El Foro de Justicia informó que se encuentra habilitada una consulta en línea dirigida a todas las personas interesadas en aportar ideas y propuestas para la iniciativa “Diálogos propositivos para una reforma judicial democrática y viable”.
La consulta complementa una serie de actividades presenciales que se desarrollan en distintas regiones del país y busca recoger perspectivas, experiencias y propuestas que contribuyan a la construcción colectiva de alternativas para fortalecer la administración de justicia en Costa Rica.
Según la información suministrada por las organizaciones impulsoras, el Poder Judicial atraviesa una coyuntura compleja marcada por cuestionamientos sobre el desempeño institucional, desafíos relacionados con la administración de justicia y presiones derivadas de la inseguridad y el crimen organizado. Ante este escenario, el Programa Estado de la Nación, con el apoyo del Foro de Justicia y del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, impulsa un proceso de diálogo orientado a identificar rutas de reforma que fortalezcan la independencia, legitimidad y capacidad de respuesta del sistema judicial.
La consulta tiene como objetivo recopilar aportes técnicos, analíticos y prácticos provenientes de diversos sectores de la sociedad para construir una agenda de reforma plural, técnica y viable. Las organizaciones promotoras señalan que la intención es avanzar del diagnóstico a la formulación de propuestas concretas que permitan ofrecer una justicia pronta, cumplida e igual para toda la población.
El proceso se fundamenta en un enfoque propositivo, centrado en la construcción de soluciones y alternativas más allá de la crítica. Asimismo, se informa que la participación es confidencial, que no se requiere identificación individual y que las respuestas serán analizadas de manera agregada, privilegiando el contenido de las ideas aportadas.
El cuestionario tiene una duración aproximada de diez minutos y estará disponible hasta el 29 de junio.
Las personas interesadas pueden participar en la consulta mediante el formulario que se encuentra en este enlace.
Un modelo que ha resistido cambios de gobierno y cuestionamientos institucionales
Cahuita, Talamanca de Limón. Por el Movimiento Cahuita Unida. La historia del Parque Nacional Cahuita es también la historia de la organización y la lucha de su comunidad. Cuando se estableció el Monumento Nacional en 1970 y el Parque Nacional decretado en 1978, los habitantes de Cahuita asumieron importantes costos sociales y económicos derivados de la conservación, pues muchas de las actividades productivas tradicionales que sustentaban a las familias locales fueron abandonadas para crear el Parque. Frente a esta realidad, la comunidad lucho por un modelo de participación que permitió vincular la protección ambiental con el bienestar de la población local.
Desde el año 1998 se consolidó un modelo de gobernanza compartida entre la comunidad de Cahuita y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), basado en la corresponsabilidad, la participación comunitaria y la distribución equitativa de beneficios derivados de la gestión del Parque Nacional. Este modelo fortaleció el vínculo entre la comunidad y el área protegida, convirtiéndose en una experiencia pionera de conservación comunitaria en Costa Rica y el mundo.
Durante más de treinta años, líderes y lideresas comunales, organizaciones locales y distintas generaciones de habitantes han defendido este modelo frente a múltiples obstáculos institucionales y políticos. Sin embargo, en junio de 2026 la comunidad enfrenta nuevamente una amenaza a la continuidad de esta experiencia de gobernanza.
Mediante la resolución SINAC-SE-DE-R-0125-2026, se suspendieron los efectos del Convenio Marco de Cooperación entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) para la implementación del modelo de gobernanza compartida en el Parque Nacional Cahuita, argumentando aspectos relacionados con plazos, procedimientos formales y una denuncia actualmente en investigación judicial, situación que fue informada de manera oportuna por las organizaciones comunitarias a las instancias correspondientes.
Ante esta situación, el pasado 22 de junio la ADIC y el Consejo Local de Manejo del Parque Nacional Cahuita convocaron una reunión informativa abierta a la comunidad. Como resultado de este encuentro, se conformó una comisión de apoyo encargada de acompañar a la Junta Directiva de la ADIC, mantener informada a la población y coordinar las acciones necesarias para garantizar que la administración compartida del Parque continúe en manos de la comunidad, fortaleciendo además los mecanismos de control, transparencia y seguridad jurídica.
El Movimiento Cahuita Unida agradeció públicamente el trabajo de las organizaciones comunales que integran el Consejo Local de Manejo y de la nueva comisión conformada para enfrentar esta coyuntura. Asimismo, reafirmó que cuenta con el respaldo de la población de Cahuita para defender un modelo que ha demostrado ser exitoso tanto para la conservación del patrimonio natural como para el fortalecimiento de la economía local.
«Solo unidos y trabajando juntos lograremos la defensa del Parque Nacional. El Gobierno Central amenaza nuevamente al Parque, y si hay amenaza al Parque, amenaza a la comunidad, porque la comunidad y el Parque no son cosas diferentes. Es Cahuita y su Parque», señalaron representantes del movimiento comunitario.
A lo largo de su historia, el modelo de cogobernanza ha enfrentado cuestionamientos, particularmente por parte de la Contraloría General de la República. No obstante, también ha contado con el respaldo de sucesivos gobiernos y de diversas instituciones del Estado, que han reconocido la importancia de la participación comunitaria en la gestión de las áreas silvestres protegidas.
Durante la administración de Luis Guillermo Solís Rivera se emitieron instrumentos jurídicos fundamentales para consolidar esta experiencia. El Decreto Ejecutivo N.° 39519-MINAE reconoció los distintos modelos de gobernanza en las áreas silvestres protegidas del país, mientras que el Decreto Ejecutivo N.° 40110-MINAE reglamentó formalmente el Modelo de Gobernanza Compartida del Parque Nacional Cahuita, otorgando un marco legal claro para la participación comunitaria en la gestión del área protegida.
