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Autor: María José Ferlini Cartín

Pacto por la Educación Pública suma compromiso de siete candidaturas presidenciales

Escrito en . Publicado en Elecciones.

En el marco del Primer Congreso Nacional por la Educación Pública, realizado el 20 de enero de 2026 en Santo Domingo de Heredia, fue presentada oficialmente la Declaratoria del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica, como resultado de un proceso amplio de diálogo social iniciado en 2022, orientado a construir acuerdos nacionales frente a la profunda crisis que atraviesa el sistema educativo.

La actividad reunió a cerca de 500 personas provenientes de organizaciones sociales, sectores educativos, comunidades territoriales, universidades públicas, movimientos estudiantiles, sindicatos, partidos políticos, diputaciones y ciudadanía diversa, en un espacio plural que buscó colocar la educación pública como prioridad nacional, más allá de diferencias políticas o sectoriales.

Uno de los momentos más simbólicos del Congreso fue la lectura pública de la Declaratoria en la voz de un niño de quinto grado, gesto que subrayó el carácter intergeneracional del Pacto y reafirmó a la niñez como sujeto central de derechos, así como la responsabilidad colectiva de proteger el futuro educativo del país.

Durante la jornada se dio a conocer el Pacto Nacional de Compromisos con la Educación Pública, firmado por siete candidaturas presidenciales: Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social), Ariel Robles (Frente Amplio), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Claudio Alpízar (Esperanza Nacional), Jorge Borbón (PIN – en representación del candidato), Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda).

El Pacto permanece abierto para la eventual adhesión de otras fuerzas políticas y actores sociales, pero establece desde ya un marco público de compromisos verificables ante la ciudadanía.

La educación pública como derecho humano y deber indeclinable del Estado

El Pacto parte del reconocimiento de la educación pública como bien público, derecho humano fundamental y deber indeclinable del Estado, base del desarrollo humano, la democracia, la movilidad social y la soberanía nacional. En ese sentido, se plantea que la educación no puede ser tratada como una mercancía ni como un gasto prescindible, sino como una inversión estratégica para el país.

Entre los compromisos centrales destaca el avance progresivo hacia el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública, conforme al mandato constitucional, garantizando la no regresividad presupuestaria y priorizando áreas clave como la infraestructura educativa, la formación y dignificación docente, la permanencia estudiantil, los programas de equidad, la actualización pedagógica y la reducción de brechas territoriales y sociales.

Asimismo, el Pacto propone liberar la inversión educativa de los límites de la regla fiscal, reconociendo que la crisis del sistema educativo requiere medidas extraordinarias y sostenidas en el tiempo.

Calidad educativa, equidad y enfoque territorial

El documento plantea la construcción de una política educativa nacional como política pública de Estado, orientada al aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la alfabetización científica, tecnológica y digital, la formación para la ciudadanía democrática y el trabajo digno.

Se enfatiza la necesidad de un enfoque territorial, que reconozca las realidades culturales, sociales, económicas y geográficas de las distintas regiones del país, incluyendo zonas rurales, fronterizas, costeras e indígenas. En ese marco, se impulsa el fortalecimiento de la infraestructura física y la conectividad digital efectiva en todos los centros educativos públicos, así como el desarrollo de una Red Nacional de Conectividad Educativa como política estratégica.

El Pacto también establece compromisos específicos en materia de equidad y no discriminación, con el objetivo de erradicar cualquier forma de exclusión educativa por razones de pobreza, discapacidad, origen territorial, género, condición migratoria u otras circunstancias sociales.

Participación social, entornos seguros y rendición de cuentas

Otro eje central es la participación social como condición esencial para el fortalecimiento de la educación pública. El Pacto promueve estructuras permanentes de participación de estudiantes, personal docente y administrativo, familias, comunidades, universidades públicas y otros actores, tanto en el diseño como en el seguimiento y evaluación de las políticas educativas.

Se incorporan además compromisos para garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y libres de violencia, con un enfoque preventivo, integral y de derechos humanos, en respuesta al contexto nacional de inseguridad y a las múltiples formas de violencia que afectan a la niñez y la adolescencia.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, el Pacto establece la obligación de someter la gestión de los recursos públicos destinados a educación a sistemas de información abiertos, auditorías técnicas y financieras, y mecanismos de fiscalización social y ciudadana.

Prioridad nacional y compromiso político verificable

El documento propone que, durante el primer año del próximo gobierno, se impulse la suscripción de un Pacto Nacional por la Educación Pública con la participación de fuerzas políticas, sociales, académicas, económicas y territoriales, y que la educación pública sea declarada prioridad nacional en situación de crisis dentro de los primeros cien días de gobierno.

El compromiso asumido tiene carácter de obligación política pública ante la ciudadanía, debe ser verificable mediante indicadores, presupuestos y resultados, y se plantea como criterio de evaluación democrática del ejercicio gubernamental, vinculando directamente a la persona que asuma el Ministerio de Educación Pública a partir de mayo de 2026.

Las organizaciones convocantes señalaron que el Pacto se sustenta en evidencia reciente sobre el deterioro del sistema educativo, documentado en informes nacionales, y constituye una hoja de ruta colectiva para revertir la peor crisis educativa de las últimas décadas y fortalecer la educación pública como pilar de la democracia costarricense.

📄 El texto completo del Pacto por la Educación Pública con firmas puede descargarse desde SURCOS en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/PACTO.pdf

No pasa un día

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

José Luis Callaci.

José Luis Callaci

No pasa un día en el que no sepamos de gente que repite como cacatúa los contenidos de una propaganda occidental controlada por ese poder neocolonial que aún sobrevive, cargado de falsedades y mentiras, a pesar de los grandes cambios que generan esperanza y avizoran la construcción de un mundo de equilibrios que acabe con los dominios imperiales.

El que ha conducido a una especie de lógica perversa y siniestra que provoca confusión y hasta enajenación, y un mundo ficticio de ignorancia y acentuados miedos tan bien descritos en la obra 1984 de George Orwell.

Baste citar solo un ejemplo: se ha logrado vender a diestra y siniestra que todo lo malo que haya pasado, pase o vuelva a pasar será siempre culpa de los “malos” o sea de los rusos. Sin llegar a esos extremos pesimismos que mueven a la inmovilidad y la permisibilidad, suelen resultar vanos los esfuerzos en hacer ver la realidad de los hechos o utilizando argumentos irrebatibles para deducir dónde está la verdad y dónde está la mentira.

Tal es el grado de deterioro cognitivo que no resiste un análisis de carácter serio, social y político.

La explicación o interpretación tal vez esté o la encontremos en lo que algunos consideran podría tratarse de extravíos mentales relacionados con esa reconocida patología conocida como fobia. Algo sumamente grave cuando ocurre entre humanos y específicamente contra la idiosincrasia, las costumbres, la cultura, las creencias o las mismas etnias, de algún pueblo que habita en este hogar común, nuestro planeta.

El de todos.

Es algo que adormece aquello que tan bien describieron los filosos griegos, los que los sucedieron y en general los grandes precursores del racionalismo, que no solo pone en juego la sana convivencia entre naciones y pueblos y esa paz mundial que de romperse amenaza hoy con la propia destrucción de la especie humana. Pero esa lucha histórica y sin fin continuará para que esa verdad se imponga.

La que nunca se dará por vencida, ni aun sintiéndose vencida, hasta destruir las mentiras vestidas de verdad.

Entre tibiezas y olvidos: así enfocan planes de gobierno temas de migración y género

Escrito en . Publicado en Elecciones.

UNA. Desde problemas conceptuales, hasta aproximaciones muy superficiales e incluso olvidos absolutos: así transitan las propuestas relacionadas con políticas hacia la población migrante y al enfoque de género, en los planes de gobierno de los cuatro partidos políticos que encabezan las preferencias de voto.

Así lo valoraron Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) y quien ha estudiado el fenómeno migratorio en los últimos 25 años y Larissa Arroyo, abogada especialista en género y derechos humanos, y académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM).

