Por: Bernardo Archer Moore Cahuita, Talamanca, Limón, Costa Rica
Contrario a la narrativa simplificada que durante décadas se nos ha impuesto, África no es un país, sino un continente conformado por 54 Estados soberanos, múltiples regiones geográficas y una vasta diversidad de pueblos, culturas y subculturas ancestrales, cuya historia se remonta a tiempos prehistóricos, anteriores a la era cristiana. Desde el Magreb y el norte de África, pasando por África Occidental —incluida Nigeria y su capital económica, Lagos—, África Central, África Oriental y África Austral, el continente africano ha sido siempre plural, complejo y profundamente diverso.
Dentro de estas sociedades, ayer como hoy, han coexistido realidades marcadas por una profunda desigualdad: los que tienen y los que no tienen, una brecha estructural que no ha desaparecido y que continúa reproduciéndose en el presente.
Las imágenes recientes provenientes de Lagos, Nigeria (África Occidental) revelan procesos de desplazamiento forzado, exclusión urbana y concentración de riqueza que resultan incluso más alarmantes que los fenómenos actualmente observados en la costa del Pacífico de Costa Rica, derivados de la implementación de los Planes Reguladores Costeros (PRC) promovidos por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Este paralelismo deja al descubierto una realidad incómoda: el desalojo sistemático de poblaciones de ingresos bajos y medios, junto con la expulsión de pequeños emprendimientos locales de zonas costeras estratégicas para abrir paso a grandes capitales y desarrolladores inmobiliarios, no es una ocurrencia aislada de la política nacional costarricense, sino parte de una estrategia de “desarrollo” de carácter transnacional.
En este contexto, resulta imposible ignorar el silencio sepulcral de muchos autoproclamados líderes de la Diáspora Africana, quienes proclaman con orgullo su ancestralidad africana, se envuelven simbólicamente en togas identitarias, pero dan la espalda a nuestros hermanos y hermanas avasallados en la madre patria. Ese silencio —cómodo y selectivo— se convierte en una forma más de complicidad frente al despojo y la exclusión que hoy sufre África.
Y revela que nuestra empatía y solidaridad tiene fronteras restringidas.
Este patrón global, que atraviesa continentes y discursos, nos obliga a cuestionar no sólo las políticas públicas y los modelos económicos vigentes, sino también la coherencia ética de ciertos liderazgos y el sentido real de la solidaridad afrodescendiente. Al final, la pregunta sigue siendo inevitable:
“Calentamiento global antropogénico y comunicación social: El esfuerzo de Costa Rica para ser ‘modelo y líder mundial’” es el título de la presentación elaborada por Sergio Mora Castro y Gerardo J. Soto, en la que proponen diferenciar con mayor claridad el calentamiento global antropogénico (CGA), el cambio climático y la variabilidad climática (VC), especialmente cuando se discuten desastres, gestión del riesgo y políticas públicas.
La ponencia, convocada por el CGCR (Colegio de Geólogos de Costa Rica) y el Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente (COCIGA), sostiene que parte del debate público tiende a explicar los desastres como consecuencia directa del CGA, cuando —según el enfoque desarrollado por los autores— el daño social y material suele estar determinado en gran medida por la vulnerabilidad y la forma en que se gestiona el riesgo en territorios expuestos.
En dos afirmaciones que los autores presentan como eje de crítica comunicacional, señalan que figuras mediáticas, funcionarios internacionales, políticos y activistas atribuyen al CGA desastres que estarían vinculados principalmente a la vulnerabilidad frente a la variabilidad climática; y agregan que muchas de esas intervenciones —a su juicio— carecen de criterios rigurosos, lo que confunde a la opinión pública e incide en decisiones y prioridades.
A partir de la segunda mitad del documento, Mora y Soto profundizan en cómo se construyen los mensajes sobre clima y riesgo en el espacio público. Plantean que existe una cadena de transferencia de información —desde ciencia especializada hasta cobertura mediática— donde pueden aparecer filtros, simplificaciones y sesgos, lo cual afecta la comprensión social de los problemas y puede derivar en políticas desconectadas de las necesidades más urgentes de gestión del riesgo.
El texto también cuestiona la forma en que ciertos espacios internacionales de negociación climática concentran atención y recursos, pero sin integrar suficientemente la gestión del riesgo y otras prioridades del desarrollo. Desde esta perspectiva, los autores advierten que el debate climático puede volverse un terreno de retórica, espectacularización o polarización (entre alarmismo y negacionismo), en vez de promover decisiones informadas y verificables.
Finalmente, la presentación cierra con un conjunto de conclusiones y recomendaciones que insisten en mejorar la comunicación social del riesgo, evitar explicaciones simplificadas de los desastres y fortalecer enfoques integrados que articulen ciencia, planificación territorial, inversión pública y reducción real de vulnerabilidades.
«Nuestras élites hicieron apuestas enormemente equivocadas y destructivas por el globalismo y el llamado ‘libre comercio’, que vaciaron la clase media y la base industrial en la que se sustenta la preeminencia económica y militar estadounidense».
Trump, el magnate inmobiliario de la mansión de Palm Beach con 128 habitaciones y el presidente más rico de la historia de EEUU según Forbes, no se considera de la élite. Que el país que levantó el sistema internacional y que más se ha beneficiado de él cargue contra el “globalismo” es especialmente grave. Y no es un mitin de Trump en el cuarto distrito de Alabama, zona rural en la que obtuvo el mayor porcentaje de apoyo en todo el país en las elecciones de 2024 (83%), sino que es la Estrategia de Seguridad Nacional, documento que fija la visión y plan de acción del país más poderoso del mundo.
«Queremos la restauración y revitalización de la salud espiritual y cultural de Estados Unidos, sin la cual la seguridad a largo plazo es imposible […] Esto solo se puede lograr con más familias fuertes y tradicionales que críen hijos sanos».
Este documento tiene todas las papeletas para convertirse en el gran manual de la extrema derecha y punto de inflexión del movimiento ultra internacional. Esta afirmación tiene dos vertientes. Primero: todos sabemos lo que quiere decir con familia tradicional. Segundo: más familias y más hijos para que las personas migrantes no acaben con nuestra civilización. La teoría del gran reemplazo en la estrategia de seguridad nacional.
La actual visión de EEUU no dista demasiado de la guerra cultural ultraconservadora de Putin cuando dice: “Miren lo que están haciendo a su propio pueblo. Se trata de la destrucción de la familia, de la identidad cultural y nacional, la perversión y el abuso de los niños, incluida la pedofilia, todo ello se ve como algo normal. Están aplicando políticas que equiparan las familias numerosas con las parejas del mismo sexo y la creencia en Dios con la creencia en Satanás”.
«La era de la migración masiva ha terminado: las personas a las que un país acepta —en cantidad y origen— definirá inevitablemente el futuro de esa nación […] En países de todo el mundo, la migración masiva ha agotado los recursos nacionales, aumentado la violencia y otros delitos, debilitado la cohesión social, distorsionado los mercados laborales y socavado la seguridad nacional».
Por si el nativismo radical del punto anterior no había quedado lo suficientemente claro. Tiene gracia que diga esto el presidente de un país nacido en 1776 compuesto prácticamente en su totalidad por inmigrantes y sus descendientes. Los europeos formaban aproximadamente el 80% y los africanos esclavizados y sus descendientes, el 20%.
Los únicos que no son de origen migrante en EEUU son los pueblos indígenas. Y Trump no es uno de ellos.
«El corolario Trump a la doctrina Monroe: negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicos en nuestro hemisferio […] Debemos hacer todo lo posible por expulsar a las empresas extranjeras que construyen infraestructura en la región. […] EEUU debe reconsiderar su presencia militar en el hemisferio occidental [América]. Esto significa [entre otras cosas] establecer o extender el acceso en puntos estratégicos importantes».
La doctrina Monroe nace en la década de 1820 en un contexto de independencias en el continente y en el que EEUU no era una potencia regional. Bajo el lema ‘América para los americanos’, consideraba que cualquier intento de Europa por tratar de recuperar sus viejas colonias o intervenir en el continente sería percibido como una amenaza a la seguridad. Con el paso de las décadas, convertido EEUU en el gran hegemón, aquello evolucionó hasta considerar el resto del continente simplemente como el patio trasero de EEUU donde hace y deshace a su gusto.
Trump está estirando al extremo esta teoría y las injerencias de EEUU en elecciones como Argentina y Honduras, las presiones a Panamá para desplegar a sus soldados en el Canal y el asedio y los ataques y ejecuciones ilegales frente a Venezuela son solo algunos ejemplos.
«El declive económico de Europa se ve eclipsado por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de la civilización. Entre los problemas más graves se encuentran las actividades de la Unión Europea y otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos, la censura de la libertad de expresión y la represión de la oposición política, el desplome de las tasas de natalidad y la pérdida de las identidades nacionales y la confianza en sí mismas […] Si las tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos».
Vuelve la teoría del gran reemplazo y EEUU carga, además, contra la UE como una organización maligna que promueve guerras, censura y reprime a la oposición. Cualquiera con un mínimo conocimiento de historia de las relaciones internacionales sabe que el periodo de paz que vive la UE desde su creación es absolutamente una anomalía histórica en un continente plagado de guerras.
«La creciente influencia de los partidos patrióticos europeos es motivo de gran optimismo […] Nuestra política general para Europa debería priorizar: fomentar la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas».
EEUU quiere una UE dividida con Estados gobernados por partidos euroescépticos de extrema derecha y fomentar su ascenso se ha convertido en una política de seguridad nacional para Washington. Antes que EEUU, estos partidos europeos habían encontrado en Rusia el líder y referente que necesitaban para su guerra cultural, al tiempo que Rusia debilitaba el bloque comunitario a través de estas formaciones. Después de la invasión de Ucrania, esa alianza se hizo más complicada (no olviden que Marine Le Pen, por ejemplo, tuvo que retirar folletos electorales en los que aparecía junto a Putin). Ahora es EEUU quien ha adoptado ese papel y comparte intereses con la Rusia de Putin, con quien, según el documento, busca establecer una “estabilidad estratégica”.
