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Autor: María José Ferlini Cartín

Desafíos que enfrenta la seguridad social

Dr. Rodrigo Cabezas Moya
Especialista en Cirugía de Tórax

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la Seguridad Social para contar con los especialistas que el país requiere y no solo la C.C.S.S.?

Muy apropiada la formulación de la pregunta pues se deben formar los especialistas que requiere todo el país y no solo una institución o el sector privado.

Antes de discutir el tema se debe discutir la enseñanza de la medicina en Costa Rica, que impacta directamente el tema en discusión sino también la salud que recibe la población. En otros países, al final de la fase preclínica (anatomía, fisiología, embriología, etc.) se hace un examen de competencia y quien no lo aprueba no continua en la carrera, ahorrándoles dinero a los padres de familia y orientando al estudiante a otras actividades acordes con su aptitud y capacidad.

Como se ha hecho en Costa Rica la formación de especialistas durante muchos años no es la manera adecuada pues ellos deciden quienes y cuántos se forman al ser ellos quienes designan los exámenes,  las preguntas y los califican, siendo de hecho juez y parte del proceso. Incluso en algunas especialidades dejan por fuera a estudiantes calificados para favorecer a familiares de médicos.

En un artículo reciente puse de ejemplo el país donde me formé como especialista, Estados Unidos.

Ahí quienes lo hacen son las universidades que tienen su propio hospital universitario o en algunos casos, tienen un contrato para encargarse de la enseñanza en ellos, por ejemplo Hospitales de Veteranos u Hospitales Públicos de la ciudad, sin que participen en el manejo financiero. El plan de estudios lo hace un ente nacional que representa la especialidad ( American Board of Medical Specialist ) decide si el hospital tiene la capacidad para hacerlo y en el caso de especialidades quirúrgicas, el tipo y número de casos que cada residente debe hacer para concluir el programa. Al final del programa, la universidad certifica las fechas en que la persona fue residente de la especialidad. El título de especialista lo otorga el ente nacional de esa especialidad después de un riguroso examen escrito y oral.

Como se puede deducir, los especialistas no influyen en el número que se forman ni controlan el mercado, muy distinto a la manera como se hace en Costa Rica.

El tema que se pregunta es los desafíos para contar con los especialistas que el país requiere.

En este momento de crisis, la formación pasa a un segundo plano simultáneo con una directriz temporal  para importar  especialistas extranjeros con toda la oposición que eso acarrea.

Se deben buscar especialistas con un programa de formación similar al aprobado por la Universidad de Costa Rica. Se debe anticipar la oposición del Colegio de Médicos cuya principal función es proteger a sus miembros. Para eso se debe involucrar a la Asamblea Legislativa y a la Sala Constitucional y convencerlos de la naturaleza crítica de la situación. Hay países con programas de estudio similares en donde los especialistas ganan menos, como Colombia y Argentina.

Una vez superada la fase crítica en que estamos, se debe planear la formación en Costa Rica de especialistas, involucrando a todas las partes interesadas y manteniendo a la Universidad de Costa Rica como rectora de los programas de estudio. Otras universidades que no tienen hospitales universitarios no deben participar excepto en casos muy calificados. No se debe descartar la formación de especialistas en el extranjero, lo cual podría costar lo mismo o menos que formarlos aquí.

Una vez superada la crisis, se debe reevaluar el sistema de atención. Cuando haya suficientes especialistas, debe haber tres turnos con salarios  globales adecuados y  proporcionales a la complejidad de la especialidad y el tiempo requerido para lograrlo. Excepto en casos calificados, no debería haber guardias ni disponibilidad.

Como he dicho en otras ocasiones, para superar la etapa en que nos encontramos se requiere de los más altos valores éticos para el beneficio de Costa Rica.