La defensa de este modelo trasciende el ámbito estrictamente ambiental. Se trata también de la defensa de una comunidad cuya historia, cultura y economía han estado estrechamente ligadas al Parque Nacional. El turismo asociado al Parque constituye uno de los principales motores económicos de Cahuita y la participación de la comunidad ha sido uno de los factores determinantes para la conservación de sus ecosistemas marinos y terrestres.
Por estas razones, cualquier decisión relacionada con el futuro del Parque Nacional Cahuita no puede analizarse únicamente desde criterios administrativos o procedimentales. La gestión compartida del Parque forma parte de una historia de conservación construida por la propia comunidad y se encuentra estrechamente vinculada a derechos ambientales, culturales, económicos y territoriales reconocidos por la legislación nacional, los decretos ejecutivos vigentes y la jurisprudencia constitucional reciente.
El modelo de gobernanza compartida de Cahuita ha demostrado que la conservación y la participación comunitaria no son objetivos contradictorios, sino complementarios. Durante más de tres décadas, la comunidad ha sido el principal aliado del Parque Nacional, contribuyendo a su protección, promoviendo el turismo sostenible y fortaleciendo el desarrollo local.
Hoy, una vez más, Cahuita se moviliza para defender una experiencia única en Costa Rica. Defender la gobernanza compartida del Parque Nacional Cahuita es defender más de treinta años de trabajo comunitario, la conservación de uno de los ecosistemas más importantes del Caribe costarricense y los derechos históricos, culturales y ambientales de una comunidad que ha demostrado su compromiso con la protección de su patrimonio natural.
¡Porque Cahuita y su Parque son una misma historia de lucha!
Costa Rica ha entrado, casi sin advertirlo, en una etapa en la que lo local empieza a tener alcance nacional, y lo nacional se vive con una cercanía antes impensable. En el cantón de Garabito, por ejemplo, ha surgido una discusión que habría parecido improbable hace algunos años: la posibilidad de regular —e incluso legalizar— ciertas actividades hoy situadas en los márgenes de la legalidad, como respuesta a la violencia, la informalidad y la búsqueda de nuevos recursos para la inversión social. Lo relevante no es solo el contenido del debate, sino el hecho de que algunos territorios están comenzando a redefinir, desde sus propias urgencias, sus formas de supervivencia social, en una relación cada vez más compleja con el Estado, cuyas capacidades de respuesta no siempre logran acompañar la velocidad ni la densidad de estos cambios.
En ese desplazamiento progresivo entre lo local y lo nacional, entre lo institucional y lo territorial, se inscribe también la realidad que enfrenta hoy la Iglesia Católica en estas mismas regiones: no como actor externo, sino como presencia que comparte el mismo tejido social, con sus tensiones, sus vacíos y sus búsquedas de sentido.
En ese territorio —que forma parte de la Diócesis de Puntarenas— la Iglesia ha hecho público esta semana el nombramiento de su nuevo obispo. El acontecimiento, que en otro contexto se leería casi exclusivamente desde su dimensión eclesial, aparece ahora situado en un escenario más amplio y más áspero: desigualdad persistente, conflictos sociales, fragmentación del tejido comunitario y una creciente dificultad para nombrar lo que está ocurriendo sin simplificarlo. Y en ese mapa, Garabito no es una excepción, sino una expresión visible de esas tensiones.
Hay lugares —Crucitas es uno de ellos— donde el mapa administrativo se vuelve insuficiente para explicar lo que ocurre en el terreno, bajo la jurisdicción de la Diócesis de Ciudad Quesada. Allí, las fronteras parecen más porosas que en los documentos: lo que se define en el papel como ordenado, en la práctica se desborda.
La zona ocupa espacio en la agenda pública por la persistencia de la minería ilegal en la frontera norte. Operativos policiales, destrucción de campamentos, decomiso de maquinaria y la apertura constante de nuevos frentes de extracción describen un territorio marcado por una tensión permanente entre intervención estatal y reconfiguración constante del delito. No es un conflicto nuevo, pero sí cada vez más complejo. En ese escenario, donde la institucionalidad aparece sobre todo bajo la forma de operativos, decomisos y alertas ambientales, el acompañamiento humano a las comunidades afectadas rara vez forma parte del relato público. Y en ese mismo plano de visibilidad desigual, no ha trascendido a nivel nacional —al menos en la cobertura mediática reciente— una presencia destacada o sostenida de la Iglesia, del obispo diocesano, de la pastoral social o de estructuras eclesiales organizadas en torno a la crisis.
La Diócesis de Cartago, por ejemplo, ha estado experimentando episodios recientes de violencia particularmente graves en su territorio. Sin embargo, en medio de la intensidad de estos hechos, no siempre resulta claro —al menos en el espacio público— cómo se articula la palabra pastoral, ni desde qué instancias concretas se pronuncia la Iglesia en relación con estas realidades. En ese contexto de ruido social y mediático, la figura del obispo, de las estructuras pastorales o de la acción eclesial en general no aparece con nitidez en el relato público. Más que una ausencia verificable, lo que se percibe es una dificultad para identificar con claridad los cauces a través de los cuales la Iglesia acompaña, interpreta o se involucra en situaciones que afectan profundamente a las comunidades.
En paralelo, el debate público se ha visto atravesado por voces de sectores religiosos cristianos no católicos, algunas de ellas particularmente estridentes, que han elevado el tono de la crítica hacia instituciones del Estado, incluyendo al propio Tribunal Supremo de Elecciones. El contraste no pasa desapercibido: mientras unas voces se amplifican en el espacio mediático, otras —históricamente asociadas a la mediación social y a la defensa institucional— parecen moverse con mayor reserva o menor visibilidad.
No se trata necesariamente de ausencia. Tal vez se trate, más bien, de una percepción: la de una distancia creciente entre ciertas realidades concretas del país y la capacidad de la Iglesia Católica para hacerse presente en ellas de manera reconocible.
