El Poder Judicial democrático es ejercido por cada una de las personas jueces y juezas de la República. De manera que, desde el juez contravencional del lugar más remoto del país, hasta quienes ejercen la magistratura en la Corte Suprema, son todos Poder Judicial.
También tiene que estar claro que, en el ámbito de sus competencias, cada juez tiene plena posibilidad para decidir según su ciencia y conciencia, no tiene “jefes” que lo obliguen o condicionen a resolver de determinada manera, y sus resoluciones solo pueden ser corregidas o declaradas ineficaces conforme los recursos que existan para ello.
Puede entenderse entonces que esta verdad sea de imposible comprensión para una mentalidad autocrática, convencida de que el poder sólo se puede ejercer ordenando, conminando y hasta gritando o insultando para imponer su criterio.
El principio de división de poderes no solo tiene que ver con la separación funcional entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sino que se trata de un principio que involucra a otros órganos con misiones especiales como el Tribunal Supremo de Elecciones para organizar, dirigir y determinar los procesos electorales, y la Contraloría General de la República en la vigilancia y control de la legalidad de la hacienda pública.
Pero además la división de poderes desciende, transversalmente, a lo interno de todo el sistema republicano y de cada poder en particular. Por eso hay decisiones que no puede tomar quien ejerce la Presidencia de la República sin que concurra la firma del ministro del ramo, o el criterio del Consejo de Gobierno. Por eso también en el proceso penal, dentro del Poder Judicial, por ejemplo, hay un órgano que investiga y acusa, otro que defiende y jueces imparciales que resuelven.
Nadie, absolutamente nadie, puede decirle a un fiscal, estando legalmente obligado a hacerlo, si investiga o si acusa, o a un defensor si cumple con sus deberes defensivos, o a un juez a que no actúe conforme sus obligaciones.
Decir que ya se han tomado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y que sólo falta tomar el Poder Judicial, no es sólo un propósito dictatorial, sino una muestra de ignorancia de cuál es la naturaleza de la función judicial, cómo está distribuida en numerosos actores y cómo esa distribución asegura un funcionamiento democrático de la justicia.
La democracia es el sistema político en el que sus jerarcas tienen el menor poder arbitrario. A todo peso le acompaña un contrapeso. Por esta razón existen los vetos, los resellos con mayoría calificada. las consultas obligatorias, el control de legalidad, el control de constitucionalidad y el control irrestricto de cada facultad para evitar el abuso de poder y el atropello a los derechos fundamentales de las personas.
“Tomar” el poder judicial no es tan sencillo como controlar la Corte Suprema mediante magistraturas dóciles o adeptas, siempre existirán jueces y juezas que preserven su integridad y no se amedrenten, ni se vendan.
¿Qué significa que diputados de la República deban ingresar por puertas traseras a Casa Presidencial, entregar sus teléfonos celulares y someterse a revisiones mientras el círculo presidencial conserva sus propios dispositivos? ¿Qué comunica políticamente la humillación pública del presidente de la Corte Suprema de Justicia en una transmisión televisada? ¿Qué tipo de cultura democrática estamos construyendo cuando la agresividad, el desprecio institucional y la degradación del adversario empiezan a ser percibidos como signos de autenticidad política?
Estas preguntas no son menores ni pueden despacharse como simples anécdotas o “estilos fuertes de liderazgo”. Por el contrario, revelan algo mucho más profundo y preocupante: la posible consolidación de una nueva pedagogía del poder en Costa Rica, basada en la intimidación simbólica, el conflicto permanente, la sospecha hacia toda institucionalidad y la espectacularización de la política.
Durante los últimos días, el país ha observado una serie de encuentros entre la presidenta Laura Fernández y distintas fracciones legislativas para discutir proyectos estratégicos relacionados con Crucitas, el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), la marina de Limón y el tren eléctrico rápido para la Gran Área Metropolitana. En principio, nada de ello tendría que interpretarse negativamente. El diálogo entre poderes y la búsqueda de acuerdos forman parte natural de cualquier democracia funcional.
Sin embargo, el problema no reside únicamente en los proyectos discutidos, sino en las formas políticas y simbólicas que han acompañado dichos encuentros. Porque las democracias no descansan solamente sobre normas jurídicas o procesos electorales; también dependen de rituales mínimos de reconocimiento mutuo, respeto institucional y trato horizontal entre actores políticos.
Cuando diputados electos deben entregar sus dispositivos móviles, ingresar por accesos secundarios y someterse a protocolos que transmiten desconfianza y subordinación, el mensaje implícito deja de ser únicamente “seguridad”. Lo que emerge es una escenificación jerárquica del poder. Una puesta en escena donde el oficialismo no solo gobierna, sino que demuestra quién controla el espacio, las reglas y el ambiente de interacción.