Dicha exposición es parte de la conferencia «Desafíos de la seguridad y previsión social, escasez de médicos especialistas, juego entre la vida y la muerte», que se realizó como parte del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel. Aquí el enlace del foro: https://surcosdigital.com/conferencia-desafios-de-la-seguridad-y-prevision-social-escasez-de-medicos-especialistas-juego-entre-la-vida-y-la-muerte/

Imagen ilustrativa.

ICE desaprobó proyecto de apertura eléctrica

Del vídeo que compartimos se desprende que en el oficio 257-5-2024 del 31 de enero de 2024, el Grupo ICE responde a la consulta de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley de “Armonización del sistema eléctrico nacional”, en otras palabras, la privatización del mismo.

La respuesta otorgada por el ICE se basa en un cuestionamiento a tal proposición, argumentando el estado en que este proyecto dejaría a la institución, de manera que acabaría con el sistema solidario de energía eléctrica que existe en el país. Así, el ICE necesitaría la aprobación de entes externos para la distribución del servicio eléctrico, donde incluso se vería en la obligación de ofrecer sus plantas de mayor capacidad pero sin tener el control de sus propios recursos, específicamente de sus activos.

De aprobarse este proyecto de ley, el ICE se encontraría en una posición de fuerte desventaja y vulnerabilidad respecto a las instituciones privadas, pues lo seguiría rigiendo el Derecho Público. Además, el proyecto de ley carece de instrucciones precisas en relación con la manera en la cual el mercado eléctrico nacional transferiría sus beneficios a los clientes finales.

Finalmente, se les indica a los usuarios que si desean tener acceso al documento presentado, pueden ingresar a la página web www.anep.cr para su lectura y conocimiento.

Se les invita también a ver el vídeo:

Sentida pérdida del Gran Pablo

SURCOS comparte estos mensajes de condolencia:

Lamentamos informarles que nuestro querido Dr. Pablo Ortiz falleció.

Dejaste una huella enorme en la vida de muchísimas personas. Siempre siempre te llevaremos en nuestros corazones.

Jamás olvidaremos toda la gran labor que realizó nuestro amigo, un médico visionario y humanista que mostró la importancia de la atención primaria de la salud y la gestión interorganizacional para atender integralmente la salud de las personas, sobre todo las más pobres como los Pueblos Originarios. 

Sus inigualables carcajadas y su estilo único de ver la vida siempre estarán en nuestros corazones Doc.

Paz a su memoria.

Informaciones compartidas con SURCOS por el doctor Luis Bernardo Villalobos Solano.

Rafael Eduardo López Alfaro – candidato a miembro interno del Consejo Universitario de la UNED

Rafael Eduardo López Alfaro presenta su candidatura para el Consejo Universitario de la UNED para el período 2024-2029 con el lema «Por una UNED que no deja a nadie atrás: Inclusión, innovación y transformación social».

Su plan de trabajo se centra en fortalecer la presencia de la UNED en las comunidades, defender la autonomía universitaria y garantizar un financiamiento justo, además de promover la transparencia y rendición de cuentas.

Entre sus principales propuestas se destacan la creación de programas académicos y de extensión adaptados a las necesidades locales, la promoción de alianzas estratégicas con actores locales, y la defensa firme de la autonomía universitaria. También aboga por la innovación y flexibilidad en la oferta académica, el fortalecimiento del acompañamiento estudiantil, y el fomento de una universidad más democrática y participativa. López Alfaro subraya la importancia de la internacionalización y la cooperación para potenciar la movilidad y la investigación conjunta. Se compromete a trabajar de manera transparente y a mantener una comunicación abierta con toda la comunidad universitaria.

Rafael Eduardo López Alfaro agradece el apoyo recibido tras anunciar su candidatura al Consejo Universitario para el periodo 2024-2029. Destaca dos ejes principales de su propuesta: fortalecer la presencia de la UNED en los territorios y asegurar el bienestar de todos los miembros de la universidad. Se compromete a mejorar las sedes y centros universitarios para que la UNED sea un motor de desarrollo local, brindando educación accesible y de calidad, y promoviendo la investigación y extensión adaptadas a las necesidades regionales.