«La Administración Trump se encuentra en desacuerdo con los funcionarios europeos que tienen expectativas poco realistas sobre la guerra [de Ucrania], atrapados en gobiernos minoritarios inestables, muchos de los cuales pisotean los principios básicos de la democracia para reprimir a la oposición. Una gran mayoría europea quiere la paz, pero ese deseo no se traduce en políticas, en gran medida debido a la subversión de los procesos democráticos por parte de esos gobiernos».
Mientras el documento no menciona la palabra invasión ni la responsabilidad de Rusia en la misma, acusa a los Gobiernos europeos de no ser democráticos y no querer la paz. EEUU está más cerca de Putin que de la UE.
«Es más que plausible que, en unas pocas décadas como máximo, algunos miembros de la OTAN pasen a tener una mayoría no europea. Por lo tanto, queda por ver si considerarán su lugar en el mundo, o su alianza con Estados Unidos, de la misma manera que quienes firmaron la carta fundacional de la OTAN».
Traducción para no iniciados en la extrema derecha: cuando todos los europeos vivamos bajo la tiranía del islam, la OTAN tendrá al enemigo dentro.
«A medida que esta administración derogue o suavice las políticas energéticas restrictivas y la producción energética estadounidense se incremente, la razón histórica por la que Estados Unidos se ha centrado en Oriente Medio irá desapareciendo».
Décadas de política exterior de EEUU en una sola frase. Guerras, sangre, injerencias… todo estaba unido por el mismo hilo, según el documento de seguridad nacional de EEUU: el petróleo.
«No nos disculparemos por el pasado y el presente de nuestro país».
O dicho de otro modo: se acabó el hablar del legado de la esclavitud y la educación sobre las causas estructurales de la desigualdad entre la población blanca y afroamericana. Algunos datos que la derecha estadounidense no quiere ver: las familias negras sólo tienen 10 céntimos de riqueza por cada dólar que poseen las familias blancas, según datos de 2016; y las mujeres negras tienen el triple de probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo que las mujeres blancas.
«Estados Unidos protegerá sin complejos su propia soberanía. Esto incluye impedir su erosión por parte de organizaciones transnacionales e internacionales».
Estados Unidos ha sido el gran arquitecto del sistema internacional global actual levantado tras la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, este comportamiento no es nuevo. Estados Unidos siempre ha visto organizaciones internacionales clave como una amenaza a su poder y no es miembro de tratados aceptados por todo el mundo. Es el equivalente a un policía que no quiere cumplir la ley. Algunos ejemplos:
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que estudia los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión (tiene 125 Estados miembros)
Convención sobre la prohibición de minas antipersona (tiene 164 Estados parte) y Convención sobre las Municiones en Racimo
EEUU solo ha firmado y ratificado cinco de los 18 tratados internacionales de derechos humanos –entre los 18 están incluidos los protocolos adicionales a los textos principales–. Por ejemplo, es el único país del mundo (con Sudán del Sur) en no ser parte del Convenio de los Derechos del Niño. Tampoco es miembro de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ni del Convenio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.
EEUU también es uno de los 16 países en todo el mundo (cinco de ellos sin acceso al mar) que no ha firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
«Predisposición al no intervencionismo […] Para un país cuyos intereses son tan numerosos y diversos como los nuestros, no es posible una adhesión rígida al no intervencionismo».
Una bonita forma de justificar un comportamiento de injerencia por todo el mundo. Bombardeo de Irán, ejecuciones en las costas de Venezuela, injerencias electorales en los países latinoamericanos…
A propósito de las elecciones, Rosa Luxemburgo en su libro “El fraude electoral” (1906) manifiesta a la clase obrera: “votad si queréis, usad el parlamento como alta voz, pero jamás confundáis la tribuna con el campo de batalla, porque el día que la lucha de clases se ponga seria, la burguesía no va a contar votos va a contar fusiles”.
¿De verdad creéis que la burguesía nos ha regalado el voto porque de pronto se volvió generosa? ¿O más bien nos lo ha concedido porque ya no podía mantener el censo sin arriesgarse a que le quemaran los palacios…?”
El parlamento de la burguesía ─continúa Luxemburgo─ no es un terreno neutral donde las clases enfrentadas dirimen sus diferencias con argumentos y papeletas, es un arma más del arsenal de la burguesía un arma refinada sí, pero un arma, al fin y al cabo, porque mientras los diputados socialistas discuten en la tribuna, afuera siguen mandando los generales, los banqueros, los grandes periódicos y los jueces que meten en la cárcel a quien se pasa de la raya”.
El fraude en las pasadas elecciones
El balance del poder a nivel mundial está cambiando, pero el imperio estadounidense quiere que sigamos siendo su patio trasero. Esto va independientemente de la calidad del gobierno de LIBRE.
Desde que gano LIBRE las elecciones en 2021 comenzó la conspiración que, al no lograr un golpe de Estado, impulsaron el golpe electoral para 2025.
Ello contó ─como históricamente ha sucedido─ con la injerencia imperialista, pero esta vez con las amenazas directas de Donald Trump, para que el pueblo no votara por LIBRE. Por ello, todo lo que pase en Honduras, será responsabilidad de los conspiradores contra el gobierno de Xiomara Castro y la candidatura de Rixi Moncada.
El continuo hostigamiento
La conspiración empezó con el intento de asaltar el Congreso Nacional y continuó, durante todo el gobierno, mintiendo y manipulando la información.
La campaña en su narrativa exageró los errores o incapacidades del gobierno, para imponer en el imaginario colectivo y en las Fuerzas Armadas, que el gobierno de Xiomara Castro había fracasado, que era igual o peor que el del narcotraficante Juan Orlando Hernández (JOH). Como no lograron consumar el golpe de Estado, dan ahora un golpe electoral.
Lo más criminal es el indulto promovido por Donald Trump al narcotraficante JOH, condenado en 2024 a 45 años de cárcel por delitos de narcotráfico. Además, se incentivó la intervención de las maras amenazando a miles de personas si votaban por LIBRE. Esa conspiración hace que el recuento de acta por acta o voto por voto no borre el fraude, porque este ya está en las actas.
‘’El sufragio universal como se nos dice, no es el instrumento más precioso de la clase obrera en su lucha por la emancipación, es el termómetro que mide la madurez política de la clase obrera y en el peor de los casos una trampa para desarmar del movimiento obrero’’, enfatiza Luxemburgo.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Como bien es sabido, cada 10 de diciembre se celebra en todo el mundo el día de los derechos humanos, en conmemoración del texto fundador del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
De cara a esta importante celebración, el tema posee una relevancia particular en esta recta final del 2025 en la que se puede observar, en Centroamérica así como en diversas otras latitudes del planeta, a líderes políticos dispuestos a hacer a un lado los derechos humanos y los valores fundacionales que los sustentan so pretexto que «frenan» sus pretensiones o «complican» sus proyectos políticos.
Llama la atención que quiénes oponían ayer la protección del ambiente al desarrollo económico, de manera errónea, se unieron hoy a quienes hoy oponen los derechos humanos a lo que denominan la «gobernabilidad«: desde el pasado 21 de enero, estos sectores han encontrado en la Casa Blanca a un líder que comulga con esta lectura y que emula a otros líderes populistas en muchas otras partes del mundo.
La lectura de la intervención titulada «Los derechos humanos bajo ataque» del mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas este 10 de diciembre (cuyo texto ha sido escasamente divulgado en grande medios de prensa, pese a estar contenido en un comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas – véase enlace), resulta muy recomendada: en particular el llamado que hace a sostener y a defender a organizaciones sociales y a pequeñas comunidades y líderes que, desde diversas latitudes, alzan la voz en defensa de los derechos humanos y del ambiente.
En materia de cambio climático, desde julio del 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias a una solicitud de Chile y de Colombia, emitió una opinión consultiva sobre cambio climático y derechos humanos, que ofrece una útil guía a los Estados en esta compleja y delicada materia (Nota 1).
El 10 de diciembre del 2024
Precisamente, el año anterior, el 10 de diciembre en Costa Rica fue precedido por un día como el 7 de diciembre, que cobró un significado muy especial en el año 2024.
En efecto, se conmemoraron exactamente 30 años desde el asesinato de cuatro ecologistas costarricenses, cuyas muertes no han sido debidamente investigadas, manteniéndose un indignante manto de impunidad que se expande a otros casos similares más recientes. Cabe precisar que en el 2024, la única entidad costarricense que sí consideró importante realizar un acto formal en memoria de estos ecologistas asesinados en 1994, fue la Universidad de Costa Rica (UCR) (véase nota).
El dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural«, constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes – e indignantes – del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron el fallecimiento de estas cuatro personas a finales de 1994 e inicios de 1995 en el caso de una de ellas.
Un 10 de diciembre del 2025 … inédito e insólito
Este 10 de diciembre del 2025 fue precedido por el anuncio desde Israel que firmó con Costa Rica un tratado bilateral en materia comercial (TLC), y que además, se planea abrir una oficina con estatuto diplomático en Jerusalén por parte de Costa Rica (véasenotade prensa Swiss Info del 8 de diciembre del 2025).
El anunciar la firma de un TLC por parte de Costa Rica con Israel plantea algunas interrogantes muy válidas, al estar Costa Rica dispuesta a fomentar el intercambio comercial con un Estado:
– acusado de cometer un genocidio en Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023, con bombardeos aéreos indiscriminados y desproporcionados sobre Gaza que no han cesado;
– cuya primera autoridad (en este caso su Primer Ministro) es objeto de una orden de captura por parte de la justicia penal internacional de La Haya desde noviembre del 2024 por crímenes de guerra; y
– que continúa prohibiendo la entrada de alimentación, agua, medicamentos y de material médico de urgente necesidad, en cantidades suficientes para las numerosas familias palestinas en Gaza que ahora deben enfrentar la llegada de las lluvias, del frío y del viento. A ese respecto, las imágenes desgarradoras de este reportage de la televisión española y este otro reportage de la televisión belga difundidos el pasado 12 de diciembre así lo hacen ver, así como las tomas contenidas en este reportage de la cadena catarí AlJazeera difundido este 15 de diciembre.
¿Cómo se podrá calificar a un Estado que, a sabiendas que la lluvia y el frío se instalan en Gaza, no permite la entrada masiva de la ayuda humanitaria que requieren urgentemente familias palestinas con numerosos niños desnutridos y descalzos, mal abrigados, viviendo en carpas plásticas desde meses?