Más preocupante aún resulta la contradicción observada entre la aparente disposición al diálogo de la presidenta y las acciones posteriores del oficialismo legislativo. Mientras en las reuniones se prometen espacios de análisis y discusión —como ocurrió con las propuestas alternativas sobre Crucitas impulsadas por sectores de oposición—, posteriormente la fracción oficialista acelera votaciones y desconoce en la práctica cualquier margen real de negociación.
La pregunta entonces se vuelve inevitable: ¿se trata de auténticos procesos de diálogo o de mecanismos performativos orientados a administrar tensiones mientras las decisiones ya han sido tomadas de antemano?
En este contexto, la presencia constante y protagónica del expresidente Rodrigo Chaves —actual ministro de la Presidencia— añade una dimensión aún más compleja. Las escenas televisadas posteriores a las reuniones han dejado ver algo más que diferencias políticas. Han mostrado gestos, interrupciones, descalificaciones y formas de interacción que parecen diseñadas no para construir acuerdos, sino para reafirmar relaciones de poder y dominación simbólica.
Especialmente grave fue la escena pública en la que la presidenta humilló al presidente de la Corte Suprema de Justicia, reduciendo décadas de trayectoria judicial a un recurso retórico simplista orientado a desacreditarlo frente a la opinión pública. El problema no es únicamente el tono empleado, sino lo que dicha escena representa para la cultura democrática: la transformación de las instituciones en enemigos morales permanentes del “pueblo”, encarnado supuestamente por un liderazgo político confrontativo y emocionalmente agresivo.
Como ha señalado Byung-Chul Han (2014), las sociedades contemporáneas tienden a transformar progresivamente la política en un espacio dominado por la exposición, el impacto emocional y la lógica del espectáculo permanente. En ese contexto, la deliberación racional pierde terreno frente a la provocación, la simplificación y la producción constante de antagonismos. La política deja entonces de ser un espacio orientado al encuentro conflictivo pero democrático, para convertirse en una dinámica de excitación permanente donde lo importante ya no es convencer, sino impactar.
Y es aquí donde emerge uno de los elementos más delicados del momento político costarricense: la normalización social de la degradación institucional como espectáculo legítimo de gobierno.
Buena parte de los comentarios en redes sociales celebraron la humillación pública del magistrado. No la interpretaron como un deterioro del debate democrático, sino como una muestra de valentía, autenticidad o “mano dura” contra las élites. Ese detalle es fundamental, porque revela una transformación cultural peligrosa: la agresividad empieza a percibirse como virtud política y el desprecio hacia el adversario como signo de honestidad.
No se trata de negar los enormes problemas que enfrentan las instituciones costarricenses. El Poder Judicial requiere reformas importantes. La Caja Costarricense del Seguro Social enfrenta desafíos estructurales serios. El sistema político arrastra privilegios, burocracias y profundas desconexiones con amplios sectores sociales. Todo eso es cierto y debe discutirse.
Pero una cosa es impulsar reformas democráticas y otra muy distinta destruir sistemáticamente la legitimidad de toda mediación institucional. Cuando toda autoridad técnica, judicial o administrativa es presentada como corrupta, inútil o enemiga del pueblo, el único actor que termina apareciendo como fuente legítima de verdad es el liderazgo político personalista.
Ahí reside el verdadero peligro.
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (2018) han mostrado que las democracias contemporáneas rara vez colapsan mediante rupturas espectaculares o golpes abruptos. Más frecuentemente se erosionan lentamente, a través de la degradación paulatina de normas no escritas de tolerancia mutua, contención institucional y reconocimiento recíproco entre adversarios políticos. Cuando dichas normas se debilitan, la democracia puede conservar formalmente sus procedimientos electorales mientras deteriora progresivamente su cultura política.
Las democracias modernas necesitan contrapesos, deliberación, pluralismo y legitimidades compartidas. Cuando esos elementos empiezan a ser reemplazados por la lógica del espectáculo, la humillación pública y la confrontación permanente, el deterioro democrático deja de ser una hipótesis abstracta para convertirse en una práctica cotidiana.
Hannah Arendt (1993) advertía que uno de los mayores peligros para la vida democrática surge cuando el espacio público deja de estar orientado por el juicio, la pluralidad y la discusión, para convertirse en un escenario dominado por emociones colectivas, enemistades permanentes y destrucción simbólica del adversario. Esa advertencia conserva hoy una vigencia inquietante.
Por eso el problema de fondo no son únicamente Laura Fernández, Rodrigo Chaves o el oficialismo. El problema es el tipo de sensibilidad política que como sociedad estamos aprendiendo a tolerar, justificar e incluso celebrar.
