El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Banda Nacional de San José y la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi, se complacen en invitarle al concierto Celebrando el Amor y la Amistad con la Benemérita Banda Nacional de San José.
La actividad será presencial el miércoles 25de febrero a las 10:00 a.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
La Asociación Internacional de Críticos de Artes – Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi le invitan a la actividad del ciclo Aula Encendida Sustancia poética en la escultura de Domingo Ramos. La actividad que será moderada por Marjorie Ávila Salas y contará con la participación de Domingo Ramos Araya, Álvaro Zamora Castro, Juan Carlos Flores Zúñiga.
La actividad se realizará el miércoles 25de febrero a las 2:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá en el Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
Y de los adultos mayores de su familia. Está enterrado, todo el mundo sabe dónde, es imposible guardarlo y es un sinsentido regalarlo.
El yacimiento de oro en Crucitas, por muchas razones, es único, fue como encontrar una aguja en un pajar, muy bien conocido desde hace unos 20 años, en que se ubicó al explorar la zona, por el frustrado concesionario canadiense Infinito Gold. Por tanto, los posibles concesionarios que participarían en una anunciada exploración por invitación, sabrían que el trabajo mayor ya fue ejecutado y que seguramente tendrían acceso a una información que, literalmente, “vale oro”.
Importante recordar que, por aprobación unánime de la Asamblea Legislativa votada en diciembre del 2010, en Costa Rica no se pueden otorgar concesiones a corporaciones extranjeras, que, con o sin las ocurrentes «subastas» de que ahora se habla, eventualmente, si se eliminara tal prohibición, terminarían llevándose el oro hacia el extranjero, donde solo el 5 % del valor total del oro extraído quedaría en nuestro país, mientras el 95 % caería en destinos foráneos. O sea, por cada millón de dólares del oro explotado, novecientos cincuenta mil serían para la compañía minera «premiada» con el eventual contrato entreguista que las mantiene en espera paciente.
Por ello nos dirigimos a los estimables señores diputados dispuestos a escuchar, para que, por prudencia y patriotismo, consideren que lo aprobado en la llamada “subcomisión Alajuela”, no es equiparable a la donación de un lote municipal a una asociación comunal, sino que más bien, estamos ante ¡el mayor yacimiento de oro conocido y evaluado en territorio costarricense!, y como todos los recursos del subsuelo del país, pertenecen a todos los costarricenses y los gobernantes tienen el deber de velar por ellos.
Situación que obviamente, nos compete a todos los costarricenses, pues el proyecto de ley que estaría por votarse en la Asamblea Legislativa crea un dilema de gran trascendencia: ¿Se lo entregamos a millonarios extranjeros para su beneficio, o lo aprovechamos inteligentemente para bien común?
Ante tales alternativas reafirmamos la urgencia de que, los US$4.920 millones, que actualmente produciría su aprovechamiento, si, como planeaba Industrias Infinito en 50 hectáreas, se procesaran tres toneladas anualmente, resulta que en los primeros diez años de explotación esa sería la cifra acumulada. Y qué mejor destino que orientar hacia la atención de la salud de los Ciudadanos de Oro que hoy, muy especialmente, la Caja del Seguro no puede atender como lo merecen, por el desfinanciamiento conocido que impide avanzar a la misma tasa de crecimiento que exhibe la población de adultos mayores, en cuanto a nueva infraestructura, personal de salud, materiales y equipos.
Igualmente, es innegable que al conocer donde está ubicado ese rico yacimiento mineral, si los costarricenses no lo aprovechamos como Dios manda, como nos lo dicta la razón, sea con la vocación entreguista que permea el proyecto de ley, o con otros que vendrían, empujados por una municipalidad escasa de visión, que estaría feliz en recibir el 1,2 % del valor total, aunque su población de “Ciudadanos de Oro” (¡y la del resto del país!) sufra por falta de atención médica.
