La Contraloría General de la República (CGR) presentó recientemente un informe de auditoría, que evidencia serias falencias en la ejecución de los recursos provenientes del canon de explotación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), por parte de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).
El estudio tuvo como objetivo principal determinar si la gestión de estos fondos, destinados específicamente a proyectos de desarrollo regional, cumple con el marco regulatorio establecido y las buenas prácticas aplicables en la materia.
La auditoría cobra especial relevancia considerando que JAPDEVA tiene asignada la administración y ejecución de estos recursos durante un periodo de 30 años, con el mandato específico de utilizarlos en proyectos que impulsen el desarrollo socioeconómico de la región caribeña y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
Hallazgos preocupantes
Entre las principales deficiencias identificadas por la CGR destacan:
Ausencia de visión estratégica para el desarrollo integral de la Vertiente Atlántica, lo que compromete la eficacia de las inversiones realizadas.
Carencia de proyectos con objetivos y metas claras, así como de indicadores que permitan medir el impacto real de las inversiones en la región.
Más de 15 mil millones de colones se encuentran actualmente en proceso de formalización, sin un destino claro y definido.
Una alarmante baja ejecución presupuestaria, alcanzando apenas el 2,67% del total de recursos disponibles durante el periodo evaluado.
Aproximadamente $101,9 millones fueron destinados a proyectos no prioritarios, según los propios criterios de impacto establecidos por JAPDEVA.
Ausencia de criterios de equidad en la distribución territorial de los recursos, lo que podría estar generando desigualdades en el desarrollo de distintas zonas de la región caribeña.
Sin proyectos de alto impacto
Un dato particularmente preocupante es que ninguno de los proyectos aprobados por JAPDEVA ha sido categorizado como de «alto impacto» para el desarrollo regional, lo que cuestiona la efectividad de las inversiones realizadas hasta el momento.
Adicionalmente, de los 16 proyectos que cuentan con convenio firmado entre los años 2022 y 2024, 12 aún no han iniciado su etapa constructiva, sin que exista claridad sobre sus fechas de inicio. Solo uno ha sido concluido, y este carece de un programa de mantenimiento adecuado.
Para conocer en detalle los hallazgos y recomendaciones de la Contraloría General de la República, se invita a los interesados a consultar el informe completo disponible en este enlace.
Uno de los peores errores que cometemos los ciudadanos y ciudadanas, es olvidar lo que los gobiernos hacen y dejan de hacer. No más entra un nuevo gobierno, enterramos en el olvido al que se va, con la esperanza de que el nuevo sea mejor.
Luego como si fueran páginas que se pueden pasar, el nuevo gobierno se saca de la manga un invento que no tiene mayor significado: “los primeros cien días”, que pasan y también se olvidan, después el medio periodo, igual, como páginas que se arrancan y se tiran. Utilizan la misma estrategia publicitaria de inventar fechas para que la gente se motive y viva con la sensación de que algo bueno va a llegar… pero nunca llega.
Si alguien se le ocurre recordar y reclamar algún asunto pasado, la misma gente lo descalifica y hasta lo ridiculiza por andar buscándole “pelos a la sopa”. Y así pasan los años, unos nacen, otros mueren y seguimos dejándole a las nuevas generaciones la nefasta herencia de olvidar, por lo cual se repiten los mismos errores: elegir a quienes le mienten al pueblo, elegir a quienes no le cumple las promesas y hasta elegir a los que saquearon los dineros del pueblo.
Si queremos un mejor país, debemos quitarnos esta nefasta costumbre de olvidar y adquirir el hábito de recordar.
Es importante diferenciar lo que es el perdón y lo que es el olvido en asuntos de la política. Una cosa es perdonar a un presidente que cometió un error y la otra muy distinta es olvidar lo que hizo y volver a darle el apoyo político como ha ocurrido en no pocos países latinoamericanos.
También es importante identificar muy bien al grupo que el presidente o el alcalde representa y a sus colaboradores porque suelen poner caras nuevas con el fin de que la gente crea que existe un cambio, cuando por detrás están los mismos, como dicen, manejando el poder detrás del trono.
