Gracias a una alianza entre municipalidades, cámaras empresariales y la UNA, 70 personas en situación de pobreza o baja escolaridad obtuvieron su título técnico en áreas clave como salud ocupacional y gestión de calidad. Esta formación, que les brinda nuevas oportunidades laborales, es un paso importante hacia un futuro con más empleo y bienestar en la región
Gracias a la alianza entre las municipalidades y cámaras empresariales de la zona de Occidente del país junto con la Universidad Nacional (UNA), este viernes 30 de agosto, 70 personas en condición de pobreza o baja escolaridad, obtuvieron su título de formación técnica en las áreas de salud ocupacional, confirmación metrológica, procesos productivos y gestión de calidad.
“Hoy celebramos no solo la culminación de un curso, sino el resultado de esfuerzo, perseverancia y dedicación. Cada uno de nosotros ha enfrentado desafíos, ha superado obstáculos y ha demostrado que con empeño y determinación se puede alcanzar cualquier meta. En lo personal se me abren puertas para seguir creciendo dentro de la empresa donde trabajo o para seguir estudiando. Esta es una rama que no conocía y me emocionó mucho estudiarla”, dijo Alejandro Mejía, oriundo de San Ramón, quien fue el primer promedio del técnico en Procesos productivos.
Kimberly Venegas se graduó en un colegio técnico de Palmares, y tiene la esperanza de que las zonas francas, puedan traer más empleo a su cantón. “Este título genera más oportunidades para emplearse. El técnico en Salud ocupacional, que consiste básicamente en la seguridad del trabajador, me abre las puertas a un trabajo donde se valide ese título para un mejor futuro”.
Gracias a esta alianza entre la UNA y las cámaras empresariales, se otorgaron becas del 100% a estudiantes de colegios técnicos, quienes durante 10 meses fueron parte del sistema de educación permanente de la UNA. “Quiero felicitar a este grupo de muchachas y muchachos de Occidente, de los cantones de Grecia, de Poás, de Sarchí, de Naranjo, de Salsero, de Palmares y de San Ramón, que hoy culminan exitosamente este proceso. Es importante resaltar que el conocimiento constituye hoy en día la principal base del ejercicio de la ciudadanía, de la generación de empleo, de los encadenamientos productivos, de la innovación y el emprendedurismo, y por supuesto del bienestar y calidad de vida de las personas y de la sociedad como un todo. Tener acceso al conocimiento brinda oportunidades de participar en la vida económica, social y cultural, aumenta las posibilidades de integración social y sobre todo incrementa las posibilidades de mejorar la empleabilidad”, comentó Francisco Bogantes, vicepresidente de la Cámara Empresarial de Grecia.
En Grecia, se construyen parques empresariales que se espera, generen cerca de 40 mil empleos cada uno en los próximos años. “Nosotros hemos creído en ese futuro, de tal forma que estamos generando las condiciones para la empleabilidad, para los encadenamientos productivos con nuestras empresas locales desde San Ramón, Palmares, Naranjo y Grecia”, continuó Bogantes.
Francisco González, rector de la UNA, hizo hincapié en que los tiempos han cambiado. “A pesar de que la oferta de la UNA no es estrictamente la formación de técnicos, sí reconocemos la importancia de fortalecer las condiciones de empleo de las personas que tienen menos condiciones, y la vinculación y coordinación con los sectores productivos y los sectores empresariales. Por esta razón es que ya hace un año nos planteamos como propósito poder generar una iniciativa que se articulara al Ministerio de Educación Pública, para brindarle a estudiantes que estuvieran en los últimos años de su formación técnica, una oferta del marco del marco nacional de cualificaciones”.
Para este 2024 la UNA ofrece una serie de técnicos orientados a una concepción de educación no formal que permite capacitar a los adultos y jóvenes en diferentes áreas laborales obteniendo habilidades y competencias poro desarrollarse en el mercado laboral y también por tener un crecimiento personal y de em pleabilidad.
La oferta, gestionada por la Oficina de Transferencia y Conocimiento y Vinculación Externa, incluye además formación técnica en: Administración de Pymes, Gestión y desarrollo de emprendimientos, Desarrollo local y género, Desarrollo de software y aplicaciones, Plantas medicinales, Gestión de olores, y Desarrollo agroecológico y socioproductivo, entre otros.
Video:
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Defensoría, urge encontrar una solución definitiva al mantenimiento, conservación y protección de estas edificaciones
La Defensoría de los Habitantes realizó una investigación donde constató que, el Ministerio de Educación Pública (MEP), cuenta con 60 inmuebles declarados patrimonio arquitectónico, de los cuales 54 son utilizados como centros educativos, y según el Ministerio de Salud 24 tienen órdenes sanitarias pendientes de cumplimiento y en estado crítico.
Cabe aclarar que, de estos 24 centros educativos, tres inmuebles no están siendo utilizados para uso escolar: Escuela Ascensión Esquivel Ibarra en Liberia, la Escuela Justo Antonio Facio de La Guardia (Casa de la Cultura de Siquirres) y la parte antigua de la Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell.
Para esta Defensoría, el Estado costarricense debe ser garante de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes a la educación y la salud, por lo que el lugar en donde reciben sus estudios debe cumplir con los requisitos físico-sanitarios mínimos para su bienestar y que puedan contar con un espacio apto para desarrollar sus capacidades, así como la protección y conservación de nuestro patrimonio histórico y arquitectónico, parte importante de la cultura del costarricense.
La Defensoría de los Habitantes considera que el funcionamiento de varios centros educativos que son propiedad del MEP y que presentan problemas físico-sanitarios y órdenes sanitarias giradas por diferentes aspectos, como daños en estructuras o problemas con el sistema eléctrico, atentan contra los derechos de la niñez y la adolescencia, así como los derechos a la salud de los docentes y demás cuerpo administrativo de las escuelas.
Si bien es cierto, estos inmuebles tienen un gran valor patrimonial que debe ser conservado de acuerdo con la normativa nacional e internacional, es necesario priorizar el bienestar humano de quienes los utilizan. Por lo tanto, es esencial tomar medidas para mantener en buen estado las estructuras de estos centros educativos y garantizar un mantenimiento adecuado para preservar la seguridad y el bienestar de todas las personas.
Acciones pendientes
Según la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP, no se cuenta con un cronograma u hoja de ruta en la cual se establezca el tiempo para la intervención de los centros educativos con declaratoria y tampoco generan planes de inversión para estos inmuebles declarados; estos planes se trabajan año con año ya que no se cuenta con presupuesto fijo.
De acuerdo con el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC) del Ministerio de Cultura y Juventud, se ha atendido los problemas en inmuebles declarados que ha considerado prioritarios, debido a la dinámica operativa de la DIE y los limitantes en los recursos de ese Centro y que se le ha dado asesoría técnica para dar solución a problemas específicos de ciertos centros educativos como la Escuela Cecilio Lindo en Juan Viñas, la Escuela de Santa Cruz de Turrialba, la Escuela el Carmen en Puntarenas. Además, indicó que se restauró parte de la Escuela León Cortés Castro en San Marcos de Tarrazú y, asimismo, se brinda acompañamiento a la DIE en obras realizadas en el Colegio Dr. Castro Madriz, así como a la Escuela Centeno Güell en Goicoechea y, actualmente, asesora a una empresa consultora que resultó adjudicataria en el diseño de mejoras de la Escuela Tomás Guardia en Limón.
