La UCR está en un momento histórico de crecimiento, lo cual es de beneficio para todo el país
La UCR no altera entornos que sean de dominio público, pero tampoco puede aceptar que sus terrenos sean considerados «un parque recreativo»
Rector Henning Jensen ordenó detener corta de árboles, pese a no contar con ningún documento formal de la Sala Constitucional
El rector Henning Jensen explica que se detuvo la corta de árboles pero la UCR no puede aceptar que sus terrenos sean considerados un «parque recreativo».
El informe realizado por la Escuela de Biología sobre evaluación de la biodiversidad en Finca 3, que sirvió de base para la nota publicada este martes 3 de enero por el sitio web AmeliaRueda.com, presenta una serie de inexactitudes que es importante considerar para comprender por qué la Universidad de Costa Rica (UCR) no ha cometido irregularidad alguna en el proceso de corta de árboles.
En primer lugar, la nota señala que el estudio realizado por la Escuela de Biología tomó en cuenta el certificado de origen necesario para hacer la tala de los árboles. Esto es imposible debido a que el informe mencionado fue presentado en octubre de 2016, mientras que el certificado de origen se concluyó hasta finales de diciembre del año pasado, momento en el que se procedió a hacer la tala de los árboles.
Hay que destacar que el informe de la Escuela de Biología difiere de las conclusiones de la Comisión Foresta, instancia oficial e interdisciplinaria, encargada de velar por el cumplimiento de las normas ambientales a lo interno de la UCR, de la cual forma parte la propia Escuela de Biología. Según un levantamiento hecho por esta comisión, alrededor del 20% de los árboles presentes en el área requerían ser cortados.
Además de contar con representantes de la Escuela de Biología, la Comisión Foresta está conformada por miembros de la Unidad de Gestión Ambiental, la Red de Áreas Protegidas, la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), el Sistema de Información Geográfica de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) y la Vicerrectoría de Administración.
La Comisión Foresta recomendó, como directriz interna para todos los proyectos, que por cada árbol cortado en la UCR se deben sembrar tres más, cuyas especies, desarrollo y plantación están estrictamente controladas. Desde junio del año pasado la UCR inició la siembra de 150 árboles y se espera que cuando inicie la estación lluviosa se siembren otros 150.
Es importante agregar que se está terminando el informe sobre los árboles enfermos y que necesitan ser cortados en Finca 3, situación que se confirmó con la tala reciente, lo que sin duda representa un riesgo para los usuarios de las instalaciones deportivas. Además, la UCR está en la obligación de dar seguridad a sus visitantes. También, en este informe se determina cuáles árboles están en buen estado y pueden ser trasplantados, según los lineamientos institucionales.
Sobre el proceso de trasplante de árboles, la UCR aclara que no es la primera vez que lo implementa: este procedimiento ya se aplicó en algunos proyectos de forma exitosa y con base en los lineamientos de la Comisión Foresta.
Según comentó Héctor Espinoza, regente ambiental de la institución, otro error presente en la nota es catalogar el árbol de balsa como de bálsamo, cuando en realidad se trata de un ceibo. Los bálsamos que están en el terreno de construcción serán preservados; es decir, no se cortarán.
Además, es equívoco señalar, como lo hace AmeliaRueda.com, que en ese terreno exista un sotobosque, el cual solo está presente en el área de reserva y protección del Río Torres, que se encuentra fuera de la zona señalada.
En general, el documento de la Escuela de Biología establece que realizar obras en Finca 3 tendría un impacto muy negativo sobre el área verde «que ya de por sí es muy reducida». No obstante, en ningún momento señala qué considera esta unidad académica como «reducida», para tener claridad y respaldar ese argumento.
En cuanto a la tala de los árboles antes de las fiestas de fin de año, esta decisión está fundamentada en el hecho de que la certificación de origen fue recibida la semana antes de Navidad. Hay que destacar que la UCR aún no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de la Sala Constitucional en la que se señalen medidas cautelares mientras se evalúa un recurso de amparo interpuesto por algunos vecinos de Finca 3, dado que la institución está en período de receso.
No obstante, el rector, Dr. Henning Jensen, recibió por parte de una vecina la copia de las medidas cautelares dictaminadas por la Sala Constitucional. Acto seguido, y pese a no contar con ningún documento formal, el rector ordenó detener la corta de árboles hasta que la situación sea aclarada.
Tal como afirma el jefe de la OEPI, Arq. Kevin Cotter, en la institución ha existido una comunicación clara, directa y franca con los vecinos. «La UCR no se ha cerrado al diálogo ni ha negado información o ha actuado en secreto. Si la corta de árboles inició en período navideño fue porque el certificado de origen se recibió a finales de año», explicó.
Por su parte, el regente ambiental recalcó que, en esta materia, la UCR está supeditada a la normativa nacional y siempre ha sido respetuosa de ella. Además, la institución ha trabajado en este proceso de construcción de la mano de la Secretaría Técnica Ambiental y del Ministerio de Ambiente y Energía, de modo que la institución actúe de conformidad con las políticas ambientales.
No obstante, la Administración de la UCR recuerda que, aunque la institución es pública, sus terrenos no lo son y en el caso de Finca 3 posee el permiso de uso de suelo para realizar obras en ese sitio, según el Plan Regulador Urbano de la Municipalidad de Montes de Oca.
Es importante destacar que las fincas de la Sede Rodrigo Facio constituyen espacios planificados con un equilibrio entre el entorno natural y el espacio construido, lo cual responde a las mejores políticas de desarrollo urbano. Un claro ejemplo es que pese a contar con la aprobación para desarrollar hasta un 85% de área de cobertura para edificios, en ninguno de los campus se llega a superar el 40% de ocupación, aun con sus nuevos desarrollos, afirmó Cotter.
La UCR se ha enfocado en mejoras, en nuevas oportunidades y en proyectarse hacia el futuro con un desarrollo respetuoso, responsable, planificado y equilibrado en los terrenos que han sido autorizados, dentro del ordenamiento jurídico respectivo.
La institución está en un momento histórico de crecimiento, lo cual es de beneficio para todo el país; no altera entornos que sean de dominio público, pero tampoco puede aceptar que sus terrenos sean un parque recreativo (como se les ha llamado) y ha demostrado ampliamente ante las autoridades competentes que no alberga bosques primarios en sus campus.
Finalmente, recordamos que el aporte en áreas protegidas y dedicadas a la investigación que posee la universidad, es información abierta y de acceso público.
Este Viernes 23 de diciembre, por primera vez en varias décadas y por primera vez en los 8 años de la administración del actual Presidente Obama de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pudo adoptar una resolución condenando enérgicamente los asentamientos israelíes en territorios palestinos (ver texto oficiales de esta resolución en Inglés y en Español reproducidos al final de esta nota). En la actualidad, además de los cinco Miembros Permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), integran el máximo órgano de Naciones Unidas Angola, Egipto, España, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Senegal, Ucrania, Uruguay y Venezuela.
Asentamientos ilegales y veto norteamericano garantizado en el Consejo de Seguridad
El veto norteamericano usualmente utilizado como una garantía para proteger a las autoridades israelíes, en esta precisa ocasión no se presentó, causando sorpresa en varios círculos (y posiblemente algo de estupor en algunas oficinas). Para muchos, el segundo mandato del Presidente Obama debía de haber permitido reconsiderar este incondicional apoyo norteamericano a las autoridades israelíes, sin que ello se hubiese materializado hasta el momento.
La primera vez que la administración del Presidente Obama recurrió al veto para evitar una resolución sobre Palestina por parte del Consejo de Seguridad fue el 18 de febrero del 2011: se puede leer el texto propuesto S/2011/24, cuyos primeros dos párrafos operativos señalaban que el Consejo de Seguridad:
Reafirma que los asentamientos israelíes establecidos en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, son ilegales y suponen un grave obstáculo para el logro de una paz justa, duradera y general;
Reitera su exigencia de que Israel, la Potencia ocupante, ponga fin inmediata y completamente a todas las actividades de asentamiento en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de que respete plenamente todas sus obligaciones jurídicas en tal sentido;
La lectura del acta de la sesión del Consejo de Seguridad S/PV/6484 arroja el siguiente resultado de la votación (ver p. 4): 14 votos a favor y uno en contra (Estados Unidos).
Para varios medios de prensa, la decisión del Consejo de Seguridad de este 23 de diciembre del 2016 es histórica: se leyó por ejemplo en México que «Una poco común pero nutrida ronda de aplausos se produjo en la sala del Consejo de Seguridad tras la aprobación de la iniciativa, la primera en cuatro décadas que condena los asentamientos de Israel en los territorios palestinos ocupados, que son considerados ilegales por el derecho internacional» (ver nota de El Economista).
