El pasado 03 de noviembre, el Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal, recibió a Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva de AyA.
En un tenso, pero respetuoso diálogo, se analizó la situación del agua en la zona y el histórico conflicto de Sardinal.
Se presentó el rechazo total, al “estudio” del manto acuífero que presentaron hace unas semanas funcionarios del MINAET, de SENARA y de AyA.
Este rechazo se basó en el análisis técnico de varios expertos en la materia. Entre ellos Alan Astorga Gattgens Doctor en Geología y Catedrático de la Universidad de Costa Rica.
Luego de escuchado, y visto los sólidos argumentos expuestos, la señora Yamileth Astorga se comprometió con el comité a realizar un nuevo estudio, que cumpla con la legislación vigente y con los criterios técnicos modernos.
También se comprometió a dar atención a la instalación de servicio de alcantarillado para manejo de aguas residuales de Sardinal. Igualmente dará prioritaria atención para que los diversos barrios de Sardinal que carecen de ello tengan agua potable en sus casas.
Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal
Se adjunta el análisis de Alan Astorga y otro más:
La accesibilidad no se trata de edificaciones, sino de cambios sociales
Eduardo Muñoz Sequeira,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
La accesibilidad estructural o las adecuaciones son solo dos elementos para una verdadera inclusión social de la población con discapacidad. La construcción de nuevos discursos sociales es esencial para erradicar prejuicios y discriminación. En la foto aparece el estudiante Alex Vázquez, quien cursa la carrera de Bachillerato en Inglés – foto Laura Rodríguez Rodríguez.
Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, afirmó que la UCR ha realizado importantes avances en el reconocimiento de este sector de la población.
Devandas Aguilar, quien es abogada graduada de la Facultad de Derecho de la UCR y magister en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III, España, es la primera relatora seleccionada por la ONU para realizar aportes sustantivos en un tema que por años ha estado relegado al cajón de los prejuicios de la sociedad. Ella recorre el mundo proponiendo cambios para que las personas con discapacidades tengan las mismas oportunidades, recomendando a los gobiernos la eliminación de las barreras que impiden el goce pleno de los derechos.
Precisamente en esta materia, del 7 al 11 de noviembre Costa Rica celebrará la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, establecida desde 1 de abril del 2011, y este año se conmemora bajo el lema «Una sociedad inclusiva y accesible, es una sociedad sin barreras». El objetivo de esa semana es que todas las instituciones educativas del país realicen actividades de información y sensibilización con respecto a la igualdad de oportunidades y al estudio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un instrumento internacional del cual Costa Rica es Estado signatario.
La Relatora de ONU enfatiza que la discapacidad es creada por el entorno y las creencias, por lo que poco cambiará si no se cambia la forma de pensar de las personas, sean en los ámbitos familiares, educativos y laborales. El resto de la población nunca se ha cuestionado que todo ha sido construido e ideado para facilitarles su vida, de forma que el entorno coadyuva a su realización; si no fuera así tendrían dificultades en su vida cotidiana. Por eso, es consecuente decir que la discapacidad es producto de la sociedad, ya que históricamente se ha obviado los derechos de un importante sector de la población en los planes de desarrollo urbano y social, censuró con firmeza en su último regreso a Costa Rica en setiembre pasado desde Ginebra, lugar donde reside con su familia y sirve de base para su trabajo en Derechos Humanos alrededor del mundo.
La abogada costarricense graduada en la UCR, Catalina Devandas Aguilar, recorre el mundo promoviendo cambios para que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades en el pleno goce de sus derechos ciudadanos – foto Laura Rodríguez Rodríguez.
La tarea pendiente en todos los países es superar las barreras sociales y los estereotipos con los que crecen y conviven las personas con discapacidad, afirmó Devandas. La Relatora reconoció lo realizado hasta el momento por la UCR; pero consideró que aún hay pendientes en las universidades públicas en esos tópicos y sobre todo en la investigación.
En su época estudiantil, Devandas Aguilar fue integrante del Consejo Universitario de la UCR y de la FEUCR, así como funcionaria de la Fundación UCR. Asimismo trabajó intensamente en movimientos sociales en defensa de los logros del Estado social costarricense.
La discapacidad como enfermedad
“Pídale a Dios que en su familia nunca haya una persona con discapacidad”, rogaba una madre a otra para que antes de tener otro hijo o hija hiciera oración para que le naciera “normal”, y así no lidiar con una “desgracia” similar a la suya.
Según una reciente investigación del lingüista Adrián Vergara, gran parte de la población considera que una discapacidad es sinónimo de enfermedad, y por ende, imposibilita a las personas a alcanzar sus metas académicas y laborales – foto Archivo ODI.
Aunque la frase resulta ofensiva para algunas personas, la realidad es que miles de familias se enfrentan a una sociedad que durante siglos ha construido discursos discriminatorios contra estos ciudadanos. Es un pensamiento que revela “la dicotomía que los padres tienen de sus propios hijos, ya que estos definen a sus niños con discapacidad de acuerdo al paradigma de normalidad establecido por la sociedad, ya que piensan que tienen desventajas por su “condición de salud”, afirmó el Dr. Adrián Vergara Heidke, quien recientemente concluyó el proyecto de investigación sobre el análisis crítico de los discursos sobre la discapacidad en los ámbitos cotidianos, educativos y políticos, inscrito por el Instituto de Investigaciones Lingüísticas en la Vicerrectoría de Investigación.
El estudio inició en el año 2013 y abarcó el análisis de dos textos legislativos relacionados con el proceso de aprobación el 7 de agosto del 2008 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y su Protocolo Facultativo. Además, se recopilaron historias de vida y realizó grupos focales con padres y madres con hijos con discapacidad. Finalmente, el investigador logró un corpus en los que identificó categorías discursivas que revelan una tensión entre las intenciones políticamente correctas de inclusión social y familiar y las ideas predominantes que definen la discapacidad entre la población costarricense.
En Costa Rica el 10% de la población vive con algún tipo de discapacidad, pero no existen estudios que desde la lingüística aborde sobre cómo se construyen sus representaciones y los significados. En general, persiste la idea que la discapacidad es una desgracia, un problema o una enfermedad, acotó el Dr. Vergara. Incluso en los familiares con mayor conciencia persiste la idea de “anormalidad. Esto revela una contradicción, aunque, en teoría, las familias desean que estos niños sean incluidos en la sociedad, igualmente practican la exclusión al perpetuar este discurso en su forma de verlos y de referirse a ellos”, acotó Vergara.
La Convención obliga a los Estados a luchar contra los estereotipos y con ese fin a promover percepciones positivas. “Consideramos que si se quiere alcanzar una “real” inclusión, se debe atacar ese discurso sobre la discapacidad que comparten varios sectores…mientras exista este tipo de discurso siempre habrá discapacidad”, concluyó el Dr. Vergara.
Catalina Devandas Aguilar
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
La abogada costarricense afirmó que la UCR ha realizado importantes avances en el reconocimiento de este sector de la población. Graduada en la Facultad de Derecho de la UCR y magister en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III, España, es la primera relatora seleccionada por la ONU para realizar aportes sustantivos en un tema que por años ha estado relegado al cajón de los prejuicios de la sociedad. Ella viaja por los cinco continentes proponiendo cambios para que las personas con discapacidades tengan las mismas oportunidades, recomendando a los gobiernos la eliminación de las barreras que impiden el goce pleno de los derechos.
Además 40 mil horas de TCU mejoran calidad de vida de muchas comunidades
M.L. Marjorie Jiménez Castro,
Vicerrectora de Acción Social
Proyectos como Electrizarte, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, utilizan el arte para aumentar las destrezas y conocimientos en las y los estudiantes (foto Facebook Electrizarte).
Las carreras de ingeniería de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizan actividades de docencia, investigación y acción social. Apoyan la gestión de las pequeñas y medianas empresas, las organizaciones sin fines de lucro e instituciones públicas, contribuyendo de manera solidaria al aprovechamiento de los recursos, a mejorar las condiciones de salud de la población y el desarrollo sostenible acorde con las necesidades del país.
Las actividades de acción social de la Facultad de Ingeniería de la UCR buscan fortalecer los procesos de capacitación continua, la actualización y formación profesional en los campos de la metrología, instrumentos de medición, producción de bienes o servicios, así como la ejecución de ensayos de laboratorio, mantenimiento y conservación de vías y puentes, entre otros aportes.
