La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) ha elevado una solicitud formal al Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Dr. Alexander Sánchez Cabo, con el fin de que se intervenga de manera urgente en el rescate y reutilización de activos institucionales actualmente abandonados en las instalaciones del antiguo Hospital Monseñor Sanabria.
UNDECA, alerta sobre el evidente deterioro de camas, sillas, refrigeradores, muebles de acero inoxidable, loza sanitaria, entre otros bienes públicos, que aún se encuentran en condiciones aptas para ser utilizados en otras unidades médicas o instituciones que brindan atención a poblaciones vulnerables.
UNDECA propone que dichos activos sean asignados prioritariamente a otras dependencias de la CCSS, y en segunda instancia, donados a instituciones como hogares de larga estancia, centros penitenciarios o albergues para personas en situación de adicción. Esto, con el objetivo de evitar su deterioro o pérdida definitiva y asegurar un uso racional y solidario de los recursos públicos.
La organización sindical hace un llamado a las autoridades superiores de la CCSS para que actúen con diligencia y conforme a la legalidad, y agradece la atención urgente que demanda esta situación.
En muchas regiones rurales de Costa Rica, el imaginario dominante ha instalado la agroindustria —piña, caña, ganadería extensiva— como la única forma viable de trabajo agrícola. Esta percepción no es casual: responde a décadas de políticas públicas que han privilegiado el agronegocio sobre los modelos campesinos, diversificados y sostenibles.
Sin embargo, esta visión presenta grietas profundas. La experiencia de las mujeres campesinas de Nueva Esperanza, en Caño Negro, Los Chiles, es un ejemplo claro de que otro modelo es posible. Organizadas en la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza, durante más de dos décadas cultivaron colectivamente una finca que transformaron en un espacio de vida, trabajo digno y organización comunitaria. Bajo principios de agricultura orgánica, este terreno se convirtió en un verdadero “pulmón de la esperanza” para la región.
Desde febrero de 2022, sin embargo, enfrentan un proceso de despojo progresivo. Personas y familias, supuestamente respaldadas por la Asociación de Desarrollo Local, comenzaron a ocupar la finca, revendiendo lotes e interviniendo con violencia simbólica y material el proyecto colectivo. Esto culminó en un desalojo de facto: las mujeres perdieron acceso a sus tierras, construcciones y documentos, mientras presenciaban la destrucción de cercas vivas y estructuras construidas con años de esfuerzo.
El caso de Nueva Esperanza revela no solo la fragilidad jurídica de las iniciativas campesinas, sino también la urgencia de replantear el rumbo del desarrollo rural en Costa Rica. Frente a un modelo hegemónico que concentra tierras y externaliza costos sociales y ambientales, experiencias como esta demuestran que sí existen alternativas que generan alimento, cuidado del territorio, salud ambiental y comunidad.
Nueva Esperanza: sembrar alternativas en medio del monocultivo
Durante más de 20 años, un grupo de mujeres campesinas organizadas desarrolló una experiencia agroecológica ejemplar en Caño Negro, Los Chiles. Transformaron una finca en un espacio productivo y formativo, donde se cultivaba sin agroquímicos, se protegían humedales y se promovía la soberanía alimentaria.
Esta iniciativa no solo mostró que es posible producir sin destruir: también demostró que el campo puede ofrecer empleos dignos, liderados por mujeres, con impactos positivos tanto en lo social como en lo ambiental.
Pero esta historia, lejos de ser celebrada y fortalecida, fue debilitada por el abandono estatal.
El Estado que no llega… o llega tarde
Desde 2022, la finca de Nueva Esperanza ha sido progresivamente despojada. Personas externas, supuestamente con respaldo de la Asociación de Desarrollo Local, ingresaron al terreno, revendiéndolo por lotes y destruyendo la infraestructura colectiva construida con esfuerzo comunitario y apoyo institucional.
A pesar de múltiples denuncias, gestiones y una orden judicial de desalojo, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) no ha actuado para restituir los derechos de las mujeres campesinas. La falta de titulación, de acompañamiento legal y de voluntad política ha dejado esta experiencia —como tantas otras— a la deriva.
Esta inacción no es una excepción: es parte de un patrón más amplio de desatención estructural. Diversos informes y estudios destacan las barreras que enfrentan las mujeres rurales en Costa Rica:
Acceso a la tierra: Solo el 15,6% de las fincas en el país están a nombre de mujeres, representando apenas el 8,1% de la superficie total de las fincas registradas por personas físicas (PNUD, 2022).
Acceso al crédito: En regiones como la zona sur del país, apenas entre un 7% y un 19% de los agricultores accedieron a crédito en el último año. En el caso de las mujeres, solo el 2% pudo hacerlo (Land Portal, 2023).
Asistencia técnica: Solo el 3,1% de los campos dirigidos por mujeres reciben asistencia técnica. Además, apenas el 38,4% de las organizaciones lideradas por mujeres tienen acceso al crédito, frente al 61% de aquellas dirigidas por hombres (FAO, 2023).
Estos datos reflejan que, más allá del discurso institucional, la desigualdad de género en el campo persiste en múltiples dimensiones: acceso a tierra, financiamiento, asistencia técnica y participación efectiva en los sistemas productivos.
Una contradicción estructural
Mientras se habla de «descarbonización» y de «paz con la naturaleza», el modelo que predomina en el campo es extractivista, contaminante y concentrador de tierras. El discurso oficial impulsa la agroecología como alternativa, pero no le otorga recursos, ni tierras, ni políticas públicas eficaces.
