Asamblea realizada en la Casa de Cultura Las Jarillas, Ciudad de México los días 7 y 8 de diciembre de 2024.
Con un gran Tlamanalli en ofrenda a la madre tierra por la Paz en el mundo, como pueblos originarios ancestrales nos unimos contra este modelo imperialista, que nos impone guerras mediáticas, jurídicas, políticas, económicas, tecnológicas y con la seria amenaza de convertirla en una guerra nuclear, que destruiría nuestra forma de vida colectiva y podría suponer el fin de nuestra existencia como especie humana.
Nos reafirmamos como un espacio colectivo y de dialogo para seguir encontrándonos como pueblos hermanos que vivimos realidades similares; ante las cuales, constituimos como tarea de primer orden la necesidad de continuar uniendo nuestras voces por la defensa de la vida, de nuestros bienes naturales, de nuestros cuerpos y territorios contra la ocupación, genocidio, saqueo y destrucción que el sistema capitalista, colonialista, imperialista, patriarcal y racista nos impone.
Históricamente hemos aprendido a enfrentar la violencia estructural con una oposición firme expresada desde formas de vidas comunitarias, solidarias, de cuidados colectivos, de saberes arraigados a nuestros territorios y a nuestros pueblos. Lo cual ha permitido fortalecer los procesos de resistencia y lucha de manera creativa y permanente.
Basta de violaciones a nuestros derechos humanos colectivos como pueblos, no más impunidad, alto a las masacres y a los genocidios, fuera el militarismo y paramilitarismo de nuestros territorios.
La militarización es la imposición por la fuerza, es el medio que utilizan los Estados Unidos y la OTAN entre otros de sus aliados, para imponer su hegemonía, evitar el libre desarrollo de los pueblos y contener a los movimientos sociales que se resisten a estos fenómenos generados por la guerra. También y de manera brutal contribuyen a la destrucción ecológica en todo el planeta, siendo uno de los principales responsables del cambio climático.
Desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos manifestamos una vez más nuestro firme compromiso de seguir avanzando en la defensa y respeto de los derechos humanos colectivos de los pueblos, como un instrumento vital para nutrir la solidaridad, la sororidad, la autonomía, la igualdad, la justicia y la paz.
Ante un mundo plagado de injusticias y exclusiones, continuamos uniéndonos para su transformación y lograr constituirnos en un mundo capaz de reconocer la diversidad humana y hacer prevalecer la vida sobre la muerte y la destrucción.
Queremos vivir en paz desde América Latina hasta Palestina y todos los territorios del mundo, esto significa avanzar en la construcción de sociedades justas, guiadas por la solidaridad, y plenas en sus capacidades para desarrollarse libres y soberanamente.
Nuestro continente, debe ser un territorio de Paz, libre de bases militares y de armas nucleares, desde el Observatorio siempre defenderemos las banderas de la Unidad y la integración del Abya Yala.
Nuestro modelo es por la vida, la colectividad, el dialogo, el respeto a nuestra Madre Tierra. Una paz con justicia social, dignidad y libertad.
Libertad a todas las prisioneras políticas y políticos del mundo. Todas las personas que habitamos este planeta tenemos derecho de vivir en PAZ. ¡Si a la Paz!, ¡No a la guerra!.
Alzamos nuestras voces y decimos que los pueblos queremos vivir en Paz, queremos que nuestros territorios sean espacios de paz y armonía con la naturaleza.
¡Alto al genocidio de Israel contra Palestina y Líbano!
La situación de debilidad política, organizativa y movilizadora de los partidos tradicionales y de las organizaciones civiles, sociales y sindicales nacionales, es quizá la razón del matonismo institucional del Jaguar de Zapote.
El Jaguar sabe rugir, como animal político salvaje, el zoon politikón que todos llevamos dentro, ropaje con que se auto presenta, que se expresa en la doble dimensión aristotélica, en lo social y en lo político. En lo social, auto presentándose como el líder, el “mesías salvador”, el “Moisés” como alguna vez se presentó, de las masas populares a quien dice representar y conducir, a las que quiere resolverle sus problemas, alegando que no lo dejan.
En lo político, destruyendo en todo lo que puede el andamiaje político institucional del país, debilitando el Estado de Derecho. Con ello provocando desconfianza en el sistema democrático institucional que tenemos, especialmente en sus poderes públicos, el Legislativo y el Judicial, en las instituciones controladoras de la legalidad como la Sala Constitucional y la Contraloría General de la República, de seguido en los partidos políticos que han gobernado, que los ha pintado como las estructuras de los dictadores y tiranos que han ejercido la presidencia de la República desde 1949 hasta su gobierno.
En lo político, también, aniquilando el Estado Social de Derecho, debilitando y disminuyendo hasta donde pueda, los beneficios sociales históricos que se han logrado para los trabajadores y todos los costarricenses, congelando y reduciendo salarios e ingresos de los trabajadores y pensionados, elevando el costo de la vida, empobreciendo por esa vía a los ciudadanos y a los diferentes sectores asalariados del país.
En lo política, además, aniquilando hasta donde pueda a los líderes que hasta ahora han sido las cabezas de los partidos políticos, procurando improvisar líderes débiles, sin valores ni ideologías políticas, que actúen más instintivamente, situación que ha penetrado al interior de los grandes partidos en los conflictos que ha logrado provocar entre facciones contra quienes han dirigido o dirigen esos partidos.
Como jaguar sabe gruñir mostrando siempre su disgusto y repugnancia, murmurando entre sus dientes, refunfuñando, emitiendo voces confusas, a veces contradictorias, ininteligibles, amenazando, intimidando, acusando de manera directa personas, con nombres y apellidos, cuyo efecto colateral es el de inhibir a las personas que pueden opinar en su contra o críticamente, para que no lo hagan, porque en paralelo les echa la maquinaria estatal, y la organización policial personal, que tiene para que los investiguen en todo lo que puedan.
El animal político sociable aristotélico, en el caso del inquilino de su guarida en Zapote, es el menos sociable. Es confrontativo, peleador callejero, se comporta como el gritón del barrio, como un pachuco desbocado, sin control ni ligamen de su lengua con su cerebro.
El animal político aristotélico lo manifiesta en las decisiones que toma en ejercicio de su gobierno y mandato, más en contra de la comunidad que debe representar que a favor de ella. Su idea más maquiavélica se orienta a ser mejor temido que amado.
