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Autor: María José Ferlini Cartín

A la opinión pública: Pronunciamiento por parte del Colegio Federado de Ingeniero y Arquitectos (CFIA) sobre el nuevo Hospital de Cartago

El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), se permite recordar que, desde hace 50 años, el país cuenta con un Código Sísmico, que está al nivel de los Códigos más avanzados del mundo en materia sismo-resistente. Dicho Código tiene en su fundamento en la Ley N° 6119″Ley para el Establecimiento de un Código Antisísmico en Obras Civiles», en donde el legislador estableció que «Todas las construcciones y obras civiles, que se realicen en el territorio nacional, deberán cumplir con normas mínimas de diseño y construcción antisísmicas». En consecuencia, es claro que estamos en presencia de normas públicas de acatamiento obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 y 129 de nuestra Constitución Política.

Dicho Código a lo largo del tiempo ha estado en una revisión permanente (el original de 1974 y cuatro posteriores actualizaciones: 1986. 2002, 2010 y 2014), lo que ha generado una cultura en la ingeniería estructural del país, que brinda una respuesta adecuada de las estructuras construidas ante la gran cantidad de sismos de importancia ocurridos, incluso, muy superior a la respuesta de estructuras de muchos otros países del orbe, pues nuestro código en todo momento busca proteger las vidas humanas, la integridad física de las personas, la reducción de los daños materiales y las pérdidas económicas, minimizar el impacto social y económico, y salvaguardar las inversiones de la infraestructura construida.

Adicionalmente, el país tiene un gran nivel en sus profesionales en geotecnia, geología, hidrología y otras especialidades, que trabajan de manera conjunta en el desarrollo de infraestructura de importancia, bajo el concepto de que las amenazas antrópicas se resuelven con diseño y medidas correctivas.

En atención a lo anterior, no son de recibo las declaraciones de la señora Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Lic. Marta Esquivel Rodríguez, en el sentido de que la decisión de la contratación del Hospital de Cartago «debe esperar a expertos en fallas sísmicas de California» (sic), por cuanto es claro que existen los criterios técnicos debidamente fundamentados, desarrollados por profesionales competentes, realizados con base en el Código Sísmico mencionado y en el Código de Cimentaciones, así como por geólogos especialistas, que han determinado, desde el punto de vista técnico, la procedencia de seguir adelante con el proyecto diseñado por la CCSS.

En consecuencia, se estima cualquier decisión de no continuar adelante con el proyecto será una decisión exclusivamente política, pero no basada en las reglas de la ciencia y de la técnica, ni en los principios elementales constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, así como de probidad en el uso y administración de los recursos públicos. En ese sentido, resaltamos que Costa Rica debe sentirse orgullosa de sus gremios profesionales, y estimamos que no debe de cuestionarse de ninguna manera la competencia profesional y excelencia de estos, con el único afán de justificar decisiones de orden político.

El CFIA, como en otras oportunidades, destaca su total disposición para dar opinión y asesorar a los Poderes del Estado e instituciones públicas, en materia de la competencia de los diferentes colegios que integran el Colegio Federado, en caso de que así se nos solicite, para lo cual resaltamos que siempre actuaremos en apego a la objetividad, a las reglas de la ciencia y de la técnica, así como del principio de legalidad, en aras de orientar la gestión a la satisfacción del interés público.

Finalmente, a manera de reflexión, se recuerda que el Estado tiene la obligación de prestar los servicios necesarios para preservar la salud y la vida de las personas. En consecuencia, se insta a las autoridades de la CCSS a evitar dilaciones innecesarias, y buscar una solución pronta para que los habitantes de la provincia de Cartago puedan contar con un Hospital que garantice la prestación de servicios de manera óptima y eficaz, en función del mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad.

Por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

¿Qué es la Inteligencia Artificial y cuáles son las diferencias con Estadística, Minería de Datos, Machine Learning, Big Data y Ciencia de Datos? Por el Dr. Oldemar Rodríguez

Oldemar Rodríguez.

Por Mauricio Bonilla Blanco

El Dr. Oldemar Rodríguez Rojas, experto en Matemática Aplicada e Informática, fue el distinguido conferencista que inauguró las XVIII Jornadas de Investigación de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Su conferencia, titulada «¿Qué es la Inteligencia Artificial y cuáles son las diferencias con Estadística, Minería de Datos, Machine Learning, Big Data y Ciencia de Datos? Por el Dr. Oldemar Rodríguez», constituyó un análisis profundo y esclarecedor sobre los diversos aspectos de la IA.

Durante su intervención, se realizó recorrido histórico desde los orígenes de la Inteligencia Artificial hasta su complejo estado actual, lo cual abordó minuciosamente las similitudes y diferencias entre conceptos que a menudo han sido confundidos a lo largo de la historia, fusionando distintas disciplinas como la estadística, la matemática, los negocios y la informática.

Entre sus recomendaciones se destaca la importancia de una formación sólida y diversificada para aquellos que deseen adentrarse en el fascinante campo de la IA. Subrayó la necesidad de estudiar de manera exhaustiva disciplinas como matemáticas, estadísticas, computación, algoritmos y bases de datos, destacando que la esencia de la IA radica en la modelación matemática, estadística y algorítmica.

