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Autor: María José Ferlini Cartín

Una discusión imaginada a propósito del gobierno de Chaves

Alberto Salom Echeverría

(Fragmento)

Nota aclaratoria: Todos los personajes de este escrito son inventados por el autor, lo aclaro por si acaso uno de los nombres coincidiera con alguna persona real

Leopoldo Mora, un joven de 26 años, nacido en San José, fue criado por sus padres en Barrio Cuba. Hijo de gente esforzada, su padre, Rómulo Mora, es un trabajador de la municipalidad de San José. Su madre, doña Ana Caballero, combina los quehaceres domésticos en su propio hogar, con trabajos en casas particulares de San José, en calidad de servidora doméstica. Su hijo es el mayor de una familia compuesta por cuatro hermanos, dos mujeres y dos varones. El mayor de todos ellos es Leopoldo.

“Polo”, así lo apodaron en el barrio desde niño, creció desarrollando un alto sentido de responsabilidad; en la primaria fue matriculado en la escuela Omar Dengo y la secundaria la hizo en el Liceo del Sur. Siempre se destacó en los estudios y además sintió la responsabilidad de servir de ejemplo a sus hermanos, a los que con frecuencia apoyaba en las tareas. Cuando presentó el examen de admisión en la UCR, sacó un puntaje muy cercano a los 800, que es la nota máxima, merced a su talento y excepcionales condiciones académicas. Decidió seguir la carrera de filosofía, en contra de la voluntad de sus padres, quienes pensaban que, esa carrera no iba a serle útil para desempeñarse después laboralmente. El chico tomó la decisión sin titubear, a pesar de la opinión de sus padres, por quiénes sentía amor y respeto.

Fue brillante en toda la carrera, a sus 26 años se encontraba elaborando la tesis para obtener el título de Licenciado en Filosofía. Su amiga íntima, es Natalia Ebrard Rodríguez, estudiante de Ingeniería Civil en la misma UCR. Natalia es hija de un inmigrante francés que llegó a México, de nombre Jean Paul Ebrard, su madre es costarricense y se llama Olga Rodríguez. La Familia reside en Costa Rica, donde Jean Paul se desempeña como consultor en asuntos jurídicos, gracias a su profesión de abogado, cuyos estudios los realizó en la UNAM. Su esposa Olga, la madre de Natalia es trabajadora social.

Ambos tienen tres amigos, con los que se reúnen habitualmente a divertirse y en ocasiones a estudiar juntos en la casa de Natalia. Ellos son Fernandino Fuentes, que sigue la carrera de ciencias políticas, en la UCR, donde cursa su segundo año; Ismael Montoya, estudiante de matemáticas en la UNA, residente, al igual que Polo, en Barrio Cuba, donde se conocieron y contrajeron una férrea amistad desde los tiempos escolares de ambos. Además, completaba el grupo el joven inmigrante venezolano, Rodolfo Llovera Abeledo, quien ingresó al Instituto Tecnológico (TEC), a la carrera de informática, gozando de una beca con ayuda socioeconómica. Llovera, se conoció con Ismael en un bar cercano a la UNA, hace más o menos dos años y por su medio trabó amistad con el resto de los jóvenes.

Un viernes por la noche, los cinco universitarios quedaron de verse, para celebrar el cumpleaños de Natalia, en su casa de habitación. Jean Paul y su esposa Olga les sirvieron como selectos anfitriones en la primera parte del encuentro. Todos se sentían muy a gusto en casa de Natalia, por la amistad que ya los unía, pero además por el trato tan amable que les brindaban Jean Paul y Olga.

No tardaron en retirarse a su aposento los padres de Natalia, cuando debido a un ingenuo comentario de Rodolfo Llovera relacionado con el gobierno de Rodrigo Chaves -del que Rodolfo expresó sentirse afín, aunque reconoció que ignoraba muchos de los vericuetos de la política costarricense- prendió entre los jóvenes, una discusión que no por acalorada, perdió el norte. Con ese furor discurrían muchos de los improvisados debates políticos entre ellos, probablemente debido a la excesiva juventud, especialmente de Fernandino Fuentes. Del acaloramiento quedaba a salvo casi siempre Leopoldo (Polo) Mora, por ser muy maduro y el más apacible y juicioso, características de su personalidad que las traía desde muy temprana edad. Por eso gozaba de la admiración de todos sus compañeros, especialmente de Natalia, quien ocasionalmente no sabía si lo que sentía por él era un profundo sentimiento de amistad, o amor.

Inmediatamente, saltó a la palestra, como ocurría casi siempre, Fernandino, el estudiante de políticas, el más joven de todos, que era bastante exaltado y poco tolerante; al menos así lo sentían Ismael y Natalia.

-Un momento -profirió ya con acaloramiento Fernandino, dirigiéndose a Rodolfo-, a vos te pasa que no terminás de conocer ni el ambiente, ni la política del país, quizás porque trasladás mecánicamente la situación de Venezuela y se te nota tu irritación contra el extinto Chaves, líder venezolano, y se echa de ver tu apego a la derecha conservadora y aliada de los gobiernos expansionistas gringos.

-Suave, suave -prorrumpió Natalia con vehemencia, sintiéndose con el derecho de hacerlo por ser anfitriona y cumpleañera- vos, Nandi (así le decían a Fernandino), sos demasiado impetuoso y a veces rayás en el irrespeto. Tus argumentos son descalificadores y no explican nada.

Fernandino iba a intervenir de nuevo, visiblemente alterado, pero en cuanto Ismael se dio cuenta, pues conocía muy bien el carácter de su amigo, se le adelantó.

-Ojo, -expresó flemático, como era- somos amigos todos y si vamos a discutir, es una conversación entre gente que se quiere…- -Es que… -quiso interrumpir Fernandino- -Un momento -insistió Ismael,- estoy hablando. Lo dijo con mucha autoridad, pero sin subir el tono de su voz, quizás apenas algo imperceptible. -Entonces continuó- si no podemos tener una conversación con respeto, cambiamos de tema, pues no vamos a pasearnos en el festejo de Natalia, tampoco vamos a irrespetar su casa.

Se produjo un silencio, fue un instante, pero para la mayoría se hizo eterno.

-Entonces Ismael continuó con su razonamiento de ajedrecista, flemático, como siempre acostumbraba a conversar. -Vuelvo al punto; quiero contextualizar, sobre todo para Rodolfo, porque él ni siquiera estaba en nuestro país, cuando se dijeron las primeras cosas acerca del hoy presidente Rodrigo Chaves. Chaves fue acusado, cuando trabajaba en el Banco Mundial de haber cometido acoso sexual en contra de varias mujeres…

-Puedo interrumpir dijo Llovera, sin haber salido todavía de su asombro ante la acometividad de Fernandino…

-adelante, expresó Ismael…Estoy enterado de esas acusaciones, -expresó Llovera- pero Chaves candidato se sacudió de las mismas, argumentando que el había sido exonerado de toda culpa por un tribunal de ética en el mismo Banco Mundial.

-Entonces entró Natalia Ebrard, cuyas convicciones feministas eran muy sólidas y coherentes.

-Eso es una falsedad, nunca lo exoneraron de nada, por el contrario, el actual presidente carga con esa mancha sobre su espalda. Hoy, penden sobre él muchas otras acusaciones que tienen que ver con un carácter impulsivo, sus subalternos reciben gritos y muchos se consideran irrespetados. Es grande el grupo de ministros y viceministros, así como presidentes ejecutivos y otras personas funcionarias en las instituciones del Estado, que han abandonado su puesto durante esta administración, como he dicho, por haberse sentido irrespetados, muchos de ellos, ante las diferencias con Rodrigo Chaves. No hay parangón al respecto con ninguna administración anterior, los funcionarios que le han renunciado al presidente son demasiados. Eso refleja inestabilidad en el Gabinete y ha creado un clima turbio, de intranquilidad en la administración pública.