Y es que mientras seguimos viendo cómo delincuentes venidos desde Nicaragua, se roban un poco de ese oro con técnicas artesanales, gracias a la incapacidad policial que debería cumplir su deber, por años nuestros gobernantes han sido incapaces de tomar las decisiones ejecutivas que hubieran permitido estar ya trabajando en la extracción industrial del mineral, y por rebote, acabando con el robo tolerado y el daño ambiental extendido.
Se ha desdeñado, que ante lo innecesario de aprobar proyecto de ley alguno en que se modifique el Código de Minería, pues el Estado no tiene por qué solicitar “concesiones” reservadas para que entes privados puedan usufructuar de bienes y servicios demaniales, el Poder Ejecutivo podría tomar la decisión política de dar los primeros pasos, conducentes a explotar para los mejores hijos de esta querida Patria, esa riqueza localizada en menos de un kilómetro cuadro de los 51.100 kilómetros cuadrados del país, por lo cual no nos convierten en “nación minera” alguna, por lo que nuestro bien ganado prestigio ambiental se mantendría intacto, y cuidado si más bien el proyecto tal y como se concibe, no sería motivo de admiración internacional.
Con el aporte de profesionales costarricenses, entre ellos amigos geólogos con conocimiento en ese tipo de minería, y la colaboración posible de gobiernos de países con tradición minera, como Chile, Brasil, México, República Dominicana…, con los que se podrían gestionar apoyos puntuales, podríamos realizar esa tarea con una adecuada planificación hacia una explotación efectiva a una escala moderada.
En fin, reiteramos la divulgada propuesta del Hospital del Oro, consistente en desarrollar un sistema hospitalario, de alcance nacional, que no debería esperar más, pues caería como una bendición para nuestro prestigioso y solidario sistema nacional de salud, y por supuesto, para la creciente población de adultos mayores que hoy ocupan cerca del 70 % de los espacios en nuestras clínicas, EBAIS y hospitales, ya todos sobrepasados en sus capacidades. Si hace 60 años nos vimos en la necesidad de crear el bendito Hospital Nacional de Niños, pues la tasa de natalidad era una de las más altas del planeta, hoy nuestra tarea ineludible es volver la mirada hacia los ancianos que urgen del merecido buen trato que cada día se hace menos posible de cumplir en nuestro sistema hospitalario estatal.
Si el gobierno tomara la decisión de explotar esas tres toneladas de oro anualmente, se avanzaría por el camino correcto, por una inédita y ejemplar vía costarricense, de innegables beneficios, ¡sin tener que «abrir» el Código de Minería a oreros extranjeros solo interesados en el lucro!
Como consecuencia positiva inevitable, instantánea, al iniciar de las labores en el campo, se resolverían los problemas ambientales y de delincuencia, que hoy reinan en la pequeña localidad fronteriza.
En fin, el bienestar de las abuelitas y abuelitos, de hoy y del mañana, que urgen ser escuchados, ha de tenerse presente a la hora de actuar con generosidad cristiana.
Las últimas elecciones desnudaron por completo que nos encontramos en una encrucijada histórica, como el resto de occidente. Un camino se terminó. Lo que se llama estado social de derecho llegó a su fin como sentido social. Lo que se presenta son dos posibles caminos.
A la derecha un estado más reducido, con una economía de mayor concentración de riqueza y una educación que, manteniéndose como instrumento para preparar mano de obra e impedir que educandos y educadores aprendan a pensar, excluye más. Pero más autoritaria, avanzando hacia ser represiva.
A la izquierda la urgencia de construir un movimiento popular político, superando el capitalismo, con un Estado realmente democrático y una educación transformadora que sí enseñe a Pensar.
Pero, es posible permanecer en un estado de ilusión. Seguir creyendo que la lucha social, política, es defender este Estado social de derecho. La ilusión de no permitirse reconocer que no se trata de más financiamiento para la educación, sino crear una educación que sí lo sea. La ilusión de fantasear conque escribiendo documentos iluminados, perfectos, para pedirle a los que dirigen o quieren dirigir el Estado, que tengan la bondad de hacerlos realidad, algo va a cambiar. La ilusión de que la unidad que se necesita es de arriba, de los que ocupan los puestos de dirección.