En cualquier etapa de la administración pública, es posible hacer un balance de lo positivo y lo negativo de quienes gobiernan, de las promesas cumplidas e incumplidas, de los errores y aciertos. No es sano para una democracia inventar periodos y cerrar páginas.
El olvido en la política no se debe dar en ningún nivel, sea presidente, ministro, diputado, alcalde, regidor, concejal y aún en los comités comunales, porque todos y todas son representantes que tienen el deber de cumplir con lo que ofrecieron y rendir cuentas.
El recuerdo permanente de las decisiones y acciones tomadas en el pasado, pulen las decisiones que podemos tomar en el futuro.
El presidente Jimmy Carter, gracias a su convicción, pudo mostrar al mundo, uno de sus más importantes logros de política exterior: La aprobación, en un Senado muy dividido, de los tratados del 7 de setiembre de 1977, mediante los cuales, los Estados Unidos reconocen la plena soberanía, territorial y funcional del canal de Panamá, al pueblo panameño. Dijo Carter: «Representa un esfuerzo inútil por perpetuar una colonia estadounidense en Panamá contra la voluntad del pueblo panameño…”
Luego de la ratificación del tratado básico el 18 de abril de 1978, Carter dijo: “Este es un día del que los estadounidenses pueden sentirse orgullosos; porque ahora hemos recordado al mundo y a nosotros mismos, los valores que defendemos como nación”. Y agregó: “Estos tratados pueden marcar el inicio de una nueva era en nuestras relaciones, no solo con Panamá, sino con el resto del mundo. Simbolizan nuestra determinación de tratar con los países en desarrollo, las pequeñas naciones del mundo, sobre la base del respeto mutuo y la colaboración”.
Por su parte, el que fuese la mano derecha del presidente Carter, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador demócrata por Idaho, Frank Church, quien lo presidiera, y se encargara de encauzar el debate, que condujo hacia la aprobación de los tratados, negociados y firmados por los presidentes, Omar Torrijos y Jimmy Carter, dijo: «Votar en contra de este tratado representa un vano intento de preservar el pasado. Representa un esfuerzo inútil por perpetuar una colonia estadounidense en Panamá contra la voluntad del pueblo panameño…”.
Al aprobarse los tratados, con la convicción que exhibía, el presidente Jimmy Carter, en un mensaje a la Nación, expresó que, «Aunque el derecho de los Estados Unidos y Panamá para actuar contra cualquier amenaza al régimen de neutralidad está garantizando por este tratado, él no significa que existe un derecho de intervención, ni nosotros queremos un derecho de intervención por los Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá».
Por su parte, en medio del júbilo conque la mayoría del pueblo panameño, celebraba la consecución de tan anhelado triunfo independentista (aprobado en plebiscito el 7 de setiembre de 1977) su gobernante Omar Torrijos, declaró complacido, que los tratados aprobados, eran “el triunfo más grande, más esperado y más cuestionado” de Panamá. Previamente, había advertido que Panamá no aceptaría la llamada enmienda del novato senador por Arizona, Dennis De Concini, opuesto a lo negociado, en que se autorizaba la intervención militar de los Estados Unidos, con cualquier pretexto.
Ante ello, con la firmeza que caracterizaba al líder del país vecino (quien, en 1977, nos diera una conferencia en la naciente Universidad Nacional (UNA), invitado por el rector Benjamín Núñez), reafirmó que, a menos que se modificara la irresponsable enmienda del senador republicano, y si, sustentada en ella, el Pentágono consideraba violar la soberanía de Panamá, «destruiríamos el canal». Algo que, también nos dijo aquella tarde en la UNA, era muy fácil de ejecutar. «Un bazucaso en una esclusa, sería suficiente para dejar sin agua la vía interoceánica».
Las circunstancias, y la capacidad de negociación, con la razón como estandarte, el obstáculo que creaba la iniciativa de los que no querían aprobar los tratados, fue superado, con una nueva enmienda, ésta del hábil senador demócrata Frank Church. Con ella, se condiciona, se limita, se evita, cualquier intervención militar, en respuesta a una hipotética situación, en la cual, no se garantice a los EUA, en ejercicio de sus derechos, que el Canal de Panamá, pemanecerá abierto, neutral, seguro y accesible, como lo ha sido, desde su ejecución en manos panameñas, de acuerdo con el Tratado de Neutralidad «vigente de manera indefinida», que, junto al tratado básico, abrieron el camino hacia la transferencia del Canal a su legítimo dueño, al llegar las 12 de la noche del 31 de diciembre del año 1999.