Las democracias no suelen desaparecer de un día para otro. Rara vez colapsan únicamente mediante golpes abruptos o rupturas espectaculares. Muchas veces comienzan a erosionarse lentamente cuando el respeto deja de tener valor público, cuando el adversario se convierte en enemigo moral y cuando humillar empieza a confundirse con gobernar.
Y quizá esa sea hoy la pregunta más importante para Costa Rica: ¿estamos todavía frente a excesos de estilo político o estamos aprendiendo, poco a poco, a convivir con una cultura democrática cada vez más degradada?
Referencias
Arendt, H. (1993). La condición humana. Barcelona: Paidós.
Han, B.-C. (2014). Psicopolítica: neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Barcelona: Herder.
Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Barcelona: Ariel.
El programa Alternativas realizará un nuevo panel de reflexión titulado “Atisbando la vida a través de las artes visuales: Lucía Cordero Miranda”, dedicado a explorar el aporte de las artes visuales a la comprensión de la experiencia humana y la sensibilidad contemporánea.
La actividad se transmitirá en vivo el 22 de mayo de 2026 a las 6:00 p.m. (-6 UTC) mediante Facebook Live, YouTube, Spotify y radios comunitarias y culturales aliadas.
La invitada principal será Lucía Cordero Miranda, artista visual y docente de Artes Plásticas, especializada en pintura, dibujo y cerámica escultórica, con amplia experiencia en exposiciones.
El panel contará además con la participación de:
Irené Barrantes Jiménez, socia del Museo de las Mujeres de Costa Rica.
Tatiana Herrera Ávila, profesora de la Sección de Comunicación y Lenguaje de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica.
Luis Ángel Salazar Oses, profesor jubilado de Filosofía y Educación de la UCR y la UNED.
El espacio forma parte de los esfuerzos de Alternativas por promover pensamiento crítico, diálogo cultural y reflexión interdisciplinaria desde distintas expresiones del arte y la vida social.
La transmisión contará con apoyo de emisoras aliadas como Radio Guanacaste, Radio Soberanía, Radio Revolución, Radio Ondas de Alajuelita y Voces Libertarias.
En el lenguaje político de estos días de mayo han surgido las imágenes de un Bloque Opositor Político o una Alianza Política Opositora, para referirse a los 26 diputados de los partidos políticos que no representan al Gobierno, que literalmente son el alter ego político de los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano.
Este grupo de diputados opositores, así reconocidos, representan 4 partidos, dos diputados de una manera unipersonal, el Frente Amplio con 7 y Liberación Nacional con 17. Estos hicieron un documento al que le dieron publicidad de unidad de propósitos parlamentarios, presentándose como un sector organizado, de oposición política contra el oficialismo, es decir contra los diputados que representan los intereses del gobierno de Laura Fernández.
El concepto de Bloque me gusta más para su identificación si lo consideramos como agrupación de partidos o de legisladores, que se unen temporal o permanentemente para actuar de manera conjunta, para defender intereses comunes y para tratar de alcanzar objetivos políticos en los cuales estén de acuerdo en lograrlos. Hasta ahora en los pocos días de trabajo parlamentario los diputados de este Bloque no han dado la sensación de Bloque, han intervenido con la individualidad de cada uno y con la individualidad política que cada uno tiene partidariamente. No se perciben todavía acciones que respondan a la práctica política unitaria que debería ser percibida. Todavía no se sienten como una unidad política para negociar leyes, para integrar las comisiones del Congreso, a las cuales tienen derecho de participar. En este caso, de las comisiones, les han impuesto las comisiones siguiendo el lineamiento que había señalado el entonces presidente Chaves, de ubicarlos en las comisiones menos importantes o trascendentes del trabajo legislativo. Esto, a pesar de que con la mayoría parlamentaria que el oficialismo tiene pueden aplastar numéricamente en cada comisión para aprobar lo que quieran.
En el caso del Frente Amplio y de Liberación Nacional por el número de diputados que tienen, de conformidad con el Reglamento Legislativo, deben tomarlos en cuenta y atender sus peticiones de integrar o de participar en las comisiones que ellos quieran trabajar.
En la práctica del llamado Bloque Opositor lo que hay son cuatro partidos, hasta ahora cada uno tratando de ir definiendo sus propios pasos y tratando de destacar su identidad. No se siente, repito, políticas o proyectos que sean del “Bloque”, que permitan ir amarrando más y de mejor manera la acción conjunta de estos 26 diputados. Es entendible que haya diversidad de opiniones, por partidos o por diputados, pero sobre esa diversidad de opiniones, lo que debe de haber es la unidad de acción parlamentaria.
Los Bloques políticos a veces tienen afinidad política, de ideas políticas, de doctrinas políticas. Cuando así actúan es mejor, por la mayor coincidencia que puedan tener. Si no es por afinidad política, tiene que ser por lo que definan apoyar como grupo, como Bloque, por la unidad de acción que requieren.