La conferencia completa se encuentra en el siguiente video:

Resistencia indígena en Costa Rica

Comisión Histórica MOVIMIENTO DE TRABAJADORES Y CAMPESINOS (MTC) 2024

Es totalmente falso que a la llegada de los españoles solo existían en Costa Rica tres grupos indígenas: chrotegas, huetares y bruncas. Sabemos de la presencia de múltiples sociedades originarias, en general cada una con su propia lengua y creencias. La gran mayoría fueron exterminadas o enviados a trabajar como esclavos a los cañales en Jamaica o a las minas en Perú o Bolivia. También se nos ha hablado de que la conquista y colonia fueron pacíficas. Eso es un cuento chino. Algunas de las sociedades indígenas que vivían aquí mucho antes de la llegada de los europeos conquistadores fueron:

Coreros

Tises

Hebenas

Votos

Urinamas

Malekus

Chánguenas

Coctus

Tariacas

Quepos

Dorasques

Guymis (Ngobes)

Buricas

Turucacas

Pococis

Xarixabas

Aoyaques

Muyaguas

Ateos

Siguas (aztecas)

Catapas

Cabecares

Guarcos

Suerres

Sucaques

Xicaguas

Coyoches

Usubarus

Terrebes, texabas

Cebacas

Tojares

Quequexques

Bribris (viceitas)

Chorotegas

Bruncas, borucas

Huetares

Muy recientemente las muertes a balazos de dirigentes indígenas en la zona sur como la de el bribri Sergio Rojas y el brörán/térraba Jerhy Rivera son una muestra de que la lucha indígena iniciada en el siglo XVI continúa, contra el mismo grado de brutalidad.

1610

Santiago de Talamanca

Cansados de ultrajes, esclavitud y robos, los Bribris, Ateos, y Térrebes (actuales Brörán) al mando del cacique Guaycorá se sublevan y destruyen la próspera ciudad Santiago, fundada en 1505 en la margen derecha del actual Río Sixaola.

1615

Tariaca

Sublevación dirigida por el cacique Antonio Carebe. Es capturado y fusilado junto a otros líderes-

1616

Payegua

Se produce una gran batalla debido a una sublevación encabezada por Bartolo Xora, quien es capturado por el ejército español, torturado y asesinado junto a un grupo de líderes indígenas-

1618

Cerca de la actual fronteras con Panamá

El cacique Coroneo dirige un nuevo levantamiento en el que participan las naciones Aoyaques, Cureros y Hebenas-

1619

Talamanca

En represalia por e levantamiento de 1618, los españoles desde Cartago organizan una expedición bélica que ingresa a Talamanca a castigar a los responsables de la sublevación. Convocan engañados a varias comunidades indígenas a un acto religioso a orillas de un río, tomando prisioneros a más de 400 niños, mujeres, hombre y ancianos. Los amarran y los conducen por las montañas hasta Cartago, muchos mueren de camino y son repartidos entre los grandes hacendados españoles. El 16 de enero de 1620 son ahorcados 12 líderes rebeldes, entre ellos Juan Ibaczará, Francisco Cagxi, Diego Hebena y Juan Serrabá.

1622

Telire

El cacique Cabsi declara la guerra a los españoles y se pone al frente de una sublevación de unos 1.200 guerreros.

1678

Urinama

La nación urinama nuevamente se subleva contra el imperio español

1705

Cerca de la actual frontera con Panamá

Los Térrebes (Nasos, indios Nortes, Teribes, como también se les conoce) provocan un nuevo alzamiento.

1709

Alto Talamanca y alrededores

Los líderes Pablo Presbere (bribri) y Pablo Comesala (cabécar) se ponen al frente de la mayor sublevación ocurrida hasta entonces contra los españoles, que incluyó a todas las naciones indígenas desde Bahía Almirante hasta lo que hoy es Limón. Hoy se considera que este gran evento de protesta no fue espontáneo, como se lee aún en algunos textos escolares y de secundaria, incluso universitarios, sino que obedeció a un planteamiento meditado por las más altas jerarquías indígenas /kpá/ cabécar y /usekol/ bribrí y ejecutado por Comesala y Presbere, como máximos dirigentes. Finalmente, Presbere es capturado, entregado por los propios Viceitas, torturado y ejecutado en la plaza central de Cartago. Comesala previó a la reacción violenta de los españoles, se puso a buen recaudo y nunca fue capturado.

1762

Térraba

Levantamiento de Indios Norte (Nasos, Teribes, Texabas, etc). Atraviesan la cordillera de Talamanca y van en busca de los térrabas que ya estaban asentados en el Pacífico. Atacan los poblados de Nuestra Señora de la Luz de Cabagra y San Francisco de Térraba.

1762

Nicoya

Rebelión de los pueblos indígenas del área de Nicoya. Entre los líderes estaban Martín Gavilán y Lorenzo Cabrera; muchas mujeres son parte de la lucha de forma muy valiente.

1984

Térraba

Las mujeres y hombres térrabas/brörán organizan el bloqueo de calles para evitar que los madereros continúe extrayendo madera de los bosques.

2019

2002

Asesinatos

En Salitre y Térraba, zona sur, son asesinados los dirigentes bribris Sergio Rojas y brörán térraba Yeri Rivera, destacados por la defensa de sus territorios ancestrales. A la fecha, 2024, los asesinatos de Sergio y Yari se encuentran impunes. Recientemente la Fiscalía de Buenos Aires, Puntarenas, solicitó la prescripción en el caso del compañero Sergio. Y el caso de Yeri el tribunal anuló la sentencia que condenó al asesino.

