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Autor: María José Ferlini Cartín

Ordenando el desorden del mundo

Gilberto Lopes
San José, 19 de abril de 2026

Durmiendo en la acera

Salgo de casa por la mañana y lo encuentro a la vuelta de la esquina. El niño duerme en la orilla de la acera. Una frazada roja lo separa del piso de cemento. La madre, envuelta en la bandera de Venezuela, pide ayuda a los carros detenidos en el semáforo.

¿Cómo verá el mundo ese niño cuando se despierte en el piso de la acera? ¿Qué pensará? No sería raro que haya soñado con tener algo para comer. Quizás algo rico.

El 1 de mayo del año pasado, Valentina Oropeza publicó, en BBC Mundo, una entrevista con el economista Omar Zambrano sobre los hallazgos del estudio titulado «Crisis económica y el colapso del acervo de capital humano venezolano».

Zambrano dice que lo peor de la crisis fue la hiperinflación. Entre 2015 y 2017 nadie quería trabajar porque el salario no valía nada.

Los datos son abrumadores; el desorden, enorme: “Venezuela perdió 75% del tamaño de su economía entre 2013 y 2021. Una de las contracciones económicas más severas registradas en la historia moderna. Al menos 7,7 millones de personas emigraron durante la última década”, afirma.

“La depreciación de los salarios y la ola migratoria llevaron a más de cuatro millones de personas en edad de trabajar a salir del mercado laboral, incluidos los trabajadores más jóvenes, más calificados y con mayor experiencia”.

Venezuela: el desorden del mundo

¿Será parte de ese grupo la familia que ahora pide ayuda en las calles de San José?

En la entrevista no hay una sola palabra sobre las causas de este desorden. La periodista tampoco pregunta. Hay que buscar la información en otras fuentes. Por suerte, abundan. Cualquiera que quiera saber tiene a su disposición todo tipo de información, de las más diversas fuentes.

“Desde sus propios inicios, el gobierno de Hugo Chávez confrontó acciones imperiales destinadas a deponerlo. El gobierno de los Estados Unidos en todo momento ha apoyado política y financieramente los intentos de la derecha venezolana por derrocarlo, comenzando por el golpe de Estado de abril 2002 y el paro petrolero-lockout empresarial que prácticamente paralizó al país durante dos meses entre los años 2002 y 2003”, dijo el sociólogo venezolano Edgardo Lander. Chavista al inicio del proceso, hoy está más cerca de la oposición que encabeza María Corina Machado.

¿De qué modo puede un país tener un desarrollo político “normal”, donde cada sector tenga la representación que le corresponda, si un sector es avasallado por las presiones de Washington, mientras el otro cuenta con todo su respaldo? Es imposible.

El desequilibro que eso genera falsea el escenario político, generando, como en el caso de Venezuela, todo tipo de desorden. Primero, el económico, con sus dramáticas repercusiones, incluyendo la migración, de la que tanto reclama Trump. Pero también el político. ¿Cómo se puede pretender tener “elecciones libres” con un sector sometido a las mayores presiones económicas y políticas, que le hacen imposible gobernar? Y si gana la oposición, ese triunfo no representa un balance político interno, sino resultado del desequilibrio provocado por la intervención extranjera.

La intervención de Estados Unidos en Venezuela ha sido permanente. Desde fines del siglo pasado, como ya vimos. En 2017, poco antes de dejar el poder, el presidente Barack Obama renovó la abusiva declaración de que Venezuela es una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Luego Trump, en su primer mandato, amplió el bloqueo financiero a Venezuela, extendiéndolo más allá de los Estados Unidos.

En febrero del 2021 la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los efectos de las sanciones a Venezuela, Alena Douhan, presentó un detallado informe sobre los efectos de esas medidas.

Las sanciones unilaterales impuestas cada vez con mayor frecuencia por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, han exacerbado los problemas”, afirma. Los ingresos del gobierno “se redujeron en un 99%, y actualmente el país vive con solo el 1% de los ingresos previos a las sanciones”.

Este no es un trabajo sobre la economía venezolana y no pretende, por lo tanto, discutir sobre las diversas interpretaciones sobre las causas y los orígenes de sus problemas. Nuestro interés es otro: mostrar el desorden que la intervención extranjera –norteamericana y europea principalmente– provocan en la vida de los venezolanos, en el funcionamiento de las instituciones del país.

En abril del 2019, Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs expusieron en un trabajo sobre “Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela”, las consecuencias de esas políticas.

Constatamos que las sanciones han infligido, y siguen infligiendo cada vez más, daños muy graves a la vida y la salud humanas, incluyendo un estimado de más de 40 mil muertes entre 2017 y 2018”, afirmaron.