En la práctica, existe una tendencia estructural a priorizar la agroindustria en la asignación de recursos públicos, dejando a la agricultura familiar y campesina —donde las mujeres desempeñan un papel central— en una situación de marginalidad y vulnerabilidad.
Lo que se está consolidando es una visión falsa: que la agroindustria es la única actividad rentable, y que todo lo demás es nostalgia rural. En ese marco, experiencias transformadoras como la de Nueva Esperanza quedan invisibilizadas, desprotegidas o directamente atacadas.
¿Qué está en juego?
Defender modelos agrícolas alternativos no es un gesto romántico. Es una necesidad urgente frente a la crisis climática, la inseguridad alimentaria y el deterioro social en las zonas rurales.
La agroecología no es solo una técnica: es una apuesta política, social y ambiental por otro tipo de campo. Uno que cultiva vida, no monocultivos.
Costa Rica tiene en sus comunidades rurales el conocimiento, la experiencia y la voluntad para construir un modelo agrícola justo y sostenible. Lo que falta es voluntad institucional para reconocerlo, protegerlo y hacerlo crecer.
Como parte de los monitoreos realizados por Philippe Vangoidsenhoven, se documenta el caso de la tala “legal” de un humedal que terminó convertido en un parqueo, proceso que ha seguido desde 2020.
Frente al conocido bar de Puerto Viejo, en plena Zona Marítimo Terrestre (ZMT), se ha venido consolidando en los últimos años una transformación acelerada del territorio que pone en jaque los humedales costeros y los ecosistemas que sostienen la vida en esta región del Caribe sur.
Un conjunto de imágenes tomadas entre 2020 y 2025 dan cuenta de un proceso silencioso pero sistemático: primero la tala “legal” de árboles, luego el relleno progresivo del humedal, seguido del aplanamiento del terreno y finalmente, la consolidación de un parqueo para clientes de un local comercial ubicado directamente en la franja costera. Las imágenes muestran desde la presencia de maquinaria pesada (bajop y vagonetas), hasta árboles cortados en rebanadas y el suelo nivelado.
Aunque existía un permiso de tala, este estaba limitado al corte de seis árboles, autorizado mediante el oficio SINAC-ACLAC-SRLT-058-2020, emitido el 25 de febrero de 2020. El documento justifica la tala argumentando “eminente peligro para la infraestructura de viviendas vecinas” y señala que los árboles presentaban “estado senil” con “huecos en la base de sus fustes”.
Sin embargo, el permiso no autoriza relleno de humedal ni transformación del terreno para uso comercial o parqueo. Lo que ha ocurrido después muestra un uso desmedido de la legalidad para fines distintos a los justificados inicialmente. Lo que empezó como una medida preventiva se convirtió en una excusa para avanzar sobre un espacio que debería estar protegido.
El último acto visible de esta cadena de transformaciones ha sido la renovación total del bar, una estructura que no solo se encuentra en plena ZMT, sino que fue recientemente “clausurada”, aparentemente por autoridades competentes. A pesar del sello, testigos han reportado que el local continúa funcionando con normalidad, especialmente durante las noches y fines de semana.
En el frente del local, sacos con arena fueron colocados para contener el avance del mar, lo cual evidencia que el bar se encuentra tan cerca de la playa que el oleaje toca su infraestructura. La intervención ha sido ejecutada sin transparencia y sin consultas públicas visibles, y ha generado serias dudas entre personas de la comunidad sobre la legalidad de las obras.
¿Cómo comenzó todo? Permiso firmado, árboles sanos: lo que revela una inspección ciudadana
El caso de transformación del humedal en Puerto Viejo no es aislado ni reciente. Philippe Vangoidsenhoven, quien ha documentado con rigurosidad este proceso desde 2020, también ha vivido en carne propia cómo la legalidad ambiental se invoca como coartada, incluso cuando la realidad visible contradice el papel firmado. Su testimonio sobre un evento de tala en zona aledaña al humedal ilustra con claridad el problema estructural.
“Era una tabla de seis árboles. Las personas contratadas empezaron a talar, con un permiso debidamente firmado por un ingeniero forestal”, relata Philippe. Cuando vecinos alertaron y llamaron a la policía, esta llegó al sitio, pero se declaró sin capacidad de intervenir debido al permiso presentado. “Lo entiendo, porque la policía no es experta en este tema y todavía confían en lo que dicen los ingenieros forestales. Si ven un documento firmado que dice que los árboles tienen huecos o están enfermos, lo dan por válido. Pero resulta que, cuando grabamos, todos los árboles estaban completamente sanos”.
Ante la inacción policial, Philippe avisó a la Fiscalía Ambiental. Esta le indicó que ya habían enviado una patrulla, pero él permaneció en el lugar sin que nadie llegara. “Llamé de nuevo a la fiscalía y les dije: ‘Aquí estoy, esperando’. Se sorprendieron porque, según ellos, la policía ya había llegado. El fiscal colgó, y menos de diez minutos después llegó la patrulla”.
Uno de los oficiales bajó de la patrulla con la cabeza agachada, como avergonzado. “Dijo: ‘Pero si nosotros ya vinimos. Ellos tienen permiso. ¿Usted no es Felipe?’ Le respondí que sí, que yo había avisado que iba a estar ahí esperando”. Philippe ingresó entonces al terreno acompañado por un oficial. “Encontramos a los trabajadores en el último árbol”.