Frente a su poderío hegemónico del ejercicio del poder, en la forma autoritaria como lo lleva a cabo, opaca a cualquier “dirigente” político de todos los partidos políticos existentes en el país. No hay uno solo activo que lo iguale, menos que lo supere. No hay dirigentes políticos partidarios que destaquen por sí mismos en el escenario nacional. Eso es lo que lo tiene de punta en las encuestas, a punta de su demagogia, sus insultos y bravuconadas. La sociedad nacional en esto refleja una violencia y un irrespeto como no se había visto antes. Refleja una sociedad altamente machista, de matones de barrio, de peleadores callejeros, a quienes Chaves les dirige sus mensajes que los acogen con aplausos y gritería, con ánimo de enfrentamientos, de peleas, de agresiones, como se ve en algunos de sus seguidores, pagados o no, que moviliza el Presidente hacia las instituciones públicas cuando quiere amedrentar a sus miembros.
Me atrevo a afirmar que “nadie”, en términos generales, conoce a los miembros de los directorios políticos de los partidos porque no tienen vida propia, ni como dirigentes de sus partidos ante el país, ni de sus personas porque no hablan, no opinan, no se pronuncian sobre los problemas políticos nacionales, ni sobre nada. Lo único que atienden, de vez en cuando, es responder a los improperios del presidente, y provocar algunas gestiones de acusación ante la Fiscalía General de la República, ante el Poder Judicial o ante el Tribunal Supremo de Elecciones, para que lo investiguen sobre algún punto en particular, sin seguirle el paso a la denuncia o acusación.
En este momento hay dos gestiones ante el Tribunal Supremo de Elecciones acusándolo de beligerancia política. Una acusación fue hecha por el presidente del partido Liberación Nacional, motivo por el cual se le menciona en un periódico. Si no fuera por eso, sería un desconocido ciudadano, con lo cual se demuestra que él como presidente de ese partido, y ese partido, está a la cola de lo que hace el presidente. La iniciativa política, si así se puede llamar, de lo que sucede en el país, la pone y la tiene el presidente. Antes la ponían los partidos políticos. Cuando los partidos abandonaron esa iniciativa lo hizo la prensa costarricense por medio de sus editoriales o grandes temas de discusión que trataban, lo que hizo también que la prensa asumiera el papel de control político que los partidos políticos habían abandonado o perdido, motivo por el cual también gobernantes como el Jaguar de Zapote enfrentó a la prensa, a la prensa llamada por él “canalla”, equivalente a mezquina, sinvergüenza, miserable, agregándole que no le deja gobernar.
En el ambiente nacional no hay una agenda política de temas que se debatan. En las páginas de opinión de los medios de prensa hay diversidad de opiniones, pero dispersas, que no provocan debates entre los colaboradores de esos medios. Los comentarios de esas opiniones hoy se cargan más con los troles a favor del gobierno, llenos de insultos e improperios, sin ideas, contenidos ni razonamientos en contra de los artículos que cuestionan, donde atacan a los mensajeros y no entienden ni comentan a fondo los mensajes.
Desde el gobierno solo hay actos distractores de las acciones de gobierno, y actos distractores de la agenda parlamentaria, de manera que toda la información política gira alrededor del presidente y de sus intervenciones vacías y provocadoras de los miércoles, y de su principal diputada experta en mentir, lo que hace que los diputados giren alrededor de ellas, y de casualidad, como este caso, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, un presidente de un partido político accione para tener alguna publicidad y presencia en algún medio de comunicación.
Los partidos políticos nacionales han desaparecido en la práctica política nacional. No sirven para nada. Se han enquistado únicamente en ver cómo realizan sus asambleas cantonales, provinciales y nacionales para cumplir con los requisitos de la inscripción electoral para las próximas elecciones, o para actualizarlas de conformidad a las exigencias legales. En los cantones, en los ciudadanos y habitantes de las municipalidades, no se siente ninguna actividad de los partidos políticos que en ellas se representan. En ningún cantón ni cabecera municipal hay locales abiertos de los partidos que están representados en la Municipalidad.
El presidente por su parte, sin tener partido político propio, con el cual él se identifique, todos los días realiza pronunciamientos, hace intervenciones, opina sobre los partidos existentes, especialmente los que cotidianamente ataca de la oposición, reclamándoles lo que sea, pidiéndole a la gente que vea en el próximo proceso electoral quienes dañan al país, insinuando que son esos partidos criticados por él, con lo cual interviene en la política nacional electoral. El presidente llama a votar en las próximas elecciones por una fracción política parlamentaria que sea mayoritaria, que domine la Asamblea Legislativa para poder hacer los cambios que cree se deben impulsar en el país. La sanción extrema para el presidente que se le compruebe beligerancia es la destitución del cargo o una inhabilitación política de dos años. ¿Alguien sensato cree que esto pueda proceder en este momento, a 13 meses de la próxima elección nacional? ¡Pura bulla!
Para los que hayan llegado hasta aquí, en esta lectura, les digo que no me preocupa que el presidente opine sobre temas partidarios, políticos o electorales. Desde la legalidad existente el delibera, él se mete en la política, y en temas electorales, lo que le está vedado. Por supuesto, que me pueden decir que si la ley le impide opinar, no debe hacerlo. ¿Por qué tenerle miedo a la discusión política? ¿Por qué limitarle al presidente deliberar? ¡Qué lo haga! Estoy seguro qué, si se le permitiera, la política nacional se enriquecería en atención, en compromiso ciudadano y en la reducción del abstencionismo electoral.
Soy de la tesis de que esa restricción no debe existir. Todo lo que hace el presidente es político. Tiene todo el derecho a defenderlo. Igualmente, todas las fuerzas políticas nacionales tienen, en esa dimensión, la posibilidad de combatirlo, confrontarlo, criticarlo, debatirlo. Si el presidente opina, más derecho tienen los ciudadanos de hacerlo. Pero, además es hipócrita que se le impida al presidente actuar en la política nacional con actuación directa, defendiendo sus acciones gubernativas, defendiendo las posiciones políticas de su partido y de sus diputados.
En todas partes del mundo los presidentes y gobernantes tienen plena participación política sobre todo lo que rodea su gobierno, su ejercicio presidencial, sobre el ejercicio y la práctica política de los demás partidos.