Es imposible imaginar desorden mayor. No hace falta extendernos aquí sobre los desastrosos efectos de las sanciones sobre la vida política y económica del país, ni sobre la población venezolana.

Cuba: el desorden del mundo

El desorden más escandaloso en América Latina es el provocado por el embargo a que está sometida Cuba hace más de 60 años.

De nuevo, ¿cómo se puede pretender un desarrollo político “normal” –donde cada fuerza política interna tenga la representación que le corresponda– si el gobierno está sometido a sanciones que, en cualquier otro caso, no habría permitido a ningún gobierno de la región sobrevivir más que algunos meses?

No ha sido así en el caso de Cuba. Aquí tampoco voy a entrar a discutir si el gobierno ha acertado siempre. Pero es evidente que ha acertado en lo fundamental, de modo que ni las sanciones norteamericanas, ni el fin del mundo soviético, en el que estaba profundamente inserto, ha significado la caída del gobierno.

Inútil atribuir eso a la “represión”. Sabemos de sobra (y los casos latinoamericanos son prueba de eso) que ninguna represión, por sí misma, explica esa resistencia. Sugiero que las transformaciones realizadas son el fundamento de la explicación, pese el desorden monumental que las sanciones producen en la vida de los cubanos.

En 2024 el gobierno de Cuba presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas un informe sobre los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero a que está sometida, condenado ese año por 187 países, con solo dos votos a favor: el de Estados Unidos y el de Israel.

Solo entre marzo de 2023 y febrero de 2024 el bloqueo representó pérdidas a la isla por poco más de cinco mil millones de dólares. El informe cubano cifra, en dólares corrientes, en más de 164 mil millones los daños de las más de seis décadas de sanciones. Actualizada, la cifra es de 1,5 billones de dólares. Es fácil imaginar el desorden que sanciones como esas causan a cualquier economía.

El resultado es que el país siquiera es capaz hoy de mantener en funcionamiento un sistema eléctrico indispensable para que funcione su economía, sus hospitales, sus escuelas, para que los cubanos puedan mantener refrigeradoras funcionando en sus casas.

La intervención extranjera genera un desorden extraordinario que hace imposible un desarrollo político interno “normal”, que refleje el peso real de cada sector en la vida política del país.

Si la oposición cuenta con el apoyo tan formidable de Washington, ¿cómo pedir al gobierno cubano que juegue como si la cancha estuviera pareja? ¿Cómo pedirle elecciones “libres”, si durante 60 años el gobierno jamás ha podido desarrollar un proyecto sin el sabotaje externo?

El desorden en América Central

La historia de América Central –quizás con excepción de Costa Rica– es un buen ejemplo de los resultados de esas intervenciones.

Un caso especial es el de Guatemala, donde un golpe de Estado promovido por Washington, en 1954, empoderó a los militares, desarticuló la vida política del país, marginó la mayoritaria población indígena, cortó un desarrollo normal de reformas que los dueños de las bananeras norteamericanas en el país no estaban dispuestos a aceptar.

El desorden provocado por ese golpe repercute hasta hoy. El canciller del gobierno del derrocado gobierno de Jacobo Arbenz, Guillermo Toriello, cuenta esa historia en un libro notable, “La batalla de Guatemala”, texto indispensable, pero difícil hoy de conseguir. En todo caso, un texto más reciente, del periodista norteamericano Stephen Kinzer, excorresponsal del New York Times en Centroamérica (y en muchos otros países), cuenta esa historia en “Bitter Fruit: The Story of the American Coup in Guatemala”, publicado en 2005.

Kinzer también escribió sobre la guerra en Nicaragua –Blood of Brothers, publicado en 1991– donde la intervención norteamericana alimentó la guerra contra a revolución sandinista que, además de los miles de muertos y del desorden provocado en los programas de desarrollo del país, terminó resolviéndose en unas elecciones en las que los nicaragüenses estaban advertidos: si no gana la oposición Estados Unidos mantendrá la guerra contra un país ya exhausto y desangrado.

Ganó la oposición, pero el desorden político creado por esa victoria se mantiene hasta hoy, sin que el país haya podido volver a encontrar un equilibrio político, ni un adecuado modelo desarrollo. Por el contrario; como sabemos hoy imperan las duras reglas con las que el régimen de Ortega ha devorado hasta a sus más viejos y cercanos aliados. ¿Qué orden es ese, qué régimen puede sobrevivir en esas condiciones?

El desorden causado por genocidio de Gaza y la guerra contra Irán

El desorden en el mundo tiene otras expresiones más recientes, abrumadoras, de repercusiones universales.