El ambiente entre los jóvenes no era el mejor para el festejo que habían planeado hacerle a Natalia. Rodolfo entonces, preso de cierta tensión que lo embargaba, intervino y propuso: -Sugiero que cambiemos de tema y continuemos con el agasajo a Natalia. Ella misma se opuso. -Señaló que, no esperaba otra cosa en su cumpleaños y que debían demostrarse a sí mismos que podían tener un intercambio civilizado, en lugar de una riña.

Todos volvieron a ver a Leopoldo, casi al unísono, quien -ya lo dijimos- tenía una autoridad enorme sobre todos ellos. Sin embargo, como era usual en él permanecía en silencio, mientras registraba metódicamente en su mente, los principales argumentos de sus íntimos amigos.

Polo salió de su impavidez, tan pronto todos lo volvieron a ver. Con su notable serenidad y capacidad argumentativa comenzó a razonar, cargado de información como era usual en él.

-La crónica de la prensa, ha dado la información de que el gobierno de Chaves en este tercer año ha avanzado en temas como ambiente y tecnología. En cuanto al ambiente, según lo he estudiado -dijo Polo con autoridad- cerca de la mitad de las propuestas de campaña presentan poco avance. -Se notaba como de vez en cuando, Polo le daba una chequeada a su libreta de apuntes, que la llevaba consigo a todas partes. Hay una propuesta que juzgo importante -prosiguió con la misma calma- que consiste en la aprobación por el Congreso de la República de $70 millones del Consejo de Administración de Fondos del Clima (CIF) para invertir en la transformación de los sistemas energéticos. Otros planes, que vale la pena mencionar, están más al nivel de anuncios, que de políticas en acción. Tal es el caso -puntualizó- de la “Ruta de la Salud Ambiental”, encaminado a replantear el manejo de residuos; otro es el plan para sustituir el diésel con biometano; hay un tercero que está todavía en fase de proyecto, el cual busca cuantificar el carbono orgánico en suelos. Lo que ocurre es que el nivel de ejecución en todos ellos es pobre -insistió-.

-Por otra parte -continuó disertando Polo-, La información resalta atrasos de significación en la concreción de un sistema de transporte público interconectado y limpio; otro tanto se puede advertir respecto de la cobertura del alcantarillado. Este sistema cubría en el 2017-dijo de nuevo echándole un vistazo a su libreta de apuntes- un 21% de los requerimientos totales, en cambio en el 2023 fue apenas de 17.6%. El anuncio hecho por Chaves de crear parques como la sabana en todas las provincias, no presenta avances. Se trata de grandes pulmones que refresquen el ambiente. Es una buena idea. Debo decir, en cambio, que no me gusta para nada la propuesta de abrir concursos licitatorios para que empresas transnacionales inicien la exploración y luego, la posible explotación de gas natural y petróleo en nuestro suelo. Esto representa un retroceso con relación a la política ambiental verde que ha prevalecido en nuestro país por lo menos durante los últimos treinta años. Personalmente, no creo que haya gas y petróleo bajo nuestro subsuelo, con potencial de producción y comercialización, pero, de haberlo interrumpiría la ruta definida hacia la neutralidad de carbono en el 2050. El cambio hacia tecnologías limpias sufriría un estancamiento o hasta un retroceso.

Leopoldo hizo una pausa para ingerir un trago de agua. Entonces ya más calmado, interviene Fernandino Fuentes, el estudiante de politología, quien también era muy estudioso, pero como apenas incursionaba en su carrera, poseía menos elocuencia que el aplomado Polo.

-Nandi, toma de nuevo la palabra y hace unas señalizaciones importantes, conforme un trabajo que acababa de presentar en uno de los cursos de la carrera. Estaba afilado en los detalles de la cuestión en discusión. Nandi explicita que en su trabajo se había basado en el estudio realizado por el periodista Mario Bermúdez Vives del semanario Universidad y en un trabajo del economista de la UNA, Leiner Vargas, así como en datos de encuestas. Comienza afirmando que de cada 10 promesas de campaña hechas por el hoy presidente Rodrigo Chaves, 7 no se han cumplido y algunas de ellas ni siquiera se han convertido en proyecto, cuando el gobierno lleva ya más de la mitad de su gestión. Porcentualmente significa que el 68% de las promesas no presentan ningún grado de avance. Lo anterior constituye una evidencia de que la gestión pública del gobierno Chaves Robles es hasta el momento altamente ineficaz y bastante desordenada.

Por otra parte -continuó arguyendo Nandi-, el presidente ilusionó a mucha gente descontenta de la política, con la idea de que mejoraría la democracia costarricense, impulsando una mayor participación ciudadana, y hasta propuso impulsar el referéndum más continuamente con el cometido de desentrabar la política y otorgarle un alto poder de decisión a la ciudadanía.

-Ismael aprovechó una pausa de Nandi para hacer algunas acotaciones sobre lo que éste acababa de afirmar. Eso que dice Nandi es cierto, pero, el mandatario fue demagógico en cuanto al alcance de su propuesta, o bien ignorante de la legislación, de lo que ya existe evidencia fáctica, puesto que la Constitución no permite más de un referéndum por año, pero el señor pretendía echar mano de este mecanismo de consulta, cotidianamente; como si fuera fácil organizarlo y no costara un bigote de dinero. -Remató diciendo Ismael-

Nandi retomó entonces su argumentación añadiendo: -Secundo lo que acaba de resaltar Ismael, y agrego que, las consultas vía referéndum están limitadas a determinados temas. Algunas cuestiones que Chaves pretende someter a consulta ciudadana no son de recibo. Por ejemplo, se prohíbe consultar sobre temas fiscales, tributarios, monetarios, presupuestarios, crediticios, -ojo enfatizó Nandi- de pensiones, que el presidente quería que se resolviera por referéndum, tampoco se puede consultar sobre derechos humanos, seguridad, actos de naturaleza administrativa, ni menos aprobación de empréstitos y contratos.

Evidentemente Nandi estaba informado e hizo gala de ello en su última alocución. Sin duda, el “paper” que acababa de presentar en uno de los cursos de la carrera de políticas, lo había hecho a conciencia. De eso no quedaba duda alguna.

Natalia, mostrando un alto sentido de sensibilidad y civismo, interviene y postula:

-El tema de la democracia al que se acaban de referir Nandi e Ismael, merece de nuestra parte una discusión singular. Por ahora solo quiero añadir que es muy claro que el sistema político en Costa Rica se ha deteriorado mucho. Una gran parte de la gente está cansada y no quiere seguir escuchando tantas promesas vacuas, ya que nunca se cumplen, ni ser víctima de engaños por parte de los políticos. Basta con constatar la manera como se ha venido ensanchando la brecha social. A la par de ello la pobreza no solo no disminuye, sino que el indicador se mueve hacia arriba. En mi opinión -continuó Natalia- no puede haber democracia con hambre, ni mientras la desigualdad entre las cúpulas de la sociedad y los estratos más menesterosos siga “in crescendo”. -puntualizó Natalia aderezando su argumentación con un “latinazo”. Para mí es muy evidente, -concluyó- que la administración Chaves no ha acometido con seriedad ni el tema de la pobreza, ni el intrincado problema de la desigualdad social; como tantos otros que ha abandonado, no obstante haber adquirido compromisos con la gente más pobre y menesterosa de este país, que por eso lo votaron.