En la vida nacional, antes de 1948, los presidentes y mandatarios eran activos dirigentes políticos. Eran grandes polemistas sobre el acontecer político en los temas nacionales que se discutían, y de manera fuerte, con las razones, con el análisis y las tesis políticas que se sustentaban.
La carencia de liderazgos políticos nacionales, la carencia de liderazgos políticos en los partidos, la ausencia de importantes líderes parlamentarios, la ausencia de debates nacionales sobre los temas más significativos del país, los ataques constantes del presidente a todos los dirigentes de los partidos que han gobernado, y a todos los partidos que han tenido la responsabilidad de conducir el país por cuatro años, en cada período presidencial desde 1949, la estigmatización que se ha hecho de algunos de esos presidentes y dirigentes políticos, ha provocado un gran vacío político nacional, donde el presidente, por su condición, por sus montadas conferencias de prensa, ha hecho que el presidente Rodrigo Chaves se muestre, por él mismo, como el hombre y el político más fuerte del país, como el único en posibilidad y capacidad de conducir el país hacia un nuevo derrotero nacional, como el lo solicita y demanda.
Si los partidos políticos, y los sectores políticos en sus diversos partidos políticos, en marcha hacia las elecciones nacionales, en los próximos 13 meses, no se ponen las pilas, si no surgen buenos y reales liderazgos partidarios y nacionales, nos van a llevar al carajo o nos va a llevar la trampa… vamos a continuar engañados y con presidente en el 2026 que puede ser peor que lo que tenemos.
El día 6 de diciembre del 2024 el programa Alternativas transmitió en vivo un conversatorio con profesionales de distintas disciplinas de las Ciencias Sociales con el fin de analizar el contexto actual de Ecuador. En esta línea se compartieron diversos puntos que permiten un amplio análisis del panorama político tan complejo que se enfrenta actualmente, de esta manera a modo de introducción se señala que un aspecto relevante al intentar comprender la realidad ecuatoriana radica en considerar el contexto latinoamericano en general, el cual es dominado principalmente por un capitalismo neoliberal que genera múltiples consecuencias debido al funcionamiento que este establece.
Es decir, uno de los puntos más destacables es el hecho de que el país se enfrenta a una alta ola de violencia en medio de un sistema que persiste en conseguir sus objetivos sin importar el costo, ya sea atropellando los derechos humanos, generando ecocidios, entre otras situaciones. En este marco, se presentan discursos sumamente polarizados y enfoque social securitista que apunta con mayor frecuencia a medidas punitivistas, además, cabe destacar que en este punto se señala el hecho de que el securitismo conlleva a su vez grandes sumas de dinero invertidas únicamente en dicho sector, por lo que se comienzan a descuidar sectores como educación y salud generando recortes.
Se destaca otra problemática que ha tomado mucho protagonismo y es la economía ilegal (crimen organizado); en este punto tal y como se señala se observa una especie de paralelismo entre el Estado y dichas organizaciones.
En esta línea, se presenta un gobierno con gran capacidad de manipular masas y poca tolerancia a la crítica, lo cual se explica que resulta altamente peligroso para la democracia. En este sentido, se señala el papel de los movimientos sociales en la nación, los cuales han implicado irse ligando poco a poco al sistema de dicho país, de esta manera un punto de encuentro entre las personas panelistas es la necesidad de ver dichos procesos como algo colectivo en lugar de individualista, asimismo se señala en un inicio la necesidad de pasar de un sistema competitivo a uno humanista cuidando el no caer en androcentrismo. De esta manera, se destaca la complejidad del panorama actual en Ecuador dadas las perspectivas cada vez más polarizadas y un gobierno que no apuesta un más a un modo competitivo, así como métodos securitistas para resolver procesos que trascienden más allá de lo que se observa.
Además se le invita a seguir el programa Alternativas, el cual realiza constantemente ejercicios que invitan a cuestionarnos y analizar las realidades actuales.
La respuesta varía según a quién se consulte. Como sucede en muchos casos de injusticia, la explicación simplista para muchas personas es inculpar a las víctimas en lugar de a los perpetradores.
Existen diversas teorías que sugieren la supuesta incapacidad de las familias desposeídas para mantener sus propiedades. Sin embargo, al profundizar en el tema, se revela que son las políticas deliberadas de despojo, impulsadas por el gobierno nacional, las que han generado estas privaciones.
Esto se manifiesta a través de métodos directos, como campañas de titulaciones indiscriminadas a nombre del Estado, así como a través de formas indirectas, como la usurpación precaria que recibe un respaldo «legal» del Estado Costarricense.
Es fundamental que la generación actual reconozca y entienda que la gran mayoría de las tierras poseídas por las familias afro costarricenses, a través de sus ancestros, fueron adquiridas durante la primera mitad del siglo XX (1900-1950). Estos derechos de propiedad están respaldados por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, al respecto señala textualmente lo siguiente:
«Artículo 17:
Toda persona tiene derecho a la propiedad, ya sea de forma individual o colectiva.
Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.»
Sin embargo, mientras los afrocaribeños estuvimos celebrando el Carnaval el 14 de octubre de 1961 los gobernantes aprovecharon para violentar este derecho humano fundamental con la promulgación de la Ley de Tierras y Colonización número 2825.
Esta ley dio inicio a un proceso que sometió el derecho humano de marras a la condición de estar inscritas en el registro nacional. Lo que es aún más grave, abrió las puertas al precarismo, al permitir que grupos de ocupantes ilegales despojaron a muchas personas negras de sus tierras.
Las dudas sobre los derechos de posesión de la propiedad privada de las personas afrodescendientes, respaldadas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948 y la Ley de Creación del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) de 1961, fueron aclaradas en 1969 por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que establece en su artículo 21 el derecho al uso y usufructo de la propiedad privada. A pesar de estas normativas internacionales, las autoridades nacionales han buscado formas de eludir su cumplimiento.
En el pasado, como se creía que los residentes afrocaribeños, principalmente inmigrantes jamaicanos, no tenían títulos de propiedad debido a barreras lingüísticas y limitaciones económicas; esto llevó a que la jurisprudencia restringiera el derecho de propiedad a quienes poseían un Título de Propiedad inscrito en el Registro Nacional.