Conferencia de presa UCR luego de agresión a Jerhy Rrivera, 2013 Fotografía: Ricardo Araya Rojas.

137 aniversario de Carmen Lyra

Partido Vanguardia Popular

Este 15 de enero se conmemoraron los 137 años del nacimiento de una gran costarricense, militante comunista, pensadora, educadora y escritora. Hablamos de María Isabel Carvajal, conocida como Carmen Lyra.

Luchó contra la dictadura de los Tinoco, sentó las bases del movimiento obrero en Costa Rica y fundó el Partido Comunista Costarricense. También combatió contra los golpistas figueristas en 1948, murió en el exilio sin que se le permitiera regresar a su amada patria.

Conmemoramos su legado y aprendemos de su ejemplo revolucionario.

«La humanidad se compone de hombres y mujeres, y es a los hombres y a las mujeres a quienes les corresponde luchar unidos para hacer habitable esta tierra.»

Carmen Lyra

Libertad a Milagro Sala

Milagro Sala fue detenida hace exactamente 8 años, el 16 de enero de 2016,  lleva como presa política 8 durísimos años para ella, para la organización Tupac Amaru, para su familia, pero desde el humanismo y junto a las organizaciones que integramos el Comité para la Libertad de Milagro Sala exigimos su liberación inmediata.

Enviado por Ester Previtera, humanista, desde Mendoza Argentina.

Publicado en https://phlapampa.org.ar/2024/01/16/libertad-a-milagro-sala-3/

2024 se vislumbra como un año de choques políticos

UNA Comunica, 16 de enero del 2024. El cuadrilátero de la política está lejos de cerrarse. Por el contrario, en los banquillos de los peleadores se alistan los guantes y todos los implementos para dar la pelea y esperar el sonido del ring. Esas aguas lejos de apaciguarse tienden a embravecerse.

Este es el criterio de expertos políticos consultados, quienes hacen una valoración de lo que podría ser el teje y maneje de la política nacional y de sus actores involucrados para este nuevo año.

En la teoría, el tercer año de la administración de un Gobierno debería ser el más productivo: la curva de aprendizaje tuvo que ser superada, la estrategia política debería estar más definida y las relaciones con otros Poderes de la República tuvo que haber sorteado un conocimiento previo, mientras el diálogo constructivo avanza. Sin embargo, estos preceptos parecen no cumplirse.

“A hoy no conocemos una agenda de Gobierno clara y sólida y yo no espero ver un cambio radical este año. Me aventuraría a decir que aún están en medio de esa curva de aprendizaje. El tema de la seguridad es una bandera que han asumido, pero más por presiones externas y de la coyuntura actual, pero no porque así lo hayan definido”, manifestó José Andrés Díaz, politólogo del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

Aunado a lo anterior, tampoco se visualiza un cambio en la forma en que el Poder Ejecutivo conduce la negociación política, con un estilo vertical implementado por el presidente Rodrigo Chaves, que él mismo ha calificado como “gerencial”.

“Yo no veo voluntad del presidente para bajar el tono de su lenguaje, lo veo más bien sosteniendo un mensaje duro, autoritario, de populismo en algunas ocasiones, que se evidencia aún más cuando sus proyectos o iniciativas no se aprueban en el tiempo y en la forma en que él quiere”, señaló Carlos Carranza, coordinador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la UNA.

Esto se evidenció el 22 de noviembre anterior, cuando, durante la presentación de la Política Nacional de Seguridad Pública 2023-2030, ordenó la desconvocatoria de los proyectos de seguridad que presentó en el actual periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, donde el Gobierno determina la agenda de iniciativas que conocen los diputados.

Este ejemplo retrata el choque que el presidente ha hecho evidente, en este caso con el Congreso, pero que también se ha irradiado a otras instancias como el Poder Judicial en el tema de los procesos judiciales que se siguen a personas detenidas o con la Contraloría General de la República que ha objetado proyectos como el de Ciudad Gobierno, una de las iniciativas estrella de la actual Administración en temas de infraestructura.

Para el experto Carlos Carranza, el Mandatario debería contar con un equipo de análisis político y económico que pueda tener más peso en las decisiones que se toman, partiendo de criterios técnicos de los temas que se analizan. “La gestión pública debe tener una institucionalidad presente con un cuerpo de alto nivel, lo que podemos llamar la ‘cima estratégica permanente’”, reflexionó.

Sin embargo, la alta rotación entre jerarcas de la actual Administración refleja que ese es un desafío que no se ha logrado alcanzar. Citando a Maquiavelo, el experto José Andrés Díaz indicó que “el buen príncipe es el que tiene como ministro al que le dice lo que no quiere escuchar. Si tiene aduladores a su lado, va a perder el principado”.

De acuerdo con una publicación del medio de comunicación El Observador, del pasado 2 de enero, el actual gabinete ha sufrido 36 bajas, entre ministros, viceministros y presidentes ejecutivos. De ellos, 25 ocurrieron en el 2023.

Algunos de ellos incluso han salido en medio de polémicas y enfrentamientos directos hasta con el propio presidente como han sido los casos de Gloriana López (exjerarca del Patronato Nacional de la Infancia) o de Patricia Navarro (exministra de Comunicación). Incluso se dio la renuncia del expresidente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), por su presunta vinculación con una persona imputada en un caso de narcotráfico.