En diciembre del 2014, ante el cambio de actitud del Presidente Obama para con las autoridades en Cuba, se leyó en el rotativo Haaretz (Israel) un artículo de opinión (ver referencia a texto) titulado precisamente » «Obama, Do Another Cuba: Lift the Perennial American Veto for Israel in the UN».
Cabe recordar que las últimas resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenando a Israel fueron la resolución 476 (1980) con fecha del 30 de junio de 1980 (ver texto en español) y la resolución 478 (1980) acordada el 30 de agosto de 1980 (ver texto en español). Ambas son referidas en el preámbulo de la resolución 2334 (2016) adoptada en este mes de diciembre del 2016.
Un momento único en la historia reciente de las Naciones Unidas
No cabe duda que el momento es también histórico para los estudiosos del derecho internacional: después de muchos años pasados sin poder manifestarse, el máximo órgano de Naciones Unidas condena una violación abierta a los principios más básicos contenidos en la misma Carta de Naciones Unidas de 1945, en un sinnúmero de instrumentos internacionales adoptados desde entonces y exige el respeto a varias de sus propias resoluciones pasadas emitidas sobre el conflicto palestino-israelí.
Foto de S.E. Riyad Mansour, Representante Permanente de Palestina en Naciones Unidas, extraída de artículo publicado en Elpais.cr
Consciente del carácter inusual de esta resolución del Consejo de Seguridad, el actual Secretario General de Naciones Unidas externó horas después de su adopción en un comunicado de prensa que:
«The Secretary-General welcomes the adoption by the Security Council of resolution 2334 (2016) on the situation in the Middle East, including the Palestinian question. The resolution is a significant step, demonstrating the Council’s much needed leadership and the international community’s collective efforts to reconfirm that the vision of two States is still achievable. The Secretary-General takes this opportunity to encourage Israeli and Palestinian leaders to work with the international community to create a conducive environment for a return to meaningful negotiations. The United Nations stands ready to support all concerned parties in achieving this goal».
En su explicación de voto (ver texto completo), el representante de Francia inició su alocución señalando que: «L’adoption de la résolution 2334 marque un jour important et à bien des égards historique dans l’histoire récente du Conseil de sécurité. Il s’agit en effet de la première résolution adoptée par ce Conseil sur le règlement du conflit israélo-palestinien depuis huit ans. Et c’est la première fois que le Conseil de sécurité s’exprime ainsi, de manière aussi claire, pour constater ce qui est en réalité une évidence : la colonisation israélienne remet en cause, petit à petit, les chances de voir bâtir un Etat palestinien viable et indépendant, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité avec l’Etat d’Israël».
Un texto sujeto a gestiones diplomáticas en su contra de… un Presidente electo
Por 14 votos a favor y una abstención (Estados Unidos), la resolución 2334 del máximo órgano de Naciones Unidas exige poner un alto definitivo a la política israelí de asentamientos ilegales en territorio palestino, «…condenando todas las medidas que tienen por objeto alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, incluyendo, entre otras cosas, la construcción y expansión de los asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos, en violación del derecho internacional humanitario y las resoluciones pertinentes».
Se lee que la iniciativa de Egipto fue inicialmente frenada por Israel, gracias a llamadas personales solicitadas a Donald Trump al Presidente de Egipto, el cual optó por retirarla, exhibiendo así un lado poco conocido de la diplomacia egipcia con relación a solicitudes de presidentes electos. Retirada la iniciativa originalmente presentada por Egipto, fueron Malasia, Nueva Zelanda, Senegal y Venezuela quiénes optaron por mantenerla y presentar el mismo texto para lograr su adopción definitiva por parte del Consejo de Seguridad. Se lee en esta nota de The Guardian que: «New Zealand, Venezuela, Malaysia, and Senegal – all currently non-veto-wielding members of the security council, have warned Egypt that if it does not clarify by midnight on Friday whether it plans to call a vote, they reserve the right to move ahead with the text».
Esta posición de estos cuatro Estados Miembros del Consejo de Seguridad se mantuvo incólumne durante varias horas, pese a las intensas maniobras de Israel y a las de su aliado de circunstancias, el Presidente electo Donald Trump: sobre este último aspecto, no cabe duda que recurrir a Donald Trump evidencia cierto nerviosismo (cercano a la desesperación) y manifiesta una notable innovación por parte de la diplomacia israelí. No se registran gestiones de un Presidente electo intercediendo en aras de frenar una iniciativa que deba ser examinada por parte del Consejo de Seguridad. Se agradecerá sobre este punto preciso el aporte de nuestros estimables lectores, en particular diplomáticos con muchos años de carrera, para dilucidar la duda siguiente: ¿no se habrá presenciado una verdadera «premiere» en materia de gestiones diplomáticas por parte del aparato diplomático israelí, que lograron su efecto en el Presidente egipcio? La información puede ser enviada al correo: cursodicr@gmail.com y se garantizará total confidencialidad en caso de ser así requerida.
Se leyó en la prensa gala que «A l’origine, le texte avait été présenté mercredi soir par l’Egypte, à la surprise générale. Mais Donald Trump est intervenu pour peser de tout son poids de président élu auprès d’Abdel Fattah Al-Sissi. Il a demandé au président égyptien de renoncer à son initiative. Son interlocuteur n’a pas voulu compromettre ses futures relations avec le président américain, et a donc retiré son texte. Mais le volte-face de l’Egypte n’a pas condamné son initiative. Quatre membres non permanents du Conseil de sécurité – la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le Sénégal et le Venezuela – ont pris le relais du Caire, pour promouvoir la résolution dans une version identique. Vendredi dans l’après-midi, des responsables israéliens sous couvert d’anonymat exprimaient leur amertume – et une certaine panique – dans les médias, en affirmant que Barack Obama et John Kerry se trouvaient derrière ce « coup honteux » et qu’ils « abandonnaient » Israël» (ver nota de prensa de Le Monde).
La misma cadena norteamericana CNN indicó que, a solicitud de Israel, desde el jueves 22 de diciembre, el Presidente electo en Estados Unidos Donald Trump había realizado gestiones y llamadas personales insistentes al Presidente de Egipto para intentar atrasar la votación. Se lee en este mismo cable de la cadena CNN que: «Egypt delayed a potential showdown vote at the Security Council on the resolution after pressure from the Israelis, a Western official said Thursday. That put off a potential standoff between the US and Israel and prompted what some analysts called unprecedented interference from the US President-elect» (ver nota de prensa de CNN). Otros detalles más precisos sobre el tipo de gestiones realizadas por Donald Trump pueden ser consultados en esta nota de El País (España).
En esta nota del New York Times, se indica que la votación dio lugar a la ya usual retórica de Israel cuando pierde una votación en la Asamblea General o en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; a diferencia de estas últimas, la declaración israelí fue esta vez precedida de inéditos aplausos de los asistentes a la sesión del Consejo de Seguridad: «Applause broke out in the 15-member Security Council’s chambers after the vote on the measure, which passed 14-0, with the United States abstaining. Israel’s ambassador, Danny Danon, denounced the measure and castigated the council members who had approved it».
La maniobra norteamericana de diciembre del 2014
En diciembre del 2014, el voto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acaecido el 30 de diciembre no permitió que se adoptara una resolución propuesta por Jordania sobre Palestina. A diferencia de otros ejercicios de este tipo, Estados Unidos había aducido en aquel momento “no haber ejercido su derecho a veto”, al no reunirse nueve votos afirmativos dentro del Consejo de Seguridad: en realidad, el cambio sorpresivo de posición de Nigeria, menos de una hora antes del voto, se debió a intensas llamadas a su Presidente por parte del Primer Ministro israelí y del Secretario de Estado norteamericano (ver nota de The Guardian). Sobre esta maniobra diplomática inusual, remitimos al lector a nuestra nota publicada en RIDH, titulada «El resultado del voto sobre Palestina en el Consejo de Seguridad: balance y perspectivas» en la que, entre otros aspectos, se hace el recuento detallado de resoluciones sobre asentamientos israelíes vetadas por Estados Unidos en el seno del Consejo de Seguridad. La maniobra israelí y la de su fiel aliado norteamericano en aquellos últimos días del 2014, fue respondida por Palestina con la adhesión a un instrumento internacional particularmente temido por ambos: el Estatuto de Roma de 1998, que crea la Corte Penal Internacional (Nota 1).