Una es el genocidio de Gaza, dramática herencia que recuerda el genocidio producido por los alemanes en la II Guerra Mundial. Es abrumadora la evidencia de la devastación provocada por Israel, principalmente en Gaza, pero también en Cisjordania.

En un artículo sobre la pobreza endémica en Gaza y Cisjordania, publicado el 30 de diciembre del 2004, la BBC decía: «Las estadísticas de muerte, destrucción y pobreza no llegan a transmitir el verdadero sufrimiento de la población en los territorios ocupados. Barrios enteros (…) han sido arrasados. En nuestras escuelas una generación completa crece en un ambiente de violencia aterradora. La maldición de la pobreza endémica alcanza ahora a dos tercios de la población».

¡Dicho en 2004! ¿Qué ha pasado desde entonces?

El informe de Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la “Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos”, publicado en octubre pasado, muestra la dimensión del desorden causado.

La tortura se ha extendido mucho más allá de las prisiones y salas de interrogatorio. “El territorio palestino ocupado se ha convertido en un espacio de castigo colectivo”, dice. O sea, en un campo de concentración.

La complicidad internacional, en particular de Estados Unidos, ha contribuido al genocidio en Gaza, señala el informe. Solo la cifra de muertos en la franja de Gaza superaba ya los 75 mil, consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel desde hace más de dos años.

A la destrucción de Gaza se sumó al cerco de Cisjordania, donde los colonos israelitas han ido ocupando territorio, destruyendo propiedades y asesinado a los antiguos habitantes.

El diciembre pasado la prensa informaba que niños palestinos se congelaban hasta la muerte en los campos de refugiados, mientras Israel bloqueaba la ayuda humanitaria, sin la que no pueden sobrevivir. Limitando el ingreso de alimentos, un cuidadoso plan del gobierno israelí implantó la hambruna en los territorios ocupados desde 1967.

El desorden impuesto en Medio Oriente por Israel y sus aliados es inimaginable. ¿Qué se pretende construir sobre esas ruinas? ¿Podrá el mundo seguir mirando para otro lado mucho tiempo más? Es imposible imaginar la solución de algún problema con el genocidio impuesto por Israel en Palestina.

Pero las bombas siguen estallando. Israel vuelve a atacar el Líbano. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron Irán. Hasta hoy siguen las discusiones sobre los objetivos de esa guerra, sin que haya claridad sobre cuáles son.

Escuelas y hospitales en ruinas, estrecho de Ormuz cerrado

A mediados de abril se anunció un precario cese al fuego en la guerra que Estados Unidos libra contra Irán.

El New York Times decidió hacer también una pausa en la cobertura de la guerra y echar una mirada a la destrucción provocada por los bombardeos en Irán: “Iran’s Schools and Hospitals in Ruins, Times Analysis Shows”, se titula el artículo, publicado el 9 de abril.

Es probable que la escala de devastación sea mucho mayor que la estimada por el Times, dice la nota. La Sociedad de la Media Luna Roja declaró, el 2 de abril, que al menos 763 escuelas y 316 centros de salud habían resultado dañados o destruidos durante la guerra.

El primer día del ataque, el 28 de febrero, la escuela primaria Shajarah Tayyebeh, en la ciudad de Minab, al sur de Irán, fue bombardeada. El ataque dejó al menos a 175 personas muertas, la mayoría de ellas niños. Los militares habían catalogado la escuela como un objetivo militar, utilizando información desactualizada, de por lo menos diez años antes, dice el periódico.

El derecho internacional humanitario obliga a los comandantes militares a tener en cuenta los posibles daños colaterales a civiles e infraestructuras civiles cuando planifican un ataque, recuerda el Times.

El periódico utilizó imágenes aéreas de alta definición para analizar el resultado de los ataques. Las imágenes fueron mostrando el caos provocado: centenares de escuelas, hospitales, centros de salud, destruidos o dañados. Centenares de niños muertos.

Cerca de la mitad de las escuelas y centros de salud dañados se encontraban en Teherán, una ciudad densamente poblada, donde los bombardeos han sido intensos.

Trump prometió, en algún momento, enviar Irán a la “edad de la piedra”. Hoy, domingo 19 de abril, con las negociaciones entrampadas, amenaza de nuevo con destruir puentes y centrales eléctricas de Irán.

Sus fuerzas acaban de capturar un carguero de bandera iraní en el golfo de Omán. Difícil imaginar caos mayor que el provocado por el cierre del estrecho de Ormuz. China, particularmente afectada por el cierre de la vía, ha pedido a Irán que la abra, pero ha indicado que la causa del cierre es la guerra provocada por Estados Unidos e Israel.