Once personas provenientes de nueve países de América Latina, entre académicas y académicos, ex autoridades públicas, activistas socioambientales con amplia trayectoria y representantes de pueblos originarios maya Q’eqchi’, cabécar, Ngäbe-Buglé y maya K’iche’, contribuirán a comprender el actual momento histórico que atraviesa la región, marcado por el avance de los extractivismos, la intensificación de los conflictos territoriales y la criminalización de quienes defienden la vida y los bienes comunes.
Comprender lo que está ocurriendo hoy en América Latina exige ir más allá de los titulares y abrir espacios de intercambio y reflexión colectiva. Escuchar a quienes investigan, enseñan, resisten y habitan los territorios permite construir una mirada crítica sobre las dinámicas extractivas, las disputas por el agua, la tierra y los bienes comunes, así como sobre las múltiples formas de organización y defensa de la vida que emergen desde abajo, en comunidades, pueblos originarios y movimientos socio territoriales.
La región atraviesa una coyuntura socioambiental decisiva y, mediante estas sesiones, se busca responder a interrogantes fundamentales como: ¿cuáles son hoy las principales luchas que se libran en los territorios?, ¿qué amenazas enfrentan las personas defensoras ambientales?, ¿qué significan los derechos de la naturaleza, la memoria ecológica y las respuestas de los pueblos y organizaciones frente a estas ofensivas?
En este contexto, el curso Derechos Ambientales, de la Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, desarrollará un ciclo de siete sesiones abiertas y gratuitas dedicadas al análisis de la actualidad de las problemáticas socioambientales en América Latina. Se trata de conferencias, foros y espacios de diálogo que proponen construir una radiografía crítica de la región a partir de diversos ejes socioambientales.
El ciclo iniciará el 26 de febrero, de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., con la sesión El aporte de la memoria en la construcción de una historia ecológica, a cargo de Ramón Vera-Herrera (México), editor, traductor y comunicador, cofundador del suplemento Ojarasca del diario La Jornada y editor de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, referente clave del pensamiento crítico ambiental en la región.
El 5 de marzo, la sesión Del extractivismo colonial a los extractivismos contemporáneos estará a cargo de Emiliano Terán Mantovani (Venezuela), sociólogo, profesor universitario e investigador en ecología política, actualmente es el facilitador de la red Oilwatch Latinoamérica, instancia con 30 años de resistencia a la actividad petrolera en la región y el Sur global.
El 26 de marzo se desarrollará la sesión Experiencias desde la institucionalidad ambiental en el Gobierno de Colombia, con la participación de Tatiana Roa Avendaño (Colombia), exviceministra, académica e investigadora reconocida por su trabajo en justicia ambiental, conflictos territoriales y políticas públicas, desde una mirada crítica.
Posteriormente, el 23 de abril, se abordará la sesión Génesis, evolución y estado de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador, con Esperanza Martínez Yánez (Ecuador), abogada y bióloga, fundadora de Acción Ecológica y una de las principales impulsoras del reconocimiento constitucional de los Derechos de la Naturaleza, con una larga trayectoria en la defensa de los territorios frente al extractivismo petrolero y minero.
El 14 de mayo, la sesión Criminalización de las personas defensoras ambientales en la región contará con la participación de Diana Murcia Riaño (Colombia), abogada y defensora de derechos humanos, con amplia experiencia en el acompañamiento jurídico y político a comunidades criminalizadas por la defensa del territorio en la región andina.