La resolución 2334 (2016): un texto vehemente
En su resolución 2334 (2016) el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se muestra particularmente vehemente en los párrafos operativos 1, 2 y 3 de la resolución (de 13 párrafos operativos) al externar que:
Reafirma que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal y de una paz general, justa y duradera;
Reitera su exigencia de que Israel ponga fin de inmediato y por completo a todas las actividades de asentamiento en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y que respete plenamente todas sus obligaciones jurídicas a ese respecto;
Subraya que no reconocerá ningún cambio a las líneas del 4 de junio de 1967, incluso en lo que respecta a Jerusalén, que no sean los acordados por las partes mediante negociaciones;
La misma versión en inglés se lee así: «1.Reaffirms that the establishment by Israel of settlements in the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem, has no legal validity and constitutes a flagrant violation under international law and a major obstacle to the achievement of the two-State solution and a just, lasting and comprehensive peace;
Reiterates its demand that Israel immediately and completely cease all settlement activities in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and that it fully respect all of its legal obligations in this regard»;
Underlines that it will not recognize any changes to the 4 June 1967 lines, including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties through negotiations
Más discretamente colocado, pero no menos importante, el párrafo operativo 11 anuncia acciones posteriores del mismo Consejo de Seguridad si Israel opta por mantener una actitud desafiante e irrespeta la resolución 2334, al precisar que el Consejo de Seguridad «11. Reafirma su determinación de examinar formas y medios prácticos para asegurar la plena aplicación de sus resoluciones pertinentes /11.Reaffirms its determination to examine practical ways and means to secure the full implementation of its relevant resolutions»;
A estos párrafos operativos se pueden también añadir los considerandos 4 y 5 de la misma resolución, que abarcan las diversas formas de colonización ilegal realizadas por Israel en detrimento de los derechos del pueblo palestino, y que se leen de la siguiente manera:
«Condenando todas las medidas que tienen por objeto alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, incluyendo, entre otras cosas, la construcción y expansión de los asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos, en violación del derecho internacional humanitario y las resoluciones pertinentes,
Expresando grave preocupación por el hecho de que la continuación de las actividades de asentamiento israelíes están poniendo en peligro la viabilidad de la solución biestatal basada en las fronteras de 1967″,
La versión en inglés de los mismos considerandos se lee así:
«Condemning all measures aimed at altering the demographic composition, character and status of the Palestinian Territory occupied since 1967, including East Jerusalem, including, inter alia, the construction and expansion of settlements, transfer of Israeli settlers, confiscation of land, demolition of homes and displacement of Palestinian civilians, in violation of international humanitarian law and relevant resolutions,
Expressing grave concern that continuing Israeli settlement activities are dangerously imperilling the viability of the two-State solution based on the 1967 lines»,
Las diversas intervenciones de los delegados de los Estados miembros del Consejo de Seguridad reseñadas en el comunicado oficial de Naciones Unidas dan una idea del consenso generalizado existente entre los 14 miembros del Consejo de Seguridad para condenar a Israel sin mayor dilaciones. Resulta no obstante de interés leer la justificación expresada por S.E. Samantha Power, Embajadora Representante Permanente de Estados Unidos en Naciones Unidas, para quien: «Explaining that Israel had been treated differently from other States for as long as it had been a member of the United Nations, she pointed out that in the course of 2016, 18 resolutions had been adopted in the General Assembly and others in the Human Rights Council, all condemning Israel. Because of that bias, and some factors not included in the resolution, the United States had not voted in favour of the resolution, she said, explaining that her delegation would not have let it pass had it not addressed acts of terrorism and incitement to violence».
Foto extraída de artículo publicado en la RIDH titulado «El resultado del voto sobre Palestina en el Consejo de Seguridad: balance y perspectivas».
Una reciente entrevista sobre el tema en Costa Rica
Recientemente en Costa Rica (y al parecer por vez primera en la historia de la televisión costarricense) se transmitió una muy completa entrevista a S.E. Riyad Mansour, Embajador concurrente de Palestina ante Costa Rica y Representante Permanente de Palestina ante las Naciones Unidas, en la que se explica, entre otros aspectos, el objetivo y el alcance de estas colonizaciones decretadas cada cierto tiempo por las autoridades israelíes, con la cómplice anuencia de Estados Unidos (ver emisión Sobre la Mesa, Canal 15 UCR, disponible aquí, Minuto 13:21 a 30:39).
Cabe recordar que el giro de la política exterior de Costa Rica hacia Medio Oriente se dio durante la administración (2006-2010). Antes del año 2006, Costa Rica mantenía una línea bastante peculiar con relación al conflicto palestino-israelí. En un libro editado en el 2013, el que fuera canciller de Costa Rica en el período (2006-2010), Bruno Stagno escribe:
“Recordé dos casos que de una u otra manera reflejaban el intricado, pero aún velado conjunto de intereses que entraban en juego al tratarse el tema de Israel. Como Embajador, Representante Permanente ante las Naciones Unidas, lo había vivido y sufrido. Recordaba como para marcarme en las votaciones sobre la situación en Medio Oriente, el entonces embajador de Costa Rica en Washington DC, Jaime Daremblum, alienaba a algunos miembros del Congreso de Estados Unidos, para que me enviaran cartas instándome o instruyéndome a votar a favor de Israel. El congresista Tom Lantos sería el más insistente, dirigiéndose incluso directamente al Presidente Pacheco de la Espriella. También, recordé la indignación con que la Embajadora Emérita, Emilia Castro de Barish, comentaba cómo en el pasado se había aceptado que un funcionario de la Misión Permanente de Israel se sentara en la segunda fila de asientos, reservados para Costa Rica, con el fin de velar por el voto “correcto” de Costa Rica”(Nota 2).
Recordemos que Costa Rica fue el penúltimo Estado en trasladar a su Embajada de Jerusalén Oriental a Tel Aviv, en agosto del 2006, seguido semanas después por las autoridades de El Salvador (ver nota de prensa de La Nación del 26/08/2006 en la que el canciller de la época, Bruno Stagno, explica el significado de este traslado).
Los asentamientos ilegales: un arma política israelí mantenida en la mayor impunidad
En numerosas ocasiones, Costa Rica mantuvo una solidaridad absoluta con Israel y con Estados Unidos en diversas resoluciones votadas en el seno de Naciones Unidas sobre el conflicto palestino-israelí y sobre las cuestionables actuaciones de Israel. Por ejemplo, cuando en 1997 en el seno del Consejo de Seguridad, Estados Unidos usó su veto contra un texto condenando asentamientos israelíes en Jerusalén Oriental, se lee que el proyecto (S/1997/241 – ver texto) recogió 13 votos a favor, el voto en contra de Estados Unidos y una abstención (Costa Rica) (Nota 3). Pese al giro operado en la administración (2006-2010), la administración siguiente (2010-2014) y la actual (2014-2018) se han mostrado extremadamente cautas. Con relación a la última ofensiva militar de Israel en Gaza del 2014, una muy detallada reseña de las vehementes reacciones de América Latina ante el drama vivido por la población en Gaza evidencia el carácter timorato y hasta ambiguo y confuso de las declaraciones oficiales dadas por las autoridades de Costa Rica (ver a ese respecto el estudio publicado en la revista Al-Kubri del CEMOAN de la Universidad Nacional -UNA- y en particular, en las pp. 4-5, la descripción de la posición costarricense). En esta misma revista tuvimos la oportunidad de detallar desde la perspectiva jurídica las «Reacciones en América latina a la operación “Margen Protector” del ejército israelí en la franja de Gaza» (ver artículo).
En cuanto a la política de colonización israelí, no se registra comunicado o declaración oficial hecha pública por parte de Costa Rica en estos últimos años, condenando lo que, desde la perspectiva del derecho internacional público, constituye una violación flagrante a las reglas más básicas vigentes dentro del ordenamiento jurídico internacional.
De manera a explicar a un lector poco familiarizado con la realidad que viven los palestinos, el sentido de esta política de colonización ilegal, se darán tan solo dos ejemplos recientes (entre muchos más) de cómo son utilizados estos asentamientos ilegales en territorio palestino por parte de las autoridades israelíes:
– a las pocas horas de conocerse el voto abrumador a favor del reconocimiento de Palestina como «Estado Observador No Miembro» por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, acaecido el 29 de noviembre del 2012 (con 138 votos a favor, 9 en contra – Canadá, Estados Unidos, Islas Marshall, Israel, Micronesia, Nauru, Palau Panamá y República Checa – y 41 abstenciones), Israel autorizaba la construcción de 3.000 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania (véase nota de la BBC con fecha del 30/11/2012). Sobre este reconocimiento de Palestina como Estado por parte de 138 Estados miembros de Naciones Unidas, tuvimos la oportunidad de señalar el papel decisivo que tuvo la decisión costarricense de febrero del 2008 de reconocer a Palestina como Estado en América Latina (Nota 4).