Sin embargo, al haber demostrado que muchos afrodescendientes sí titularon sus tierras, esto dio luz a los subjetivos conceptos de «POSESIÓN DE BUENA” O “MALA FE», utilizado actualmente para negar los derechos de propiedad a la presente generación de herederos.
Desde la perspectiva del derecho internacional, surgen preguntas sobre quiénes son los verdaderos propietarios de las tierras del ITCO/IDA/INDER y ITCO?
¿Y quién debería recibir los ingresos por la protección del medio ambiente en áreas como humedales y parques nacionales u otras Reservas Equivalentes?
Estoy indignado por las políticas gubernamentales que forzaron a nuestros antepasados a vender sus tierras bajo amenazas de violencia de ocupantes ilegales (PRECARISTAS),
En lugar de culpar a los inmigrantes que compraron esas tierras a precios bajos, reconozco que esto ayudó a muchas familias a evitar la hambruna y a mitigar el desarraigo.
Somos pocos los que podemos afirmar que nuestros antepasados no cayeron en esta patraña de los gobernantes de turno.
Este miércoles 11 de diciembre, la Unidad en la Acción Sindical (UAS) llevó a cabo su última reunión del año, consolidándose como un espacio fundamental para el fortalecimiento de la organización sindical en Costa Rica. Durante el encuentro, se evaluaron los avances logrados en los temas prioritarios trabajados durante 2024, destacando los resultados alcanzados gracias al compromiso colectivo de sus miembros. Además, se plantearon nuevas estrategias en torno a la agenda de 2025, orientadas a afrontar los retos venideros con una visión renovada.
Un momento significativo fue la incorporación de nuevos miembros, quienes aportarán para reforzar la misión de la UAS en el futuro. Este encuentro marcó un hito en el camino de la organización, reafirmando su compromiso con el diálogo, la acción colectiva y los valores de unidad sindical. Con una visión clara y metas definidas, la UAS sigue avanzando hacia la construcción de una Costa Rica más justa, solidaria e inclusiva, reafirmando su papel como referente en la lucha por los derechos laborales y sociales del país.
El programa de la Universidad Nacional Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense presentó mediante una conferencia de prensa su informe sobre la situación actual del país en materia política, social y económica titulada Costa Rica en la encrucijada conflictos, decisiones y rumbo del país.
La presentación estuvo a cargo del máster Carlos Carranza, quien es coordinador del programa.
Carranza inició explicando que actualmente existen tres rasgos presentes en la discusión nacional, en primer lugar se presenta el proceso de discusión de conflictos en relación con la toma de decisiones por parte del presidente de la República, en segundo lugar se señala las interrogantes respecto a las decisiones que se deben tomar involucrando a su vez a la sociedad civil y otros actores además del gobierno, por otra parte, como tercer punto se señala el rumbo que debe tomar el país respecto al modelo político y socioeconómico.
Asimismo, el informe presentó ocho temas de suma importancia: el estilo del presidente, la Asamblea Legislativa, la educación pública, Presidencia y Poder Judicial, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Seguridad, política exterior y comercio exterior.
Carranza explica que lo que define el actual momento que enfrenta el país son las tensiones y desacuerdos entre los tres poderes de la república, los cuales están cada vez más polarizados. Esta situación ha pasado por distintas etapas de tensión entre las que se encuentra las ocurridas con la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y fenómenos sistemáticos en crisis (por ejemplo: CCSS, educación pública y FEES).
Por otra parte, mediante la exposición se recalcó la constante intención del presidente de la república por modificar los tres poderes, es decir, hay constantes críticas a la Asamblea Legislativa, a los diputados provocando que no haya acuerdos, sino diferencias que agravan la situación.
Por otra parte, se señaló que en el gobierno de Rodrigo Chaves se mueven tres estilos en el discurso: 1) una necesidad de renovar, 2) intención de apostar por un partido distinto y 3) el discurso en la Asamblea y las comisiones es de conflicto. De esta manera, el expositor mostró algunos datos del informe referente a distintas instituciones, que a modo de síntesis se muestra lo siguiente:
Respecto a la Asamblea Legislativa se exponen cinco conflictos: momentos de tensión durante distintos debates, el Poder Ejecutivo retiró distintos proyectos, la Ley Jaguar fue el caso con mayor connotación, el oficialismo ha mostrado una postura rígida frente a otros partidos, existe debate sobre el permiso que constitucionalmente se debe otorgar para permitir el ingreso de grupo o ejército al territorio nacional. Por otra parte, se destacó la crisis en el sector de la educación pública dada la falta de una estrategia y de la ruta de la educación que continúa ausente, se suman constantes recortes presupuestarios que agravan el problema. Asimismo se presentaron conflictos entre Presidencia y Poder Judicial, además de controversias con la fiscalía. Además, se presentó el fallo de la Sala Constitucional respecto a la asignación de 32.977 millones de colones al FODESAF y la incomodidad del Ministerio de Haciendo por la reasignación de fondos a otras instituciones.
Por otro lado, se expuso la situación del Ministerio de Seguridad Pública, así como un cambio en el discurso y estilo democrático, de esta manera, Carranza reafirmó la necesidad de prestar atención a dicha institución.
Finalmente, respecto a política y comercio exterior se indicó que de acuerdo con la ONU el país tomó una postura coherente en términos de derechos humanos (a excepción de su postura respecto al conflicto en Gaza); además, en términos de comercio se resaltó la importancia de fortalecer el vínculo con países asiáticos y no depender únicamente de Estados Unidos.
A modo de reflexión final Carlos Carranza reiteró que Costa Rica está viviendo momentos de tensiones y desacuerdos fuertes, señala que es necesario observar si para el 2025 se podrá mantener el crecimiento económico que se ha tenido, además de considerar dos dilemas, el primero radica en cómo crear un modelo económico acorde al bienestar social y el segundo sobre si el modelo democrático se debe modificar evitando caer en el autoritarismo.
Este fue un breve resumen sobre algunos puntos expuestos en el informe, si desea obtener mayor información y conocer los datos exactos le invitamos a ver la conferencia completa presionando el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/v/15ebG4KnhE/?mibextid=WC7FNe
En una carta realizada por la Defensora Angie Cruickshank Lambert dirigida a Laura Fernández, ministra de la Presidencia con copia a Marco Vinicio Levy Virgo, se señala que organizaciones de la comunidad afrodescendiente han expresado su descontento con el accionar de la Defensoría de los Habitantes en relación con el pueblo del Caribe.
