corta de dichos árboles hasta tanto la Sala Constitucional no resuelva el recurso presentado en contra del proyecto.
Por otro lado, como es de su conocimiento, el pasado 20 de setiembre le envié un correo al señor Cotter que dice textualmente “En un CTA hace unos meses, Gayner indicó que la UCR no debe tramitar permisos para la corta de los árboles en Finca 3, donde se construiría el edificio de Odontología. En esa oportunidad, Bernal [Rodríguez, Director de la RAP] y yo manifestamos no estar seguros que eso fuera así. Para evitarle problemas innecesarios a la UCR, con todo respeto les recomiendo que consulten con el SINAC al respecto, antes de proceder con la corta de esos árboles. Por lo que representa la corta de 75 árboles, me parece justificable tener ese criterio del SINAC por escrito”. El señor Cotter me respondió de inmediato que “el día de hoy vimos ese tema en la Comisión de Planta Física y acordamos que OEPI hará la consulta formal al SINAC para recibir así una respuesta por escrito con el criterio”. [El subrayado es nuestro].
Desconozco si esta consulta se hizo. Mucho le agradecería informarme al respecto y de tener la respuesta por escrito del SINAC, una copia de la resolución”. [Hasta aquí la cita del Director Gutiérrez Espeleta].
Ambos oficios son elocuentes y demuestran que la Administración actuó precipitadamente al ordenar el inicio de la tala de árboles a finales de diciembre, mientras la comunidad universitaria se hallaba en vacaciones. ¿Acaso no pudo la UCR haber pospuesto los trámites hasta enero, después del receso? ¿Qué tipo de receso institucional es este, que suspende la importantísima comunicación con el Poder Judicial, hasta tal punto que no se reciben medidas cautelares de la Sala IV, pero permite la realización de un procedimiento extenso de corta de árboles, con trabajo de funcionarios, posible contratación de empresas externas, entre otros? ¿No estaba la Universidad obligada a tener un canal de comunicación y una dirección física para recepción de decisiones sobre el recurso de amparo presentado ante la Sala IV, especialmente durante un período de receso? ¿No existe otra forma de comunicar a la UCR medidas cautelares en su contra, durante un período de receso, que enviar un correo electrónico al Rector?
9) En el décimo noveno párrafo de la nota de la Rectoría nos recuerdan que “el aporte en áreas protegidas y dedicadas a la investigación que posee la universidad, es información abierta y de acceso público” [sic]. Al respecto, los mejores argumentos sobre el papel de la Universidad de Costa Rica en este conflicto, sus objetivos de crecimiento y el papel último de estas fincas en su desarrollo futuro, son los siguientes cuatro párrafos incluidos en la carta de la Dirección de la Escuela de Biología, que acompañó el informe sobre Finca 3 dirigido a la Rectoría y a los miembros del Consejo Universitario:
«No omito manifestarles que los objetivos iniciales que impulsaron a la Universidad de Costa Rica a adquirir las fincas 3 y 4 no son más viables y deben reconsiderarse en función de los deberes que la Universidad tiene con el ambiente y las comunidades. La Universidad es poseedora de un tesoro verde (ambas fincas), que en su conjunto representan la única área de tamaño considerable no urbanizada en el centro y sector este de San José y eso significa mucho más que la eventual apertura de nuevas facilidades para la enseñanza de algunas carreras universitarias.
Esta necesidad podría ser solventada con proyectos diferentes basados en la construcción vertical o en el aprovechamiento de espacio en los centros regionales. San Pedro y Sabanilla son áreas colapsadas por el tránsito y el crecimiento urbano y es difícil imaginar cómo podrían movilizarse profesores, estudiantes y usuarios de la Facultad de Odontología sin causar más caos en las vías de acceso a estas fincas y severos impactos permanentes en la cobertura vegetal y pérdida de hábitat de un grupo considerado de organismos. El tránsito se verá aún más colapsado con el movimiento de tierras, así como el ingreso de vehículos de carga pesada (vagonetas, tractores, camiones de carga, grúas, etc.) en dicha área.
Por otro lado, un proyecto como el propuesto implica una impermeabilización de suelos y a la vez un aumento de volumen de aguas pluviales que llegarán al río colindante con el consecuente aumento del caudal, principalmente en época lluviosa, que podría estar generando posibles inundaciones en sectores aguas abajo de estos afluentes. Aún no hay claridad hacia dónde están dirigidas las aguas residuales de la planta de tratamiento o de las aguas servidas.
En síntesis, después de tener la oportunidad de valorar la riqueza biológica y la importancia de las fincas 3 y 4 para nuestro entorno urbano, sin dejar de considerar su importancia adicional como área de recreación de los estudiantes y funcionarios universitarios y de los vecinos de Montes de Oca, es incomprensible que se mantengan los proyectos de edificación de grandes edificios en esta área”.
Finalmente, queremos dejar claro que esta no es la universidad que queremos, donde unos funcionarios de la Administración descalifican y subestiman el conocimiento de los profesionales en ciencias biológicas de la propia Institución, quienes a lo largo de los años han demostrado con investigaciones y divulgación de las ciencias su calidad y profesionalismo, tanto a nivel nacional como internacional. La Escuela de Biología protesta enérgicamente por el modo como se ha rebajado y subestimado su trabajo y exige de parte de las Autoridades Universitarias respeto para sus profesionales. Sin la competencia de los profesionales en ciencias biológicas, la UCR nunca podrá sostener en el futuro inmediato que tala correctamente o, en general, que hace un manejo apropiado y sostenible de las áreas naturales y verdes de sus fincas. Estas áreas no son solamente de la comunidad universitaria, sino también de todos los ciudadanos presentes y futuros, y de todas las demás especies con las que compartimos este planeta, que igual que nosotros merecen respeto y una buena calidad de vida.
Dr. Gustavo A. Gutiérrez Espeleta
Director
Escuela de Biología
Universidad de Costa Rica
Compartido con SURCOS por Luis Muñoz Varela, Isabel Ducca Durán y Óscar Vargas V.