Pero esta Defensoría considera de gran relevancia que, se coordine interinstitucionalmente entre la DIE, el CICPC y el Ministerio de Salud para elaborar un plan de trabajo, con su debido cronograma, en el cual de determine el estado de conservación de los inmuebles y el seguimiento a las acciones tendientes al cumplimiento de las órdenes sanitarias pendientes, con el fin de encontrar una solución definitiva al mantenimiento, conservación y protección de estas edificaciones. Se debe levantar un inventario de las obras que requiere cada centro educativo y determinar el presupuesto aproximado requerido para su protección adecuada. Asimismo, se recomienda a las instituciones continuar protegiendo el patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica, tanto declarado como el que no ha sido declarado, ya que muchas edificaciones se encuentran en peligro de ser destruidas, priorizando la protección integral de las personas menores de edad y su interés superior.
Centros educativos con declaratoria de patrimonio con orden sanitaria pendiente
Inmueble
Provincia
Uso
Escuela de Hacienda Vieja de Orotina
Alajuela
Escuela
Escuela de Pedroso de Pérez Zeledón
San José
Escuela
Escuela Cecilio Lindo Morales (Juan Viñas)
Cartago
Escuela
Escuela Dr. Carlos Luis Valverde Vega (San Isidro de El Guarco)
Cartago
Escuela
Escuela Jenaro Bonilla (Turrialba)
Cartago
Escuela
Escuela Andrés Briceño
Guanacaste
Escuela
Escuela Ascensión Esquivel Ibarra (Liberia)
Guanacaste
Escuela
Escuela de Bolsón (Santa Cruz)
Guanacaste
Escuela
Escuela José María Calderón Mayorga
Guanacaste
Escuela
Escuela Luis Léipold Herbert
Guanacaste
Escuela
Escuela José Carlos Umaña (Central de Atenas)
Alajuela
Escuela
Edificio antiguo de la Escuela Manuel del Pilar
Heredia
Escuela
Escuela Joaquín Lizano Gutiérrez
Heredia
Escuela
Escuela José Martí
Heredia
Escuela
Liceo de Heredia
Heredia
Colegio
Escuela Justo Antonio Facio de la Guardia (Casa de la Cultura de Siquirres)
Limón
Escuela
Escuela Tomás Guardia (Limón)
Limón
Escuela
Escuela Dr. Ferraz
San José
Escuela
Escuela Mauro Fernández
San José
Escuela
Escuela Pilar Jiménez
San José
Escuela
Escuela República de Argentina, Barrio México
San José
Escuela
Escuela República de Chile
San José
Escuela
Liceo José María Castro Madriz
San José
Colegio
Parte antigua de la Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell
El Estado es cómplice del homicidio por inacción y fomentar la impunidad cuando se trata de agresiones a los pueblos indígenas.
Si el Estado costarricense hubiera cumplido con las medidas cautelares “MC 321-12” del 2015, en las que se definió que debía garantizar y resguardar la vida e integridad física de los Pueblos Bröran de Térraba y Bribri de Salitre, los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera no se hubieran dado.
¡Es hora de que el Estado garantice justicia y paz en los territorios indígenas!
El juicio contra el asesino confeso Juan Eduardo Varela Rojas continúa los días 5, 9 y 10 de septiembre en el Tribunal Penal de Pérez Zeledón.
Les invitamos a ver el breve video con el testimonio de Jerhy Rivera Rivera:
Continúa en la Asamblea Legislativa la discusión del Proyecto de Ley N.º 24. 290 sobre las jornadas esclavista de trabajo de 12 horas diarias, llamada jornada 4-3, que se denomina “Establecimiento de jornadas laborales excepcionales, para casos que sean excepcionales y muy calificados”.
Se sigue sin precisar cuáles son los casos “determinados, excepcionales y muy calificados” que necesitan empresarialmente esta jornada de 12 horas diarias.
El día de ayer, el Director Ejecutivo de la Unión de Cámaras reconoció, en periódicos, que la economía costarricense, que se basa en el régimen de trabajo de ocho horas diarias, viene generando empleos, principalmente en todos los sectores orientados hacia la economía internacional, que es donde algunos sectores, que quieren establecer la jornada de 12 horas, señalan más se necesita esa jornada esclavista.
El Director Ejecutivo, igualmente, señaló que la aprobación de las jornadas de 12 horas podrían ser un estímulo para la competencia en algunos sectores de la economía nacional, sin precisar cuáles son esos sectores. Por ningún lado quieren o pueden señalar verdaderamente cuáles empresas necesitan la jornada laboral de doce horas. ¿Por qué no quieren señalarlas o precisarlas?
También reconoció que hay cerca de 200.000 personas desempleadas, “más las que han salido del mercado laboral por múltiples razones”. A lo que habría que agregar el altísimo componente de los que laboran el en sector informal de la economía, que llega casi al millón de personas.
Se dice por quienes defienden la jornada de 12 horas que los trabajadores tendrán más tiempo para estudiar y capacitarse, porque dispondrán de tres días de descanso seguidos. Eso tampoco es cierto.
No hay políticas públicas de ningún tipo, ni por el Ministerio de Educación o el Instituto Nacional de Aprendizaje, de ofrecer esas posibilidades de estudio. El Ministerio de Educación Pública ha visto reducir su presupuesto anual. En este gobierno de Rodrigo Chaves hay un ataque devastador sobre toda la educación pública. No solo no se le da el porcentual constitucional a la Educación pública y a las universidades, sino que se han eliminado, para los niños y jóvenes, en edad escolar y colegial, las becas de estudios, los comedores estudiantiles y los subsidios para el transporte de estudiantes, lo que ha contribuido a expulsar, en la práctica, a miles de niños y jóvenes del proceso educativo, agregados a los más de 100.000 que expulsó la pandemia, sin que se hayan recuperado para la educación.
Además, los colegios nocturnos no están operando. Escuelas nocturnas tampoco. En correspondencia con lo que se pide de las jornadas de 12 horas, no se anuncia, para los trabajadores, que esas escuelas y colegios nocturnos, o diurnos, para los fines de semana, por lo menos, sábados y domingos, puedan operar o estar abiertos.
No hay ningún interés de facilitar posibilidades se superación por el estudio para los trabajadores formales, como no la hay para los desempleados o los trabajadores de la informalidad.
Lo que realmente se quiere, por parte del gobierno del Jaguar, es llevar a la población laboral a los niveles más bajos de capacitación, para que por ese camino solo puedan aspirar a los salarios más bajos que se puedan pagar, aumentando en ese sentido la explotación de los trabajadores, y lanzarlos a competir, a ellos, por esos salarios más bajos, incluso en posibilidad de contratarlos por salario más bajos que los mínimos, como se hace en algunas empresas, por la vía de “contratos laborales”, y no por la inserción de ellos en las planillas, sujetas a control de la CCSS y del Ministerio de trabajo. El sistema de “contratos” se está “generalizando” en algunas empresas. Los sindicatos deberían ponerle atención a esto.