Y es ahí donde el momento adquiere densidad propia. El nombramiento del nuevo obispo de Puntarenas no debe aparecer solo como un relevo administrativo. Se inscribe, más bien, en un escenario que pide algo más difícil de definir: presencia sostenida, palabra que no se agote en el comunicado y una forma de acompañamiento que no llegue tarde.
Por: Mainier Barboza Soto Teólogo, analista crítico y dirigente social
I. El derrumbe de los fundamentos: Un diagnóstico de nuestra era
La crisis global contemporánea no es un fenómeno meramente económico o político; es, en su raíz, una fractura de las bases éticas que sostienen la convivencia. El texto bíblico expresa esta realidad con crudeza: «Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?» (Salmo 11:3). Esta sentencia no debe leerse como un lamento pasivo, sino como un diagnóstico preciso: al perderse lo ético por la codicia humana, se fractura la esencia misma del ser.
En este escenario, la humanidad enfrenta un dilema existencial. Como señala Chomsky (2021), estamos ante la disyuntiva de «unirse o perecer». Vivimos bajo la sombra de un imperio sin controles que impone leyes nacionales a otros países como si fuera el árbitro absoluto del mundo, despojando a las naciones de su soberanía y a los individuos de su dignidad ontológica.
II. La ingeniería del «grito económico»: El caso de Chile como espejo
La historia nos ofrece lecciones amargas sobre la manipulación de las estructuras. El caso de Chile es emblemático: la «ingeniería del grito económico» fue acuñada a través de la intervención y derrocamiento de Salvador Allende. Detrás del bloqueo del cobre y las falsas huelgas que dañaron su economía, estuvieron las manos de la CIA, Nixon y Kissinger, (Kornbluh, 2013).
Es imperativo esclarecer que los centros de poder manejan el lenguaje para acuñar mitos: culpan al comunismo o al socialismo de cada fallo social, encubriendo así una economía diseñada para grupos poderosos. La realidad es que 12 magnates poseen una riqueza combinada que alcanzaría para repartir a 4 mil millones de personas —la mitad de la población mundial—, mientras 10 transnacionales controlan cerca del 80% de la distribución de alimentos (Oxfam, 2024). Este capital financiero especulativo asfixia a los agricultores y convierte la soberanía alimentaria en un mito.
III. De la Revolución Francesa a la hegemonía del capital financiero
Los principios de la Revolución Francesa han sido ajustados a los intereses de las élites: hoy vemos una «libertad» reducida al mercado libre, una «igualdad» solo entre grandes magnates y una «fraternidad» restringida a las transnacionales que se reparten el mundo.
Esta distorsión alimenta una de las principales contradicciones del sistema: el capital financiero versus el capital productivo. Como argumentó Correa (2012), hemos pasado de «Repúblicas bananeras» a «no Repúblicas» supeditadas a la especulación. Es necesario recuperar propuestas como la Tasa Tobin para frenar este casino financiero y revisar los postulados de soberanía estatal. Bajo la mirada de Rose Mary Muraro y Leonardo Boff, el mundo ha variado de una lógica de «ganar-ganar» a una de «ganar-perder», y hoy, con la destrucción de la casa común, estamos en un escenario de «pierde-pierde».
IV. La Esperanza Activa: Hacia una ecología integral y humana
Frente a los males que han salido de la «Caja de Pandora» de la modernidad, la respuesta no puede ser una esperanza pasiva. Debemos recuperar el adagio «A Dios rogando y con el mazo dando». Frente a la fallida teoría del derrame, Sachs (2021) propone una economía de la justicia que proteja lo aparentemente «no vivo» —agua, tierra, aire— tratándolos como parte de la integralidad de la Tierra. Como afirma el Papa Francisco (2015) en Laudato si’, debemos cuidar nuestra «casa común» bajo una ecología integral.
El sueño de Martin Luther King Jr. (1963) sigue vigente: que un día vivamos el verdadero significado de nuestro credo, donde sea evidente que todos somos creados iguales. El llamado hoy es a que los pueblos se unan sobre tres principios básicos: la paz, la justicia íntegra y la fraternidad universal.
V. Conclusión: Recuperar lo fundamental
Debemos superar los conceptos ideológicos por conceptos ontológicos que rescaten lo fundamental: la humanidad. Para los creyentes, fuimos creados para ser felices y vivir en libertad; para los no creyentes, la evolución nos ha dado las capacidades para compartir en armonía los bienes de la Tierra.
Si queremos sobrevivir, debemos amar la casa común como a nuestra propia madre, desterrando el nefasto patriarcado y recuperando nuestra dignidad. Los bienes de la Tierra están para ser compartidos de forma gregaria, no para ser acumulados.
Referencias Bibliográficas (APA 7.ª Edición)
Biblia de Jerusalén. (2009). Salmos. Editorial Desclée de Brouwer.
Boff, L. (2004). Introducción. En R. M. Muraro, El destino del capital dinero. Editorial Planeta.
Borón, A. (2014). América Latina en la geopolítica del imperialismo. Ediciones Continente.
Chomsky, N. (2021). El dilema de la humanidad: Unirse o perecer. Editorial Crítica.
Correa, R. (2012). De la república bananera a la no república. Debate.
Galeano, E. (2004). Las venas abiertas de América Latina. Siglo XXI Editores.
King, M. L., Jr. (1963). I have a dream [Discurso]. March on Washington for Jobs and Freedom.
Kornbluh, P. (2013). The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability. The New Press.
Oxfam. (2024). Desigualdad S.A.: Cómo el poder corporativo divide nuestro mundo. Informe Anual.
Papa Francisco. (2015). Carta Encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común. Tipografía Vaticana.