– a inicios de abril del 2014, al anunciar Palestina la ratificación de veinte tratados internacionales (varios de ellos relativos a derechos humanos, al derecho internacional humanitario y a capítulos más clásicos del derecho internacional como por ejemplo la Convención sobre relaciones diplomáticas de 1961, sobre relaciones consulares de 1963 o la misma Convención de Viena sobre derecho de los tratados de 1969), Israel ordenaba la construcción de 708 nuevos asentamientos ilegales y la destrucción de 32 casas habitadas por palestinos (ver nota de prensa de Human Rights Watch del 2 de abril del 2014).
A pocas horas de conocerse esta verdadera debacle diplomática para Israel que le significa la resolución 2334 (2016), se informó que sus autoridades autorizarán 5.600 nuevos asentamientos (ver nota del Middle East Monitor).
En la actualidad, se estima a poco más de 590.000 la población de colonos israelíes y de sus familias ubicados en territorios palestinos.
En una muy esperada – pero pocamente publicitada en medios de prensa – comparecencia ante los miembros del Consejo de Seguridad realizada en octubre del 2016, la activista norteamericana-israelí Lara Friedman de la ONG Americans for Peace Now (APN), aliada de la ONG israelí PeaceNow (ver sitio oficial) declaró lo siguiente:
«Twenty-three years ago, in 1993, Israel and the PLO signed the Declaration of Principles, also known as the Oslo Accords. Back then, the settler population in the West Bank, excluding East Jerusalem, was around 116,000. At the end of 2015, that number was nearly 390,000. Looking just at East Jerusalem, in 1993 the Jewish Israeli population was approximately 146,000. Today it is over 210,000. This population explosion could not have occurred without Israeli government support and encouragement, including, most obviously, the approval and construction of new housing. And that is exactly what happened. During this same period, 1993 to today, over 50,000 settlement units were built in the West Bank, and plus thousands more in East Jerusalem. What about settlement construction just under Prime Minister Netanyahu 2016 figures are still not complete, but looking at 2009 to 2015 – which included the so-called “moratorium” – more than 11,000 settlement units were established in the West Bank with the approval of Israeli authorities. And in 2015 alone, we are talking about almost 2000 new units in West Bank settlements» (ver texto de su alocución del 14 de octubre del 2016 en Nueva York).
En un artículo publicado en Haaretz (Israel) una semana después de esta comparecencia, la misma activista denunció el tipo de presiones recibidas por sus gestiones en Israel, en un artículo de opinión, concluyendo que: «We are proud to have spoken at the Security Council, and we will continue to speak out, wherever and whenever we believe it can make a difference, until Israeli policies cease to prioritize settlements over peace, security, democracy and Israel’s place in the community of nations» (véase artículo del 21/10/2016 titulado «My UN Speech Reflected Love for Israel, Truth About Settlements»).
Una situación desconocida para las autoridades israelíes
Las máximas autoridades de Israel externaron su profunda ira, señalando, entre otras cosas (y sin referirse nunca al tema de los asentamientos ilegales) que se violó un acuerdo tácito con Estados Unidos existente desde los años 80: se lee que en la declaración dada a conocer por parte del Primer Ministro israelí «Tous les présidents américains depuis Carter ont respecté l’engagement américain d’essayer de ne pas dicter les termes d’un accord permanent à Israël devant le Conseil de sécurité. Et hier [vendredi], en opposition totale avec cet engagement, et avec une déclaration explicite du président [Barack] Obama lui-même en 2011, l’administration Obama a mené un complot anti-Israël honteux aux Nations Unies» (ver nota del Times of Israel). Se ignora si el consentir asentamientos ilegales de Israel en territorios palestinos era también parte del susodicho acuerdo, y, como era de esperar, la declaración del Primer Ministro israelí se muestra especialmente evasiva sobre este preciso punto.
Un alto funcionario israelí no identificado, citado por la BBC, fue un poco más explícito: «Este es un abandono a Israel que rompe décadas de política estadounidense de proteger a Israel en la ONU» (ver cable de la BBC).
Posiblemente las gesticulaciones diplomáticas de Israel (llamadas a consulta de sus embajadores, declaraciones oficiales varias, suspensión de programas de cooperación) se concentren en los próximos días en los cuatro Estados que recogieron el texto inicial que Egipto retiró a solicitud de Donald Trump. Dos de ellos no mantienen relaciones diplomáticas con Israel, por lo que las gesticulaciones y represalias se enfocarán muy probablemente en los dos restantes y se oirán algunas declaraciones iracundas (ya usuales) que no impresionan mayormente intentando desacreditar a Naciones Unidas.
A manera de conclusión sobre lo acontencido este 23 de Diciembre en Nueva York
No cabe duda que la sorpresa ha sido total para los diplomáticos de Israel, sus aliados políticos tradicionales, pero también para varios círculos en Estados Unidos y en el mundo, y para muchos especialistas de las mismas Naciones Unidas.
Notemos que la Primer Ministra de Suecia había hace unos días adelantado que, al ejercer la Presidencia del Consejo de Seguridad a partir de Enero del 2017, Suecia – único Estado de la Unión Europea en reconocer a Palestina como Estado – intentaría impulsar un texto en esta misma dirección con relación a los asentamientos israelíes (ver nota de prensa). Como previsible consecuencia del desafío lanzado por Suecia al resto de los Estados miembros de la Unión Europea, al reconocer unilateralmente a Palestina como Estado el 30 de octubre del 2014, el debate sobre el reconocimiento de Palestina dio lugar a importantes resoluciones de los congresos en el Reino Unido, en Irlanda, en Francia, en España y en Bélgica que aún no se han materializado (Nota 5).
No obstante el reciente anuncio sueco, pareciera que el Presidente norteamericano Barack Obama quiso despedirse de la comunidad internacional con un giro histórico con relación a la instrucción tradicionalmente enviada a su representante en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde que asumió sus funciones, en enero del 2009.
Este 23 de diciembre del 2016 quedará en la historia como un verdadero viernes negro para la diplomacia israelí, y como una luz esperanzadora para todos los que apoyan la causa del pueblo palestino, contribuyendo además a reforzar la confianza de las actuales autoridades palestinas en las reglas del derecho internacional y en las instituciones encargadas de velar por su debido cumplimiento.
Nota 1: En declaraciones hechas por la actual representante de Estados Unidos en las Naciones Unidas en Nueva York, S.E. Samantha Power, reseñadas en un artículo titulado: “US is ‘absolutely adamant’ that Palestine not go to ICC and wreck the peace process — Power”, la embajadora de Estados Unidos declaró en el 2014: “The ICC is of course something that we have been absolutely adamant about. Secretary Kerry has made it very, very clear to the Palestinians, as has the President. I mean, this is something that really poses a profound threat to Israel” (sic). Véase al respecto nuestro breve análisis, BOEGLIN N., «La reciente accesión de Palestina al Estatuto de Roma y a otros instrumentos internacionales: breve puesta en perspectiva», Revista Pensamiento Penal (Argentina), Enero del 2015, disponible aquí. Notemos que a los pocos días de aprobada la resolución 2334, se leyó en The Jerusalem Post un artículo de opinión en el que algunos expertos israelíes en derecho internacional expresan sus criterios con respecto a las opciones que abre esta resolución: «Libman pointed out that all of the worst language against the settlements in the UNSC resolution is basically word-for-word from three UNSC resolutions from 1979-1980. Saying the settlements have “no legal validity” are “flagrant violations” and are against both international law and “international humanitarian law” are not new. In that sense, if Bensouda wanted to go after the Israeli settlements as war crimes, she had a case based on prior UNSC resolutions as well as the 2004 International Court of Justice opinion declaring the settlements illegal» (véase artículo titulado «Will the UN resolution bring down a full ICC war crimes probe on Israel?»). Durante una conversación con sus homólogos norteamericanbos hecha pública por Wikilealks (ver cable del 23 de febrero del 2010 de la Embajada norteamericana en Tel Aviv) se lee lo siguiente por parte del Coronel Liron Libman: “Libman noted that the ICC was the most dangerous issue for Israel and wondered whether the U.S. could simply state publicly its position that the ICC has no jurisdiction over Israel regarding the Gaza operation”. El Coronel Liron Libman es un alto funcionario israelí conocedor de las reglas que imperan en el derecho internacional, al haber ostentado durante muchos años el cargo de Jefe del Departamento de Derecho Internacional del Ejército de Israel.
Nota 2: Véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados. La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Heredia, Editorial UNA (EUNA), 2013, pp.70-71.