Hasta ahora no han presentado proyectos de ley que respondan al Bloque, al esfuerzo colectivo del trabajo unitario de estos cuatro partidos políticos.
La Alianza política es simplemente la unidad en la acción concreta ante un Proyecto de Ley determinado, lo cual tampoco en este momento se aprecia que pueda estar ocurriendo con estos cuatro partidos políticos que no son el partido Pueblo Soberano.
Electoralmente conocemos las Coaliciones y las Fusiones partidarias. Los cuatro partidos representados en la Asamblea Legislativa, frente a Pueblo Soberano, no son en sí mismos una Coalición ni una Fusión.
Uno de ellos, si es una coalición partidaria, resultante de la unión en las elecciones de dos partidos, que lograron elegir a una diputada. Esta diputada sí habla a nombre de la Coalición que la logró elegir. Eso me parece muy bueno, muy honesto de parte de ella, y corresponde a dar la imagen de que ella representa a esos dos partidos.
Las coaliciones son partidos integrados en uno solo. El Bloque Opositor, como llaman a veces a estos cuatro partidos, a Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, por sí no es una coalición. Tiene más de alianza para la ocasión que de coalición de lucha política. Son la suma de fuerzas para actuar legislativamente y distinguirse de las acciones legislativas que el gobierno impulsa con Pueblo Soberano, si se trata de distinguirse de ese partido.
También, es importante señalarlo, iniciativas políticas, proyectos de ley propuestos por Pueblo Soberano, que sean dignos de apoyarlos hay que hacerlo.
Con la mayoría parlamentaria que hay, de mujeres diputadas, es inconcebible que no se haya articulado una agenda de proyectos de ley en beneficio de las mujeres costarricenses. Se deberían articular estos proyectos, con el apoyo de las organizaciones de mujeres existentes en el país, y con movilizaciones para aprobarlas. Tengo claro que en esa perspectiva de proyectos por la mujer pueden no estar todas de acuerdo, ni todos los partidos, pero hay que buscar en lo que están todos y todas de acuerdo para aprobar como Leyes de la República.
Por ahora, el Bloque Opositor o la Alianza Opositora suena bien, pero pareciera que les falta contenido a estos conceptos. Hay que darles contenido político a los conceptos en la práctica parlamentaria.
Hay que darle una agenda común a este Bloque Opositor de manera concreta. Esta es la tarea de los partidos que allí están representados, de sus dirigentes, y a falta de ellos, de los propios diputados, si realmente se quiere construir esa fuerza opositora, en capacidad de defender la democracia nacional frente al desafío de avanzar hacia el autoritarismo político, el despotismo institucional, la dictadura, la tiranía, el militarismo gobernante o el cause fascista en el desarrollo nacional.
¡A como haya lugar!, con cualquier pretexto, como su objetivo de «ministro de Propaganda«, Rodrigo Chaves convocará desde Zapote y su mayoría parlamentaria un referendo que no requerirá colectar firmas.
Sin embargo, se conoce que serán muy escasas las probabilidades de tramitar en dicho nuevo referendo, proyectos que requerirían 38 votos legislativos ya que no podrían aprobarse, independientemente de la votación, si menos de 1,4 millones de votantes conformaren el quórum mínimo de ley.
Así, sin nuestra ayuda (¡de los que nos quedaríamos en casita!), o sea el voto de los reunidos alrededor del bloque democrático, que inteligentemente no le ayudaríamos acudiendo a las urnas, el tal referendo sería un gasto inútil de tiempo, esfuerzo y recursos millonarios, si quizá, a diferencia del anterior intento, no fuere un proyecto tan mal redactado.
No nos podemos engañar que al ministro Chaves lo único que le interesa es hacer campaña con recursos públicos, con la intención de alterar con sus discursos vulgares, la gestión política de los tres poderes del Estado, pues es sabido que a él le importa un pito la estabilidad del Estado, ni le desvela descalabrar la gestión gubernamental de una presidenta incapaz de decirle no, a quien es evidente manda en Casa Presidencial.
En fin, aunque ni con el 100 % de los votos sumados a la elección de Laura Fernández, Chaves podría alcanzar un resultado válido, pues le faltarían unos 400.000 votos, si ha de saber, que muchos ciudadanos costarricenses, de alma democrática, le enfrentaríamos en su campaña por fuera del domo y en las poblaciones urbano-marginales, para que los miles de engañados, ahora desilusionados, lo vayan conociendo mejor.
Por JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones
La reciente escena protagonizada por la presidenta Laura Fernández frente al magistrado Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, está lejos de ser un simple exabrupto. Es, por el contrario, una pieza fríamente calculada dentro del engranaje de un estilo político heredado de su mentor, Rodrigo Chaves. Es un libreto grotesco que prioriza el espectáculo y la humillación pública por encima del debate de altura y el respeto institucional.
