Autor: María José Ferlini Cartín

Aclaración: Sector Público asalariado agudiza su empobrecimiento

Escrito en 05/01/2024. Publicado en Trabajo.

CONGELAMIENTO SALARIAL TOTAL. Desde el día 1 de enero de 2020 a la fecha, la práctica totalidad del personal asalariado del sector Público NO RECIBE NI SIQUIERA UN CENTAVO de reajuste en sus salarios por variaciones en el costo de vida. Nótese la diferencia: una cosa es aumento salarial; y otra, muy distinta, reajuste por costo de vida para, supuestamente, recuperar pérdida en el poder de compra del salario que no aumenta.

Ni en el 2020, ni en el 2021, ni el 2022, ni el 2023, prácticamente nadie en el empleo estatal recibió dinero alguno por la pérdida del poder adquisitivo del salario, lo cual, como venimos señalando, se agrava en este 2024 que acaba de iniciar: serán cinco años consecutivos de congelamiento salarial total.

Es en el sector municipal, con algunas excepciones y gracias a la lucha sindical de la ANEP, que se han logrado reajustes por costos de vida, moderadamente decentes, en esos años.

Esta cruel situación de congelamiento salarial total está afectando al personal de todo el Gobierno Central (incluyendo cuerpos policiales, Magisterio Nacional) y sus entes adscritos, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); a instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas, como el ICE, como el A y A, entre otras.

Este congelamiento salarial total ha venido siendo denunciado y combatido, fuertemente, por la ANEP. Sin embargo, el valor cívico de la Democracia de la Calle puede revertirlo, en todo o en parte, mediando, eso sí, un gran acuerdo gremial multisectorial que está en construcción.

DEUDA POR REAJUSTE POR COSTO DE VIDA. Ahora bien, la última vez que se dio por parte del Gobierno de la República un reajuste por costo de vida al Sector Público y valedero para la totalidad del mismo, fue en diciembre de 2019, mismo que entró a regir desde el 1 de enero de 2020. A la fecha, hoy, miércoles 3 de enero de 2024, no se ha aplicado en estos sectores:

Todos los cuerpos policiales: Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Policía de Fronteras, Policía Profesional de Migración, Guardaparques, Penitenciaria, Tránsito, Policía Fiscal y OJI. Idéntica situación aqueja, afecta e indigna al personal magisterial y administrativo del MEP, al de otros ministerios y entes adscritos al mismo; así como el de varias instituciones autónomas y semiautónomas.

El personal trabajador de todas estas entidades públicas está con “condena doble” en cuanto a sus salarios: Ni les pagan el último reajuste por costo de vida que hubo para el sector Público, el de diciembre de 2019; y, ahora, acaban de ingresar al quinto año de congelamiento salarial total sin reajuste alguno por costo de vida: en 2020, 2021, 2022, 2023 y, ahora, en 2024.

En este caso, la deuda salarial pendiente por el reajuste por costo de vida definido en diciembre de 2019, legalmente hablando, está dictaminado por la propia Procuraduría General de la República (PGR) como patrimonio personalísimo de cada policía, de cada persona educadora, etc. En cada caso y como se indicó ya, promedialmente hablando, esa deuda es de unos 400 mil colones per cápita.

En esta segunda circunstancia y ante la desidia del actual Gobierno en responder y resolver, la apelación a la Democracia de la Calle va cogiendo forma y fuerza.

CONCLUSIÓN. En ambas situaciones, el grueso de las personas trabajadoras estatales afectadas, reciben ingresos salariales medios o bajos, no perciben “salarios dorados”. Sus ingresos salariales, en franca caída, han venido empobreciéndoles y, por ende, a sus familias. Se les ha sacrificado por la situación injusta de la impagable deuda pública y su más que obsceno para de intereses, asunto éste que es denuncia constante de la ANEP.

San José, miércoles 3 de enero de 2024.

Albino Vargas Barrantes, secretario general ANEP.
Wálter Quesada Fernández, secretario general adjunto ANEP.

Disminuir los índices de violencia y por ende la criminalidad es una meta que podemos lograr

Escrito en 05/01/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

El tema de la criminalidad y por ende el de la seguridad acamparon la atención en el 2023. Se contabilizaron 907 crímenes lo que es una suma que causa por una parte tristeza al ver cómo se matan incluso entre jóvenes y por otro lado crea mayor inseguridad y temor. Debemos tener presente que el desarrollo sostenible que tanto queremos no se puede lograr sin seguridad y viviendo con miedo.

Fueron muchas veces las que escuchamos noticias de que en centros educativos se tuvieron que interrumpir lecciones por causa de la violencia. Precisamente donde más se debe trabajar para para cambiar los entornos y que los niños y jóvenes puedan acudir a clases sin temor a las acciones violentas.