Los proyectos de acción social inscritos en las escuelas de ingeniería permiten contar con una base de recurso humano formado para impulsar el desarrollo general del país en distintas áreas del conocimiento. Los relacionados con capacitación, no solo buscan mejorar las habilidades y destrezas de los estudiantes y las personas graduadas en ingeniería, sino también beneficiar a diversos sectores sociales con nuevas tecnologías puestas al servicio del progreso nacional.
Un TCU de la Escuela de Ingeniería Civil busca contribuir al fortalecimiento del manejo del recurso hídrico, específicamente en el aspecto de la infraestructura en los sistemas de agua potable comunales (foto Wainer Méndez Solano).
Actualmente, la UCR cuenta con 41 proyectos de las Escuelas de Ingeniería de Biosistemas, Civil, Mecánica, Eléctrica, Topográfica, Química, Industrial, Arquitectura, Computación e Informática, que buscan brindar asesoría, actualización, apoyo técnico y generar investigaciones que permitan mejorar la productividad, calidad y otros estándares empresariales. Asimismo, permite a docentes y estudiantes acercarse a otras problemáticas de la realidad nacional.
Con el proyecto de Etapa Básica de Ingeniería y los campamentos aeroespaciales que se realizan en Upala, Puntarenas, Limón y Cañas se fomenta el desarrollo de capacidades en ingeniería, ciencias básicas y computación en estudiantes preuniversitarios, colegiales y escolares. Por medio de estas actividades las y los jóvenes reciben motivación para continuar sus estudios universitarios y soñar con la posibilidad de estudiar una carrera en el área.
La M.Sc. Leonora De Lemos Medina, coordinadora del proyecto de Extensión Docente ED-3198, desde el cual se llevan a cabo los campamentos aeroespaciales, destaca que el objetivo es “…motivar a la población estudiantil joven, estamos hablando de estudiantes de los dos últimos años de colegio y universitarios para justamente estudiar carreras de ciencia y tecnología que están relacionadas con la industria aeroespacial”.
Un Trabajo Comunal de la Escuela de Ingeniería Industrial crea soluciones automatizadas para o robóticas para Mipymes u otras organizaciones. En la foto se observa un prototipo de robot para la Unidad de Materiales Peligrosos del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (foto Vania Solano Laclé).
Las escuelas de Química, Ingeniería de Biosistemas, Arquitectura y Eléctrica, ejecutan proyectos en la búsqueda de la armoniosa relación hombre-naturaleza. Por ejemplo, tienen por objetivo el tratamiento de desechos orgánicos en Lepanto, asegurar el derecho humano al acceso a agua potable a todas las personas de las islas del Golfo de Nicoya y otras regiones, y mejorar la calidad de vida de los y las habitantes de Cieneguita, mediante la apropiación comunitaria del espacio urbano.
En el mes de julio se realizó el segundo Campamento aeroespacial con el lanzamiento de 12 cohetes realizados por estudiantes en Esparza de Puntarenas. Esta actividad forma parte del proyecto de extensión docente de la Escuela de Ingeniería Mecánica (foto Claudia Castro).
De una manera creativa y lúdica, la Facultad de Ingeniería, a través del proyecto ElectrizArte y de la innovación robótica, ha sabido interesar a sus estudiantes mediante el reto de utilizar el arte para aumentar sus destrezas y conocimientos. Por medio de esta técnica, los ingenieros se convierten en artistas y los artistas en ingenieros, a la vez que se le muestra a las comunidades que la ciencia no solo se lleva a acabo en laboratorios especializados ni es exclusiva de científicos aislados de sus realidades, sino que se entreteje de manera dialógica con otros saberes.
“La idea era hacer un espectáculo donde los gestores de los instrumentos del proyecto y los intérpretes fueran todos estudiantes de Ingeniería Eléctrica, para enseñar lo que hacemos, no es lo mismo escuchar un tambor, que escucharlo y ver un destello de luz a la vez”, explicó el Dr. Lochi Yu Lo, docente de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica y colaborador del proyecto de Extensión Cultural (EC-330).
Adicionalmente, las carreras de ingenierías de la UCR contribuyen anualmente con cerca de 40.000 horas de Trabajo Comunal Universitario al mejoramiento de la calidad de vida de los costarricenses, en temas relacionados con energía, manejo de recurso hídrico, mejora de las condiciones de salud de la población y el desarrollo sostenible.
Presencia de estudiantes indígenas en las universidades ha crecido en los últimos cinco años
Johnny Arias Aguilar,
Periodista Vicerrectoría de Acción Social
El Convivio fue organizado por el estudiantado indígena universitario y en esta ocasión también estuvieron presentes dos líderes de sus comunidades (foto Jhonny Arias).
El 29 de octubre se llevó a cabo el IV Convivio Interuniversitario de Estudiantes Indígenas, que contó con la participación de 80 estudiantes universitarios procedentes de ocho pueblos indígenas.
Estos jóvenes fortalecieron la organización estudiantil universitaria, representada por el Movimiento Indígena Interuniversitario de Costa Rica (MIINTU) y la Unión de Estudiantes Indígenas (UNEI).
Además, elaboraron la visión y la misión de MINTU, y discutieron sobre la adaptación de los servicios complementarios de cada universidad a las particularidades culturales de los ocho pueblos.
Entre las sugerencias destacó la participación de estudiantes indígenas en la construcción de proyectos, planes de trabajo e iniciativas universitarias que involucre temas relacionados con los pueblos indígenas.
El IV Convivio Interuniversitario de Estudiantes Indígenas contó con la participación de 80 universitarios procedentes de ocho pueblos indígenas (foto Jhonny Arias).
Yanory Rojas, estudiante de Antropología (UCR) y Planificación Social (UNA), mencionó que este evento pretende fortalecer la vinculación entre estudiantes de las diversas sedes universitarias y lograr una renovación de las propuestas de trabajo.
“Se requería volver a trabajar en conjunto, no solo en la Rodrigo Facio (UCR) o Campus Omar Dengo (UNA), sino en conjunto; ver qué se puede lograr acá y, a partir de ahí, construir una propuesta que se consolide y que se logre trabajar con las universidades públicas”, explicó.
Para los estudiantes de primer o segundo año que asistieron, el IV Convivio, se cumplió con lo proyectado e incentivó para trabajar de manera conjunta. Así lo expresó Amelia García Montezuma, del Campus Coto de la UNA, cuyo interés era enterarse sobre el movimiento estudiantil indígena, aportar ideas y seguir trabajando unidos.
La Subcomisión de Coordinación con Pueblos Indígenas, adscrita al CONARE y el Proyecto “Tejemos Universidad” inscrito en Extensión Cultural EC-172 UCR colaboraron en la organización (foto Jhonny Arias).
En los últimos cinco años, el número de estudiantes universitarios procedentes de pueblos y territorios indígenas ha incrementado. En el 2011 se hablaba de 12 estudiantes identificados como indígenas; actualmente son 71 estudiantes de grado y posgrado, presentes en casi todas las sedes y recintos.
Si bien este aumento ha provocado que las instituciones desarrollen acciones para atender sus necesidades de ingreso y permanencia, también reta al colectivo en lograr una integración y participación activa de nuevos miembros.