El tercer programa Praxis Electoral, de la Escuela de Filosofía de la UNA, se adentró en estos dos temas y analizó las propuestas de los partidos Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Frente Amplio (FA).

Migración

Guillermo Acuña inició su valoración del tema migratorio bajo un contexto internacional que no es el idóneo. Calificó como un “proceso de tensión” las políticas implementadas por el mandatario Donald Trump en Estados Unidos, y que han desembocado en una resistencia civil tras el asesinato de una mujer en el estado de Minnesota, por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En Costa Rica, el fenómeno migratorio también ha mutado: existe migración en tránsito y aquella más vinculada hacia la expulsión de nacionales producto de la pobreza y la exclusión, en regiones específicas del país como la zona sur y el occidente. Bajo este entorno, el académico señaló que las propuestas políticas han optado por dos enfoques: la del control y la seguridad y la de integración.

Esta última, que es más garantista en temas de derechos humanos, predomina en las visiones de la CAC y del FA.

Para el caso del partido frenteamplista, Acuña afirma que es la agrupación que realizó un diagnóstico más certero “donde incluye acciones para fortalecer la institucionalidad y el trabajo en territorios”.

En el caso del CAC no visualiza tanta fortaleza en el programa de gobierno, al determinar que el tema se trata de manera tangencial y diluida a lo largo de su propuesta, sin que ocupe un espacio unificado.

Para el caso del oficialista PPSO, la visión se acerca más hacia ese enfoque de control y seguridad y a fortalecer los centros de detención. Acuña ve un alineamiento de esta visión con el apoyo que tuvo en el actual gobierno el traslado de personas migrantes desde Estados Unidos y su reclusión en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), en la zona sur del país, donde incluso la Defensoría de los Habitantes denunció faltas y agravios a los derechos de estas personas.

Sin embargo, una coincidencia no positiva de estos tres partidos es la ausencia de una visión de la persona migrante con autonomía y subjetividad, y, por el contrario, la orientación programática tiende a ser más vertical.

La otra cara de la moneda, en cuanto a la formulación de propuestas en esta materia, la representa el PLN, cuyo plan de gobierno no incluye una sola mención al tema migratorio, denunció el vicedecano de Ciencias Sociales.

Género

El análisis del tema de género y los derechos de las mujeres debe pasar por una premisa fundamental, de acuerdo con Larissa Arroyo: el Estado costarricense está en la obligación de tomar las acciones pertinentes para reducir las brechas de desigualdad y discriminación, en acatamiento de lo dispuesto por convenciones internacionales como Belém do Parà y la de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Estos mismos organismos han señalado la necesidad de que las soluciones se aborden desde la interseccionalidad; es decir, considerando los derechos de poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y de la diversidad sexual, entre otros.

Bajo estos preceptos, la especialista ve propuestas más integrales en los planes del FA y la CAC, aunque sí enfatizó en que deben existir concreciones puntuales por medio de acciones afirmativas, que beneficien a los grupos poblacionales más excluidos.

En el caso del FA sí se hace referencia a las distintas manifestaciones de violencia que sufren las mujeres, mientras que, en el caso de la Coalición, se hace mención a los organismos internacionales y la responsabilidad estatal que eso conlleva.

En el PPSO, el plan de gobierno del partido que defiende la continuidad se enfoca más en el asistencialismo, con un énfasis en lo económico y laboral, más allá de lo estructural o en los derechos.

Al igual que en el ámbito de lo migratorio, el PLN resalta por la debilidad de sus propuestas. “Se quedan en la epidermis. Es un partido que no muestra con claridad cuál es su postura”, indicó Arroyo.

En cuanto al análisis de cuán factibles pueden ser las soluciones que plantean estos partidos, la académica del IEM señaló que pasa mucho por el contenido presupuestario, aunque indicó que esto no debe ser excusa para que un Estado garantice derechos vulnerados a la luz de lo que dictan los organismos internacionales. También debe existir mayor rendición de cuentas y transparencia.

En cuanto a migración, Guillermo Acuña también apuntó a la necesidad de asegurar los costos de regularización migratoria y un uso más transparente del Fondo Social Migratorio, que se nutre de los ingresos provenientes de los trámites que deben cumplir en el país las personas que realizan solicitudes de asilo.

El programa completo de este Praxis Electoral puede verlo desde el canal de YouTube de la Escuela de Filosofía: https://www.youtube.com/watch?v=z7vark5Qrkg

El cuarto episodio de este especial electoral se llevará a cabo el jueves 22 de enero a las 12 p.m. sobre los temas de política exterior y economía. Participarán los académicos Carlos Cascante, de la Escuela de Relaciones Internacionales, y María Leonela Artavia, de la Escuela de Economía de la UNA.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional

El agro en los programas de gobierno: la pertinencia de los objetivos y propuestas de política frente al deterioro de la actividad agropecuaria nacional

Escrito en . Publicado en Elecciones.

German Masís

Los programas de gobierno de los partidos con mayores posibilidades de triunfar en las elecciones del 1 de febrero y de gobernar en el período 2026-2030, incluyen propuestas de política para el desarrollo del sector agropecuario, la pesca y el desarrollo rural, asignando un papel determinado a este sector en el desarrollo económico del país, a partir de la argumentación sobre el lugar que le asignan a este sector en el modelo de desarrollo económico vigente y de propuestas particulares que procuran fortalecerlo como sector estratégico o simplemente que mantenga la dinámica que ha tenido en los últimos años, de actividad secundaria a la que se destinan pocos recursos.

En este ejercicio, de valoración y balance del papel del agro en los programas de gobierno, es importante establecer si hace referencia a la situación y problemática actual del sector, la existencia o ausencia objetivos estratégicos hacia este sector, la coherencia e integralidad de las propuestas de cada uno, en términos del apoyo equilibrado a los sectores de la agroexportación y de la producción para el mercado interno, el interés por rescatar y fortalecer la institucionalidad y de ampliar los recursos técnicos y financieros a la actividad agropecuaria, el compromiso por reivindicar la pequeña producción familiar y por mejorar la seguridad y soberanía alimentaria del país y el desarrollo rural de las diferentes regiones.

El planteamiento sobre Agro, Ganadería y Pesquería, de la Coalición Agenda Ciudadana, se incluye en el capítulo 4 Desarrollo justo: economía al servicio de la vida, que plantea una serie de propuestas para el desarrollo de esas actividades, entre las principales están:

– Procesos de modernización de la cadena productiva,
– Modernización de la institucionalidad de fomento agropecuario,
– Promoción del Valor agregado a los productos agropecuarios,
– Acompañamiento al sector agroexportador,
– Créditos accesibles al sector agrícola,
– Innovación de mercados agrícolas,
– Economía circular en el sector agro,
– Respaldo a la producción nacional para evitar importaciones masivas de productos,
– Agricultura climáticamente inteligente,
– Sistema Nacional de Identificación y Trazabilidad Bovina y
– Plan de ordenamiento espacial marino

La propuesta de la Coalición hacia el agro aborda la mayoría de los temas importantes para el desarrollo del sector, la modernización productiva, comercial y de la institucionalidad, el valor agregado, el desarrollo tecnológico, el crédito, el apoyo sector exportador, la ganadería y la pesca y la reducción de las importaciones, sin embargo, no profundiza en el tema de la agricultura sostenible, de la adaptación del cambio climático y en el apoyo a la agricultura familiar. Tampoco desarrolla una argumentación introductora sobre la problemática actual del agro, ni plantea objetivos estratégicos en las propuestas apuntadas.