A estas alturas de la conversación, que por fin se había encarrilado de una manera más asertiva, todos estaban un poco exhaustos por la discusión. Solo quedó chance para una última intervención de parte de Rodolfo, que los había estado siguiendo, prestando mucha atención en sus argumentaciones. -Entonces inquirió- me queda una duda, si las cosas son tan claras como ustedes lo han expuesto, ¿por qué a estas alturas del partido, -dijo el venezolano empleando una expresión venida de la jerga del fútbol, algo jocosa, dada la seriedad de las argumentaciones- todavía parece haber, según lo he leído en los medios de información que comentan encuestas, mucha gente que apoya a Chaves? -Concluyó martillando- Perdonen, no quiero ser “aguafiestas” pero me queda esa duda. La expresión “aguafiestas” produjo hilaridad en algunos de sus contertulios.

Con la sobriedad habitual Polo interviene, sin haber advertido la presencia nuevamente de los padres de Natalia, que entre estupefactos y complacidos, tenían algún rato de estarlos escuchando.

-Ha estado lindo el intercambio dijo Polo, creo que debemos abrir otro espacio para intentar responder esa inquietud que le ha asaltado con razón a Rodo, sugiero que ahora nos tomemos un rato para “echarnos unas espirituosas” y bailar con buena música que tiene Natalia. Sin pausa y con cierta sorna agregó, pido de primero bailar con Natalia. Quedó en el ambiente la afinidad de afectos entre ambos. Todos rieron un poco y sobrevino un ambiente más distendido entre los amigos.

Tanto Jean Paul como Olga, se prodigaron en elogios acerca de la discusión tan seria que presenciaron durante un rato; Jean Paul dijo que había aprendido mucho y Olga como era de las ciencias sociales y profesora universitaria, expresó que se había quedado con las ganas de decir algunas cosas.

La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada…

En la próxima entrega continuaré.

Compartido con SURCOS por el autor.

Cerca del pago de la indemnización para los exmuelleros – ¿Dónde estamos?

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Conversamos el pasado 9 de julio del 2024 con compañeros exmuelleros, esposas, viudas e hijas de estas personas trabajadoras para seguir profundizando sobre las implicaciones que ha tenido está lucha para sus vidas y aprovechamos también para reflexionar sobre el contexto que están viviendo en Limón.

Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su opinión consultiva

Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel el 31 de agosto del 2023 por Magazine+972, titulado «‘It’s like 1948’: Israel cleanses vast West Bank region of nearly all Palestinians», cuya lectura completa se recomienda.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

El pasado 12 de julio, la CIJ indicó que daría a conocer su opinión consultiva (solicitada en diciembre del 2022 por la Asamblea General de Naciones Unidas) el viernes 19 de julio del 2024: al respecto, véase el comunicado de prensa oficial difundido (en francés y en inglés ) del 12 de julio por la CIJ, muy pocamente referenciado en la prensa internacional y nacional. 

Cabe señalar que las deliberaciones entre los jueces de la CIJ iniciaron el 27 de febrero del 2024, al concluirse el día anterior las audiencias en el Peace Palace de La Haya (véase verbatim del 26 de febrero del 2024, con las últimas exposiciones orales a cargo de España, Fiji e Islas Maldivas).

Es posible que la actitud desafiante de Israel ante los jueces de la CIJ desde que estos emitieran una primera ordenanza el 26 de enero del 2024 (seguidas por dos más), en el caso contencioso que opone Sudáfrica a Israel, haya creado cierta indisposición en algunos jueces.

La opinión consultiva en breve

En su opinión consultiva dada a conocer este 19 de julio (véase texto completo en inglés y texto completo en francés), la CIJ concluyó de manera contundente (véase párrafo operativo 285) que la prolongada ocupación de Israel desde 1967 es ilegal y que debe ser inmediatamente suspendida. 

Adicionalmente, la CIJ es de la opinión que toda nueva actividad de colonización debe ser suspendida y que Israel tiene la obligación de reparar e indemnizar a todas las personas físicas o morales que hayan sufrido los efectos de su prolongada ocupación y colonización en el territorio palestino. La CIJ opina además que Israel debe evacuar sin más preludios los colonos israelíes situados en el territorio palestino ocupado. 

Para la CIJ, los demás Estados miembros de Naciones Unidas no pueden reconocer efectos legales a la situación ilegal que deriva de la ocupación ilegal del territorio palestino ocupado, como tampoco prestar asistencia alguna a Israel para mantenerla. El punto 7 del párrafo 285 (por el que votaron 12 jueces) debe interpelar desde ya a muchos Estados con los que Israel mantiene relaciones muy estrechas y cuyos productos exportados hacia Israel son utilizados directa (o indirectamente) para consolidar esta ocupación y esta colonización ilegal.

Es de señalar que de los 15 jueces titulares que integran la CIJ, únicamente se registró una opinión disidente de una jueza (oriunda de Uganda) (véase texto).

El párrafo 285 en sí

De manera que nuestros estimables lectores puedan juzgar por sí mismos el contenido de las conclusiones de la CIJ, nos permitimos reproducir en su integralidad el párrafo conclusivo 285 y los 9 puntos que contiene:

«THE COURT, 

(1) Unanimously, 

Finds that it has jurisdiction to give the advisory opinion requested; 

(2) By fourteen votes to one, 

Decides to comply with the request for an advisory opinion; 

(3) By eleven votes to four, 

Is of the opinion that the State of Israel’s continued presence in the Occupied Palestinian Territory is unlawful; 

(4) By eleven votes to four, 

Is of the opinion that the State of Israel is under an obligation to bring to an end its unlawful presence in the Occupied Palestinian Territory as rapidly as possible; 

(5) By fourteen votes to one, 

Is of the opinion that the State of Israel is under an obligation to cease immediately all new settlement activities, and to evacuate all settlers from the Occupied Palestinian Territory; 

(6) By fourteen votes to one, 

Is of the opinion that the State of Israel has the obligation to make reparation for the damage caused to all the natural or legal persons concerned in the Occupied Palestinian Territory; 

(7) By twelve votes to three, 

Is of the opinion that all States are under an obligation not to recognize as legal the situation arising from the unlawful presence of the State of Israel in the Occupied Palestinian Territory and not to render aid or assistance in maintaining the situation created by the continued presence of the State of Israel in the Occupied Palestinian Territory; 

(8) By twelve votes to three, 

Is of the opinion that international organizations, including the United Nations, are under an obligation not to recognize as legal the situation arising from the unlawful presence of the State of Israel in the Occupied Palestinian Territory; 

(9) By twelve votes to three, 

Is of the opinion that the United Nations, and especially the General Assembly, which requested this opinion, and the Security Council, should consider the precise modalities and further action required to bring to an end as rapidly as possible the unlawful presence of the State of Israel in the Occupied Palestinian Territory. 

../..

LA COUR, 

1) À l’unanimité, 

Dit qu’elle a compétence pour donner l’avis consultatif demandé ; 

2) Par quatorze voix contre une, 

Décide de donner suite à la demande d’avis consultatif ; 

3) Par onze voix contre quatre, 

Est d’avis que la présence continue de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé est illicite ; 

4) Par onze voix contre quatre, 

Est d’avis que l’État d’Israël est dans l’obligation de mettre fin à sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé dans les plus brefs délais ; 

5) Par quatorze voix contre une, 

Est d’avis que l’État d’Israël est dans l’obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation, et d’évacuer tous les colons du Territoire palestinien occupé ; 

6) Par quatorze voix contre une, 

Est d’avis que l’État d’Israël a l’obligation de réparer le préjudice causé à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans le Territoire palestinien occupé ;

7) Par douze voix contre trois, 

Est d’avis que tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par la présence continue de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé ; 

8) Par douze voix contre trois, 

Est d’avis que les organisations internationales, y compris l’Organisation des Nations Unies, sont dans l’obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé ;

9) Par douze voix contre trois, 

Est d’avis que l’Organisation des Nations Unies, et en particulier l’Assemblée générale, qui a sollicité le présent avis, et le Conseil de sécurité, doit examiner quelles modalités précises et mesures supplémentaires sont requises pour mettre fin dans les plus brefs délais à la présence illicite de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé».