Nota 3: Véase acta S/PV.3756 de la sesión disponible aquí en la que se lee que para el entonces Embajador Fernando Berrocal de Costa Rica, «Las actuales circunstancias obligan a un alto en el camino y a ponderar, con objetividad y visión, las decisiones del Consejo de Seguridad, para que su apoyo al proceso de paz sea realmente efectivo y refleje adecuadamente la voluntad de paz de la comunidad internacional. Lamentablemente, no nos encontramos, por segunda vez, en ese indispensable y necesario escenario de unidad. En ese contexto, he recibido instrucciones de mi Gobierno de votar abstención en este proyecto de resolución» (p. 4). En su artículo sobre la declaración de Balfour, el profesor Jean Salmon indica que la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 43/176 del 15 de diciembre de 1988 y titulada «Question de Palestine» fue adoptada por 138 votos a favor, 2 en contra (Estados Unidos e Israel) y 2 abstenciones (Canadá y Costa Rica). Véase SALMON J., «La proclamation de l´Etat palestinien», 34, AFDI – Annuaire Francais de Droit International – (1988), pp. 37-62, p. 38.
Nota 4: Sobre esta importante victoria diplomática de Palestina del 2012 y sus alcances desde la perspectiva jurídica, remitimos a nuestros breve estudio publicado en el Boletín Sentinelle de laSociété Francaise pour le Droit International (SFDI), BOEGLIN N.«Le nouveau statut de membre de la Palestine : une perspective latinoaméricaine», Enero del 2013, disponible aquí.
Nota 5: Remitimos a nuestra breve nota – en el caso de España – publicada en LaCelosía y a nuestra nota publicada en DerechoalDia sobre el caso de Francia. Este intenso debate parlamentario de finales del 2014 se trasladó incluso al Parlamento Europeo, el cual adoptó una resolución en el mismo sentido el 17 de Diciembre del 2014 (ver comunicado oficial del Parlamento Europeo).
–Texto de la Resolución 2334 (2016) adoptada el 23 de diciembre del 2016 por el Consejo de Seguridad (versión en inglés) –
The Security Council,
Reaffirming its relevant resolutions, including resolutions 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), and 1850 (2008),
Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and reaffirming, inter alia, the inadmissibility of the acquisition of territory by force,
Reaffirming the obligation of Israel, the occupying Power, to abide scrupulously by its legal obligations and responsibilities under the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, and recalling the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice,
Condemning all measures aimed at altering the demographic composition, character and status of the Palestinian Territory occupied since 1967, including East Jerusalem, including, inter alia, the construction and expansion of settlements, transfer of Israeli settlers, confiscation of land, demolition of homes and displacement of Palestinian civilians, in violation of international humanitarian law and relevant resolutions,
Expressing grave concern that continuing Israeli settlement activities are dangerously imperilling the viability of the two-State solution based on the 1967 lines,
Recalling the obligation under the Quartet Roadmap, endorsed by its resolution 1515 (2003), for a freeze by Israel of all settlement activity, including “natural growth”, and the dismantlement of all settlement outposts erected since March 2001,
Recalling also the obligation under the Quartet roadmap for the Palestinian Authority Security Forces to maintain effective operations aimed at confronting all those engaged in terror and dismantling terrorist capabilities, including the confiscation of illegal weapons,
Condemning all acts of violence against civilians, including acts of terror, as well as all acts of provocation, incitement and destruction,
Reiterating its vision of a region where two democratic States, Israel and Palestine, live side by side in peace within secure and recognized borders,
Stressing that the status quo is not sustainable and that significant steps, consistent with the transition contemplated by prior agreements, are urgently needed in order to (i) stabilize the situation and to reverse negative trends on the ground, which are steadily eroding the two-State solution and entrenching a one-State reality, and (ii) to create the conditions for successful final status negotiations and for advancing the two-State solution through those negotiations and on the ground,
Reaffirms that the establishment by Israel of settlements in the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem, has no legal validity and constitutes a flagrant violation under international law and a major obstacle to the achievement of the two-State solution and a just, lasting and comprehensive peace;
Reiterates its demand that Israel immediately and completely cease all settlement activities in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and that it fully respect all of its legal obligations in this regard;
Underlines that it will not recognize any changes to the 4 June 1967 lines, including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties through negotiations;
Stresses that the cessation of all Israeli settlement activities is essential for salvaging the two-State solution, and calls for affirmative steps to be taken immediately to reverse the negative trends on the ground that are imperilling the two-State solution;
Calls upon all States, bearing in mind paragraph 1 of this resolution, to distinguish, in their relevant dealings, between the territory of the State of Israel and the territories occupied since 1967;
Calls for immediate steps to prevent all acts of violence against civilians, including acts of terror, as well as all acts of provocation and destruction, calls for accountability in this regard, and calls for compliance with obligations under international law for the strengthening of ongoing efforts to combat terrorism, including through existing security coordination, and to clearly condemn all acts of terrorism;
Calls upon both parties to act on the basis of international law, including international humanitarian law, and their previous agreements and obligations, to observe calm and restraint, and to refrain from provocative actions, incitement and inflammatory rhetoric, with the aim, inter alia, of de-escalating the situation on the ground, rebuilding trust and confidence, demonstrating through policies and actions a genuine commitment to the two-State solution, and creating the conditions necessary for promoting peace;
Calls upon all parties to continue, in the interest of the promotion of peace and security, to exert collective efforts to launch credible negotiations on all final status issues in the Middle East peace process and within the time frame specified by the Quartet in its statement of 21 September 2010;
Urges in this regard the intensification and acceleration of international and regional diplomatic efforts and support aimed at achieving, without delay a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East on the basis of the relevant United Nations resolutions, the Madrid terms of reference, including the principle of land for peace, the Arab Peace Initiative and the Quartet Roadmap and an end to the Israeli occupation that began in 1967; and underscores in this regard the importance of the ongoing efforts to advance the Arab Peace Initiative, the initiative of France for the convening of an international peace conference, the recent efforts of the Quartet, as well as the efforts of Egypt and the Russian Federation;
Confirms its determination to support the parties throughout the negotiations and in the implementation of an agreement;
Reaffirms its determination to examine practical ways and means to secure the full implementation of its relevant resolutions;
Requests the Secretary-General to report to the Council every three months on the implementation of the provisions of the present resolution;
Decides to remain seized of the matter.