El 21 de mayo se realizará el foro Criminalización, exilio, cárcel y persecución de defensores ambientales en Mesoamérica, con la participación de Ana Laura Rojas (Guatemala), defensora de derechos humanos y comunicadora comunitaria; Bernardo Caal Xol (Guatemala), maestro y defensor del territorio del pueblo maya Q’eqchi’, criminalizado por su lucha en defensa de los ríos; y Adriana Ramírez (El Salvador), activista ecológica y parte del Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES), organización político-ambientalista que articula luchas contra el extractivismo, la criminalización de liderazgos comunitarios y la degradación socioambiental en su país.
Finalmente, el 4 de junio, en el marco del Día Mundial del Ambiente, se llevará a cabo el foro Mujeres de pueblos originarios en defensa de la vida, con la participación de Weny Bagama (Panamá), lideresa del pueblo Ngäbe-Buglé y delegada del Congreso General Ngäbe ; Doris Ríos Ríos (Costa Rica), lideresa del pueblo cabécar de China Kichá y defensora del territorio; y Sebastiana Par Álvarez (Guatemala), autoridad ancestral maya K’iche’, ajq’ij (guía espiritual maya) y defensora de los territorios indígenas y la vida comunitaria.
Las sesiones se transmitirán en vivo a través del canal de YouTube del Instituto de Estudios Latinoamericanos IDELA (https://www.youtube.com/@infolatinoidela262), los jueves señalados, en horario de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., y estarán abiertas a todo público. Este espacio formativo y de diálogo ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll – Oficina Guatemala, la Internacional de la Educación (IE) y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
Este esfuerzo busca llevar el análisis no solo a la población estudiantil universitaria, sino también al público en general, ampliando el acceso al debate informado sobre los conflictos y las resistencias que atraviesan nuestros territorios, desde las voces y experiencias de quienes los habitan, los defienden, los piensan y los construyen cotidianamente.
Costa Rica amanece en 2026 bajo un nuevo mandato que promete continuidad mostrando números que convencen al electorado de una realidad distorsionadamente “buena”. Tras la victoria de Laura Fernández y la mayoría suficiente en el congreso del partido taxi del chavismo tico, el país se enfrenta a un espejo estadístico que devuelve una imagen contradictoria: una economía que brilla en los indicadores de organizaciones financieras internacionales, pero que oculta profundas fracturas en su tejido social y, sobre todo, de seguridad ciudadana.
El “Milagro” de las Cifras
Hoy tuve que sacar un rato para resolver una contradicción interna, una disonancia cognitiva al revisar el folleto digital llamado “Costa Rica en Cifras 2025” del INEC, que me envió por WhatsApp mi querido amigo, Álvaro Villalobos, revela un panorama macroeconómico envidiable. El país cerró el 2024 con un crecimiento del PIB del 4,3% y, según datos recientes del Banco Central, la economía se aceleró hasta un 4,6% en 2025. Esta expansión ha sido impulsada principalmente por el régimen de zonas francas, las exportaciones y una recuperación vigorosa del turismo, que alcanzó los 2,9 millones de visitantes.
Más sorprendente aún es la cifra de pobreza, que se situó en un histórico 15,2%. Este descenso, el más bajo en décadas, se explica no solo por el crecimiento del ingreso per cápita (que aumentó un 10,4% en zonas urbanas), sino también por un fenómeno atípico: la deflación. Con una variación interanual del IPC de -0,4% en noviembre de 2025, el costo de la vida se mantuvo estable, permitiendo que más hogares superaran la línea de pobreza monetaria.
La Deuda Social y la Informalidad
Sin embargo, al profundizar en la letra pequeña, la realidad es más matizada. El desempleo ha bajado al 5,7% – 6,3%, pero la informalidad laboral sigue afectando a casi 4 de cada 10 trabajadores (38,3%). Además, la brecha regional es alarmante: mientras la Región Central prospera, zonas como la Brunca y la Huetar Norte presentan niveles de acceso a tecnología y servicios significativamente inferiores.
Expertos señalan que la reducción de la pobreza es frágil. La disminución en la tasa de participación laboral (personas que dejan de buscar empleo) sugiere que parte de la mejora estadística se debe a un retiro de la fuerza de trabajo, especialmente en mujeres y jóvenes.