En el ojo público

Esta perspectiva no debería obnubilar las prioridades que debe impulsar este Gobierno. Para Carlos Carranza, es imperativo que se avance en la discusión de temas sobre reforma del Estado, fortalecimiento de la competitividad, la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social y el financiamiento internacional para proyectos de infraestructura (como el proyecto con el Banco Centroamericano de Integración Económica por $700 millones en discusión en la Asamblea).

Proyectos en materia de seguridad sí han avanzado con más celeridad en estos primeros días del 2024, luego de la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional. Incluso, el proyecto para evitar la reducción de prisión preventiva en ciertos delitos ya se aprobó unánimemente en el Plenario, mientras se cuece otra iniciativa que fortalece esta medida en delitos calificados como homicidios y robos.

Empero, Carranza vislumbra a un Poder Ejecutivo interesado en seguir impulsando este año proyectos que han sido polémicos y que han generado fracturas con otros partidos políticos como el de jornadas extraordinarias de trabajo (conocido como 4/3) o el de la venta del Banco de Costa Rica.

La oposición

En la acera del frente, se visualiza una agenda propia de control político, donde la labor de las comisiones legislativas especiales (principalmente la de financiamiento a partidos políticos o la que analiza los contratos en Sinart) tengan un mayor peso en los enfrentamientos entre fracciones.

José Andrés Díaz, del Idespo, tiene su propia valoración sobre el rol que ha venido desempeñando la oposición en el Congreso. “No han querido establecer coaliciones formales entre ellos o con el Gobierno. Uno infiere que ha existido cercanía entre el Ejecutivo y un partido como Nueva República, pero al mismo tiempo no quieren verse cercanos. En cambio, Liberación Nacional lleva 12 años siendo oposición y no ha logrado establecer una propuesta diferenciadora y constructiva”, indicó.

1º de mayo

De reojo, las fuerzas políticas comienzan a ver cómo será la conformación del Directorio el próximo 1º de mayo. El actual presidente del Congreso, Rodrigo Arias, ha dejado entrever que, si su reelección por tercer año consecutivo no se concreta, pensaría incluso en renunciar a su curul.

Carlos Carranza no estaría a favor de un cambio de timón. “No es el momento más oportuno”, indicó, mientras que José Andrés Díaz, considera que no ve motivos para que no resulte electo. “Tampoco veo a nadie de la fracción del Gobierno aspirando al cargo”. Ambos expertos destacan en la gestión de Arias el contrapeso que ha ejercido en los momentos de intenso enfrentamiento político, ya que ha sido él quien ha convocado a las partes en reiteradas oportunidades para restablecer los puentes de diálogo.

Por otra parte, las próximas elecciones municipales parecieran no incidir directamente en el ajedrez político nacional, aunque se visualiza como un termómetro para valorar la fortaleza territorial de algunos partidos, con miras a las elecciones nacionales del 2026.

Lo que sí considera probable el politólogo José Andrés Díaz es que este panorama de constante enfrentamiento abone a un desgaste en el apoyo a la democracia, por parte de la ciudadanía, en momentos en que el más reciente estudio del Latinobarómetro 2023 determinó que mientras en el 2010 un 63% de la población apoyaba este sistema de Gobierno, en el 2023 ese porcentaje se redujo a un 48%.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Balance durante 2023: Demandas inversor-Estado contra países de América Latina y el Caribe

Observatorio de Bienes Comunes

Para el año 2023 se ha llegado a acumular 380 litigios en la región, esto representa una importante ofensiva de los sectores inversionistas, que genera una presión sobre los Estados, y en particular sobre las estructuras políticas e institucionales de nuestros países.

Estos procesos han implicado reformas legales e institucionales, que han venido ha favorecer la tendencia de la «promoción» de la inversión extranjera, esto ha representando una desregulación de los marcos normativos, y una política pública en favor del inversionista, y en detrimento de los sectores sociales y productivos de los países receptores de estos flujos de inversión.

En este marco de promoción, se han impulsado la firma de cientos de tratados internacionales que protegen a la inversión extranjera y otorgan a los inversionistas derechos sin precedentes, dentro de estos procesos, se ha normalizado la demanda a los Estados ante tribunales internacionales, este procedimiento aparantemente «normal», ha sido poco estudiado, dado que sin duda, ha representado importantes costes monetarios, sociales y políticos.

Por esta razón, seguimos reflexionando sobre el estado actual de estos procesos de litigio, para invitar a su reflexión e implicaciones para nuestras sociedades.

Para más información, les invitamos también ver nuestra publicación «Inversiones y arbitrajes en América Latina y el Caribe: Trayectos de los extractivismos financieros».

Para profundizar las dimensiones de estos procesos, pueden leer el documento «Costos y beneficios de los tratados de inversión» de Columbia Center on Sustainable Investmen.

PDF – Imagen.

Municipalidad de Talamanca ignora a la Sala Cuarta e insiste en Plan Regulador Costero sin requisitos de ley

Municipalidad de Talamanca ignora disposiciones de la Sala Constitucional e insiste que Plan Regulador Costero sigue vigente a pesar de no contar con todos los elementos exigidos por Ley

  • La Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi (ADITIK), recibe en sus instalaciones a funcionarios de la Municipalidad de Talamanca para tratar temas relacionados a la Anulación de la Audiencia del Plan Regulador Costero de Talamanca (PRC).