La intervención policial logró paralizar la tala justo a tiempo. “Incluso el encargado dijo: ‘Déjenos terminar, solo falta un árbol’. Para él era solo un trabajo más. Así lo ven todos los madereros: talar seis árboles es como hacer un caminito”.
Días después, funcionarios del SINAC constataron lo que Philippe había advertido desde el inicio: “Ninguno de los árboles tenía huecos ni enfermedades. Todos estaban al 100%. Y ahí empezó la bronca”.
Philippe ha señalado públicamente la responsabilidad ética de ciertos ingenieros forestales que —según su testimonio— firman permisos sin verificar adecuadamente las condiciones del sitio. Menciona que el profesional responsable de este permiso también aparece en otros casos similares, como en Gandoca-Manzanillo (caso conocido por la prensa). “Está dando permisos por todo lado. Y así es como están pagando por permisos cuestionables en todas partes”.
Este relato también pone en evidencia una falla común en las instituciones: la aceptación automática de permisos sin verificación en campo. “Por ejemplo, en el caso de la bomba de la planta de tratamiento de aguas negras, que se encuentra a la par de este territorio, ni siquiera visitaron el sitio. Solo abrieron la computadora, vieron que estaba fuera de un humedal inscrito y ya. Pero en realidad, era un humedal”.
La negligencia institucional no es menor. “La misma persona del MINAE me llamó para decirme: ‘No, Felipe, tranquilo, esta gente tiene permiso’. Pero no era cierto”. Esta confianza ciega en documentos, combinada con la interpretación limitada de las leyes, permite que los daños avancen con aparente legitimidad. “Tienen esa idea errónea de que solo los humedales inscritos están protegidos. Y no es así. La ley dice que todos los humedales en Costa Rica están protegidos, inscritos o no. Costa Rica firmó el convenio Ramsar y está obligada a protegerlos”.
De árboles seniles a parqueos turísticos: la trampa del permiso de tala
Uno de los elementos más preocupantes de este caso es la forma en que un permiso técnico —otorgado con el argumento de prevenir una amenaza— termina habilitando una transformación profunda del ecosistema para fines totalmente distintos a los autorizados.
El oficio SINAC-ACLAC-SRLT-058-2020, emitido el 25 de febrero de 2020, autorizaba la tala de seis árboles debido a un presunto “eminente peligro para infraestructura vecina” y por el “estado senil” de los árboles. En ningún momento se autoriza la alteración del terreno, relleno del humedal ni la construcción o renovación de infraestructura comercial.
Y, sin embargo, lo que siguió fue:
Tala de los árboles, pero con maquinaria y logística que evidencian planificación para otras intervenciones.
Relleno con material de acarreo, nivelación del suelo y disposición para parqueo vehicular.
Evidencia de sacos con arena frente a una estructura del bar, en pleno dominio público.
Y, finalmente, la continua operación de un espacio comercial con infraestructura renovada, a pesar de aparentes sellos de clausura.
Esta secuencia muestra una clara disociación entre el acto autorizado y el uso final, una estrategia que ya ha sido señalada en otros casos donde los permisos de tala, desmonte o remodelación funcionan como puertas de entrada para proyectos turísticos o inmobiliarios encubiertos.
Más allá de la irregularidad puntual, esto evidencia una falla estructural en la vigilancia ambiental y en la coherencia entre la legalidad técnica y la defensa de los bienes comunes. Un árbol talado no es solo un riesgo eliminado, sino el punto de partida de una cadena de hechos que termina por desplazar la vida y la memoria del lugar.
20242023
¿Qué está en juego aquí?
Lo que ocurre frente a este bar no es un caso aislado, sino una manifestación local de un patrón más amplio: la conversión paulatina de territorios ecológica y culturalmente valiosos en zonas comerciales para el turismo masivo, en detrimento de las personas que históricamente han habitado y cuidado estos lugares.
Cuando se tala un humedal, se rellena un manglar o se urbaniza una playa, no solo se destruye un ecosistema: se desplaza a comunidades locales, se encarecen los precios del suelo, se restringe el acceso a bienes comunes y se modifican las formas de vida. En el Caribe sur costarricense, esto se traduce en:
Incremento del valor de la tierra, lo que presiona a familias locales a vender o abandonar sus terrenos ante la imposibilidad de sostener los costos de vida.
Desplazamiento indirecto, donde las personas ya no pueden alquilar, acceder a servicios o mantener negocios locales frente al avance de un modelo turístico extractivo.
Privatización del espacio público, como lo muestran casos donde zonas de playa —que por ley deben ser de libre acceso— terminan ocupadas por bares, parqueos o estructuras “renovadas” que benefician a inversores externos.
Transformación cultural acelerada, que borra las prácticas comunitarias, el uso tradicional del territorio y el conocimiento ecológico local.
Debilitamiento del tejido social, cuando se rompe el sentido de pertenencia a un territorio por la imposición de lógicas de consumo y ganancia rápida.
Todo esto ocurre bajo un discurso de “desarrollo” que en realidad beneficia a unos pocos y deteriora el derecho colectivo a habitar y cuidar el territorio. La legalidad, si no se articula con una visión ecosistémica y social, se convierte en un instrumento ciego que normaliza el despojo a través de papeles, sellos y tecnicismos.
Humedales intervenidos, ecosistemas colapsados
La alteración de un humedal costero —como la tala de árboles, el relleno con materiales de acarreo y la posterior construcción de infraestructura— implica una ruptura profunda en el funcionamiento ecológico del territorio. Estos ecosistemas, que en apariencia pueden parecer terrenos “inútiles” o “encharcados”, son en realidad zonas clave para la salud del litoral y el equilibrio climático.