En el reclamo, se critica la falta de medidas concretas para enfrentar las violaciones a los derechos humanos de esta población. Aunque la institución ha reconocido las deudas históricas del Estado con las comunidades afrodescendientes, y organizó en 2023 un simposio internacional sobre la aceleración de sus derechos, las críticas consideran insuficientes estas acciones frente a los desafíos estructurales.
El simposio, aunque valioso, puso en evidencia violaciones persistentes, como la falta de reconocimiento de territorios ancestrales, la necesidad de luchar contra el racismo sistémico y la discriminación, y las brechas en salud, especialmente en temas como la salud materna. Según datos del UNFPA presentados en el evento, las muertes maternas son hasta cinco veces superiores entre las mujeres afrodescendientes debido a carencias en consultas prenatales, acceso a anticonceptivos y prevención del embarazo adolescente.
Además, se destacó que el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) está por concluir sin avances significativos en derechos fundamentales como el acceso a la tierra, protegido por el Convenio 169 de la OIT. Aunque informes previos, como el de la exdefensora Montserrat Solano, identificaron la necesidad de soluciones legislativas para la problemática de tenencia de tierras en Cahuita y Puerto Viejo, la actual administración de la Defensoría no ha tomado acciones concretas al respecto, limitándose a argumentar que no puede intervenir en competencias específicas del Estado.
Los críticos subrayan que la Defensoría tiene el deber de intervenir cuando las omisiones del Estado vulneran derechos humanos, como sucede con el derecho de consulta y autodeterminación de las comunidades afrodescendientes. A pesar de conocer estas situaciones desde hace años, la institución no ha implementado medidas efectivas para impedir la persistente violación de derechos. Esto, según las personas denunciantes, contradice su mandato legal y perpetúa las desigualdades estructurales que enfrentan las comunidades afrodescendientes en Costa Rica.
Dentro del marco del documento citado, la Defensoría de los Habitantes de la República generó una serie de recomendaciones con fundamento en el artículo 14 de la Ley N° 7319 del 17 de noviembre de 1992 y en el artículo 32 del Decreto Ejecutivo No 22266-J, siendo estas:
PRIMERA: Gestionar la selección y el pronto nombramiento de la persona que sustituya al señor Ricardo Sosa como Comisionado de Inclusión Social de la República, a efecto de que esta persona pueda dar seguimiento a las diferentes iniciativas de poblaciones vulnerables y tradicionalmente discriminadas, entre estas la población afro costarricense.
SEGUNDO: Definir la Unidad Técnica Administrativa del Poder Ejecutivo, que estará a cargo de la gestión técnica y financiera de los procesos de consulta y otras funciones ligadas a las consultas de los Pueblos Tribales – Población Afro Costarricense.
TERCERO: Como parte de las acciones previas a todo proceso de consulta a Pueblos Tribales, se debe definir el término “propiedad ancestral afrodescendiente”. Para dichos efectos es conveniente la coordinación interinstitucional/intersectorial a partir de un peritaje bajo un abordaje integral que lo defina.
CUARTO: Una vez definida la Unidad Técnica Administrativa del Poder Ejecutivo, que estará a cargo de la gestión técnica y financiera de los procesos de consulta y otras funciones ligadas a las consultas de los Pueblos Tribales – Población Afro Costarricense, así como su normativa de operación, se deben ejecutar a la brevedad las acciones tendientes a la conclusión de la Consulta al pueblo Tribal Afro Costarricense a efecto de poder continuar con la delimitación de los territorios que le corresponden y otras acciones atinentes.
Se previene que por disposición del artículo 14 párrafo tercero de la Ley N° 7319 el no acatamiento injustificado de las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes puede ser objeto de una recomendación de amonestación para el funcionario que las incumpla o, en caso de incumplimiento reiterado, de una recomendación de suspensión o despido.
En virtud de lo anterior, y con fundamento en el artículo 32 del Reglamento a la Ley de la Defensoría de los Habitantes, los órganos públicos deben, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente a la notificación de este informe final, remitir a la Defensoría de los Habitantes un informe de cumplimiento de las recomendaciones formuladas, en el cual deberá incluirse la siguiente información:
a.- Medidas que se adoptarán para hacer efectiva las recomendaciones.
b.- Plazo en el que se ejecutarán dichas medidas.
c.- Funcionario encargado de su ejecución.
Le invitamos a leer el documento completo en el cual se amplían los puntos tratados por esta nota.
Este 2024 se presentó el informe de las Olvidadas de la Democracia, publicado por las organizaciones REDLACTRANS y el Centro de Documentación y Situación Trans en América Latina (CEDOSTALC).
En el documento se resaltan los datos recolectados sobre las violaciones de los derechos humanos de la población trans en el país, así como la ausencia del Estado ante dichas situaciones.
En el informe se recopilan denuncias de personas trans haciendo un fuerte reclamo al Estado y la sociedad por la violencia, que se continúa ignorando, de forma generalizada hacia dicha población.
Se extiende la invitación a descargar el informe adjunto, así como acceder a las páginas de las organizaciones colaboradoras.
El movimiento Unidos por la Caja convoca a una marcha este próximo lunes 16 de diciembre en defensa de la salud pública y con el objetivo de manifestarse a favor de la justicia salarial y en contra de la privatización de la Caja Costarricense del Seguro Social.
A partir de las 5pm iniciará la manifestación desde el Parque de la Merced culminando en la Plaza de la Justicia.
¡En defensa de la salud de Costa Rica! Le invitamos a ver el video:
Por: Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Cada 10 de diciembre se celebra internacionalmente el día de los derechos humanos, en conmemoración del texto fundador del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En estos días, de cara a esta importante celebración en todo el mundo, el tema posee una relevancia particular en este 2024 en el que se observa, en Centroamérica como en diversas otras latitudes del planeta, a líderes políticos dispuestos a hacer a un lado los derechos humanos y los valores fundacionales que los sustentan.
El 10 de diciembre en Costa Rica fue precedido por un día como el 7 de diciembre, que cobró un significado muy especial en este año 2024, al conmemorarse exactamente 30 años del asesinato de cuatro ecologistas costarricenses, cuyas muertes no han sido debidamente investigadas, manteniéndose un indignante manto de impunidad que se expande a otros casos similares más recientes.