Este párrafo 285 concluye una larga reflexión de la CIJ sobre cada uno de estos nueve puntos, analizando los argumentos de unos y otros y contraponiéndolos a la información disponible así como a las normas internacionales aplicables y a la jurisprudencia internacional. Una reflexión metódica y rigurosa, que se extiende en los 284 párrafos anteriores.

De algunos puntos de detalle

La lectura completa de la opinión consultiva se recomienda de manera a observar el razonamiento seguido por el juez internacional de La Haya y el extremo cuido que ha tenido en analizar los argumentos jurídicos de Israel y de algunos de sus aliados ante la CIJ durante las audiencias públicas celebradas en febrero del 2024. Como se verá a continuación, la mayoría de estos argumentos jurídicos fueron descartados, por carecer de validez desde el punto de vista jurídico.

En los párrafos 93-94, la CIJ hace a un lado el argumento defendido por Israel según el cual Israel no ocupa militarmente Gaza:

«93. Based on the information before it, the Court considers that Israel remained capable of exercising, and continued to exercise, certain key elements of authority over the Gaza Strip, including control of the land, sea and air borders, restrictions on movement of people and goods, collection of import and export taxes, and military control over the buffer zone, despite the withdrawal of its military presence in 2005. This is even more so since 7 October 2023. 

  1. 94. In light of the above, the Court is of the view that Israel’s withdrawal from the Gaza Strip has not entirely released it of its obligations under the law of occupation. Israel’s obligations have remained commensurate with the degree of its effective control over the Gaza Strip«

../..

  1. Au vu des informations dont elle dispose, la Cour considère qu’Israël avait conservé la faculté d’exercer, et continuait d’exercer, certaines prérogatives essentielles sur la bande de Gaza, notamment le contrôle des frontières terrestres, maritimes et aériennes, l’imposition de restrictions à la circulation des personnes et des marchandises, la perception des taxes à l’importation et à l’exportation, et le contrôle militaire sur la zone tampon, et ce, en dépit du fait que cet État a mis fin à sa présence militaire en 2005. Cela est encore plus vrai depuis le 7 octobre 2023.
  2. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d’avis que le retrait d’Israël de la bande de Gaza n’a pas totalement libéré cet État des obligations que lui impose le droit de l’occupation. Les obligations d’Israël sont demeurées proportionnées au degré de son contrôle effectif sur la bande de Gaza«.

Con relación a los recursos naturales en el territorio palestino ocupado, que Israel controla y desvía para uso exclusivo (o casi) de las colonias isralíes implantadas en territorio palestino, en detrimento de la población palestina, se lee que:

«133. On the basis of the evidence before it, the Court considers that Israel’s use of the natural resources in the Occupied Palestinian Territory is inconsistent with its obligations under international law. By diverting a large share of the natural resources to its own population, including settlers, Israel is in breach of its obligation to act as administrator and usufructuary. In this connection, the Court recalls that the transfer by Israel of its own population to the Occupied Palestinian Territory is contrary to international law (see paragraph 119 above). Therefore, in the Court’s view, the use of natural resources in the occupied territory cannot be justified with reference to the needs of that population. The Court further considers that, by severely restricting the access of the Palestinian population to water that is available in the Occupied Palestinian Territory, Israel acts inconsistently with its obligation to ensure the availability of water in sufficient quantity and quality (Article 55 of the Fourth Geneva Convention).

../..

«133. Au vu des éléments de preuve dont elle dispose, la Cour considère que l’usage que fait Israël des ressources naturelles du Territoire palestinien occupé n’est pas conforme aux obligations que lui impose le droit international. En détournant une grande part des ressources naturelles au profit de sa propre population, notamment des colons, Israël manque à son obligation d’agir en tant qu’administrateur et usufruitier. À cet égard, la Cour rappelle que le transfert par Israël de sa propre population dans le Territoire palestinien occupé est contraire au droit international (voir le paragraphe 119 ci-dessus). Elle estime par conséquent que l’utilisation des ressources naturelles du territoire occupé ne peut être justifiée par les besoins de cette population. La Cour considère encore que, en restreignant gravement l’accès de la population palestinienne à l’eau disponible dans le Territoire palestinien occupé, Israël agit de manière contraire à l’obligation qu’il a d’assurer un approvisionnement en eau qui soit approprié sur le plan de la quantité autant que de la qualité (article 55 de la quatrième convention de Genève)«

Con relación a una ocupación prolongada y una colonización ilegal, acompañadas de prácticas diversas por parte de Israel para ampliar su control, la CIJ se muestra particularmente tajante en el párrafo 179, al dictaminar que equivalen a una verdadera anexión:

» 179. The Court has found that Israel’s policies and practices amount to annexation of large parts of the Occupied Palestinian Territory. It is the view of the Court that to seek to acquire sovereignty over an occupied territory, as shown by the policies and practices adopted by Israel in East Jerusalem and the West Bank, is contrary to the prohibition of the use of force in international relations and its corollary principle of the non-acquisition of territory by force.

../..

  1. La Cour a conclu que les politiques et pratiques israéliennes équivalaient à l’annexion de vastes parties du Territoire palestinien occupé. Elle estime que le fait de tenter d’acquérir la souveraineté sur un territoire occupé, ainsi que cela ressort des politiques et pratiques adoptées par Israël à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, est contraire à l’interdiction de l’emploi de la force dans les relations internationales et à son corollaire, le principe de non-acquisition de territoire par la force«.

En cuanto a la consecuencias jurídicas para Israel de la presente opinión consultiva, la CIJ aplica su ya tradicional jurisprudencia ante cualquier hecho ilícito internacional de un Estado debidamanete constatado y documentado, al dictaminar de manera enfática que:

«268. The Court further observes that, with respect to the policies and practices of Israel referred to in question (a) which were found to be unlawful, Israel has an obligation to put an end to those unlawful acts. In this respect, Israel must immediately cease all new settlement activity. Israel also has an obligation to repeal all legislation and measures creating or maintaining the unlawful situation, including those which discriminate against the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, as well as all measures aimed at modifying the demographic composition of any parts of the territory. 

  1. 269. Israel is also under an obligation to provide full reparation for the damage caused by its internationally wrongful acts to all natural or legal persons concerned (see Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004 (I), p. 198, para. 152). The Court recalls that the essential principle is that “reparation must, as far as possible, wipe out all the consequences of the illegal act and reestablish the situation which would, in all probability, have existed if that act had not been committed” (Factory at Chorzów, Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 47). Reparation includes restitution, compensation and/or satisfaction.
  2. 270. Restitution includes Israel’s obligation to return the land and other immovable property, as well as all assets seized from any natural or legal person since its occupation started in 1967, and all cultural property and assets taken from Palestinians and Palestinian institutions, including archives and documents. It also requires the evacuation of all settlers from existing settlements and the dismantling of the parts of the wall constructed by Israel that are situated in the Occupied Palestinian Territory, as well as allowing all Palestinians displaced during the occupation to return to their original place of residence.