El planteamiento de Liberación Nacional hacia el agro en su programa de gobierno “Una democracia que resuelve”, se denomina Motor Agroalimentario, se encuentra dentro de los ejes centrales de Desarrollo Nacional, Inclusión y Estabilidad y entre sus propuestas principales se encuentran:

– inversión que transforme el campo
– reconstrucción de la institucionalidad agroalimentaria
– zonas productivas especializadas
– incubación de negocios en finca
– fomento de la producción sostenible
– fortalecimiento de la resiliencia climática
– priorización de la seguridad alimentaria
– fomento de la diversificación y sostenibilidad rural
– transformación hacia agricultura más tecnológica
– desarrollo del potencial de nuestro mares

En el planteamiento de Liberación Nacional, es importante el reconocimiento del agro como motor del desarrollo, aunque sería valioso señalar que se trata de dos motores, la agroexportación y la producción para el mercado interno que debieran funcionar de manera equilibrada, entre las propuestas se destaca el interés de la reconstrucción de la institucionalidad desmantelada desde hace varias décadas, el fomento de la producción sostenible, la priorización de la seguridad alimentaria y el fomento del desarrollo y la sostenibilidad rural, también la propuesta de las zonas productivas especializadas y el fortalecimiento de la resiliencia climática. Se echa un poco de menos, la ausencia de propuestas en la agregación de valor, le crédito y los seguros agrícolas, así como la asistencia a la pequeña producción familiar y también a la exposición de objetivos estratégicos que articulen las propuestas presentadas.

Por su parte el planteamiento para el agro del Frente Amplio en su programa de gobierno: “Justicia, solidaridad y desarrollo: un país para su gente”, se encuentra en el apartado Políticas productivas agrícolas, soberanía y seguridad alimentaria y presenta los siguientes objetivos estratégicos:

– Impulsar la reforma y la modernización de las instituciones estatales y públicas para transformar el sistema productivo agropecuario actual: de un modelo de dependencia y vulnerabilidad a uno de resiliencia, sostenibilidad, soberanía y autonomía.
– Garantizar que la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) sean reconocidas como derechos humanos con rango constitucional.
– Enfocar los mecanismos financieros y comerciales, así como los subsidios en el sector interno agropecuario y de pesca, para asegurar su espacio en el mercado nacional e internacional.
– Implementar programas de educación, capacitación e investigación para fortalecer el conocimiento en SAN y soberanía alimentaria.
– Apoyar la dignificación de las personas que se dedican al sector productivo primario para que se garanticen todos sus derechos humanos.

El planteamiento incluye propuestas específicas para gobernar y propuesta para legislar, entre las primeras están:

– crear la agencia de exportación nacional
– impulsar las exportaciones de las mipymes
– transformar el CNP en un ente impulsor de la actividad productiva
– aumentar la inversión en investigación,innovación y desarrollo
– crear la Coalición de la producción nacional
– promover el sistema cooperativo como herramienta de desarrollo
– intervenir el programa de abastecimiento institucional (PAI)
– Fortalecer el INCOPESCA.

El planteamiento del Frente Amplio para el desarrollo del agro, parte de una buena argumentación sobre el papel de la actividad agropecuaria en el modelo de desarrollo económico costarricense, la problemática y las limitaciones de equidad e inclusión de este modelo, es muy pertinente la incorporación de objetivos estratégicos para reposicionar al agro hacia un modelo de sostenibilidad, resiliencia y autonomía, en donde la dignificación del agricultor, la seguridad y soberanía alimentaria son propósitos central, así el apoyo en mecanismos comerciales, financieros y hasta de subsidios es fundamental para la permanencia de los agricultores y sus familias. Es también relevante, la introducción de propuestas para gobernar y para legislar, las segundas más precisas que las primeras, en las que haría falta una mayor especificidad, con respecto a la creación de entes como la agencia de exportación nacional, la coalición de la producción nacional, las exportaciones de mipymes y la afirmación del sistema cooperativo como herramienta de desarrollo, en tanto hay ausencia de propuestas específicas, para el fortalecimiento de la agricultura familiar y del mercado interno, del comercio agrícola, del acceso al crédito, a los seguros agrícolas y la agroindustria rural.

Mientras el planteamiento hacia el agro en el programa de gobierno del partido Pueblo Soberano “Más oportunidades un mismo rumbo”, se denomina el Sector agropecuario como motor de desarrollo, e incluye las siguientes propuestas:

– reducir los costos y aumentar la eficiencia de la institucionalidad
– fortalecer las labores de extensión agrícola del MAG
– impulsar la creación del programa De la tierra al negocio
– impulsar el programa de Agricultura de precisión y transferencia tecnológica
– crear el programa de mejora de la calidad de las semillas
– construcción del CENADA de la zona este en Cartago
– mejorar las condiciones de acceso al sistema de banca para el desarrollo
– facilitar el registro de nuevas moléculas de agroquímicos
– reestructuración del PAI del CNP
– fortalecer el PIMA como ente rector de las ferias
– potenciar la reconversión de actividad productivas agrícolas
– desarrollar incentivos para la transferencia de conocimiento de la academia al sector
– diversificar y aumentar los mercados de exportación
– potenciar la actividad del CORFOGA

Lo que propone el partido Pueblo Soberano para el sector agro, considerado como motor de desarrollo, un motor secundario en una economía de servicios y alta tecnología, que apunta claramente a la promoción de la modernización tecnológica, la eficiencia y el desarrollo de la empresariedad y el agronegocio, con las propuestas hacia la eficiencia de la institucionalidad, el programa de la tierra al negocio, la reconversión de las actividades productivas y el programa de agricultura de precisión. Dentro esa orientación, se rescata la construcción de otro Cenada, la reestructuración del PAI, del PIMA y de Corfoga, como propuestas concretas que pueden ser consideradas. Sin embargo, es posible establecer que éste planteamiento está muy ligado a la política agropecuaria ejecutada por el actual gobierno, que si bien el programa de gobierno no aportó una ubicación de la situación actual del sector, por el seguimiento que hemos venido dando a la política de ésta Administración, podemos afirmar que está alineada con la agricultura intensiva en capital y tecnología, la introducción de tecnologías de punta y la importación de alimentos, mencionada en artículos anteriores, como El SOS de la producción agroalimentaria, El Día del Agricultor en plena crisis de la agricultura y Mientras el agro se quema, el ministro juega a los drones.

El planteamiento para el agro del partido Unidad Social Cristiana, en su programa de gobierno Emparejar la cancha, se incluye como el apartado Agricultura y Desarrollo Rural, cuyos objetivos son:

Objetivo general: Dignificar y desarrollar la agricultura, fortaleciendo la competitividad del sector agropecuario y pesquero, priorizando la seguridad alimentaria y mejorando las condiciones de pequeños y medianos productores mediante políticas diferenciadas que impulsen el empleo rural y aumenten los ingresos de los agricultores. Los siguientes objetivos específicos:

– Fortalecer la institucionalidad y la gobernanza sectorial con rectoría efectiva del MAG,
– Emparejar la cancha, removiendo el sesgo anti
– agrícola, y simplificando trámites
– Desarrollar clústeres de biotecnología y agricultura tropical,
– Integrar el Programa Descubre dentro del sector agropecuario.
– Consolidar un sistema nacional de financiamiento y seguros,
– Regionalizar la institucionalidad agropecuaria,
– Desplegar infraestructura productiva y logística (riego, caminos, almacenamiento).
– Democratizar el acceso al agua, ejecutando el proyecto Agua para Guanacaste
– Impulsar el Programa Nacional de Asistencia Técnica, Innovación y Extensión
– Posicionar los productos agroalimentarios como la primera opción del mercado interno,
– Promover la modernización de las cadenas productivas y el impulso de la bioeconomía

Finalmente, el planteamiento del partido Unidad para el desarrollo de la agricultura y el Desarrollo rural, aporta una breve argumentación sobre la situación y problemática del sector agropecuario y propone un objetivo general, que recoge algunos propósitos pertinentes como la dignificación de la actividad agrícola, las políticas diferenciadas y la prioridad de la seguridad alimentaria. Igualmente propone algunos objetivos específicos como fortalecer y regionalizar la institucionalidad, consolidar un sistema de financiamiento y seguros agrícolas, el programa de asistencia técnica e innovación y desarrollar infraestructura productiva y más valioso aún es la conversión de esos objetivos en un conjunto de proyectos específicos para concretar las acciones mencionadas, como Fortalecimiento del Consejo Agropecuario nacional, el Fondo de Inversión en Agricultura, la Reactivación del FIDAGRO y fortalecimiento del papel del INDER, Las limitaciones o carencias del programa, apuntarían a la falta de una visión de agricultura sostenible, de acciones para enfrentar al cambio climático, la importancia de la agregación de valor y la asistencia en investigación y asistencia técnica que la reactivación de la agricultura familiar y la producción agroalimentaria para el mercado interno.