Todo esto es parte de lo que en el Proyecto de Ley de las 12 horas se contempla como “racionalización de costos”.
La Secretaría Técnica, que asesora al Consejo de Salud Ocupacional recomendó, desde hace varios meses, que esta jornada no se establezca. En el documento de la Secretaría Técnica se señala que el Proyecto de Ley de las 12 horas de trabajo continuo no reconoce el “tiempo dedicado al trabajo”, que es el lapso que invierte el trabajador para el desplazamiento de su casa al centro de labores y viceversa; así como tampoco se reconocen licencias, actividades de capacitación, interrupciones involuntarias al trabajo, entre otros aspectos.
La jornada esclavista de las 12 horas solo reconoce “el tiempo efectivo de trabajo”, como variable para justificar la reforma que se quiere imponer, tal y como se pretende en la propuesta que se está discutiendo.
La jornada de trabajo de 12 horas, la Secretaría Técnica, reconoce que esa jornada limita los lapsos mínimos necesarios para que el trabajador, como ser humano, recupere su energía, tenga calidad del sueño, y pueda conciliar su vida social y el trabajo, y tenga espacios básicos de ocio y recreación.
La exposición y sometimiento a la jornada de doce horas de trabajo predispone a enfermedades, a “patologías crónicas, músculo esqueléticas y de salud mental, en la posibilidad de manifestar conductas y hábitos poco saludables, tales como el tabaquismo, dieta desequilibrada, el consumo de alcohol y el sedentarismo, además de un posible aumento en probabilidad de sufrir accidentes”, como se afirma en ese informe de la Secretaría Técnica.
También se reconoce que una intensificación de la jornada disminuye el desempeño y eficiencia en el trabajo, posibilita errores en el cumplimiento de los sistemas de seguridad laboral, aumenta los síntomas de fatiga, disminución del estado de alerta y acortamiento del periodo dedicado al sueño a cuatro horas o menos.
El Proyecto de Ley de la jornada esclavista contraviene una serie de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
Y para el sector empresarial, que se dice social cristiano, que se inspira en su vinculación afectiva, anímica, vital, con la Iglesia Católica, principalmente, y que hacen alarde algunos empresarios, que recuerdan con “nostalgia” las Reformas Sociales de 1943, apoyadas e impulsadas por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, el Dr. Calderón Guardia y Manuel Mora Valverde, digo con nostalgia porque son reformas que se han venido perdiendo y ya casi no se tienen. De su práctica empresarial solo tienen el recuerdo cariñoso de aquellas reformas sociales.
El empresariado que se reconoce como socialcristiano, que ojalá no sea solo de palabra, debería revisar, estudiar y asimilar las Encíclicas papales la Rerum Novarum, la Quadragesimo Anno, Mater et Magistra, Pacem in Terris, Populorum Progressio, Octogesima adveniens, Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, Caritas in veritate, Laudato si y Fratelli tutti. Les recomiendo, además, el Código Social de Malinas de 1927, donde se defienden los derechos de los trabajadores, entre ellos el derecho a la organización sindical, a la huelga y a la jornada de trabajo de ocho horas, banderas que asumió la Iglesia desde 1891.
El Proyecto de Ley N.º 24.290 sobre las jornada esclavista de trabajo de 12 horas diarias lo está impulsando en la Asamblea Legislativa principalmente el gobierno del Jaguar, sus felinos diputados, y la fracción parlamentaria del partido Unidad Social Cristiana, que discute en su seno si eliminan lo de “cristiana”, porque ya no tiene nada ver con ellos esa denominación.
Recientemente, la Iglesia Católica de Costa Rica, por medio de la Conferencia Episcopal, que reúne a todos sus Obispos, se pronunció en contra de este Proyecto de Ley y del establecimiento de la jornada de trabajo de 12 horas.
La Iglesia Católica considera que estas jornadas afectarán la vida familiar, las dinámicas sociales y de las comunidades, la comunicación y convivencia al interior de las familias, el tiempo de convivencia conyugal, el tiempo de los trabajadores con sus hijos. Para la Iglesia Católica el tiempo de familia también se vería comprometido y disminuido.
Señala la Iglesia Católica que se obstaculizan las tareas de cuido, como se carece de ellas, para los dependientes de las familias, y se despersonaliza la atención de menores y de su atención en el propio hogar.
Los Obispos también señalan que el Proyecto de Ley no garantiza la invulnerabilidad para la exclusión laboral de personas. La Iglesia también reconoce que la jornada de 12 horas afectará la salud física y mental de los trabajadores.
La Iglesia Católica categóricamente afirmó que pueden reforzar un modelo de crecimiento económico que resulte exclusive e inequitativo, pronunciándose por la generación de empleo decente.
Aprovechamos la publicación del informa de GRAIN «Bioinsumos corporativos: El nuevo negocio tóxico de la agroindustria» para reflexionar sobre esta tendencia que está impactando los campos y la producción agrícola a nivel mundial. Nos preguntamos ¿Cuáles son las tensiones que representa esta incursión corporativa?
Para las personas campesinas, los bioinsumos representan saberes y prácticas cotidianas que han utilizada generación tras generación, al mezclar diversos productos naturales para buscar la protección y fertilización de sus cultivos y suelos. Sin embargo, desde 1990 diversas compañías han empezado a explorar estos saberes y prácticas con el fin de generar «oportunidades» de negocios para la venta, sin embargo, en este proceso tenemos acciones que van desde la privatización a través de patentes de procesos y secuencias genéticas hasta modificaciones genéticas.
Con el incremento de las afectaciones del uso de agrotóxicos y la oleada de prohibiciones de este tipo de sustancias en distintos países, ha generado un interés creciente de estas empresas por impulsar esta rama de negocios, dado que al mismo tiempo, representa una «alternativa» más rápida y barata, sin embargo, para estas mismas corporaciones, sus prácticas no desaparecen, y desarrollan mecanismos de uso similares a los agroquímicos, es decir, usos intensivos de aplicación.
El dato más significativo y que refleja el tipo de interés que sostienen estas empresas, es que estos bioinsumos corporativos se presentan como «complementos» a sus paquetes de agroquímicos, es decir, dependencia a los «cocteles» de siempre.
Les invitamos a reflexionar sobre estas tendencias «amigables» al ambiente, que siguen profundizando las estrategias de «greenwashing» corporativo.
Era una princesita nacida en Francia de un descendiente del trono de Polonia y de una mexicana de la más rancia aristocracia porfirista. Y como si fuera poco, era “güerita”: blanca, rubia, de ojos azules. Cuando se mezclaba con las indias mexicanas, no faltaba quién le espetara: “¿Usted qué busca aquí, gringa?”
Desde muy joven comenzó a trabajar con los periódicos más prestigiosos de México, primero el Excelsior y luego Novedades. Hacía entrevistas a personalidades y notas de la alta sociedad.
Un día se tropezó con Josefa Bohórquez (o Bórquez), ex soldadera y soldada ella misma, mujer de todos los oficios y pobre por todos los costados, quien le cambió la vida para siempre. La hizo mexicana, la enseñó no solo a hablar en mexicano, sino sobre todo a sentirse como mexicana, con todo lo bueno y todo lo malo de la historia de este país. De allí nació Jesusa Palancares, protagonista de su novela “Hasta no verte Jesús mío”, uno de los personajes y una de las novelas más conmovedoras que haya leído.