Sachs, J. (2021). Las edades de la globalización. Deusto.
Tobin, J. (1978). A proposal for international monetary reform. Eastern Economic Journal, 4(3-4), 153-159.
Sobre el autor:Mainier Barboza Soto es teólogo con estudios en economía, dirigente social y analista crítico. Su labor se centra en el empoderamiento de la sociedad civil como protagonista del cambio, promoviendo la articulación entre la academia, los tomadores de decisiones políticas y las fuerzas económicas para construir un modelo de desarrollo humano y solidario.
Observatorio de Futuros-OdF de la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-UNA (EPPS-UNA), llevó a cabo un análisis comparado desarrollado en la Universidad de Alcalá de Henares-España, el cual propone transformar la política pública costarricense, pasando del asistencialismo a la acción anticipada para combatir la informalidad y potenciar el desarrollo local.
El diseño de las políticas públicas suele adolecer de un mal bastante común: responder a las condiciones del presente con herramientas del pasado, frente a esto, una reciente investigación internacional titulada “Análisis prospectivo de la política pública de apoyo a la microempresa de España y Costa Rica;un análisis comparado”propone transformar el sistema. Para ello, se apoya en los postulados de la prospectiva estratégica del Dr. Michel Godet (Economista francés, titular de la cátedra de prospectiva estratégica) y el Dr. Francisco José Mojica (Docente Investigador – Consultor en Prospectiva Estratégica), el estudio parte de una premisa poderosa: “El futuro no está predeterminado y es la acción anticipada de hoy la que puede salvar o condenar al sector productivo más grande del país, la microempresa”.
Bajo el lema: “Observar hoy, Visionar mañana, Construir futuros posibles”, el Observatorio de Futuros-OdF (EPPS-UNA) se constituye en una iniciativa académica que se enfoca en la investigación con visión prospectiva, la reflexión crítica y el análisis estratégico con miras al desarrollo nacional, regional, local y organizacional.
Dr. Ángel Ortega Ortega. Académico EPPS-UNA
En este sentido, la investigación, realizada por el académico e investigador de la EPPS-UNA, Doctor Ángel Ortega Ortega, durante una estancia académica (2026) en el prestigioso Instituto de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá de Henares España, cobra una relevancia monumental para la economía costarricense: “No se trata de una simple comparación académica; sino que marca una hoja de ruta que utiliza la experiencia de un país desarrollado y adaptado a los estándares de la Unión Europea para desnudar las carencias estructurales de Costa Rica y ofrecer líneas de política pública para el largo plazo”, indicó el académico Ortega, quien describe tres criterios dignos de tener presentes:
Dos realidades un mismo motor
Dentro de los hallazgos de la investigación se resalta una asimetría profunda pero un punto de encuentro crítico. España es una economía diversificada con apenas el 2,2% de informalidad laboral. Costa Rica por su parte, arrastra un 37% de empleo informal y un 18% de hogares en condición de pobreza (INEC), el cual tiene alguna relación con el desarrollo de este sector.
Sin embargo, en ambos países las microempresas son el corazón del parque empresarial.
En Costa Rica, según datos analizados, representan al menos el 81% del tejido productivo (y supera las 435.000 unidades si se consideran las no registradas). En España, el sector representa poco más del 90% del parque empresarial. En ambos contextos, el sector funciona como un gigantesco colchón social de autoempleo, pero con una diferencia fundamental: mientras la microempresa española opera en un mercado ampliado y formalizado, la costarricenses sobrevive invisibilizada y condenada a sobrevivir en pequeños espacios territoriales.
La radiografía del dolor:
Según los datos del INEC citados en el estudio, el 80.1% de las microempresas costarricenses no tienen registros contables, el 98,3% carecen de cédula jurídica o registro en Hacienda y el 45.9% nacieron estrictamente por necesidad o falta de empleo formal, estas condiciones dejan en desventaja a este sector para asegurar su inserción en el mercado formal e internacional, cosa muy distinta se visualiza en la microempresa española.
Sobre lo estratégico:
El estudio desarrolla un análisis exhaustivo del estado del arte como base para la identificación de hechos portadores de futuros, señales débiles y factores de cambio que están configurando las áreas estratégicas clave para potenciar la contribución del sector al desarrollo de la economía costarricense.
Para este académico y Miembro del Observatorio de Futuros-OdF de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS (Costa Rica), entre los principales factores portadores de futuro identificados destacan la exposición de PYMES a tensiones geopolíticas, nivel de apoyo del Estado al sector MYPIME, la contribución de la microempresa al empleo nacional, la efectividad de los programas de financiamiento, los niveles de productividad, el aporte de la microempresa a la economía, el grado de informalidad del sector, la prevalencia de enfoques asistencialistas en los programas de apoyo, entre otras.
Cabe indicar que la prospectiva estratégica es una disciplina que analiza y anticipa los futuros posibles y deseables para iluminar la acción presente y tomar decisiones estratégicas más acertadas, tanto Michel Godet (Francès) como Francisco Mojica (Colombiano), quienes son referentes de la Escuela Francesa o Voluntarista, esta corriente sostiene que el futuro no está predeterminado, sino que se construye activamente mediante las decisiones de los actores sociales, de esta manera, el Dr. Ángel Ortega (Costarricense) agregó que, en seguimiento a la prospectiva estratégica, el análisis efectuado (microempresa de España y Costa Rica),conduce a la construcción de cuatros escenarios posibles de evolución del sector: “El primero corresponde a un escenario crítico o catastrófico, asociado a la ausencia de acciones enfocadas a mejorar la tendencia actual. Los otros dos intermedios combinan factores favorables y desfavorables que podrían materializarse en función de las decisiones adoptadas y de las dinámicas del entorno. Finalmente, se plantea un escenario deseable, caracterizado por la convergencia de condiciones positivas que permitirían maximizar el aporte del sector MIPYME al desarrollo económico y social del país”.