Entre las funciones ecológicas que cumplen los humedales están:
Filtración de contaminantes: actúan como esponjas naturales que limpian el agua antes de que llegue al mar.
Regulación hídrica: amortiguan inundaciones, absorben el exceso de agua durante lluvias fuertes y recargan acuíferos.
Hábitat de biodiversidad: son refugio para aves, anfibios, insectos, reptiles y muchas especies en peligro, algunas endémicas del Caribe costarricense.
Captura de carbono: su vegetación y suelos almacenan grandes cantidades de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático.
Conectividad ecológica: forman corredores entre ecosistemas costeros, marinos y terrestres, facilitando el flujo de especies y nutrientes.
Cuando un humedal es rellenado con tierra o arena, estas funciones colapsan. El agua deja de circular, los suelos se compactan, la vegetación nativa muere, y con ello desaparecen los servicios ecosistémicos que el humedal ofrecía. En este caso específico, el uso del espacio como parqueo para un bar frente al mar, además de romper el ciclo natural del agua, aumenta la contaminación local, eleva las temperaturas del suelo y reduce la capacidad del ecosistema para adaptarse al cambio climático.
La instalación o renovación de infraestructura dentro o adyacente a humedales interrumpe también los ritmos naturales del mar, agrava la erosión costera y muchas veces exige intervenciones artificiales (como sacos de arena o muros de contención) que, lejos de resolver los problemas, los trasladan hacia otras áreas del litoral.
Además, al construir sobre un humedal se produce un encubrimiento simbólico: se borra su identidad ecológica y cultural, y se reemplaza por una lógica de uso “productivo” que invisibiliza el valor del ecosistema vivo. En el imaginario urbano-turístico, el humedal se transforma en “terreno disponible”, y lo que antes era un espacio biodiverso pasa a ser visto como un obstáculo al “desarrollo”.
Este tipo de intervención, cuando se repite a lo largo del litoral, fragmenta los ecosistemas costeros, genera islas ecológicas desconectadas y deja a muchas especies sin posibilidad de desplazamiento ni reproducción. A largo plazo, esto compromete la resiliencia de todo el paisaje costero, y agrava los efectos de fenómenos climáticos extremos.
En definitiva, cada metro de humedal rellenado no es solo una pérdida local, es una fractura en la relación entre las comunidades y la vida que sostiene sus territorios.
A 30 años de Beijing, Oxfam alerta: el contrato social está en juego
En marzo de 2025, Oxfam lanzó un informe contundente que analiza el incumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados en la histórica Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Treinta años después, el panorama es alarmante: no se ha cumplido ni uno solo de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 sobre igualdad de género. El retroceso es evidente, y no solo por falta de voluntad política: la desigualdad estructural, el auge de movimientos antiderechos y un sistema económico extractivista están en el centro del problema.
Los hallazgos clave
Desigualdad estructural persistente: Las mujeres y personas LGTBQIA+ continúan enfrentando sistemas patriarcales y racistas que limitan su autonomía corporal, acceso a la salud sexual y reproductiva, y participación equitativa en la vida pública.
Retrocesos legislativos y violencia institucionalizada: Desde el resurgimiento de políticas como la «Ley Mordaza Global» hasta el debilitamiento del financiamiento a organizaciones feministas, los derechos conquistados están en riesgo.
Crisis y austeridad como excusa: La reducción del gasto público, el aumento de la deuda y las políticas de austeridad están erosionando los sistemas de protección social, afectando particularmente a las mujeres pobres y racializadas.
Trabajo de cuidados invisibilizado y no remunerado: Las mujeres continúan subvencionando la economía global con 12.500 millones de horas diarias de trabajo no remunerado, una situación que perpetúa la desigualdad.
Amenazas digitales y narrativas conservadoras: Las redes sociales se han convertido en campo fértil para difundir discursos antiderechos, promoviendo la radicalización y normalizando la discriminación.
¿Y ahora qué?
El informe propone cuatro líneas de acción urgentes:
Reconstruir un contrato social feminista, con políticas públicas centradas en la redistribución del poder y los recursos.
Reconocer los cuidados como un derecho y un bien público, no como una carga impuesta a las mujeres.
Garantizar derechos sexuales y reproductivos universales, incluyendo el aborto seguro y el acceso a servicios integrales de salud.
Financiar y proteger a los movimientos feministas y queer, reconociendo su rol clave en la defensa de la democracia y los derechos humanos.
El desafío democrático
La consolidación de movimientos antiderechos amenaza con quebrar el contrato social entre los Estados y la ciudadanía. Esta ofensiva busca apropiarse del lenguaje de los derechos para avanzar agendas excluyentes. En este contexto, defender la igualdad de género no es un tema sectorial, es una cuestión central para la salud de nuestras democracias.
Democracia tenemos que hablar… porque sin igualdad de género, sin justicia reproductiva y sin respeto a la diversidad, la democracia se convierte en una promesa vacía.
Conceptos clave del informe «De lo personal al poder de lo colectivo» (Oxfam, 2025)
Concepto
Definición / Explicación
Justicia de género
Proceso transformador que busca eliminar las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y personas LGTBQIA+, garantizando derechos, redistribución de recursos y autonomía sobre el cuerpo y la vida.
Autonomía corporal
Derecho de todas las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, sin coerción, violencia ni discriminación.