Este 15 de diciembre del 2025, la Sala de Apelación de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó un enésimo intento por parte de Israel de intentar restarle validez a las demandas que enfrenta ante la CPI por sus acciones militares insensatas en Gaza (véase texto de la decisión). El 17 de octubre del 2025, la Sala de lo Preliminar había rechazado otro enésimo intento de Israel en aras de restarle validez jurídica a las órdenes de capturas emitidas contra dos de sus dirigentes, siendo uno de ellos su actual Primer Ministro (véase texto de su decisión). Nuestros estimables lectores podrán revisar por sí mismos la casi nula difusión de ambas decisiones de la CPI en los grandes medios de prensa internacionales.
Con relación a la idea de establecer una oficina de Costa Rica en Jerusalén con estatuto diplomático, se trata de una verdadera provocación: tanto para el mundo árabe y más generalmente para el mundo musulmán, como para una gran parte de la opinión pública internacional indignada por el genocidio en curso en Gaza desde hace más de dos años. De materializarse esta iniciativa, estaríamos observando a una irreconocible Costa Rica, actuando en abierta violación al consenso internacional existente sobre el hecho que Jerusalén no puede ser considerada como la capital de Israel.
Desde la perspectiva de los derechos humanos y de la imagen internacional que proyecta desde muchos años Costa Rica, la reacción de la Relatora Especial sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, no se hizo esperar: véase nota con su tweet, publicada en el medio digital Delfino.cr. En el mes de julio del 2025, tuvimos la ocasión de analizar las insólitas sanciones tomadas en su contra por la actual administración norteamericana, muy molesta con el contenido de su tercer informe sobre el genocidio en curso en Gaza (Nota 2).
Tuvimos la ocasión de explicar con anterioridad el riesgo que significaría para Costa Rica este TLC con Israel (véase enlace a conferencia auspiciada por la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras / ANDE en septiembre pasado y conferencia organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas / IIJ de la Facultad de Derecho de la UCR, así como un muy completo foro específico sobre este TLC con Israel auspiciado esta vez por Alianza por una Vida Digna y el medio SurcosDigital).
No está de más referir a la demanda interpuesta ante la justicia internacional de La Haya por Palestina contra Estados Unidos en septiembre del 2018, aún pendiente de resolución, en razón del traslado de su embajada de Tel-Aviv a Jerusalén (véase texto de la demanda). Tratándose de Estados Unidos, tampoco está de más indicar la felicitación a Costa Rica recibida inmediatamente por parte de Estados Unidos tras el anuncio hecho en los primeros días de diciembre del 2025 de un TLC con Israel (véase mensaje posteado en redes sociales)
Más allá de los aplausos oficiales que recibe cualquier Estado por parte de la actual administración norteamericana cuando pacta con Israel algún tipo de acuerdo, remitimos a nuestros estimables lectores a esta muy completa infografía realizada desde la radio universitaria de la UCR y a una entrevista que tuvimos al respecto en el programa radial de Interferencia la semana anterior (audio).
Esta complacencia súbita con Israel ha tenido repercusiones casi simultáneas, al observarse al aparato diplomático de Costa Rica cambiar repentinamente su voto en resoluciones sobre Oriente Medio adoptadas en esta primera semana de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas: véase al respecto esta muy detallada nota elaborada por el medio digital Delfino.cr. Este 12 de diciembre, una resolución de la misma Asamblea General acogiendo la opinión consultiva de la justicia internacional del 2024 condenando la ocupación y la colonización israelí del territorio palestino, reunió 139 votos a favor, 12 en contra y 19 abstenciones, que incluyen la abstención de la delegación costarricense (véase video y nota del medio Delfino.cr): además de insólita, la nota de Delfino.cr refiere a la ausencia de explicaciones dadas por parte del aparato diplomático costarricense.
Resulta oportuno referir a la mofa presidencial a la que remite este artículo de julio del 2025 publicado en el Semanario Universidad : pareciera ser la única de un Jefe de Estado en ejercicio relativizando el drama indecible que se vive en Gaza. En el penúltimo informe disponible sobre la situación en Gaza elaborado por Naciones Unidas (al 4 de diciembre del 2025) se lee que se ha superado la cifra de 70.000 personas fallecidas en Gaza y de casi 171.000 personas heridas, muchas de ellas graves y desprovistas de atención hospitalaria debido a la destrucción de la red de hospitales en Gaza por parte de Israel:
«According to the MoH in Gaza, between 26 November and 3 December, 11 Palestinians were killed, 16 were injured and 20 bodies were recovered from under the rubble. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023, as reported by the MoH, to 70,117 fatalities and 170,999 injuries. According to the MoH, the total number includes 299 fatalities who were retroactively added between 21 and 28 November after their identification details were approved by a ministerial committee. MoH reported that since the ceasefire, 360 Palestinians were killed, 922 were injured and 617 bodies were retrieved from under the rubble«.
Se considera que con la llegada de las lluvias y la baja sustancial de las temperaturas en Gaza, muchos familias palestinas en Gaza que viven en un campo de ruinas, bajo carpas de plástico, con una alimentación deficiente desde más de dos años, verán a muchos de sus seres queridos más vulnerables fallecer en las próximas semanas debido al frío y a la humedad que azotan a Gaza. Las imágenes impactantes de este reportage publicado por la televisión belga el 12 de diciembre así lo hace ver. El precitado informe de Naciones Unidas pues ser completado con el último informe al 11 de diciembre del 2025 (véase enlace), que detalla el nivel de violencia y las muertes ocasionadas por Israel entre un informe y otro.
Este 10 de diciembre, una ONG de renombre como Amnistía internacional circuló un comunicado de prensa (véase texto completo) sobre la justicia sin la cual toda iniciativa de paz en Gaza es ilusoria: una seria limitante que ya habíamos señalado al adoptarse por parte del Consejo de Seguridad la insólita resolución 2803, el pasado 17 de noviembre del 2025 (Nota 3).
Con relación a las ocurrentes iniciativas de Costa Rica relativas a Israel, cabe recordar que en noviembre del 2024, en plena cumbre mundial sobre ambiente realizada en Bakú (Azeirbadján), Costa Rica anunció la firma de un sorprendente Memorandum de Entendimiento (MoU) con Israel en materia ambiental: véase comunicadooficial de las autoridades ambientales de Costa Rica del 13 de noviembre y comunicado oficial de sus homólogas en Israel. Pocos día después, Costa Rica obtuvo el poco decoroso galardón de «Fósil del Día» otorgado por organizaciones ecologistas internacionales indignadas: véase al respecto este artículo publicado en el semanario costarricense de Ojoalclima, cuya parte final exhibe a las autoridades costarricenses en su súbita negativa a dar algún tipo de explicaciones.
¿Será que, a raíz de la firma de este TLC con Israel anunciado el pasado 8 de diciembre, Costa Rica será objeto de alguna campaña de discrédito y de boycott en su contra, así como de sus productos de exportación?
Un pequeño detalle en una votación reciente sobre prohibición de la tortura muy pocamente divulgado
La pregunta anterior cobra particular relevancia si consideramos que en materia de derecho internacional de los derechos humanos, un episodio muy poco referenciado por las grandes agencias de noticias que cubren a Naciones Unidas, tuvo lugar el pasado 20 de noviembre del 2025: en efecto, como ocurre cada tres años, se votó la resolución trienal en el seno de la IIIa Comisión de de la Asamblea General, que reafirma la prohibición de la tortura y de los malos tratos (véase texto de la resolución).
Por primera vez en los últimos decenios, se contabilizaron en este mes de noviembre del 2025 un total de 169 Estados votando a favor y … votaron en contra Argentina, Estados Unidos e Israel. De estos tres Estados, únicamente Estados Unidos procedió a explicar su voto en contra con argumentos algo risibles si no se tratara de un tema tan grave en materia de derechos humanos (véase texto). Se registraron además 4 abstenciones que deberían de interpelar a muchos: Burundi, Papua Nueva Guinea, Nicaragua y Rusia.
Este detalle (véase recuadro) de la votación merecía, en nuestra modesta opinión, una mención en medios informativos: resulta llamativo que haya pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional y que muchas salas de redacción omitieran toda referencia a este intento por erosionar una regla internacional fundamental en materia de protección de los derechos humanos. ¿No interesará realmente ya a nadie que hayan Estados objetando la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos inhumanos, crueles o degradantes?
Usualmente, este resolución trienal de la Asamblea General de Naciones se adopta por consenso entre los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, tal y como ocurrió en ejercicios similares en el 2022 (véase texto), en el 2017 (véase texto) y en el 2014 (véase texto).
En febrero del 2025, en un informe publicado por una ONG en Israel (véase informe completo), se leía:
«By disregarding the extended evidence from human rights organizations submitted to Israel courts and authorities, and allowing abuses and torture to persist, the State creates an environment of impunity where these acts are normalized, further exacerbating human rights violations. The lack of accountability for perpretators further underscores the systemic nature of the issue, with victims facing ongoing violations and no legal recourse» (p. 20).
Nótese que en el 2002, con relación a la prevención de la tortura, Estados Unidos fracasó, y lo hizo estrepitosamente, en Naciones Unidas en su intento por frenar a como diera lugar la adopción de un Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de 1984 (véase nota de prensa del New York Times y texto del Protocolo): un instrumento internacional finalmente adoptado en diciembre del 2002 (véase resolución) con una abrumadora mayoría de 127 votos a favor y tan solamente 4 votos en contra: Estados Unidos, Islas Marshall, Nigeria y Palau. Sobre el detalle de las negociaciones en Naciones Unidas, lideradas exitosamente por Costa Rica desde 1991 y ello de manera ininterrumpida, remitimos a nuestros estimables lectores a esta publicación del 2004. en particular el Capítulo II a páginas 41-73. En la página 265 se puede apreciar el cambio de posición de Israel durante la tramitación de este valioso instrumento universal entre noviembre y diciembre del 2002.