–Texto de la Resolución 2334 (2016) adoptada el 23 de diciembre del 2016 por el Consejo de Seguridad (versión en español)–
Resolución 2334 (2016)
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7853a sesión, celebrada el 23 de diciembre de 2016
El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones pertinentes, incluidas las resoluciones 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) y 1850 (2008),
Guiado por los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y reafirmando, entre otras cosas, la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza,
Reafirmando la obligación de Israel, la Potencia ocupante, de cumplir escrupulosamente las obligaciones y responsabilidades jurídicas que le incumben en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, de 12 de agosto de 1949, y recordando la opinión consultiva emitida el 9 de julio de 2004 por la Corte Internacional de Justicia,
Condenando todas las medidas que tienen por objeto alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, incluyendo, entre otras cosas, la construcción y expansión de los asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos, en violación del derecho internacional humanitario y las resoluciones pertinentes,
Expresando grave preocupación por el hecho de que la continuación de las actividades de asentamiento israelíes están poniendo en peligro la viabilidad de la solución biestatal basada en las fronteras de 1967,
Recordando la obligación prevista en la hoja de ruta del Cuarteto, que hizo suya en su resolución 1515 (2003), de que Israel paralizara todas las actividades de asentamiento, incluido el “crecimiento natural”, y desmantelara todos los asentamientos de avanzada levantados desde marzo de 2001,
Recordando también la obligación en virtud de la hoja de ruta del Cuarteto de que las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina mantuvieran un funcionamiento eficaz para hacer frente a todos los que participan en actividades terroristas y desmantelar la capacidad de los terroristas, incluso mediante la confiscación de armas ilegales,
Condenando todos los actos de violencia contra civiles, incluidos los actos de terror, así como todos los actos de provocación, incitación y destrucción,
Reiterando su visión de una región en que dos Estados democráticos, Israel y Palestina, vivan uno al lado del otro en paz y dentro de fronteras seguras y reconocidas,
Destacando que el statu quo no es sostenible y que es necesario adoptar con urgencia, en consonancia con la transición prevista en acuerdos anteriores, medidas importantes con el fin de i) estabilizar la situación e invertir las tendencias negativas sobre el terreno, que están socavando continuamente la solución biestatal y afianzando la realidad de un solo Estado, y ii) crear las condiciones para el éxito de las negociaciones sobre el estatuto definitivo y para promover la solución biestatal mediante esas negociaciones y sobre el terreno,
Reafirma que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal y de una paz general, justa y duradera;
Reitera su exigencia de que Israel ponga fin de inmediato y por completo a todas las actividades de asentamiento en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y que respete plenamente todas sus obligaciones jurídicas a ese respecto;
Subraya que no reconocerá ningún cambio a las líneas del 4 de junio de 1967, incluso en lo que respecta a Jerusalén, que no sean los acordados por las partes mediante negociaciones;
Destaca que la cesación completa de todas las actividades israelíes de asentamiento es fundamental para salvaguardar la solución biestatal, y pide que se adopten de inmediato medidas positivas para invertir las tendencias negativas sobre el terreno que están haciendo peligrar la solución biestatal;
Exhorta a todos los Estados a que, teniendo presente el párrafo 1 de la presente resolución, establezcan una distinción, en sus relaciones pertinentes, entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967;
Exhorta a que se adopten medidas inmediatas para prevenir todos los actos de violencia contra los civiles, incluidos los actos de terror, así como todos los actos de provocación y destrucción; exhorta a que se rindan cuentas a este respecto, y a que se cumplan las obligaciones en virtud del derecho internacional con miras al fortalecimiento de los esfuerzos en curso para combatir el terrorismo, en particular mediante la coordinación de las medidas de seguridad existentes, y para condenar claramente todos los actos de terrorismo;
Exhorta a ambas partes a que actúen de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, y sus acuerdos y obligaciones anteriores, a que demuestren serenidad y contención, y a que se abstengan de realizar actos de provocación e incitación y de hacer declaraciones que enardezcan los ánimos, con el fin de, entre otras cosas, distender la situación sobre el terreno, restablecer la confianza, demostrando mediante políticas y medidas un compromiso genuino con la solución biestatal, y crear las condiciones necesarias para promover la paz;
Exhorta a todas las partes a que, en interés de promover la paz y la seguridad, hagan esfuerzos colectivos para iniciar negociaciones creíbles sobre todas las cuestiones relativas al estatuto definitivo en el proceso de paz del Oriente Medio y dentro de los plazos establecidos por el Cuarteto en su declaración de 21 de septiembre de 2010;
Insta a este respecto a que se intensifiquen y aceleren el apoyo y los esfuerzos diplomáticos regionales e internacionales con objeto de lograr sin demora una paz amplia, justa y duradera en el Oriente Medio, sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, los principios de referencia de la Conferencia de Madrid, incluido el principio de territorio por paz, la Iniciativa de Paz Árabe y la hoja de ruta del Cuarteto, y de poner fin a la ocupación israelí que se inició en 1967; y subraya a este respecto la importancia de los esfuerzos en curso para impulsar la Iniciativa de Paz Árabe, la iniciativa de Francia para convocar una conferencia internacional de paz, los recientes esfuerzos del Cuarteto, así como las iniciativas de Egipto y la Federación de Rusia;
Confirma su determinación de apoyar a las partes a lo largo de las negociaciones y en la aplicación de un acuerdo;
Reafirma su determinación de examinar formas y medios prácticos para asegurar la plena aplicación de sus resoluciones pertinentes;
Pide al Secretario General que le presente informes cada tres meses sobre la aplicación de las disposiciones de la presente resolución;
Decide seguir ocupándose de la cuestión.
Publicado por Curso de Derecho Internacional. Costa Rica en 15:38
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El Recinto de Grecia ya cuenta con una de las estaciones ubicada en los jardines. La instalación de las estaciones inició el 30 de noviembre y aún quedan algunas por colocar (foto Katzy O’neal).
Gracias a la iniciativa estudiantil, la Universidad de Costa Rica (UCR) se convirtió en la primera universidad que cuenta con centros de carga ecológicos alimentados por paneles fotovoltaicos donde los estudiantes pueden conectar sus celulares, tablets y laptops.
En total se instalaron 12 estaciones de carga ecológica distribuidas en las sedes y recintos universitarios que están ubicadas en espacios al aire libre. Su diseño permite que los y las estudiantes puedan estudiar, almorzar y compartir con sus compañeros mientras cargan sus dispositivos. En total se pueden conectar hasta 15 celulares y 5 computadoras al mismo tiempo en cada estación.
Dispositivos móviles e Internet
Este proyecto realizado por el directorio de la Federación del Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) del periodo 2015-2016, junto con la empresa Ecoenergy, pretende solucionar una de las necesidades de los estudiantes de hoy en día, que es la disponibilidad de centros de carga para sus dispositivos móviles.
Actualmente, los dispositivos móviles son los más utilizados por los costarricenses para conectarse a Internet. Según el Estudio RED506 que publica el diario El Financiero 2016, el 71% de los encuestados declara usar el celular todos los días durante todo el día.
Particularmente en la UCR, el uso de dispositivos móviles ha crecido exponencialmente en los últimos ocho años. De acuerdo a datos publicados por el Centro de Informática de la UCR, para el 2007 había 750 dispositivos conectados a la red de Internet inalámbrica universitaria AURI y para el 2015 esa cifra ha crecido 12 veces, hasta alcanzar los 9.000 dispositivos conectados a la red.
Energía limpia y espacio público
En la Sede Rodrigo Facio se instalaron dos estaciones; una frente al edificio de Ciencias Económicas y otra frente al Comedor Universitario (foto Laura Rodríguez).
La propuesta además busca recuperar los espacios al aire libre del campus universitario para el disfrute de los y las estudiantes, al mismo tiempo que se fomenta el uso de energías renovables, según explicó el Presidente del FEUCR (2015-2016) Luis Siles Núñez, quien es estudiante de Ciencias Políticas y Derecho.
Este proyecto se suma a una serie de iniciativas desarrolladas por la Universidad de Costa Rica para promover estilos de vida saludable, la movilidad activa, la apropiación de los espacios públicos por parte de las personas y el uso de fuentes de energía limpia en el campus, convirtiéndolo en un campus modelo.
Desde abril, la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio además cuenta con un novedoso sistema de circuitos biosaludables, donde el usuario puede hacer ejercicio e incluso cargar su celular a partir de la energía generada por sus propios movimientos y por la luz solar. Estos circuitos toman la energía del sol y convierten cada minuto de ejercicio en minutos de carga para celulares y en luz, gracias a un sistema eléctrico creado por estudiantes.
Características
Las estaciones de carga ecológica funcionan tomando energía del sol por medio de dos paneles fotovoltaicos de 610 watts. El sistema cuenta con una serie de dispositivos electrónicos que se necesitan para conectar los equipos; como un regulador de carga de batería, un inversor, cableado especializado y un sistema de falla a tierra para evitar peligros de electrificación.
Según detalló, Luis Alfredo Castro de la empresa Ecoenergy, una de las ventajas es que las estaciones funcionan tanto de día como de noche, ya que cuentan con dos baterías de ciclo profundo que almacenan la energía que se produce en horas de sol para ser utilizada durante las noches. Además incluyen iluminación led que consume menos electricidad.
El proyecto consideró las diferentes condiciones climáticas de las regiones del país y los hábitos de movilidad de los y las estudiantes de las sedes y recintos de la UCR. Por eso, la estructura está diseñada en acero inoxidable para asegurar su durabilidad, en las zonas más calientes los asientos son de cemento y en las Sede del Pacífico, Sede del Caribe y el Recinto de Guápiles incluyen cicloparqueos.
Los equipos instalados tienen 10 años de garantía y 15 años de vida útil y un costo aproximado de entre $1.200 y $1.500 por cada estación.
Exigimos al gobierno retirar el llamado que hizo el pasado 25 de noviembre en medio de la emergencia del huracán Otto donde instaba a incrementar las fumigaciones de bananeras y piñeras
Repudiamos la firma del nuevo reglamento de registro de agroquímicos por parte de este gobierno venenero
El pasado 03 de diciembre se cumplieron treinta años desde que una fábrica de plaguicidas explotó en la ciudad de Bhopal, en India, contaminando a toda su población. Más de 16.000 muertos dejó ese incidente y más de medio millón de afectados por una empresa propiedad de Dow Chemicals, transnacional responsable de cientos de contaminantes usados en la agroindustria a nivel global. Lamentablemente, Costa Rica no se encuentra ajena de esto.
En un país como el nuestro se usan anualmente 18.2 kilogramos de ingrediente activo de plaguicida por hectárea. Es así como la expansión piñera explotó como una bomba de toxicidad sobre comunidades enteras. Desde hace nueve años las comunidades de El Cairo, La Francia y Milano, en el Caribe costarricense, no tienen agua potable. Más de 12.000 personas abren el tubo en casa para recibir un cóctel de más de 22 agroquímicos en el agua que se supone para consumo, todos venenos usados en las plantaciones extensivas de piña.