El Talón de Aquiles: La Seguridad
El éxito económico se desvanece, en la realidad diaria de muchas personas, ante la crisis de seguridad que el gobierno actual no ha logrado contener. Aunque el compendio estadístico destaca cierto desarrollo humano (exceptuando la materia educativa), la realidad en las calles es distinta. Expertos, gremios y expresidentes han criticado la falta de recursos para la Fuerza Pública y la “pérdida de control” ante el crimen organizado.
La tasa de homicidios, que alcanzó niveles récord en 2023 (17,2 por cada 100.000 habitantes), se mantiene como la principal preocupación ciudadana.
La violencia en centros educativos, con más de 25.000 casos reportados, refleja un deterioro en la convivencia social.
Perspectivas para el Nuevo Gobierno
El gobierno “reelecto” (en términos de línea política) recibe un país con una base fiscal sólida y un déficit contenido, pero con una ciudadanía que demanda resultados más allá de los números del Banco Central.
La política pública debe dar un giro desde la estabilidad macro hacia la seguridad humana. No basta con atraer inversión extranjera si no se traduce en empleo formal en las periferias. La continuidad de Laura Fernández enfrentará el desafío de demostrar que el modelo costarricense puede ser eficiente económicamente sin sacrificar la paz social que históricamente definió a la nación. Sin una estrategia clara contra el narcotráfico y la exclusión regional, las luces del 2025 podrían convertirse en las sombras del mañana.
Por último, durante esta auto obligada reflexión de las cifras del mencionado documento, se me vinieron a la mente varios hechos inexplicables de la presente administración, como el traslado de la Academia de la Policía Naval a una zona sin mar, el cierre de delegaciones de la Policía en puntos navales estratégicos por donde circula mucha droga y el retiro de la Policía de Control de Drogas PCD, en aeropuertos y fronteras; que me condujeron a una obligada pregunta:
¿Este será un reto que el continuismo querrá o podrá asumir?…
“Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios”. Mateo. 5:9
“La solidaridad es la ternura de los pueblos” José Martí.
La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, levanta su voz con espíritu cristiano y corazón solidario, ante la difícil situación que vive el pueblo cubano como consecuencia del bloqueo (embargo) impuesto por los Estados Unidos, especialmente en lo que respecta al asedio energético y financiero que afecta la vida cotidiana de millones de personas.
Como iglesia del Señor, hablamos desde el Evangelio de Jesucristo, que nos llama a amar al prójimo y a defender la dignidad humana. Cuando falta la energía eléctrica en hospitales y hogares, cuando se dificultan las transacciones financieras para adquirir medicinas, alimentos o combustible, no estamos hablando de cifras ni de discursos, estamos hablando de familias, de personas mayores, de niños y niñas que sufren, entre muchos otros aspectos.
La Palabra de Dios nos recuerda: “Aprended a hacer el bien; buscad la justicia, socorred al oprimido” Isaías. 1:17. Hoy entendemos que buscar la justicia también implica denunciar aquellas medidas que, directa o indirectamente, incrementan el sufrimiento de los pueblos. Ninguna nación debería ver limitada su capacidad de acceder a recursos básicos que garantizan la vida y el bienestar de su gente.
El asedio energético afecta la producción, el transporte, los servicios de salud y la educación, entre otras cosas. El cerco financiero dificulta pagos internacionales, compras esenciales y cooperación humanitaria. Estas realidades no son abstractas; tienen rostro humano. Y el Evangelio siempre tiene una palabra cuando la dignidad humana es puesta en riesgo.
Recordamos también el testimonio de la iglesia primitiva: “Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas” Hechos. 2:44. El espíritu cristiano es un espíritu de compartir, de acompañar, de tender la mano, no de cerrar puertas. El apóstol Pablo exhorta: “No se trata de que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino que haya igualdad” 2 Corintios. 8:13-14. Esa igualdad comienza con condiciones justas que permitan a cada pueblo desarrollarse sin cargas desproporcionadas.