Un poco de historia: el 10 de diciembre de 1948, inicio de un largo recorrido
La emblemática fecha del 10 de diciembre responde a la fecha en la que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos: se trató inicialmente de una simple resolución, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y que, sin proponérselo sus redactores, iniciaría una dinámica muy propia dentro del ordenamiento jurídico internacional:
– tanto a nivel universal, con la elaboración de una multitud de tratados y de sus protocolos facultativos, auspiciados por Naciones Unidas para proteger ciertos derechos, o proteger ciertas categorías de seres humanos o luchar contra ciertas violaciones específicas de derechos humanos (véase listado);
– como a nivel regional con, además de tratados muy diversos con los mismos propósitos descritos anteriormente (como por ejemplo los instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco interamericano), la creación de tribunales regionales especializados en derechos humanos en Europa (1950), en el hemisferio americano (1969) y en el continente africano (1998): un logro que no se ha podido materializar en Asia, como tampoco en el plano nivel universal.
Todos estos instrumentos vinculantes obligan a los Estados Partes a tomar ciertas disposiciones, a adaptar sus regulaciones internas, en aras de volver efectivo el ejercicio de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción reconocidos en estos tratados y respetarlos. En algunas de estas convenciones internacionales, se abre la posibilidad para que las víctimas o sus familiares acudan a una instancia internacional cuando la justicia nacional les niega el ejercicio de estos derechos.
La persistencia del crimen de genocidio y de crímenes de guerra – objetos de una convención de 1948 y de los convenios de Ginebra de 1949 – y de crímenes de lesa humanidad, llevó a la comunidad internacional a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998 para enjuiciar desde el punto de vista penal a título individual a personas sospechosas de cometerlos o instigarlos. Al respecto, en el año 2024, fue el 4 de diciembre que el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue reconfirmado en un contundente informe de la reconocida ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «, precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: al respecto, la casi nula difusión en medios de prensa internacionales de estos informes en diciembre del 2024 plantea interrogantes muy válidas. El informe de Human Rights Watch dado a conocer de igual manera el 19 de diciembre del 2024 conoció la misma suerte en cuanto a su difusión.
Costa Rica y los derechos humanos desde la perspectiva de sus obligaciones internacionales
Como Estado, Costa Rica históricamente ha basado su política exterior en los derechos humanos y en la defensa del Estado de derecho y la democracia, y ha suscrito una gran cantidad de convenciones en materia de derechos humanos, tanto de carácter universal, como de carácter regional.
El hecho de albergar en su capital a la Corte Interamericana de Derechos Humanos instalada formalmente en septiembre de1979 y de haber recibido a una gran cantidad de latinoamericanos huyendo regímenes militares autoritarios en los años 70 y 80 proviniendo de Suramérica, así como de Centroamérica, confirman este compromiso: y de alguna manera, este historial aunado al hecho que abolió el ejército en 1948, le ha permitido a Costa Rica alzarse en el concierto internacional como una voz autorizada, siempre atenta a posiciones de vanguardia en los diversos foros y recintos internacionales.
El último instrumento universal de Naciones Unidas ratificado por Costa Rica en materia de derechos humanos fue en septiembre del 2014 el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre Derechos Ecnoómicos, Sociales y Culturales – véase estado oficial de firmas y ratificaciones – (Nota 4).
Esta imagen que proyecta Costa Rica a nivel internacional se ha visto reforzada por las declaraciones oficiales que elaboran sus diplomáticos en una multitud de foros internacionales sobre derechos humanos: no obstante, la distancia entre por una parte este discurso y esta imagen, y por otra, el cumplimiento de las obligaciones que derivan de los instrumentos internacionales a los que es Estado Parte en materia de derechos humanos, es cada vez mayor. Un fenómeno muy similar se observa también en materia ambiental, un ámbito a partir del cual también Costa Rica proyecta su imagen internacional.
Algunos tratados de derechos humanos contemplan la creación de órganos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados Partes: en el ámbito universal, a la fecha son 10 los “órganos de tratados” o mecanismos convencionales en derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de analizar las observaciones hechas por algunos de ellos con relación a Costa Rica en materia de discriminación contra las mujeres en el 2017, y en materia de obligaciones derivadas de uno de los dos Pactos internacionales de 1966, en el 2016. En este último texto, ya concluíamos nuestras reflexiones en el 2016 señalando que:
“No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años”.
Paralelamente, desde el 10 de diciembre de 1948, la dinámica muy propia de los derechos humanos debió afrontar los límites de la técnica convencional internacional (al tratarse de instrumentos negociados por Estados y solamente por Estados), llevando de esta manera a Naciones Unidas a dotarse de los denominados «mecanismos no convencionales«: ello a través de mandatos ejercidos por Relatores Especiales o Expertos Independientes que cubren ya sea una problemática específica en materia de derechos humanos, ya sea examinan la situación particular que se da en un determinado Estado.
En este enlace de Naciones Unidas se detallan los 46 mecanismos temáticos y los 40 mecanismos/país que se han creado, trabajando en un caso como en otro, desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), la lista oficial de relatorías también evidencia la necesidad de superar los límites de la técnica convencional con este tipo de mecanismos no convencionales y su principal interés: reunir información de primera mano, recabar eventualmente denuncias y exigir aclaraciones a un Estado, así como llamar la atención sobre una problemática determinada que amerita una respuesta de carácter urgente.
Tanto los mecanismos convencionales como no convencionales proceden a hacerle periódicamente recomendaciones generales a los Estados de cara al cumplimiento de las obligaciones internacionales que han contraído:
– en el caso de los primeros, sus recomendaciones se encuentran en las observaciones finales a los informes periódicos de cumplimiento que los Estados deben de presentar. Usualmente la presentación de un informe oficial por parte de un Estado viene acompañado de informes alternativos (o «informes sombra«) que proceden de la sociedad civil tendientes a poner en evidencia la falsedad o el carácter sumamente cuestionable de los datos oficiales proporcionados por el Estado en su informe oficial, o a dar a conocer situaciones convenientemente omitidas por el Estado a la hora de preparar su informe. Podemos citar como ejemplos recientes, este informe alternativo presentado por organizaciones civiles colombianas en el 2024 y este otro por organizaciones peruanas en el 2023 así como este informe presentado desde El Salvador en el 2022, y menos recientes, este voluminoso informe de 250 páginas producido por varias ONG en México en el 2017, este informe de un colectivo de ONG guatemaltecas del 2010 y este informe del 2009 producido por una reconocida ONG en Argentina cuya presentación explicita el objetivo que debería perseguir todo informe alternativo (Nota 5).
– en el caso de los mecanismos no convencionales, sus recomendaciones provienen de los resultados de sus visitas in situ al Estado concerñido, durante las cuales se reúnen tanto con las autoridades como con la sociedad civil.
Costa Rica no escapa a este escrutinio internacional permanente desde Naciones Unidas, o desde la OEA, dando muestras de ciertas inconsistencias que a continuación señalaremos, de muchas más que evidencia el errático actuar del Estado costarricense cuando se trata de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Tuvimos hace unos meses (septiembre) la ocasión de explicar que el deterioro de las condiciones laborales en Costa Rica responde en gran parte al no acatamiento por parte de Costa Rica de recomendaciones internacionales en una nota titulada precisamente:
«El grave deterioro de las condiciones laborales en Costa Rica, síntoma de un «modelo de desarollo» que hace caso omiso de varios instrumentos internacionales. ¿Hasta cuando?»
En el mes de noviembre del 2025, se denunció la colocación de vallas en la ciudad de Puntarenas contra un renombrado científico costarricense y un abogado especializado en el litigio ambiental, sin que a la fecha las autoridades logren dar con los responsables de esta clara incitación al odio en contra de ambas personas (véase nota del Semanario Universidad). En agosto del 2025, el sorprendente embargo de la cuenta bancaria de un ecologista de renombre costarricense evidenció el nivel de creatividad de algunos bufetes corporativos (véase nota de Delfino.cr y nota del Semanario Universidad). Ambos casos ponen en evidencia la situación de extrema vulnerabilidad de quienes en Costa Rica, tienen el valor de alzar la voz en defensa del ambiente, y su total desprotección por parte del Estado costarricense.
Más recientemente (diciembre del 2025), nos referimos a la dramática situación que deben enfrentar personas indígenas oriundas de Nicaragua en Costa Rica, en una nota titulada:
«Mujeres indígenas miskitas en Costa Rica: breve análisis a raíz de una emisión radial».
De algunos otros lunares persistentes en Costa Rica en materia de derechos humanos
El último informe del Relator Espacial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a raíz de su visita en Costa Rica y que tuvimos la ocasión de comentar (Nota 6) luego de su publicación en el 2022, espera pacientemente que las recomendaciones ahí reunidas sean objeto de seguimiento. Dos asesinatos en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019, Jehry Rivera, febrero del 2020) en un misma región (Salitre), siendo ambos líderes objetos de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2015 al Estado costarricense ¿ deberían de interpelar o no a la sociedad costarricense?
Foto de Sergio Rojas y de Jehry Rivera, líderes indígenas asesinados en el 2019 y 2020 en la región de Salitre, extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad titulado «Asesinato de Jehry Rivera evidencia desprotección a personas defensoras de derechos humanos», edición del 3 de marzo del 2020
El informe de la Relatora Especial sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos del 2009, a raíz de su primer visita como Relatora a Costa Rica, espera igualmente pacientemente que las autoridades actúen: entre sus diversas recomendaciones, está la discriminación con respecto al acceso al agua potable que siguen sufriendo varios sectores de la sociedad costarricense, en particular las comunidades indígenas (punto 70 de su informe). Entre otras recomendaciones de la experta del 2009 sobre el uso de plaguicidas (punto 71), es de señalar que Costa Rica adoptó tan solo en el 2107 un Decreto Ejecutivo para limitar el uso del bromacil en las plantaciones de piña y de banano, pero esperan similar atención el diurón y varios otros plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana que terminan vertidos en aguas y suelos en las cercanías de estas plantaciones donde habitan comunidades humanas, mencionados en su informe. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que recomendaciones internacionales no seguidas de efecto sigan sumiendo a comunidades costarricenses con problemas de salud y pobreza, problemas de aprendizaje de niños costarricenses, debido a la contaminación circundante de empresas exportadoras de frutas tropicales? Su recomendación sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario y turístico lanzada desde el 2009 (punto 72) debería también interesar a algunas provincias como Guanacaste, el Pacífico Central y la extrema presión que se manifiesta en algunas partes de la costa del Caribe costarricense como por ejemplo en Gandoca Manzanillo (cuyo humedal es un humedal inscrito en la lista Ramsar que Costa Rica tiene la obligación internacional de resguardar y proteger).