../..

  1. 268. La Cour observe en outre que, en ce qui concerne ses politiques et pratiques visées dans la question a), qui ont été jugées illicites, Israël est dans l’obligation de mettre un terme à ces faits illicites. À cet égard, il doit immédiatement cesser toute nouvelle activité de colonisation. Israël est également tenu d’abroger toutes lois et mesures créant ou maintenant la situation illicite, y compris celles qui sont discriminatoires à l’égard du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, ainsi que toutes mesures destinées à modifier la composition démographique de quelque partie de ce territoire.
  2. 269. Israël a également l’obligation de réparer intégralement les dommages causés par ses faits internationalement illicites à toutes les personnes physiques ou morales concernées (voir Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 198, par. 152). La Cour rappelle le principe essentiel selon lequel « la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis » (Usine de Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 47). La réparation comprend la restitution, l’indemnisation ou la satisfaction«.
  3. 270. La restitution inclut l’obligation pour Israël de restituer les terres et autres biens immobiliers, ainsi que l’ensemble des avoirs confisqués à toute personne physique ou morale depuis le début de son occupation en 1967, et tous biens et bâtiments culturels pris aux Palestiniens et à leurs institutions, y compris les archives et les documents. Elle exige également que tous les colons des colonies de peuplement existantes soient évacués, que les parties du mur construit par Israël qui sont situées dans le Territoire palestinien occupé soient démantelées, et que tous les Palestiniens déplacés durant l’occupation puissent retourner dans leur lieu de résidence initial».

En realidad, son muchos más los aspectos jurídicos en los que la CIJ aclara el alcance de la normativa internacional vigente ante el accionar de Israel el territorio palestino que ocupa. A su vez, la CIJ pone término a interminables debates entre Estados, así como entre por un lado ONG, académicos, especialistas en derecho internacional público y por otro, «expertos«, comentadores y analistas afines a Israel y a sus círculos de influencia.

El procedimiento consultivo de la CIJ en breve

Como bien se sabe, a diferencia de un procedimiento contencioso, el procedimiento consultivo no concluye con una sentencia dictaminada para resolver una controversia entre dos Estados, sino con una opinión jurídica del juez internacional de carácter general. No obstante, en este caso, las preguntas formuladas por la Asamble General lo eran de forma tal, que se lograra obtener lo que contiene el precitado párrafo 285, emplazando a Israel a conformarse con las obligaciones que derivan directamente del derecho internacional público. 

Es preciso recordar que, recibida la solicitud en enero del 2023, la CIJ solicitó en un primer momento a los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas y a las diversas agencias de Naciones Unidas hacerle llegar sus opiniones jurídicas con relación a las preguntas planteadas: fueron 53 los Estados que decidieron remitir sus opiniones, entre los cuales Israel y Palestina. Al respecto, las 292 páginas del escrito de Palestina (véase texto en francés y en inglés) contrastan con las módicas 4 páginas remitidas por Israel (véase texto en francés y en inglés). 

Varios Estados de América Latina consideraron oportuno hacer llegar a la CIJ sus opiniones legales (Nota 1). La omisión de muchos de los demás 193 Estados Miembros de Naciones Unidas no se verificó en el caso de los cinco Estados Miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quienes enviaron su opinión jurídica al juez de La Haya (Nota 2).

Habíamos tenido la oportunidad de analizar los alcances de las dos preguntas hechas desde la Asamblea General de Naciones Unidas en una resolución, que dió lugar a dos votaciones en Naciones Unidas primero en noviembre y luego en diciembre del 2022 en dos textos nuestros a los que remitimos nuestros estimables lectores:

  1. a) «América Latina ante solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina: breves apuntes sobre insólito voto en contra de Costa Rica«, editada el 31 de diciembre del 2022, y disponible aquí. Una versión ampliada y actualizada fue editada en el portal de la Universidad de Costa Rica (UCR) en febrero del 2023 (disponibleaquí).
  2. b) «Palestina: ocupación y colonización por parte de Israel prontas a ser examinadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, editada el 23 de noviembre del 2022, y disponibleaquí.Una versión amplicada y actualizada fue editada en el portal de la UCR en diciembre del 2022 (disponible aquí). En este texto concluíamos que:

«En sí misma, esta resolución constituye desde ya el primer peldaño de un procedimiento que permitirá, sin lugar a dudas, acercar un poco más la justicia internacional al drama humano que se vive desde muchos años en el territorio palestino ocupado, como consecuencia de una abierta, flagrante y reiterada violación a las reglas del ordenamiento jurídico internacional«. 

Costa Rica: un voto en contra sin explicación alguna

El insólito voto en contra de la precitada resolución del 30 de diciembre del 2022 por parte de Costa Rica (conjuntamente con Guatemala en América Latina, siendo los dos únicos Estados en objetar en América Latina la solicitud de opinión consultiva a la CIJ) a la fecha no ha dado lugar a alguna explicación oficial. En el voto de noviembre del 2022, Costa Rica optó por la abstención, sin que se tenga tampoco explicación alguna.

Se remite nuevamente a nuestros estimables lectores al tablero de la votación del 30 de diciembre del 2022, en el que se registró un total de 98 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones; así como al texto mismo de la resolución A/RES/77/247, el cual está disponible aquí en español. 

El número elevado de abstenciones reunidas (así como los 27 Estados que optaron por el «No Show«) responden en gran parte a las intensas gestiones diplomáticas desplegadas por Israel (y por Estados Unidos) en aras de evitar a toda costa que esta resolución fuese adoptada.

Con relación a Costa Rica, recientemente se informó que la Municipalidad de Nicoya optó por retirar del programa oficial una actividad inicialmente prevista para el 24 de julio en Nicoya, auspiciada por la Embajada de Israel en Costa Rica, en el marco de las celebraciones de los 200 años de la anexión de Guanacaste (véase nota del 10 de julio del 2024 de La Voz de Guanacaste).

En un reciente foro organizado en la Universidad de Costa Rica (UCR) el pasado 4 de julio, titulado «Gaza/israel: del cerco informativo al cerco de la justicia internacional» (véase video), se tuvo la oportunidad de escuchar a una jóven estudiante, integrante de la comunidad judía costarricense, denunciando los diversos crímenes de Israel en Gaza: se trata de una actitud valiente, que contrasta de manera notable con la del resto de los integrantes de la comunidad judía costarricense desde el 7 de octubre del 2023.

Israel ante el cerco de la justicia internacional

Pese a la tragedia indecible que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, esta opinión consultiva del 19 de julio del 2024 constituye una nueva victoria para Palestina ante la justicia internacional y ante la comunidad internacional como tal: logra, por segunda vez, que la CIJ, mediante una opinión consultiva, constate y declare la total ilegalidad del accionar de Israel en el territorio palestino ocupado.

En efecto, la primera opinión consultiva tuvo lugar en los años 2003-2004: el procedimiento culminó con la opinión consultiva de la CIJ del 9 de julio del 2004 sobre la legalidad del muro construído por parte de Israel en el territorio palestino ocupado (véase texto completo). Aquella decisión de la CIJ se tomó internamente en el seno de la CIJ con 14 votos a favor y uno en contra (véase párrafo dispositivo 163): el juez norteamericano se sintió obligado a acuerpar en parte algunos de los argumentos de Israel y separarse del criterio de sus 14 homólogos en La Haya. 