Este Convivio, que se realizó en la Estación Experimental de Ganado Lechero Alfredo Volio Mata de la UCR, en Ochomogo, fue organizado por el estudiantado indígena universitario, y contó con el apoyo de la Subcomisión de Coordinación con Pueblos Indígenas, adscrita al Consejo Nacional de Rectores y el Proyecto “Tejemos Universidad” inscrito en Extensión Cultural EC-172, de la Universidad de Costa Rica.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA informa a la prensa nacional y a la comunidad costarricense que este lunes 7 de noviembre, Día de la Democracia Costarricense, está cumpliendo su segundo año de fundación pues fue el 7 de noviembre de 2014, en el auditorio del Museo del Jade del Instituto Nacional de Seguros (INS), cuando anunciamos públicamente nuestra conformación.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, con ocasión del arranque de su tercer año de gestión, resalta la gesta cívica del pueblo costarricense del 7 de noviembre de 1889, hace 127 años, cuando siete mil costarricenses, organizados y armados con palos y machetes, salieron a las calles dispuestos a hacer valer su voluntad y exigir el respeto a los resultados electorales, constituyendo éste el primer levantamiento popular ante un fraude electoral, lo que convirtió a esa fecha en el Día de la Democracia Costarricense.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA conmovió el escenario político nacional con ocasión de la presentación del proceso “Una Agenda Patriótica del Bien Común”, el 26 de junio de 2015, en el Teatro Popular Melico Salazar, en conjunto con los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio; constituyendo este acontecimiento un proceso de incidencia pocas veces visto en el país en las últimas décadas y que entre sus aspectos positivos generó las condiciones de la promulgación de ley de la Reforma Procesal Laboral, la defensa del Empleo Público y el espacio para legislaciones tributarias progresivas actualmente en trámite.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, vía la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha logrado posicionar fuertemente la tesis de que el déficit fiscal no se debe a los salarios que devengan las personas trabajadoras del sector público; tesis que fue adoptada por la totalidad del Movimiento Sindical Costarricense y que en los últimos días ha sido reconocida como acertada por las vocerías más recalcitrantes del neoliberalismo criollo.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA viene de realizar una encerrona, el pasado 24 de octubre de 2016, la que definió sus ejes de acción para este tercer año de gestión, destacando que para la presente circunstancia sociopolítica del país sus valores impulsores serán: a) la resistencia a todos los procesos de privatización actuales y futuros, así como considerar la desprivatización, la recuperación para el bien común, de varios servicios públicos concesionados que se convirtieron en un saqueo a la población; b) apostar al diálogo social con todos los sectores cívico-patrióticos interesados en un proyecto-país para la inclusión social; c) considerar el diálogo político-partidista para el favorecimiento de alianzas entre actores progresistas interesados en propiciar una Democracia Social en nuestro patria.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA en este tercer año de gestión definió, además, como ejes transversales de su agenda de trabajo los siguientes: equidad de género, lucha contra la corrupción y sustentabilidad ecológico-ambiental.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA puntualizó sus ejes temáticos de acción sociopolítica para este tercer año de gestión, dentro de los cuales citamos los siguientes:
Continuar con la lucha por la defensa del empleo público.
Aportar para el fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Propiciar un arranque sólido de la puesta en práctica de la Reforma Procesal Laboral (RPL) para el fortalecimiento del sindicalismo en el sector privado y seguir abogando por la elevación del monto del salario mínimo.
Impulsar su propuesta para una nueva cadena agroalimentaria en el marco de la soberanía y la seguridad alimentarias.
Apoyar la reforma constitucional que declare el agua como Derecho Humano Fundamental y por la nueva ley del recurso hídrico.
Ni un kilovatio más de electricidad privada y a favor de la autorización legal al ICE para la construcción de obra pública.
Por la autorización a RECOPE para invertir en energías limpias y a favor de una nueva refinería amigable con el ambiente.
Seguir apoyando toda legislación que cambie el sistema tributario hacia su progresividad.
Impulso y fomento de los valores del Trabajo Decente proclamados por la OIT en el nuevo escenario de la operación portuaria de los muelles del Atlántico, además del fortalecimiento de JAPDEVA
Defensa y fortalecimiento de los seguros solidarios a cargo del INS.
Aportar para un fortalecimiento estratégico de la Seguridad Ciudadana y de sus cuerpos policiales.
Contra los TLC’s neoliberales de “nueva generación” como el perverso tratado TISA.
Integración con el Movimiento Sindical del conteniente americano al adoptar el ideario contenido en la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA).
Seguir insistiendo en la imperiosa y necesaria unidad sindical en la acción.
Considerar el impulso a procesos de incidencia en el marco de las definiciones nacionales para el proceso electoral del 2018.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA está integrando en este tercer año de gestión como ejes temáticos la EDUCACIÓN y el TRANSPORTE.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA está integrado en la actualidad por las siguientes organizaciones:
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE)
Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA).
Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP)
Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (INS)
Sindicato de Profesionales del Consejo Nacional de Producción y de la Fábrica Nacional de Licores (SIPROCNP)
Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA aglutina, como afiliación directa, unas 50 mil personas trabajadoras asalariadas cotizantes activas de cada una de las ocho organizaciones que lo componen y los gremios que simpatizan con nuestras posiciones; desarrollando su accionar abarcando un radio de acción integrado por unas 200 mil personas integrantes de la clase trabajadora con empleo formal y con salario fijo, lo cual da idea del potencial de incidencia de este proceso sindical más allá de sus fronteras laborales. Para este tercer período de gestión se considerarán valiosas intenciones de nuevos ingresos que están en trámite.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA apunta a aumentar su quehacer político-social y organizativo con mucho mayor estructuración en la gran cantidad de servicios públicos comprendidos en su ámbito de competencia e incidencia: energía, combustibles, electricidad y telecomunicaciones; municipales, policiales, de Salud y de Seguridad Social, portuarios, administración central del Estado, agropecuarios, de agua y alcantarillados, entre otros. Paralelamente, las condiciones de trabajo en las plantaciones de banano y de piña, especialmente, son un desafío permanente de todos los días.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA tendrá su sesión de apertura de su tercer año de gestión, este lunes 7 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, en el local del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE).
La iniciativa presentada en 2014 por el diputado Guevara Guth y la diputada Díaz Quintana buscaba permitir al sector privado la explotación de geotermia en parques nacionales. Más de 30 instituciones, organizaciones, pueblos indígenas, municipalidades de todo el país fueron consultadas por la Comisión de Ambiente. La mayoría, como lo hizo FECON, rechazó la propuesta y pidió su archivo (ver posición).
Según el dictamen de la subcomisión, firmado por los diputados Gerardo Vargas Rojas (PUSC), Juan Marín Quirós (PLN) y Edgardo Araya Sibaja (FA), “el expediente adolece del cumplimiento de los estudios técnicos y ambientales que el ordenamiento jurídico exige para que pueda aprobarse (…) lo que podría derivar en un eventual problema de constitucionalidad”.
La FECON celebra el archivo de este proyecto y espera que el siguiente proyecto en archivarse sea el texto sustitutivo al Proyecto de Ley sobre Geotermia en Parques Nacionales (Expediente Nº 19.233) que se discute en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, presentado por los diputados Ottón Solís Fallas y Javier Cambronero del Partido Acción Ciudadana. El texto sigue contraviniendo la mayoría de criterios negativos de las universidades públicas, criterios de la Procuraduría, la Contraloría, la posición del Presidente de la República, las promesas de campaña, comunidades, académicos y ecologistas.
Además, queda en evidencia una vez más, las profundas contradicciones del partido gobernante con su oferta electoral donde se comprometió a fortalecer la integridad de las áreas silvestres protegidas y vetar cualquier intento de eliminar, segregar, o reducir en tamaño áreas silvestres protegidas, o de abrirlos a la explotación de sus recursos naturales (Pacto Ambiental). La propuesta también es contradictoria con lo expuesto por el Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera en la Cumbre sobre el Clima, donde indicó que “…Costa Rica continúa acelerando la exploración y explotación de energía geotérmica en sus volcanes, sin afectar los parques nacionales”(ver más).
En audiencia en dicha comisión el asesor de la FECON, Jorge Lobo y el presidente, Mauricio Álvarez, dejaron claro que el texto en discusión es totalmente inconstitucional, pues es una autorización abierta y genérica, no delimitada. Solo se puede reducir la categoría de manejo de un parque nacional mediante una ley específica, y con base en estudios técnicos previos que justifiquen la medida.
La categoría de uso de los parques nacionales hoy es de protección absoluta, admitir uso geotérmico es un cambio de categoría a una de menos o nula protección, principio constitucional ratificado por la Sala IV y tratados internacionales ambientales. Nada de esto se cumple con el proyecto mencionado porque ahí dan un cheque en blanco, una autorización genérica al SINAC para cambiar la categoría de manejo de cualquier parte de los parques nacionales mencionados sin delimitar cuales serían concretamente las áreas afectadas ( ver el acta).