Universidad Pública de Alcalá España (UAH) ubicada en Madrid-Alcalá de Henares
Para el señor Ángel Ortega, académico, investigador y ex director de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA, la investigación realizada describe sus propias dimensiones, componentes, criterios y evidencias: “ la narrativa de este último escenario plantea un contexto en el que el Estado fortalece al sector mediante la formulación de políticas públicas y marcos normativos claros, complementados con programas y proyectos orientados a la formación, la asistencia técnica y el acceso a financiamiento efectivo. Estas acciones se enfocan principalmente en el desarrollo de capacidades de anticipación y respuesta ante cambios, acontecimientos y disrupciones tanto favorables como adversas.
De manera paralela, el sector asume un papel activo en su propio desarrollo, aprovechando los instrumentos de apoyo disponibles, promoviendo la asociatividad y la conformación de clústeres según sus actividades económicas, fortaleciendo sus competencias mediante procesos continuos de capacitación e incorporando avances tecnológicos que impulsen la innovación permanentemente en sus procesos y modelos de negocio.
Como resultado, las microempresas logran mejorar significativamente sus niveles de productividad, competitividad y resiliencia, incrementando su aporte al desarrollo económico y social del país. Todo esto se sustenta en una estrategia sectorial clara, articulada y de largo plazo, capaz de orientar los esfuerzos de los distintos actores y la institucionalidad pública y privada afín, hacia objetivos comunes de desarrollo económico y social.
Con base en los resultados del estudio, se concluye con una serie de lineamientos para el diseño de política pública más efectiva. Entre ellos destacan dos propuestas innovadoras: la conformación de núcleos de formación y el diseño de un observatorio nacional de futuro, destinado al análisis de tendencias estratégicas que generen insumos tanto para la toma de decisiones del sector como para el diseño de programas y proyectos de apoyo”.
Los núcleos de formación constituyen una estrategia para articular a las microempresas según sea su ubicación geográfica y actividad productiva, permitiendo el desarrollo de programas de capacitación diferenciados y pertinentes a las características de cada grupo. Estos programas incluyen formación técnica, gestión empresarial, mercadeo, fianzas y otras áreas estratégicas. De manera complementaria, se promueve el acceso a instrumentos de financiamiento y recursos tecnológicos que impulsen la innovación, la productividad y el crecimiento sostenible de las unidades productivas”.
Ortega considera pertinente el trabajo de un Observatorio de Futuros del sector, que se oriente a la conformación de un equipo interdisciplinario encargado de monitorear de manera permanentemente los acontecimientos del mercado y del contexto, que puedan representar oportunidades o amenazas para este sector. Este observatorio emitiría informes de forma continua y retroalimentaría los contenidos de los procesos de formación y asistencia técnica dirigidos al sector: “El estudio concluye que, considerando las diferencias entre los sectores de la microempresa de ambos países, estas dos propuestas son viables y necesarias para fortalecer la generación de capacidades tanto en España como en Costa Rica. Además, ambos países cuentan con la institucionalidad y las capacidades necesarias para su ejecución, requiriendo únicamente de la articulación interinstitucional y el diseño del proyecto correspondiente”, concluyó el Dr. Ángel Ortega, académico de EPPS-UNA, para quien, a partir de las particularidades de cada contexto sectorial, la investigación formula además una serie de recomendaciones adicionales para la formulación de políticas de apoyo al sector en Costa Rica.
Pensar en el futuro no es un lujo, es una responsabilidad. La universidad pública juega un papel esencial, como institución estratégica del Estado, promoviendo el desarrollo integral y movilidad social ascendente. Por un lado, dando oportunidad a estudiantes que a futuro serán graduados, de poder cambiar la perspectiva del mundo y las aspiraciones, no solamente individuales, sino también familiares y comunales. Y, por otro lado, construyendo conocimientos científicos y humanísticos para contribuir con la búsqueda de soluciones al desarrollo del país.
El Observatorio de Futuros -OdF- de la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-UNA (EPPS-UNA), seguirá impulsando desde varios ámbitos el planeamiento estratégico y toma de decisiones, la innovación académica y pertinencia social, el fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria, la contribución al desarrollo nacional y la proyección internacional y liderazgo.
Una coalición integrada por 37 organizaciones ambientales, comunitarias y de conservación solicitó a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) realizar las gestiones necesarias para que el expediente legislativo 23.166, “Ley para garantizar pasos de fauna en infraestructuras”, sea convocado durante el actual período de sesiones extraordinarias y pueda ser sometido a segundo debate.
La petición fue remitida el 21 de junio de 2026 a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a las jefaturas de fracción y a la Comisión Permanente Especial de Ambiente, luego de que el pasado 8 de junio el plenario aprobara de forma unánime la ampliación del plazo cuatrienal del proyecto. Según recuerdan las organizaciones firmantes, la iniciativa también fue aprobada por unanimidad en primer debate el 21 de abril de este año.
Las organizaciones consideran que existe un amplio consenso político en torno a esta propuesta y señalan que el siguiente paso debe ser su aprobación definitiva para convertirla en Ley de la República. En el documento enviado a las autoridades legislativas se solicita que, de no concretarse la convocatoria durante las sesiones extraordinarias, el proyecto sea priorizado mediante una moción de orden durante el próximo período ordinario que iniciará en agosto.
La Coalición por los Pasos de Fauna argumenta que la urgencia de esta legislación responde a una problemática ampliamente documentada en el país: la muerte de animales silvestres por atropellos y electrocuciones. Según indican, estas dos causas afectan a más de 150 especies de fauna, incluyendo dantas, ocelotes, venados, perezosos, armadillos, mapaches, reptiles y anfibios, entre muchas otras.