La “salvadora” enmienda Church, condiciona la enmienda intervencionista de De Concini, pues reafirma el principio de no intervención y respeto a la independencia y soberanía de Panamá. Textos que hoy, el impredeciblemente irrespetuoso del derecho internacional, Donald Trump, ha ordenado a sus abogados y militares, que le interpreten según sus deseos, para justificar una eventual invasión militar contra el pequeño, y desarmado, país hermano.
Ante lo anotado, debe recordarse, que el artículo V del Tratado, es terminante, al incluir el mandato de que “Después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional”.
Y, para mayor claridad, igualmente hemos de recordar, que luego de la firma de los tratados, en la sede de la OEA en Washington, el jefe de gobierno panameño, Omar Torrijos Herrera, y el presidente estadounidense, Jimmy Carter, emitieron el siguiente comunicado conjunto sobre la interpretación del, importantísimo, Tratado de Neutralidad.
“Ambos países deberán, siguiendo sus respectivos procesos constitucionales, defender el Canal de cualquier amenaza al régimen de neutralidad y consecuentemente tendrán el derecho a actuar contra cualquier agresión o amenaza dirigida directamente contra el Canal o el tránsito pacífico de embarcaciones a través del Canal. Esto NO SIGNIFICA, ni deberá ser interpretado, como un derecho de intervención de los Estados Unidos, en los asuntos internos de Panamá. Cualquier acción estadounidense estará dirigida a asegurar que el Canal permanezca abierto, seguro y accesible, y nunca deberá ser dirigida contra la integridad territorial o la independencia política de Panamá”.
Trascendental comunicado, para aquellos que gustan de las interpretaciones auténticas de las leyes.
Para efectos documentales, y la importancia actual, anotamos el texto de la enmienda al Tratado de Neutralidad, que había sido aprobado por el Senado, impulsada por De Concini. Dice: “Si el Canal es cerrado, o sus operaciones son interferidas, los Estados Unidos y la República de Panamá tendrán cada una independientemente el derecho de tomar los pasos que consideren necesarios de acuerdo a sus procesos constitucionales, incluyendo el uso de fuerza militar en Panamá para reabrir el Canal o restaurar las operaciones del Canal”. (Aprobado por el Senado el 15 de marzo de 1978).
La respuesta de Panamá no se hizo esperar, y ante tal atropello, remitió una carta a la Organización de Naciones Unidas (ONU), denunciando que Estados Unidos se estaba tomando, con una enmienda, el derecho a intervenir militarmente en Panamá, lo que violaba, entre otros, los principios de la organización.
La situación obviamente, era tensa.
Para la historia, es pertinente anotar, que los únicos mandatarios extranjeros que expresaron simpatía por la negociación que se estaba realizando, entre la potencia del norte y el pequeño país ístmico, fueron Daniel Oduber (Costa Rica), Carlos Andrés Pérez (Venezuela), Alfonso López Michelsen (Colombia), José López Portillo (México) y Fidel Castro (Cuba). Apoyo considerado de vital importancia, para los logros obtenidos eventualmente.
Ante las circunstancias, para salvar los tratados, el Senado aprobó la Enmienda Church, como contrapartida exigida por Omar Torrijos, lográndose el balance, contra la Enmienda De Concini.
En la propuesta de Church (Enmienda de Liderazgo), Estados Unidos reafirma su adhesión al principio de No Intervención, su adhesión al principio del respeto a la independencia de Panamá, a su integridad y soberanía. Se lee: “En cumplimiento con su adherencia al principio de no-intervención, cualquier acción tomada por los Estados Unidos en el ejercicio de sus derechos para asegurar que el Canal de Panamá permanezca abierto, neutral, seguro y accesible, podrá ser solo para el propósito de asegurar que el Canal permanezca abierto, neutral, seguro y accesible, y no tendrá como propósito, ni será interpretado como el derecho a intervenir en los asuntos internos de la República de Panamá o interferir con su independencia política o soberanía territorial”.