**Informes: Mauricio Alvarez M, presidente FECON, 88709165
La Universidad Nacional, la Universidad de Pablo de Olavide, España y la Red de Patrimonio Cultural de los Países Centroamericanos, le invita al: Congreso Agua Cultura y Territorio en Centroamérica
Del 14 al 18 de noviembre
Campus Omar Dengo Heredia
La Universidad Nacional (UNA) declaró el 2016 como Año de la UNA por la Madre Tierra. En el marco de esta declaratoria, el inicio del año estuvo marcado por el “Encuentro de escritores por la Tierra”, con la participación especial del escritor, periodista y teólogo brasileño Frei Beto; la conferencia magistral “La ética del cuidado de la Madre Tierra”, impartida por el filósofo, teólogo y ambientalista Leonardo Boff y recientemente el “Congreso de la Carta de la Tierra” en la sede Chorotega.
Para finalizar el año, la UNA organiza el Congreso Agua, Cultura y Territorio, donde más de 300 participantes de Centroamérica y España se darán cita en la Institución para discutir los avances más relevantes en cuanto a participación ciudadana, las mujeres en la gestión comunitaria del agua, educación ambiental, conflictos territoriales y presiones urbanísticas sobre el recurso hídrico, sistemas alternativos para el aprovechamiento del agua, beneficios socio-ambientales del manejo de las aguas grises domésticas con humedales artificiales, fijación de carbono en los manglares, protección del recurso hídrico a través del turismo rural, usos del agua y los retos frente al cambio climático, imaginarios del agua, creencias, mitos, arte e historia.
La invitada especial se este Congreso es Vandana Shiva, doctora en ciencias físicas y una de las ecologistas y filósofa de la ciencia más prestigiosa a nivel internacional. Shiva ha luchado activamente contra el modelo neoliberal de globalización a favor de los derechos alimentarios de los pueblos, especialmente desde la agricultura. Es directora de la Fundación para la Investigación Científica, Tecnológica y Ecológica creada en 1982. Ella impartirá la conferencia inaugural el 14 de noviembre a las 6 p.m. en el Teatro Melico Salazar.
Entre los invitados también destacan Leandro del Moral Ituarte, catedrático de la Universidad de Sevilla, en la que dirige el Departamento de Geografía Humana, quien impartirá el martes 15 a las 9 a.m. la conferencia “Orígenes y retos actuales de la Nueva Cultura del Agua. Reforzando los puentes entre la Península Ibérica y América Latina”. El académico ha investigado e intervenido en los procesos de decisión relacionados con la gestión del agua en Andalucía, España y Unión Europea y actualmente, a través de diversos proyectos de investigación, trabaja también en Estados Unidos y Latinoamérica. TambiénKarina Caballero de la Universidad Nacional Autónoma de México participará con la conferencia magistral “Valoración económica de los impactos del cambio climático sobre el recurso hídrico. Estimaciones para Centroamérica”, 17 de noviembre a las 8:30 a.m.
Este Congreso es organizado por la Universidad Nacional, la Universidad de Pablo de Olavide, España y la Red de Patrimonio Cultural de los Países Centroamericanos.
Caso Baulas contra Costa Rica: CIADI se declara incompetente para algunos terrenos objeto de supuesta expropiación y se reserva estudio para indemnización de otros
El pasado viernes 28 de octubre, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionistas Extranjeros y Estado (más conocido por sus siglas CIADI o en inglés ICSID) dio a conocer su decisión provisional con relación a la supuesta expropiación de varios terrenos ubicados cerca del Parque Nacional Las Baulas, Guanacaste, en Costa Rica en el caso Spence International Investments, LLC, Berkowitz, et Al (Demandantes) c. Costa Rica (Demandada), Caso CIADI No. UNCT/13/2. En su decisión, el tribunal arbitral del CIADI descarta 18 terrenos del examen y se reserva la posibilidad de declararse competente para los 8 restantes (ver texto completo de la decisión provisional del tribunal del CIADI en inglés y en español).
Esta primera decisión del CIADI no hace sino establecer una primera etapa procesal y reservar la eventual declaratoria de competencia del CIADI para 8 de los 26 terrenos inicialmente objeto de la demanda para otro momento procesal. El procedimiento continúa para estos 8 terrenos y la próxima decisión del CIADI resolverá, luego de oir a ambas partes (y examinar documentación aportada por ambas), si es o no competente. Algunos titulares de medios de prensa tales como «Costa Rica gana demanda sobre propiedades expropiadas para desarrollar Parque Nacional Marino las Baulas» utilizado en Elpais.cr, o bien «Costa Rica gana litigio por expropiación de parque Las Baulas en juicio al amparo del TLC» publicado en La Nación son incorrectos y arrojan una lectura errada de la decisión, cuyo texto está disponible de manera integral en el sitio oficial del CIADI. La agencia china de noticias Xinhua se hizo igualmente eco de este pretendido «gane» de Costa Rica en el título escogido por sus corresponsales (ver nota).
Sobre el término de «expropiación» usado por los demandantes y por algunos medios de prensa y analistas, es muy probable que algunos de estos terrenos no fueron «expropiados» (término usado cuando un terreno privado pasa a ser propiedad estatal) en la medida en que el Estado siempre permaneció como titular y propietario de estos según la legislación en vigor. La limitación de uso de suelo de un terreno a veces suele ser considerada ante el CIADI como equivalente a una expropiación. Se debe advertir al lector que, ante el CIADI así como ante otros órganos arbitrales, varios términos suelen usarse de manera impropia: por ejemplo, el rechazo de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a una minera canadiense por parte de las autoridades de Costa Rica en el 2005 dió lugar a una demanda ante el CIADI por parte de la empresa Vanessa Ventures aduciendo una «nacionalización» de su proyecto minero. Notemos que esta demanda fue retirada por la empresa canadiense en octubre del 2005, sin que a la fecha de hoy se tenga mayor claridad sobre las «negociaciones» a las que se refirieron sus abogados al notificar el retiro de la demanda a la Secretaría del CIADI, en una carta con copia al entonces Ministro de Comercio Exterior, Manuel González Sánz y al entonces Embajador Tomás Dueñas Leiva (Nota 1).
En Guanacaste, así como en algunas otras partes de Costa Rica, inversionistas nacionales y extranjeros son a veces llevados a comprar terrenos que, por su ubicación, no pueden sino pertenecer al Estado (en su totalidad o de forma parcial); también se puede tratar de terrenos colindantes con la playa que cuentan con una serie de limitaciones con relación al uso de suelo, según la legislación vigente. Paralelamente a ello, presiones políticas dentro de las entidades públicas del Estado costarricense tendientes a favorecer a un determinado proyecto y a hacer a un lado la legislación ambiental vigente, culminan con actos administrativos del mismo Estado contradictorios con su propia reglamentación. Recordemos que en el 2007, la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) fue «intervenida» por el titular de la cartera de Competitividad, para aplicar un «bisturí» a dicha entidad técnica ambiental (ver nota de El Financiero de noviembre del 2007). En un estudio que tuvimos la oportunidad de realizar para el Estado de la Nación sobre la extraña tendencia del Estado de desacatar sentencias ordenadas por sus propios tribunales en materia de recurso hídrico, se citaba a uno de los integrantes de la Comisión Plenaria de la SETENA de aquella época, quién afirmó públicamente a un medio de prensa uiversitario lo siguiente: “Entonces en nombre de la inversión extranjera ha habido presiones para que aceleremos los análisis, para que en esa “competitividad” saquemos proyectos con cierta premura, y con esto corremos el riesgo de que no se hagan los análisis debidamente, y por estas presiones creo que ahí pudimos haber tenido debilidades (sic.)” (p.18, nota 58).