Las organizaciones señalan que la disminución de poblaciones silvestres tiene impactos directos sobre los ecosistemas y la biodiversidad, afectando además servicios ecosistémicos fundamentales. También recuerdan que la conservación de la biodiversidad constituye un elemento estratégico para la imagen internacional del país y para actividades económicas vinculadas al turismo de naturaleza.
De acuerdo con la solicitud presentada, el proyecto de ley busca fortalecer el marco normativo existente para que las nuevas obras de infraestructura vial incorporen medidas destinadas a garantizar la conectividad ecológica mediante pasos de fauna, siguiendo prácticas que ya se aplican en diversos países y aprovechando la experiencia técnica acumulada por instituciones públicas, organizaciones especializadas y centros de investigación.
Las organizaciones firmantes sostienen que la iniciativa cuenta con fundamento en la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Ley de Biodiversidad, la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
La Coalición por los Pasos de Fauna informó además que esta petición cuenta con el respaldo de más de 25.000 firmas ciudadanas recopiladas mediante una campaña electrónica. Entre las organizaciones participantes figuran agrupaciones de conservación, desarrollo comunal, investigación, protección de la vida silvestre y acción climática de distintas regiones del país.
Durante los últimos meses, diversas organizaciones ambientales han impulsado acciones públicas para promover la aprobación de esta iniciativa legislativa, señalando que la construcción de pasos de fauna constituye una herramienta importante para reducir la mortalidad de animales silvestres y fortalecer la conectividad de los ecosistemas en Costa Rica.
Del 25 al 27 de junio se realizará la novena edición del Festival Internacional de Coros Costa Rica por la Paz, una iniciativa cultural que reunirá agrupaciones nacionales e internacionales en distintas comunidades del país con un mensaje centrado en la convivencia, la esperanza y la construcción de paz mediante la música.
Según informó la Asociación Pro Paz Choral Fest Costa Rica, organizadora de la actividad, el festival ofrecerá conciertos gratuitos en Atenas, San José, Barrio Córdoba, San Antonio de Desamparados y Heredia, promoviendo espacios de encuentro entre comunidades a través del canto coral.
Las personas organizadoras destacan que se trata de un festival no competitivo cuyo propósito principal es fortalecer el intercambio cultural y recordar que la paz también se construye mediante experiencias compartidas de escucha, diálogo y participación artística. En esta edición participarán agrupaciones de Costa Rica, Estados Unidos y Brasil, consolidando el carácter internacional que ha distinguido al encuentro desde sus inicios.
Entre los coros internacionales invitados se encuentran el Chattanooga Boys Choir, de Tennessee, Estados Unidos; Vocal Vizinhares, de Brasil; y Coral Orfeu Candango, de Brasilia. A ellos se suman agrupaciones costarricenses como el Coro Universitario de la Universidad de Costa Rica, Coro Azul de SINEM Nicoya, Coro EnCanto, Intervoces, Coro de Niños Educarte, Coro Gaudeamus, Niños Cantores de Guararí, Coro de la Escuela Municipal de Música de El Guarco, Estudio Choralia, Coro Zafra de la Universidad de Costa Rica y Coro Mayor del Caribe Limón.
La edición 2026 contará además con la participación del maestro español Josu Elberdin Badiola como Director Invitado, reconocido internacionalmente por su trayectoria como compositor, pianista, cantante, organista y pedagogo coral.
Programa abierto al público
Jueves 25 de junio
7:00 p.m.
Parroquia San Rafael Arcángel, Atenas centro.
Concierto coral por la paz.
Viernes 26 de junio
6:30 p.m.
Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, San José.
Concierto coral por la paz.
Viernes 26 de junio
7:00 p.m.
Parroquia Nuestra Señora de la Limpia Concepción, Barrio Córdoba.
Concierto coral por la paz.
Viernes 26 de junio
7:00 p.m.
Iglesia Católica de San Antonio de Desamparados.
Concierto coral por la paz.
Sábado 27 de junio
4:00 p.m.
Centro de Convenciones de Lo Alto, Heredia.
Concierto de gala del festival.
Las actividades son gratuitas y están dirigidas a personas de todas las edades. La organización invita a las comunidades a participar de esta celebración artística que busca fortalecer la cultura de paz mediante la música coral y el encuentro entre pueblos y culturas.
En un viaje que realicé al paradisiaco lugar de Bahía Ballena, un guía turístico nos contó la historia de don John, quien siendo joven trabajaba para la Aluminum Company of America (ALCOA)y al ver la devastación eco-ambiental que iba a producir la explotación de bauxita a cielo abierto, decidió contribuir con el movimiento social que luchaba contra la concesión que el gobierno había otorgado a la empresa ALCOA. Se convirtió en un informante que puso a disposición del movimiento información clave y estratégica para su lucha. Por supuesto, el joven John fue despedido de la empresa. Se quedó en el país, y nos contó el guía que luego construyó un pequeño hotel ecológico.
Posteriormente, logré contactarlo para pedirle autorización de publicar un pequeño relato sobre su participación en el movimiento social contra ALCOA, que incorporé en el libro “Entre gaviotas y delfines. Vivencias en la Costa rica” (BBB Producciones, 216). Felizmente, conté con su aprobación.
Como este joven el país ha contado con la generosidad de muchos extranjeros que han contribuido a promover y fortalecer el modelo costarricense de protección y conservación de su riqueza biodiversa. Somos un “país ecológicamente rico”, gracias a ese aporte solidario y a la sabiduría de quienes en este país no se conforman con las migajas que caen de la mesa de las grandes empresas mineras extranjeras. Y no han estado dispuestos a convertir la riqueza biodiversa de nuestras montañas en desiertos para extraer recursos mineros del subsuelo.