La única entidad que consideró importante realizar un acto formal en memoria de estos cuatro ecologistas asesinados fue la Universidad de Costa Rica (UCR) (véase nota).
El 10 de diciembre de 1948, inicio de un largo recorrido
La fecha del 10 de diciembre responde a la fecha en la que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos: se trató inicialmente de una simple resolución, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y que, sin proponérselo sus redactores, iniciaría una dinámica muy propia dentro del ordenamiento jurídico internacional:
– tanto a nivel universal, con la suscripción de una multitud de tratados y sus protocolos facultativos, auspiciados por Naciones Unidas para proteger ciertos derechos, o proteger ciertas categorías de seres humanos o luchar contra ciertas violaciones específicas de derechos humanos (véase listado);
– como a nivel regional con, además de tratados muy diversos con los mismos propósitos descritos anteriormente (como por ejemplo los instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco interamericano), la creación de tribunales regionales especializados en derechos humanos en Europa (1950), en el hemisferio americano (1969) y en el continente africano (1998): un logro que no se ha podido materializar en Asia, como tampoco en el plano nivel universal.
Todos estos instrumentos vinculantes obligan a los Estados Partes a tomar ciertas disposiciones en aras de volver efectivo el ejercicio de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción reconocidos en estos tratados y respetarlos. En algunas de estas convenciones internacionales, se abre la posibilidad para que las víctimas o sus familiares acudan a una instancia internacional cuando la justicia nacional les niega el ejercicio de estos derechos.
La persistencia del crimen de genocidio y de crímenes de guerra – objetos de una convención de 1948 y de los convenios de Ginebra de 1949 – y de crímenes de lesa humanidad, llevó a la comunidad internacional a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998 para enjuiciar desde el punto de vista penal a título individual a personas sospechosas de cometerlos. Al respecto, este 4 de diciembre, el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue confirmado en un contundente informe de la reconocida ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «), precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: la poca difusión en medios de prensa internacionales de estos informes plantea interrogantes muy válidas.
Costa Rica y los derechos humanos desde la perspectiva de sus obligaciones internacionales
Como Estado, Costa Rica históricamente ha basado su política exterior en los derechos humanos y en la defensa del Estado de derecho y la democracia, y ha suscrito una gran cantidad de convenciones en materia de derechos humanos, tanto de carácter universal, como de carácter regional.
El hecho de albergar en su capital a la Corte Interamericana de Derechos Humanos instalada formalmente en septiembre de1979 y de haber recibido una gran cantidad de latinoamericanos huyendo regímenes militares autoritarios en los años 70 y 80 proviniendo de Suramérica, así como de Centroamérica, confirman este compromiso: y de alguna manera, este historial aunado al hecho que abolió el ejército en 1948, le ha permitido a Costa Rica alzarse en el concierto internacional como una voz autorizada, siempre atenta a posiciones de vanguardia en los diversos foros y recintos internacionales.
El último instrumento universal de Naciones Unidas ratificado por Costa Rica en materia de derechos humanos fue en septiembre del 2014 el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre Derechos Ecnoómicos, Sociales y Culturales – véase estado oficial de firmas y ratificaciones – (Nota 1).
Esta imagen que proyecta Costa Rica a nivel internacional se ve reforzada por las declaraciones oficiales que elaboran sus diplomáticos en una multitud de foros internacionales sobre derechos humanos: no obstante, la distancia entre por una parte este discurso y esta imagen, y por otra, el cumplimiento de las obligaciones que derivan de los instrumentos internacionales a los que es Estado Parte en materia de derechos humanos, es cada vez mayor. Un fenómeno muy similar se observa también en materia ambiental, un ámbito a partir del cual también Costa Rica proyecta su imagen internacional.
Algunos tratados de derechos humanos contemplan la creación de órganos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados Partes: en el ámbito universal, a la fecha son 10 los “órganos de tratados” o mecanismos convencionales en derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de analizar las observaciones hechas por algunos de ellos con relación a Costa Rica en materia de discriminación contra las mujeres en el 2017, y en materia de obligaciones derivadas de uno de los dos Pactos internacionales de 1966, en el 2016. En este último texto, ya concluíamos nuestras reflexiones en el 2016 señalando que:
“No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años”.
Paralelamente, desde el 10 de diciembre de 1948, la dinámica muy propia de los derechos humanos debió afrontar los límites de la técnica convencional internacional (al tratarse de instrumentos negociados por Estados y solamente por Estados), llevando de esta manera a Naciones Unidas a dotarse de los denominados «mecanismos no convencionales«: ello a través de mandatos ejercidos por Relatores Especiales o Expertos Independientes que cubren ya sea una problemática específica en materia de derechos humanos, ya sea examinan la situación particular que se da en un determinado Estado. En este enlace de Naciones Unidas se detallan los 46 mecanismos temáticos y los 40 mecanismos/país que se han creado, trabajando en un caso como en otro, desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), la lista oficial de relatorías también evidencia la necesidad de superar los límites de la técnica convencional con este tipo de mecanismos no convencionales y su principla interés: reunir información de primera mano, recabar eventualmente denuncias y exigir aclaraciones a un Estado, y llamar la atención sobre una problemática determinada que amerita una respuesta de carácter urgente.
Tanto los mecanismos convencionales como no convencionales proceden a hacerle periódicamente recomendaciones generales a los Estados de cara al cumplimiento de las obligaciones internacionales que han contraído. En el caso de los primeros, sus recomendaciones se encuentran en las observaciones finales a los informes períodicos de cumplimiento que los Estados deben de presentar. Usualmente la presentación de un informe oficial por parte de un Estado viene acompañado de informes alternativos (o «informes sombra«) que proceden de la sociedad civil tendientes a poner en evidencia la falsedad o el carácter sumamente cuestionable de los datos oficiales proporcionados en un informe oficial, o situaciones convenientemente omitidas por el Estado a la hora de preparar su informe. En el caso de los segundos, sus recomendaciones provienen de los resultados de sus visitas in situ al Estado concerñido, durante las cuales se reúnen tanto con las autoridades como con la sociedad civil.