Durante esta misma época en la que se promocionó una muy publicitada «Paz con la Naturaleza» (2006-2010), merece también mención un caso llevado al conocimiento del juez constitucional: el del Proyecto turístico Punta Cacique, declarado «de conveniencia nacional e interés público» por el Poder Ejecutivo. El juez constitucional, en el 2009, pareció aceptar la idea (a todas luces original) de galardonar proyectos privados con esta calidad con base en los estudios técnicos presentados por las entidades recurridas (Nota 2). Una decisión del tribunal contencioso administrativo (TCA) de noviembre del 2010 relacionada con un proyecto minero galardonado de igual forma por el Ejecutivo permitiría apreciar la seriedad de los estudios técnicos antes referidos (y la facilidad con la que la Sala Constitucional se deja a veces convencer).Remitimos al lector al texto completo de la decisión del TCA sobre el proyecto minero ubicado en Las Crucitas: por ejemplo en el punto IXX se lee que «Como se ve, el ex Ministro Dobles Mora aportó, para ser presentado ante la Sala Constitucional (que fue inducida a error sobre el punto), un documento aparentemente científico en el que se expone como viable la intercepción del acuífero inferior, en el que se utiliza equivocadamente la noción de profundidad y una medida en metros bajo el nivel del suelo, cuando lo correcto científicamente, según lo narró el propio profesional que elaboró el documento (en lo cual coincide con el criterio expuesto por la geóloga Ana Sofía Huapaya Rodríguez-Parra y por el geólogo José Francisco Castro Muñoz), era indicar la elevación en metros sobre el nivel del mar».
Con relación al Parque Marino Las Baulas, en este número de la Revista Ambientico dedicado a la problemática de este parque nacional, uno de los articulistas expresa que: «…en el área de playa Grande, donde se ubica prácticamente la totalidad del Parque Baulas, la Universidad de Costa Rica estableció lo que luego confirmó el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (Senara): la vulnerabilidad extrema del acuífero costero, lo que implica, conforme a la “Matriz de criterios de uso según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico”, que el uso recomendado del suelo es únicamente la conservación absoluta. Ante esta realidad, y para evitar las consecuencias de la aplicación de esta herramienta de planificación y protección del agua subterránea, la Junta Directiva de Senara publicó –el último día hábil del año pasado- un aviso en un periódico de circulación nacional en el que niega la aplicación de tal Matriz al territorio nacional. Ante esto, la Sala Constitucional, como máximo fiscalizador de los abusos del poder, ordenó a dicha Junta el mantener los criterios de protección de aguas subterráneas que dicha Matriz contiene. A esta fecha, en Senara, pasando por encima de lo dicho por la Sala y al mejor estilo de las dictaduras modernas, está en ejecución una iniciativa de modificación de las reglas de protección de las aguas subterráneas. Por su parte, los peritos valuadores del Ministerio de Hacienda y los nombrados por los Tribunales de Justicia se niegan a considerar estos elementos condicionantes del uso del suelo que, me atrevo a afirmar, cambiarían radicalmente la conclusión económica de sus valuaciones y permitirían obtener, con menor esfuerzo, los fondos para la expropiación de la totalidad del territorio» (p. 6)
En este otro número especial de la Revista Ambientico dedicado de igual formal al Parque Marino de las Baulas, uno de los articulistas concluye su análisis indicando que: «Los antecedentes demuestran que el control, el seguimiento y la aplicación de planes de prevención ambiental en el país no son el fuerte de las autoridades y que más se actúa para corregir que para prevenir, de manera que si se continúa aplicando criterios errados para evaluar la importancia del Parque y si se permite el desarrollo a costa de impactar los ecosistemas naturales y la biodiversidad, estaremos en el preámbulo de una tendencia peligrosa, donde lo que la ciencia y la técnica no permiten cambiar la conveniencia política si lo hará» (p. 6).
LOS PRINCIPALES ALEGATOS DE CADA UNA DE LAS PARTES ANTE EL CIADI EN EL CASO «BAULAS 2»
A diferencia de un nacional descontento con el actuar del Estado (y que solamente puede optar por recurrir a tribunales nacionales), un propietario extranjero tiene a su disposición la posibilidad de demandar a Costa Rica ante un ente internacional como el CIADI. Para los especialistas en la materia, el caso de estos 26 terrenos aledaños al Parque Las Baulas es denominado «Baulas 2». En efecto, en el 2012, Costa Rica fue condenada por el CIADI a pagar más de 4 millones de US$ a una pareja alemana por una demanda planteada en el 2008 referente a un terreno ubicado cerca de este mismo Parque Nacional, a raíz de diversas limitaciones para desarrollar un complejo eco-turístico. La demanda se amparó en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Costa Rica y Alemania, el cual contiene una cláusula muy favorable para el inversionista extranjero, al igual que los TBI de Costa Rica con Suiza, Paises Bajos y España, entre otros.
En esta segunda demanda, los inversionistas norteamericanos, invocando la letra del TLC entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA-DR), alegaron ante los tres árbitros del CIADI la privación ilícita de sus inversiones inmobiliarias residenciales en 26 terrenos adyacentes a dos playas ubicadas en el Cantón de Santa Cruz, Guanacaste: Playa Grande y Playa Ventanas, localizadas ambas en la costa del Océano Pacífico. Según se lee en la decisión provisional del CIADI, «La cuestión objeto de debate consiste en determinar si, al momento de su compra, los terrenos se ubicaban total o parcialmente dentro del Parque Nacional Las Baulas (“el Parque”), establecido en aras de proteger no sólo la tortuga marina baula, sino también otras especies y recursos naturales, y si las Demandantes tenían conocimiento de las consecuencias expropiatorias de que las propiedades se encontraran dentro de los límites del Parque o deberían haberlo tenido. No es objeto de debate que las privaciones invocadas surgen del desarrollo del Parque. Las Demandantes no cuestionan el derecho soberano de Costa Rica de expropiar tierras por causa de un propósito público. Sin embargo, primero, alegan que Costa Rica no “proporcion[ó] una indemnización pronta y adecuada por sus expropiaciones de facto y de jure”, contrariamente al Artículo 10.7 del CAFTA3 . [Traducción del Tribunal] Segundo, argumentan que Costa Rica no brindó “acceso a los medios administrativos y/o judiciales necesarios para la revisión inmediata de su expropiación de facto de ciertos segmentos de los lotes” en cuestión».
Por su parte, se lee que para Costa Rica, según se desprende del mismo texto de la decisión del CIADI: «7. Costa Rica se opone a la jurisdicción del Tribunal sobre la base del fundamento de que las Demandantes no iniciaron el procedimiento dentro del plazo de prescripción de tres años del CAFTA en virtud del Artículo 10.18.1 del CAFTA y/o de que las presuntas violaciones tuvieron lugar con anterioridad a la entrada en vigor del CAFTA entre Costa Rica y los Estados Unidos el 1 de enero de 2009. No se presentó solicitud de bifurcación alguna, y las cuestiones jurisdiccionales se plantearon junto con las cuestiones de fondo. 8. En materia de fondo, Costa Rica alega que las Demandantes “tenían conocimiento de que sus propiedades, o algunas de sus partes, estaban sujetas a expropiación, tal como disponía la ley que creaba el Parque, o deberían haberlo tenido” y que, en la medida en que alguna propiedad haya sido expropiada, “no se ha tratado de una expropiación sin indemnización”. [Traducción del Tribunal] Asimismo, Costa Rica rechaza la alegación de las Demandantes de que “no ha garantizado el debido proceso legal, mucho menos de manera de alcanzar el nivel de violación de la disposición de trato justo y equitativo [del CAFTA]”. [Traducción del Tribunal]».
Figura con ubicación del Parque Nacional Las Baulas, extraída de artículo de prensa de La Nación sobre esta decisión del CIADI, y titulado (de forma errónea) «Costa Rica gana litigio por expropiación de parque Las Baulas en juicio al amparo del TLC».
DECISIÓN PROVISIONAL DADA A CONOCER POR EL CIADI
En su decisión provisional, los tres arbitros establecen, por unanimidad, que:
«1. El Tribunal concluye que carece de jurisdicción para entender en las reclamaciones de las Demandantes respecto de los Lotes B1, A39, C71, C96, SPG3, V30, V31, V32, V33, V38, V39, V40, V46, V47, V59, V61a, V61b y V61c.
El Tribunal concluye que carece de jurisdicción para entender en las reclamaciones de las Demandantes respecto de los Lotes A40, B3, B8, SPG1 y SPG2 salvo en cuanto a las alegaciones de las Demandantes de que, por vía de referencia a las sentencias pertinentes y aplicables de los tribunales costarricenses, el cálculo de la indemnización respecto de los Lotes B3, B8, A40, SPG1 y SPG2 constituye un supuesto de arbitrariedad manifiesta y/o injusticia evidente contrario al Artículo 10.5 del CAFTA.