Es mucho lo que hay por hacer, pero lo primero es asumir la responsabilidad de hacerlo. No podemos exonerarnos de esa responsabilidad indicando que les corresponde a otros. En el caso del gobierno local la Alcaldía tiene que asumir ese liderazgo.

Hay que gestionar una acción interinstitucional para que cada esfuerzo que se desarrolle sea pensando en el ciudadano y su calidad de vida. Desde la iluminación de parques y plazas y barrios en general, hasta la generación de actividades que establezcan la recuperación de los sitios públicos.

Desde luego que la policía es importante pero no necesariamente es la que puede resolver el problema. Si bien el número de efectivos policiales puede ayudar con su presencia, lo más importante es tener la claridad de su acción preventiva y la coordinación con los otros cuerpos policiales.

Además, es imprescindible la coordinación con la empresa privada y la sociedad civil. Los padres de familia, los hogares y las comunidades apoyados todos con estrategias de cultura, deporte y en especial con la creación real de fuentes de empleo, ayudarán a disminuir los índices de violencia y por ende la criminalidad.

Este año 2024 la situación de criminalidad debe cambiar para dar mayor seguridad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No puede ser que, en el caso de Alajuela, con tantísimos recursos económicos y de infraestructura estemos ubicados en el QUINTO LUGAR de criminalidad entre los 15 cantones más violentos. ES URGENTE CAMBIAR Y ESO ESTÁ EN SUS MANOS EL PRÓXIMO 4 DE FEBRERO.

Costa Rica en la COP 28: el concepto de transición ecológica

Escrito en 05/01/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

“El Concepto de transición ecológica abarca, el conjunto de medidas y

estrategias adoptadas en la esfera política, económica y social para la

lucha contra la contaminación y el cambio climático y para la protección de

la biodiversidad y de los recursos naturales.”

Costa Rica, nuestro “pequeño-gran país” había conquistado un gran prestigio en el contexto mundial de naciones, por haber apostado a un desarrollo verde, ambientalmente sostenible en gran parte de su pequeño territorio. El sexto informe del Estado de la Nación constata con datos fehacientes que, más del 50% del territorio costarricense está cubierto de ecosistemas naturales y adicionalmente un 26% de éste lo constituyen agroecosistemas arbolados y forestales. Con escasas excepciones, todos los gobiernos anteriores al actual del presidente Chaves, han permanecido adheridos a esta determinación sin alterarla en lo medular, aunque ha habido doblez, como cuando se ha permitido a particulares incursionar en los territorios indígenas, o se ha vuelto la vista al lado para disimular la tala de árboles en parques nacionales para robar madera.

En febrero del 2020, el gobierno costarricense del presidente Carlos Alvarado Quesada, dio un paso trascendental adelante al dar a conocer el “Plan Nacional de Descarbonización para el 2050”; una estrategia orientada a demostrar como dijera el presidente Alvarado que: “El plan de descarbonización consiste en mantener el crecimiento económico en una curva ascendente y al mismo tiempo generar una curva descendente en el uso de combustibles fósiles, para dejar de contaminar.”

En su momento esta estrategia recibe el apoyo de los más amplios sectores sociales y políticos costarricenses, independientemente de las diferencias que hubiesen tenido unos y otros con el gobierno. Se trata de uno de esos vértices cruciales del alma costarricense que refleja nuestros sueños e identidad única. Es uno de esos objetivos de largo aliento que distinguen una nacionalidad, cuyos antecedentes son la declaratoria de la gratuidad de la enseñanza pública, las garantías sociales y el código del trabajo, la justicia social, la garantía de la libertad en general y de la libertad electoral en particular, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, la no discriminación a los derechos de las minorías y, ¡cómo no!, la abolición del ejército para consagrar la vocación de paz y la civilidad.

Fue por eso, por la apuesta a un desarrollo sostenible y sustentable, por lo que, nuestro país recibió ese año el premio “Campeones de la Tierra” del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Un reconocimiento singular que dio pábulo a los esfuerzos de Costa Rica por convertirse en un colíder, junto a Chile, de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25) que se llevó a cabo en Santiago de Chile, en diciembre del 2020.

Sin embargo, desoyendo la resonancia planetaria del decantado consenso nacional alrededor de la sostenibilidad eco ambiental, del estilo de desarrollo sustentable que se estableció a lo largo de décadas de esfuerzos previsores, el actual gobierno del señor Chaves Robles y su equipo de trabajo, se separaron abruptamente de esta tradición, al optar por la pretensión de recorrer el pedregoso y desprestigiado camino de la exploración y explotación del petróleo y del gas natural. No solo quiebra una tradición, de acometer esa ruta, también rompe con las enormes posibilidades que poseemos como nación de desplegar un desarrollo sostenible y sustentable para alcanzar la carbono neutralidad en el 2050, tal como se estableció en el mencionado Plan Nacional de Descarbonización al 2050. Un aporte de ejemplo valeroso de una pequeña nación como la nuestra, ante las tribulaciones que padecemos como humanidad por el calentamiento global y el cambio climático.