Interpelar públicamente a un magistrado por sus 37 años de carrera, reduciendo su trayectoria a la insinuación malintencionada de “cargos vitalicios” y supuestos “favores políticos”, para luego coronar el ataque comparando ese tiempo de servicio con sus propios 39 años de vida, es un acto de manipulación efectista. Es, además, una comparación peligrosamente descontextualizada, más de alguien que tiene la mitad de sus 39 años de vida viviendo del erario público como funcionaria de gobierno en puestos de confianza y ministeriales. Sin mencionar que su mentor —sin cotizar para ello— es hoy un ex presidente pensionado de lujo y con doble sueldo de ministro.
Es imperativo establecer la línea divisoria que el discurso oficialista intenta borrar: la abismal diferencia entre un cargo político-administrativo y la magistratura judicial. Los puestos políticos son, por naturaleza, transitorios; responden al vaivén de la voluntad popular, a la coyuntura electoral y a la necesidad de alternancia en el poder. Cualquiera con el respaldo de los votos puede ocuparlos.
Sin embargo, la labor de un juez supremo es de una naturaleza completamente distinta. Su responsabilidad central es la generación de jurisprudencia, la interpretación de la norma y la protección del orden constitucional. Para ejercer un cargo técnico-jurídico de esta magnitud no basta el carisma ni el verbo encendido; se requiere una vida entera de estudio, madurez académica y una experiencia que solo otorgan las décadas de análisis profundo. En las democracias más sólidas del mundo, la longevidad y la estabilidad de los jueces no son vistas como un “abuso”, sino como la mayor garantía de independencia frente a las presiones efímeras de los políticos de turno.
Al ignorar estas diferencias fundamentales, la señora presidenta peca de lanzar una ofensa injuriosa. Su objetivo no es promover una reforma institucional seria, sino ejecutar un acto populista diseñado a la medida de sus acólitos. Es un discurso estridente que alimenta a quienes disfrutan del insulto y la degradación de la autoridad, funcionando como el antídoto perfecto para aliviar la disonancia cognitiva de sus seguidores más ciegos.
Pero, como en todo truco de ilusionismo político, lo que importa no es la mano que se agita, sino lo que se esconde detrás. Este acto vil y desconsiderado hacia el jerarca de uno de los Poderes de la República es, en realidad, un distractor de manual.
Es la cortina de humo perfecta, lanzada estratégicamente en el rostro de la ciudadanía, para hacer olvidar a la masa enajenada el verdadero elefante en la habitación: su mentira sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Mientras el país se enfrasca en discutir la edad de la mandataria frente a los años de servicio del magistrado, el debate sobre el futuro de los ahorros y las pensiones de los costarricenses queda convenientemente relegado al olvido.
Gobernar a base de humillaciones y espectáculos para tapar las propias falsedades es un juego peligroso. Costa Rica no necesita líderes que incendien la institucionalidad para ganar el aplauso fácil de la galería, sino estadistas que asuman la verdad, por más incómoda que esta sea. A fin de cuentas, la historia es implacable y siempre tiende a darle su verdadero lugar a los políticos populistas, manipuladores y autocráticos. Que lo digan, si no, figuras nefastas como Benito Mussolini en Italia, Jorge Rafael Videla en Argentina o Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, entre tantos otros que dedicaron sus cuotas de poder a humillar y denigrar a quienes les plantaban oposición. El aplauso efímero del fanático nunca los salvará del juicio definitivo de la historia.
La atleta Wyomia Tyus consiguió ser varias veces campeona olímpica y plusmarquista mundial en pruebas de velocidad y luchó a favor de causas justas. Sus gestas y su compromiso son recordados en este artículo.
Wyomia Tyus nació el 29 de agosto de 1945, en Griffin, Georgia, Estados Unidos, y pasó sus primeros años de vida en una granja, junto a sus padres Willie y Marie y sus tres hermanos.
Tyus creció entre blancos y padeció la segregación racial en la escuela. Debido a eso, su padre le inculcó la idea de que en Estados Unidos no podría hacer nada sin esforzarse por superar el estigma racial.
Durante sus estudios en el instituto, Tyus jugó al baloncesto, aunque, al final, se decantó por el atletismo. Y, una vez inició sus estudios en la Universidad Estatal de Tennessee, Nashville, consiguió triunfos y récords en su nuevo deporte.
Esos éxitos provocaron que, en 1964, con solo 19 años, fuese seleccionada para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio, en los cuales alcanzó una temprana gloria olímpica.
En la final de la prueba de los 100 metros de los Juegos de Tokio, así pues, la joven Tyus se impuso con autoridad a sus rivales y se colgó la medalla de oro, dejando por detrás a su compatriota Edith McGwire. Redondeó su gesta olímpica al ganar la medalla de plata con el equipo norteamericano de relevos de 4×100 metros.