El Tribunal concluye que las Partes deberían tener la oportunidad de ser escuchadas respecto de la cuestión que consiste en determinar si el Tribunal goza de jurisdicción para entender en las alegaciones por parte de las Demandantes de violación del Artículo 10.5 del CAFTA por vía de referencia a las sentencias pertinentes y aplicables de los tribunales costarricenses dictadas con posterioridad al día 10 de junio de 2013 en cuanto a los Lotes B5, B6 y B7.
Las actuaciones aplicables a los procedimientos adicionales se reservan a la decisión oportuna del Tribunal, previa consulta a las Partes».
(ver texto completo de la decisión provisional del tribunal del CIADI en inglés y en español).
EL PRECEDENTE DEL CASO «BAULAS 1»
En el caso «Baulas 1» o caso Unglaube contra Costa Rica (ARB /09/1 y ARB 09/20), el reclamo de dos ciudadanos alemanes (Marion y Reinhard Unglaube) se basó en el hecho que, al verse imposibilitados de desarrollar en Playa Grande un proyecto de condominios de turismo ecológico debido a las restricciones de uso de suelo y limitaciones de carácter ambiental existentes, se les debía reconocer una indemnización, en particular en relación a los 75 m. de franja marítima. La finca fue adquirida por una sociedad panameña en 1987 de la que eran socios los esposos Unglaube, y los inversionistas alemanes consideraron ser objeto de una expropiación, reclamando el pago de una indemnización por parte de Costa Rica evaluada en 5.190.000 US$. En su decisión del 16 de mayo del 2012, el CIADI condenó a Costa Rica a pagar 3.100.000 US$, así como intereses sumando en total 4.085.900 US$ (ver nota de prensa de La Nación).
Es de notar que se lee en un informe de la Contraloría General de la República (CGR) del año 2010 ( ver texto del Informe DFOE DFOE-PGAA-IF-3-2010 con fecha del 26 de febrero del 2010, p. 25) que: «Los valores asignados por la ATP a los terrenos que se encuentran dentro de los límites del Parque Nacional Marino Baulas, muestran un incremento significativo en los precios asignados a 31 propiedades que fueron valoradas en el año 2008, en contraste con el costo determinado a 24 terrenos de características semejantes, cuyos valores fueron estimados durante el período comprendido entre los años 2005 y 2007. Al respecto, se tiene que el valor por metro cuadrado de un terreno con un área aproximada de 1000 m 2 alcanzó en el año 2005 un monto promedio de ₡20.315,12/m2, mientras que en el año 2008 el valor para dicho terreno asciende a ₡187.354,55/m 2, lo cual representa un aumento del 822%». A raíz de este informe de la CGR, parte del proceso de expropiación fue suspendido por autoridades a cargo del ambiente (SINAC). No se ha oído, a la fecha, de alguna investigación interna ni de sanciones a funcionarios del Ministerio de Hacienda responsables de esta extraña manera de evaluar terrenos en esa zona.
Esta inusual sobrevaloración del precio del metro cuadrado del mismo Estado contraviene con indicaciones sobre restricciones al uso de suelo de todo tipo, varias de ellas debido a la presencia de un acuífero muy vulnerable en la zona aledaña al Parque Nacional de Las Baulas. Precisamente, en la página 31 de este mismo informe de la CGR del año 2010, se indica que. «Empero, es menester resaltar que la condición de vulnerabilidad de los terrenos del PNMB, no obedece a eventos ocurridos después de la fecha de las valoraciones efectuadas por la ATP, sino que se trata de circunstancias inherentes a esa zona, las cuales, si bien fueron retomadas por el SENARA en el oficio de previa cita, ya habían sido señaladas por esa misma entidad en documentos emitidos en años anteriores, como por ejemplo, en el estudio denominado “Evaluación del potencial y demanda hídrica subterránea en el acuífero costero Huacas – Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica”, de mayo de 2003, así como en el oficio No. ASUB-476-06 del 23 de Noviembre de 2006. Asimismo, se debe indicar que se conoce de informes emitidos por la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica y de la “Comisión Baulas”, de la Iniciativa Paz con la Naturaleza, los cuales también han concluido en señalamientos categóricos acerca de la situación de vulnerabilidad en la zona del PNMB. Así las cosas, no resulta aceptable lo indicado por el Área de Valoraciones de la DGT, siendo que desde el año 2003 se tienen estudios acerca de la vulnerabilidad de la zona, aunado a que las condiciones restrictivas que predominan en ese sector ya habían sido, en alguna medida, identificadas por los propios peritos de la ATP, al haber catalogado el uso del suelo como de categoría 7, sin que las variables respectivas se tomaran posteriormente en cuenta como parte de las estimaciones realizadas».
En un artículo en francés publicado en el 2009 por el jurista costarricense Edgar Fernández Fernández, titulado «Conflits d’usage des espaces naturels au Costa Rica» se lee, a propósito del Parque Marino de Las Baulas, que los diputados de la Asamblea Legislativa también se mostraron extremadamente sensibles a los intentos de algunos propietarios de evitar la adquisición por parte del Estado de sus terrenos. Nos situamos antes de la sobrevaloración detectada en el 2010 por la CGR, pero que puede explicar en parte lo que ocurriría luego con el valor del metro cuadrado en esa precisa zona de la costa Pacífica:«Dans le cas spécifique du Parc national marin Las Baulas de Guanacaste, les propriétaires ont essayé par tous les moyens d’éviter l’acquisition publique, car ils craignent de ne pas pouvoir obtenir de l’Etat le même prix qu’ils recevraient s’ils vendaient leurs terrains sur le marché à des personnes désirant construire des maisons de vacances à quelques pas de la mer. La discussion s´est donc vite réduite à la question concernant le prix des terrains : les projets de loi présentés se fondent sur l’argument selon lequel l’Etat n’a pas les moyens financiers pour payer les prix exorbitants qu’il faudrait payer aux propriétaires de terrains dans le parc, et ce malgré le fait qu’aucune procédure d’expropriation en cours n’a encore arrêté un prix pour l’un des terrains concernés. Parmi les trois projets de loi présentés pour exclure les terrains privés du Parc, ceux présentés en 2008 n’ont pas été approuvés par l’Assemblée législative, tandis que celui présenté en 2009 s’annonce comme un projet décisif pour le futur des parcs nationaux au Costa Rica compte tenu du dangereux précédent qu’il pourrait ainsi créer»(p.9).
En uno de los diversos peritajes aportados por Costa Rica a los árbitros del CIADI en este caso de «Baulas 2», el jurista costarricense Aldo Milano, especialista en derecho administrativo, precisa que la actuación del SINAC no debiera de ser cuestionada, desde la perspectiva del derecho público costarricense: «La decisión del SINAC de suspender algunos procedimientos administrativos durante el desarrollo de la investigación o auditoría que dió lugar al informe DFOE-PGAA-IF-3-2010 es legítima, y puede inlcuso deducirse de ese informe vinculante a título de acto implícito» (ver texto completo de este peritaje aportado por Costa Rica, punto 63, p. 21). Por su parte, una funcionaria de la Procuraduría General de la República (PGR), Gloria Solano Martínez, emitió ante los árbitros del CIADI un documento en el que defiende la legalidad de los actos de la PGR cuestionados por los demandantes (ver documento).
Con relación al tema más específico del valor de estos terrenos, resulta oportuno señalar que con en cuanto a los montos que adeuda Costa Rica de manera general por la creación de Parques Nacionales, se lee en este reportaje de junio del 2016 del Semanario Universidad que: «La mayoría de ese monto corresponde al pago de propiedad privada dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, donde el Sinac estima que debe pagar ¢859.000 millones por 305 hectáreas (aunque el Plan de Manejo del Parque señala que solo hay 242,38 hectáreas por comprar)».