La incitación al odio en contra de ciertas categorías de personas en Costa Rica llámese migrantes, población sexualmente diversa, comunidades indígenas, población afro descendiente, mujeres, personas privadas de libertad, personas afectadas por el VIH SIDA, y otros grupos, espera una regulación con el fin de dotar a Costa Rica de una legislación que frene los ardores discursivos de algunos y ponga término a expresiones profundamente hirientes y discriminatorias que persisten en redes sociales, programas de radio y televisión y en un sinnúmero de espacios públicos. En el 2018, la sociedad costarricense se demostró a si misma los resortes de los que dispone cuando un pequeño grupo convocó una marcha en pleno centro de San José en contra de los migrantes oriundos de Nicaragua. En su momento saludamos esta reacción de la sociedad costarricense, no sin alertar con un “Estado, ¿estás?” las advertencias desoídas hechas por varios mecanismos de derechos humanos a Costa Rica antes del 2018 en materia de racismo y xenofobia. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que otros Estados hayan legislado para evitar la incitación al odio en contra de ciertos sectores en declaraciones públicas mediante la adopción de una legislación penal que tipifica la incitación al odio? ¿Acaso la simplificación extrema y la polarización que fomentan en una sociedad las redes sociales no deberían de llevarla a resguardarse ella misma de éstas? Con ocasión de amenazas y un tono particularmente agresivo en contra de la población sexualmente diversa, habíamos tenido la oportunidad de señalar, con ocasión de la campaña electoral del 2018 que:
“En materia de odio y de incitación al odio, las disculpas públicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideración el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificación más acorde con nuestros tiempos del delito de incitación al odio”
Con relación a un instrumento internacional que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado a mayores controles, un instrumento de Naciones Unidas desde 1990 existe, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación. Muy, pero en realidad muy recientemente una tesis de Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras. ¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la CCSS? Un informe previo de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de sus trabajadores. Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
En el ámbito digital, de la protección de datos personales, de la respuesta a discursos de odio en redes, en particular contra las mujeres, la violencia se sigue generando y las brechas con relación al acceso y la cobertura se siguen abriendo como bien se detalla en este informe de una ONG, excluyendo año tras año a diversos sectores de la sociedad costarricense (véase informe de la ONGs APC y Sulá Batsú del 2024). Es probable que muy pronto recomendaciones provengan de Naciones Unidas en este mismo sentido al Estado costarricense. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que el mundo digital esté agudizando aún más las ya graves brechas que persisten en su seno?
En otro tema relacionado a la independencia del Poder Judicial en Costa Rica, una comunicación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados espera también pacientemente que el Estado costarricense tenga la gentileza de responderle. La misiva es del mes de julio del 2019 (véase texto) y en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aparece la mención «En espera de respuesta del Estado«. A ese respecto, en el 2021, la máxima instancia del Poder Judicial optó por ofrecer un espectáculo raramente observado (véase nota del Semanario Universidad del 24 de mayo del 2021).
Finalmente, el informe oficial de Costa Rica con relación a sus obligaciones en materia de derechos de las personas con discapacidad presentado en el 2023 (véase informe) detalla una serie de regulaciones y planes oficiales… cuya efectividad suele constituirse en un verdadero desafío para personas costarricenses con algún grado de discapacidad. Salvo error de nuestra parte, no se tiene registro en el caso de Costa Rica, de un informe alternativo similar al que fue presentado por un colectivo de ONG de México en el 2019 (véase informe).
Imagen internacional vs. agenda muy descuidada en materia de derechos humanos
Podríamos incluir más advertencias desoídas provenientes de mecanismos de derechos humanos en otros ámbitos de los derechos humanos (libertad de expresión, discriminación contra la mujer, personas con discapacidad, niños en situación de vulnerabilidad, defensa de los derechos laborales, personas migrantes, personas privadas de libertad, trata de personas, prostitución forzada, …) pero quisiéramos creer que con ocasión de este 10 de diciembre del 2025, diversos sectores y organizaciones sociales en Costa Rica alzaron la voz para denunciar la situación que se observa desde hace ya varios años: una vergonzosa inacción estatal aunada a un desinterés de la clase política y de algunos sectores de la sociedad costarricense que, irremediablemente, conducen a un despojo de los derechos de amplios sectores de esta misma sociedad.
En mayo del 2025 una ONG especializada en el litigio interamericano hizo ver las graves violaciones de la normativa internacional a las que Costa Rica se prestó, al aceptar vuelos en proveniencia de Estados Unidos con personas en situación migratoria irregular (véase enlace).
El desinterés por los derechos humanos por parte de algunos sectores en Costa Rica se ve agravada por una narrativa de algunos decisores políticos, tendiente a desacreditar y a estigmatizar a algunos sectores sociales y a pequeños colectivos dedicados precisamente a la defensa de los derechos humanos y del ambiente.
Sí quisiéramos hacer ver la muy (pero muy…) poca difusión que se hace en Costa Rica del contenido de estos informes, que cada cierto tiempo son dados a conocer desde Naciones Unidas o bien desde la OEA. En materia de cobertura de prensa, resulta de interés observar la facilidad con la cual los medios de prensa costarricenses replican en modo «automático» los comunicados oficiales del Estado costarricense sobre estos informes (que insisten en algunas cosas y omiten convenientemente otras…) sin nunca dar a conocer a sus lectores el contenido integral de estos informes como tal.
Si en materia de desempeño ambiental, las autoridades ambientales no dudan un momento poner a disposición del público el informe – texto integral – sobre desempeño ambiental de Costa Rica en el 2023 elaborado por la OCDE (véaseenlace), ¿ qué será lo que inhibe a poner en línea un informe sobre desempeño en materia de derechos humanos de Costa Rica elaborado desde algún órgano de Naciones Unidas?
Con relación a mecanismos no convencionales, es muy probable que nuestros estimables lectores descubran tan solo al leernos las recomendaciones (punto 140) contenidas al final del informe de abril del 2024 del Relator Especial sobre el derecho al disfrute de la salud mental y física, elaborado a raíz de su visita realizada a Costa Rica. Es también altamente probable que las recomendaciones (puntos 64-111) del Relator de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de la esclavitud a raíz de su visita a Costa Rica del 2023 (véase informe) causen similar sorpresa. Y con relación a mecanismos convencionales, es igualmente muy posible que la misma sensación de extrañeza (o casi) aflore, con las observaciones hechas al octavo informe oficial de Costa Rica con relación a los derechos de las mujeres, realizadas por los integrantes del Comité de la CEDAW en el 2023 (véanse puntos 9 a 53 de sus observaciones); o bien con relación a las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) al informe de Costa Rica (véase observaciones) hechas en el 2023; así como las observaciones del Comité contra la Tortura (CAT) al tercer informe de Costa Rica, enviadas en diciembre del 2023 (véase observaciones). Es de notar que en el punto 42 de este último informe, al parecer molestos por la reiteración de recomendaciones hechas a Costa Rica en el pasado y no seguidas de efecto, se señala por parte de los integrantes del CAT que:
«El Comité solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 24 de noviembre de 2024, información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité relativas a la detención preventiva, las condiciones de reclusión, la investigación de los actos de tortura y malos tratos y la no devolución (véanse los párrafos 13, 15 a), 25 a) y 31 a) respectivamente).«
Cabe precisar que el punto de contacto dentro del aparato estatal costarricense con los mecanismos convencionales (y no convencionales) a través del cual se tramita toda la correspondencia con éstos, recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.
A modo de conclusión
La distancia cada vez mayor entre discursos oficiales en recintos internacionales de Costa Rica y la realidad de los derechos humanos en la misma Costa Rica, y el desinterés creciente de varios sectores ante la creciente problemática de los derechos humanos, han quedado en evidencia con lo que ha ocurrido con el último instrumento jurídico adoptado desde aquel 10 de diciembre de 1948, que iniciaría esta inacabada senda del derecho internacional de los derechos humanos: se trata de un instrumento regional, el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en marzo del 2018.
Los mitos y supuestos “argumentos” (que han resultado ser, como bien lo indica el programa Doble Check de la radio universitaria argumentos falsos creados a su alrededor), la frontal oposición que una magistrada constitucional y sus colegas consideraron oportuno desarrollar desde la misma Sala Constitucional para complicar la tramitación de este valioso instrumento regional, así como la indiferencia de varios sectores que muy bien pone en evidencia este documental elaborado desde la UCR en el 2021, colocan ahora a Costa Rica ante sus contradicciones y ante una comunidad internacional algo perpleja: en particular al haber ya sido el Acuerdo de Escazú ratificado por 18 Estados (el último en haberlo hecho siendo Bahamas en junio del 2025, antecedido por Colombia en septiembre del 2024, después de Chile (2022), Argentina y México en el 2021), sin que en ninguno de los 18 Estados Partes se haya observado en lo más mínimo los supuestos efectos negativos para Costa Rica, que tanto se esmeran en difundir los opositores al Acuerdo de Escazú y sus muy hacendosas e inventivas fichas (Nota 7).
La protección de los que alzan la voz en materia ambiental en Costa Rica ante las constantes amenazas, intimidaciones, que a veces terminan con asesinatos, pero también vejaciones, y estigmatizaciones de todo tipo, así como juicios penales por presunta difamación que archivan los tribunales, constituye una vieja deuda en materia de derechos humanos en Costa Rica: al respecto, cabe mencionar este otro documental de la UCR titulado “El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente”. En el 2014 tuvimos la ocasión de analizar el contenido del informe del Relator de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos a raíz de su visita a Costa Rica: 11 años después, las recomendaciones reunidas en su informe (punto 61 en adelante) persisten como tareas y en el caso de algunas de ellas, como verdaderos desafíos para una Costa Rica cada vez más irreconocible en algunos ámbitos.
