Freddy Pacheco León
Cuando un jurista estudioso, competente, sin prejuicios, se refirió a las presumibles inconstitucionalidades del proyecto de referendo, desde el primer momento en que se le dieron a conocer los textos de la ley Jaguar original, dejó muy claro, ante el grupo de abogados reunidos en Zapote, que las ocho reformas inconstitucionales, que estaban impulsando, ¡para complacer a Chaves, Pilar, y otros, en sus deseos de derribar los cimientos institucionales, de la Contraloría General de la República, podría derivar en un fallo de tal contundencia, como el que se ha dado, pues eran inviables, como lo confirman los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Al leer el resumen de las 193 páginas de la resolución, que nos aporta Delfino, no nos hemos sorprendido, pues, de cierta manera, el doctor Manrique Jiménez Meza, nos había adelantado lo que vendría, aunque en su momento, sus palabras molestaran a los abogados Volio, Castro, Villalobos, Guevara, y al presidente y su mentora diputada, asesorados, a su vez, por el periodista Espinoza. Es obvio, que este fallo, emitido en respuesta a sendas consultas del TSE y la CGR, se lleva consigo, también, a la llamada ley Jaguar II, sacada de la manga, de un día para otro, cuando, en medio de declaraciones contradictorias, públicas, entre la Pilar y el Chaves, al conocer el fallo sin la redacción que ahora estamos viendo, se quedaron «desnudos en medio de La Sabana».
Ellos, entre la ilusión de sus incompetentes asesores, a partir de una deficiente lectura del pequeño texto, emitido por el departamento de prensa de la Sala IV, y ante el inminente cierre de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, pusieron a correr a la regularcita ministra Laura Fernández, para que el directorio legislativo, recibiera, y según ella, tramitara en unas pocas horas, el proyecto de ley de convocatoria de la ley Jaguar, que, aunque borrada en lo más trascendente, se aferraba a lo ya declarado inconstitucional. La segunda caída, fue inmediata, pues, otra vez se equivocaban los abogados que «no habían dormido», quizá, pensando intensamente, en cómo burlar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y, de paso, a los diputados de la Asamblea Legislativa. Al no lograrlo, se evidenció, que las cuatro convocatorias a referendo (dos por iniciativa ciudadana -de Espinoza y Cabezas- y dos por la vía conjunta de los poderes Ejecutivo y Legislativo), no son más, que parte de una estrategia aparentemente legal, de profundizar la «campaña electoral», que ha venido ejecutando el Chaves, desde hace más de dos años, CON FONDOS DEL ESTADO. Demostrando con ello, que ni la virtual «ciudad gobierno», ni la pequeña «marina turística» en Limón, realmente les interesaban.
Al cerrarse este capítulo (solo faltaría la reiteración de algunos argumentos), y en medio de los serios actos de presunta corrupción, que investiga en la CCSS la Fiscalía General de la República, habrá que esperar, hacia dónde se dirigen las esperables acciones del Poder Ejecutivo, en contra de la institucionalidad de nuestra Patria.