O sea, cuando la enmienda De Concini dice: «tengo derecho a intervenir», «tengo derecho a entrar», «tengo derecho a actuar», la Enmienda Church dice: Estados Unidos reafirma su adhesión a los principios básicos de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Punto.
Cuando todavía la presencia y liderazgo de Omar Torrijos, incomodaba a los que lo veían como un enemigo difícil, el pequeño avión militar que lo transportaba en un viaje de 15 minutos, se estrelló, falleciendo su ilustre pasajero… Sucedió el 31 de julio de 1981, a sus 52 años. Hoy sus restos descansan en un mausoleo, a la entrada de lo que fuere la antigua “Zona del Canal”, que rasgaba a Panamá en dos partes… “A Omar Torrijos, lo murieron…”, dijo su biógrafo.
En 2022 el gobierno de Joe Biden propuso una ley que buscaba fomentar la industria de los semiconductores a través de subsidios a diversas corporaciones, sin embargo, para Donald Trump, se trata de “una cosa horrible”, aunque fue aprobada de manera bipartidista.
Así, Trump ha solicitado a los legisladores (con mayoría del partido Republicano) que deroguen dicha Ley de CHIPS, que otorga US$ 52 mil 700 millones en subsidios para la fabricación y producción de semiconductores. En su lugar, TRUMP lo que busca es utilizar los fondos para pagar deuda. “La Ley de CHIPS es una cosa horrible, horrible. Damos cientos de miles de millones de dólares y no significa nada. Ellos toman nuestro dinero y lo gastan”, sentenció Trump. (DPL News). ¿CUANTO golpearía a Costa Rica, la iniciativa de TRUMP?
Aunque HOY nadie puede responder con certeza, sí conviene recordar que del 2021 al 2023, los dispositivos médicos (45 %) y los CHIPS (8 %) fueron los productos más importantes, exportados desde nuestro país, a los EUA, de los cuales, US$ 1.098 millones, fueron CHIPS.
Con la Ley de Chips, promovida por la administración del demócrata BIDEN, eran espectaculares las expectativas de multiplicar esas cifras. Actualmente, más bien reina la incertidumbre, pues, además, se desconocen las gestiones urgentes que, supuestamente, estaría realizando la administración Chaves, ante el gobierno estadounidense…
En este video, Ángel Flores y Luis Rafael Moreira Flores nos comparten un panorama actual de los movimientos indígenas y sindicales en El Salvador. A través de su testimonio, abordan temas clave como:
La resistencia contra la reactivación de la minería metálica. El impacto del desplazamiento de comunidades y la pérdida de territorios. La represión estatal y el miedo bajo el régimen de excepción. El retroceso en políticas culturales y derechos indígenas.
Esta conversación es un llamado a la reflexión y a la solidaridad internacional. Mira el video y conoce más sobre esta realidad.
Después de casi 30 años de lucha, la comunidad indígena Bribri de Meleruk, también conocida como La Pera, ha conseguido un fallo histórico: la Sala Constitucional ordenó al Estado garantizar su acceso al agua potable, un derecho fundamental que les ha sido negado por décadas.
Un problema que ha persistido por años
Meleruk, hogar de aproximadamente 280 personas, enfrenta una crisis hídrica prolongada. Sin acueducto ni acceso a fuentes seguras de agua, la comunidad ha sobrevivido mediante sistemas artesanales y recolección de lluvia, con enormes sacrificios económicos y riesgos para la salud.