El 1 de abril, el diario español El País recordaba el caos provocado por la guerra de Irak en 2003, con el apoyo del español José María Aznar y del británico Tony Blair. “El declive de Bagdad dos décadas después de la guerra, espejo para Teherán”, dice el artículo. Caos similar provocó el asesinato del líder libio, Muamar el Kadafi, en octubre del 2011.

Aunque no han logrado el derrocamiento del gobierno iraní, intentado aun antes de la guerra por medio de protestas populares estimuladas por las dificultades económicas creadas en el país por las sanciones norteamericanas, los antecedentes citados muestran las caóticas consecuencias de esas guerras y sanciones.

La necesidad de un nuevo orden

Me parece que no deberíamos cerrar el recorrido por este caos sin mencionar el más reciente esfuerzo por crear un nuevo orden internacional, que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, convocó bajo la consigna del “No a la guerra”.

El 17 y 18 de abril, Sánchez celebró, en Barcelona, junto con los presidentes de Brasil, México, Colombia, Uruguay, Africa del Sur y una lista de representantes de diversos países y organizaciones políticas, una Cumbre Global Progresista.

Tiene particular relevancia para América Latina, donde Trump ha proclamado la pretensión de un renovado control sobre su “patio trasero”. Nunca ha dejado América Latina de serlo, sometida a la permanente presión de Washington y la sumisión de la “quinta columna” en la que se basa esa dominación.

Pero si nunca ha dejado de serlo, tampoco nunca ha dejado de haber resistencias. La cumbre de Barcelona revela lo persistente y renovadas que son. El mundo ha cambiado mucho para que las pretensiones anunciadas en 1823 de someter a América Latina puedan ser renovadas sin problemas hoy.

Nadie debe tener vergüenza de ser de izquierda, dijo Lula en Barcelona. Trump está jugando un juego muy peligroso, pensando que puede dictar sus reglas.

O, como dijo la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum: México tiene como principios constitucionales “el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos, la lucha permanente por la paz”.

Estados Unidos está utilizando armas creadas para combatir el narcotráfico como instrumento de presión contra los que no comparten sus políticas en América Latina dijo, por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro.

¿Cuál es nuestra respuesta?, se preguntó: Rebelión. Esto es lo que ocurrirá si el gobierno norteamericano no revisa el caos provocado por sus políticas hacia América Latina, aseguró.

Podrá así ese niño, dormido en la acera en San José, despertar y descubrir otro mundo, donde tenga una cama donde dormir.

FIN

Organizaciones de derechos humanos piden poner fin a las deportaciones en cadena desde Estados Unidos a Costa Rica

Más de cuarenta organizaciones nacionales e internacionales firmaron un pronunciamiento en el que solicitan al Estado costarricense detener los acuerdos que permiten deportaciones en cadena desde Estados Unidos hacia Costa Rica. El documento advierte que experiencias previas demostraron graves violaciones a derechos humanos de personas migrantes trasladadas al país, especialmente en el CATEM, y exige transparencia sobre cualquier nuevo memorando bilateral.

SURCOS presenta el texto del pronunciamiento:

● Experiencias anteriores demuestran que Costa Rica no está preparado para garantizar los derechos humanos de las personas en movilidad humana deportadas, aseguran las organizaciones.
● Así mismo, hacen un llamado al gobierno para que brinde información oportuna, suficiente y transparente sobre el acuerdo que permitiría deportaciones masivas de hasta 25 personas en movilidad humana desde Estados Unidos, por semana, de manera que las organizaciones sociales y personas expertas o con experiencias de vida relacionadas puedan aportar a la creación de las políticas públicas que afectan a estas personas.

Costa Rica, 26 de marzo de 2025.- Las organizaciones firmantes, que trabajan en la defensa de los derechos humanos, manifiestan su preocupación por el reciente anuncio hecho por el gobierno de Costa Rica según el cual ha firmado un memorando de entendimiento con Estados Unidos para la deportación semanal de hasta 25 personas extranjeras desde dicho país.

De implementarse el acuerdo, Costa Rica sería uno de los países del mundo que más personas de terceros países recibiría deportadas desde Estados Unidos, según se deduce tras revisar las cifras registradas, país por país, por el Observatorio de Deportaciones a Terceros Países (Third Country Deportation Watch).