  • Vocero de la Municipalidad de Talamanca insiste en que PRC no está anulado y afirma al INVU e ICT que continuarán con hoja de ruta sin realizar una consulta indígena apropiada según lo establecido por Ley.

(Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi, Bloqueverde, Covirenas Caribe Sur, Talamanca, 15 de enero del 2024 ) En diciembre 2023, la Sala emitió 4 resoluciones de relevancia que terminan por anular el PRC impulsado por la Municipalidad de Talamanca a tan sólo dos meses de su publicación. A inicios de diciembre se resuelve el recurso de amparo presentado por la ADITIK denunciando la no participación del territorio indígena Këkoldi en el proceso de elaboración y consulta del instrumento de ordenamiento territorial. La resolución 2023-031756 ordena la anulación de la audiencia pública celebrada el 04 de agosto del 2023 y le da a la Municipalidad un plazo de 3 meses para convocar a nueva audiencia.

Adicionalmente, mediante la respuesta a la solicitud de adición y aclaración presentada por el Alcalde Municipal, el Tribunal Constitucional aclara sobre la nulidad de los actos posteriores a la audiencia pública y qué dependen de ella que “la consecuencia del dictado de la sentencia N° 2023-031756 de las 09:30 horas del 07 de diciembre de 2023, fue precisamente la anulación de la audiencia pública llevada a cabo el 04 de agosto de 2023, por lo que el trámite debe retrotraerse a ese momento del procedimiento del plan regulador costero”, según consta en la resolución número 2023-033104. Pese a esta resolución, el Gobierno Local se rehúsa a tomar las medidas administrativas legalmente adecuadas y mantiene en suspenso un PRC con un vicio de nulidad grave que de no arreglarse implicará aún más desorden a nivel territorial para los habitantes del Caribe Sur.

El pasado 10 de enero del 2024, representantes de la Municipalidad de Talamanca y la ADITIK se reunieron en las instalaciones del salón comunal del territorio Indígena con el fin de atender la solicitud del Gobierno Local de presentar su propuesta para atender lo ordenado por la Sala Constitucional. Entre los representantes de la Municipalidad se encontraban presentes Enrique Joseph, enlace del Plan Regulador; Yahaira Mora Blanco, la presidenta del Concejo Municipal; Jorge Molina Polanco, Regidor, entre otros; así como la Junta Directiva de la ADITIK y asesores.

Reunión del 10 de enero con representantes de la Municipalidad.

Durante la reunión, la Municipalidad expuso una hoja de ruta elaborada por la Comisión Técnica de otorgamiento de concesiones y la Comisión del Plan Regulador. Cabe destacar nuevamente la insistencia de esta Municipalidad por entregarle a la ADITIK información desactualizada y descontextualizada por no haber sido el territorio partícipe de nada relacionado con la elaboración de estos documentos. La hoja de ruta también considera una convocatoria especial a la ADITIK y al Foro Tribal Afrocostarricense, y el desarrollo de material informativo referente únicamente a la zonificación de dicho plan regulador. Fue notoria la exclusión en esta hoja de ruta de los demás habitantes de la zona, como lo es la totalidad del territorio indígena y otros propietarios que no son parte del Foro Tribal.

Imagen de la hoja de ruta presentada durante la reunión del 10 de enero con representantes de la Municipalidad.

Por su parte, la ADITIK le entregó a la presidenta del Concejo Municipal Yahaira Mora dos cartas. La primera de ellas establece las condiciones necesarias para realizar una consulta indígena culturalmente apropiada. Dentro de los requisitos mínimos que la Municipalidad debe observar, se les indica que se debe involucrar al Concejo Directivo de Instancia Territorial del territorio y consultar a la totalidad de sus habitantes. Adicionalmente, se solicita que se implemente el procedimiento establecido en el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas oficializado por el Poder Ejecutivo mediante decreto ejecutivo número 40932-MP-MJP, con el fin de garantizar la salud del proceso y se les aclara que hasta tanto no se involucren a todas las partes necesarias, no se estará recibiendo ningún tipo de información técnica para su revisión de fondo. Los estudios necesarios y las características de los mismos deberán ser definidas en el marco del proceso de consulta, costeados por la parte interesada y presentados a la comunidad mediante la realización de reuniones en el territorio.

La posición de la ADITIK fue muy clara: “no vamos a aceptar ese documento del PRC, ya que el mismo está anulado, y no hubo participación del territorio en la elaboración de este documento. Para llegar a un acuerdo debe ser por medio de la debida aplicación de la Consulta Indígena” señaló Signia Villanueva, presidenta de la Asociación. Adicionalmente y en concordancia con lo anterior, en la segunda carta se solicita que se ordene la apertura de un procedimiento administrativo de nulidad oficiosa sobre los permisos de construcción, concesiones, licencias comerciales y usos de suelo otorgados utilizando el PRC, cuya Audiencia Pública fue anulada por orden de la Sala Constitucional.

A pesar de que a la fecha la ADITIK no ha recibido respuesta a sus solicitudes, terceros relacionados a la Asociación compartieron copia del oficio E-PRC-MT-001-24, el cuál circuló en múltiples chats comunales el 12 de enero del 2023, dos días después de la reunión celebrada con la ADITIK. Dicho oficio es dirigido a las jefaturas y los enlaces técnicos del INVU y el ICT y firmado por el Licenciado Enrique Joseph, en su calidad de funcionario y enlace Municipal del PRC y corresponde al “análisis que la Comisión Técnica para el Otorgamiento de Concesiones y la Comisión Municipal de Plan Regulador de la Municipalidad de Talamanca ha realizado a luz de la Resolución N.º 2023-031756”.