Además, enfatiza la importancia de crear un entorno de bienestar que promueva el respeto, la equidad y el desarrollo integral, mejorando las condiciones laborales y académicas. López Alfaro subraya la necesidad de una participación activa de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, fomentando espacios de diálogo donde se escuchen y consideren todas las voces. Concluye reafirmando su compromiso con estos objetivos y espera seguir recibiendo apoyo y aportes de la comunidad universitaria.

Video de presentación de candidatura:

Se invita a leer el plan de trabajo adjunto en detalle.

Nogui Acosta y Marta Esquivel, dos nefastos empleados públicos

José Luis Valverde Morales.

Por José Luis Valverde Morales

Las listas de espera crecen en el Seguro Social, el Ministro de Hacienda, prefiere se pierda un préstamo internacional en condiciones blandas, antes de pagarle a la Caja.

Muchos ni siquiera imaginan cómo sería Costa Rica, sin servicios médicos para todos.

Algunos pensionados en su ignorancia apoyan la destrucción de esta importante conquista social.

La moda, culpar a los demás, así matan en silencio a la gallina de los huevos de oro.

El jaguar ruge, hay quienes aplauden mientras los devora.

Reclamo por inacción de la Fiscalía Agraria Ambiental

El señor Marco Vinicio Levy Virgo, quien es vecino de Limón, interpone un reclamo y denuncia en contra del Fiscal responsable de la Fiscalía Agrario Ambiental debido a la inacción de esta fiscalía en la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA). De acuerdo con el demandante, la presencia de empresarios inmobiliarios en la zona ha influenciado sobre Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y otras instancias ambientales. Además, han adquirido tierras de pobladores locales y buscado modificar los límites del refugio.

Sobre la falta de acción de la Fiscalía Agrario Ambiental, se señala que no ha investigado ni dado seguimiento a las denuncias presentadas y que, esta inacción ha facilitado la destrucción de la zona boscosa del REGAMA.

A pesar de las resoluciones judiciales, como anular la Ley No. 9223 respecto a los territorios en la zona boscosa y ordenar al SINAC delimitar estas áreas, ha habido errores y descoordinación en su implementación. Lo anterior porque, la delimitación de las zonas boscosas es responsabilidad exclusiva del SINAC y la delimitación ordenada no constituye una definición normativa de los límites del refugio, la cual debe hacerse por ley o decreto.

Levy Virgo indica que algunas consecuencias de la inacción son la tala indiscriminada en los territorios de la zona boscosa y el posible incumplimiento por parte de la Fiscalía Agrario Ambiental de las órdenes judiciales.

Mientras que, por medio de un oficio emitido por la Procuraduría General de la República hacia el Director Regional del Área de Conservación Amistad Caribe (DAA-OFI-1552-2022) se dirige al Director Regional del Área de Conservación Amistad Caribe perteneciente al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 

En este documento se indica que, refiriéndose a la anulación de la Ley No. 9223: la Sala Constitucional, en el voto No. 2019-12745 del 10 de julio de 2019, anuló la Ley No. 9223 respecto a los territorios en la zona boscosa (expediente 14-19174-007-CO).

Dentro del mismo documento se señala que se ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) delimitar el área mencionada. Así como también una serie de errores de comunicación ya que, los oficios SINAC-ACLAC-DR-003-2021 y SINAC-ACLAC-DR-433-2022 contenían una manifestación errónea indicando que la delimitación era un trabajo conjunto entre SINAC y la Procuraduría General de la República (PGR).

Respecto a la delimitación de zonas con cobertura boscosa, la delimitación del área boscosa es responsabilidad exclusiva de SINAC, no de la PGR, que carece de competencias para esta tarea. Y la delimitación ordenada por el voto No. 2019-12745 no constituye una definición normativa de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, lo cual debe hacerse por ley o decreto.