La desprotección de quienes defienden el ambiente cobra particular relevancia en este inicio del mes de diciembre, en particular en estos días en los que se conmemoraron 31 años desde la muerte de tres activistas cuyos cuerpos incinerados fueron encontrados en un casa el 7 de diciembre de 1994 en Moravia, y la muerte de un cuarto integrante cuyo cuerpo fue encontrado en febrero de 1995 en La Uruca (caso AECO): sobre este doloroso caso en el que campea la impunidad (como en muchos otros casos de intimidaciones y amenazas en los que las víctimas resultan ser ecologistas, líderes indígenas, lideresas campesinas), el dictamen de la Procuraduría General de la República de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural» constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron estas cuatro muertes, conjuntamente con unas cuantas más. De manera a no reiterar la pregunta hecha con anterioridad, se recomienda una lectura pausada de dicho informe de la PGR, que, a la fecha, no ha dado lugar a ninguna rectificación por parte del Estado o expresión oficial de pesar (disculpa pública) (Nota 8) por lo ocurrido hace 31 años en la capital costarricense.
Finalmente, el hecho de anunciar la firma de un TLC por parte de Costa Rica con Israel plantea la siguiente interrogante en este mes de diciembre del 2025: el fomento del intercambio comercial con un Estado acusado de cometer un genocidio en Gaza, cuya primera autoridad (su Primer Ministro) es objeto de una orden de captura por parte de la CPI desde noviembre del 2024 por crímenes de guerra…¿acaso no coloca a Costa Rica en abierta violación a la obligación que tiene de prevenir el crimen de genocidio que deriva de la convención de 1948 sobre la prevención y sanción de genocidio a la que es Estado Parte? ¿Acaso no contraviene con otra obligación que es la de respetar pero también de «hacer respetar» el derecho internacional humanitario, derivada de los convenios de Ginebra de 1949 y del mismo Estatuto de Roma de 1998 que crea la CPI? ¿Acaso no hace a un lado la imagen tradicional que se ha tenido de un Estado que fomenta el diálogo, el derecho internacional humanitario, la justicia internacional y la limitación del comercio de armas? Para la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos del pueblo palestino, la decisión de Costa Rica es equivocada (véase su mensaje en redes sociales).
En este día internacional de los derechos humanos, y tomando en consideración la pérdida de la imagen internacional sufrida por Costa Rica observada en los últimos meses, así como la crisis aguda que vive el sector turismo (el cual depende mucho de la percepción que se tenga en el exterior de Costa Rica), nos permitimos reiterar a nuestros estimables lectores una pregunta un poco más general, que titulaba este artículo nuestro publicado en ElMundo.cr en su edición del 11 de agosto del 2025:
«¿Resultará realmente oportuno y conveniente para Costa Rica… firmar un TLC con Israel?«
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N.,»Derechos humanos y cambio climático: breves reflexiones con relación a la Opinión Consultiva OC/32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este 3 de julio«, edición del 3 de julio del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N.,»Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«, 3 de julio del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N.,»Gaza / Israel: una insólita resolución 2803 adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, analizada desde una Costa Rica totalmente omisa», 17 de noviembre del 2025. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., » Costa Rica ratifica Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas«, DerechoaldDia, edición del 1 de octubre del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 5: Se lee en la primera página que: «En tal sentido, este documento resulta complementario del que fuera enviado al Comité de Derechos Humanos (en adelante Comité) en su 96º período de sesiones, en ocasión de llevarse a cabo la pre-sesión para la evaluación del Estado argentino. En efecto, este informe alternativo tiene como finalidad ampliar y actualizar la información contenida en aquél documento, de manera de proporcionar al Comité nuevos elementos para que pueda realizar un análisis más completo sobre los factores que inciden en el goce de los derechos contenidos en el PIDCP en la Argentina. Por otro lado, se aporta información relevante sobre algunas de las cuestiones consideradas prioritarias por el Comité en su documento de fecha 25 de agosto de 2009 (CCPR/C/ARG/Q/4)«.
Nota 6: Véase al respecto BOEGLIN N., «Informe del Relator especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas del país«, Sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 6 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 7: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en el mes de marzo del 2020, véase una acérrima crítica dada a conocer, y cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 8: En el caso de Jannette Kawas Fernández, una ecologista asesinada en Honduras en la misma época (febrero de 1995) en la que fueron asesinados lo integrantes de AECO en Costa Rica, sus familiares sí activaron el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En una histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abril del 2009 (véase texto completo), los jueces estimaron (véase el punto 202) que:
«… el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso, en desagravio a la memoria de Blanca Jannette Kawas Fernández. En dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia. Asimismo, este acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública, con la presencia de autoridades estatales. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, declaradas también víctimas por este Tribunal, y que así lo deseen. La realización y particularidades de dicha ceremonia pública deben consultarse previa y debidamente con los familiares de la señora Kawas Fernández. El Estado cuenta con un plazo de un año para cumplir con esta obligación«.
La fábrica social del miedo y sus usos políticos en tiempos de incertidumbre
Los discursos incendiarios, cargados de odio y promesas rotas, generan una fuerte conmoción política. Sin embargo, debajo del odio suele operar una emoción aún más poderosa: el miedo social, una sensación de amenaza que se produce colectivamente y que moldea nuestra forma de ver el mundo. El odio mezcla ira y rechazo, pero nace del miedo: de la percepción —real o construida— de que algo pone en riesgo nuestra seguridad o identidad.
El miedo no surge solo de narrativas catastrofistas; estas funcionan porque se apoyan en un sustrato social ya existente. El miedo se vive antes de contarse: nace de la desigualdad, de la exclusión, de la violencia cotidiana, de la pérdida de confianza en las instituciones y de la sensación de que el futuro se estrecha. Por eso, quienes buscan manipularlo no necesitan inventarlo: basta con leerlo, amplificarlo y dirigirlo políticamente.
Hoy las emociones ocupan un lugar central en la política, y el miedo es particularmente eficaz para moldear percepciones, orientar conductas y movilizar adhesiones. Como plantea Eva Illouz, vivimos en un “capitalismo emocional”, donde los afectos circulan como bienes. En este mercado, el miedo se convierte en un recurso político clave para generar obediencia, resentimiento o identificación con discursos autoritarios.
En Costa Rica, las últimas décadas han configurado un terreno fértil para este fenómeno: menos políticas redistributivas, más desigualdad, concentración del poder económico, debilitamiento institucional, encarecimiento de la vida, criminalidad creciente y precarización del empleo. Todo ello alimenta la ansiedad y el sentimiento de un país que pierde rumbo.
La teoría social muestra que estas emociones colectivas pueden ser fácilmente capturadas por narrativas políticas que ofrecen explicaciones simples a problemas complejos. Quienes las difunden identifican enemigos, señalan culpables y prometen orden y protección. No crean el miedo: lo organizan y manipulan, transformando malestares reales en herramientas de control político.
El mercado emocional y la economía del miedo
Illouz también explica que, en las sociedades neoliberales, las emociones se han vuelto tecnologías de gestión y en bienes de consumo. Las plataformas digitales intensifican esta dinámica al privilegiar contenidos que generan emociones intensas: miedo, indignación, resentimiento. El miedo produce atención; la atención genera tráfico; el tráfico, valor económico y político. Las campañas que recurren a mensajes disruptivos o alarmistas obtienen mayor visibilidad que las que apelan a la reflexión. Es más fácil manipular que educar.
Así, la manipulación del miedo no es un fenómeno aislado, sino parte de una estructura emocional que favorece la ansiedad y dificulta tomar decisiones responsables. El espacio público se satura de afectos primarios, los hechos se subordinan a percepciones de amenaza y la política se reduce a una disputa por el control emocional de la ciudadanía.
El miedo adquiere fuerza política cuando es alimentado por fracturas y abismos sociales profundos, por una crisis institucional y la pérdida de horizontes. Costa Rica enfrenta actualmente la erosión de un pacto social que garantizaba la movilidad ascendente, servicios públicos sólidos y una cultura institucional robusta.
1. Deterioro de la vida cotidiana: El costo de vida asfixiante, el endeudamiento masivo, la informalidad laboral y la pérdida de ingresos han golpeado fuertemente a amplios sectores. La inseguridad económica convierte a la población -en general- en presa fácil de discursos que prometen protección y control. Aún así, la manufactura del miedo ha logrado que la gente esté más angustiada por el aumento de la criminalidad que por las congojas económicas. Se le teme más a otro pobre que al rico que explota.
2. Fragmentación de las clases medias: Las clases medias ya no constituyen un bloque cohesionado. Se diluyen entre grupos que prosperan en la economía digital y globalizada, otros que permanecen estancados y otros que descienden hacia la vulnerabilidad. La competencia interna y la falta de horizontes compartidos generan tensiones identitarias y un malestar que se traduce fácilmente en miedo y resentimiento, tanto mutuos como hacia otros.
3. Abismos crecientes y concentración de la riqueza: Las brechas entre las clases medias, los trabajadores empobrecidos y los grupos más vulnerables se profundizan cada vez más. Mientras estos últimos viven exclusión y pérdida de derechos, las élites concentran una proporción creciente de la riqueza gracias a sistemas fiscales regresivos. Así se difunde una percepción social desigual: para unos pocos el futuro se expande, pero para la mayoría se estrecha y oscurece. Este escenario vuelve a la población más susceptible a discursos que explotan el miedo y la incertidumbre. Quienes quedan fuera de los beneficios del modelo —los “arruinados”— se sienten especialmente expuestos. En este clima, la persona indigente, el habitante de calle o el extranjero pobre son fácilmente estigmatizados. Con frecuencia, incluso se les asimila injustamente a la figura del delincuente.
4. Estancamiento y pérdida de legitimidad institucional: La conflictividad entre poderes, los escándalos de corrupción, la lentitud burocrática y la desconexión entre autoridades y ciudadanía erosionan la confianza pública. Cuando las instituciones parecen fallar, el miedo encuentra terreno fértil. En ese vacío, surgen discursos salvacionistas y autoritarios que prometen soluciones rápidas, casi siempre punitivas y basadas en la fuerza. El mercado de las emociones ofrece un menú de salvadores mesiánicos.
La manufactura política del miedo
Cuando las condiciones sociales, el mercado emocional y la crisis institucional se mezclan, se crea el escenario para la manufactura política del miedo. Sus predicadores exacerban amenazas difusas —desconfianza institucional, crimen, migración, corrupción— y proponen identidades maniqueas: “honestos vs. corruptos”, “costarricenses de a pie vs. privilegiados”. El miedo social permite movilizar los odios hacia enemigos internos también fabricados. Estas narrativas simplifican la complejidad, prometen orden y desplazan la deliberación democrática hacia la reacción visceral: prometen la revancha.