Movimientos antiderechos
Conjunto de actores políticos, religiosos y económicos que buscan restringir derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la igualdad de género y diversidad sexual, apelando a valores “tradicionales”.
Contrato social
Acuerdo implícito entre ciudadanía y Estado sobre derechos, deberes y acceso a recursos. El informe plantea reconstruirlo desde una perspectiva feminista, redistributiva e inclusiva.
Cuidados como bien público
Reconocimiento del trabajo de cuidados como una responsabilidad social compartida, no como una carga impuesta a las mujeres. Requiere inversión pública y políticas de redistribución.
Ley Mordaza Global (Global Gag Rule)
Política de EE.UU. que prohíbe financiar a organizaciones que ofrezcan información o servicios de aborto, incluso si lo hacen con fondos no estadounidenses. Tiene impacto mundial.
Smart economics
Enfoque que instrumentaliza a las mujeres como medio para alcanzar objetivos de desarrollo económico, sin cuestionar las raíces estructurales de la desigualdad de género.
Educación sexual integral (ESI)
Proceso de enseñanza que aborda la sexualidad desde un enfoque científico, laico, de derechos humanos y adecuado a la edad, clave para el ejercicio de la autonomía corporal.
Bienes comunes
Recursos y prácticas gestionados colectivamente para la sostenibilidad de la vida (agua, tierra, saberes, cuidados). El acceso y gestión de los comunes tiene un profundo vínculo con la justicia de género.
Interseccionalidad
Enfoque que reconoce cómo distintas formas de opresión (género, raza, clase, sexualidad, discapacidad) se entrecruzan y afectan de forma diferenciada a las personas.
¿Qué es la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing?
La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es uno de los acuerdos más ambiciosos y fundamentales a nivel mundial sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Fue adoptada por 189 gobiernos en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer organizada por Naciones Unidas en Beijing, China.
Este documento reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y traza una hoja de ruta para eliminar las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las niñas en todo el mundo.
La Plataforma de Acción se estructura en 12 esferas de especial preocupación, que incluyen:
La pobreza de las mujeres
El acceso a la educación y la salud
La violencia de género
La participación política y económica
Los derechos sexuales y reproductivos
La situación de las niñas, las mujeres indígenas y rurales
Uno de los compromisos más relevantes asumidos en Beijing fue el derecho de todas las mujeres a controlar su salud sexual y reproductiva, incluida su fertilidad, sin coerción ni discriminación. Además, el acuerdo insta a los Estados a tomar medidas urgentes y sostenidas para garantizar la igualdad sustantiva entre los géneros.
A treinta años de su adopción, el informe de Oxfam advierte que ningún país ha cumplido completamente con los compromisos de Beijing, y que los retrocesos actuales, impulsados por movimientos antiderechos y políticas de austeridad, amenazan con desmantelar décadas de avances.
Revisar hoy la Plataforma de Acción de Beijing no es un ejercicio de nostalgia, sino un llamado urgente a reconstruir un contrato social más justo, feminista e inclusivo.
¿Qué son los movimientos antiderechos?
Los llamados movimientos antiderechos son agrupaciones políticas, religiosas y sociales que se oponen a la ampliación y garantía de derechos humanos, en particular aquellos vinculados a la autonomía corporal, la igualdad de género y los derechos de las personas LGTBQIA+. Aunque se presentan bajo la defensa de los «valores tradicionales» o la «familia natural», sus acciones apuntan a restringir libertades fundamentales y revertir conquistas logradas por décadas de lucha feminista, decolonial y por la diversidad sexual.
Estos movimientos no son homogéneos, pero comparten algunas características:
Narrativas conservadoras y nacionalistas, que apelan a identidades culturales o religiosas como forma de excluir o perseguir a grupos minoritarios.
Financiamiento opaco y transnacional, muchas veces articulado desde redes de poder económico que ven en los derechos una amenaza a sus privilegios.
Apropiación del lenguaje de derechos humanos, para presentarse como víctimas de una supuesta «ideología de género» o «colonización cultural», distorsionando los principios democráticos.
Ataques coordinados a la educación sexual, los derechos reproductivos y la justicia de género, especialmente en contextos de crisis o retrocesos democráticos.
Lejos de ser fenómenos aislados, estos movimientos actúan de forma articulada en espacios nacionales e internacionales. Como señala el informe de Oxfam, su auge es también síntoma de un debilitamiento del contrato social: aprovechan el desencanto ciudadano, la desigualdad y las crisis para ofrecer soluciones autoritarias, excluyentes y regresivas.
Frente a esto, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad no puede postergarse. Reconocer y nombrar a estos actores como antiderechos es un paso necesario para fortalecer democracias inclusivas, justas y con verdadero pluralismo.
Bienes comunes y justicia de género: una relación inseparable
En la lucha por la justicia de género, hablar de bienes comunes —como el agua, la tierra, los saberes, los cuidados o el conocimiento— es hablar también de redistribución del poder y de resistencia ante el modelo extractivista y patriarcal que domina las decisiones económicas y políticas en gran parte del mundo.
Desde una mirada feminista e interseccional, los bienes comunes no son solo recursos materiales, sino espacios de vida sostenida colectivamente, donde se disputa quién cuida, quién decide, quién accede y quién se beneficia.
¿Por qué es esto clave para la justicia de género?
Las mujeres sostienen históricamente los comunes: ya sea gestionando el agua en comunidades rurales, cuidando de otras personas en redes barriales, o transmitiendo conocimientos ancestrales, las mujeres —y en particular las mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes— han sido las principales defensoras y reproductoras de los bienes comunes.