¿Podemos prescindir de las energías fósiles en este momento? Está claro que se trata de una transición ecológica, por lo consiguiente no podemos desprendernos por completo de estas energías contaminantes súbitamente. Pero la estrategia en la transición debe implicar el objetivo de potenciar las energías limpias -como en gran parte lo había venido haciendo Costa Rica- y al mismo tiempo disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Si no es ese el objetivo cardinal de esta época de transición, entonces no quiere decir nada. Se trata de continuar moviéndonos hacia una nueva política económica y social, así como una nueva cultura con la vista puesta en un desarrollo limpio, verde, sostenible y sustentable que, también ha demostrado ser rentable.

La nueva política en la transición conducente a la descarbonización debe implicar como se señala en el Plan de Descarbonización, una reforma ambiental para crear nuevas instituciones modernas, digitales y flexibles para gestionar la transformación en el estilo del desarrollo. Ha de implicar una reforma al sistema de transporte público reitero, basado en energías limpias; el plan también dejó establecido el propósito de crear mecanismos eficientes para la recolección, separación, reutilización y eliminación de residuos; deberá producirse un incremento de la cobertura forestal a un 60%; en la política fiscal se estableció la meta de aumentar los impuestos a aquellas actividades económicas que continúen utilizando combustibles fósiles y también a aquellas otras que produzcan contaminación ambiental. Antes de la COP 25, de diciembre 2020, Costa Rica propuso al cónclave mundial tres prioridades: “ciudades y movilidad sostenibles, soluciones basadas en la naturaleza, y economía azul.”

¿Cuánto de estos propósitos y metas loables que se habían formulado se han programado por parte del gobierno actual? Todo indica que fueron echadas por la borda, cuando revisamos la actuación silenciosa de los representantes del actual gobierno en la reciente COP 28 de Dubái. Tampoco se promovió la participación de Organizaciones No Gubernamentales, como lo venía haciendo Costa Rica en las anteriores conferencias dedicadas a buscar acuerdos estratégicos para combatir el cambio climático. Y luego, se produce el gazapo conducente al descrédito de nuestro país, en que se incurrió tras haber anunciado la intención de encaminarse a la exploración y explotación del petróleo y del gas. Todo indica que el gobierno actual acometerá un camino errático, que asombró al mundo, ya que, entre otras cosas, se abstuvo de firmar la declaración de los países agrupados bajo las siglas de BOGA, (Beyond OIL & GAS Alliance, por sus siglas en inglés), una alianza de la que formaba parte nuestro país, encaminada a abandonar progresivamente la explotación de los hidrocarburos, del petróleo y gas; algo exactamente opuesto a las nefastas pretensiones señaladas por el Gobierno de Chaves más recientemente.

A este gobierno, o desgobierno lo llamo yo, carente de planes, excepto este desafortunado, sin políticas claras para la transición ecológica, le restan unos dos años y medio; un largo trayecto todavía, que amerita una seria atención por parte de los sectores democráticos que tengan la mira puesta en el progreso y en el desarrollo sostenible y sustentable con la ecología, con la Naturaleza en su conjunto y con la vida. Se impone una gran alianza para impedir un daño a nuestro país como el que se produciría si se le permite actuar en la dirección indicada por Chaves y sus acólitos. No podemos mantener una actitud pasiva o expectante. El futuro para una economía limpia, de colores verdes y azules, está en las manos de los amplios sectores sociales y políticos que se identifiquen con este vértice que significa el desarrollo ambientalmente sostenible y sustentable.

Compartido con SURCOS por el autor.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social dirige petitoria sobre ajuste de pensiones a la junta directiva de la CCSS

Escrito en 04/01/2024. Publicado en Derechos.

Por Sofía Jiménez Murillo

En la petitoria del día 29 de diciembre de 2023 se señala, en relación con la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), los siguientes puntos como antecedentes:

Primero. Esa Junta Directiva aprobó, en la sesión extraordinaria del viernes 27 de octubre de 2023, una revalorización de las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para el periodo comprendido entre enero de 2022 y setiembre de 2023.

Segundo. Lo anterior muestra que esa Junta Directiva dejó de realizar tres revaluaciones semestrales a los montos de las pensiones.

Tercero. Por lo tanto, esa Junta Directiva dejó pasar 15 meses -desde el 31/12/2021 hasta el 30/09/2023- sin revaluar los montos de las pensiones, afectando no solo a los beneficiarios de IVM, sino extendiendo el plazo de exposición a eventos no solo inflacionarios, sino también deflacionarios.