Costa Rica no escapa a este escrutinio internacional permanente desde Naciones Unidas, o desde la OEA, dando muestras de ciertas inconsistencias que a continuación señalaremos, de muchas más que evidencia el errático actuar del Estado costarricense cuando se trata de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
De algunos lunares persistentes en Costa Rica en materia de derechos humanos
El último informedel Relator Espacial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a raíz de su visita en Costa Rica y que tuvimos la ocasión de comentar (Nota 2) luego de su publicación en el 2022, espera pacientemente que las recomendaciones ahí reunidas sean objeto de seguimiento. Dos asesinatos en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019, Jehry Rivera, febrero del 2020) en un misma región (Salitre), siendo ambos líderes objetos de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2015 al Estado costarricense ¿ deberían de interpelar o no a la sociedad costarricense?
Foto de Sergio Rojas y de Jehry Rivera, líderes indígenas asesinados en el 2019 y 2020 en la región de Salitre, extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad titulado «Asesinato de Jehry Rivera evidencia desprotección a personas defensoras de derechos humanos», edición del 3 de marzo del 2020
El informe de la Relatora Especial sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos del 2009, a raíz de su primer visita como Relatora a Costa Rica, espera igualmente pacientemente que las autoridades actúen: entre sus diversas recomendaciones, está la discriminación con respecto al acceso al agua potable que siguen sufriendo varios sectores de la sociedad costarricense, en particular las comunidades indígenas (punto 70 de su informe). Entre otras recomendaciones de la experta del 2009 sobre el uso de plaguicidas (punto 71), es de señalar que Costa Rica adoptó tan solo en el 2107 un Decreto Ejecutivo para limitar el uso del bromacil en las plantaciones de piña y de banano, pero esperan similar atención el diurón y varios otros plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana que terminan vertidos en aguas y suelos en las cercanías de estas plantaciones donde habitan comunidades humanas, mencionados en su informe. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que recomendaciones internacionales no seguidas de efecto sigan sumiendo a comunidades costarricenses con problemas de salud y pobreza, problemas de aprendizaje de niños costarricenses, debido a la contaminación circundante de empresas exportadoras de frutas tropicales? Su recomendación sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario y turístico lanzada desde el 2009 (punto 72) debería también interesar a algunas provincias como Guanacaste, el Pacífico Central y la extrema presión que se manifiesta en algunas partes de la costa del Caribe costarricense como por ejemplo en Gandoca Manzanillo (cuyo humedal es un humedal inscrito en la lista Ramsar que Costa Rica tiene la obligación internacional de resguardar y proteger).
La incitación al odio en contra de ciertas categorías de personas en Costa Rica llámese migrantes, población sexualmente diversa, comunidades indígenas, población afro descendiente, mujeres, personas privadas de libertad, personas afectadas por el VIH SIDA, y otros grupos, espera una regulación con el fin de dotar a Costa Rica de una legislación que frene los ardores discursivos de algunos y ponga término a expresiones profundamente hirientes y discriminatorias que persisten en redes sociales, programas de radio y televisión y en un sinnúmero de espacios públicos. En el 2018, la sociedad costarricense se demostró a si misma los resortes de los que dispone cuando un pequeño grupo convocó una marcha en pleno centro de San José en contra de los migrantes oriundos de Nicaragua. En su momento saludamos esta reacción de la sociedad costarricense, no sin alertar con un “Estado, ¿estás?” las advertencias desoídas hechas por varios mecanismos de derechos humanos a Costa Rica antes del 2018 en materia de racismo y xenofobia. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que otros Estados hayan legislado para evitar la incitación al odio en contra de ciertos sectores en declaraciones públicas mediante la adopción de una legislación penal que tipifica la incitación al odio? ¿Acaso la simplificación extrema y la polarización que fomentan en una sociedad las redes sociales no deberían de llevarla a resguardarse ella misma de éstas? Con ocasión de amenazas y un tono particularmente agresivo en contra de la población sexualmente diversa, habíamos tenido la oportunidad de señalar, con ocasión de la campaña electoral del 2018 que:
“En materia de odio y de incitación al odio, las disculpas públicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideración el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificación más acorde con nuestros tiempos del delito de incitación al odio”
Con relación a un instrumento internacional que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado a mayores controles, un instrumento de Naciones Unidas desde 1990 existe, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación. Muy, pero muy recientemente una tesisde Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras. ¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la CCSS? Un informe previo de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de sus trabajadores. Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
En el ámbito digital, de la protección de datos personales, de la respuesta a discursos de odio en redes, en particular contra las mujeres, la violencia se sigue generando y las brechas con relación al acceso y la cobertura se siguen abriendo como bien se detalla en este informe de una ONG, excluyendo año tras año a diversos sectores de la sociedad costarricense (véase informede la ONGs APC y Sulá Batsú del 2024). Es probable que muy pronto recomendaciones provengan de Naciones Unidas en este mismo sentido al Estado costarricense. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que el mundo digital esté agudizando aún más las ya graves brechas que persisten en su seno?
En otro tema relacionado a la independencia del Poder Judicial en Costa Rica, una comunicación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados espera también pacientemente que el Estado costarricense tenga la gentileza de responderle. La misiva es de julio del 2019 (véase texto) y en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aparece la mención «En espera de respuesta del Estado«. A ese respecto, en el 2021, la máxima instancia del Poder Judicial optó por ofrecer un espectáculo raramente observado (véase nota del Semanario Universidad del 24 de mayo del 2021).
Podríamos incluir más advertencias desoídas provenientes de mecanismos de derechos humanos en otros ámbitos de los derechos humanos (libertad de expresión, discriminación contra la mujer, personas con discapacidad, niños en situación de vulnerabilidad, personas migrantes, personas privadas de libertad, trata de personas, prostitución forzada, …) pero quisiéramos creer que de cara a este próximo 10 de diciembre, diversos sectores y organizaciones sociales en Costa Rica alzarán la vez para denunciar la situación que se observa desde hace ya varios años: una inacción estatal aunada a un desinterés de la clase política y de algunos sectores de la sociedad costarricense que, irremediablemente, conducen a un despojo de los derechos de amplios sectores de esta misma sociedad. Una situación agravada hoy por una narrativa de algunos decisores políticos tendiente a desacreditar y a estigmatizar a algunos sectores sociales y a pequeños colectivos dedicados a la defensa de los derechos humanos y del ambiente.