El trabajo de cuidados es un común invisibilizado: la economía global depende del trabajo de cuidados no remunerado, que recae mayoritariamente en mujeres. Reconocer este trabajo como un bien común esencial implica democratizar su gestión, redistribuir responsabilidades y garantizar servicios públicos de calidad.
El despojo de bienes comunes refuerza las desigualdades: la privatización de territorios, semillas, cuerpos de agua o sistemas de salud golpea de forma más dura a las mujeres y disidencias, al reducir su autonomía, su salud y su capacidad de acción colectiva.
La defensa de los comunes es una estrategia política feminista: frente a la mercantilización de la vida, las luchas feministas por el derecho al aborto, el acceso a la tierra, el agua, la educación sexual integral y los sistemas comunitarios de cuidados, son también luchas por el reconocimiento, la sostenibilidad y la gobernanza democrática de los comunes.
Reimaginar el contrato social desde los cuidados y los comunes
El informe de Oxfam plantea que construir un nuevo contrato social implica reconocer los cuidados como un bien público y redistribuir el poder y los recursos. Esta perspectiva se alinea con las propuestas feministas que defienden la reapropiación de los bienes comunes como condición para una vida digna y sostenible, donde la justicia de género no sea una promesa, sino una práctica concreta.
Esta nota forma parte de la sección “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.
Tranvía Ediciones y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional se complacen en invitarle a la entrega oficial del cuentario Sombras de la memoria, del maestro Aquiles Jiménez Arias.
La actividad se realizará el miércoles 11 de junio a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
La Asociación de Promoción Humana Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, con el apoyo de la Municipalidad de Oreamuno realizó una invitación para la conmemoración del 73 aniversario desde el fallecimiento del benemérito de la patria. La actividad se programó para este lunes 9 de junio en la parroquia de San Rafael Arcángel, de dicho cantón.
La actividad conmemorativa se enmarca en recordar la memoria de Monseñor Sanabria. El evento inició con una Eucaristía, remarcando el componente espiritual y de fe que siempre caracterizo la figura del Monseñor, y que sitúa la ceremonia en un contexto de profunda devoción y respeto. Posteriormente, se realizó un desfile hacia la tumba del Monseñor, simbolizando el recorrido de memoria y homenaje hacia quien fue considerado un benemérito de la patria, subrayando el valor patrimonial de su legado.
Entre las organizaciones que se unieron para realizar este homenaje se encuentra la Municipalidad de Oreamuno, la parroquia de San Rafael Arcángel, diversas instituciones educativas y la propia Asociación, lo que refuerza el carácter colaborativo y comunitario del evento.
La deriva de una opción autoritaria en Costa Rica ya dejó de ser una imagen proyectada para otros países de la región. Nos alcanzó eso que alguien despectivamente y con cierto tinte de superioridad llamara “la centroamericanización” de Costa Rica.
A la vuelta de la esquina y con amplio apoyo popular, se cuece la construcción de una vergonzosa megacárcel para paliar, según sus impulsores, el aumento de la criminalidad en el país.
Lo que en otros momentos históricos era impensable, hoy está a punto de ser un hecho que contradice a todas luces la larga tradición democrática costarricense, que empieza lentamente a palidecer.
La excepcionalidad que hasta hace algunos años nos mostraba como punto y aparte en el escenario centroamericano, fue pulverizada en pocos lustros por un sistema económico desigual y aniquilador, un escenario político inquietante y algo turbio en sus alianzas con actores poco claros y altamente cuestionados y, como hemos dicho en varias ocasiones, el agotamiento de un contrato social que espera por una nueva edición para reconstruir el proyecto de eso que utópicamente llamamos “ la vía costarricense”.
Por lo pronto, en algunas países centroamericanos esa deriva autoritaria mantiene su dinámica.
Esta semana veíamos con estupor la forma artera en la que Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización social salvadoreña Cristosal, dedicada a defender los derechos humanos de su país, era presentada ante la fiscalía.
La funcionaria había sido detenida el mes pasado luego de hacer serios cuestionamientos al gobierno de Nayib Bukele, como una muestra más de la escalada en la represión a las voces críticas y cuestionadoras a esta gestión. Algo que inquietantemente empieza a mezclarse en el entorno costarricense con la puesta de bozal a la prensa y otros hechos recientes.
Desde diferentes frentes de organismos sociales y civiles salvadoreños se han realizado pronunciamientos para exigir la liberación de López, sin un resultado positivo. Esto se suma a la reciente aprobación de la Ley de Agentes extranjeros, una herramienta que permite al gobierno salvadoreño discrecionalidad sobre qué organizaciones sociales pueden permanecer en su país y si permanecen, “contribuir” con un tributo de renta del 30%.
Una más: tres periodistas del medio de comunicación El Faro dejaron El Salvador en los últimos días ante una inminente amenaza de detención en su contra. Es de sobra conocido el rol cuestionador de este medio a las políticas represivas del gobierno de Bukele que, a fuerza de negociaciones con los líderes de las pandillas, ha bajado la criminalidad, pero han aumentado las detenciones y desapariciones de personas sin ningún nexo con esta actividad.
En Costa Rica la impronta autoritaria está tocando la puerta, asomándose por una rendija a ver si el escenario le es propicio.
Y sí que lo es.