Desde la perspectiva estríctamente jurídica, y de cara a las justificaciones legales dadas por Israel luego del ataque sufrido el 7 de octubre del 2023 perpetrado por el Hamás, encontramos en el párrafo 139 de dicha opinión consultiva del 2004 un aspecto convenientemente omitido por Israel, así como por un gran número de Estados cercanos a Israel, y por editorialistas, analistas internacionales, y «expertos» legales desde el 7 de octubre (Nota 3).

Para Israel, esta segunda opinión consultiva constituye un nuevo fracaso de su diplomacia, la cual desplegó intensos esfuerzos diplomáticos (con su incondicional aliado norteamericano) en los meses de noviembre/diciembre del 2022 para que esta solicitud de opinión consultiva no fuese remitida por la Asamblea General a la CIJ. Es muy probable que esta decisión de la CIJ provoque las habituales reacciones iracundas y gesticulaciones de Israel, que ya no impresionan mayormente a nadie, salvo a unos pocos círculos.

Es de notar que los argumentos esgrimidos por Israel ante los jueces de la CIJ, así como por un pequeño grupo de Estados (Canadá, Estados Unidos, Fiji, Guatemala, Hungría y República Checa) no surtieron mayores efectos entre los jueces de la CIJ: en efecto, los jueces de la CIJ tomaron la mayoría de los 9 puntos contenidos en el párrafo 285 con 12 o 14 votos a favor, siendo el punto 4 el único en el que la decisión se tomó de manera ligeramente más dividida, con 11 votos a favor y 4 en contra.

– – Notas – –

Nota 1: Por parte de América Latina enviaron sus opiniones a la CIJ (además de Belice, Canadá, Estados Unidos y Guyana en el hemisferio americano) Bolivia (véase texto en francés y en inglés) el 25 de julio del 2023; Brasil (véase texto en francés y en inglés) el 25 de julio del 2023; Colombia (véase texto en francés y en inglés) el 25 de julio del 2023, así como en la misma fecha; Cuba (véase texto en francés y en inglés); Guatemala (véase texto en francés y en inglés) el 23 de octubre del 2023, y Chile (véase texto en francés y en inglés) el 25 de octubre del 2023. La lectura completa de estos documentos permite conocer en detalle los diversos argumentos que cada uno de estos Estados de América Latina consideró oportuno hacerle llegar al juez internacional de La Haya en aras de ayudarlo en sus deliberaciones.

Nota 2: Las opiniones jurídicas de estos cinco Estado pueden ser consultadas, iniciando (por orden alfabético) con la que fue remitida por China (véase texto en francés y en inglés), por Estados Unidos (véase texto en francés y eninglés), por Francia (véase texto en francés y en inglés), por el Reino Unido (véase texto en francés y en inglés) y por Rusia (véase texto en francés y en inglés).

Nota 3: En efecto, en este párrafo 139 se mencionaba por parte de la CIJ en julio del 2004 que la legítima defensa prevista en el Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas no puede ser invocada por Israel cuando se trata de reaccionar a ataques que provengan del territorio palestino que ocupa:

«L’article 51 de la Charte reconnaît ainsi l’existence d’un droit naturel de légitime défense en cas d’agression armée par un Etat contre un autre Etat. Toutefois, Israël ne prétend pas que les violences dont il est victime soient imputables à un Etat étranger. La Cour note par ailleurs qu’Israël exerce son contrôle sur le territoire palestinien occupé et que, comme Israël l’indique lui-même, la menace qu’il invoque pour justifier la construction du mur trouve son origine à l’intérieur de ce territoire, et non en dehors de celui-ci. Cette situation est donc différente de celle envisagée par les résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001) du Conseil de sécurité, et de ce fait Israël ne saurait en tout état de cause invoquer ces résolutions au soutien de sa prétention à exercer un droit de légitime défense. En conséquence, la Cour conclut que l’article 51 de la Charte est sans pertinence au cas particulier«.

.. /..

«Article 51 of the Charter thus recognizes the existence of an inherent right of self-defence in the case of armed attack by one State against another State. However, Israel does not claim that the attacks against it are imputable to a foreign State. The Court also riotes that Israel exercises control in the Occupied Palestinian Territory and that, as Israel itself states, the threat which it regards as justifying the construction of the wall originates within, and not outside, that teriritory. The situation is thus different from that contemplated by Securi1.y Council resolutions 1368 (2001) and 1373 (200 l), and therefore lsrael could not in any event invoke those resolutions in support of its claim to be exercising a right of self-defence. Consequently, the Court concludes that Article 51 of the Charter has no relevance in this case«.

Los desafíos de Crucitas siguen ahí: «Clima de negocios» Inversiones, ambiente y derechos humanos

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En el marco del cierre del proceso de litigio internacional en el CIADI entre Costa Rica e Infinito Gold por el caso de la explotación minera en Crucitas, se dio la comunicación que la empresa minera y el gobierno de Costa Rica pidieron poner fin al proceso de nulificación del laudo arbitral (ver nota prensa aquí).

Este evento dio espacio para una amplia variedad de intervenciones públicas, las autoridades públicas tales como, gobierno y algunas diputaciones han celebrado la posibilidad que abre este escenario para la explotación minera de la zona:

Gobierno

MINAE 19 de julio 2024: Gobierno no descarta que Infinito Gold participe en Crucitas

Diputaciones

Empresarios-Políticos

Colegio profesional

29 junio 2024 Ahora sí llegó la hora de “comernos la bronca” con Crucitas: Colegio de Geólogos

Se podría continuar la lista de intervenciones, sin embargo, queremos llamar la atención sobre lo que no se menciona, y son las deudas que tiene el país con marco jurídico que evite una situación similar a la que se vivió en torno a este conflicto socioambiental.

Es común la noción por parte de estos sectores políticos y empresariales de hablar de un «clima de negocios», es decir, ofrecer las condiciones propicias a las figuras de inversionistas (personas-empresas) para que puedan instalar y realizar sus actividades de la forma más expedita. Esta simplificación de lo que se entiende por «desarrollo económico», constantemente olvida las implicaciones negativas que tienen las actividades en el ambiente, así cómo, las afectaciones en las personas y comunidades que viven cerca de las actividades que promueven estas inversiones.

En muchas ocasiones, estos mismos marcos jurídicos desconocen la figura de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras ambientales, lo cual les vuelve vulnerables ante acciones legales que buscan minimizar y criminalizar sus labores de denuncia. Un claro ejemplo de esta vulnerabilidad son las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves en torno al descarte del Acuerdo de Escazú (instrumento jurídico que reconoce la figura de defensor ambiental) cuando señaló que gracias a esta decisión «El sector privado puede estar tranquilo» (nota de prensa 3 de mayo 2022).

Crucitas fue un claro ejemplo de una promoción de inversiones en dónde la perspectiva de derechos humanos y protección ambiental fue desestimada, marcos regulatorios débiles y una institucionalidad que se colocó como promotora de la actividad económica, «olvidando» su obligación como garante de los derechos humanos y protección ambiental.

Actualmente estamos de nuevo en la misma encrucijada, tenemos una presión de sectores empresariales-políticos por la explotación minera,  cómo sucedió hace más de 15 años y que reflejan el poco o nulo interés en las dimensiones ambientales y de derechos humanos. Fue necesario un desgastante proceso judicial por parte de las personas defensoras ambientales, así como juicios de la empresa en su contra, derivando en un largo laudo internacional, que finalizó este 2024.

Ante este desafío, queremos retomar las reflexiones del informe «Inversiones, ESG y Derechos Humanos» elaborado por Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.  En este documento nos dan elementos para reflexionar sobre las implicaciones que tienen los vacíos que persisten en nuestros marcos jurídicos relacionados a la promoción de actividades económicas y productivas en torno a la garantía de los derechos humanos y la protección ambiental.