Ello es particularmente grave porque ha quedado demostrado que no hay condiciones para la garantía de los derechos de estas personas. En febrero de 2025, cerca de 200 personas en movilidad humana, incluidos 80 niños y niñas de Rusia, Armenia, Yemen, Afganistán, Uzbekistán y otras nacionalidades, fueron deportadas en dos vuelos provenientes de Estados Unidos y fueron privadas de su libertad en el Centro de Atención para Migrantes (CATEM) en Costa Rica. El Estado costarricense las detuvo arbitrariamente, les retiró indebidamente sus documentos de identidad, no les brindó atención médica oportuna, interpretación a sus idiomas, ni educación o instalaciones adecuadas para los niños y las niñas.

Hasta la fecha las organizaciones conocen sobre el paradero y la suerte de aproximadamente el 5% de las personas que estuvieron detenidas en el CATEM, y existen indicios de que un buen número de ellas fueron devueltas a sus países de origen, en donde su vida e integridad corren peligro, como el caso de una mujer de Rusia entrevistada por la organización Refugees International. Adicionalmente, información reciente reportada por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica indica que de las 200 personas deportadas desde Estados Unidos, 110 salieron mediante el programa de retorno voluntario (aunque la voluntariedad de estos retornos es cuestionable dada la coacción a la que estaban sometidas las personas), 34 personas lo hicieron tras presentar solicitudes de refugio y 57 más realizaron salidas voluntarias.

Según pudieron constatar organizaciones de la sociedad civil en 2025, estas personas no tuvieron acceso oportuno a la información sobre asilo u otros derechos en sus idiomas y se puso en riesgo a personas con necesidades de protección internacional.

En el marco de un recurso de habeas corpus interpuesto por defensores de derechos humanos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró en junio de 2025 la vulneración del derecho a la libertad personal de estas personas, ordenó a las autoridades su liberación y determinar qué tipo de asistencia en salud, educación, vivienda requerían por parte del Estado. En su decisión, la Sala Constitucional también condenó al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados.

Nueve meses después de la decisión de la Sala Constitucional, el Estado aún no ha realizado el análisis de las necesidades sociales. Quienes aún permanecen en Costa Rica han enfrentado múltiples barreras para acceder a derechos fundamentales y han dependido de la solidaridad de la ciudadanía para permanecer en el país. Mientras las autoridades costarricenses siguen sin dar respuestas efectivas en materia de salud, vivienda, alimentación ni educación, estas personas conviven con los impactos de la detención y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

A la luz de este historial, las organizaciones manifiestan una gran preocupación de que, de aplicarse, este nuevo acuerdo repita las violaciones a derechos humanos que ya ocurrieron. Por eso, piden poner fin a las deportaciones en cadena desde Estados Unidos hacia Costa Rica.

Adicionalmente y según un comunicado de la presidenta electa, Laura Fernández, el acuerdo también facilita el retorno de las personas a sus países de origen, lo que podría implicar una violación al principio de no devolución (non-refoulement) en caso de que no se realicen valoraciones adecuadas del riesgo que corren las personas al ser regresadas a sus países.

Las organizaciones son enfáticas en afirmar que, de ejecutarse este nuevo acuerdo anunciado, Costa Rica incumpliría con sus obligaciones nacionales e internacionales, como el principio de no-devolución, se convertiría en cómplice de la implementación de políticas crueles que atentan contra la dignidad de las personas y desconocería el derecho a solicitar protección internacional, así como el derecho al debido proceso.

Las medidas que trasladan las responsabilidades de la gobernanza migratoria entre Estados incrementan los riesgos de violaciones de derechos humanos para las personas en movilidad humana, y posicionan a Costa Rica como un Estado cómplice -y también responsable directo- de las violaciones que está cometiendo Estados Unidos al realizar deportaciones en cadena sin el debido proceso, como lo han identificado las organizaciones Human Rights First y Refugees International en su informe “This is an order from Trump” (Esta es una orden de Trump).

Estas políticas de expulsiones en cadena se han traducido en tratos inhumanos, humillantes y degradantes durante los procesos de detención y deportación, separaciones familiares, falta de confianza en el acceso a la justicia y a los servicios sociales básicos a los que toda persona tiene derecho.

Todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a que su integridad, su vida y su dignidad sea garantizada. Este deber se ve reforzado respecto de aquellas personas que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad, como las personas en movilidad, especialmente niños y niñas y personas con necesidades de protección internacional.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado al Estado de Costa Rica a cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, garantizando la protección de las personas en situación de movilidad humana. Asimismo, le exigen al Estado que brinde información oportuna, suficiente y transparente sobre el acuerdo al que ha llegado con Estados Unidos, de manera que las organizaciones sociales y personas expertas o con experiencias de vida concretas puedan aportar a la creación de las políticas públicas que afectan a estas personas.