En los años posteriores a su hazaña olímpica, Wyomia Tyus no se durmió en los laureles, siguió entrenando a pleno ritmo y alcanzó otros logros deportivos. Por ejemplo, en 1965, en un encuentro atlético entre Estados Unidos y la URSS celebrado en la ciudad de Kiev, pulverizó la plusmarca mundial de los 100 metros con un registro de 11.1.
Ya en 1968, Tyus acudió a sus segundos Juegos Olímpicos, los celebrados en México. Y, de nuevo, se impuso con autoridad en la prueba de los 100 metros. Se colgó la medalla de oro y batió la plusmarca mundial de la distancia con un registro de 11.08. Su segunda gesta olímpica convirtió a la atleta norteamericana de 23 años en el primer ser humano de la historia que ganaba dos medallas de oro olímpicas en la prueba de los 100 metros.
Por si todo esto no fuese suficiente, en la final de los relevos de 4×100 metros, el equipo norteamericano encabezado por Tyus consiguió aquello que no había logrado en la olimpiada anterior, es decir, ganar la medalla de oro y pulverizar la plusmarca mundial con un tiempo de 42.8.
En los Juegos Olímpicos de México, más allá de su actividad deportiva y sus oros olímpicos, Tyus se posicionó contra la segregación y el racismo que ella y sus compañeros negros de selección padecían en su país. Como señal de protesta por esa situación inhumana, vistió pantalones negros en las competiciones en las que participó, en lugar de los de color blanco del equipo estadounidense.
En Estados Unidos, la segregación racial estuvo amparada por las leyes Jim Crow hasta 1965 y por las leyes antimestizaje otros dos años más, aunque a efectos reales continuó vigente en una parte del país en las décadas posteriores.
Finalizados los Juegos de México, Wyomia Tyus se retiró del deporte en activo a pesar de su juventud, regresando a la competición solo ocasionalmente dentro de la Asociación Internacional de Atletismo Profesional.
Una vez dejó atrás los Juegos de México, Tyus tuvo varios trabajos en el campo de la educación y volvió a implicarse en la defensa de las causas justas. Una de sus actividades más destacadas fue la de ser miembro fundador de la Women’s Sports Foundation, una entidad que se dedicó a la promoción de la autonomía de la mujer a través del deporte.
En 1969, Wyomia Tyus se casó con Art Simburg, con quien tuvo un hijo. Y, en 1978, hizo lo propio con Duane Tillman, con quien tuvo a su segundo hijo.
En 1985, Tyus fue incluida en el Olympic Hall of Fame de Estados Unidos. Y, en 1999, recibió otro reconocimiento especial. Su ciudad natal, Griffin, le dedicó el Parque Olímpico Wyomia Tyus.
Más recientemente, en 2018, la velocista también publicó sus memorias, Tigerbelle: the Wyomia Tyus story, junto a Elizabeth Terzakis.
Wyomia Tyus cuenta en la actualidad con 80 años de edad. Es una de las grandes campeonas olímpicas del siglo XX que continua con vida. Su ejemplo deportivo y social todavía inspira a las nuevas generaciones. Esperemos que permanezca mucho tiempo entre nosotros. Quizás, será la mejor señal de que su figura, lejos de apagarse, sigue vigente.
El Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi, le invita a ver el IV episodio de la VII temporada de Páginas Vivas, Del andén al abismo (100 años de La tragedia el Virilla) con el invitado especial Felipe Ovares y el conductor Roberto García.
Costa Rica tiene dos patronas: la Virgen de los Ángeles y la Constitución Política. Sobre la fidelidad a la primera no tengo nada que decir. Sobre la segunda hay que resaltar que la Constitución desata toda una adhesión mística a su devocionario. Hablando de ella, se nos ponen los ojos en blanco, el corazón palpita con fuerza y el cerebro cesa sus impulsos cognoscitivos. He tenido la experiencia, incluso con gente inteligente y de izquierda, de que hablar mal de la constitución es peor que hablar de la Negrita de Cartago.
La pobre criatura esa, me refiero a la Constitución, es, sin embargo, un ser inanimado, un simple instrumento, bueno o malo según la mano que la esgrima.
Pero hay una cosa en la que no hemos pensado, y es que esta constitución es una norma espuria, nacida no de un consenso sino de una imposición por la fuerza.
Nuestra Carta Magna fue elaborada y declarada por una constituyente de la que fueron excluidos los dos principales partidos de la oposición, el Republicano de Calderón Guardia y el Comunista, que ya por entonces se llamaba Vanguardia Popular. Sus integrantes fueron electos en un periodo de terror político, cuando país era dirigido no por un gobierno legítimo sino por una junta de facto cuyo único sostén eran las armas y, por tanto, la represión.