Sí quisiéramos hacer ver la muy (pero muy…) poca difusión que se hace en Costa Rica del contenido de estos informes, que cada cierto tiempo son dados a conocer desde Naciones Unidas o bien desde la OEA. En materia de cobertura de prensa, resulta de interés observar la facilidad con la cual los medios de prensa costarricenses replican en modo «automático» los comunicados oficiales del Estado costarricense sobre estos informes (que insisten en algunas cosas y omiten convenientemente otras…) sin nunca dar a conocer a sus lectores el contenido integral de estos informes como tal.
Es muy probable que nuestros estimables lectores descubran tan solo al leernos las recomendaciones (punto 140) contenidas al final del informe de abril del 2024 del Relator Especial sobre el derecho al disfrute de la salud mental y física, elaborado a raíz de su visita realizada a Costa Rica. Es también probable que las recomendaciones (puntos 64-111) del Relator de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de la esclavitud a raíz de su visita a Costa Rica del 2023 (véase informe) causen similar sorpresa. Y es igualmente muy posible que la misma sensación de extrañeza (o casi) aflore, con las observaciones hechas al octavo informe oficial de Costa Rica con relación a los derechos de las mujeres, realizadas por los integrantes del Comité de la CEDAW en el 2023 (véanse puntos 9 a 53 de sus observaciones); o bien con relación a las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) al informe de Costa Rica (véase observaciones) hechas en el 2023, así como las observaciones del Comité contra la Tortura (CAT) al tercer informe de Costa Rica, hechas en diciembre del 2023 (véase observaciones). En el punto 42 de este último informe, al parecer molestos por la reiteración de recomendaciones hechas a Costa Rica en el pasado y no seguidas de efecto, se señala por parte de los integrantes del CAT que:
«El Comité solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 24 de noviembre de 2024, información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité relativas a la detención preventiva, las condiciones de reclusión, la investigación de los actos de tortura y malos tratos y la no devolución (véanse los párrafos 13, 15 a), 25 a) y 31 a) respectivamente).«
A modo de conclusión
La distancia cada vez mayor entre discursos oficiales en recintos internacionales de Costa Rica y la realidad de los derechos humanos en la misma Costa Rica, y el desinterés creciente de varios sectores ante la creciente problemática de los derechos humanos, han quedado en evidencia con lo que ha ocurrido con el último instrumento jurídico adoptado desde aquel 10 de diciembre de 1948, que iniciaría esta inacabada senda del derecho internacional de los derechos humanos: se trata de un instrumento regional, el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en marzo del 2018.
Los mitos y supuestos “argumentos” (que han resultado ser, como bien lo indica el programa Doble Check de la radio universitaria argumentos falsos creados a su alrededor), la frontal oposición que una magistrada constitucional y sus colegas consideraron oportuno desarrollar desde la misma Sala Constitucional para complicar la tramitación de este valioso instrumento regional, así como la indiferencia de varios sectores que muy bien pone en evidencia este documental elaborado desde la UCR en el 2021, colocan ahora a Costa Rica ante sus contradicciones y ante una comunidad internacional algo perpleja: en particular al haber ya sido el Acuerdo de Escazú ratificado por 17 Estados (el último en haberlo hecho siendo Colombia en septiembre del 2024, después de Chile (2022), Argentina y México en el 2021), sin que en ninguno de los 17 Estados Partes se haya observado en lo más mínimo los supuestos efectos negativos para Costa Rica, que tanto se esmeran en difundir los opositores al Acuerdo de Escazú y sus muy hacendosas fichas (Nota 3).
La protección de los que alzan la voz en materia ambiental en Costa Rica ante las constantes amenazas, intimidaciones, que a veces terminan con asesinatos, pero también vejaciones, y estigmatizaciones de todo tipo, así como juicios penales por presunta difamación que archivan los tribunales, constituye una vieja deuda en materia de derechos humanos en Costa Rica: al respecto, cabe mencionar este otro documental de la UCR titulado “El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente”. En el 2014 tuvimos la ocasión de analizar el contenido del informe del Relator de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos a raíz de su visita a Costa Rica: 10 años después, las recomendaciones reunidas en su informe (punto 61 en adelante) persisten como tareas y en el caso de algunas de ellas, como verdaderos desafíos para una Costa Rica cada vez más irreconocible en algunos ámbitos.
La desprotección de quienes defienden el ambiente cobra particular relevancia en este inicio del mes de diciembre del 2024, en particular en estos días en los que se conmemoraron 30 años desde la muerte de tres activistas cuyos cuerpos incinerados fueron encontrados en un casa el 7 de diciembre de 1994 en Moravia, y la muerte de un cuarto integrante cuyo cuerpo fue encontrado en febrero de 1995 en La Uruca (caso AECO): sobre este doloroso caso en el que campea la impunidad (como en muchos otros casos de intimidaciones y amenazas en los que las víctimas resultan ser ecologistas, líderes indígenas, lideresas campesinas), el dictamende la Procuraduría General de la República de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural» constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron estas cuatro muertes, conjuntamente con unas cuantas más. De manera a no reiterar la pregunta hecha con anterioridad, se recomienda una lectura pausada de dicho informe de la PGR, que, a la fecha, no ha dado lugar a ninguna rectificación por parte del Estado o expresión oficial de pesar (disculpa pública) (Nota 4) por lo ocurrido hace 30 años en la capital costarricense.
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., » Costa Rica ratifica Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas», DerechoaldDia, edición del 1 de octubre del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Informe del Relator especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas del país», Sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 6 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 3: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 4: En el caso de Jannette Kawas Fernández, una ecologista asesinada en Honduras en la misma época (febrero de 1995) en la que fueron asesinados lo integrantes de AECO en Costa Rica, sus familiares sí activaron el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En una histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abril del 2009 (véase texto completo), los jueces estimaron (punto 202) que: «… el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso, en desagravio a la memoria de Blanca Jannette Kawas Fernández. En dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia. Asimismo, este acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública, con la presencia de autoridades estatales. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, declaradas también víctimas por este Tribunal, y que así lo deseen. La realización y particularidades de dicha ceremonia pública deben consultarse previa y debidamente con los familiares de la señora Kawas Fernández. El Estado cuenta con un plazo de un año para cumplir con esta obligación».
Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nicolas Boeglin Naumovic Profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, UCR
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