Más recientemente, en junio 2016 se han encontrado también en la zona norte del país casos similares. Por ejemplo, le acueducto comunitario Veracuz de Pital de San Carlos, el cual presenta contaminación con el herbicida Bromacil, usado en las plantaciones piñeras. Es así como se suman unas 3500 personas afectadas por esta industria irresponsable que sigue ganando dinero a costa de la salud humana.
Las empresas piñeras alcanzaron exportaciones anuales superiores a USD$ 1.000 millones de dólares según datos de Procomer De esta millonaria suma son las empresas Dole y Chiquita Brands las que se llevan la gran mayoría de las ganancias con consecuencias muy negativas para comunidades y familias campesinas.
La industria de la piña acapara tierras de campesinos/as. La producción se concentra en grandes fincas. Según el último censo agrícola el 90% de las fincas piñeras tienen extensiones de más de 100 hectáreas. Es decir, esta actividad no beneficia a pequeños campesinos ni a comunidades locales, sino a enclaves empresariales con poco encadenamiento productivo.
Si nos preguntamos ¿a quiénes benefician estas empresas contaminantes? Podemos asegurar que: a empresarios y políticos que les importa poco el agua de la gente; el bosque, la salud del niño/a que recibe clases en una escuela rodeada de monocultivo o las comunidades vecinas a la piñera. Por el contrario están intentando librarse de sus responsabilidades legales, laborales y ambientales.
Señalamos que es un mito que las piñeras son fuente de desarrollo. Las empresa piñeras no pagan impuestos municipales; están exentas del impuesto sobre la renta; sus compras están exoneradas del impuesto sobre las ventas y no pagan impuestos sobre la exportación. Quienes dicen al menos que ofrecen trabajo a cambio nunca han padecido el dolor de ver un hijo o una hija morirse lentamente envenenado por el contacto diario con los plaguicidas a cambio de salarios muy inferiores al mínimo y en condiciones de exploración e inseguridad. Incluso en eventos de emergencia como un huracán se comportan de forma mezquina irrespetando cualquier medida de prevención. Además es muy preocupante que tenga al gobierno como cómplice de todos estos crímenes.
Lamentamos que el Gobierno de La República adopte medidas anti-ecológicas ante el paso del huracán Otto como fue llamar a incrementar las fumigaciones en las plantaciones de banano y piña. Condenando a las poblaciones aledañas a más contaminación, como si perder sus casas y sus modos de vida no fuera suficiente.
Para colmos, en medio de esta crisis agrícola la solución del gobierno de Luis Guillermo Solis es abrir las fronteras a la entrada de más plaguicidas, desmontando controles de registro y evaluación ambiental. Mediante el nuevo reglamento de registro de plaguicidas escrito de puño y letra de las transaccionales químicas como Bayer y Monsanto.
Es necesario incrementar los controles de importación, registro, venta y aplicación de agroquímicos. Cuestión que este nuevo reglamento, firmado el pasado viernes 2 de diciembre, no atiende de forma adecuada. Pedimos la derogación inmediata del nuevo decreto que reglamenta de forma irresponsable el registro de agroquímicos. Es urgente prohibir “La Docena Sucia”1, el Bromacil y el Glifosato.
¡Paren de fumigarnos!
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera
Representantes de la RedMICA denunciaron abandono del tema por parte de autoridades estatales
Relator Especial de la CIDH mostró anuencia a trabajar con la sociedad civil
El pasado 1 de diciembre, la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA) obtuvo buenos resultados del encuentro que sostuvo con Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y José de Jesús Orozco, Comisionado de la misma instancia, en Ciudad de Panamá.
En esta reunión, la representación costarricense denunció las violaciones sistemáticas a la libertad de expresión que se dan en Costa Rica, por la ausencia de un marco legal actualizado en materia de radio y televisión, así como la inacción gubernamental en la materia.
La RedMICA informó que como resultado de esta reunión, el informe del próximo año sobre libertad de expresión que publica la Relatoría Especial de la CIDH, incorporará los datos e informaciones facilitadas sobre la situación de Costa Rica. Además, se brindará prioridad a la situación costarricense en la próxima sesión de la CIDH en marzo de 2017. También se logró una manifestación positiva por parte del Relator Especial para trabajar este tema en conjunto con el movimiento social costarricense por el derecho a la comunicación.
En esta cita, la RedMICA estuvo representada por Andrea Alvarado, Sebastián Fournier y Mónica Granados, quienes explicaron cómo Costa Rica violenta los Estándares de Libertad de Expresión para una Radiodifusión Libre e Incluyente, establecidos por la CIDH en 2009. Allí demostraron que la legislación actual en el tema no reconoce la existencia de medios comunitarios, no establece facilidades para medios alternativos y no contiene límites para evitar que muchos medios se concentren en pocas empresas.
“El hecho de que la CIDH y la Relatoría se preocupen por el caso de nuestro país, demuestra que la Comunicación es un Derecho Humano y que la libertad de expresión tiene una dimensión social que está desprotegida en Costa Rica. Vamos a continuar denunciando las violaciones a la libertad de expresión que se dan en nuestro país”, comentó Andrea Alvarado, una de las representantes de la agrupación.
La RedMICA es una organización de la sociedad civil que agrupa a medios alternativos, comunicadores, comunicadoras, organizaciones comunitarias, activistas y personas del ámbito académico que impulsan desde hace siete años el respeto a la dimensión social de la libertad de expresión como un derecho humano. Actualmente impulsan la recolección de firmas ciudadanas para la presentación de un proyecto de ley que actualiza el marco legal de la radio y la televisión costarricense mediante el mecanismo de iniciativa popular.
Autores: UNA Gutiérrez M, Monge C, Gamboa R, Mena P. UCR : Jiménez M, Bejarano A, Meléndez P, Vargas A.
Esta Guía para la Educación Ambiental en el cantón de Puriscal, es producto del trabajo realizado por el equipo interuniversitario que ejecutó el proyecto Equidad y Participación ciudadana en el cantón de Puriscal durante los años 2014-2016.
La misma recoge la experiencia de la Universidad Nacional de Costa Rica y de la Universidad de Costa Rica y de escuelas del Ministerio de Educación Pública para, desde las escuelas, generar acciones que vinculen de manera participativa a los distintos actores sociales de los centros educativos en la alfabetización, sensibilización y concientización para lograr un ambiente saludable.
Como primera etapa del proyecto, se elaboró un diagnóstico comunitario en los distritos que conforman el cantón. A partir de dicha investigación, surge la necesidad de abordar la temática ambiental dada la preocupación de la población ante los riesgos y amenazas que enfrentan en esta materia.
Por lo tanto, fue necesario profundizar en esta temática y se construyó un Diagnóstico Ambiental del cantón donde se identificó, de manera participativa que los principales problemas ambientales que enfrenta el cantón son el manejo de los desechos sólidos, la deforestación, la contaminación y la falta de agua.
El abordaje de dicha realidad se plantea en varias líneas a través de la coordinación interinstitucional e incluye la gestión participativa de residuos sólidos y la educación ambiental.
Para desarrollar una propuesta en este último tema, se realizó un acercamiento con los educadores de la zona para conocer como abordan desde el aula esta temática.
Se realizó un trabajo exploratorio con docentes que laboran en distintos centros educativos públicos del cantón para identificar su opinión sobre los temas: medio ambiente, educación ambiental y sobre las estrategias de educación ambiental que utilizan con los alumnos.
De acuerdo con dicha investigación, los principales problemas ambientales que enfrenta el cantón de Puriscal son: la basura, la deforestación, la contaminación, la falta de agua y la contaminación sónica. Además, los educadores consideran que la educación ambiental que imparten en las aulas es débil debido en parte, a la falta de herramientas y conocimientos que poseen ellos como maestros para incorporar este tema en el currículo escolar (Consulta Ambiental a educadores de Puriscal 2015)
Como respuesta a la problemática identificada, el proyecto EPASOP elabora a partir de estos tres elementos (diagnóstico socioeconómico-diagnósticos ambiental –consulta a maestros) una guía de educación ambiental que ha sido utilizada en el 2016 por los maestros del cantón.
Este documento es la base que utiliza el maestro local en educación ambiental. En la misma, se reconoce la importancia de la educación como medio de concientización y sensibilización sobre el ambiente y el uso de los recursos naturales.