Como Iglesia Metodista Wesleyana en Costa Rica, expresamos nuestra solidaridad fraterna con el pueblo cubano, especialmente con las iglesias y comunidades de fe que continúan sirviendo en medio de la adversidad.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para promover caminos de diálogo, respeto mutuo y soluciones pacíficas.
Invitamos a las congregaciones a orar por Cuba y por todos los gobernantes, para que Dios conceda sabiduría y espíritu de reconciliación.
Reafirmamos que toda política debe poner en el centro la vida humana y el bienestar de los más vulnerables.
Creemos en un Dios de justicia y misericordia. Creemos que los muros pueden caer y que los conflictos pueden transformarse en oportunidades de encuentro. Creemos que la paz no es debilidad, sino valentía.
Que el Señor nos encuentre del lado de la compasión, del lado del diálogo, del lado de la vida.
“Él te ha declarado lo que es bueno: hacer justicia, amar misericordia… Miqueas. 6:8.
La Defensoría de los Habitantes solicitó cuentas al Ministerio de Justicia y Paz, como ente rector del sector seguridad ciudadana y justicia, sobre los avances en el diseño de la Política de Integridad y Prevención de la Corrupción.
Recientemente, se dieron conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción a nivel mundial y Costa Rica bajo dos puntos porcentuales respecto al año anterior, pasando de 58 a 56 puntos, con lo cual se aleja del promedio de “democracias plenas” en el mundo (73 puntos); también se distancia del país con mejor puntaje en la región como lo es Uruguay; del promedio de países de la OCDE (64) y de la mejor puntuación nacional desde que se mide este índice (59 puntos en el año 2017), ocupando un décimo legar a nivel de América Latina.
La Defensoría de los Habitantes consultó a la cartera de Justicia si ya se cuenta con el marco estratégico de la política, incluyendo metas e indicadores; si ya se dispone del modelo de gestión y gobernanza debidamente redactado y revisado por los actores competentes, tal y como estaba programado; y, si se cuenta con un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política. Otros puntos de los cuales se requirió información son los niveles de avance tanto del plan de acción como del sistema de gestión de riesgo, y la fecha estimada para su conclusión. Igualmente, los resultados que se han obtenido en cuanto a compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, entre ellos, los mecanismos que incentiven la denuncia de actos de corrupción, sanciones, entre otros aspectos.
Finalmente, la Defensoría requirió al rector del ramo informar sobre la atención de las líneas de trabajo establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2027 para prevenir y sancionar la corrupción, entre ellas el fortalecimiento de la Estrategia de Gobierno Abierto, promoción de la transparencia e integridad en gobiernos locales y oficinas descentralizadas del sector público, acciones para evitar el conflicto de interés en actividades del Estado, creación de registros de lobistas y promoción de auditorías ciudadanas, entre otras aspiraciones planteadas en la planificación cuatrienal.
Del 28 al 30 de marzo de 2026 se llevará a cabo el IX Encuentro Binacional de Artesanías, Cultura y Turismo, una iniciativa que durante más de nueve años ha consolidado un espacio de integración, identidad cultural y fortalecimiento económico entre comunidades fronterizas de Costa Rica y Panamá.
El evento reunirá a más de 100 expositores de productos artesanales, turísticos y emprendimientos diversos, provenientes del cantón de Corredores y cantones vecinos en Costa Rica, así como de la provincia de Chiriquí, cuya sede anfitriona este año será el distrito de Barú.
Según el comunicado enviado a SURCOS, el encuentro promueve la participación de agrupaciones folclóricas, artesanas, gestores culturales e invitados especiales, con el propósito de fortalecer las tradiciones culturales y dinamizar la economía local en la región binacional.
Charlas, talleres y promoción digital
La programación contempla:
Charlas sobre producto turístico, hábitos empresariales y raíces del folclore panameño y costarricense.