El camino hacia este reconocimiento no ha sido fácil. Aquí un repaso de los momentos clave:
Hace casi 30 años – La comunidad inicia solicitudes para la construcción de un acueducto. 2018 – Un informe oficial confirma que el abastecimiento de agua es insuficiente e inseguro. 2020 (octubre) – El Concejo Municipal de Talamanca declara emergencia social por la falta de agua. 2020 (noviembre) – La municipalidad insta al AyA a intervenir, pero no hay respuesta efectiva. 2023 (julio) – Ingenieros del AyA confirman que las nacientes en la zona no tienen caudal suficiente. 2024 (febrero) – Se realiza una inspección en la escuela de Meleruk, evidenciando que los niños no tienen agua potable. 2025 (enero) – La comunidad reitera sus denuncias ante la Sala Constitucional. 2025 (febrero) – La Sala Constitucional falla a favor del pueblo Bribri y ordena al Estado tomar acción inmediata.
Filidencio Cubillo nos expone la situación que están enfrentando y las acciones que han realizado. Ingrese en este enlace para escuchar el audio.
¿Qué ordena la resolución?
La Sala Constitucional determinó que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) debe: Abastecer de inmediato a la comunidad con camiones cisterna, en un plazo máximo de cinco días. Realizar estudios técnicos en un plazo de 12 meses para determinar una solución definitiva. Implementar un sistema de abastecimiento en un plazo adicional de 12 meses.
Más que agua, es justicia para los pueblos indígenas
Este fallo no solo beneficia a Meleruk, sino que sienta un precedente para la protección de los derechos indígenas en Costa Rica. El acceso al agua potable no es un privilegio, es un derecho humano fundamental reconocido en: El Convenio 169 de la OIT, que obliga a los gobiernos a respetar la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus recursos. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce su derecho a la autodeterminación y a servicios básicos. La Constitución de Costa Rica, que garantiza el derecho a la vida y la salud.
El pueblo Bribri de Meleruk ha demostrado que la organización y la perseverancia pueden cambiar realidades. Ahora, queda en manos del Estado cumplir con la sentencia y hacer justicia para esta comunidad.
Imagen corresponde a la Escuela de Meleruk 2, 12 de marzo 2025.
¿Por qué esta lucha es crucial para los pueblos indígenas en Costa Rica?
El caso de Meleruk no es solo una historia local, es un reflejo de la realidad que enfrentan muchas comunidades indígenas en el país. Su lucha por el agua simboliza una batalla más amplia por derechos, dignidad y justicia histórica.
Acceso al agua como derecho humano: A pesar de que Costa Rica ha ratificado tratados internacionales que garantizan el derecho al agua, muchas comunidades indígenas siguen sin acceso a este recurso esencial.
Autonomía y gestión de recursos: La falta de acceso al agua no es solo un problema de infraestructura, sino de soberanía. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre sus bienes naturales y exigir que el Estado respete sus territorios.
Precedente legal para otras comunidades: Este fallo podría abrir la puerta a que otros pueblos indígenas y sus comunidades exijan al Estado cumplir con sus obligaciones. No se trata solo de Meleruk, sino de todos los territorios indígenas que han sido históricamente excluidos.
El agua como pilar de identidad y supervivencia: Para los pueblos indígenas, el agua no es solo un recurso, es parte de su cultura, su espiritualidad y su conexión con la tierra. Proteger su acceso es proteger su forma de vida.
La sentencia de la Sala Constitucional es un paso adelante, pero la lucha continúa. Ahora, el reto es que se cumpla el fallo y que el derecho al agua deje de ser una deuda pendiente con los pueblos indígenas de Costa Rica
Meleruk y la persistencia del colonialismo en la distribución del agua
El caso de la comunidad indígena Bribri de Meleruk no es solo un problema de infraestructura o gestión pública. Es el reflejo de una historia de exclusión y desigualdad que se remonta al colonialismo y que sigue viva en las instituciones del Estado.
A pesar de los discursos sobre multiculturalidad e inclusión, las comunidades indígenas siguen enfrentando un racismo estructural que normaliza su abandono. La falta de acceso al agua potable en Meleruk no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de inequidad territorial, donde los pueblos indígenas tienen menos acceso a servicios básicos, menos representación en la toma de decisiones y menos recursos asignados para su bienestar.
Las instituciones han justificado su inacción con argumentos de falta de financiamiento, trámites burocráticos o problemas técnicos. Pero ¿se permitiría que una comunidad no indígena en Costa Rica pasara tres décadas sin agua potable? La respuesta evidencia un sistema que sigue marginando a los pueblos originarios y negándoles sus derechos fundamentales.