Calufa vive: militancia comunista, antimperialismo y lucha por la verdadera libertad del pueblo

Escrito en . Publicado en Cultura.

Partido Vanguardia Popular

Al conmemorarse el 117 aniversario del natalicio de Carlos Luis Fallas (1909-2026), el Partido Vanguardia Popular – PVP y la Juventud Vanguardista Costarricense – JVC, reivindicamos con orgullo y convicción revolucionaria el ejemplo vivo de su militancia comunista, de su coherencia ética y política, y de su entrega total a la causa de la clase trabajadora y de los pueblos oprimidos. Calufa no es una figura del pasado ni una postal folclórica de la historia nacional; es una presencia activa en cada lucha contra la explotación, en cada acto de resistencia frente al imperialismo norteamericano, en cada esfuerzo por construir una Costa Rica verdaderamente libre, soberana y justa.

La vida de Carlos Luis Fallas es la demostración concreta de que la conciencia de clase no nace en los salones, sino en el trabajo duro, en la pobreza, en la explotación cotidiana, en la organización colectiva y en la lucha sin concesiones. Su militancia comunista fue inseparable de su práctica revolucionaria, estuvo del lado de los obreros bananeros frente al saqueo de la United Fruit Company, del lado de los perseguidos frente a la represión estatal, del lado del pueblo cuando el poder económico y político pretendía imponer el silencio, el miedo y la resignación. Calufa encarnó al intelectual orgánico del proletariado, forjado en la experiencia directa de la explotación y en la convicción profunda de que solo la organización popular puede abrir camino a la emancipación.

En tiempos en que se pretende vaciar de contenido la palabra democracia y reducirla a un ritual electoral al servicio del capital, el ejemplo de Calufa nos recuerda que no hay verdadera democracia sin justicia social, sin soberanía nacional, sin control popular sobre la riqueza y sin ruptura con las cadenas del imperialismo. Su obra y su militancia denuncian, ayer como hoy, que la dependencia económica, la injerencia extranjera y el dominio de las transnacionales son incompatibles con la libertad real de los pueblos. Frente al discurso hipócrita del imperialismo norteamericano, que habla de derechos mientras impone guerras, saqueo, pobreza y miseria, Calufa nos lega una posición clara, dignidad, lucha y organización.

Desde el Partido Vanguardia Popular – PVP y la Juventud Vanguardista Costarricense – JVC afirmamos que honrar a Carlos Luis Fallas no es solo recordarlo, sino continuar su combate. Es asumir con optimismo revolucionario que el futuro pertenece a los pueblos que luchan, que Costa Rica no está condenada al neoliberalismo, a la desigualdad ni a la sumisión, y que es posible construir una patria al servicio de la clase trabajadora, en solidaridad con todos los pueblos oprimidos del mundo. Calufa vive en cada trabajador que se organiza, en cada joven que se rebela contra la injusticia, en cada voz que se alza contra el imperialismo y el capital. Su legado es una bandera en alto, y su ejemplo, una certeza histórica, la lucha continúa y la victoria será del pueblo.

Explorando estrategias para dialogar con Fresh Del Monte Produce Inc

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Oscar Beita y Madeline Kiser

Movimiento Ríos Vivos, Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)

Desde hace 2-3 años miembros del Movimiento Ríos Vivos hemos estado considerando estrategias para promover un diálogo abierto y transparente con la corporación Fresh Del Monte Produce Inc. (o PINDECO) sobre los verdaderos costos-beneficios sociales, económicos y ambientales de continuar produciendo piña en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. Después de más de cuatro décadas de producción industrial de este monocultivo en el país, sus secuelas son evidentes en la salud de los ecosistemas y las comunidades (1-9); en las intolerables condiciones laborales (10-21); en el debilitamiento progresivo de las instituciones del estado y de la sociedad civil (22-30); y en la creciente penetración de las redes internacionales de narcotráfico en regiones donde se cultiva la piña (31-34).

Los participantes en este debate interno han postulado dos estrategias diferentes pero complementarias que describimos a continuación. Se listan, además, acciones exploratorias que se han ejecutado para llamar la atención de los verdaderos propietarios de la corporación, del gobierno y de la comunidad internacional.

La primera estrategia buscaría informar y organizar a las comunidades directamente afectadas, y a la población en general, para generar mayor conciencia sobre la problemática y presionar, tanto a la corporación como a las instituciones responsables, con el fin de sentarse a dialogar. La convicción sobre la efectividad de esta estrategia se basa principalmente en la exitosa experiencia del Movimiento Ríos Vivos (MRV) organizando las comunidades de la zona sur (con apoyo de universidades, grupos ecologistas, ONGs, etc.), entre los años 2013 y 2019, para detener la construcción de 14 proyectos hidroeléctricos en ríos de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus.

La magnitud de las operaciones de Fresh Del Monte en el cantón de Buenos Aires, su influencia sobre los actores políticos e institucionales, su estructura organizacional corporativa, y sus más de 40 años de trayectoria en la zona sur y en el país, conllevan sin embargo un reto considerablemente mayor que el enfrentado por el MRV en el pasado. En contraste, por ejemplo, las compañías que propusieron los 14 proyectos hidroeléctricos en ríos de la zona sur eran empresas de capital nacional, como el Grupo H Solis (rio San Rafael), la Comercial Talamanca El General S.A. (rio Cañas) e Hidro Convento Energy S.A. (rio Convento). La mayoría de sus operaciones estaban ubicadas en Costa Rica. Sus propietarios eran personas conocidas, y hasta en algunos casos fue posible debatir con ellos/as directamente –como con Mélida Solís, presidenta del Grupo H Solis, que asistió personalmente a reuniones en San Rafael de Pérez Zeledón, donde la empresa pretendía construir una represa hidroeléctrica en el rio del mismo nombre.

Con Fresh Del Monte la situación es diferente: la compañía es en realidad una corporación (una entidad legal independiente, separada de sus dueños o accionistas), sus oficinas centrales están en el extranjero, sus operaciones están ubicadas en varios continentes, y sus representantes locales no son en realidad los dueños de la empresa.

Fuego de piñal en Cacao de Volcán.

Así mismo en la actualidad el país, la zona sur y los movimientos ambientales en particular, atraviesan una coyuntura compleja en la que sobresalen una serie de barreras que dificultan la organización social alrededor de causas comunes como la defensa de los ríos y la naturaleza. Entre las principales barreras a nivel país destacan la intensa polarización social generada por un profundo descontento con la política tradicional; el uso extensivo de plataformas digitales como fuentes de información, socialización y organización social; y la pobreza y desigualdad imperante en las zonas rurales, fronterizas y costeras. A nivel de la zona sur, destacan también la existencia de narrativas divergentes sobre el propósito de la naturaleza (conservación vs generación de empleo); la sensación de exclusión de los beneficios del modelo de desarrollo económico valle-centrista que impera en el país; el racismo y la discriminación contra los pueblos originarios, así como el conflicto persistente por la tenencia de la tierra en sus territorios; y finalmente la creciente penetración del narcotráfico. Como resultado de estas y otras barreras, en los últimos meses el MRV ha experimentado periodos de fragmentación, apatía, reducción de su membrecía y creciente dificultad para unir esfuerzos alrededor de proyectos que amenazan nuestros ríos.