Con esa mujer arranca Elena Poniatowska su libro “Las indómitas”, una colección de testimonios de mujeres que han marcado la vida literaria y la lucha política del México del último medio siglo. Son seis personajes individuales y dos colectivos que nos retratan a esta nación tan rica y tan controversial, tan empobrecida y explotada, tan pobre y tan desigual. Todas ellas acalladas, ninguneadas, lanzadas al silencio y al olvido, y entonces vueltas a la vida de mano de la escritora.
Quiero resaltar a uno de esos personajes, o, con perdón de los turistas, a una de esas personajas. Se trata de Rosario Ibarra y no solo de ella, sino de esas madres, esposas, hijas, hermanas, que durante décadas han luchado por esclarecer el paradero de los desaparecidos, sustraídos por el ejército y las bandas criminales, asesinados en medio de terribles torturas y escondidos bajo un manto de sombra, que no del olvido.
Pero en este capítulo, el personaje son las madres de los desaparecidos, retrata a la perfección a la misma Elena. Apenas a dos años de la publicación de “Hasta no verte Jesús mío”, Elena publica “La noche de Tlatelolco”, un libro de testimonios acerca de la masacre de 1968, escrita con base en entrevistas de los estudiantes prisioneros en la terrible cárcel de Lecumberri, “el palacio negro”. Ahora es muy fácil hablar de eso, pero entonces la represión en México era inexpugnable. Después de la masacre el país fue sumido en una ola de represión y de censura totales. Poquísimos fueron los valientes que alzaron la voz para denunciar el crimen, y Elena fue una de esas pocas voces.
Diez años después las madres de los desaparecidos toman la Catedral y se declaran en huelga de hambre. Allí, con ellas, está “la princesita roja”.
Como siempre me pasa con la literatura mexicana o con parte de ella, muchas veces tengo que interrumpir la lectura para dejar que baje el nudo de la garganta. Eso me pasa con este libro de Poniatowska.
Pero en honor a México y a su pueblo valeroso, no importa sufrir un poco. Leer a Poniatowska es una forma de compartir el dolor y también darle aires a la esperanza. Entonces tengo el coraje de recomendárselos.
El próximo 10 de septiembre a las 4:00 p.m., se llevará a cabo la inauguración de la exposición «Aporte y Memoria de una Mujer Revolucionaria» en la Biblioteca Nacional. Este evento está dedicado a Carmen Lyra, reconocida por su destacada labor literaria y su lucha por los derechos sociales. La exposición busca resaltar su legado y su impacto en la historia del país.
En orden de izquierda a derecha: Javier Trejos Zelaya, Alberto Cortés Ramos, Oldemar Rodríguez Rojas, Carlos Araya Leandro y José Ángel Vargas Vargas.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR
Elecciones por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica
Académicos contestan un listado de 18 preguntas
Los cinco candidatos a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, para el período 2025-2028, se refieren a un listado de 18 preguntas. Estas fueron remitidas por el Tribunal Electoral Universitario (TEU) a los académicos, quienes enviaron sus respuestas al mismo órgano electoral.
Defensores de la Casa Común hace un llamado a todos los habitantes del cantón de Belén y sus alrededores para que participen en una serie de foros comunitarios centrados en temas fundamentales para el bienestar y la sostenibilidad de nuestra comunidad. Estos foros, que se llevarán a cabo en el salón comunal de San Vicente, ofrecerán una plataforma para el diálogo y la acción comunitaria sobre asuntos clave como la planificación urbana, la gestión del agua, y la gentrificación.
Calendario de Foros:
Fórum: Hablemos del Plan Regulador
Fecha: Sábado, 31 de agosto
Hora: 2:00 P.M.
Lugar: Salón comunal San Vicente
Transmisión en vivo: @PeriodicoElGuacho
Fórum: Hablemos de la Realidad del Agua de Nuestra Cuenca Hidrológica – Heredia
Fecha: Sábado, 21 de septiembre
Hora: 2:00 P.M.
Lugar: Salón comunal San Vicente
Transmisión en vivo: @PeriodicoElGuacho
Fórum: Hablemos Sobre Gentrificación
Fecha: Sábado, 12 de octubre
Hora: 2:00 P.M.
Lugar: Salón comunal San Vicente
Transmisión en vivo: @PeriodicoElGuacho
Detalles Generales:
En estos encuentros, abriremos un espacio para reflexionar y debatir sobre temas cruciales para el bienestar y la sostenibilidad de nuestra comunidad. Cada fórum tendrá una duración aproximada de dos horas y media, y estará estructurado de la siguiente manera:
Apertura: Acto cultural para inspirar y conectar.
Presentaciones: Expertos y líderes comunitarios compartirán sus perspectivas.
Sesión de preguntas y comentarios: Espacio abierto para la interacción.
Lectura y apoyo a la Declaratoria Pública: Un llamado a la acción conjunta.
Además, se presentará la Declaratoria Pública para el Desarrollo Integral y la Restauración Ecológica del Cantón de Belén, un documento que propone acciones concretas hacia una visión de sostenibilidad avanzada y carbono positivo para la región.
Declaratoria Pública: Durante estos foros, nos uniremos en torno a la Declaratoria Pública para el Desarrollo Integral y la Restauración Ecológica del Cantón de Belén: Hacia una Visión de Sostenibilidad Avanzada y Carbono Positivo. Este documento es un llamado urgente a la Municipalidad de Belén para que actúe con responsabilidad frente a la crisis climática, promoviendo soluciones basadas en la naturaleza, una economía circular y un firme compromiso con la neutralidad de carbono. Demandamos la suspensión inmediata de permisos de construcción con irregularidades y una actualización del plan regulador que refleje estos objetivos. Este documento se encuentra actualmente en formato borrador y está abierto a comentarios y sugerencias de la comunidad para asegurar que refleje las necesidades y deseos de todos los habitantes.
Entre las principales demandas de la Declaratoria se encuentran:
Suspensión de Permisos de Construcción: Detener todos los permisos de construcción hasta que se actualice el plan regulador para proteger áreas verdes, cuerpos de agua y ecosistemas locales.
Actualización del Plan Regulador: Incorporar soluciones basadas en la naturaleza y principios de urbanismo sostenible para reducir el impacto ambiental y promover la sostenibilidad.
Economía Circular y Neutralidad de Carbono: Fomentar prácticas sostenibles y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de políticas locales y proyectos comunitarios.
Solución al Congestionamiento Vial: Implementar medidas como el teletrabajo, el uso de bicicletas, y el fortalecimiento del transporte público para reducir la congestión vehicular y la contaminación.
Tu participación comunitaria es clave
Únete a nosotros para fortalecer la defensa de nuestro entorno y construir un futuro más justo y sostenible. Si representas a una organización, te invitamos a compartir tu logo y autorización para incluirlos en nuestros materiales de difusión, subrayando así nuestra unidad y determinación.