Sobre la anulación de la Ley 9223; ésta implica retornar las cosas a su estado original, restableciendo la situación anterior a la emisión de la ley, por lo cual los límites definidos en la Ley 9223 ya no subsisten.

Por lo que, el oficio emitido por la Procuraduría General de la República hacia el Director Regional del Área de Conservación Amistad Caribe (DAA-OFI-1552-2022) concluye en que se reafirma la responsabilidad exclusiva de SINAC en la delimitación técnica de las zonas boscosas, conforme al voto judicial mencionado.

Lo anterior resume lo dicho por M. Sc. Susana Fallas Cubero, procuradora y firmante del oficio emitido por la Procuraduría General de la República hacia el Director Regional del Área de Conservación Amistad Caribe (DAA-OFI-1552-2022)

Asimismo, en la resolución dada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre la demanda interpuesta por el señor Marco Vinicio Levy Virgo se declara con lugar el recurso y se ordena a Maylin Mora Arias, directora regional del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, concluir, en el plazo de 3 meses, el trámite para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con la “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” de junio de 2021. 

También, a Delio Antonio Robles Loaiza, en su condición de jefe del Departamento de Urbanismo, y a Daniel Brenes Arroyo, encargado de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, ambos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como a Rugeli Morales Rodríguez, alcalde, y a Yahaira Mora Blanco, presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca, se les llama a disponer lo necesario para incorporar la actualización arriba mencionada en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca. 

Desde la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se advierte a las autoridades recurridas que según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. 

Por último, se condenó al Estado, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y a la Municipalidad de Talamanca al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

Respeto para las personas adultas mayores – 15 de junio conmemoraciones nacional y mundial

15 de junio:
Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez.
Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores.

Dr. Fernando Morales Martínez
Médico Geriatra y Gerontólogo
Decano Facultad de Medicina
Universidad de Costa Rica

Hoy 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez y el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores, que se constituye en un tema relevante, debido a la significativa proporción de personas de 65 años y más, que representan un 13,63% de la población costarricense (ENAHO, 2022), al respecto deseo exponer esta reflexión.

Hace 48 años en la revista médica British Medical Journal, se publicó un artículo del Dr. Burston que lo tituló “Maltratando a la abuelita” (Granny batterig), llamando la atención al mundo científico del abuso hacia los mayores por parte de los familiares.

En 1995, en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología fundamos el Comité de Estudio Integral del Adulto Mayor Agredido y Abandonado (CEINAA), con el fin de llevar a cabo un abordaje interdisciplinario para fortalecer el diagnóstico y tratamiento de las personas adultas mayores en condiciones de abuso y abandono e identificar las características correspondientes con el fin de establecer lineamientos de atención.

En 1999, en nuestro país se publica la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, en donde se propone garantizar la protección jurídica y psicosocial de la población adulta mayor afectada por el abuso físico, psicológico, patrimonial, sexual o por negligencia, por medio de la aplicación de las medidas de protección y procedimientos establecidas en Ley Contra la Violencia Doméstica.

En mayo de 2012, Costa Rica se sumó a los países de América Latina y el Caribe quienes, reunidos en la tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en San José, adoptamos la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe. Nuestro compromiso consistió en no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas adultas mayores, así como la férrea e inclaudicable voluntad de trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia, y de crear redes de protección de las personas de edad para hacer efectivos sus derechos.

El 15 de junio de 2015, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobaron la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y Costa Rica fue uno de los 5 Estados que de inmediato firmaron su texto, junto a los gobiernos de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile.

Hay que recordar que Costa Rica ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, mediante la Ley No. 9394 del 8 de setiembre de 2016 y el Decreto Ejecutivo No. 39973 del 12 de octubre de 2016. Con lo cual, desde el año 2016, el país cuenta con un marco de referencia vinculante de derechos humanos específicos para las personas adultas mayores.

Estas y otras normativas como la Ley que penaliza el abandono de las personas adultas mayores, así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional conforman el marco jurídico de protección a las personas adultas mayores en nuestro país.