Volvimos el año pasado a Bahía Ballena, y nuevamente nos extasiamos admirando la belleza de esa formación natural que asemeja a una cola de ballena y, desde ahí, contemplamos el paisaje montañoso mientras unas lapas las sobrevolaban dibujando una estela multicolor ¿Qué sería de las ballenas jorobadas y de las lapas si se hubiesen devastado esas montañas y Bahía Ballena convertida en un puerto para la exportación de bauxita?
Nos hospedamos en un pequeño hotel perteneciente a una emprendedora familia de la zona. Pudimos percibir indicios de un modelo virtuoso de desarrollo turístico, donde las comunidades locales y sus habitantes, al igual que esta familia, se conviertan en los principales beneficiarios de la riqueza biodiversa de nuestro país.
Volver por los caminos de la explotación minera a cielo abierto de iniciativas como las de ALCOA es declararle la guerra a nuestra naturaleza y, con ella, a la vida misma. Nuestro país es líder mundial en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Hoy somos uno de los principales destinos turísticos precisamente por esa apuesta de conservación y defensa de la naturaleza. Reproducir el viejo modelo de ALCOA, que significaría devastar una zona biodiversa estratégica, reservorio de mantos acuíferos y hábitat natural de múltiples especies de flora y fauna, es un contrasentido y una involución en materia de desarrollo sostenible.
Estamos a tiempo de contener un proyecto que convertirá en desierto otra zona montañosa que debería ser sagrada para todos los costarricenses. Hemos probado que es más rentable social y ecológicamente conservar y proteger nuestros recursos naturales, que sacrificarlos por unos dólares más. Si somos verdaderamente patriotas, defendamos a la Costa Rica Verde de nuestras montañas y azul de nuestros ríos y mares. Ahí está nuestra principal riqueza, y no en el subsuelo. Seamos fieles a nuestra vocación conservacionista. Es la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos y nietos y a la humanidad entera.
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo relacionado con la protección del pozo La Meseta, en San Rafael de Heredia, y condenó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por no haber garantizado adecuadamente la protección del área de resguardo de esta fuente de abastecimiento de agua.
El recurso fue interpuesto por Carlos Campos Zamora, José Francisco Alfaro Carvajal y Rodrigo Ramírez Vargas, quienes denunciaron la autorización de desarrollos constructivos dentro del área de protección del pozo y solicitaron la intervención de las autoridades para resguardar el recurso hídrico.
De acuerdo con el pronunciamiento de la Sala Constitucional, el criterio técnico aplicable es el emitido por SENARA, según el cual los pozos de abastecimiento público requieren una zona de protección de 200 metros de radio para prevenir riesgos de contaminación de las aguas subterráneas. La resolución señala que esta área de protección no está siendo respetada y que las instituciones recurridas no utilizaron todas las herramientas legales disponibles para garantizar su cumplimiento.
El expediente judicial se originó tras una serie de gestiones realizadas desde 2023 por Carlos Campos Zamora y otras personas vecinas preocupadas por la construcción de proyectos inmobiliarios en las inmediaciones del pozo La Meseta. En diferentes ocasiones, se solicitó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia detener el otorgamiento de permisos y visados dentro del área de protección señalada por los criterios técnicos especializados.
Según el colectivo CONCEVERDE, que acompañó las denuncias ciudadanas y promovió acciones de incidencia sobre este caso, la resolución representa una nueva condena contra las actuaciones municipales relacionadas con la protección del agua subterránea.
En un comunicado público, la organización afirmó que la sentencia evidencia una grave amenaza para las aguas que abastecen a miles de habitantes del cantón y cuestionó que se hayan otorgado permisos de construcción sin respetar el área de protección recomendada por SENARA.
La organización destacó que la Sala Constitucional concluyó que el principio precautorio obliga a adoptar las medidas más protectoras cuando existe riesgo para el recurso hídrico y recordó que el propio SENARA advirtió sobre la posibilidad de contaminación del acuífero.
CONCEVERDE señaló además que la defensa del agua constituye una responsabilidad pública fundamental y llamó a las instituciones a asumir un compromiso efectivo con la protección de los recursos hídricos y la salud de la población.
La controversia se desarrolló a partir de posiciones divergentes entre distintas instituciones. Mientras la Dirección de Aguas del MINAE y autoridades municipales sostuvieron que el retiro de protección aplicable era de 40 metros o se limitaba a los linderos de la propiedad, SENARA y AyA señalaron que, tratándose de un pozo de abastecimiento público, debía respetarse una zona de protección de 200 metros.
La resolución de la Sala Constitucional se suma a una serie de cuestionamientos y denuncias presentadas en los últimos años por organizaciones ambientales y vecinales sobre la necesidad de fortalecer la protección de las fuentes de agua subterránea frente a procesos de urbanización y expansión inmobiliaria en la provincia de Heredia.
Reflexiones sobre falacias, poder religioso y la fabricación del enemigo en la política costarricense.
Un pastor, desde el púlpito de una iglesia y en medio de un culto dominical, afirma que un partido político no debería permitirse en Costa Rica porque quiere “sacar a Dios” y empobrecer al país. Minutos después advierte que una ley para prohibir las llamadas terapias de conversión busca arrebatarles a los padres sus hijos. No estamos ante una simple prédica. Estamos ante una operación política revestida de autoridad religiosa.
No es teología. Es tecnología política.
Y conviene decirlo así porque lo que aquí se activa no es únicamente una interpretación doctrinal, sino un dispositivo ideológico cuidadosamente estructurado: miedo, simplificación, enemigos y salvación. Una arquitectura discursiva que combina falacias lógicas, manipulación emocional y legitimación religiosa para intervenir en la esfera pública.
La primera operación argumentativa es una **falacia de falsa causa**. La estructura es sencilla: izquierda equivale a sacar a Dios, y sacar a Dios equivale a pobreza. El problema es evidente: no existe ninguna relación causal demostrada entre una propuesta política secular o progresista y el empobrecimiento de la población. La conexión es puramente ideológica. Pero la falacia aquí no es un error inocente: cumple una función política. Simplificar la realidad para fabricar enemigos.