La segunda estrategia en consideración busca organizar una campaña masiva de redacción de cartas, en colaboración con aliados internacionales, para presionar directamente a las instituciones financieras, los fondos de pensión y otros inversionistas que son los verdaderos dueños de Fresh Del Monte. Como parte de esta iniciativa también se continuaría visibilizando la problemática generada por la corporación –particularmente la captura corporativa de la subcuenca del rio Volcán por parte de Fresh Del Monte— en foros internacionales como la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas, la Cumbre de los Pueblos, la Semana Mundial del Agua, etc.

La convicción sobre la efectividad de esta estrategia para presionar a los dueños o accionistas de Fresh Del Monte surge del estudio de la naturaleza particular de las corporaciones que, como PINDECO, cotizan en la bolsa de valores. También del ejemplo de movimientos globales como “Stop the Money Pipeline” e “Insure Our Survival” que buscan detener el financiamiento de proyectos de extracción de petróleo, carbón y gas natural mediante la movilización de personas (para que retiren sus ahorros de instituciones que financian proyectos de combustibles fósiles), la incidencia política y regulatoria (para impulsar reformas como exigir la divulgación de los riesgos climáticos de las inversiones), la capacitación de accionistas (para que presionen colectivamente y le exijan a los bancos que se alineen con los objetivos climáticos), y el desarrollo de campañas en redes sociales para educar al público sobre la conexión entre la industria financiera y la crisis climática.

Entre los ejemplos exitosos de esta estrategia figura la cancelación del seguro de propiedad del proyecto Calcasieu Pass (exportación de gas natural licuado en Luisiana, Estados Unidos) por un monto de $1.5 billones de dólares y propiedad de la empresa GNL Venture Global. Una coalición de organizaciones locales e internacionales temerosas de que el proyecto agravara la grave contaminación, los daños a la salud y el impacto climático en la región presionaron con éxito al gigante global de seguros Chubb, y a otras aseguradoras, para que abandonaran el proyecto y no le extendieran el seguro de propiedad. Entre las tácticas utilizadas por la coalición figuran: a) presión personal mediante campañas de redacción de cartas a miembros de la junta directiva de las compañías de seguros y la corporación; b) interrupción de eventos públicos de gran visibilidad (por ejemplo, eventos deportivos patrocinados por las aseguradoras) para protestar; c) enfoque de racismo ambiental: campaña informativa destacando que muchas instalaciones de GNL Venture Global están ubicadas en comunidades pobres; y d) uso de leyes de información pública para revelar cuales empresas financian el proyecto.

Una corporación es un tipo de empresa que la ley considera como una entidad independiente pero que es propiedad de varios accionistas. Las corporaciones que cotizan en la bolsa de valores, como Fresh Del Monte, venden sus acciones (valores) al público en general, pero principalmente a bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones y compañía aseguradoras. La compra de estas acciones (stocks o shares) convierte a estas entidades financieras en los verdaderos propietarios de la empresa.

Las acciones de Fresh Del Monte actualmente se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange) bajo el código bursátil: FDP. A finales de 2024 el patrimonio neto (activos totales menos pasivos totales) de Fresh Del Monte era de ($1.54 billion) mil quinientos cuarenta millones de dólares, mientras que sus ingresos totales en ese año fueron de ($142.2 million) ciento cuarenta y dos millones doscientos mil dólares.

Los actuales propietarios de Fresh Del Monte son una combinación de inversionistas institucionales e individuales. El mayor accionista individual es el director ejecutivo, Mohammad Abu-Ghazaleh, quien junto con su familia es dueño del 10,59% de las acciones de la corporación. Entre los principales accionistas institucionales (fondos de inversión, bancos) figuran BlackRock, Inc. con más de 5,6 millones de acciones que corresponden al 11,25% del total de acciones; The Vanguard Group, Inc. es el segundo mayor accionista institucional con 4,8 millones de acciones que corresponden al 10,14% del total de acciones. Otros accionistas institucionales incluyen: Dimensional Fund Advisors LP (6,96% de las acciones); Wasatch Advisors LP; LSV Asset Management; American Century Investment Management Inc.; State Street Global Advisors, Inc.; DFA Australia Ltd; JPMorgan Chase & Co.; y Principal Financial Group Inc.

Además de los fondos de inversión (que invierten los ahorros de miles de personas e instituciones), entre los inversionistas institucionales destacan también los grandes fondos de pensión, quienes invierten las pensiones de miles de empleados públicos y privados de los Estados Unidos y otros países del norte global. Estos últimos, son dueños colectivamente de aproximadamente el 66,5% de las acciones de Fresh Del Monte. Entre los principales fondos de pensión se encuentran: California State Teachers Retirement System; Public Sector Pension Investment Board (Canada); Norges Bank (el Banco Central de Noruega, que administra el Fondo de Pensiones Global del Gobierno); Illinois Municipal Retirement Fund; y Teacher Retirement System of Texas.

Sedimento en quebrada La Maura, Volcán de Buenos Aires.

En apego a la segunda estrategia postulada, y con apoyo de coaliciones internacionales, miembros del MRV han sido parte de cuatro acciones diferentes buscando promover un dialogo abierto, transparente y compasivo con representantes de Fresh Del Monte. En primera instancia, hace 5 años, se envió una carta a representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania (GIZ) cuestionando su alianza con Fresh Del Monte que resultó en la “corporatización” de la gestión del agua en la subcuenca del rio Volcán. Seguidamente, en colaboración con Arado Comunicación Alternativa (SURCOS Digital) se realizó una presentación paralela en la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas 2023, enfatizando la urgente necesidad de cuestionar el rol del sector privado, particularmente las corporaciones, en el establecimiento de la política global del agua, y al nivel de la cuenca hidrográfica. En octubre del 2024, previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), movimientos ecologistas enviaron una carta a reconocidos líderes ambientales costarricenses en el extranjero cuestionando nuevamente el liderazgo del sector privado en los espacios de formulación de políticas sobre clima, biodiversidad y agua. Finalmente, el año pasado, y en colaboración con el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) y el Frente Nacional de Lucha, se suscribió un llamado a la comunidad financiera internacional y del sector de los seguros solicitando apoyo para promover una urgente conversación sobre la creciente vulnerabilidad ambiental y económica del cultivo de piña industrial en Costa Rica, acrecentada por la crisis climática acelerada que nos afecta.

En conclusión, es importante considerar que economías dependientes como la costarricense, que se han abierto al comercio global y a la inversión extranjera, tienden a atraer corporaciones transnacionales con el apoyo de gobiernos locales que les facilitan la explotación de los recursos, la flexibilización de regulaciones laborales y ambientales, la oferta de incentivos fiscales, y la reducción de barreras comerciales. Ante esta realidad, las organizaciones ambientales deben desarrollar estrategias innovadoras que les permitan presionar directamente a los propietarios de dichas corporaciones, a los gobiernos que las apoyan, y en los espacios en que inciden organizaciones internacionales intergubernamentales (como la Conferencia de las Partes (COP) sobre el Cambio Climático, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el CEO Water Mandate, etc.) que también pueden presionar directamente a las corporaciones y los gobiernos que las apoyan.

En la foto de cabecera se aprecia el riego de piña con agua del Rio Volcán.

Groenlandia y Estados Unidos: algunos aspectos desde la perspectiva jurídica internacional, algo básicos…

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

Desde que el actual ocupante de la Casa Blanca ha sostenido que desea incorporar a Groenlandia a Estados Unidos, negociando para ello un acuerdo «por la buenas o por las malas» según la expresión utilizada, las reacciones en Dinamarca y en Europa no se han hecho esperar.

En este mes de enero del 2026, se puede afirmar sin mayor duda lo siguiente: raramente se habrá observado a un Presidente de Estados Unidos dañar en tan poco tiempo (menos de un año desde su entrada en funciones en enero del 2025) la credibilidad, el apoyo y en particular el innegable respaldo obtenido por Estados Unidos mediante su denominado «soft power» en gran parte del mundo (una herramienta muy eficaz desplegada desde 1945 e incluso desde mucho antes). 