El miedo reorganiza entonces el campo político, justifica la erosión de contrapesos institucionales y normaliza el conflicto como modo de gobernanza. En el contexto costarricense, estas dinámicas han sido instrumentalizadas para consolidar proyectos políticos basados en resentimientos, polarización y el adoctrinamiento emocional.
¿Hay salidas? Reconstruir confianza y acción colectiva
Si el miedo tiene raíces sociales reales, desmontar narrativas no basta. Es imprescindible transformar las condiciones que producen la inseguridad y la ansiedad. Para ello, se requieren reconstruir el país, en este caso con instituciones confiables, transparentes y eficientes; con organización comunitaria, vínculos de solidaridad, cultura asociativa y espacios de encuentro entre habitantes responsables. Son necesarias también nuevas y robustas políticas redistributivas para reducir la desigualdad y la precariedad mediante, entre otros, empleos dignos y servicios públicos fortalecidos.
También pueden resultar indispensables cambios educativos y culturales que contemplen como gestionar el mercado emocional digital, promover la alfabetización mediática y poner límites a la difusión de contenidos que alimentan el miedo. Como parte de ello, se requiere la elaboración de narrativas alternativas basadas en la cooperación, la corresponsabilidad y la imaginación democrática.
En conclusión, el miedo circula, se organiza y se manipula porque encuentra un terreno social fértil. Comprenderlo exige mirar más allá de los discursos siniestros y examinar las estructuras que lo producen. En Costa Rica, la convergencia entre deterioro social, abismos económicos, fragmentación de las clases medias y crisis institucional ha generado un clima emocional propicio para la manipulación política. Sin embargo, esta dinámica no es irreversible. Restaurar la confianza, reconstruir la solidaridad y recuperar la deliberación democrática son tareas urgentes para impedir que el miedo siga empujando al país hacia el abismo.
(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.
Esa debería ser la meta de todas las fuerzas y personas democráticas para detener el populismo autoritario y recuperar la ruta de la democracia y el desarrollo con justicia social.
La Fracción Frente Amplio ha demostrado ser la única oposición consistente al chavismo y por ello debe seguir teniendo un lugar aún más fuerte en la próxima Asamblea Legislativa, junto a otras fuerzas democráticas.
Sólo Ariel Robles Barrantes ha demostrado una posición capaz de enfrentar tanto al #autoritarismo chavista generador de odio y división, como al #neoliberalismo que empobrece, genera desigualdad, debilita los servicios públicos (agua, educación, salud, seguridad, etc.), destruye derechos y deteriora cada vez más la calidad de vida.
Cerremos filas con él y construyamos en conjunto una #AsambleaLegislativa pluralista, de fuerzas que renueven nuestra vida democrática y comprometidas con nuestro Estado Social de Derechos.
Es posible, porque somos la inmensa mayoría de electoras y electores los que no estamos apoyando al chavismo: si consideramos la encuesta del CIEP de octubre, la candidata oficialista solo tendría el apoyo del 16,75 % del Padrón y solo el 25% de las personas decididas a votar (1 de cada 4).
Pero la fragmentación favorece al oficialismo, posicionándolo como una aparente mayoría cuando solo es la minoría más grande.
Únicamente la articulación de fuerzas democráticas puede hacerle frente. Y esa articulación debe venir de la ciudadanía, de las y los electores indecisos o que han pensado en no votar.
El poder estratégico del voto de cada uno y cada una crece en estas circunstancias, por encima de los partidos, pues las simpatías partidarias se han reducido a un +-15% de las y los electores.
Si el populismo autoritario chavista es personalista, la articulación de fuerzas democráticas debe darse alrededor de la candidatura más idónea para hacerle frente y sobrepasarlo.
Desde mi punto de vista Ariel Robles Barrantes es la candidatura idónea por muchas razones:
-porque ha demostrado que la juventud puede hacer política de la buena y debemos romper el marco adultocentrista si queremos que algo cambie;
– por su capacidad de diálogo, escucha y negociación comprobadas en su carrera política;
-porque como «pezeteño» viene de una zona y sensibilidad distinta al Valle Central, que le permite una lectura más integral de las necesidades de la gente y de los retos del país, tanto en las zonas rurales como en las ciudades;
– porque ha estado participando activamente en las grandes luchas, acciones colectivas y movimientos sociales de este país en lo que va de este siglo XXI: combo ICE, no al TLC, Combo fiscal, luchas regionales en defensa de los ríos y el ambiente en general, luchas por los derechos humanos, gentrificación, luchas del sector agropecuario, etc.
-porque no tiene el lastre de corrupción, ni de improvisación que cargan candidaturas de otras fuerzas políticas;
– porque le ha presentado al país un programa de gobierno serio y consistente, que constituye una muy buena base para construcción de acuerdos multisectoriales y multipartidistas de política pública y cambios institucionales que nos vuelvan a encausar por la ruta del desarrollo con justicia social y convivencia democrática, que todas y todos merecemos;
-porque ha tenido la fuerza y contundencia para denunciar y evidenciar la corrupción, la ineficiencia, las mentiras y discursos de odio del actual gobierno.
Y muchas más razones.
El reto está frente a nosotros y nosotras como ciudadanía, como electoras y electores en nuestras familias, grupos y comunidades. Nos toca a nosotr@s dar el paso porque difícilmente lo darán los partidos como tales.
Una coproducción de ARBOLCLUB.COM y CANTOS DE BATALLA
Este viernes 12 de diciembre (tentativo) se ha publicado la canción y el videoclip del TINKU DEL MAÍZ (remix) en todas las plataformas digitales.
Una propuesta audiovisual desde la música electrónica que reivindica la relación de los pueblos originarios con el maíz y sus luchas por la defensa de sus bienes comunes, la tierra y la autonomía. Es una metáfora del poderoso efecto del trabajo en comunidad para crear bienestar e independencia.
El TINKU DEL MAÍZ (remix) nace del trabajo colaborativo de los músicos electrónicos y artistas y audiovisuales Do Not, Marcelo Bergés y Laura Garrigues, basados en la pieza original del ecologista y cantautor Fabián Pacheco (publicada en el disco Cantos de Batalla Vol. 2).
El Tinku del Maíz (remix) es una invitación para quienes quieran unirse en coro, cuerpo y lucha en la defensa de la sagrada ecología y sus pueblos ancestrales.
Sobre el videoclip de TINKU DEL MAÍZ (remix):
De la mano del reconocido dirigente Brörán Pablo Sibar, que aparece en el video con su familia, presentamos un audiovisual que reivindica la lucha indígena por recuperar sus territorios ancestrales en Costa Rica.
Este video simboliza la combinación de la música electrónica con una dirigencia indígena que sabe defender sus territorios, sus semillas, sus bienes comunes y sus tradiciones culturales.
Es una creación que entregamos para manifestar que las personas indígenas recuperadoras de territorio ancestral no están solas y que desde la música visibilizamos su presencia, lucha y resistencia reivindicando la milpa, las semillas y sobre todo la lucha indigenista y ecologista que históricamente han estado siempre juntas en Costa Rica defendiendo la vida.
El videoclip del Tinku del Maíz (remix) es el producto de coordinación y trabajo de campo para capturar la trascendencia de la cotidianidad de las comunidades indígenas costarricenses de Rey Curré y de la recuperación de tierras en el territorio indígena de Térraba.
Gracias a la cooperación y, sobre todo, complicidad de compañeras y compañeros indígenas de estos territorios se lleva a la pantalla una fotografía en movimiento que permite apreciar los bellos tejidos Brunca del territorio de Rey Curré -así como las máscaras de madera de la comunidad Brörán- entre maizales en crecimiento y la reforestación en la recuperación de tierras en San Andrés territorio indígena de Térraba.
La voz de Fabián Pacheco canta letras que enfatizan el compromiso ambiental, social y político del movimiento ecologista costarricense, en diálogo con las voces y memoria de innumerables líderes y lideresas de distintas comunidades que han estado al frente de importantes luchas en nuestros territorios.
Tinku del Maíz (remix) es una creación colectiva por:
Fabián Pacheco Rodríguez: composición y voz
Ernesto Bolaños y Marcelo Berges: producción musical
Laura Garrigues: Dirección de fotografía y edición del video
Con la participación especial de:
Ramón Vera Herrera, Voz en la introducción, Ramón es editor y narrador que ha sido colaborador de la organización internacional GRAIN y es editor de la Revista Ojarasca del Diario La Jornada desde su fundación. Edita la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas desde hace 18 años y es un destacado integrante de la Red en Defensa del Maíz en México y de la Alianza Biodiversidad.
Y cuenta con elementos de la grabación original de los músicos:
Alexis Boris Vásquez Pasto: ronroco, charango, zampoñas y quena
Javier Alvarado Vargas: bajo eléctrico y coros
Anyul Arévalo Acosta: bombo leguero y semillas
Oscar Jiménez Fernández: charango
Mila Acuña Cartín: coros
Fernando Calvo Flores: coros
Gabs Jiménez: coros
Finalmente, la pieza fue mezclada por Hannes Bieger y masterizada por Brian Sanhaji en Calyx Berlín.
Especial Agradecimiento:
A compañeras y compañeros de comunidades de Térraba y Rey Curré: Pablo Sibar, Bianca Castro Leiva, Cecilia Leiva Rojas, Jorge Sibas, Pablo Sibas, Móhüa, Violeta Nájera Leiva, Pablú Dbondi Nájera Leiva y Paolo Nájera Rivera
Los adultos mayores de la comunidad indígena de Curré Yímba, recibieron este viernes 12 de diciembre un merecido homenaje como muestra de agradecimiento por sus invaluables aportes a la identidad cultural de la comunidad.
Son personas que a lo largo de su vida han sido ya sea artesanos, cuenta leyendas, boteros, parteras, hilanderas, tejedoras, conocedoras de medicinas naturales, agricultores tradicionales, transmisores de saberes culturales que son pilares que sostienen la cultura y la cosmovisión indígena de Yímba Cájc.
Los adultos mayores disfrutaron de un delicioso almuerzo tradicional, música en vivo con acordeón, presentaciones artísticas, rifas y muchos regalos para todos.