Cuarto. En la página 6 del “Estudio REVALUACIÓN DE LOS MONTOS DE LAS PENSIONES EN CURSO DE PAGO DEL SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE EST-0085-2023, octubre 2023”, elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, que sirvió de base técnica para el acuerdo de reajuste tomado por esa Junta Directiva, se indica lo siguiente: “La pérdida de valor en el tiempo de los montos de las pensiones en curso de pago se produce como consecuencia del aumento en el costo de bienes y servicios de la canasta básica o costo de vida”.

Quinto. No obstante, lo anterior, lo cierto es que, la metodología acogida y empleada por esa Junta Directiva para acordar el reajuste de marras, descrita en el Anexo 2 del informe antes citado, combinada con los períodos deflacionarios que se muestran en el Gráfico N° 1, concedió a un grupo de 34.099 pensionados beneficiarios, un beneficio adicional al de la pérdida de valor debido a la inflación de los precios.

Sexto. Esa Junta Directiva confunde dos conceptos que tienen un fundamento jurídico diferente y por eso están regulados en dos artículos distintos del Reglamento de IVM, el 28 y el 29, el primero sobre los reajustes por inflación y el segundo por el principio de suficiencia de la pensión mínima. Lo que está haciendo esa Junta Directiva sería como decir que cuando a un empleado se le pagan anualidades por experiencia, no se le hacen los reajustes por inflación, lo cual no tiene fundamento legal y a todas luces viola el artículo 11 de la Constitución.

En relación con lo anterior, la petitoria presentada señala los siguientes puntos:

Primero. El suministro del criterio jurídico legal que tuvo esa Junta Directiva para aprobar dicho reajuste en la forma que lo hizo, dejando por fuera a quienes estaban recibiendo el monto de la pensión mínima y beneficiando menos a quienes se pensionaron antes de enero/2022 en comparación con quienes se pensionaron después del diciembre/2021. Si no existiera dicho criterio jurídico solicitamos que así se haga constar.

Segundo. Que esa Junta Directiva corrija los defectos jurídicos que contiene el acuerdo de revaluación.

Tercero. Que esa Junta Directiva integre una comisión con participación ciudadana para la redacción de un proyecto de ley con una propuesta para incluir en la Ley Constitutiva de la Caja el mecanismo de revaluación de los montos de las pensiones de IVM.

Firman el M.Sc. Rodrigo Arias López, el Lic. Carlos Eduardo González Arroyo, el Lic. Jorge Manuel García Araya y el MBA. Juan Carlos Aguilar Zamora.

Le invitamos a consultar y leer el documento completo, con los cuadros referentes a los puntos de principal importancia, en este enlace. O bien:

Haz clic para acceder a ACSS-009-2023.pdf

UCR: Cuando un curso expande los horizontes…

Escrito en 04/01/2024. Publicado en Derechos, Educación.

Como parte del curso, el grupo visitó el sitio arqueológico y museo Finca 6, en la Zona Sur del país, el cual fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2014. Foto: cortesía de Rosaura Chinchilla Calderón, UCR.

Curso Derecho y Antropología

Estudiantes y docentes manifestaron su deseo de que la Universidad ofrezca más cursos compartidos

De las decenas de cursos que tiene una carrera universitaria, hay algunos que dejan una marca singular en la vida del estudiante, ya sea por su contenido, por el docente, por la metodología o por “todas las anteriores”.

Este es el caso del curso Derecho y Antropología, el cual se impartió por primera vez en el segundo semestre del 2023, como una forma de acercamiento entre ambas disciplinas, en vista de la antiquísima y constante relación que hay entre ellas.

En términos prácticos, cada vez que se habla de derecho hay que remitirse a elementos antropológicos, mientras que la antropología hace referencia, una y otra vez, a los derechos humanos, patrimoniales y ambientales, entre muchos otros.

Si bien el curso se diseñó para estudiantes de estas dos carreras, también contó con la participación de personas que cursan las carreras de Agronomía, Educación, Economía, Farmacia, Matemática y Filología Española, lo cual nutrió aún más el trabajo interdisciplinario.

De esta manera, la visita que se realizó al sitio arqueológico de Finca 6, en la Zona Sur del país, se analizó no solo desde el Derecho y la Antropología, sino también recibió aportes en torno a la gestión económica de estos lugares y la labor educativa que se puede hacer en relación con el patrimonio cultural.

Enrique Valverde Porras, estudiante de Derecho y Contaduría Pública, valoró la experiencia como necesaria y como “un muy buen primer paso”, porque la formación en Derecho precisa complementarse con otras áreas del conocimiento. En este sentido, manifestó su deseo de que se ofrezcan más cursos interdisciplinarios entre Derecho y otras carreras.

“El Derecho no existe en el vacío. Las normas no se hacen solo porque sí. Pero en la Facultad, normalmente, no se explica el contexto de ellas. En Derecho, no hay ningún curso en que se vea esta materia de protección de patrimonio cultural. Si no hubiera llevado este curso, nunca hubiera sabido que estas cosas existían”, subrayó Valverde.