Finalmente, vale la penar recordar que el caso Unglaube que se planteo en el 2008 ante el CIADI fue uno de muchos terrenos en la zona que no fueron elevados en su momento a conocimiento del CIADI. En esta nota del año 2009 sobre el reclamo inicial de los Unglaube ante el CIADI contra Costa Rica, se lee que: «As reported previously by ITN, a year ago Mr. Unglaube’s wife filed a similar arbitration against Costa Rica, which is also pending at ICSID. The two own 50% shares in the company Uni Rana which owns the hotel complex at Playa Grande. Mrs. Unglaube’s arbitration alleges similar breaches of the Costa Rica-Germany Bilateral Investment Treaty, in relation to property she owns in the area including her 50% share in the hotel complex. Last year, counsel for Mrs. Unglaube told ITN that she was not the only investor to have been affected by restrictions on property development in the area around the marine park. More than 50 other properties are alleged to have been affected; however it is unknown how many of these are foreign owned».
DE OTRAS DEMANDAS PENDIENTES CONTRA COSTA RICA ANTE EL CIADI
Además de esta nueva demanda relacionada a terrenos cercanos al Parque Nacional Las Baulas, Costa Rica enfrenta en la actualidad otros cuatro procedimientos ante el CIADI que se mencionarán muy brevemente a continuación:
la demanda interpuesta por la minera canadiense Infinito Gold por 94 millones de US$ en el 2014 (ver ficha técnica), amparada en el TBI Costa Rica-Canadá; 2. la demanda presentada por Cervin Investissements et Alii (subsidiaria de Gas Z) por 30 millones de US$ en el 2013 (ver ficha técnica), usando como base de competencia el TBI Costa Rica-Suiza; 3. la demanda presentada por Supervisión y Control SA (subsidiaria de RITEVE) en el 2012 por 262 millones de US$ (ver ficha técnica), recurriendo al TBI COsta Rica-España; y 4. la demanda presentada por David Aven y otros en el 2014 por un proyecto residencial en Playa Esterillos frenado por las autoridades, en la que se reclama un monto de 70 millones de US$ (ver ficha técnica), utilizando esta vez el CAFTA-DR. Varios de estos casos encuentran su origen en actos administrativos adoptados por el aparato estatal costarricense en el período 2006-2010 (Nota 3). Al momento de redactar estas líneas (28 de octubre del 2016), después de Venezuela (con 26) y de Argentina (con 18), Costa Rica es el Estado de América Latina con más demandas pendientes de resolución ante el CIADI, seguido luego por Perú (4), México y Panamá (3), y Ecuador (2).
A nivel global, de los 217 casos pendientes registrados, España en la actualidad es el Estado con mayor cantidad de demandas en espera de ser resueltas: supera a Venezuela, acumulando un total de 27 demandas (ver recuadro oficial del CIADI). En su gran mayoría, estas demandas se originan en recortes al presupuesto estatal decididos en el 2015 en materia de ayudas estatales a proyectos de energías renovables. Como detalle un tanto curioso en la región centroamericana, de las tres demanas que enfrenta Panamá en estos momentos, una fue presentada por quién hoy ostenta el cargo de Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica (caso Álvarez y Marín Corporación S.A. y otros c. Panamá, ver ficha técnica).
Como otro detalle un tanto inusual, al uso de términos impropios antes señalado por parte de algunos demandantes ante el CIADI, el caso David Aven y otros contra Costa Rica dio recientemente lugar a una contestación de los demandantes en los que se aprecia una serie de improperios dignos de citar por parte de los abogados contratados por los inversionistas extranjeros: «Quitando toda la alharaca del Escrito de defensa del Demandado, es incuestionable que los Demandantes obtuvieron de los diversos organismos competentes de Costa Rica todos los permisos relevantes para realizar este proyecto, y que dichos permisos fueron retirados poco después de iniciarse el proceso de construcción del proyecto. Los Demandantes están muy lejos de ser los necios irresponsables descritos en el Escrito de defensa: adoptaron todas las medidas para asegurarse de disponer todo lo necesario para el proyecto y, minuciosos y prudentes como son, contrataron a los mejores expertos para desarrollar el proyecto. 8. En su desesperación por evitar la responsabilidad por las demandas presentadas en este arbitraje, esencialmente el Demandado alega que estaba facultado para retirar los permisos sobre la base de que (a) el emplazamiento de Las Olas es ecológicamente importante y sensible debido a la presencia de humedales y bosques, y de que (b) los Demandantes omitieron cumplir sus obligaciones para con las leyes de Costa Rica. Analizándolos, la totalidad de los argumentos del Demandado son erróneos,y claramente erróneos. Los Demandantes han evaluado todos los puntos alegados por el Demandado y pueden afirmar que ninguno de ellos resiste una comprobación objetiva» (escrito de contestación, 5 de Agosto del 2016, p. 4, texto integral disponible aquí)
LOS GASTOS QUE ASUME UN ESTADO ANTE UNA DEMANDA DEL CIADI
A finales del año 2010, se pudo escuchar en la Asamblea Legislativa (veracta del 23/11/2010, p. 32, intervención del Diputado José María Villalta ) que dentro del presupuesto nacional de Costa Rica, un aumento significativo respondía a necesidades urgentes de los servicios jurídicos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX): «Cuarenta y nueve coma tres por ciento creció la partida de Servicios jurídicos del Cómex, y dicen que son recursos necesarios para atender —oigan bien, señoras y señores— los procesos de arbitrajes internacionales que nuestro país debe afrontar en el marco de los diferentes tratados comerciales y de inversión vigentes, y se incluye un presupuesto —oigan bien, es que esto es importante— de mil trescientos cuarenta y cuatro millones solo para el pago de asesorías en casos comerciales para enfrentar procesos de arbitraje ante el Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia relativas a Inversiones, siendo que actualmente hay tres casos, nada más tres casos, mil trescientos millones, tres casos ante el Ciadi, que es este organismo de arbitraje internacional que administra el Banco Mundial, donde se ha disparado el rubro para atender estos arbitrajes. Y se incluyen ciento cincuenta y siete millones para contratar asesores externos, abogados, porque estos juicios se llevan afuera, se dan fuera del territorio costarricense».
En un artículo del Semanario Universidad del 2013, se indicó que para COMEX, «Independientemente de que este arbitraje prospere o no, el proceso de defensa le costará al país entre 1 y 1.5 millones de dólares, informó la oficina de prensa del Comex». En una comparecencia realizada en setiembre del 2014, el actual titular del Comercio Exterior externó que: «Lo que sucede es que los procesos arbitrales tienen muchas etapas, para el 2015 sumamos cinco casos, antes los teníamos en etapas iniciales. Esta situación nos genera un aumento en lo que es la contratación de servicios jurídicos en un 100%» (ver nota de la Extra).
Estas y otras aseveraciones sobre montos invitan a la reflexión, en la medida en que para especialistas en materia de arbitraje de inversiones, cada demanda ante el CIADI significa para el erario público de un Estado un gasto de unos 8 millones de US$ para asegurar su defensa ante los árbitros del CIADI (el cual incluye, además de los honorarios de firmas de abogados, estudios, peritajes, viajes y per diem en Washington, gastos secretariales, traducciones, certificaciones, elaboración de mapas, salarios de funcionarios dedicados a tiempo completo o parcial a coordinar dicha defensa, etc…). Una demanda ante el CIADI dura, si no hay incidentes procesales mayores que atrasen el procedimiento, cuatro años como mínimo. En esta nota de CRHoy del 2014, se lee que: «El abogado especialista en derecho internacional Juan José Obando afirmó que los montos pagados por el Gobierno son bajos para parámetros internacionales. El experto mencionó que un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) determinó en $8 millones el costo de la defensa legal por un caso». No obstante, en el largo caso Pacific Rim que enfrentó El Salvador en el CIADI (demanda inicialmente planteada por 314 millones de US$ por una empresa minera canadiense, ahora en manos de un consorcio minero australiano), se leyó recientemente que el monto en honorarios de abogados superaba los 12 millones de US$ (vernota de prensa titulada “Arbitraje con Pacific Rim ha costado al Estado $12.6 millones”). En otro extenso caso de la empresa minera canadiense Crystallex contra Venezuela, cuya decisión se dio a conocer en abril del 2016 (ver texto del fallo en su versión española), Venezuela reconoció haber gastado en honorarios de abogados la suma de 14.322.826 US$ (punto 950 del fallo), mientras que la empresa minera indicó haber gastado 30.493.635 US$ (punto 949 del fallo). . En el caso de una demanda presentada ante el CIADI en el 2004 por la minera canadiense Vanessa Ventures contra Venezuela por 1.045 millones de US$ debido a la suspensión del proyecto minero Las Cristinas en 1999, se determinó (ver párrafo 235 del fallo del CIADI a favor de Venezuela con fecha de diciembre del 2012, texto en español) que Venezuela y la empresa gastaron ambos 20 millones de US$ en su defensa. Por estas (y por algunas otras razones) es que se puede tener algunas reservas con relación a los módicos montos de Costa Rica dados a conocer en documentos oficiales recientes sobre el costo que representan estas demandas que enfrenta ante el CIADI (Nota 4).