Hoy, inciando este 2026, Estados Unidos provoca en muchas partes del mundo repudio y una profunda desconfianza, incluso entre sus aliados históricos: el asunto de Groenlandia lo ilustra claramente (véase nota de France24). En Europa varios son los dirigentes  que consideran que ya es hora que a Estados Unidos se le apliquen las reglas y las sanciones comerciales previstas dentro de la estructura normativa regional europea contra un Estado que exhibe una creciente hostilidad hacia Europa (véase nota de prensa de EuroNews).

Al tiempo que en Oriente Medio y en gran parte del mundo, es latente la profunda indignación provocada por el genocidio siempre en curso en Gaza perpetrado por Israel con el apoyo incondicional de Estados Unidos: al respecto, el informe elaborado por Naciones Unidas al 14 de enero del 2026 da cuenta en detalle del drama indecible que se vive en Gaza, con ahora vientos y temperaturas bajas que amenazan a diario a los habitantes desnutridos y mal abrigados más vulnerables de Gaza. Un drama pasado por alto por las principales agencias de noticias y por los analistas y comentaristas en asuntos internacionales, focalizados en referenciar y analizar la secuencia ininterrumpida de ocurrencias anunciadas desde la Casa Blanca en este inicio del 2026. Obsrevando los anuncios hechos por Israel justo al terminar el 2025 que agravan de manera significativa este drama indecible que se vive en Gaza, hay que reconocer que la invisibilización del genocidio en curso en Gaza por parte de los grandes medios de prensa internacionales favorece a Israel (Nota 1).

Una lógica imperial anticuada en pleno siglo XXI

Si bien en el siglo XIX era bastante usual ver a Estados intercambiar a cambio de algún tipo de pago la cesión de un territorio mediante un tratado, recurriendo a la fuerza si fuese necesario, o bien adquirir mediante el uso de la fuerza territorios de otros Estados sin pago alguno, desde 1945 dos obstáculos mayores frenan este tipo de pretensiones y de apetitos: el principio de prohibición del uso de la fuerza en las relaciones entre dos Estados asi como el principio de libre determinación de los pueblos, ambos plasmados en la Carta de Naciones Unidas desde 1945.

La compra de Alaska por parte de Estados Unidos al Imperio de Rusia en 1867 es, a modo de ejemplo, algo que no se puede hacer desde 1945, en virtud del.principio de libre determinación de los pueblos.

Por su parte, el tratado Torrijos-Carter de 1977 entre Estados Unidos y Panamá vino a reajustar  los términos del tratado leonino suscrito en 1903, obteniendo Panamá en 1977 la retrocesión y el pleno control del Canal de Panamá, a partir del 31 de diciembre de 1999.

Otro tratado con disposiciones leoninas a favor de Estados Unidos lo es el tratado de 1848 Guadalupe Hidalgo (véase texto integral) que puso fin a la guerra entre Estados Unidos y México, obligando México a ceder gran parte de su territorio ilustra de igual forma lo observado en el siglo XIX y en los inicios del siglo XX. Se lee en esta publicacion mejicana que:

«Mediante el Tratado Guadalupe Hidalgo México le entregó a Estados Unidos cerca de 2,300,000 kilómetros cuadrados, lo equivalente a las superficies de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, Suiza, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Hungría y Croacia. A cambio, México recibió 15,000,000 de dólares. El territorio cedido es el que hoy comprende los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah y parte de Colorado y Wyoming, una zona extensa que había sido mal gobernada y descuidada desde tiempos de la Nueva España«.

Desde 1945, este tipo de acuerdos entre Estados suscritos bajo amenaza resulta cuestionable desde la perspectiva legal. Precisamente, con respecto a las pretensiones recientes expresadas por el mandatario de Estados Unidos sobre Groenlandia, en este comunicado conjunto de varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, difundido el 14 de enero del 2026, se lee que:

«Such statements risk eroding fundamental principles of the UN Charter, including the prohibition of the use of force, respect for territorial integrity and the political independence of all States. These statements are inconsistent with international human rights law and the right to self-determination«.

En el caso de América Latina, en el 2015 habíamos tenido la oportunidad de analizar, gracias a la CELAC, el caso muy específico de la base militar de Guantánamo que «alquila» Estados Unidos a Cuba desde la firma de un tratado bilateral suscrito en 1903, y reconducido en 1934, que Cuba considera nulo desde el punto de vista legal desde 1960 (Nota 2).  

Irrespetar el principio de respeto a la integridad territorial y el principio de prohibición del uso de la fuerza para adquirir un territorio: ejemplos recientes

Con relación a la adquisición por la fuerza de un territorio por parte de un Estado, habíamos tenido la oportunidad en el 2019 de analizar el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la soberanía de Israel en los Altos del Golán, un territorio sirio ocupado (Nota 3), así como de abordar el repentino (e insólito…) cambio de criterio de la administración norteamericana sobre los asentamientos ilegales de Israel en Cisjordania (Nota 4). 

De igual forma, tuvimos la oportunidad de analizar la agresion militar de Rusia a Ucrania acaecida desde el 24 de febrero del 2022, llevada inmediatamente por Ucrania a conocimiento del juez internacional de La Haya (Nota 5): esta demanda de Ucrania se mantiene como un asunto pendiente no resuelto por parte del juez internacional.

De manera a completar los principios y las normas bastante básicas enunciados con anterioridad, se puede a su vez indicar que tratados internacionales entre Estados suscritos bajo amenaza del uso de la fuerza o bajo algun tipo de coacción por parte de un Estado contra otro Estado, son considerados nulos, tal y como lo prevén expresamente los artículos 49 a 52 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados (véase texto).

Los Estados europeos en tareas de solidaridad y de apoyo a Dinamarca

El comunicado conjunto del 6 de enero del 2026 de los Estados del extremo  Norte de Europa expresa que de haber un cambio en Groenlandia, ello debe ser decidido por Dinamarca y Groenlandia de manera consensuada. 

En igual sentido se han pronunciado Dinamarca y seis Estados europeos en un comunicado conjunto del mismo 6 de enero.

La presencia de militares de Europa que fueron enviados a Groenlandia el pasado 15 de enero del 2026 vino a invitar a Estados Unidos a reconsiderar las pretensiones grotescas expresadas por su mandatario desde su oficina en la Casa Blanca de «adquirir» Groenlandia. 

Al parecer, el actual ocupante de la Casa Blanca lo interpretó de otra manera, respondiendo con amenazas a Europa en el plano comercial, a lo cual la Unión Europea (UE) le contestó (véase comunicado oficial del 18 de enero del 2026). 

Este 19 de enero, fueron Groelandia y Dinamarca las que anunciaron una misión de vigilancia de la OTAN para Groenlandia (véase nota de prensa), al tiempo que el Primer Ministro de Canadá recordó las obligaciones que tiene Canadá como integrante de la OTAN (véase nota de prensa).

Una lógica imperial que no respeta nada de lo existente en el ordenamiento jurídico internacional

No es la primera vez que este mandatario norteamericano causa asombro, incluso dentro de sus propias filas en Estados Unidos. 

En efecto, desde el 21 de enero del 2025, sea en materia de reglas comerciales, sea en materia migratoria, sea en materia de derechos humanos, sea en materia de respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, o bien sea en materia de respeto al principio de prohibición del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza, sea más recientemente en materia de normas internacionales relativas a la captura e incautamiento de cargamentos de droga en alta mar, el actual ocupante de la Casa Blanca se ha esmerado en violar de manera sistemática y desvergonzada algunas reglas internacionales existentes en estas y muchas otras materias. El principio de buena fe que orienta el derecho de los tratados y que permea toda la normativa internacional vigente es otro principio al que, al parecer, quiere derogar el actual ocupante de la Casa Blanca, al amenazar con una nueva guerra comercial a Europa, luego del arreglo al que se llego en agosto del 2025 con su máxima representante en Escocia. 