A ello se suma una segunda operación: la **falacia del hombre de paja**. No se discuten programas económicos, políticas fiscales o propuestas sociales concretas. Se deforma al adversario hasta reducirlo a una caricatura: “quieren sacar a Dios”. Así, en lugar de debatir ideas, se combate un fantasma.
Y sobre esa caricatura se monta una tercera falacia: la **apelación indebida a la autoridad**. Cuando se afirma que determinada posición política “no coincide con la palabra de Dios”, se pretende convertir una interpretación religiosa particular en criterio de validez política. Pero en democracia, la legitimidad de una propuesta no depende de su adecuación a una lectura bíblica, y menos aún a la lectura bíblica de un pastor específico. De lo contrario, la política deja de ser deliberación pública y se convierte en teocracia.
Aquí la ironía es poderosa. Porque si se quiere invocar el Evangelio para condenar políticas redistributivas o preocupaciones por la desigualdad, convendría leerlo completo. Jesús jamás glorificó la riqueza ni presentó la prosperidad como signo de virtud.
“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 5:3).
Y Lucas lo dice sin metáforas:
“Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios” (Lucas 6:20).
Más aún:
“No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mateo 6:24).
Y todavía con mayor contundencia:
“Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios” (Mateo 19:24).
Todo esto desmonta otra falacia implícita: la **falsa dicotomía** según la cual solo existen dos opciones: Dios y prosperidad, o izquierda y pobreza. El Evangelio es mucho más incómodo que eso.
La comunidad cristiana primitiva, según el libro de Hechos, organizó su vida precisamente sobre principios de solidaridad radical:
“…ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía… y no había entre ellos ningún necesitado” (Hechos 4:32-34).
Si el criterio para condenar una política fuera la redistribución y la solidaridad, el libro de Hechos tendría serios problemas para pasar el filtro de estos nuevos guardianes de la ortodoxia.
Pero el problema no se detiene en la economía. Se extiende al terreno de los derechos humanos.
La segunda gran tesis del discurso sostiene que prohibir las llamadas terapias de conversión equivale a quitarles a los padres la patria potestad. Aquí la falacia central es la **pendiente resbaladiza**: se afirma que si el Estado prohíbe una práctica potencialmente dañina, entonces inevitablemente se apropiará de los hijos.
Pero una cosa no conduce necesariamente a la otra.
El Estado regula múltiples ámbitos de la vida familiar cuando está en juego la integridad de niños y adolescentes. Eso no elimina la patria potestad; la limita cuando puede producir daño.
Y aquí aparece otra falacia decisiva: la **apelación al miedo**.
“Quieren quedarse con tus hijos.”
Pocas frases movilizan tanta ansiedad como esa. Porque la niñez, en la política contemporánea, ha dejado de ser únicamente sujeto de protección para convertirse en símbolo de movilización moral. El niño se convierte en el dispositivo emocional perfecto: quien se presenta como su protector adquiere automáticamente superioridad moral.
Pero aquí hay una pregunta incómoda: ¿qué se está defendiendo realmente?
¿El bienestar de los niños? ¿O el derecho de algunos adultos a imponer culpa, vergüenza y represión sobre identidades que no comprenden?
Las llamadas terapias de conversión parten de una premisa falsa: que la orientación sexual o la identidad de género son errores que deben corregirse. No lo son. La homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad hace décadas. Persistir en esa lógica no es defensa de la familia. Es insistencia en una forma de violencia simbólica.
Y para sostener todo esto hace falta algo más: la fabricación del enemigo.
Primero la izquierda.
Luego las personas LGBTIQ+.
Luego las leyes de protección.
Luego cualquiera que cuestione el orden moral establecido.
Aquí opera otra falacia: la **asociación culpable**. Si apoyás derechos sexuales, querés destruir la familia. Si defendés políticas redistributivas, querés empobrecer al país. Si cuestionás la autoridad religiosa, querés destruir a Dios.
La lógica es delirante.
Pero políticamente eficaz.
Porque el enemigo no solo organiza el miedo. También organiza la identidad.
Y ahí entramos en el punto más delicado.
El discurso nace en el púlpito, pero no termina ahí. Se expande luego por canales, plataformas y redes, convirtiendo la prédica en circulación ideológica y el miedo en fidelización política. El púlpito produce legitimidad. El medio amplifica el mensaje. La suscripción monetiza la ansiedad.
El enemigo no solo moviliza: monetiza.
Y aquí conviene recordar uno de los episodios más simbólicos del Evangelio:
“Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo…” (Mateo 21:12).
Cristo expulsó a los mercaderes.
Hoy muchos de ellos aprendieron a hablar en su nombre.
Venden miedo.
Venden enemigos.
Venden cruzadas morales.
Y lo venden en nombre de Dios.
Pero Jesús fue severo con un tipo particular de personas: quienes usaban la religión para dominar.
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!” (Mateo 23:13).
No con pobres.
No con marginados.
No con distintos.
Con hipócritas religiosos.
Tal vez el problema no sea que existan partidos de izquierda, leyes de protección o debates sobre derechos humanos. Tal vez el problema sea otro: que demasiados púlpitos se han convertido en trincheras, que demasiados pastores se han vuelto operadores políticos y que demasiados mercaderes descubrieron que cuando el miedo se vende en nombre de Dios, siempre habrá compradores.
Y eso no es una crisis de fe; es la crisis de quienes han convertido la fe en mercancía, la política en cruzada y al prójimo en enemigo.
Porque las democracias no siempre mueren bajo las botas; a veces se entregan de rodillas a quienes les prometen orden, riqueza y salvación.
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