Por ello, no deja de preocupar diagnósticos como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, al escribir el capítulo para Costa Rica en relación con el estado de los derechos en los distintos países de la región, mencionaba:
“La CIDH observa con preocupación la situación de la seguridad ciudadana y los cuestionamientos a la respuesta estatal, así como los señalamientos de afectaciones a la independencia judicial. También preocupa las denuncias de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en relación con la consulta previa y la delimitación territorial; así como las brechas significativas en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales para grupos en situación de riesgo como personas en movilidad humana, mujeres y personas mayores”.
La respuesta estatal a la que se refiere la CIDH es en realidad una inacción, justificante para el siguiente paso: la constitución de un espacio represivo que alimente las necesidades de la población de vivir sin temor en un país cuyo pacifismo también fue pulverizado por los hechos fácticos del modelo.
Es claro. Hay cosas que se parecen y mucho en estos escenarios. Si la reserva moral e institucional nacional a la que le queda menos de un cuarto de tanque no es suficiente, habremos perdido el proyecto país para siempre.
A esta generación le tocó la hora. No es poca cosa. Es el momento del punto del no retorno. Asumamos cada cual los funciones que nos corresponden para intentar recuperarnos.
El general Omar Torrijos había dejado claro en que la soberanía no se puede defender de rodillas, ni mediante súplicas al gobierno invasor.
La entrega del Canal, en 1999 parecía ser el fin de la subordinación, pero los hechos actuales demuestran que el neocolonialismo no ha desaparecido, solo ha cambiado de rostro.
Hoy, sindicatos, movimientos sociales y ciudadanos de a pie han convertido las calles en trincheras de resistencia, enfrentando un sistema internacional que no garantiza independencia, sino que simplemente administra intereses.
Represión y resistencia
En Bocas del Toro, el conflicto se ha agudizado. La represión ha golpeado duramente a los trabajadores bananeros, imponiendo despidos masivos y tácticas de asfixia económica diseñadas por la Chiquita Brands y el gobierno para destruir la organización sindical.
Las mismas fuerzas que décadas atrás trazaron las fronteras políticas, hoy buscan perpetuar su control, asegurando que Panamá siga atrapada en un sometimiento económico y militar.
Última barrera contra la sumisión
A pesar de la persecución, el bloqueo de recursos y la criminalización de sus líderes, los sindicatos bananeros, de la educación, bebidas y de la construcción han sido la columna vertebral de la resistencia.
Han enfrentado la represión y recordado al país que la soberanía no es una concesión, sino un derecho que se defiende con valentía.
La patria arde, impulsada por un pueblo que se niega a ser súbdito de un imperio en decadencia.
En las calles, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá marcha junto a obreros, maestros y profesores universitarios, exigiendo respeto y justicia.
El silencio internacional y la lucha permanente
Mientras la prensa internacional guarda silencio y la desinformación crece en redes sociales, la verdadera pregunta no es hasta dónde llegará este proceso, sino cuánto tiempo podrá resistir el pueblo panameño, evitar que sea doblegado por las armas y la campaña antisindical.
Esto no es una revuelta efímera, sino una lucha permanente que merece solidaridad activa desde todos los rincones del continente.
La Rel UITA y la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora (FUCLAT) han estado en primera línea, asegurando que la resistencia panameña no sea silenciada.
De la esperanza a la lucha
Mientras el Himno Nacional de Panamá resuena en actos oficiales, proclamando paz y progreso, su significado se vuelve vacío ante la opresión.
Panamá está en una encrucijada, y la resistencia sindical y popular sigue siendo el último bastión contra la sumisión total.
Si el país realmente quiere honrar su independencia, debe entender que la libertad no se mide en tratativas a espaldas del pueblo, ni en discursos de una supuesta amistad, sino en la capacidad del pueblo para alzar la voz sin miedo.
Los sindicatos patriotas, clasistas, son el verdadero canto de esperanza, con sus propuestas y gritos de lucha, resonando como la expresión más firme de la resistencia panameña.
Para condenar lo que ocurre en Gaza no se necesita de ninguna justificación, disculpa o nivelación de culpas y mucho menos de seguir jugando a lo EQUIDISTANTE entre Netanyahu y Hamás. No es posible justificar el genocidio de un pueblo, el palestino, con la incursión del grupo Hamás y el asesinato de 100 israelíes; no es posible disculparse con la retención de rehenes, ni tampoco creer que se está ante una respuesta de Israel ante una agresión.
Por sobre todas esas cosas, es claro y evidente que estamos en presencia de un acto de CRUELDAD con un determinado pueblo. Crueldad es la falta de piedad, es la indiferencia ante el sufrimiento ajeno e incluso la acción de infligir sufrimiento innecesario sobre las personas o los pueblos. Ante la Crueldad no caben justificaciones ni volver a ver para otro lado; simplemente debe condenarse de la forma enérgica. El genocidio que está ocurriendo en Gaza contra el pueblo palestino solo es comparable con el Holocausto judío.
El asesinato de más de 50.000 personas, la mitad mujeres y niños, el bombardeo de hospitales y escuelas, el objetivo declarado de eliminación de todo un pueblo, no puede ser más que un acto de crueldad, que no puede justificarse de ninguna manera.
Holocausto y Gaza son sinónimos en la política actual.
En el primer caso fue contra los judíos, actualmente es contra el pueblo palestino. Pero la crueldad es la misma, el odio y el deseo de una parte de exterminar a todo un pueblo, en el caso de los nazis a los judíos, en el caso de los sionistas a los palestinos.