Por su parte, Natasha Hernández Arguedas, estudiante de Antropología, consideró que el curso fue bastante satisfactorio porque profundizó en temas legales y de derechos, algo de lo que se habla mucho a lo largo de su carrera, pero que difícilmente se aborda con la especificidad que se hizo en esta novedosa propuesta académica conjunta.

“El contenido que vimos es algo que estaré aplicando día a día porque mi énfasis de estudio es la arqueología y el trabajo en los museos. Además, el intercambio con los estudiantes de Derecho fue muy enriquecedor”, agregó Hernández.

A cargo del curso estuvieron las docentes Mónica Aguilar Bonilla, de Antropología, y Rosaura Chinchilla Calderón, de Derecho. Ambas coincidieron en la necesidad de seguir estimulando este tipo de cursos compartidos para ampliar los horizontes del estudiantado y desarrollar una mayor capacidad de trabajo en grupos interdisciplinarios.

“Algo que me llamó la atención es que muchos grupos se enfocaron en derechos de pueblos indígenas, inclusive derechos relacionados con identidad de diferentes pueblos en territorios compartidos. Ese nuevo horizonte que estaban descubriendo lo aplicaron bastante bien en los trabajos. […] En el caso de la antropología, este tipo de experiencias también permiten ir aterrizando muchas temáticas que se abordan. Por ejemplo, muchas veces se dice que las poblaciones vulnerabilizadas tienen derechos, pero cuáles derechos, específicamente de qué estamos hablando, cuál concepto aplica”, comentó Aguilar.

Mientras tanto, Chinchilla destacó el significativo aporte del curso para quienes estudian Derecho, porque todo les resultó una novedad, desde los términos de antropología y arqueología hasta la gira al sitio arqueológico Finca 6.

“Lograron darse cuenta de que la Antropología lo estudia todo y tiene relación con todo, así como el Derecho. Entonces se trata de empezar a unir cosas. Hay gente que quedó muy entusiasmada con ciertos temas y creo que de aquí van a salir algunos trabajos de graduación”, añadió Chinchilla.

“Para nosotros, desde la antropología, es muy habitual hablar de derechos humanos, la parte ambiental. Uno lo ve como natural. Inclusive, la relación del ser humano antes de sapiens hasta la actualidad. Pero también nos dimos cuenta de que no es algo que se conozca mucho en la universidad. […] Es increíble que en una universidad humanista haya pocos espacios para hablar de derechos humanos y de derecho ambiental. Entonces, para muchos de ellos, en realidad, esta es la única experiencia que han tenido o que, quizás, vayan a tener en la universidad para eso”.

Mónica Aguilar Bonilla, profesora de Antropología (izquierda)

“Para mí, fue una experiencia de aprendizaje, más que de facilitar. Pero, al margen de eso, es la convicción de que es lo que deberíamos hacer en la Universidad. Unir campos de estudio cuesta muchísimo poque la burocracia es tremenda. Entonces, hablar, por ejemplo, de derecho y literatura, derecho y biología, derecho y arqueología, o antropología y biología, esos proyectos conjuntos son muy valiosos, apostar por la interdisciplinariedad, pero cuesta mucho por todas estas cuestiones burocráticas de las matrículas y las coordinaciones”.

Rosaura Chinchilla Calderón, profesora de Derecho (derecha)

Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Caminata y limpieza: río Cañas

Escrito en 04/01/2024. Publicado en Madre Tierra.

Por Sofía Jiménez Murillo

El sábado 06 de enero, a las 9:00 a.m, se llevará a cabo una caminata y a la vez limpieza del río Cañas. El punto de encuentro para la actividad será en la terminal de buses de Salitrillos Arriba en Aserrí, a partir de las 8:30 a.m.

Para más información sobre la actividad puede contactar al Observatorio Ciudadano del Agua al 8351-4130.

¡Le esperamos!

Herbert Enrique Contreras recibe el Premio Mundial Águila de Oro a la Excelencia Literaria

Escrito en 04/01/2024. Publicado en Cultura, Derechos.

Por Mauricio Bonilla Blanco

La Unión Hispanomundial de Escritores, junto a Mil Mentes por México Internacional y con el respaldo de la Academia Mundial de Literatura, Historia, Arte y Cultura, así como la UNACCO Centro y Sudamérica, han otorgado el «Premio Mundial Águila de Oro a la Excelencia Literaria» al escritor costarricense Herbert Enrique Contreras.

El reconocimiento, ratificado por el Centro Universitario Cever Siglo XXI y otras instituciones asociadas a la Alianza de Líderes Globales, resalta las notables contribuciones literarias de Contreras durante el año 2023. Este galardón destaca no solo su destreza artística, sino también su compromiso con la excelencia global, consolidando su posición como una figura destacada en la escena literaria internacional. La distinción subraya el impacto duradero de su obra y su relevancia en la herencia cultural y literaria mundial.