PDFImagen

CONARE rechaza acusaciones de la Presidencia de la República

Ante la situación que se presentó esta tarde, finalizada la cuarta sesión de la Comisión de Enlace para la negociación del FEES 2025, entre Anna Katharina Müller Castro, ministra de Educación y el movimiento estudiantil universitario, el Consejo Nacional de Rectores manifiesta:

El movimiento estudiantil es totalmente autónomo e independiente. El CONARE respeta las manifestaciones y opiniones estudiantiles en el ejercicio pacífico de la libertad de expresión. Reconocemos que la educación estatal es de interés público y, en consecuencia, el CONARE considera de importancia la participación de los diferentes sectores, incluido el estudiantil, en el proceso de negociación del financiamiento de la educación superior estatal.

Creemos firmemente en la importancia de propiciar por parte de la Señora Ministra canales de comunicación asertivos con el movimiento estudiantil universitario, que demanda ser escuchado en sus consignas, como corresponde a todo funcionario público que es interpelado en el ejercicio de sus funciones. La jerarca tomó la decisión de salir del recinto de negociación sin esperar a que las autoridades universitarias coordinaran una salida ordenada para los representantes de Gobierno.

Rechazamos contundentemente afirmaciones inadmisibles emitidas en el comunicado de la Presidencia de la República, donde se afirma que la señora y los señores rectores conocían y consintieron actos de violencia contra las autoridades gubernamentales y que éstos hayan sido objeto de amenazas, agresión y violencia. Por lo tanto, repudiamos cualquier acusación que pretenda responsabilizar a la y los rectores de cualquier acto que violentara integrantes de la representación del gobierno en la Comisión de Enlace.

Condenamos el uso del cuerpo policial en contra de los estudiantes universitarios que se manifestaban en CONARE y su invasión a las instalaciones que forman parte del campus universitario. Condenamos también calificar al movimiento estudiantil de agresor.

Reiteramos el compromiso de CONARE y las universidades en pleno por el respeto al orden constitucional, a la autoridad constituida, al ejercicio pacífico del diálogo, a la libertad de expresión contra las autoridades de gobierno, sin represalias.

Las universidades públicas son lugares seguros y especialmente respetuosos de la libertad de pensamiento, el pluralismo ideológico y la construcción de diálogo. Rechazamos todo acto que menoscabe o ponga en riesgo la integridad de las personas o pretenda violentarlas mediante cualquier tipo de acción.

Somos enfáticos en afirmar que las sesiones de la Comisión de Enlace, incluida la de hoy, han transcurrido en el marco del respeto al diálogo y CONARE reitera su disposición de continuar con el proceso de negociación bajo el marco Constitucional que rige sobre este y manteniendo los acuerdos tomados conjuntamente.

La CTRN denuncia ante la comunidad internacional la grave desinversión social del gobierno y su alejamiento de la Agenda 2030

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTR), Fanny Sequeira, denunció una grave “desinversión social” que ha llevado a Costa Rica a convertirse en uno de los países más desiguales del mundo, al tiempo que clamó por un “nuevo pacto social” para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El planteamiento lo formuló Sequeira en el marco del Foro Político de alto Nivel (FPAN) de las Naciones Unidas que se celebró en Nueva York, del 8 al 17 de julio. Dicho foro efectuó un examen a nivel mundial de la Agenda 2030 y del cumplimiento de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Estado costarricense presentó su tercer informe nacional voluntario respecto al avance en el logro de tales objetivos, pero el movimiento sindical del país tuvo la oportunidad de presentar su propia valoración, que discrepa profundamente de la oficial.

La CTRN, en coordinación estrecha con la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), realizó la tarea de documentar la visión sindical de la realidad nacional en este ámbito, fruto de lo cual la CSI ha presentado formalmente al FPAN un informe alternativo con una valoración objetiva y contextualizada, que evidencia la insuficiencia e incoherencia en materia de políticas, inversión social y protección ciudadana y que alerta sobre un grave deterioro de indicadores-clave del estado de bienestar y del desarrollo humano sostenible.

“Nuestra presencia institucional en dicho Foro ha sido esencial para reforzar las claves del referido informe sindical, y para hacer un llamado público internacional al Gobierno para que se dedique con verdadera voluntad política a recuperar la economía, la inversión social y productiva, el empleo decente y el desarrollo humano, pero con políticas favorables a los ODS, reforzando el marco de derechos y la institucionalidad democrática del país”, apuntó Sequeira.

Tarea para la cual es muy necesario también contar con un esquema de cooperación técnica consecuente de las Naciones Unidas, añadió la dirigente sindical.

En su intervención ante una amplia representación de todos los países del mundo, la secretaria general de la CTRN expresó que “es imposible lograr los ODS con la actual política sostenida de desinversión social que afecta gravemente los servicios públicos y los programas sociales básicos, con una legislación que recorta derechos fundamentales y sindicales, empeora y congela salarios indefinidamente, reduce prestaciones básicas, incluyendo la protección y la seguridad social.

“El empleo precario y la desigualdad aumentan. Somos uno de los países más desiguales del mundo y el país con más desigualdad social dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”, lamentó Sequeira.

En el marco de las políticas neoliberales que actualmente imperan, los gobiernos han hecho lo posible por desvincular el objetivo 8 de la Agenda, que se refiere a la creación de trabajo decente, los objetivos 1 y 2, que se refieren a la reducción de la pobreza y el hambre en el mundo.

“El empleo decente es la mejor herramienta contra la pobreza y el hambre”, puntualizó.

Finalmente, la secretaria general de la CTRN invocó la urgencia de un nuevo contrato social en Costa Rica para “redefinir constructivamente” las políticas públicas que impulsen el desarrollo humano sostenible, “garanticen los equilibrios sociales y económicos pendientes en algunas áreas desde hace décadas y nos permitan recuperar el terreno perdido en áreas vitales del estado de bienestar”.

Según la CEPAL, en el 2030 América Latina apenas habrá logrado un 22% de avance en las metas de los ODS, y que tendrá un retroceso en un 36% de dichas metas. De mantenerse las políticas ultraneoliberales, tales predicciones podrían ser peores, sobre todo en lo relativa al ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico).

Puede escuchar un resumen de la posición expresada por la secretaria general de la CTRN mediante este enlace.

Ley de Armonización Eléctrica y trabajo del ICE para democratizar internet

Información y fotos compartidas por Miguel Ureña Cascante

Las fotos que acompañan este texto fueron tomadas este 17 de julio por cuadrillas del ICE, en un campamento en Buenos Aires, Puntarenas, dónde se instalan las torres para llevar internet a asentamientos indígenas y sus escuelas.

El ICE por años ha asumido la inversión y costo de instalar los postes, torres y demás accesorios, para hacer mejor habitable y accesible servicios en áreas donde los inversionistas privados ni siquiera valoran construir infraestructura vial, pluvial o satelital, mientras el ICE; que es de todos los costarricenses, lo hace, aunque resulte más caro el costo que el beneficio, conforme al modelo solidario.

El proyecto de Modernización del Sector Eléctrico que administra el ICE que se ventila en la Asamblea Legislativa, tiene todo el tamiz de privatizar una vez más las joyas de la abuela.

¿Qué podemos hacer?, pues ingresen al Facebook Live de SURCOS colocado abajo y se informan con fundamento, para que formen su opinión al respecto, dirán quizás, solos no podemos, pero una comunidad informada, es una comunidad poco vulnerable.