Sionismo y judaísmo nunca han sido lo mismo. Los judíos antes del sionismo eran universalistas, solidarios, socialistas, luchadores por sociedades igualitarias, libres y hermanas unas de otras. Hay tantos nombres de judíos socialistas y solidarios, desde Marx hasta Kafka.
Esto es lo que ha hecho el sionismo al judaísmo o si lo prefieren al semitismo.
“El propio Herzl (uno de los ideólogos del sionismo) escribió lo siguiente sobre los judíos: «He conseguido tener una actitud más libre en relación al antisemitismo, al que empiezo a comprender históricamente y a perdonar. Ante todo, reconocí la inanidad y futilidad de intentar “combatir” al antisemitismo». Pasaje de “Historia oculta del sionismo” de Ralph Schoenman.
El sionismo al exaltar los valores del nacionalismo, la patria y el pueblo elegido, eliminó del judaísmo sus grandes valores socialistas.
Hay que tener presente que el SIONISMO en pos de alcanzar sus propósitos, llegó -incluso- a acuerdos con Hitler y el nazismo. Si no fueron cómplices directos del Holocausto, si indirectamente al haber negociado con Hitler sin entender sus intenciones de eliminación del pueblo judío. El sionismo alcahueteó a Hitler al inicio sin comprender que éste lo que se proponía era la Solución Final.
“La Federación Sionista de Alemania envió un memorándum de apoyo al Partido Nazi el 21 de junio de 1933. En el mismo señalaba: «…un renacimiento de la vida nacional como el que se da en la vida alemana… debe tener lugar también en el grupo nacional judío. «Sobre las bases del nuevo estado (nazi) que ha establecido el principio de la raza, deseamos encajar nuestra comunidad en la estructura de conjunto de manera que también para nosotros, en la esfera a nosotros asignada, podamos desarrollar una actividad fructífera por la Patria…».” (Ídem).
“En julio de 1944 el dirigente judío eslovaco rabino Dov Michael Weissmandel, en carta a los funcionarios sionistas encargados de esas “organizaciones de rescate”, propuso una serie de medidas para salvar a los judíos condenados al exterminio en Auschwitz. Ofreció mapas exactos de los ferrocarriles y urgió el bombardeo de los ramales por donde transportaban a los crematorios a los judíos húngaros.
Pidió que se bombardeasen los hornos de Auschwitz, que se lanzasen en paracaídas municiones para 80.000 presos, que se lanzasen en paracaídas zapadores para volar todos los medios de aniquilación y poner fin así a la cremación de 13.000 judíos diarios.
En caso de que los aliados rechazasen la petición organizada y pública de las “organizaciones de rescate”, Weissmandel proponía que los sionistas, que disponían de fondos y organización, se agenciasen aviones, reclutasen a voluntarios judíos y realizasen el sabotaje.” (Ídem). El sionismo no actuó.
Enumerar otras acciones sionistas de complicidad con el fascismo y Hitler gastaría muchos párrafos.
Después de esto, en época previa al Estado de Israel, varias organizaciones sionistas se dedicaron al terrorismo contra los palestinos, pero también contra los británicos. De esa agua también han bebido.
Aprovechando que el mundo árabe está conformado por gran cantidad de minorías étnicas, los israelitas han sabido aprovechar esta circunstancia para poner a pelear a unos contra otros, ya sea en el Líbano, Siria, Jordania, Egipto o entre los mismos palestinos. Utilizando a una facción árabe contra otra, ha permito a los israelitas intervenir en esos países y otros, argumentando, en casi todas las oportunidades, que la seguridad del Estado de Israel está en peligro. La seguridad de Israel ha sido el gran argumento para intervenir en otros países, apropiarse de tierras, establecer colonias y, en general, mantener una política expansionista. Para este fin les ha resultado muy provechoso el financiamiento y la influencia sobre determinados sectores, étnicas o grupos de árabes. Así ha sido el caso de Hamás, que fue un grupo creado, financiado y orientado por Israel contra la OLP, como lo han reconocido sus propios dirigentes. Esta forma de actuar les ha permitido desunir al mundo árabe, pero, sobre todo justificar la expansión territorial y agitar la supervivencia o la seguridad del Estado de Israel.
Israel, mientras tanto con el pleno apoyo de EEUU y el gobierno de Trump, menosprecia a todo el mundo, sus leyes internacionales, sus organismos de convivencia y continúa con su política de exterminio del pueblo palestino. Los gobiernos, los estados, los organismos internacionales se han mostrado incapaces de detener este moderno Holocausto. No se atreven a romper el bloqueo que está condenando a la muerte por hambre a millones de personas.
La sociedad civil ha reaccionado. La flota de la libertad y la solidaridad que llegaría con víveres a Gaza ha sido secuestrada en aguas internacionales y otros grupos se movilizan hacia las fronteras de Gaza para luchar por la entrada de ayuda humanitaria.
Con estos antecedentes el sionismo debería ser condenado enérgicamente por el pueblo judío y no tenerlos al frente del Estado de Israel.
Una parte importante del mundo civilizado se mueve contra el Holocausto Palestino, contra el genocidio en Gaza.
Es momento de reaccionar. La equidistancia política o moral ya está superada; ahora se trata de la supervivencia de un pueblo, el de Palestina que tiene derecho a vivir.
El Movimiento Poético Mundial invita al público general a formar parte de la actividad: “Acción Poética por Gaza” este martes 10 de junio a las 7:00 p.m. en el restaurante Lobo Mestizo ubicado en San José.
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