Este fallo a favor de Meleruk no solo es una victoria jurídica, es un recordatorio de que la deuda histórica con los pueblos indígenas sigue pendiente. Superar el colonialismo no significa solo reconocer sus derechos en papel, sino garantizar en la práctica que tengan acceso a los recursos necesarios para vivir con dignidad y autonomía.
El agua no es solo un recurso, es un derecho, un símbolo de justicia y un reflejo de qué tan incluyente es realmente una sociedad.
Las recientemente concluidas Dos Sesiones del Partido Comunista de China han servido, una vez más, como una ventana para observar la evolución de la gobernanza y el desarrollo de la República Popular. Cabe mencionar, que las Dos Sesiones son los eventos políticos más importantes de ese país, en los cuales se determinan las medidas políticas y de desarrollo económico a seguir.
En este marco, las “Cuatro Conciencias” y las “Cuatro Confianzas” han reafirmado su papel central en la construcción de un destino común para la nación, enfatizando la cohesión, el pragmatismo y la solidaridad, sin perder de vista los principios ideológicos del materialismo histórico y dialéctico. Estos principios, combinados con la sabiduría tradicional y espiritual de una civilización de más de 5000 años, dotan a China de la madurez y autonomía necesarias para seguir su propio camino sin temor ni intimidación externa.
Las Cuatro Conciencias, introducidas por primera vez en 2016 como principios por el Comité Central del Partido, establecen la necesidad de fortalecer la conciencia política (comprender y considerar el panorama general del país y el mundo), la conciencia del conjunto (ir más allá de intereses individuales o sectoriales), la conciencia del núcleo (liderazgo del Partido) y la conciencia de la alineación (cohesión y disciplina). Estas son fundamentales para asegurar la unidad del Partido y del país, promoviendo una dirección cohesionada en todas las políticas.
Por otro lado, las Cuatro Confianzas se refieren a la confianza en el camino del socialismo con características chinas, en la teoría del socialismo con características chinas, en el sistema del socialismo con características chinas y en la cultura china. Estas confianzas han permitido que el país mantenga su estabilidad y desarrollo único, incluso en medio de las turbulencias geopolíticas actuales.
Este año es particularmente clave, ya que marca la culminación del XIV Plan Quinquenal. A lo largo de este período, China ha seguido una planificación estratégica que le ha permitido consolidarse como una potencia económica, con objetivos realistas y flexibles. Para 2025, el gobierno ha establecido metas concretas:
Crecimiento del PIB: Se espera un crecimiento del 5%, lo que en el contexto global actual sigue siendo un aporte crucial al crecimiento económico mundial, con una contribución de más del 30% anual.
Generación de empleo: La creación de 12 millones de nuevos empleos urbanos y la reducción de la tasa de desempleo al 5.5%.
Energía y sostenibilidad: Se ha propuesto reducir el consumo energético por unidad del PIB en un 3%, mejorar la eficiencia energética e impulsar aún más las energías renovables.
Inversión pública: Se fomentará la inversión en sectores estratégicos para consolidar el modelo de desarrollo de alta calidad propuesto por el presidente Xi Jinping, basado en cinco pilares: innovación, coordinación, desarrollo verde, apertura y desarrollo compartido.
Uno de los aspectos más destacados de las Dos Sesiones ha sido la estrategia educativa enfocada en la inteligencia artificial. A partir del próximo semestre de otoño, los estudiantes de educación primaria y secundaria en China recibirán un mínimo de ocho horas de clases sobre inteligencia artificial. En la educación primaria, los estudiantes aprenderán conceptos básicos a través de experiencias prácticas e interactivas, mientras que en la secundaria se enfocarán en la comprensión del aprendizaje cognitivo y su aplicación en la vida cotidiana y los estudios.
Este enfoque contrasta con los debates en Occidente, donde la educación muchas veces se encuentra fragmentada por ideologías sin impacto práctico en la formación de los profesionales del futuro. Mientras en otros países se enfocan en cuestiones teóricas de género como discusiones centrales, China se dedica a formar ingenieros y científicos altamente capacitados, asegurando su liderazgo en la revolución tecnológica del siglo XXI.