Los interesados pueden asistir a los foros en el salón comunal de San Vicente, o seguir las transmisiones en vivo a través de @PeriodicoElGuacho. Además, quienes deseen contribuir con ideas o comentarios sobre la Declaratoria Pública pueden enviar sus sugerencias al correo urbasno2023@gmail.com
¡Juntxs marcamos la diferencia! Contamos con tu presencia en estos espacios de diálogo y acción. Tu voz es esencial para la defensa de nuestro entorno y la construcción de un futuro sostenible para el cantón de Belén.
Gracias por ayudarnos a compartir y por tu asistencia.
Velada en memoria de las víctimas palestinas en Gaza, organizada frente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica en San José, Costa Rica, del 2 de noviembre del 2023. Cortesía de la Red de Solidaridad con Palestina / Costa Rica.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
En un documento remitido el pasado 23 de agosto a la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI), el Fiscal de la CPI ha reiterado su solicitud de órdenes de arresto contra dirigentes israelíes (su Primer Ministro y su Ministro de Defensa) y contra tres líderes del Hamás.
Esta opinión jurídica permite además al Fiscal de la CPI, responder a algunos de los escritos remitidos a la CPI por parte de Estados, organizaciones internacionales, ONG y académicos, entre los cuales algunos (muy pocos en lo que concierne a Estados) que cuestionaron su actuar desde el punto de vista jurídico, a partir de interpretaciones jurídicas antojadizas.
Como bien se sabe, la CPI fue establecida en 1998 mediante la adopción del Estatuto de Roma, un instrumento internacional que registra 124 Estados Partes (véase estado oficial de firmas y de ratificaciones). En América Latina, el último Estado en haberlo ratificado fue Guatemala en el 2012, al tiempo que Cuba y Nicaragua persisten en ni tan siquiera haber firmado este instrumento.
Como se puede observar mediante una breve búsqueda en la red, es realmente muy poca la difusión que se ha hecho al contenido de este documento del Fiscal de la CPI en los grandes medios de prensa internacionales desde el 23 de agosto pasado.
El drama indecible que se vive en Gaza
Se recomienda la lectura del último informe de situación en Gaza, elaborado por Naciones Unidas al 30 de agosto del 2024 (véase enlace).
En el penúltimo informe (al 26 de agosto de 2024, véase enlace) se lee que el bombardeo incesante sobre la población civil de Gaza por parte de Israel no ha sido interrumpido, con nuevos dramas vividos en Gaza en los últimos días de manera constante:
“Between the afternoons of 23 and 26 August, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 170 Palestinians were killed and 390 were injured. Between 7 October 2023 and 26 August 2024, at least 40,435 Palestinians were killed and 93,534 were injured, according to MoH in Gaza.
The following are some of the deadly incidents reported between 22 and 25 August:
On 22 August, five Palestinians were reportedly killed and others injured when a house was hit in the vicinity of Bani Suheila square, east of Khan Younis.
On 23 August, five Palestinians were reportedly killed when a vehicle was hit southeast of Khan Younis.
On 23 August, four Palestinians were reportedly killed and others injured when a house was hit in northwestern An Nuseirat Refugee Camp, Deir al Balah.
On 24 August, four Palestinians were reportedly killed and others injured when a house was hit in Maan area, east of Khan Younis.
On 24 August, 11 Palestinians, including women and children, were reportedly killed and 30 others injured when a house was hit in Al Amal neighborhood, west of Khan Younis.
On 24 August, at about 12:10, eight Palestinian men were reportedly killed when a vehicle (tuk-tuk) was hit in northwestern Rafah.
On 25 August, eight Palestinians were reportedly killed and others injured when a house was hit south of Deir al Balah”.
Cabe señalar que el saldo mortífero de más de 40.000 personas en Gaza se sitúa, para algunos especialistas, muy por debajo de la realidad. En efecto, en un reciente artículo publicado por un renombrado especialista militar invitado en un sinnúmero de espacios informativos en Francia, y titulado “Guerres en Ukraine et en Israël, (enfin) des voies de sortie en perspective?”, se lee que la cifra real podría corresponder a unas 100.000 personas fallecidas en Gaza desde el 7 de octubre del 2023:
“les évaluations des dégâts des bombardements montrent – même en hypothèse basse – que le bilan projeté se situe plutôt autour de 100,000 morts et donc de 350,000 blessés (le ratio de 3,5 est la «norme»), soit20% de la population palestinienne de Gaza«au bas mot»(450,000 / population initiale de 2,3 millions),blessée ou tuée par cette guerre démesurée”.
La ausencia de datos verificables responde en gran parte a la ausencia de un personal de agencias humanitarias desplegado en toda Gaza, y a la ausencia de medios de prensa que puedan documentar e informar a la opinión pública internacional sobre la realidad que se vive en Gaza y sobre el alcance exacto de los bombardeos aéreos a los que Israel somete a la población civil de Gaza. A ese respecto, el asesinato deliberado por parte de Israel de periodistas, camarógrafos, asistentes de medios de prensa llevó a unas 60 organizaciones que velan por la protección de los periodistas a elevar el tono y a exigir a la Unión Europea (UE) tomar acciones (véase carta colectiva con fecha del 22 de agosto del 2024). En dicha misiva, se lee que:
“Journalists play an indispensable role in documenting and reporting on war crimes and other human rights violations. The cumulative effect of these abuses is to create the conditions for an information void, as well as for propaganda and mis- and disinformation. While Israel contends that its actions are to keep its people safe, history shows that censorship and denial of the right to information is a flawed path to peace or security. We, therefore, write to you today to call for the suspension of the Israel / EU Association Agreement on the basis that it has violated international human rights and criminal law and for the adoption of targeted sanctions against IDF officials and others responsable”.
Al 23 de agosto del 2024, según el Committee to Protect Journalists (CPJ), el número de periodistas asesinados en Gaza por las fuerzas militares de Israel desde el 7 de octubre del 2023, asciende a 116 profesionales de la comunicación (véase informe).
En cuanto al personal humanitario de Naciones Unidas en Gaza, el pasado 19 de agosto se conmemoró, en el Día Internacional de la Acción Humanitaria, la muerte de 280 funcionarios de Naciones en Gaza desde el 7 de octubre del 2023 (véase comunicado): un saldo jamás alcanzado en ningún teatro de operaciones en los que personal de Naciones Unidas ha estado presente.
En otro ámbito relacionado a las exacciones que se comete en Gaza, este 26 de agosto, fue la ONG Human Rights Watch la que publicó un detallado informe sobre la tortura a la que fueron sometidas personas trabajando en hospitales en Gaza, capturadas por Israel (véaseinforme).
La errática estrategia militar de Israel en Gaza desde el punto de vista militar
Tuvimos recientemente la oportunidad de detallar estos y algunos otros aspectos del drama indescriptible que se vive en Gaza, así como de analizar la fracasada estrategia militar en Gaza en una emisión del programa Desayunos de Radio UCR (véase enlace a la emisión del 21 de agosto del 2024, titulada «¿Qué está pasando en Gaza?«).
Si bien la atención se ha centrado en la situación en Gaza, el última informe de Naciones Unidas sobre la situación en Cisjordania (véase informe al 28 de agosto del 2024) revela el clima de impunidad ante las exacciones de todo tipo cometidas por colonos contra familias palestinas y sus bienes, ante la pasividad de las fuerzas de seguridad israelíes, con un saldo de 622 personas fallecidas desde el 7 de octubre del 2023 en Cisjordania y en Jerusalén Oriental.