El Bloque de Vivienda se fortalece para enfrentar los desafíos del 2024

Escrito en 04/01/2024. Publicado en Derechos, Vivienda.

Por Ihann Paniagua

El Coordinador Nacional del Bloque de Vivienda, Orlando Barrantes, anunció el compromiso renovado de la organización para el año entrante. En un mensaje esperanzador, Barrantes destacó los esfuerzos realizados en el 2023 para recuperar el presupuesto del BANHVI, expresando confianza en los avances logrados hasta ahora.

«Este 2023 fue muy duro tratando de recuperar presupuesto para el BANHVI. Creo que lo logramos, por lo menos en parte», compartió el coordinador, subrayando la importancia de esta conquista como punto de partida para el próximo año.

El enfoque principal del Bloque de Vivienda para el 2024 será la preparación de proyectos destinados a las familias que necesitan vivienda. Barrantes reconoció la complejidad de esta tarea, pero enfatizó la determinación de la organización para superar los desafíos.

«Estoy seguro de que lo vamos a lograr», afirmó con convicción, resaltando la importancia de unir esfuerzos y voluntades para alcanzar este objetivo común.

El Coordinador Nacional anunció el inicio inmediato de acciones concretas a partir del 2 de enero, marcando el comienzo de una nueva fase en la labor del Bloque de Vivienda. Destacó la fortaleza y experiencia acumulada, instando a hacer de la lealtad una herramienta fundamental en la construcción de hogares.

«Cada paso que demos será firme. Estamos fuertes, tenemos más experiencia, hagamos de la lealtad nuestra férrea herramienta para construir muchas casas», expresó Barrantes, alentando a mantener viva la lucha por la vivienda.

El Bloque de Vivienda se posiciona así con renovada energía y determinación para enfrentar los retos venideros, demostrando su compromiso con las familias que anhelan un hogar propio.

Auditoría Ciudadana Integral busca transparentar manejo de fondos públicos y de pensiones

Escrito en 04/01/2024. Publicado en Derechos.

SURCOS conversó con la licenciada Marjorie Hernández Delgado, -presidenta de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) y coordinadora del Movimiento Magisterial por una Pensión Digna-, en torno al esfuerzo que realizan con el impulso de la Auditoría Ciudadana Integral. Compartimos la entrevista.

¿Cuál es el objetivo con el cual se crea la Auditoría Ciudadana Integral?

El objetivo primordial de la Auditoria Ciudadana Integral es transparentar el manejo de los fondos públicos y los fondos de pensiones. Esto por cuanto comprendimos que un alto porcentaje del presupuesto nacional se destina al pago de los intereses de la Deuda Pública, siendo estos los más altos a nivel mundial hasta hace unos meses. De tal manera que los dineros recaudados por el fisco por medio de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos no están siendo empleados para beneficio de toda la población como debería ser, puesto que se le da prioridad al pago de intereses y algo del principal de los bonos. Así mismo, en cuanto al manejo de los fondos de pensiones también nos genera grandes inquietudes, como cotizantes, las “inversiones” riesgosas que se han realizado y se continúan haciendo con los dineros de todos los trabajadores que cotizamos en los diferentes regímenes de pensiones incluyendo las complementarias que son administradas por las OPC, las cuales reflejaron grandes pérdidas en 2022 y aún en 2023, debido a la falta de mecanismos para asegurar estos dineros que son el ahorro de todos los trabajadores para optar por una pensión digna en el momento de su retiro. Por tanto, como todos los fondos de pensiones están siendo colocados en las mismas bolsas de valores extranjeras y se han generado grandes pérdidas en las complementarias es lógico pensar que también hay pérdidas enormes en las “inversiones” de los regímenes básicos. Sin embargo, al respecto no se sabe nada debido al hermetismo con el que manejan el asunto y por la misma naturaleza de estos regímenes.

¿Cuál es el papel de ACOJUPEMA en este proceso?

ACOJUPEMA acudió al llamado de la investigadora Esperanza Tasies quien es miembro del Equipo de Investigación de la Deuda Pública de la Universidad de Costa Rica y a la vez de ACOJUPEMA, para que apoyáramos y respaldáramos toda la investigación realizada por este equipo en el tema. De esta manera como organización civil, sin fines de lucro, asumió el compromiso y la responsabilidad de impulsar la iniciativa de la Auditoría Ciudadana Integral al encontrar un factor común en el manejo de ambos fondos (públicos y pensiones). Por ello nos hemos dado a la tarea de la organización y movilización de sectores civiles, no político partidarios, sino aquellas organizaciones civiles y de trabajadores que se identifican con la causa y realizan esfuerzos en pro del bien común.