Las Dos Sesiones han dejado en claro que China está plenamente consciente de los desafíos internacionales, incluyendo el unilateralismo, el proteccionismo y las tensiones geopolíticas que amenazan las cadenas de suministro globales. Sin embargo, también ha demostrado que el Partido Comunista de China no solo detecta estos riesgos, sino que trabaja con determinación para enfrentarlos, consolidando su modelo de desarrollo sin desviarse de su rumbo.
La interconexión entre las Cuatro Conciencias y las Cuatro Confianzas brinda un marco filosófico y estratégico que cohesiona la dirección del país, permitiéndole avanzar con seguridad en un mundo en constante cambio e inestabilidad. Con la combinación de planificación pragmática y una visión de largo plazo, China reafirma su papel como un actor clave en la configuración del orden global, con una identidad propia, firme e inquebrantable.
José Manuel Arroyo Gutiérrez Ex Magistrado Catedrático UCR
En la morgue del Hospital San Juan de Dios, delante del cuerpo inerte de papá, tuve el impulso de interrogarlo: ¿a dónde te has ido?, ¿a dónde fue a parar tu alma noble, tu amoroso espíritu de hombre bueno?, ¿a dónde quedan tus días de gloria y alegría, y los que te trajeron tragedias y derrotas? Sólo me respondió el frío matinal de aquél salón apenas alumbrado por la primera luz del día.
A pesar del dolor que me embargaba, encontré consuelo pensando que papá había partido de este mundo con toda dignidad. Atendido en condiciones inmejorables, por médicos competentes y enfermeras abnegadas que hicieron lo humanamente posible por rescatarlo, aunque al final perdieran aquella batalla. Una batalla entre cientos de todos los días; una pérdida entre miles de victorias.
Años después, en la Unidad de Cuidados Intensivos del mismo Hospital, rodeada de toda la tecnología imaginable, vi cómo mamá se extinguía minuto a minuto, imperceptiblemente. De nuevo afloró el dolor de mi agnosticismo impenitente: ¿Cómo podía apagarse, sin más, aquella poderosa llama, maga de la cocina que limpió, atendió y curó a chiquillos y animales hasta el agotamiento? Los misterios de la vida y de la muerte, me golpeaban de nuevo, hermanados, indivisibles e incapaces de generar respuestas convincentes o definitivas.
Y de nuevo el consuelo de la dignidad. El privilegio de ver a tus seres más queridos transitar por la vejez, la enfermedad y la última despedida albergados en las mejores manos, recibiendo medicinas, tratamientos, asistencias en condiciones apropiadas. Todo financiado por el aporte y la solidaridad de muchos, los nuestros incluidos.
No faltó la veta jurídica que también se manifestara. Aquellas experiencias de vida me llevaron a entender en la práctica lo que significa el derecho a la salud como uno de los fundamentos para construir la dignidad humana en una convivencia democrática. El alcance de este derecho que no sólo cubría los quebrantos de la vida sino también el final, la muerte digna. Bendije desde entonces a los líderes de este rincón del mundo que hicieron posible semejante prodigio. Una idea genial que puso a patronos, trabajadores y Estado, en un pacto social fundacional, a contribuir solidariamente para que todos los hijos e hijas de esta tierra pudieran incapacitarse sin tener que pasar hambre, ser atendidos por enfermedades y ser auxiliados en su invalidez y su muerte.
Desde entonces digo, cada vez que puedo, que a la Caja hay que defenderla; es la columna vertebral sobre la que descansan los afanes de justicia y paz de este país. Ha sido el antídoto eficaz contra las violencias y las guerras que han azotado a nuestra región y al mundo entero. Hay que defenderla en las calles y desde todas las trincheras. Y hay que defenderla de todas las maneras posibles frente a todos los enemigos de antes y de ahora. Sobre todo hay que defender la Caja de quienes ven en la salud sólo una mercancía más, un negocio para enriquecerse.