Nótese que este 1ero de agosto, se ha informado de un llamado a una huelga general en Israel lanzado por varios sectores ante el rotundo y absoluto fracaso de la estrategia de su Primer Ministro en Gaza para recuperar a los rehenes capturados por el Hamás el 7 de octubre del 2023 (véanse nota del Times of Israel y nota de AgenciaNova del 1ero de septiembre del 2024): se trata de una iniciativa fomentada en gran parte por la indignación de las familias de rehenes (así como por la oposición política) que asisten a los repetidos yerros del aparato militar de Israel para recuperar a sus seres queridos y al torpedeo de las negociaciones con el Hamás por parte del Primer Ministro israelí.
Es de recordar que al iniciar el mes de julio del 2024, encuestas en Israel señalaron que más de la mitad de la población estaba convencida que la mortífera operación militar en Gaza correspondía únicamente a cálculos políticos de su Primer Ministro (véase nota de The Times of Israel del 4 de julio). Unas semanas después, la desconfianza hacia el Primer Ministro continúo evidenciándose, con una mayoría queriendo verlo destituido (véase nota del Times of Israel del 12 de julio).
Dentro del mismo gabinete de guerra israelí, la posición del Primer Ministro es cada vez más cuestionada por sus demás integrantes ante su fracasada estrategia para recuperar a los rehenes que el Hamás mantiene en alguna parte de Gaza bajo su custodia (véase nota del TimesofIsrael del 1 de septiembre del 2024).
La justicia penal internacional: el desafío que implica para Israel y sus aliados
Más allá de la peculiar estrategia de supervivencia política del Primer Ministro de Israel desplegada después de lo ocurrido el 7 de octubre (cuya responsabilidad es innegable, al haber archivado advertencias previas recibidas sobre las intenciones del Hamás), cabe recordar que algunas infidencias diplomáticas han puesto de manifiesto en el pasado el gran desafío que plantea para Israel la existencia de la CPI de La Haya.
Es así como, en noviembre del 2012, al concederle la Asamblea General de Naciones Unidas la calidad de «Estado No Miembro Observador» a Palestina (con una votación en la que únicamente votaron en contra 9 Estados, a saber: Canadá, Estados Unidos, Islas Marshall, Israel, Nauru, Palau, Panamá y República Checa), Reino Unido optó por la abstención.
No obstante Reino Unido había anunciado que votaría a favor, pero siempre y cuando Palestina le diera seguridades de no acudir a la CPI:
«The U.K. suggested that it might vote “yes” if the Palestinian Authority offered assurances that it wouldn’t pursue charges in the International Criminal Court, but apparently came away unsatisfied» (véase nota de prensa de noviembre del 2012 de The Washington Post, un medio cuyos corresponsales son usualmente bien informados).
Esta profunda preocupación con relación a la justicia penal internacional recuerda otra infidencia diplomática previa al 2012, y dada a conocer esta vez por el portal de Wikileaks: con relación a la mortífera ofensiva militar israelí en Gaza del 2009 (Nota 1), se leyó que, durante una conversación con diplomáticos norteamericanos (véase cable del 23 de febrero del 2010 de la Embajada norteamericana en Tel Aviv), la siguiente confidencia fue externada por parte del Coronel Liron Libman en el año 2010:
“Libman noted that the ICC was the most dangerous issue for Israel and wondered whether the U.S. could simply state publicly its position that the ICC has no jurisdiction over Israel regarding the Gaza operation”.
El Coronel Liron Libman, alto funcionario israelí, era (y probablemente sigue siendo en este mes de septiembre del 2024) un gran conocedor de las reglas que imperan en el derecho internacional: en efecto, ostentó durante muchos años el cargo de Jefe del Departamento de Derecho Internacional del Ejército de Israel (IDF).
Las conclusiones del Fiscal en breve
En un extenso documento de 49 páginas (véase texto completo), el Fiscal de la CPI rechaza varias opiniones enviadas por algunos Estados y entidades a la CPI sobre algunas supuestas limitaciones que derivaría para la CPI de los acuerdos de Oslo, y concluye que:
«113. In addition to being manifestly out of time, Israel’s letter neither mentions article 18 nor satisfies the legal requirements of a deferral request under article 18. Merely asserting the capacity of the Israeli justice system and that some investigations are ongoing is not sufficient. The requesting State bears the burden of proof and must demonstrate that its proceedings sufficiently mirror the scope of the Prosecution’s intended investigation.It must provide information of a sufficient degree of specificity and probative value to demonstrate an advancing process of relevant domestic investigations or prosecutions, including patterns of criminality and high-ranking officials. Israel did not provide any such material that would meet this burden. Nor, as outlined above, does any such information appear to exist.
RELIEF REQUESTED
114. The Prosecution respectfully requests the Pre-Trial Chamber to:
– dismiss in limine the observations unrelated to the Oslo Accords; and
– urgently render its decisions under article 58, on the basis of the Prosecution’s Applications, these submissions, and the Article 19(3) Decision«.
En la parte inicial de su opinión, se lee que para el Fiscal de la CPI, los argumentos según los cuales Israel ha procedido a investigar las exacciones de sus fuerzas militares en Gaza no son de recibo:
» 8.(…)As the Prosecution has concluded, and as is evident from the public record, there are no domestic proceedings at present which deal with substantially the same conduct and the same persons as the cases presented to the Chamber pursuant to article 58 of the Statute. There is no information indicating that Benjamin NETANYAHU or Yoav GALLANT, Israel’s Prime Minister and Minister of Defence, respectively, are being criminally investigated or prosecuted, and indeed the core allegations against them have simply been rejected by Israeli authorities«.
En otra parte de su escrito, se indica que para el Fiscal de la CPI:
«93. In any case, and additionally, the available information does not show that Israel is investigating substantially the same conduct as the ICC. For instance, the information available does not suggest that the above inquiries relate to the conduct underlying the war crime of starvation and/or related crimes. Likewise, the available information does not suggest any inquiry into patterns of criminality, or the potential responsibility of high-ranking officials, which may among other considerations signify the investigation of contextual elements of crimes against humanity. Indeed, significantly, on 28 May 2024 the MAG categorically rejected the commission of these crimes without any indication or implication that such conclusions resulted from a full and rigorous investigation, or indeed any investigation at all».
Breve contexto procesal
De esta manera, el plazo otorgado por la Sala de lo Preliminar de la CPI para la recepción de opiniones legales llega a su fin, debiendo ahora la Sala de lo Preliminar tomar una decisión definitiva sobre la solicitud de arresto que recibió desde el 20 de mayo del 2024 por parte del mismo Fiscal de la CPI.
Este plazo adicional de tiempo se debe a una maniobra inicial del Reino Unido de carácter dilatorio registrada en junio del 2024, que abrió un compás de espera para que los jueces de la CPI recibieran opiniones jurídicas variadas enviadas por Estados, organizaciones internacionales, ONGs y académicos. En razón del resultado de las elecciones en el Reino Unido del 4 de julio del 2024, sus nuevas autoridades consideraron innecesario continuar la gestión, y no remitieron ninguna opinión jurídica a la CPI en nombre del Reino Unido.