Como lo señala la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la persona adulta mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. A su vez, define la violencia contra la persona adulta mayor como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona adulta mayor, tanto en el ámbito público como en el privado.

En esta definición se comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.

El maltrato hacia las personas adultas mayores es un problema social grave y actual, sin importar el nivel económico o educativo de quien lo ejerza o padezca. Las personas adultas mayores suelen ser víctimas de malos tratos y abusos por parte de sus familiares, vecinos, entidades públicas y privadas. Esta situación repercute en su salud, calidad de vida y en el reconocimiento y respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Los factores de riesgo son múltiples en especial para aquellas personas adultas mayores que están en vulnerabilidad, enfermedad crónica irreversible, no cuentan con familiares o parientes y están en total abandono.

La realidad es que el abuso, maltrato, abandono y la negligencia hacia las personas adultas mayores está presente en nuestra sociedad y cada año se acrecienta más, agravada en los últimos años como resultado de las consecuencias de la pandemia por la COVID-19.

Desafortunadamente los datos que evidencian esta problemática de violencia en las personas adultas mayores no son tan precisos y los que se muestran están lejos de la realidad, lo que no permite tomar decisiones y acciones oportunas en la protección de sus derechos mediante respuestas ante las múltiples necesidades de esta población.

Esta es una situación creciente que debemos poner atención con medidas correctivas oportunas porque alcanza todos los extractos de la sociedad.

El objetivo es que se contemple una nueva visión del envejecimiento, de tal manera que se promueva la inclusión de las personas adultas mayores en la sociedad, se ofrezcan bienes y servicios de calidad y de manera especial, se dé cuenta de su contribución al desarrollo.

Quiero invitarlos a construir una cultura de protección a la integridad y dignidad de las personas adultas mayores con el fin de lograr el reconocimiento de sus derechos humanos, su empoderamiento y, por supuesto, estimular e incrementar sus capacidades para defenderse ante situaciones abusivas. Hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros que se encuentre en esta espiral de violencia y se vea perjudicado.

Los actuales políticos ticos: «descubrieron el agua tibia»

Por Bernardo Archer Moore

Las comunidades tribales costarricenses existen mucho antes de que los políticos actuales las reconocieran.

Su existencia se remonta al siglo XVII (1650) con la formación de «(*) La Puebla de los Pardos o Puebla de los Ángeles situado en Cartago y compuesto por:

Mestizos, Mulatos y Zambos; el resultado del mestizaje de blanco con indio, blanco con negro y negro con indio respectivamente». Uno de los principales legados de ese primer poblado tribal fue LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES.

*/ (Los Pardos de la Colonia – Álvaro Cuberos).

Desde entonces, los derechos de las comunidades tribales son fundamentales para su subsistencia y bienestar, y requieren la protección especial del Estado, así como de Convenios Internacionales que surgieron debido a su vulneración por parte de los gobiernos nacionales, ahora tutelados por organismos internacionales como la CIDH.

Estas comunidades a menudo viven en áreas aisladas de las grandes ciudades y del gobierno central, lo que las hace más vulnerables a la violación de sus derechos, especialmente en relación con la tierra que habitan.

La tierra es un recurso vital para las comunidades tribales, ya que les proporciona sustento, medios de vida y es parte integral de su identidad cultural y espiritual. La violación de sus derechos sobre la tierra las priva de su forma de vida tradicional y las condena a la pobreza y el sufrimiento.

La falta de acceso y control sobre la tierra puede llevar a la pérdida de recursos naturales, la degradación del medio ambiente y la imposición de proyectos de desarrollo que no consideran las necesidades y aspiraciones de las comunidades tribales.

Esto puede resultar en la destrucción de su entorno natural, la pérdida de sus fuentes de subsistencia y la interrupción de su vida comunitaria y cultural.