Una reciente tesis de grado de la Facultad de Derecho de la UCR (ver texto completo) titulada «El formato de defensa utilizado por Costa Rica en conflictos dirimidos ante el CIADI» señala algunas diferencias en los montos correspondientes a las contrataciones de firmas de abogados norteamericanas: «En los casos de Marion y Reinhard Hans Unglaube, expedientes 2008CD-001500- 79600 y 000204-79600, se contrató también a Sidley Austin LLP por la suma de $850.000,00 y $260.000,00, que podrían tomarse como precio unitario equivalente a la suma de ¢555.000.000 ya que la contratación del caso de Reinhard se realizó a través de un addendum en el cual se modificó el contrato original con Marion Unglaube. § En el caso Quadrant Pacific Growth Fund L.P. and Canasco Holdings Inc., expediente 2008CD-001500-79600, se contrató por tercera vez a Sidley Austin LLP por la suma de $750.000 equivalente a la suma de ¢375.000.000. § En el caso de Supervisión y Control S.A., expediente 2012CD-000006-79600, se contrató a la firma Arnold & Porter LLP, por la suma de $1.399.000,00, equivalente a la suma de ¢699.500.000. § Por último, en el caso de Cervin Investissements S.A. and Rhone Investissements S.A., expediente 2013CD-000018-79600, se contrató a la firma Baker Botts (UK)LLP por la suma de $1.250.000,00 equivalente a la suma de ¢625.000.000″ (pp.141-142).
A MODO DE CONCLUSIÓN
Tuvimos la oportunidad de analizar la solicitud de Costa Rica de poner fin al procedimiento ante el CIADI en el 2015 con relación a la demanda de la minera Infinito Gold (ver artículo publicado en el OPALC): se trata de una gestión que no surtió mayores efectos ya que el procedimiento se mantuvo por decisión del los árbitros. En el caso de la demanda presentada por una subisidiaria de RITEVE contra Costa Rica en el año 2012, las afirmaciones del Ejecutivo son dignas de mencionar: se pudo leer en el Diario La Extra (edición del 16/06/2012) que el viceministro del MOPT, Rodrigo Rivera, «explicó que para el Estado era más barato permitirle a Riteve quedarse operando 10 años más y de esta manera asegurarse no tener que pagar los $280 millones si perdía el arbitraje»: el contrato de concesión por 10 años más fue reconducido por Costa Rica en el 2012, y la demanda se mantiene pendiente de resolución en el registro oficial del CIADI al 2016.
Nota 1: Cuando la empresa antecesora a cargo del proyecto minero en Las Crucitas, Vanessa Ventures, demandó a Costa Rica en el año 2005 (debido a la no aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la SETENA) lo hizo por un monto de 276 millones de US$(ver nota de La Nación). En una carta con fecha del 3 de octubre del 2005 (ver texto completo), la empresa minera retiró formalmente su demanda aduciendo estar en negociaciones con el gobierno de Costa Rica de la época. Al haber la SETENA dos meses después (diciembre del 2005) aprobado el Estudio de Impacto Ambiental que había rechazado anteriormente, la expresión “reasonably optimistic” mencionada por la empresa en esta carta de octubre del 2005 adquiere particular significado. A la fecha, se desconoce quiénes en nombre del Estado «negociaron» con la empresa en el 2005 y cuál fue el objeto de dichas negociaciones.
Nota 2: En la decisión del 2009 en la que rechaza un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto que declara de conveniencia nacional dicho proyecto, el juez constitucional precisa que: «En esa virtud, la Sala no puede levantarse como un contralor de legalidad, y venir a determinar la procedencia, veracidad y legalidad del contenido de los estudios técnicos agregados al expediente, ni tampoco, señalarle a las autoridades accionadas, cuáles eran los análisis o la investigación más adecuada para sostener la viabilidad de este tipo de declaratorias, pues eso tendría como consecuencia el que esta sede se inmiscuyera e interviniera en el seno de sus prerrogativas, y sobre todo, de su especialidad. Asimismo, se verificó que con la puesta en práctica de esta normativa, no se van a entorpecer las funciones que por ley le corresponden a las entidades municipales, o a los órganos que velan por la salud y el ambiente, pues la petición de permisos ante los trabajos que en ese proyecto se efectúen, deben contar con las autorizaciones correspondientes – ver artículo 3 del Decreto -. Agréguese a lo dicho que, como la consecuencia inmediata del reclamo del recurrente, derivó en la tan mencionada falta de fundamentación del acto, ello también es un tema que, si a bien lo tiene el petente, puede reclamar haciendo uso de los remedios ordinarios que existen al respecto».
Nota 3: Con relación a declarar de interés nacional proyectos privados, remitimos al lector a estas conclusiones de un foro académico realizado en la UCR en el 2009 titulado «Técnicas para evadir la legislación ambiental: el caso del MINAET»: ver nota del Semanario Universidad.
Nota 4: Se lee en la solicitud de modificación presupuestaria para el 2013 presentada por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica (ver texto) que: «Al Ministerio de Comercio Exterior se le asignan recursos para atender aspectos relacionados con la defensa de los intereses comerciales del Estado, por un monto de ¢332,4 millones para el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI), para la atención de los siguientes casos: · Supervisión y Control S.A. vs República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB/12/4). · Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A. vs República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB/13/2) y, · Spence Internacional Investments y Berkowitz vs República de Costa Rica, referente a la expropiación de las propiedades ubicadas en el Parque Nacional Marino Las Baulas en Playa Grande, Guanacaste» (p. 21).
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El miércoles 2 de noviembre por la noche, la Comisión Ciudadana de la Ley General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades (Ley 8801), se reunió con el Equipo de la UNA para avanzar en la puesta en marcha del proceso de Presupuestos Participativos con los Concejos de Distrito y la aplicación de la Ley 8801.
Ese esfuerzo se va a ver reflejado como una propuesta piloto en los cantones de Sarapiquí y Pococí.
Éxitos en esos esfuerzos por lograr la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Texto e imagen enviados por Carlos Campos, Territorios Seguros.
Gobierno y diputados amenazan el bien común y la paz social
El pasado martes 1 de noviembre de 2016, se realizó el “Encuentro Popular” organizado por BUSSCO, en el Auditorio de la Conferencia Episcopal
Comunicado de BUSSCO
En lo que llevamos de gobierno del Partido Acción Ciudadana – Administración Solís Rivera – con la excusa de la crisis fiscal, los partidos políticos, representando los intereses de organismos económicos internacionales, grandes transnacionales y la acaudalada clase político-empresarial nacional, han presentado varias iniciativas legislativas que pretenden disminuir salarios, aumentar impuestos y generar más pobreza al pueblo costarricense.
Estos proyectos de ley, como los de Empleo Público, Impuesto al Valor Agregado, Regla Fiscal y Recortes Presupuestarios, impulsados por los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristina, entre otros, tienen como objetivo congelar salarios y pensiones, aumentar los impuestos, deteriorar programas sociales, desmantelar y privatizar servicios fundamentales como salud y educación, desmontando el estado social de derecho.
Las conquistas sociales fueron construidas, de acuerdo con la idiosincrasia costarricense, a través de grandes luchas y por la vía del diálogo y el pacto social y que, lamentablemente, ahora los políticos comprometen arbitrariamente la justicia y la paz social.
El “Encuentro Popular” convocado por el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO tuvo el propósito de reunir a representantes de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y populares para analizar los proyectos, conocer la posición de los y las diputadas que los acompañaron en este evento y definir la ruta de lucha contra el combo de proyectos.
Enviado a SURCOS Digital por Martín Rodríguez E; Unidad de Comunicación, UNDECA.