Queda claro de la lectura integral del documento la posición de la Municipalidad con respecto a las solicitudes planteadas por la ADITIK. La hoja de ruta presentada en el oficio ya ha sido modificada en comparación con aquella presentada durante la reunión del miércoles 11. No obstante, las solicitudes y observaciones por la ADITIK fueron completamente ignoradas en este nuevo criterio, el cual plantea que se continuará imponiendo un camino alejado de las estructuras y los procesos definidos a lo interno del territorio para la consulta e intentando obligar a los habitantes a conocer un PRC que no fue elaborado en conjunto con los indígenas (a diferencia de lo sucedido con otros grupos sociales) y que no tiene posibilidad real de mejorarse, ya que como bien indicó el Lic. Joseph durante la reunión, únicamente las observaciones que ellos consideren debidamente fundamentadas serán incluidas en el PRC en un Anexo II.

Ante la posición de la Municipalidad, reiteramos las palabras expresadas por la señora Dulcelina Sánchez, Vocal de la ADITIK, quien fue clara en indicarle a los representantes que deben “buscar esa manera de cómo hacer una consulta, no una convocatoria de una reunión, sino una consulta. Si bien es cierto la sala dice que en tres meses hay que terminar, pues la sala también tiene que saber que este es un proyecto grande para nosotros y que debe ser bien consultado. Si nosotros tenemos que defender a nuestro territorio, lo vamos a hacer, ante la Sala o ante quien sea porque esto debe realizarse correctamente.”

Compartimos documentos de referencia.

  • Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi
  • Covirenas Caribe Sur
  • Bloqueverde

SEC advierte al MEP que incumplimiento del pago de salarios faculta solicitar declaratoria de huelga legal

El SEC, solicita al MEP poner fin al congelamiento salarial y pagar los incrementos salariales acumulados desde el 2020; además, reconocer por reasignación de puestos y resolución del pago de 102 recargos y aumentos de jornada, que no se pagan al personal desde el año pasado.

Comunicado

El SEC solicitó esta semana al Ministerio de Educación Pública (MEP), establecer una política salarial para el sector educación, que ponga fin al congelamiento salarial. Solicitó pagar de inmediato y en su totalidad los incrementos salariales acumulados desde el 2020; así como el reconocimiento por reasignación de puestos y resolución del pago de 102 recargos y aumentos de jornada que no se pagan al personal del MEP desde el año pasado.

Se debe terminar con el congelamiento salarial

El SEC recodó a las autoridades del MEP, que a partir de la entrada en vigencia de la regla fiscal de gasto, establecida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre del 2018 – artículos 11 inciso d) y 13 inciso c) -, ahora reforzada por disposición de los transitorios XI y XII de la Ley Marco de Empleo Público, N° 10.159 del 8 de marzo del 2022, se ha establecido una política de congelamiento salarial indefinida, que en enero 2024 entró en su 5° año consecutivo de vigencia.

El SEC indicó a las autoridades del MEP, que el congelamiento salarial impacta negativamente al personal del sector educativo, pues el estancamiento de los salarios con relación al costo de vida implica un deterioro creciente en los ingresos reales y en el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, pese al notorio incremento de los precios en bienes y servicios necesarios para la subsistencia de sus familias.

Se argumentó por parte del SEC, que el propio Procurador General de la República Iván Vinicio Vincenti Rojas, actuando como abogado del Estado, advirtió que el congelamiento salarial indefinido es inconstitucional por contrario a los derechos fundamentales y situaciones jurídicas consolidadas de las personas funcionarias. El Procurador señaló en su oportunidad, que sobre el tema la propia Sala Constitucional ya se ha pronunciado en dos ocasiones mediante los votos 200305374 y 2021017.098, indicando que el congelamiento salarial no puede ser permanente “… supone un sacrificio del trabajador, al no ver aumentado su salario pese al aumento en el costo de vida, se puede hacer únicamente por un plazo definido o determinado y únicamente por circunstancias de orden extraordinario o de interés nacional. El congelamiento indefinido en el tiempo afectaría ilegítimamente situaciones jurídicas consolidadas a futuro y constituiría un abuso estatal ad infinitum, ya que no solo perjudicaría el salario del funcionario, sino otros derechos como la jubilación…”

Las circunstancias fiscales de orden extraordinario que justificaron la imposición del congelamiento salarial en el 2020, en buena medida han quedado superadas: “… “Estamos por cerrar con un superávit primario por segundo año consecutivo, lograremos alcanzar una relación deuda a PIB cercana al 60%; resultado que se veía casi imposible dos años atrás cuando se esperaba que para el término del 2023 la deuda se ubicara por encima del 70% el PIB”. (Revista electrónica SUMA, 23 de diciembre 2023). Igualmente, es el propio Banco Central quien recalificó las estimaciones nacionales de crecimiento de la productividad al alza (5% en el 2023 y 4.3% para el 2024); mejora sustantiva en la estabilidad macroeconómica nacional de la cual no debe quedar excluida la población laboral que integra el Magisterio Nacional.