Miguel Ureña Cascante: https://www.facebook.com/share/v/ZpRuoGXKp2vYHZ4a/?mibextid=oFDknk

FEUNA se pronuncia tras moción de censura a ministra

La aprobación de la moción de censura contra la Ministra de Educación, Anna Katharina Müller, es un evento que resuena profundamente en la historia sociopolítica de Costa Rica, al convertirse en la segunda figura en recibir tal sanción, la cual no se efectuaba desde el caso de Juan Diego Castro Fernández en 1995.

Esta censura no solo refleja una desaprobación y rechazo profundo hacia la gestión administrativa, sino también una crítica al sistema educativo y a la representación política. En una sociedad que valoriza la educación como un pilar fundamental y principal mecanismo de movilidad social, la ineficiencia, ineptitud y falta de transparencia son inaceptables y constituyen un desdén hacia los valores democráticos y los derechos de la sociedad costarricense.

Las personas educadoras y estudiantes de Costa Rica merecemos un liderazgo comprometido y efectivo. La censura recibida es un claro indicativo de la pérdida de confianza en la capacidad de la Ministra Müller para dirigir el Ministerio de Educación Pública (MEP). Esta situación demanda un cambio inmediato, es por esto que, una vez más, desde la FEUNA le exigimos la renuncia a la Ministra Müller… ¡por el bien del sistema educativo y la dignidad del magisterio!

Hacemos un llamado vehemente a los liderazgos sociopolíticos y educativos de nuestro país para que reflexionen y ¡actuemos con determinación! frente a esta situación crítica; trabajemos colectivamente en la construcción de un modelo educativo que responda a las necesidades, desafíos y realidades de la sociedad costarricense, reconociendo que desde la cohesión social y el progreso se puede avanzar en el desarrollo del país dentro de todas sus áreas.

¡Por la defensa de UNA educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva!

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Costa Rica excluyó a niñez indígena de Política Nacional

Defensoría acudió a Sala IV para que se garantice la protección de sus derechos

Costa Rica excluyó de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, vigente en la actualidad, a la población menor de edad indígena, lo que representa una flagrante violación al interés superior del niño y de la niña indígena, sus derechos a la igualdad y no discriminación, sus derechos de participación, supervivencia y desarrollo, entre otros.

A pesar de que la Defensoría de los Habitantes alertó a las autoridades competentes de esta grave decisión, no se echó marcha atrás, situación que provocó que elevara el caso ante el Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo, el cual ha sido admitido para estudio.

La decisión del Gobierno fue que la consulta sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes se hiciera en el marco de la Política Pública de Pueblos Indígenas y no en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. “La desidia y la falta de seriedad con la cual el Estado costarricense ha abordado el tema, y particularmente la violación de derechos que las acciones del Estado generan, al haber dispuesto que la consulta de la política de niñez de la población menor de edad indígena se anexará a la consulta general de pueblos indígenas -lo que supone un periodo mínimo de dos años o inclusive superior- atentan contra el principio de interés superior del niño y la niña, pero además una decisión que se tomó sin criterios razonables ni objetivos”, afirmó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Para esta Defensoría, dicha exclusión constituye una discriminación que invisibiliza a las personas menores de edad que viven en territorios indígenas, sus inquietudes y sus aspiraciones, violentando sus derechos e incumpliendo con la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Defensoría solicitó a la Sala Constitucional declarar violatorios los acuerdos del Consejo de la Niñez y la Adolescencia, y ordenar la inmediata realización del proceso de consulta a las niñas, niños y adolescentes de los 24 territorios indígenas, garantizándose con ello, la incorporación de sus necesidades y aspiraciones en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y en sus planes de acción.

“No hay política pública sin derechos humanos, ni se puede hablar de una garantía de los derechos humanos sin una debida política pública, su relación es innegable e indisoluble, pues la política pública viene a instrumentalizar el medio a través del cual, el Estado garantiza los derechos, medio que debe tener, además, un contenido presupuestario que torne realista y realizable su ejecución”, agregó la Defensora de los Habitantes.

La discriminación denunciada se observa claramente en cuatro momentos distintos.:

  • A raíz de la exclusión de las personas menores de edad indígenas de los extensos procesos de consulta realizados por la Secretaría Técnica de Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia durante la formulación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036.
  • En la sesión ordinaria CNNA 03-2023 del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, celebrada el 24 de octubre de 2023, en la que se acuerda atender la consulta y los asuntos relativos a la niñez y adolescentes indígenas en el marco de elaboración de la Política Pública para Pueblos Indígenas (Acuerdo artículo 07) aparte 04), sin fundamentar tal decisión.
  • En la sesión extraordinaria CNNA 02-2024 del 18 de abril de 2024 del Consejo Nacional Niñez y la Adolescencia, con la adopción de los Acuerdos artículo 05) aparte 01) y 02), con los cuales se pretende conferirle un fuero de legitimidad a un proceso lesivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas y queda aprobada la Política Nacional de Niñez y Adolescencia.
  • Por último, se concreta y consolida con el lanzamiento y la entrada en vigencia de dicho instrumento programático-estratégico, en tanto, a partir de ese momento se perpetua la discriminación histórica en contra de la población menor de edad indígena debido a la ausencia de acciones afirmativas y medidas especiales concretas a favor de esa población, que les permita acceder desde un plano de igualdad al disfrute de todos los derechos reconocidos a la población menor de edad, en general.

Como Defensoría hemos venido exigiendo un compromiso real del Estado en materia de protección de derechos de la niñez plasmados en casos concretos como el de la niña desaparecida en Cartago, una adecuada prevención y atención a los casos por acoso escolar, la reducción en la inversión a la educación, entre otros.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

El gran problema del pase al INS y el derecho a la salud de trabajadores y trabajadoras de plantaciones agrícolas

En Costa Rica, los trabajadores de las plantaciones de banano y piña enfrentan graves dificultades para recibir la atención adecuada del Instituto Nacional de Seguros (INS), según lo revela una investigación del proyecto universitario «Cumplimiento de Derechos Laborales» de la UCR. Esta investigación, dirigida por el Dr. Mauricio Castro, ha documentado que muchos empleadores no notifican los accidentes laborales al INS, impidiendo que los trabajadores accedan a la atención médica necesaria. Aunque el Código de Trabajo asigna al INS la responsabilidad de la atención en casos de riesgos laborales, el instituto ha delegado la tarea de notificar los accidentes a los empleadores, quienes tienen incentivos económicos para no reportarlos y así mantener bajas tasas de siniestralidad. Esta práctica sistemática ha llevado a múltiples litigios judiciales, sobrecargando el sistema judicial sin resolver el problema de fondo. A pesar de las protestas de sindicatos y el esfuerzo de la comunidad universitaria, el INS se ha mostrado renuente a ajustar sus políticas, perpetuando una injusticia que vulnera el derecho humano a la salud de los trabajadores. Ante esta situación, los sindicatos han iniciado acciones legales contra el INS, buscando modificar la normativa para permitir que los propios trabajadores puedan reportar accidentes y recibir atención médica, desafiando así la inercia institucional que perpetúa esta violación de derechos laborales fundamentales.

Sobre esto, la demanda presentada por el ANEP, SITRAP, COSIBACR, FENTRAGH ante el Tribunal Contencioso Administrativo en contra del INS se originó a partir de las afectaciones a la salud, y por la atención médica a los trabajadores agrícolas. Y es que, tanto el INS como los patronos empresarios incurren en una práctica sistemática, que lleva años y que constituye una flagrante violación a las obligaciones laborales y al derecho humano de salud. Se espera que con esta demanda se tenga éxito y cambie la normativa para el sector privado. 

Para reflexionar a profundidad sobre la información, se les invita a descargar el archivo PDF.