A la sociedad en general, las organizaciones piden expresar su solidaridad con las personas en movilidad humana que han sido o están en riesgo de ser detenidas y deportadas desde Estados Unidos, y hacer un llamado de atención al gobierno para que implemente soluciones reales que fomenten la libertad, la seguridad y el bienestar para todas las personas y familias.

Firmas de organizaciones

Alianza Américas
American Friends Service Committee (AFSC)
Arrecife
Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas (AMUMRA), Argentina
Bloque Latinoamericano sobre Migración
Buen Vivir Costa Rica
Canadian Centre Universal for Human Rights Society
CAREF
Center for Engagement and Advocacy in the Americas (CEDA)
Center for Gender & Refugee Studies (CGRS)
Centro de Amigos para la Paz (Costa Rica)
Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CISAS
Consejo Global de Litigio Estratégico
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia
Corporación Alianza Migrante
Feministas Picos Rojos, Costa Rica
Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación Justicia y Género
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Grupo de trabajo Agenda CEDAW
Hope Border Institute
Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Mujer Lenca de Honduras (IDESMULH)
Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI)
Latin America/Caribbean Committee (LACC) of Loretto Community
Núcleo de investigación y acción en psicología y violencia
Observatorio de Medios de Comunicación y Género (GEMA)
OTRANS-RN
Plataforma Social Moraviana
Red CLAMOR
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
Red Jesuita con Migrantes (RJM)
Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México
Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales (RESAMA)
Refugees International
Remunic
Servicio Jesuita para Migrantes – Costa Rica
Unitarian Universalist Service Committee
Universidad Bíblica Latinoamericana

Imagen de cabecera: Defensoría de los Habitantes

Convocan protesta para defender bosque de Playa Panamá

El movimiento ciudadano Salvemos Playa Panamá convocó a una protesta para el miércoles 22 a las 4:00 p.m., en la segunda entrada a Playa Panamá, como respuesta a la anunciada afectación de aproximadamente 700 árboles en esa zona costera de Guanacaste.

Según la convocatoria difundida por la organización, la manifestación surge luego de que autoridades del SINAC y el MINAE habrían firmado decisiones que permitirían la intervención del bosque, situación que las personas defensoras del territorio califican como una “sentencia de muerte” para una importante cobertura arbórea en el lugar.

El movimiento también señala que el caso se desarrolla en medio de una investigación penal y de un proceso en la Sala Constitucional (Sala IV), elementos que, según sostienen, vuelven aún más preocupante cualquier autorización de tala o modificación ambiental mientras existen asuntos legales pendientes.

La protesta busca visibilizar la defensa del bosque, la biodiversidad y el acceso ciudadano a información transparente sobre decisiones que impactan ecosistemas costeros de alto valor ecológico y social. Playa Panamá es una de las zonas de mayor atractivo turístico del Pacífico norte, por lo que el conflicto también pone en debate el modelo de desarrollo en áreas sensibles.

Las personas organizadoras llaman a comunidades, organizaciones ambientales y ciudadanía en general a sumarse a la movilización para exigir protección del bosque y respeto a los procesos legales en curso.

Nueva sentencia contra expsicólogo reaviva llamado a justicia para sobrevivientes

Diversos sectores celebraron la nueva sentencia dictada este 15 de abril contra Carlos Garita, expsicólogo del Hospital Roberto Chacón Paut, en un caso presentado como símbolo de la lucha contra la violencia y la impunidad dentro de instituciones públicas. El pronunciamiento destaca que la resolución judicial representa un paso importante para las sobrevivientes, luego de un proceso calificado como largo, doloroso y revictimizante.

Según el texto difundido, las denunciantes debieron enfrentar nuevamente el proceso tras la anulación de una sentencia previa en 2024 por errores técnicos. Esa decisión obligó a repetir declaraciones y prolongó durante años el desgaste emocional provocado por el caso, además de exponer fallas estructurales del sistema judicial en la atención a personas sobrevivientes.

El mensaje reconoce especialmente la valentía de Melissa y Karen, señaladas como ejemplo de dignidad y perseverancia por sostener sus testimonios a pesar de los obstáculos enfrentados. También subraya que su búsqueda de justicia trascendió el ámbito personal, al contribuir a la protección de otras personas usuarias del sistema de salud.

La consigna final del comunicado, “¡Hasta que la dignidad sea costumbre!”, resume el reclamo por una justicia más sensible, eficaz y libre de revictimización para quienes denuncian violencia.