Talleres de manualidades.
Concurso de trajes típicos y sombreros.
Actividades culturales abiertas al público.
Premios para visitantes y generación de base de datos para promoción de productos.
Transmisión en cadenas nacionales y televisión local.
Cobertura en redes sociales y transmisión en vivo mediante plataformas digitales.
El evento cuenta con la colaboración de Grupo Colosal TV y Radio del Cantón de Corredores, Tienda Online, el Grupo de Mujeres Emprendedoras Manos de Dos Pueblos y diversos aliados estratégicos.
Una feria con proyección comercial
El comunicado explica que una feria de este tipo constituye un mercado de mayor relevancia que el común, organizado en espacio público para la promoción y venta de productos elaborados con fines comerciales, buscando establecer acuerdos con compradores directos y negociantes.
Los organizadores extendieron invitación a empresarios y municipios de Barú y Renacimiento (Chiriquí, Panamá), así como de Coto Brus y Corredores (Costa Rica), para sumarse a la actividad.
Trayectoria organizativa
ASOGUITU y la revista digital Arte y Cultura Binacional, organizadores del encuentro, han impulsado durante nueve años consecutivos este tipo de actividades culturales y comerciales. Desde 2019 han documentado los eventos a través de su canal de YouTube, consolidando una experiencia sostenida en la articulación cultural fronteriza.
Se hace un llamado a la Fiscalía Ambiental, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Osa y el MINAE para que atiendan sus obligaciones y ordenen la paralización del evento
Desde hace aproximadamente una década el año 2011 se realiza en la comunidad de Uvita de Osa, dentro de una finca privada que fue parte del Refugio de Vida Silvestre Rancho La Merced, el Festival Internacional Envision, evento que ha convocado en sus ediciones anteriores a más de 7.000 personas, duplicando la población residente del distrito durante varios días.
La magnitud del festival genera una sobrecarga crítica de los servicios públicos y de emergencia, obligando al desplazamiento de personal adicional de la Fuerza Pública, el Ministerio de Salud, servicios hospitalarios, tránsito y cuerpos policiales desde otras localidades. Esta presión supera las capacidades institucionales de un cantón que ya enfrenta limitaciones estructurales para atender a su población regular.
El festival se desarrolla en una zona ambientalmente sensible, ubicada dentro del Corredor Biológico Paso de la Danta, estratégica para la conectividad ecológica, el tránsito de fauna silvestre y la conservación de ecosistemas. La contaminación lumínica y sonora, el tránsito vehicular masivo y la actividad continua las 24 horas generan afectaciones directas a la fauna, particularmente a aves migratorias que utilizan la zona como corredor y sitio de anidación, así como a playas cercanas que funcionan como áreas de anidación de tortugas marinas.
Estos impactos han sido señalados por el Centro de Rescate Alturas, el único centro de rescate de vida silvestre de la región, que ofreció al festival realizar una evaluación de impacto ambiental in situ y proponer medidas de sostenibilidad. Dicha propuesta no fue aceptada por la organización del evento.
Otra preocupación central es el manejo de residuos, que excede ampliamente la capacidad del cantón, el cual no cuenta siquiera con un diagnóstico y Plan de Manejo integral de su problemática de residuos sólidos. Esta situación se agrava por la cercanía con el Parque Nacional Marino Ballena, el tercer parque nacional más visitado del país, cuya alta visitación coincide con la realización del festival.
Asimismo, se han identificado riesgos sanitarios asociados al uso de servicios sanitarios móviles, cuyos procesos de limpieza y desinfección implican el uso de químicos que dejan residuos en el entorno. Existen además sospechas fundadas de que parte del evento se desarrolla sobre patrimonio natural del Estado y de que algunas construcciones afectan áreas de protección de cuerpos de agua, lo que explicaría cuestionamientos recientes en torno a la no otorgación de permisos, para su realización el año 2025.