Con relación a América Latina, habíamos tenido la oportunidad de referir a las opiniones jurídicas enviadas por Estados de América Latina a la CPI en una notaanterior editada el 6 de agosto del 2024, y titulada «América Latina ante el drama en Gaza: a propósito de las observaciones enviadas por Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México a la Corte Penal Internacional (CPI)«.
Si algunos de nuestros estimables lectores no encuentran enlistado a su país de origen, es muy válida la interrogante sobre el punto de saber a qué puede estar obedeciendo semejante omisión e inacción por parte de sus autoridades nacionales. Hacemos a un lado el caso particular de nuestros lectores argentinos, como se explicará a continuación.
En el caso específico de Ecuador, el reciente acuerdo con Israel (abril del 2024) denota un acercamiento – bastante insólito – de un Estado de América Latina con las actuales autoridades de Israel (véanse comunicado oficial de Ecuador y nota de prensa de El Telégrafo, de abril del 2024).
En el caso de Paraguay, un reciente anuncio oficial sobre la idea de trasladar nuevamente su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén evidencia la estrecha relación de sus actuales autoridades con las de Israel (véase nota de MercoPress de julio del 2024). En mayo del 2024, se registró un aumento considerable de exportaciones de carne paraguaya a Israel (véase nota de ValorAgro). Resulta oportuno recordar que en mayo del 2018, Paraguay anunció trasladar a Jerusalén su Embajada (véase comunicado oficial del 9 de mayo del 2018), decisión revertida unos meses después por las nuevas autoridades guaraníes electas (Nota 2).
Es de señalar que la comunicación remitida por Colombia a la CPI fue acompañada por las de España (véase documento), Irlanda (véase documento), así como de Noruega (véase documento completo) así como por una opinión jurídica conjunta presentada por Chile y México (véase texto). Se trata de documentos que apuntan en la misma dirección, como la remitida por Palestina (véase documento): la justicia penal internacional está jurídicamente plenamente habilitada para aplicarse en el territorio palestino ocupado, sin limitación de algún tipo y ya es hora de que se materialize mediante la emisión de las órdenes de arresto solicitadas.
Como dato de interés, pasado por alto en los pocos artículos de prensa y de comentarios firmados por analistas, editorialistas y especialistas, Israel optó por no remitir ninguna opinión escrita a la CPI.
También cabe mencionar la opinión jurídica remitida a la CPI por los 30 expertos de derechos humanos de Naciones Unidas que enviaron una opinión conjunta a los jueces de la CPI (véase documento, cuya lectura completa y relectura se recomiendan), y que concluyen señalando de manera enfática que:
«23.The Mandate Holders recognize the Court’s role in ensuring international justice as a critical component of preserving international order through the protection of the interests of victims of international crimes. People around the world, especially youth, advocating for the application of international law, are watching closely, hoping the promises of international peace are not devoid of meaning.
In light of the expert opinions shared in this document, the Mandate Holders urge the Court not to further delay the delivery of justice in the occupied Palestinian territory, through the prosecution of alleged criminals. The significant effects of this failure would be felt far beyond the tormented land of Palestine».
Pese a no haber continuado la gestión iniciada por las autoridades del Reino Unido en junio del 2024, el carácter dilatorio de la maniobra británica explica que desde la solicitud de emisión de órdenes de arresto con fecha del 20 de mayo por parte del Fiscal, la CPI todavía esté analizando dicha solicitud.
El plazo de tiempo puede ser comparado con la órden de arresto contra dos altos funcionarios en Rusia (incluyendo a su Presidente) emitida por una Sala de lo Preliminar de la CPI el 17 de marzo del 2023 (véase comunicado oficial de la CPI), precedida por una solicitud del Fiscal con fecha del 22 de febrero del 2023.
El caso particular de Estados Unidos
Alegando una supuesta limitación a la jurisdicción de la CPI, Israel ha podido contar con un documento oficial remitido por Estados Unidos (véase documento). La particularidad consiste en que este documento proviene de un Estado que no es Estado Parte al Estatuto de Roma de 1998 que crea la CPI.
También remitieron un documento que intenta restringir la jurisdicción penal internacional en Gaza de la CPI los siguientes Estados europeos, que sí son Estados Partes al Estatuto de Roma: Alemania (véase documento), Hungría (véase documento) así como la República Checa (véasedocumento).
Esta vez, no remitieron ninguna opinión favorable a Israel a los jueces de la CPI Estados que, usualmente, son muy solícitos cuando se trata de Israel y de la justicia penal internacional: Australia, Austria, Canadá, Guatemala, Uganda y Reino Unido así como algunas de las islas del Pacífico (Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau y Papúa Nueva Guinea). Se trata de un pequeño grupo de Estados que usualmente aparece votando con Israel y con Estados Unidos en Naciones Unidas y que tampoco apareció en diciembre del 2023 al votarse una resolución en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino: véase resolución A/Res/78/192), que registró 172 votos a favor, 10 abstenciones y únicamente 4 votos en contra (Estados Unidos, Israel, Micronesia y Nauru).
Los párrafos 16-26 del escrito remitido por Estados Unidos (véase documento) constituyen un intento – bastante burdo – para desacreditar la solicitud del Fiscal de la CPI con base en una interpretación de las disposiciones del Estatuto de Roma al que Estados Unidos… no es Estado Parte.
Un Estado no Parte a un instrumento internacional emblemático como el Estatuto de Roma… ¿explicando cómo se deben de interpretar sus disposiciones a los jueces de la CPI? ¿Cómo así? Como se lee.
La profunda soledad de Argentina
Por parte de América Latina, como gesto notorio en apoyo a las tesis jurídicas favorables a Israel sobre una supuesta limitación a la jurisdicción de la CPI derivada de los acuerdos de Oslo de 1993, encontramos el único escrito remitido por Argentina (véase documento): como detalle de cierto interés, el documento viene firmado por la titular de la diplomacia argentina, a diferencia de los demás escritos remitidos por Estados a la CPI, firmados ya sea por un funcionario diplomático subalterno de relevancia relativa (caso de Alemania, Estados Unidos, Hungría, Irlanda, Noruega, República Checa), por el Chargé d´Affaires de turno en la legación diplomática en La Haya (Colombia, Brasil) o bien por el representante diplomático en La Haya: es el caso de Bolivia, España, así como del documento suscrito conjuntamente por Chile y México (véase texto).
En el caso de República del Congo, el texto remitido viene también firmado por un ministro: el Ministro de Justicia.
Sería de interés conocer las razones exactas por las que la diplomacia argentina y la congolesa optaron por enviar un documento de esta naturaleza firmado de puño y letra por un funcionario con rango de ministro.
Con relación al «aporte» de Argentina en favor de las tesis jurídicas favorables a Israel en este mes de agosto del 2024 (véase documento), es de notar que, en el marco de un ejercicio similar, fue Brasil en el 2020 el que explicó que la CPI no podía ejercer su jurisdicción con relación a las exacciones cometidas por Israel en el territorio palestino ocupado (véase el documento suscrito por un funcionario subalterno): una «coïncidencia» entre el Brasil de Bolsonaro y la actual Argentina de Milei que merece ser destacada.