La Asamblea Constituyente estuvo integrada principalmente por diputados ulatistas, 33 de 42, cuyo partido, dice la historiadora Clotilde Obregón Quesada, “era el único que tenía en sus manos el mecanismo para hacer propaganda”. Lástima que la historiadora no haya ahondado en esto. Había cinco diputados de un partido independiente, llamado Constitucional, tres del Social Demócrata, que luego pasaría a integrar el Partido Liberación Nacional, y uno del partido Confraternidad Nacional.
Los ulatistas, el Partido Unión Nacional, habían ganado las elecciones del 48, las cuales fueron declaradas fraudulentas y anuladas por el Congreso Nacional, la Asamblea Legislativa de entonces. Esa anulación sirvió de excusa para que Figueres iniciara la guerra civil.
Una vez terminada la guerra civil, Figueres y Ulate pactaron un procedimiento muy curioso: el primero gobernaría de facto y sin congreso por 18 meses, al cabo de los cuales le entregaría la presidencia a Ulate, reconociéndolo como ganador de las elecciones del 48, pero habría elecciones legislativas, desconociendo el resultado correspondiente de esas mismas elecciones. ¿Por qué un resultado era válido y el otro no? La cuestión tenía nombres y apellidos: la mayoría de los diputados electos en esas elecciones, repito, fraudulentas para una cosa pero válidas para otra, eran del partido calderonista y de los comunistas.
En momentos en que se realizaron las elecciones tanto para la constituyente como para la Asamblea Legislativa, los partidos Republicano y Vanguardia Popular estaban fuera de la ley, sus líderes en el exilio y sus dirigentes presos o escondidos. Ese mismo mes de diciembre de 1948 fueron asesinados los mártires del Codo del Diablo.
La otra parte del acuerdo era volver a llamar a elecciones generales en 1952-1953, pero la Constitución establecía que “no podrá ser elegido Presidente o Vicepresidente: 1.-el que hubiese servido la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores, etc…” Esto se aplicaba a los que hubieran servido la Vicepresidencia. Es decir, con nombres y apellidos, no podían postularse ni Calderón Guardia ni Teodoro Picado. Esa misma norma contemplaba una excepción: José Figueres Ferrer, presidente de la junta de gobierno, el cual sí siguió gozando de los derechos constituciones.
Calderón Guardia volvió a ser candidato en 1962. Teodoro Picado murió en el exilio en Nicaragua en 1960. A los comunistas de Vanguardia Popular se les niega su derecho a participar hasta 1970 (la norma constitucional que les prohibía participar se derogó hasta 1976). Así de democrática era la Carta Magna y quienes la aplicaban.
Hay una cosa muy extraña que nunca he encontrado debidamente explicada, y es que tanto en las elecciones de la constituyente de 1948 como las parlamentarias de 1949 las fuerzas afines al figuerismo (con esto me refiero al Partido Social Demócrata) tuvieron unas votaciones bajísimas. Electoralmente, el figuerismo se hace muy fuerte en las elecciones de 1953. ¿Cómo se explica ese vuelco?
Así que los mitos de la democracia y su constitución son solo eso: mitos de nuestra historia, plegarias de nuestro devocionario, que un político serio debe tomar con sentido crítico y espíritu de educador popular. En otras palabras, para hablar de la constitución y comer pescado, hay que tener mucho cuidado.
Costa Rica vive un auténtico caos en el transporte. De acuerdo a índices internacionales, San José ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en cuanto a peores condiciones de tránsito y de movilidad en general. Esta situación tiene múltiples aristas y causas que la hacen particularmente compleja. En el centro de esta crisis está una acentuada falta de planificación, aparejada del incremento acelerado en la flota vehicular privada y el debilitamiento sistemático del transporte público durante las últimas décadas. El número de operarios de autobuses disminuyó en un 24% y el número de personas usuarias de autobús se redujo en un 42% desde el año 2018.
Ello va de la mano de una deficiente infraestructura vial, con proyectos atrasados, de alto costo y con frecuencia insuficientes. A lo anterior se agrega un desarrollo inmobiliario descoordinado y sin planificación, lo cual se refleja en que 40 cantones no cuentan con planes reguladores y, entre los que sí poseen, muchos son parciales o están desactualizados. Los procesos de urbanización con frecuencia no toman en cuenta el tema del transporte y hay una enorme deficiencia en la sectorialización del transporte público. Todo ello nos ha llevado a la crítica situación actual.
Resulta paradójico que el país cuenta, desde 1976, con una gran cantidad de estudios técnicos que señalan claramente estas deficiencias y proponen formas de enfrentarlas; igualmente hay legislación en el tema, la cual a menudo se incumple. Con frecuencia intereses sectoriales prevalecen sobre el interés público y el país se ha quedado rezagado en la implementación de soluciones.