Tuvimos hace poco tiempo la oportunidad de analizar las reacciones oficiales ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela del pasado 3 de enero del 2026, la cual constituye una flagrante y grosera violación a la Carta de Naciones Unidas de 1945: al respecto, remitimos a nuestra nota titulada «Estados Unidos / Venezuela: las diversas reacciones oficiales registradas en América Latina ante primera la intervención militar norteamericana en América Latina del siglo XXI». 

Dicho sea de paso, y tal como vaticinado en nuestra preciatada nota, la acción militar de Estados Unidos en Venezuela no ha modificado nada en Venezuela con relación a su situación interna, con lo cual la «vuelta a la democracia y el respeto a los derechos humanos» celebrados por tantos analistas entusiastas, editorialistas y supuestos «expertos» (al igual que algunos dirigentes políticos en diversas partes del mundo cuya ingenuidad plantea algunas interrogantes), han resultado ser una simple ilusión.

A modo de conclusión

En regla general, no se puede comprar lo que no se ha puesto en venta. 

A nivel internacional, la misma regla aplica: no hay manera de sostener en este inicio del 2026  que Groenlandia está en venta. Sostenerlo es hacer un ridículo internacional, raramente observado por parte de un jefe de Estado en ejercicio gozando de sus plenas facultades.

El argumento de la seguridad de Estados Unidos es un simple y burdo pretexto, al haberse descartado oficialmente por parte de las mismas autoridades danesas la presencia de barcos rusos o chinos en esta zona del mundo, tal y como lo afirma falazmente en sentido contrario el actual ocupante de la Casa Blanca desde varias semanas.

Lo único que pueden eventualmente pensar en hacer los 57.000 habitantes del extenso territorio de Groenlandia en un futuro cercano en aras de aclarar lo que quieren como pueblo, siempre y cuando lo deseen, es realizar una consulta popular para saber si optan por mantenerse bajo la actual modalidad de un territorio autónomo adscrito a Dinamarca, que les permite ser considerados como ciudadanos de pleno de derecho de la UE, o bien optar por su independencia o bien … optar por integrarse a Estados Unidos. 

Ante esta disyuntiva, hay que advertir desde ya que la violencia y la brutalidad de las expresiones del actual mandatario norteamericano y su tono altanero y despectivo, no contribuyen mayormente a consolidar la tercera posibilidad mencionada.

En el caso particular de la afrenta que representan para Europa las declaraciones ridículas del Presidente de Estados Unidos sobre la idea de «adquirir» Groenlandia sea como sea, recurriendo a la fuerza de ser necesario, en las conclusiones de este analisis sobre la urgente necesidad de reforzar la solidaridad europea con los habitantes de Groenlandia, se puede leer que:

«This consideration is critical in light of the current threat, where defending Greenland’s territorial integrity might appear increasingly urgent. Beyond geopolitical strategy, Europe must ask whether it is prepared to step up for its Greenlandic Union citizens and uphold its own objectives and values in an unprecedented way, and whether Member States, as an expression of solidarity, are willing to go so far as to engage in potential military action, sharing burdens and responsibilities collectively. Such a step would mark the emergence of a new, underdeveloped sub-category of solidarity: “defense solidarity.” In that scenario, Europe would adopt a firmer stance than ever before, transforming “words” into tangible force«.

Notas:

Nota 1: En efecto, fue el 29 de diciembre del 2025 que Israel adoptó una ley que prohibe alimentar en agua y electricidad a la única agencia de Naciones Unidas a cargo de los refugiados palestinos (conocida por sus siglas como UNRWA) cuya labor humanitaria en Gaza es insustituible: véase nota del TimesofIsrael de esta misma fecha. Se trata de una nueva provocación, y de otro abierto desafío a la autoridad de la justicia internacional de La Haya: véase al respecto su decisión del 22 de octubre del 2025, en particular el párrafo final operativo 223 sobre las obligaciones que tiene Israel como Estado Miembro de Naciones Unidas. En una declaración conjunta, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Japón, Reino Unido, Suecia y Noruega condenaron este nuevo agravio ante la catástrofe humanitaria que vive la población civil en Gaza y que se empecina en agravar con sus acciones Israel: véase el texto en inglés y en francés de esta declaración conjunta con fecha del 30 de diciembre, cuya divulgación ha sido escasa en los medios de prensa internacionales, por razones que sería de sumo interés conocer. Esta entrevista realizada por TRT el 1ero de enero del 2026, explica el alcance de la prohibición de operar a 37 organizaciones humanitarias, decretada por Israel el 30 de diciembre del 2025 y condenada este 31 de diciembre por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase comunicado oficial cuya divulgación ha sido casi nula por parte de la prensa internacional). En igual sentido se pronunció en sus redes la Comisionada de la UE para asuntos humanitarios y atención de crisis (véase su tweet enviado el 31 de diciembre del 2025) así como España de manera mucho más vehemente (véase comunicado de prensa)

Nota 2: Véase nuestra nota BOEGLIN N., «La devolución de la base de Guantánamo: primeras consideraciones de la CELAC«, OPALC, Sciences-Po (Paris). Texto disponible en este enlace. y una versión mas extensa publicada en el sitio especializado jurídico de DerechoalDia en septiembre del 2015, disponible en este otro enlace..

Nota 3: Véase BOEGLIN N, «Los altos del Golán y el derecho internacional publico: algunos apuntes«, publicado en el sitio Ius360, edición del 1 de abril del 2029. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N, «El giro operado por Estados Unidos con relación a los asentamientos israelíes en territorios palestinos: breves apuntes«, 19 de noviembre del 2019. Texto integral disponible en este enlace. 

Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., «Ucrania / Rusia: la fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza.  A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la CIJ«, 8 de marzo del 2022. Texto integral disponible en este enlace.

Imagen: Foto de Xinhua en LaJornada.

Seminario virtual analizará el rumbo de Costa Rica ante las elecciones de 2026

Escrito en . Publicado en Elecciones.

En el marco del Ciclo de Seminarios Virtuales de la Comunidad Internacional UBL, se realizará el seminario “Elecciones 2026: ¿A dónde va Costa Rica?”, un espacio de reflexión y análisis sobre el momento político, social y económico que atraviesa el país en vísperas del próximo proceso electoral.

La actividad contará con la participación del Roberto Ayala Saavedra, quien abordará los principales rasgos del actual escenario nacional, caracterizado —según se plantea— por un proceso electoral atípico, marcado por un conflicto interelitario de una magnitud poco frecuente en las últimas décadas.

El análisis también incorporará el contexto internacional, especialmente los cambios en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, y la forma en que estos factores externos inciden en las perspectivas de desarrollo del país.

La exposición se orienta a examinar la situación social, económica y política de Costa Rica, así como los posibles escenarios futuros, considerando tanto los factores internos como externos. Entre los elementos centrales del análisis se destaca el papel que pueden jugar los movimientos sociales populares en la recuperación de protagonismo, particularmente en la defensa de libertades, conquistas y derechos sociales, políticos y culturales.

El seminario de la Universidad Bíblica Latinoamericana se llevará a cabo el jueves 22 de enero de 2026, a las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica), en modalidad virtual, mediante la plataforma Zoom.

📅 Fecha: 22 de enero de 2026
⏰ Hora: 6:00 p.m. (Costa Rica)
🖥️ Plataforma: Zoom
🔗 Enlace de conexión: https://us06web.zoom.us/j/85810789274
🆔 ID de reunión: 858 1078 9274

La actividad será transmitida también por Facebook Live.

Para las personas que se conecten desde fuera de Costa Rica, se recomienda verificar la diferencia horaria en el siguiente enlace:
https://24timezones.com/es/difference

Quienes participen deberán tomar en cuenta las recomendaciones habituales para seminarios virtuales, como conectarse puntualmente, mantener el micrófono desactivado durante la exposición y utilizar el chat o el espacio final habilitado para preguntas.