Iglesia Luterana cuestiona acuerdo para recibir personas deportadas desde Estados Unidos y exige transparencia al Gobierno

La Iglesia Luterana Costarricense (ILCO) manifestó su preocupación por el “Memorando de Entendimiento no vinculante” suscrito entre los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos para recibir personas deportadas por autoridades estadounidenses. En un pronunciamiento público, la organización religiosa advirtió sobre posibles afectaciones a los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas, cuestionó la falta de información pública sobre el acuerdo y pidió al Estado costarricense honrar su tradición histórica de acogida y respeto a la dignidad humana.

La ILCO recordó que desde hace 35 años acompaña a personas migrantes y refugiadas que llegan al país por razones políticas o económicas, y que durante los últimos siete años ha desarrollado esa labor mediante el Albergue Bet Lehem, espacio que atiende personas de diversas edades, religiones, orientaciones sexuales, estados civiles e ideologías. Según el documento, esa experiencia directa les permite pronunciarse con fundamento ético y humanitario sobre la situación actual.

Críticas al acuerdo con Estados Unidos

El pronunciamiento expresa preocupación por lo que describe como políticas xenófobas y persecutorias hacia personas migrantes en Estados Unidos, particularmente durante la administración de Donald Trump. La Iglesia Luterana sostiene que Costa Rica no debe convertirse en cómplice de cadenas de injusticia derivadas de mecanismos de persecución, detención y deportación incompatibles con la dignidad humana.

Asimismo, recuerda que en una experiencia anterior de recepción de personas deportadas se habrían producido amenazas y violaciones a derechos fundamentales, incluyendo aislamiento “bajo custodia” en condiciones contrarias a la tradición costarricense de refugio y protección humanitaria.

Solicitud de información pública

Ante la posibilidad de que el acuerdo continúe aplicándose, la ILCO solicitó al Gobierno brindar información clara, transparente y veraz sobre varios aspectos:

  • El texto completo del Memorando de Entendimiento entre Costa Rica y Estados Unidos.

  • Los alcances de la llamada “condición migratoria temporal”, incluyendo plazos, mecanismos legales y protocolos de atención.

  • Garantías plenas de respeto a los derechos humanos de las personas trasladadas al país.

  • Libertad de movilización, acceso a alimentación y atención médica.

  • Garantía de no ser enviadas a ningún país, incluido el suyo de origen, contra su voluntad.

Llamado ético y humanitario

La organización afirmó que continuará articulada con redes y organizaciones que trabajan con personas migrantes y refugiadas, y se sumó al reclamo de iglesias y colectivos de Estados Unidos que exigen el fin de la persecución migratoria. También exhortó al Gobierno costarricense a actuar conforme a los principios de dignidad humana y derechos humanos.

El pronunciamiento concluye con una cita bíblica del libro de Isaías: “No volverás la espalda a tu hermano…”, reafirmando el carácter pastoral y solidario de su posición.

FESITRAES rechaza propuesta de 0% para el FEES 2027 y llama a movilización nacional

La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) advirtió, en un pronunciamiento titulado “En defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)”, que la propuesta del Gobierno de fijar en 0% el incremento del FEES para 2027 constituye un congelamiento presupuestario con efectos reales de recorte. La organización sostiene que esta medida compromete el funcionamiento de las universidades públicas, las becas estudiantiles, la regionalización, la investigación y las condiciones laborales del sector universitario.

El documento señala que no se trata de una discusión meramente técnica, sino de una decisión política que debilita uno de los pilares del desarrollo social y económico del país. Según FESITRAES, mantener sin crecimiento el FEES en un contexto de aumento de costos y mayor demanda estudiantil implica retrocesos para el acceso a la educación superior pública, especialmente para sectores históricamente excluidos.

Cuestionamiento al argumento de la “inflación negativa”

La federación rechaza la justificación oficial basada en una supuesta “inflación negativa”, al considerar que se trata de un pretexto para encubrir un recorte presupuestario. El pronunciamiento recuerda que gastos esenciales como infraestructura, servicios, tecnología, investigación, salarios y becas no disminuyen automáticamente, por lo que un 0% nominal no representa una mejora real para las universidades.

Defensa de la autonomía universitaria

Otro de los ejes del documento es la denuncia de intentos por condicionar el financiamiento universitario mediante criterios externos como empleabilidad, áreas prioritarias o indicadores definidos fuera del sistema universitario. FESITRAES afirma que esto abre la puerta al control político de las universidades públicas y vulnera su autonomía. En ese sentido, insiste en que el financiamiento de la educación superior pública es una obligación constitucional del Estado y no una concesión sujeta a condicionamientos discrecionales.

Críticas a CONARE y llamado a una estrategia distinta

La organización también cuestiona la estrategia seguida por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), al considerar insuficiente confiar exclusivamente en la negociación técnica o en la vía judicial. A juicio de FESITRAES, los antecedentes recientes muestran incumplimientos gubernamentales y limitaciones en esas rutas, por lo que se requiere liderazgo político, articulación social y una respuesta más firme y unitaria.