¿Cuál actividad marca el inicio de la Auditoría?

Es un proceso que se compone de varias etapas, iniciamos con la convocatoria a diversas organizaciones civiles y nos encontramos en la etapa de “Alfabetización sobre la deuda pública y la importancia de realizar la Auditoría Ciudadana Integral en Costa Rica”.

¿Cuáles avances se pueden mencionar?

Aparte de los mencionados anteriormente, respecto a la organización y movilización de sectores sociales y el inicio de la Alfabetización sobre la deuda pública y la importancia de realizar la Auditoría Ciudadana Integral en Costa Rica”, hemos tenido contacto con algunos diputados porque en una etapa más avanzada se ocupará del aporte legislativo. Se ha conseguido el presupuesto para que la señora María Lucía Fatorelli brinde conferencias y explique a la población en qué consiste el proceso de la Auditoría Ciudadana. Así mismo, estamos en la búsqueda del presupuesto para la realización de la auditoría en nuestro país. La señora Fatorelli, es especialista en este tipo de auditorías y ha tenido mucho éxito en países como Uruguay, Irlanda y Grecia, logrando ordenar las finanzas públicas y a la vez una mejor repartición de la riqueza. Eso es precisamente lo que pretendemos para Costa Rica.

¿Hay obstáculos que puedan dificultar el logro del objetivo?

En toda iniciativa ciudadana siempre se va a contar con la oposición de los grupos y personas interesadas en que no se logren los objetivos planteados por la ciudadanía. Hay múltiples obstáculos que hemos debido superar y los habrá durante y después de este proceso. Pero si hay algo que tenemos claro en ACOJUPEMA es que la Auditoría va porque va.

¿Cómo opera el concepto de participación ciudadana en la organización y accionar de la Auditoría Ciudadana Integral?

ACOJUPEMA se sustenta en los Derechos Humanos Fundamentales y la Constitución Política, procurando su cumplimiento en todo nuestro accionar. De ahí que el concepto de participación ciudadana establecido en el artículo 9 de la Carta Magna, está totalmente presente en la iniciativa de la Auditoría Ciudadana Integral. Por tanto, asumimos el derecho y la responsabilidad constitucional que nos corresponde como ciudadanos, como el Soberano, el legítimo dueño del país, y desde esta posición buscamos que se respete el mandato constitucional, que se ponga orden donde se ha creado caos, que haya equidad y justicia social.

La participación ciudadana ejercida de manera activa y con responsabilidad genera a su vez, el cumplimiento del artículo 11 de la Carta Magna sobre la rendición de cuentas por parte de aquellos funcionarios públicos que no cumplieron con sus deberes, mientras ocupaban un cargo público. Así mismo, conlleva el ejercicio de derechos humanos y constitucionales como los establecidos en el artículo 50 constitucional donde se establece que: “El Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza…”, el cual se está violentando; también los artículos 27 y 30 respecto al acceso a la información pública entre otros.

Es imperativo que se reestablezca el Pacto Social que se instituyó en 1949 con la nueva constituyente, porque se ha roto. Actualmente priva más el interés y hambre de poder económico de unos cuantos sobre el resto de la población. El resultado de esto es la violación constante de los derechos humanos fundamentales y constitucionales de las personas y como consecuencia, la desigualdad, el hambre y la miseria. El Estado ha dejado de ser protector para las grandes mayorías que sí pagan impuestos, para que, de una manera solidaria, se beneficien todas las personas habitantes del país y se ha convertido en la herramienta de unos cuantos que se enriquecen cada vez más a costa del resto de la población. Por eso, la participación ciudadana es fundamental en la búsqueda de justicia social y una democracia participativa que asegure políticas públicas y leyes acordes con el mandato constitucional.

Ni amigos, ni pares, ni adversarios: la distancia del juez

Escrito en 04/01/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Walter Antillón

1.- Desde hace años he venido observando una práctica que me parece institucionalmente incorrecta y que consiste en que, cada cierto tiempo, Ministros o funcionarios de los Ministerios de Justicia, o de Seguridad Pública, han convocado al Ministerio Público, o personalmente al Fiscal General de la República, a participar en reuniones heterogéneas (a veces con participación de la DEA u otros cuerpos policiales extranjeros) para discutir y convenir en políticas, tácticas o campañas dirigidas a combatir ciertas formas de delincuencia que, se estima, amenazan la vida o la seguridad de los ciudadanos. Mi discrepancia se funda en que la Fiscalía es el órgano de la Justicia que con absoluta autonomía e imparcialidad ejercita la acción penal, esto es, la función requirente del Estado, contra cualesquiera personas sin distinción, según el mérito de la causa; de manera que sus agentes, por elementales reglas de higiene institucional, deberán sustraerse de toda ocasión que pueda conducirlos a participar en planes de cooperación o acciones conjuntas con otros cuerpos funcionariales de donde puedan resultar situaciones de influencias, empatías o sentimientos afines con funcionarios públicos nacionales o extranjeros; funcionarios a quienes eventualmente, el día de mañana, los fiscales podrían estar llamados a acusar como presuntos autores de delito (como, por lo demás, ocurre con alguna frecuencia).