Fueron momentos de mucha alegría tanto para la comunidad como para los adultos mayores, que tuvieron espacio para el reencuentro y la conversación intergeneracional recordando momentos y anécdotas antiguas que forman parte de la historia local y regional.
Esta importante actividad fue organizada por la Asociación de Desarrollo Indígena de Curré con el apoyo de la Universidad de Costa Rica, la Comisión Cultural y el Museo Comunitario de Yímba Cájc.
La comunidad de Yímba Cájc se enorgullece de sus adultos mayores a quienes se les respeta por ser fuentes de saberes ancestrales que se transmite de generación en generación.
Giovanni Bellini, «La transfiguración de Cristo», óleo sobre madera, entre 1478 y 1479.
La historia de Jesús según la narran los Evangelios
Juan Jaramillo Antillón
La fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret no se encuentra anotada en el Nuevo Testamento o la Biblia Cristiana. Incluso se duda si Jesús nació en Belén: solo dos evangelios citan esto. El nacimiento en Belén se debía a que la tradición de un Mesías entre los judíos es que debía ser descendiente de David y nacer ahí. En todo caso, no se conoce la fecha exacta de su nacimiento, pero la Iglesia escogió el 25 de diciembre del año 4 a. C. Por esa razón, más de dos mil millones de cristianos celebran el nacimiento de Jesús en esa fecha.
El propio Jesús nunca hizo referencia al lugar de nacimiento. En cambio, los cuatro evangelios citan que vivió en Nazaret, un pequeño pueblo de Galilea. Su padre, él y sus hermanos eran artesanos (carpinteros). Marcos nos da el nombre de ellos: Santiago, José, Judas y Simón. También señala que tenía dos hermanas. La importancia de Nazaret es que ahí creció y estudió Jesús, por lo menos, hasta los 13 o 15 años. Se desconoce qué hizo Jesús entre los 15 y 30 años. Murió a la edad de entre 30 y 33 años. Algunos han insinuado que estuvo con los esenios. Su primo Juan Bautista sí parece haber vivido entre ellos, pero no Jesús. Otros suponen que viajó a Asia y estudió budismo (ya que muchas de las acciones de la vida de Buda tienen paralelismos con las de Jesús) o que tuvo contacto con monjes budistas en Palestina.
Buda y Jesús son los fundadores de dos religiones que emplean la “no violencia para conquistar adeptos o enfrentar dificultades”. Esa es una de sus similitudes.
Jesús nunca se casó. Él permaneció célibe. Si se hubiera casado, los evangelios habrían citado ese hecho, como citan el casamiento de Simón Pedro. No se relatan en los evangelios cómo era físicamente Jesús. No se describe su rostro, su sonrisa y su figura, aunque se dice que era de complexión fuerte y tenía buena salud. En todo caso, un semita de Palestina debió ser de cabellos negros, moreno y posiblemente de ojos castaños. Sabemos que su porte y mirada producían una profunda impresión en la gente.
No dejó nada escrito, pero sabemos que era un orador extraordinario: se dirigía a la gente en arameo, sabía leer y hablar en hebreo antiguo (lengua oral y escrita de las escrituras y de la Torá) y tal vez sabía griego, pues hablaba con los oficiales romanos (el griego era la lengua oficial en oriente de los oficiales romanos). Lo que se sabe de él por escrito lo escribieron sus alumnos (los apóstoles).
De acuerdo con los evangelios, ¿qué personalidad tenía Jesús? Al parecer era un hombre complejo, delicado, tierno y poético en algunos momentos, como cuando trataba con niños o al recitar el Sermón de la Montaña. A la vez era violento, como cuando echó a los mercaderes del templo o regañó a Pedro. Contemplativo y también tremendamente activo, un caminante y predicador excepcional que recorrió Galilea, Samaria, Jerusalén, el Jordán, etcétera, y que vestía y actuaba como todo el mundo. Además, le encantaba la compañía, no solo de sus discípulos, comía y bebía con placer.
Jesús tenía amistad con algunas mujeres, ya que varias formaban parte del grupo de seguidores a tiempo parcial e incluso eran socialmente más elevadas que los apóstoles. Entre ellas estaban Marta y María, hermanas de Lázaro, un noble judío. Ellas ayudaban al grupo de Jesús y sus apóstoles con alimentos, lavado de la ropa e incluso dinero que le era entregado a Judas, tesorero del grupo. También formaba parte del grupo María Magdalena, sobre la que posteriormente algunos dicen que era una pecadora que él había redimido, aunque otros no mencionan este hecho.
Jesús comenzó su ministerio aproximadamente cuando tenía 30 años y éste duró unos dos o tres años, hasta su muerte. Los evangelios sinópticos citan una única visita a Jerusalén, por lo que pudo ser un solo año. Pero el cuarto evangelio de Juan dice que hizo tres visitas en diferentes años.
En vida, su fama se circunscribió a Galilea, Jerusalén y cercanías, o sea, una muy pequeña e insignificante área del mundo. Posiblemente por eso hay tan pocas citas históricas sobre él.
Es interesante conocer qué decía Jesús al señalar de dónde provenía el mal que azotaba al mundo conocido. No se lo achacaba al diablo o a ángeles malos, como creían algunos, sino que decía: “El mal no procede de esas criaturas, sino del corazón del hombre. Lo que sale de adentro, eso sí mancha al hombre; porque de adentro del corazón salen las malas ideas, las inmoralidades, los robos, los homicidios».
A criterio de la mayoría, el mandamiento esencial que Cristo instituyó fue el perdón de nuestros pecados. Señalaba que, sin perdón, la práctica del amor es imposible: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este perdón está en el corazón de la única oración que les enseñó a los discípulos, el Padre Nuestro.
Para los apóstoles y su grupo de sus seguidores, Jesús era más que un rabí (maestro) o un profeta como Juan Bautista y murmuraban que él era el Mesías esperado, pese a que Jesús se alejaba de las exigencias de sus discípulos y de la multitud del pueblo judío para ser un Mesías liberador del yugo romano, ya que su reino era espiritual y no de esta tierra. Por otro lado, no era reconocido como tal por la mayoría del pueblo judío y sus sacerdotes.
Al parecer, Jesús falló en alguna de sus predicciones. Aparentemente se equivocó al anunciar a los apóstoles el fin del mundo, que no tuvo lugar en esa generación y la siguiente, como decía. Al parecer, en eso seguía la tradición judía, que dos siglos antes de Jesús venía señalando el suceso una vez que apareciera el Mesías, salvador del pueblo hebreo.
Jesús temía y señalaba que el hijo del hombre sería abandonado por sus discípulos y amigos, padecería mucho, sería despreciado y lo matarían. Habían pasado más de dos años de su alegre comienzo a orillas del lago, donde hizo sus primeros prosélitos y amigos, cuando fue apresado. El sacrificio de Jesús salvó a sus apóstoles para que no los tomaran presos. La afirmación de su resurrección hecha en el Nuevo Testamento dio lugar a la afirmación de la fe cristiana y fue el comienzo de una nueva religión.
¿Cómo pasó Jesús de Mesías a Dios?
Para los cristianos, el suceso clave fue la resurrección puesta en conocimiento, primero de María Magdalena y luego de los apóstoles, según señalan los cuatro Evangelios. Pablo de Tarso, que no fue de los 12 apóstoles ni lo conoció en vida, pero hizo mucho para difundir su religión entre los gentiles (no judíos), señala: “Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestras predicaciones no tienen contenido, ni vuestra fe tampoco.
En los tres primeros evangelios se cita muy poco a María la madre de Jesús, aunque en el cuarto se trató de corregir ese error y se amplió su papel. Impresiona, eso sí, que uno no encuentre casi ninguna alabanza para su madre de parte de su hijo Jesús. Los tres evangelios (los de Mateo, Marcos y Lucas) citan que en una oportunidad, su madre y sus hermanos llegaron a una reunión y quisieron hablar con él, y no pudieron hacerlo, ya que la respuesta que él le dio a quien vino a darle la noticia fue: “¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?» Y el mismo, señalando en ese momento a sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos”
Al leer los evangelios, no queda ninguna duda de que su madre María sufrió tremendamente ante el hecho de que las predicaciones de su hijo le pudieran acarrear castigo y hasta su muerte por parte de los sacerdotes del templo o los jefes romanos.
María representa a la mujer que es madre, dedicada al tremendo esfuerzo y sacrificio de llevar en su cuerpo al hijo durante nueve meses, el tener que alimentarlo y cuidarlo durante su infancia, verlo crecer, educarlo y finalmente verlo partir, sin tal vez un agradecimiento al dejar el hogar. Este es el misterio del amor de una madre por sus hijos y la entrega total por ellos, aunque no sea comprendida ni agradecida.
Nota
La vida de Jesús y María después de su muerte sale de los límites de nuestro espacio y tiempo. Por ello, más que un asunto de historia es un asunto de fe.
Bibliografía
Crossan, John Dominic. (1994). Jesús, vida de un campesino judío. Barcelona, España. Ed. Crítica. Encyclopaedia Britannica. (1977). Jesus Christ. Encyclopaedia Britannica Inc. Micropaedia. University Chicago Press. Vol. 10: 145-155. Encyclopaedia Britanica. (1977), Christianity. Enciclopaedia Britannica Inc. Micropaedia. University of Chicago Press. Vol. 4: 459-562. La Santa Biblia. (1986). «El Nuevo Testamento». México, D.F. México. Pub. Sociedades Bibíblicas Unidas. Nueva Biblia Española. (1975). «Los Evangelios». Madrid, España. Ediciones Cristiandad, S.L. Piñero, Antonio. (1993). Orígenes del cristianismo. Tradiciones primitivas sobre Jesús. Madrid, España. Ed. El Almendro. Piñero, Antonio. (2006). Guía para entender el Nuevo Testamento. Madrid, España. Ed. Trotta. Puente Ojea, Gonzalo. (1998). El Evangelio de Marcos. Del Cristo de la fe al Jesús de la historia. Madrid, España. Ed. Siglo XXI. Sheler, Jeffery L. (1990) The last days of Jesus. US News & World Report. New York. 46-53. 16 de abril. Wikipedia Enciclopedia. (2009) Jesús de Nazaret. En: Wikipedia, enciclopedia libre. 1-42. 3/2/2009.