Es crucial garantizar y proteger los derechos de las comunidades tribales sobre la tierra que habitan, reconociendo y respetando su derecho a la propiedad y control de sus tierras ancestrales, así como su participación en la toma de decisiones que afectan a sus territorios.

Es importante promover el desarrollo sostenible y la diversificación económica en áreas tribales como Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo, Ciudad de Limón, Barra del Colorado, Tortuguero, Siquirres y Matina, para que puedan mejorar sus condiciones de vida sin comprometer su cultura y medio ambiente.

Esto incluye el apoyo a iniciativas de desarrollo local, una mejor calidad de educación, acceso a servicios básicos como caminos de acceso público, servicio eléctrico, agua potable, internet de banda ancha, plantas de tratamiento de aguas residuales y hospitales, así como la valoración y preservación de los conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles de las comunidades tribales.

En resumen, la vulneración de los derechos de las comunidades tribales sobre la tierra las condena a la pobreza y el sufrimiento. Por ello, es fundamental garantizar y proteger sus derechos sobre la tierra, promover el desarrollo sostenible y respetar su cultura y medio ambiente, permitiendo que la comunidad tribal de Cahuita prospere y mantenga su forma de vida tradicional.

Finalmente, los proyectos de ley patrocinados por las congresistas Katherine Moreira y Rosalía Brown sobre el supuesto “reconocimiento de los pueblos tribales” no abordan los problemas fundamentales de estas comunidades, prefiriendo evitar conflictos con políticas gubernamentales para aumentar sus posibilidades de aprobación. Esto deja a los pueblos tribales costeros a merced del ICT y el Estado costarricense.

Imagen ilustrativa.

UCR: ¡Sonrisas que se transforman en autoestima!

El compromiso de la UCR fortalece las obligaciones y responsabilidades, contempladas en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor No.7935 y la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad No.7600, así como la formación profesional de recursos para la atención de esta población.

La UCR comprometida con el bienestar integral de personas en condición de calle

Este 10 de junio la Universidad de Costa Rica firmó un convenio con la Asociación Misionera Club de Paz, la cual tiene a su cargo la Clínica Sagrado Corazón de Jesús, conocida como Hospital para Indigentes (HPI). Con este convenio, la UCR se compromete a aunar esfuerzos con el HPI y concertar sus recursos materiales y humanos disponibles para lograr un interés público, desarrollando acciones para la promoción de la salud bucal, prevención de las enfermedades bucales, curación y rehabilitación de la población adulta mayor abordada por la Asociación.  

La UCR hace suyo el compromiso para combinar esfuerzos en procura del bienestar integral de la población adulta mayor en condición de calle. Este compromiso incluye capacitación en la temática del envejecimiento mediante el abordaje de la persona adulta mayor, en áreas de la promoción de la salud, prevención de enfermedades y la aplicación de medidas de atención de la salud bucodental. 

La institución aporta con este tipo de colaboraciones al respeto y fortalecimiento del derecho universal a la salud, del cual muchas poblaciones con alta vulnerabilidad se ven excluidas en nuestra sociedad. El convenio firmado encuentra eco en los principios y valores de esta casa de estudios, llamada a trabajar por el logro del bien común desde los tres elementos sustanciales de la UCR, la docencia, la investigación, y la acción social.  

Diferentes personas en condición de calle, beneficiarias de los servicios aportados por la UCR y la Asociación Misionera Club de Paz, compartieron sus historias de vida antes y después de formar parte de este proyecto.

Para el rector de la Universidad, Gustavo Gutiérrez Espeleta, este tipo de proyectos y compromisos reflejan la esencia de la universidad pública. “Hace unos meses firmamos un convenio con la organización Chepe se baña, también desde un abordaje en torno a la salud bucodental; pero también estamos haciendo un abordaje multidisciplinar desde la psicología, la nutrición, la ingeniería de alimentos, el arte y la cultura, entre otras muchas áreas, que vienen a complementar el gran esfuerzo que hace la Asociación Misionera Club de Paz. Las personas en condición de calle deben de ser atendidas por los gobiernos, y si no es así entonces las universidades públicas asumimos esas y muchas otras labores”. 