Por lo anterior, el SEC solicita revisar la política salarial, para devolver al salario de las personas funcionarias del MEP su valor adquisitivo de acuerdo con el costo de vida, terminando con el injusto castigo al que se les ha sometido por tanto tiempo y no solo en razón a sus derechos fundamentales advertidos por el Procurador General, sino también, para detener la fuga de trabajadores altamente calificados que está afectando la calidad del servicio público.

El MEP debe pagar en forma retroactiva el aumento de salarios adeudados desde enero del 2022

El SEC denuncia también, el incumplimiento reiterado en el pago del aumento salarial aprobado el 17 de diciembre del 2019, mediante el Decreto Ejecutivo N° 42.121-MTSSS-H-MIDEPLAN, vigente desde el 1° de enero 2020, según la siguiente escala:

Grupo salarial

Aumento total a salario base

Meses adeudados

Total adeudado a enero 2024

1

₡8.750

49

₡428.750

2

₡8.500

49

₡416.500

3

₡8.000

49

₡392.000

4

₡7.750

49

₡379.750

5

₡7.500

49

₡367.500

En la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2024 (N°10.427), se incluyó la autorización para realizar dicho pago retroactivo a todas las personas trabajadoras, por lo que el MEP cuenta con los recursos suficientes para realizar el pago de lo adeudado a cada trabajador y trabajadora en forma inmediata y no existe justificación para continuar postponiendo dicho pago retroactivo; y el mismo debe hacerse efectivo para todas las personas funcionarias incluso para aquellas que migraron al salario global, por cuanto se trata de un incremento salarial retroactivo, acumulado desde ante de que entrara a regir el salario global en setiembre del año 2023.

El MEP dejó de pagar 102 recargos e incrementos de jornadas

Con la entrada en vigencia del salario global el MEP ha dejado de pagar recargos e incrementos de jornada necesarios para mantener la continuidad del servicio educativo público; lo anterior debido a que la Ley Marco de Empleo Público no previó cómo atender aquellos servicios educativos donde es necesario que la persona funcionaria responsable, asuma funciones adicionales a las de supuesto y /o jornada, las cuáles deben ser remuneradas adicionalmente; caso contrario, nadie asume el cargo, o si lo hace sin recibir la remuneración extra, se le estaría causando un perjuicio grave, sometiéndolo a un tratamiento discriminatorio e injusto.

Se trata de una situación particular del servicio educativo, que pese a las advertencias formuladas a las y los legisladores de entonces por los sindicatos magisteriales y el propio MEP, mientras se discutía el proyecto de Ley Marco de Empleo Público no fueron atendidas, generándose en la nueva normativa una prohibición absoluta para el pago de componentes salariales adicionales al salario global, el cual hoy afecta al menos 102 actividades muy propias del servicio educativo, que no pueden realizarse por la prohibición legal de pagarlas de manera adicional al salario global. Esos recargos y aumentos de jornada serían:

AFECTACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGOS – SALARIO GLOBAL PENDIENTES DE TRAMITAR

  

TIPO DE RECARGO

CANTIDAD

AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN I Y II CICLO

11

AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN MATERIAS COMPLEMENTARIAS

36

AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN PREESCOLAR

12

AUXILIAR DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO

7

CONSERJE DE CENTRO EDUCATIVO

6

OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1

2

RECARGO (PRIN) RECUPERACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS

10

RECARGO COMITÉ DE APOYO EDUCATIVO

3

RECARGO COMITÉ DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES

8

RECARGO ESCUELAS MODALIDAD HORARIO AMPLIADO

6

TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1

1

TOTAL

102

  

 

Se debe reestablecer el pago de incrementos salariales por reasignación de puestos

Otra situación habitual en el servicio público educativo es que se modifiquen los límites de matrícula en un centro, pasando la institución a otra categoría administrativa (De dirección 1 a dirección 2 por ejemplo); por lo que se debe realizar un estudio del puesto para recalificar el salario de la persona directora. Al igual que en los casos de recargos y aumentos de jornada, son situaciones particulares que solo ocurren en el sistema educativo y que fueron habituales y necesarias para mantener la continuidad del servicio educativo, las cuales hoy se han dejado de pagar.

En esa misma línea, personas que están desempeñando gestión educativa en instituciones que aumentaron su matrícula de un año a otro por la dinámica social propia de la comunidad a la que pertenecen, no pueden recibir el salario correspondiente a la categoría actual del centro educativo, ya que está prohibido reasignar puestos cuando ello implique pasar a un nivel salarial superior.

Situación de contexto y la protesta social como alternativa:

El personal del MEP aún no termina de asimilar las situaciones adversas creadas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (principalmente la imposición de una regla fiscal de gasto), y por la Ley Marco de Empleo Público (principalmente por las implicaciones del salario global), que a la fecha han precarizado sus retribuciones salariales, terminado con las posibilidades de desarrollo profesional y que establecieron – ambas leyes -, obstáculos insalvables para la buena prestación del servicio público educativo.

Hasta el momento la situación se toleró por las condiciones extraordinarias impuestas por la pandemia COVID 19 y, por las alegadas “circunstancias – fiscales – de orden extraordinario o de interés nacional”, con que se justificó en el 2018 el congelamiento salarial mediante la imposición de la regla fiscal de gasto.

Pero a la fecha, después de padecer tan adversas circunstancias salariales por cinco años, y en momentos en que las condiciones fiscales del país han mejorado ostensiblemente, el personal del MEP no está dispuesto a tolerar por más tiempo el menoscabo de sus derechos salariales.