Una población informada, sensibilizada y empoderada puede hacer la diferencia para favorecer mejoras en las condiciones de vida e impactar el desarrollo social y económico.
Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Por sus altos costos, principalmente en el pago de los servicios profesionales (¡que no han sido los mejores!) el Estado debería estructurar un equipo humano especializado, interdisciplinario, de probada competencia, con la función específica de ELABORAR Y DARLE SEGUIMIENTO a los planes reguladores que el país requiere.
No hace falta reiterar que la TAREA ES URGENTÍSIMA, pues está en peligro la seguridad y vida de los habitantes. La inversión es más que justificable, y la propuesta debería ser valorada. HOY, cuando una municipalidad plantea la necesidad de contratar la construcción de un plan regulador, se encuentra con que, mientras por un lado tiene grandes dificultades para resolver el asunto financiero, por otro, los profesionales contratados muchas veces no dan la talla, por lo que su esfuerzo termina en un archivo de la Setena, en vista de las deficiencias que allí se detectan.
El INVU, el IFAM, el MINAE, incluso el ICE, y otros, deberían unir esfuerzos en este sentido. Los planes reguladores NO han de seguir siendo el negocio de un grupito. Con la emergencia a la vuelta de la esquina, es URGENTE buscar una salida viable por parte del Estado.
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.todanoticia.com
La Resolución Nº 2201-2016-SETENA rechazó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al Proyecto de Residuos Sólidos en La Garita de Alajuela analizado bajo el expediente administrativo Nº 9279-2012-SETENA.
Con base en unos 81 incumplimientos del EIA la SETENA ordenó el archivo y negó la viabilidad ambiental a la transnacional de la incineración Wastelectric S.A que pretendía instalar una planta en contiguo la Zona Franca en La Garita de Alajuela.
Entre las decenas de omisiones del proyecto la SETENA señala que no se presenta un adecuado Plan de Manejo de aguas residuales y pluviales sin el recibido por parte de la Municipalidad de Alajuela. Falta permisos y diseños de la planta de tratamiento y no se analiza que sucede con las aguas residuales generadas propiamente por la actividad. Con relación a la dotación de agua no existe claridad sobre la manera en que se suplirá la demanda de agua del proyecto.
Una de las preocupaciones de las comunidades son las cenizas toxicas que generan estos proyectos SETENA asegura que “con relación a la disposición final de desechos, no se indica el tipo de desechos que serán producidos, almacenamiento, manejo, transporte, tratamiento y disposición final. Relacionado con los desechos líquidos generados, no se indica la cantidad y calidad estimada que se generará. Tampoco se explica cómo serán tratados”.
Uno de los puntos de mayor discordia de estas tecnologías son las emisiones de gases perjudiciales para el ambiente como dióxido de carbono y para la salud como las dioxinas, furanos, policiclos aromáticos, los cuales son cancerígenos. En lo referente a las emisiones según SETENA: “no se explica con cual normativa se comparará o medirá, considerando que en Costa Rica no hay legislación en este campo. Tampoco se indica la normativa legal costarricense existente aplicable a este tipo de actividad, normas a cumplir, sistema de medición”.
En relación con el tema de percepción local no se explicó la metodología empleada para definir la muestra de la población a consultar. Tampoco se señala la percepción de la población sobre los potenciales impactos que puede generar el proyecto sobre dicha infraestructura.
Entre otros vacíos importantes es la falta el Análisis Costo – Beneficio del proyecto, que permita conocer la conveniencia socioeconómica del proyecto, ni estudio de impacto vial, no se respondieron inquietudes formuladas por la sociedad civil.
La compañía no pudo ampliar y evacuar observaciones de: Instituto Meteorológico Nacional, Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Costarricense de Turismo, Comisión Arqueológica Nacional, Universidad de Costa Rica, Dirección de Protección al Ambiente Humano, del Ministerio de Salud, La Defensoría de los Habitantes, Colegio de Biólogos de Costa Rica, Dirección de Cambio Climático, Municipalidad de Alajuela, Vice ministro de Aguas, Mares, Costas y Humedales, del Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica y Colegio de Químicos de Costa Rica.
Dos ejemplos, el Colegio de Geólogos de Costa Rica señala que existe una fragmentación en los temas de geología e hidrogeología, que el apartado de geología es muy pobre por lo que debe ser ampliado, se debe realizar un inventario de pozos y captaciones que existan en los alrededores y analizar la posible influencia del proyecto en la calidad y cantidad de agua. Se debe analizar con más detalle el posible riesgo de contaminación del agua subterránea y aguas superficiales. Mientras El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), específicamente se señala que el estudio hidrogeológico presentado no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por el SENARA.
Segundo proyecto archivado
En el caso del proyecto de Barranca en 2013, tras meses de protestas, manifestaciones y acciones legales, los vecinos lograron que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) archivara el proyecto denominado “Puntarenas Waste Energy” (ver más ).
El objetivo es desarrollar un programa de formación en trabajo decente y derechos fundamentales
Cumpliendo con su lema “SEC junto al pueblo” y comprometido con la lucha contra las actuales tendencias de precarización del trabajo, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense firmó un acuerdo con la Oficina Internacional del Trabajo OIT, para desarrollar en el 2017 un programa de formación en el área de trabajo decente y derechos laborales fundamentales.
Gilberth Díaz, Presidente del SEC, destacó la importancia de este proceso de capacitación que va en consonancia con el interés del sindicato de apoyar la lucha por la erradicación del trabajo infantil, del trabajo forzoso, de las formas de esclavitud moderna y de la trata de personas. Así mismo, este programa complementa los contantes procesos de formación con los cuales se busca que la comunidad educativa conozca sus derechos laborales para poder ejercerlos y defenderlos.
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC
SURCOS recibió para su publicación el siguiente comunicado:
Pese a la reticencia de las autoridades legislativas y los diputados en general, a escuchar a la sociedad civil, nos permitimos exponer lo siguiente:
Somos un grupo ciudadano consciente de que es necesario solucionar el problema de la planta física de la Asamblea Legislativa, no sólo por precarias condiciones, sino porque es muy importante que un país cuente con una sede emblemática, al mismo nivel de otras naciones. Desgraciadamente creemos que Costa Rica y sus gobernantes legislativos con esto lo que harán es el ridículo y pondrán al país en ridículo internacional.
Es inexplicable cómo funcionarios públicos, de varios niveles, o los banqueros encargados y otros participantes, hayan aprobado ese proyecto y que se pretenda gastar el dinero no de los bancos, sino de los costarricenses, en algo tan absurdo y descabellado.
Como ciudadanos estamos en la obligación de advertirle de buena fe al Presidente de la Asamblea, como principal responsable en estos momentos, los riesgos implicados en la materialización de ese proyecto, tal como está concebido:
Cualquiera, con un mínimo de entendimiento se puede dar cuenta de lo que significará el levantamiento de esa gigantesca mole, cerrado como una prisión, de espaldas al pueblo, estropeando el entorno urbano patrimonial, que aunque a los diputados no interese, pertenece al pueblo costarricense. Ampliamente criticada ha sido la autorización del Centro de Patrimonio, en la que se amparan los diputados, pero en nada cambia la realidad física.
Los diputados del Directorio anterior aprobaron el proyecto sin absolutamente ningún análisis objetivo sobre el funcionamiento interno, confiados únicamente en lo que les dijeron los subalternos, como si se tratara de algo intrascendente, pero siempre corresponsables. Ahora el Presidente en funciones asume la continuidad de esa responsabilidad.
Señor Presidente, usted como empresario de vasta experiencia, si el dinero que financia esa obra fuera suyo, ¿aprobaría esa construcción sin un análisis a fondo de su funcionalidad? ¿Arriesgaría usted su patrimonio en una obra perenne sin medir los riesgos de fracaso y pérdida de la inversión? ¿Está usted consciente de que estaría malgastando el dinero de los costarricenses, en una obra defectuosa para toda la vida?
En todo caso, esto también repercutirá en su vasta carrera política, razón por la que usted debería reflexionar y asesorarse objetivamente, porque tarde o temprano surgirán los reclamos y con razón. No se trata de que el fisco pierda lo que se ha gastado, pues mucho más se perderá en esa construcción de toneladas y toneladas de concreto armado, sino de que se escuchen alternativas sensatas sin pérdida de tiempo, que superen los errores de este equivocado proceso.
Ahora bien, si se continúa con los oídos sordos y se persiste en materializar esa obra, todo está documentado y en el momento del caso, las responsabilidades surgirán y habrá que rendir cuentas.
Firma responsable María Teresa Valenzuela Hernández
Cédula 14191055
Enviado a SURCOS Digital por María Teresa Valenzuela Hernández.