Cabe precisar que recientemente en Brasil se descubrió la existencia de una «nube» electrónica albergada en Israel con los datos personales de más de 30.000 brasileños (véase nota de prensa de Página12 de enero del 2024): al parecer, el programa Pegasus y otros programas informáticos que Israel ha obsequiado a los Estados árabes que aceptaron normalizar sus relaciones en el marco de los denominados «Acuerdos de Abraham» del 2020 (y que permiten espiar y vigilar conversaciones de opositores políticos) – véase artículo del New York Times del 2022 y véase nota del MERP del 2023 – también fue obsequiado al Brasil del Presidente Jair Bolsonaro. Desde una perspectiva de derechos humanos, esteinforme de la ONG Amnistía Internacional analiza el riesgo que significa, para opositores políticos, sindicalistas, periodistas críticos y activistas en general u organizaciones sociales, el programa Pegasus. En el 2022, la misma ONG norteamericana Human Rights Watch denunció que su personal fue objeto de vigilancia recurriendo a este programa informático israelí (véase nota).
Volviendo a la CPI, en aquella ocasión (2020), la argumentación jurídica de Brasil, al igual que la de Alemania, Austria, Hungría, República Checa y Uganda fue rechazada por la Sala de lo Preliminar en una histórica decisión del 5 de febrero del 2021, que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento (Nota 3).
En este mes de agosto del 2024, Argentina es el único Estado de América Latina en haber hecho llegar a la CPI un escrito para intentar favorecer a Israel ante los jueces de la CPI.
No está demás señalar que al votarse en la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución en mayo del 2024 sobre los derechos de Palestina como futuro Estado Miembro de Naciones Unidas, Argentina volvió a «destacarse» en América Latina al ser el único Estado de la región en votar en contra, conjuntamente con 8 Estados más: Estados Unidos, Hungría, Israel, Micronesia, Nauru, Palau, Papúa Nueva Guinea y República Checa (véase al respecto nuestra nota titulada» Palestina: a propósito de la reciente resolución sobre derechos de Palestina como futuro Estado Miembro de Naciones Unidas» editada el 10 de mayo del 2024).
En junio del 2024, la jefa de la diplomacia de Argentina informó que se «avanza» para proceder al traslado de la embajada de Argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén (véase nota del 24 de junio del 2024 de LaPolíticaOnLine).
CPI e Israel: una vigilancia extrema
Nótese que en mayo del 2024 un grupo de periodistas en Israel dió a conocer un programa específico de escuchas e intercepción de los servicios de inteligencia israelíes dedicado únicamente al personal de la CPI y al contenido de sus computadoras: el artículo titulado «Surveillance and interference: Israel covert war on the ICC exposed» publicado por el medio Magazine+972 el 28 de mayo del 2024 constituye un reportaje de lectura muy recomendada, en el que se puede saber cómo desde casi 10 años Israel ha estado vigilando constantemente a la CPI y a su personal.
Entre otros detalles, se lee que:
«The former prosecutor was far from the only target. Dozens of other international officials related to the probe were similarly surveilled. One of the sources said there was a large whiteboard with the names of around 60 people who were under surveillance — half of them Palestinians and half from other countries, including UN officials and ICC personnel in The Hague».
También se indica que por cada caso llevado a conocimiento de la CPI «interceptado«, Israel preparaba información detallada en aras de hacer valer sus propias investigaciones internas llevadas a cabo, todo ello en aras de poder invocar ante el Fiscal y los jueces de la CPI el principio de complementariedad:
«If materials were transferred to the ICC, it had to be understood exactly what they were, to ensure that the IDF investigated them independently and sufficiently so that they could claim complementarity,” one of the sources explained. “The claim of complementarity was very, very significant”.
Ante la reprobación general y la falta de transparencia de las mismas autoridades de los Países Bajos (véase nota de The Guardian del 31 de mayo del 2024 informando de una iniciativa de un legislador), finalmente, las autoridades de los Países Bajos convocaron a los representantes de Israel en la capital holandesa para solicitarles aclaraciones y manifestarles su profunda indignación ante semejante actuar (véase nota de The Guardian, del 24 de junio del 2024): este programa de escuchas e intercepciones israelí viola las reglas más elementales que protegen a las organizaciones internacionales y a sus funcionarios, vigentes en el ordenamiento jurídico internacional.
A modo de conclusión
Pese a la gravedad de las revelaciones hechas desde Israel por periodistas israelíes extremadamente bien informados que también dieron a conocer la existencia del programa de inteligencia artificial «Lavender» utilizado en Gaza desde el 7 de octubre (Nota 4), el tiempo tomado por las autoridades de los Países Bajos para proceder a convocar a los diplomáticos de Israel evidencia algún tipo de resistencia en el seno de su aparato estatal.
Por lo pronto, finalizado el plazo de recepción de opiniones jurídicas, son los tres jueces de la Sala de lo Preliminar de la CPI los que deberán anunciar en las próximas semanas su decisión final con respecto a la solicitud hecha el 20 de mayo por parte del Fiscal de la CPI, con relación a dos altas autoridades en Israel (su Primer Ministro y su Ministro de Defensa) y a tres dirigentes del Hamás (de los cuales uno fue asesinado en Teherán por Israel el pasado 31 de julio).
Nótese que este 31 de agosto, el Primer ministro de Senegal no dudo en afirmar públicamente que:
«Nous avons un Premier ministre (israélien) dont le pouvoir dépend de cette guerre, (dont) la survie politique dépend de cette guerre, et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester Premier ministre et pour ne pas faire face à la justice de son pays» (véase nota del medio francés 20minutes del 31 de agosto).
––Notas––
Nota 1: La ofensiva militar de Israel en Gaza realizada entre el 28 de diciembre del 2008 y el 17 de enero del 2009 (véase enlace al informe de Naciones Unidas) se terminó con el siguiente saldo: 13 personas oriundas de Israel fallecidas a comparar con las más de 1400 personas palestinas de Gaza fallecidas: véase la sección «casualties» en los párrafos 352-364 del informe detallado.
Nota 2: Sobre la decisión de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén por parte del Presidente Cartes en Paraguay en mayo del 2018, y luego la decisión del nuevo Presidente Mario Abdo Benitez de regresarla a Jerusalén unos meses después, véase nuestra nota: BOEGLIN N., » La valiente decisión de Paraguay de restablecer su Embajada en Tel Aviv: una breve puesta en perspectiva«, editada el 11 de septiembre del 2018.
Nota 3: Véase nuestra notaBOEGLIN N., «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, editada el 5 de febrero del 2021.
Nota 4: Este mismo grupo de periodistas de investigación israelíes dieron a conocer al mundo la existencia del programa de inteligencia artificial «Lavender» mediante el cual Israel procede a escoger a las personas que elimina en Gaza: véase artículo publicado el 3 de abril del 2024 en el medio digital Magazine +972, titulado » ‘Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza«, cuya lectura completa se recomienda. En Francia, la ONG denominada AURDIP tuvo la generosa idea de traducir este artículo al francés, cuyop texto está disponible en este enlace.