Brechas ambientales entre los programas de gobierno rumbo a las elecciones de 2026

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Comunicado

Un estudio independiente elaborado por la Asociación Regional por la Transformación Ecológica y Social Justeco (ARTES-JUSTECO) y presentado por el Parlamento Cívico Ambiental (PCA) reveló profundas diferencias entre los programas de gobierno de los partidos políticos costarricenses en materia ambiental, de cara al proceso electoral de 2026.

El informe, titulado “Análisis de los programas de gobierno a la luz de las tendencias de opinión pública en la prensa y las redes sociales en materia ambiental”, fue presentado públicamente el pasado 15 de enero en la Asamblea Legislativa. El estudio evaluó las plataformas programáticas de 13 partidos políticos mediante una metodología cuantitativa y cualitativa, basada en 50 indicadores agrupados en 13 categorías temáticas, entre ellas agua, clima, biodiversidad, gobernanza, justicia ambiental y ordenamiento territorial. Asimismo, contrastó dichas propuestas con el diagnóstico de deterioro institucional y regulatorio identificado por el Informe del Estado de la Nación.

Los resultados evidencian una clara estratificación entre los partidos. En el nivel superior se ubican el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, cuyos programas presentan propuestas coherentes y alineadas con una transformación estructural para enfrentar de manera integral la crisis ambiental, territorial, climática e institucional del país. Ambos destacan por su énfasis en justicia ambiental, fortalecimiento institucional, protección del agua, regulación del extractivismo y participación democrática.

Liberación Nacional se sitúa también en el primer nivel, con propuestas técnicas e institucionales sólidas en áreas como agua, clima, energía y biodiversidad, aunque con menos propuestas radicales en materia de participación ciudadana y justicia socioambiental. Su programa respalda explícitamente la ratificación del Acuerdo de Escazú.

En un segundo grupo se encuentran partidos cuyas propuestas mantienen, en general, el statu quo, con avances parciales o simbólicos que no abordan las fallas estructurales de la gobernanza ambiental. En el extremo opuesto, el estudio identifica plataformas claramente regresivas, orientadas al extractivismo y la desregulación ambiental. Entre ellas figuran los programas de Nueva República, Integración Nacional y Pueblo Soberano, que promueven la minería a cielo abierto bajo el concepto de “minería sostenible” y plantean la exploración y extracción de hidrocarburos como mecanismo de financiamiento de políticas públicas.

Durante la presentación, la vicepresidenta del Parlamento Cívico Ambiental, Victoria Rudín, subrayó que el objetivo del estudio es ofrecer a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los tomadores de decisión una herramienta comparativa clara y transparente para evaluar en qué medida las propuestas políticas responden a los desafíos ambientales reales del país.

Por su parte, el Dr. Bernardo Aguilar, vicepresidente de ARTES-JUSTECO, señaló que la evidencia confirma que la crisis ambiental de Costa Rica es también una crisis política e institucional, marcada por el debilitamiento de la institucionalidad pública, la regresión regulatoria, los conflictos territoriales, la presión inmobiliaria en zonas costeras, el deterioro del acceso al agua y la reducción de los espacios de participación ciudadana. En este contexto, el informe advierte que la decisión del electorado será determinante para enfrentar esta crisis o profundizarla, con implicaciones directas para el modelo de desarrollo socioambiental y para la calidad de la democracia costarricense.

Puede descargar el informe completo desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/Analisis-de-los-programas-ambientales-de-los-partidos-2026.pdf

Sobre el Parlamento Cívico Ambiental (PCA)

El Parlamento Cívico Ambiental es una plataforma ciudadana permanente creada en 2019, orientada a fortalecer la democracia ecológica, la justicia social y el desarrollo sostenible mediante el enfoque de Parlamento Abierto y una pedagogía de aprender haciendo.

La Fealdad de la Política

Escrito en . Publicado en Análisis.

Hay un sentido en el cual la nación es el territorio. Pero hay un sentido en el cual la nación es el espíritu. Y territorio estéril y espíritu poseído de odios poco vale o significa en el orden de las cosas destinadas a permanecer.
Omar Dengo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

La política, como toda actividad humana, siempre ha tenido algo de maldad, bondad, fealdad y belleza. Sin embargo, hoy la balanza parece inclinarse hacia la fealdad. Tiende a causar repulsión por su rostro grotesco, frívolo, agresivo y polarizante. Muy carente de empatía para propiciar espacios de diálogo y entendimiento, y atender al clamor de la ciudadanía, como es lo propio de la gestión democrática. De ahí, los crecientes índices de abstencionismo y la crisis de los partidos políticos.

La política viene perdiendo dignidad y belleza. Los discursos de odio son una muestra contundente de esa fealdad creciente. Como lo revela un valioso estudio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Costa Rica los discursos de odio relacionados con temas políticos aumentaron en el último año en un 43%, 2025, pero en un 1.100 % desde el 2021. Si bien es cierto, en las contiendas electorales los ánimos y las emociones se exacerban e inducen a la confrontación, a pesar de los signos festivos y amigables, hoy tienden a predominar más allá de esos períodos electorales. Es decir, la tendencia dominante es a legitimar los discursos descalificadores, confrontativos y agresivos; convertirlos en habituales y naturalizarlos.

La fealdad de la política también se hace muy evidente cuando algunos líderes políticos se visten de salvadores de la patria, especialmente al presentarse como adalides en la lucha contra la corrupción, asumiendo portes inquisitoriales, al señalar la viga en ojo ajeno sin deparar en la propia; típica actitud farisaica que condujo a Jesús a calificar a la clase político-religiosa de su tiempo como “sepulcros blanqueados” y “ciegos guías de ciegos”.

Efectivamente, bajo un ropaje de pulcritud, que se vende como búsqueda de eficiencia y decencia en la gestión institucional, esconden las feas y malévolas intenciones de desprestigiar y estrangular la institucionalidad social pública. Han perdido los escrúpulos, y poco les importa “tirar al niño con el agua sucia de la bañera”; le han declarado la guerra sucia de la descalificación ante la incapacidad para introducir los correctivos necesarios por la vía de la inteligencia política.

Y esto no es nuevo, es una tendencia que arrancó desde los años 1980 y se ha intensificado en las últimas décadas, particularmente en los últimos dos gobiernos de Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y de Rodrigo Chaves del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), dándole un golpe letal a nuestro Estado Social de Derecho, para favorecer a los grandes negocios privados. De esta manera, los cambios reales que proponen e impulsan se vuelven cosméticos, porque prevalece el modelo de una democracia oligárquica, solo que con un nuevo rostro cuya fealdad persiste, por más que se apele a los añejos recursos del discurso populista de luchar contra la pobreza, la corrupción y a la soberanía popular. “Por más que el mono se vista de seda mono se queda”, con perdón del mono.

Por esa razón, es cierto que hay mucha indignación acumulada por la ciudadanía. Lamentablemente, como suele suceder, al reprimirla y no buscar los canales más adecuados para liberarla, entonces, se manifiesta en comportamientos con características patológicas. Es lo que vemos reflejado hoy en los discursos de odio que abonan el terreno para la violencia social. Existen maneras más decentes y empáticas para canalizar la indignación, sin restarles la fuerza y contundencia que amerita, particularmente cuando están en juego la dignidad de las personas y los derechos humanos y de la naturaleza; pero también contribuir a mantener un clima de respeto y paz social para una mejor convivencia ciudadana. Efectivamente, la belleza y nobleza de la política reside en construir ciudadanía en un ambiente donde prive el diálogo, la crítica constructiva y el entendimiento entre posiciones diversas y divergentes.

Hay que unir esfuerzos para que no prevalezca la fealdad en la política, una de las actividades más dignas y nobles para contribuir al bienestar humano y social. Una invitación a reivindicarla, recogiendo el legado de vocación política (vivir para la política y no de la política, Weber) de nuestros más insignes estadistas, ciudadanas y ciudadanos que nos legaron una “tierra fértil” y sin odios. Hagamos florecer la belleza y bondad de la política.