En este nuevo contexto, se hace evidente que otro incumplimiento salarial no será tolerado y que trabajadores y trabajadoras de la educación presionarán hasta obtener una justa revisión de la política salarial actual; y el SEC, como fiel representante de su afiliación, se prepara para hacer valer – inicialmente por vías de la negociación o en su defecto por las vías de la protesta social -, esa legítima aspiración del Magisterio Nacional a recibir los incrementos salariales que le corresponden y a tener una política salarial que dignifique su trabajo y reconozca todas las particularidades del sector educación.

El SEC advierte a las autoridades del MEP, al Gobierno y a la ciudadanía en general, que el incumplimiento en el pago de los salarios es una falta grave a las obligaciones patronales, que faculta al personal afectado para solicitar la declaratoria de una huelga legal; por lo que el SEC espera una respuesta oportuna y definitiva a las peticiones salariales planteadas, para evitar que la situación laboral se desborde y pueda afectar el inicio normal de año lectivo 2024.

Atentamente,
Gilbert Díaz Vásquez. Presidente SEC
Yorgina Alvarado Díaz. Secretaria general SEC

Una reflexión desde las organizaciones de Economía Solidaria ante el proceso electoral municipal 2024

Costa Rica se prepara para un proceso electoral en febrero de 2024, en el que se definirá el rumbo del país para los próximos años. Ante este escenario, es fundamental que la ciudadanía conozca las propuestas programáticas de los diferentes partidos y candidatos, así como su compromiso con la promoción de espacios de participación ciudadana y la democracia participativa. Una de las formas de fortalecer estos valores es apoyar a las asociaciones de productores que se rigen por los principios de la economía solidaria, es decir, que persiguen el bien común, la cooperación, la autogestión y la sostenibilidad.

La red de economía solidaria somos una plataforma que reúne a diversas entidades que fomentamos e impulsamos prácticas productivas asociativas solidarias, basados en el respeto a los derechos humanos, la equidad y la justicia social. La red brinda formación, asesoría, intercambio de experiencias y articulación con otros actores sociales y políticos. De esta manera, se contribuye a crear una cultura de solidaridad y a construir otra economía posible desde abajo. Nos involucramos en el debate público sobre los problemas y las propuestas que afectan a sus sectores y a la sociedad en general, aportando nuestra visión y sus experiencias.

Las asociaciones de pequeños productores de Costa Rica son un sector clave para la economía y la sociedad del país. Estas entidades, que representan a miles de familias, se enfrentan a múltiples desafíos para mantener su producción y comercialización en un contexto adverso, marcado por 30 años de políticas neoliberales que han generado pobreza y exclusión en los territorios rurales. Los datos sobre la cantidad de asociaciones de pequeños productores en Costa Rica son limitados y dispersos. El último informe del Estado de la Nación ofrece algunas cifras que permiten apreciar su importancia y diversidad. Según este documento, en el año 2020 había 1.234 asociaciones de pequeños productores registradas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que agrupaban a más de 100.000 personas. Estas asociaciones se dedican a diversos sectores productivos, como café, leche, cacao, miel, frutas, hortalizas, productos procesados, artesanías, servicios, entre otros.

Para finalizar, queremos destacar el papel fundamental que desempeñan las asociaciones de pequeños productores en el ámbito local y nacional, y la necesidad de que cuenten con el reconocimiento y el apoyo de las autoridades y la sociedad civil.

En síntesis, las perspectivas para la economía solidaria son de expectativa y esperamos compromiso político de las nuevas autoridades, para propiciar transformaciones reales y duraderas. La economía solidaria puede contribuir a fortalecer la democracia participativa y la gestión sostenible de los territorios, pero sólo si habrá disposición de enfrentar los retos estructurales que aquejan al país.

Una agenda de apoyo a la asociatividad en los municipios

  • Un gobierno local que se orientan a fomentar el reconocimiento, visibilización, el apoyo y la articulación de las iniciativas de los emprendimientos que existen en el territorio, así como a apoyar estas nuevas formas de organización económica basadas en la asociatividad con mayor impacto social.
  • Crear marcos normativos e institucionales favorables para economías asociativas familiares, que facilite la gestión de las organizaciones, su acceso a recursos públicos, su participación en las políticas públicas y su inserción en las dinámicas económicas locales.
  • Generar espacios de diálogo, concertación y alianza entre los gobiernos locales y los actores de esta economía local asociativa, para construir una visión compartida del desarrollo local y definir estrategias conjuntas para su implementación.
  • Promover la formación y capacitación de estos actores tanto en aspectos técnicos como en valores y principios de economías sustentables, así como fomentar la innovación social en este ámbito.
  • Apoyar el fortalecimiento organizativo y financiero los emprendimientos, mediante la creación de redes, plataformas, fondos apoyo, proyectos, capacitación y servicios de asesoría y acompañamiento.
  • Estimular la demanda social de los bienes y servicios producidos por esta asociatividad , mediante campañas de sensibilización, educación y apoyo a los sistemas económicos locales así como facilitar el funcionamiento de los mercados locales que den participación a esta diversidad de expresiones económicas locales y estimular la producción ecológica de bienes y servicios (con certificación ecológica, de comercio justo y que permita una compra ambientalmente correcta), propiciar el consumo responsable.

Carlos Hernández
Miembro Cokomal – Redess