En el plano social, la comunidad denuncia un incremento de problemáticas como robos, tráfico y consumo de drogas, contrabando y hechos violentos, incluyendo antecedentes de intoxicaciones graves y muertes. El Hospital Tomás Casas, único centro hospitalario de la región, ha visto incrementada su demanda por emergencias asociadas al evento, principalmente por consumo de drogas.
Vecino y vecinas han señalado “la falta de control migratorio y laboral, así como la presencia de personas menores de edad realizando trabajos en un entorno donde se expenden alcohol y drogas, en contravención de la legislación nacional”. También se señala una dinámica de apropiación cultural, mediante el uso de prácticas y sustancias asociadas a espiritualidades de pueblos originarios fuera de su contexto cultural, reducidas a una lógica de “fiesta psicodélica”.
Desde la comunidad se cuestiona además la exclusión del público nacional, dado que en ediciones recientes el festival ofreció alrededor de 7.000 entradas para público internacional y apenas unas 400 para personas nacionales, reforzando una lógica elitista y desconectada del territorio.
Ecologistas y las personas habitantes de la zona manifiestan una profunda preocupación por el acceso al agua potable, un servicio que ya se suspende de forma recurrente por horas en distintas comunidades debido a la presión inmobiliaria y a la fragilidad del sistema. La realización del festival incrementa esta presión, en un contexto donde incluso se ha denunciado el apoyo institucional sin consulta comunitaria, incluyendo la participación de la ASADA local y de algunas organizaciones nacionales e internacionales. La demanda de agua potable se multiplicaría por tres durante la semana del evento.
Las comunidades de Osa reiteran que este festival no representa un beneficio económico real, en una zona que ya es altamente visitada turísticamente, y llaman a las autoridades a evaluar integralmente los impactos socioambientales, sanitarios y culturales del evento, priorizando la protección de los ecosistemas, los derechos de las comunidades locales y la capacidad real del territorio.
Finalmente, preocupa el apoyo institucional y de algunas organizaciones sin consulta a la comunidad, incluyendo ONGs nacionales e internacionales que se presentan como aliadas en temas ambientales y de residuos. Incluso la última ha sido cuestionadas por el verdadero impacto de sus acciones y por sus alianzas con asociaciones de desarrollo y gobiernos locales en la administración de proyectos en la zona marítimo-terrestre.
Adicionalmente, las comunidades señalan que actualmente existe una solicitud de cancelación de permisos presentada ante la Municipalidad, así como la suspensión reciente de un taller convocado por el ICT para la participación ciudadana en el Plan Regulador Costero. Dicha suspensión fue solicitada por autoridades municipales bajo el argumento de que el festival era prioritario para la comunidad y que el taller tendría baja participación. Esta decisión evidencia una priorización de una actividad privada, cuyos beneficios se concentran en inversionistas privados, por encima de procesos de planificación y desarrollo comunitario fundamentales para el territorio.
Se hace un llamado a la Fiscalía Ambiental, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Osa y el MINAE para que atiendan sus obligaciones y ordenen la paralización del evento con base en el PRINCIPIO PRECAUTORIO, ya que no existe certeza sobre la magnitud del daño ambiental que podría generar, ni sobre si invade el área de protección de un cuerpo de agua o si se ubica dentro de Patrimonio Natural del Estado.
Se recuerda a estas instituciones su deber de EVITAR que situaciones de daño ambiental deriven en consecuencias ulteriores, lo cual solo puede garantizarse mediante una MEDIDA CAUTELAR, tal como ocurrió el año anterior, cuando la anterior Fiscalía Ambiental de Osa intervino e impidió la realización de este festival.
Asimismo, cuestionamos a las instituciones responsables para que rindan cuentas sobre el cambio de criterios que este año permite su realización.
Firman:
BLOQUE VERDE BLOQUE AZUL FEDERACIÓN ECOLOGISTA APREFLOFAS COSTA RICA POR LOS OCEANOS