Impactos en la salud pública
El caos en el transporte tiene múltiples impactos negativos en la vida del país. En el ámbito de la salud, los accidentes de tránsito y las muertes derivadas de ellos representan un serio problema. El año pasado, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) reportó 44.000 personas atendidas en sus servicios por accidentes de tránsito, los cuales ocurren mayormente en la temporada seca. Estos accidentes se relacionan a menudo con conducción temeraria y exceso de velocidad. Esta problemática afecta principalmente a personas jóvenes entre 20 y 29 años, especialmente a peatones, ciclistas y motociclistas, con un predominio de los varones (72 % de los casos en 2025); ello conlleva un alto impacto en la fuerza laboral del país. En términos de número de casos atendidos en la CCSS en el período 2019-2025, los accidentes de tránsito ocupan la posición decimoquinta, mientras que en términos de mortalidad se ubican en el sexto lugar, lo que refleja la gravedad de estos eventos. Además, estos accidentes tienen un efecto significativo en los costos institucionales de atención y rehabilitación.
Más allá de la afectación física, el caos vial impacta en la salud mental, al causar estrés, irritación y fatiga, constituyendo un estresor crónico que golpea la calidad de vida de la población. La salud también se ve afectada por los congestionamientos, al dificultarse el traslado de personas a los centros de salud. Por otra parte, las emisiones de gases de la creciente flota vehicular representan la principal causa de contaminación del aire en el país, lo cual también tiene un efecto en la salud de la población al favorecer enfermedades respiratorias y crónicas diversas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los efectos combinados de la contaminación del aire ambiente y la del aire doméstico se asocian a 6,7 millones de muertes prematuras cada año en el mundo.
Esta problemática tiene un impacto asimétrico en diversos sectores de la población, afectando a personas en situación de discapacidad, mujeres y personas adultas mayores, dadas las deficiencias en accesibilidad y servicios del transporte público. Por otra parte, el efecto en salud mental y tiempo perdido por personas trabajadoras en las presas viales tiene serias consecuencias en la economía del país. Se estima que en la gran área metropolitana el tiempo perdido por congestionamiento vial le cuesta a las personas trabajadoras cerca de un 4.3% del producto interno bruto.
El camino hacia las soluciones
La seriedad y magnitud del problema demanda acciones claras y decididas por parte de autoridades de gobierno y municipales, con la participación activa de la ciudadanía. En el núcleo de las soluciones está la modernización del transporte público, el cual debe concebirse como un servicio esencial que, en parte, debe ser subsidiado por el Estado, como ocurre en muchos países. Se deben rescatar planes y análisis técnicos efectuados a lo largo de décadas y actualizarlos, siempre favoreciendo el bien común sobre los intereses sectoriales. Deben darse paralelamente transformaciones en los procesos de mejoramiento de la infraestructura vial, superando las crónicas deficiencias en este ámbito.
Se requiere trabajar en planes serios de sectorialización del transporte público, así como en una adecuada planificación del desarrollo urbano, el cual incluya implementación y actualización de planes de ordenamiento territorial por parte de las municipalidades. Es necesario hacer acopio de conocimiento científico-tecnológico existente en las universidades y otras instituciones del país para monitorear el tema del congestionamiento vial, la contaminación del aire y los accidentes de tránsito, de manera que se generen medidas de prevención e intervenciones adaptadas a los diferentes contextos territoriales del país. Es indispensable también hacer valer la legislación existente en los derechos de las personas, incluyendo aquellas que tienen alguna discapacidad, de contar con sistemas de transporte público que respeten sus necesidades.
La Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias hace un vehemente llamado de atención a las autoridades y a la sociedad para que se atienda de forma decidida este serio problema. Muchas de las soluciones al mismo ya se conocen. Pero se requiere voluntad política y una amplia participación ciudadana, incluyendo a la comunidad científico-tecnológica, para tomar decisiones claras y efectivas que redunden en una transformación sustantiva de nuestro sistema de transporte, en beneficio de la calidad de vida de la población y del ambiente, un sistema que sea público, interconectado, limpio, eficiente y seguro.
*Este pronunciamiento fue elaborado por José María Gutiérrez Gutiérrez, Rolando Herrero Acosta, María L. Ávila-Agüero, Henriette Raventós Vorst, Berendina (Berna) van Wendel de Joode, Catharina Wesseling y Edgardo Moreno Robles, integrantes de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias. El texto tiene como base los análisis presentados en el foro organizado por esta comisión titulado “El caos en el transporte y su impacto en la salud pública”, celebrado el 22 de abril del 2026 con la participación como panelistas de Leonardo Castro, Roy Wong, José Rojas, Leonardo Merino y Nicole Mesén.