2.- Ahora bien, en los últimos tiempos, y particularmente en el actual Gobierno, se ha recaído lamentablemente en dicha práctica, pero en grado mayor, cuando se convoca a los señores Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General de la República, junto con Diputados, Ministros y otros, a reuniones de urgencia en Casa Presidencial; reuniones lideradas por el señor Presidente de la República con el justo empeño de detener la ola de violencia que viene padeciendo nuestro País. Me parece que la última de dichas convocatorias ha tenido lugar el 3 de octubre del año próximo pasado (ver “elmundo.cr” del 2 de octubre citado).

3.- Igualmente ahora, y con mayor razón, los ciudadanos debemos señalar lo gravemente incorrecto de dicha práctica. El ejercicio independiente e imparcial de la potestad jurisdiccional del Estado (en sus formas judicante y requiriente) que ejercen en forma ordinaria jueces, magistrados, fiscales y defensores del Poder Judicial, consiste en la aplicación de la Constitución y las Leyes a los casos concretos sometidos a su conocimiento; de manera que perseguir y cumplir objetivos como “combatir”, “detener” o “contener” actos individuales o procesos sociales precalificados como dañinos, peligrosos, etc., son, por definición, ejecución de políticas criminales, lo cual es actividad radicalmente ajeno a la esfera de competencias de aquel Poder.

Tanto es así que, por ejemplo, como resultado del proceso jurisdiccional seguido contra una persona, podría ocurrir, tanto la condena penal de ésta, como también su absolución, con eventuales cargos criminales contra las autoridades que torpe y maliciosamente la implicaron en el caso; porque jueces y fiscales, al examinar objetivamente la conducta de un imputado, también tienen el deber de detectar e identificar los eventuales abusos e infracciones de las autoridades que intervinieron en el caso, y proceder de conformidad.

4.- Las anteriores consideraciones vienen primariamente respaldadas en la tradición liberal y garantista del constitucionalismo moderno, de matriz ilustrada (Locke, Montesquieu). Y al respecto los ciudadanos tenemos el deber de destacar y señalar el amplio desarrollo que en nuestra época ha experimentado la clásica doctrina de la separación entre las funciones y los poderes supremos del Estado.

Porque, en efecto, dichas funciones e instituciones/poderes han sido objeto de renovados análisis doctrinarios, con notables resultados a partir de la consideración de las dos grandes dimensiones de la fenomenología de la producción jurídica, a saber:

a) Una dimensión activa, que corresponde a la función general de gobernar (legislar y ejecutar a tenor de lo legislado) y se expresa en forma de voluntad, poder, innovación y disposición.
b) Una dimensión no activa, que corresponde a la función general de garantizar secundariamente el derecho (juzgar), y se expresa como conocimiento, saber, conservación y constatación.

(ver, por todos, Luigi Ferrajoli: Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia; Laterza, Bari, 2007; pág. 871 y sigtes.)

5.- La evolución institucional en los países más avanzados acusa claramente la tendencia a atenuar la distancia entre ambas instituciones representativas (parlamento y gobierno: legislar y administrar), conformando entre ellas una relación de condivisión funcional; y opuestamente, la tendencia a acentuar la distancia de las dos frente a la otra institución: la no representativa (judicial), cuya función (y también su legitimación) es garantizar el derecho, caso de fallar otras garantías de carácter primario.

Por ejemplo, la salud de los costarricenses goza de la garantía primaria de la Caja Costarricense de Seguro Social; pero si, debido a las alevosías de presidencias y directivas neoliberales que la apuñalan desde adentro, o corruptelas similares, la garantía primaria falla, bien sabemos los usuarios de las múltiples veces que la Sala Constitucional ha hecho funcionar la garantía secundaria.

6.- En conclusión, el carácter esencial, vital, de la función de garantía secundaria del Poder Judicial para asegurar el Estado Constitucional de Derecho y la vigencia de los derechos humanos de la población, nos obligan a extremar las salvaguardas de la independencia interna y externa, y la alta dignidad de cada uno de los jueces y magistrados de dicho Poder, así como del Fiscal General de la República y, plausiblemente, de los restantes fiscales y defensores.

7.- Ni amigos, ni pares, ni adversarios de los demás funcionarios públicos, los fiscales, los defensores, los jueces y los magistrados del Poder Judicial constituyen un orden aparte, cuya distancia y condición deben ser escrupulosamente respetadas; bajo pena de incurrir, en el más leve de los casos, en violación a las normas de corrección constitucional vigentes en todo país civilizado.

Imagen: UCR.