Iniciativas como las mencionadas generan también oportunidades de aprendizajes para el personal docente y estudiantes de la universidad. “Son nuestros y nuestras docentes, nuestros y nuestras estudiantes quienes están participando en estos procesos para mejora de la sonrisa y de la calidad de vida de estas personas, y están también aprendiendo junto con ellas”.   

Ya desde el año 2020, la UCR, a través de la Facultad de Odontología, creó un Externado Clínico Odontológico en el escenario físico del HPI. Este es pionero en su campo y brinda, de forma voluntaria, servicios de odontología general.  

Conozca un poco más sobre este trabajo de apoyo a las personas en condición de calle que está llevando a cabo la Universidad de Costa Rica: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2023/3/20/estudiantes-de-odontologia-toman-sus-instrumentos-y-salen-a-devolver-sonrisas-a-las-personas-en-condicion-de-calle.html

Los servicios de odontología que ofrece la UCR son brindados en condiciones dignas, con la mejor tecnología, personal y procedimientos.

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Mesa de Salud, Seguridad y Previsión Social analizó escasez de médicos especialistas

Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel

Sectores sociales, productivos y laborales se reunieron para abordar las graves repercusiones en la salud pública ante la falta de médicos especialistas en el país.

En el marco del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel, la Mesa de Salud, Seguridad y Previsión Social conformada por representantes de los sectores sociales, productivos y laborales participaron el martes 11 de junio de 2024 en la conferencia “Desafíos de la Seguridad y Previsión Social: Escasez de Médicos Especialistas – Juego entre la Vida y la Muerte”.  

Dicho encuentro analizó la preocupante escasez de médicos especialistas y sus consecuencias en la atención sanitaria del país que provocan una atención limitada a pacientes, diagnósticos tardíos y largas esperas para obtener citas médicas. 

La conferencia evidenció que, en este momento, las listas de espera no responden a la falta de espacios físicos o quirófanos para la atención médica o de cirugías; sino que son consecuencia de una alta escasez de médicos especialistas en distintas ramas. Esta situación muestra que en el país existe un mayor porcentaje de médicos generales incrementando el problema central a las largas listas de espera.

El panel de expertos en la conferencia incluyó a Lenin Hernández Navas y a Vivian Rodríguez Araya del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Participaron también Ana Gloria Romero Hernández, vicepresidenta de la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida; Rodrigo Cabezas Moya, cirujano de tórax; Rodrigo Chamorro Castro, jefe de Cirugía del Hospital Calderón Guardia; Román Macaya Hayes, expresidente de la CCSS; Lisbeth Salazar Sánchez, médica y representante de UCCAEP.

Por parte de la Asamblea Legislativa se contó con la exposición del diputado Óscar Izquierdo. Dentro de los panelistas se incluyó también a Óscar Abellán, gerente general de Coopesiba, en representación de las cooperativas de salud en nuestro país.

“Esperamos que a partir de esta información se planteen propuestas para abordar este tema desde la institucionalidad, brindando a los costarricenses la posibilidad de contar con servicios de salud oportunos y humanitarios”, señaló Lenin Hernández, presidente de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

El Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel es una iniciativa organizada por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Consejo Nacional de Rectores y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.

“Desde su fundación en 1986, la Asamblea ha demostrado un compromiso genuino con el diálogo social. Esto nos llevó, como Directorio Nacional, a liderar la génesis e implementación del Foro, conscientes de la necesidad de generar una visión país compartida para atender las múltiples problemáticas que están erosionando la calidad de vida en Costa Rica”, añadió Vivian Rodríguez Araya, directora de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. 

Para más información puede ingresar al sitio web:

www.asambleadelpopular.cr/foro

Correo: asambleainforma@bp.fi.cr