Propuesta de Frente Universitario de Lucha

Ante este escenario, la federación convoca a estudiantes, personas trabajadoras universitarias, movimientos sociales y comunidades a organizar un Frente Universitario de Lucha en Defensa de la Educación Pública, capaz de enfrentar no solo la negociación del FEES 2027, sino una política sostenida de debilitamiento de la educación pública en todos sus niveles. Además, plantea impulsar una gran movilización nacional en defensa del FEES.

El FEES no se negocia a la baja”

En el cierre del documento, FESITRAES sostiene que aceptar la propuesta del 0% significaría validar una política de retroceso y abrir la puerta a recortes mayores en el futuro. Por ello, llama a la unidad, la organización y la lucha en defensa de la universidad pública, afirmando que el futuro de la educación superior se define en la coyuntura actual.

Concierto «Entre libros y melodías”

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Banda Nacional de San José y la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi, se complacen en invitarle al Concierto Entre libros y melodías con la Benemérita Banda Nacional de San José. 

Esta actividad se realiza en conmemoración del Día Internacional del Libro

La actividad será presencial el martes 21 de abril a las 10:00 a.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

El Río Frío está en alerta

Observatorio de Bienes Comunes

Las comunidades de Guatuso alzan la voz, mediante un pronunciamiento público, frente a décadas de extracción que han transformado el río y puesto en riesgo la vida en la cuenca.

No es solo un tema ambiental: es territorio, historia y futuro.

¿Qué está pasando?

▪️ Más de 40 años de extracción en el cauce

▪️ Erosión, pérdida de pozas y disminución del caudal

▪️ Impactos en ganadería, turismo y vida comunitaria

▪️ Riesgos para los humedales de Caño Negro

¿Qué proponen las comunidades?

▪️ Crear una zona de cuido del río

▪️ Frenar la extracción mientras se evalúan impactos acumulativos

▪️ Apostar por alternativas sostenibles y comunitarias

▪️ Abrir un diálogo real sobre el futuro de la cuenca

Hablar hoy no es oponerse: es cuidar.

Leé la nota completa aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/rio-frio-en-alerta-comunidades-denuncian-decadas-de-extraccion-y-proponen-una-zona-de-cuido/

Artista organiza rifa especial de mosaicos en cerámica para mayo

El artista José Luis Callaci impulsa una rifa especial en la que ofrece dos obras artesanales en mosaico cerámico hechas a mano: Don Quijote y Árbol de la Vida. La iniciativa invita a participar por piezas únicas cargadas de simbolismo, listas para empotrar en pared y elaboradas con detalle, intención y propósito.

Según la convocatoria, la rifa no solo busca entregar una obra artística, sino compartir “dos historias que conectan con la vida”. La persona ganadora podrá elegir la pieza con la que más se identifique.

Obras participantes

Don Quijote

  • Medidas: 55 cm x 70 cm

  • Representa la lucha, los ideales y la fuerza de seguir adelante incluso cuando todo parece imposible.

Árbol de la Vida

  • Medidas: 50 cm x 60 cm

  • Simboliza crecimiento, raíces, equilibrio y todo lo que se construye con el tiempo.

Detalles de la rifa

  • Valor del número: ₡5.000

  • Cantidad de números: del 00 al 99

  • Sorteo: domingo 31 de mayo, con la Lotería Nacional

  • SINPE Móvil: 8599-4333

  • A nombre de: José Luis Callaci

  • Indicar en el detalle el número deseado.

La convocatoria concluye invitando a participar y llevarse “una obra única con significado real”.

El puente tiene memoria… y la comunidad también

Observatorio de Bienes Comunes

En Finca 5, Sarapiquí, un antiguo puente ferroviario sigue vivo en las historias, en los encuentros y en el cuidado cotidiano del territorio.

Este video recoge voces de la comunidad que nos invitan a mirar el puente como un espacio de memoria, encuentro y construcción de lo común.

Algunas claves del proceso:

▪️ El puente como memoria viva del territorio

▪️ La huella del tren en la vida cotidiana

▪️ La resignificación del espacio desde la comunidad

▪️ El cuidado como práctica colectiva

▪️ La memoria como base para fortalecer lo común

Además, ya está disponible el boletín del proceso, con relatos, reflexiones y propuestas surgidas del encuentro comunitario.

Mirá el video, leé la nota y descargá el boletín aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/el-puente-tambien-recuerda-memoria-y-cuidado-comunitario-en-finca-5/