Otras experiencias de vida me han llevado después a afianzar estas convicciones. Hace algunos meses tuvimos que enfrentar, como familia, una emergencia médica. No hubo alternativa: o acudíamos a un hospital privado, o los riesgos eran enormes. Nos pudimos dar el lujo de enfrentar gastos extraordinarios para superar el momento crítico. Pero tuvimos claro que sólo una minoría, muy reducida, puede tomar esa opción.
Se trató de un itinerario estrictamente mercantil: ustedes nos atienden y nosotros ponemos dinero. Todo comienza con la presentación de una tarjeta de crédito abierta, y la advertencia de que los presupuestos iniciales pueden aumentar, como en efecto aumentan sin medida. Las facturas finales son una oda a la minucia y el exceso. No queda mota de algodón, miligramo de alcohol o vaso de agua que no se cobre. Con todo, llegó la ansiada hora de abandonar aquel lugar. Sólo faltaba, para que nos dejaran salir, el cobro de uno de los médicos. Me dirigí de inmediato a hacer la fila correspondiente. Tres mujeres esperaban por delante. Apareció una joven asistente y preguntó si alguno iba a cancelar honorarios profesionales de médico. Le indiqué que yo y, de seguido, me ordenó que pasara al primer lugar de la fila. Le respondí que yo no podía hacer eso, que había personas esperando antes. Me explicó, como la cosa más natural del mundo, que tenía instrucciones de dar prioridad a quienes cancelaran servicios de los médicos y procedió ella misma a atenderme en otra ventanilla. Estuve a punto de preguntarle, pero me contuve, si el doctor en cuestión no tenía para pagar el “casado” del mediodía.
Entrado en confesiones, como ciudadano siempre abominé de la deuda acumulada en perjuicio de la Caja, durante décadas, por parte del Estado, o mejor dicho, por parte de los gobiernos de turno. Nunca he comprendido el impulso, casi lascivo, que tienen los tecnócratas de la economía ortodoxa por burlar obligaciones, y caerle con saña a salarios y fondos de pensiones. Como juez abominé de los patronos que no aseguraban a sus trabajadores, o peor aún, patronos que deducían las cuotas a sus empleados y no las transferían a la seguridad social. Y por supuesto abominé de la peor de las traiciones cuando, usufructuando herencias políticas, se sacaron comisiones de empréstitos o licitaciones públicas.
Está claro que el sistema no ha sido perfecto. También es evidente el deterioro que ha sufrido la CCSS y las muchas experiencias fatídicas de gente que no encuentra una atención oportuna o satisfactoria. Es cierto asimismo que se han dado múltiples abusos, corruptelas y malas prácticas. Pero pensar que la solución está en tercerizar servicios o privatizarlos, es un engaño que se pagará muy caro. La ruta debe ser corregir lo que ha andado mal para salvar un servicio público que, aún y con todos sus defectos, sigue siendo ejemplar en el mundo.
El Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional se complace en invitarle a las Tardes de tertulia y audición de música nacional «Escuchando nuestra esencia». Esta segunda actividad del 2025 titulada Historia de la música moderna en Costa Rica. I Parte y será moderada por Marco Saavedra.
La tertulia se realizará el viernes 21 de marzo a las 2:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional.
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La resistencia contra la reactivación de la minería metálica.
Hace casi 30 años – La comunidad inicia solicitudes para la construcción de un acueducto.
Abastecer de inmediato a la comunidad con camiones cisterna, en un plazo máximo de cinco días.
El Convenio 169 de la OIT, que obliga a los gobiernos a respetar la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus recursos.
Autonomía y gestión de recursos: La falta de acceso al agua no es solo un problema de infraestructura, sino de soberanía. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre sus bienes naturales y exigir que el Estado respete sus territorios.
Precedente legal para otras comunidades: Este fallo podría abrir la puerta a que otros pueblos indígenas y sus comunidades exijan al Estado cumplir con sus obligaciones. No se trata solo de Meleruk, sino de todos los territorios indígenas que han sido históricamente excluidos.
El agua como pilar de identidad y supervivencia: Para los pueblos indígenas, el agua no es solo un recurso, es parte de su cultura, su espiritualidad y su conexión con la tierra. Proteger su acceso es proteger su forma de vida.
