Ir al contenido principal

Autor: María José Ferlini Cartín

Comunidades y ecologistas alertan por impactos socioambientales del Festival Envision en Osa

  • Se hace un llamado a la Fiscalía Ambiental, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Osa y el MINAE para que atiendan sus obligaciones y ordenen la paralización del evento

Desde hace aproximadamente una década el año 2011 se realiza en la comunidad de Uvita de Osa, dentro de una finca privada que fue parte del Refugio de Vida Silvestre Rancho La Merced, el Festival Internacional Envision, evento que ha convocado en sus ediciones anteriores a más de 7.000 personas, duplicando la población residente del distrito durante varios días.

La magnitud del festival genera una sobrecarga crítica de los servicios públicos y de emergencia, obligando al desplazamiento de personal adicional de la Fuerza Pública, el Ministerio de Salud, servicios hospitalarios, tránsito y cuerpos policiales desde otras localidades. Esta presión supera las capacidades institucionales de un cantón que ya enfrenta limitaciones estructurales para atender a su población regular.

El festival se desarrolla en una zona ambientalmente sensible, ubicada dentro del Corredor Biológico Paso de la Danta, estratégica para la conectividad ecológica, el tránsito de fauna silvestre y la conservación de ecosistemas. La contaminación lumínica y sonora, el tránsito vehicular masivo y la actividad continua las 24 horas generan afectaciones directas a la fauna, particularmente a aves migratorias que utilizan la zona como corredor y sitio de anidación, así como a playas cercanas que funcionan como áreas de anidación de tortugas marinas.

Estos impactos han sido señalados por el Centro de Rescate Alturas, el único centro de rescate de vida silvestre de la región, que ofreció al festival realizar una evaluación de impacto ambiental in situ y proponer medidas de sostenibilidad. Dicha propuesta no fue aceptada por la organización del evento.

Otra preocupación central es el manejo de residuos, que excede ampliamente la capacidad del cantón, el cual no cuenta siquiera con un diagnóstico y Plan de Manejo integral de su problemática de residuos sólidos. Esta situación se agrava por la cercanía con el Parque Nacional Marino Ballena, el tercer parque nacional más visitado del país, cuya alta visitación coincide con la realización del festival.

Asimismo, se han identificado riesgos sanitarios asociados al uso de servicios sanitarios móviles, cuyos procesos de limpieza y desinfección implican el uso de químicos que dejan residuos en el entorno. Existen además sospechas fundadas de que parte del evento se desarrolla sobre patrimonio natural del Estado y de que algunas construcciones afectan áreas de protección de cuerpos de agua, lo que explicaría cuestionamientos recientes en torno a la no otorgación de permisos, para su realización el año 2025.

En el plano social, la comunidad denuncia un incremento de problemáticas como robos, tráfico y consumo de drogas, contrabando y hechos violentos, incluyendo antecedentes de intoxicaciones graves y muertes. El Hospital Tomás Casas, único centro hospitalario de la región, ha visto incrementada su demanda por emergencias asociadas al evento, principalmente por consumo de drogas.

Vecino y vecinas han señalado “la falta de control migratorio y laboral, así como la presencia de personas menores de edad realizando trabajos en un entorno donde se expenden alcohol y drogas, en contravención de la legislación nacional”. También se señala una dinámica de apropiación cultural, mediante el uso de prácticas y sustancias asociadas a espiritualidades de pueblos originarios fuera de su contexto cultural, reducidas a una lógica de “fiesta psicodélica”.

Desde la comunidad se cuestiona además la exclusión del público nacional, dado que en ediciones recientes el festival ofreció alrededor de 7.000 entradas para público internacional y apenas unas 400 para personas nacionales, reforzando una lógica elitista y desconectada del territorio.

Ecologistas y las personas habitantes de la zona manifiestan una profunda preocupación por el acceso al agua potable, un servicio que ya se suspende de forma recurrente por horas en distintas comunidades debido a la presión inmobiliaria y a la fragilidad del sistema. La realización del festival incrementa esta presión, en un contexto donde incluso se ha denunciado el apoyo institucional sin consulta comunitaria, incluyendo la participación de la ASADA local y de algunas organizaciones nacionales e internacionales. La demanda de agua potable se multiplicaría por tres durante la semana del evento.

Las comunidades de Osa reiteran que este festival no representa un beneficio económico real, en una zona que ya es altamente visitada turísticamente, y llaman a las autoridades a evaluar integralmente los impactos socioambientales, sanitarios y culturales del evento, priorizando la protección de los ecosistemas, los derechos de las comunidades locales y la capacidad real del territorio.

Finalmente, preocupa el apoyo institucional y de algunas organizaciones sin consulta a la comunidad, incluyendo ONGs nacionales e internacionales que se presentan como aliadas en temas ambientales y de residuos. Incluso la última ha sido cuestionadas por el verdadero impacto de sus acciones y por sus alianzas con asociaciones de desarrollo y gobiernos locales en la administración de proyectos en la zona marítimo-terrestre.

Adicionalmente, las comunidades señalan que actualmente existe una solicitud de cancelación de permisos presentada ante la Municipalidad, así como la suspensión reciente de un taller convocado por el ICT para la participación ciudadana en el Plan Regulador Costero. Dicha suspensión fue solicitada por autoridades municipales bajo el argumento de que el festival era prioritario para la comunidad y que el taller tendría baja participación. Esta decisión evidencia una priorización de una actividad privada, cuyos beneficios se concentran en inversionistas privados, por encima de procesos de planificación y desarrollo comunitario fundamentales para el territorio.

  • Se hace un llamado a la Fiscalía Ambiental, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Osa y el MINAE para que atiendan sus obligaciones y ordenen la paralización del evento con base en el PRINCIPIO PRECAUTORIO, ya que no existe certeza sobre la magnitud del daño ambiental que podría generar, ni sobre si invade el área de protección de un cuerpo de agua o si se ubica dentro de Patrimonio Natural del Estado.

  • Se recuerda a estas instituciones su deber de EVITAR que situaciones de daño ambiental deriven en consecuencias ulteriores, lo cual solo puede garantizarse mediante una MEDIDA CAUTELAR, tal como ocurrió el año anterior, cuando la anterior Fiscalía Ambiental de Osa intervino e impidió la realización de este festival.

  • Asimismo, cuestionamos a las instituciones responsables para que rindan cuentas sobre el cambio de criterios que este año permite su realización.

Firman:

BLOQUE VERDE
BLOQUE AZUL
FEDERACIÓN ECOLOGISTA
APREFLOFAS
COSTA RICA POR LOS OCEANOS

Gandoca-Manzanillo: entre la denuncia ciudadana y la respuesta del Estado

La primera entrega de esta serie planteó que lo que está en juego en Gandoca-Manzanillo no es únicamente la protección de un humedal o la legalidad de determinadas construcciones, sino el Estado de derecho ambiental. En esta segunda parte conviene observar con más detalle el intercambio documental entre ciudadanía organizada y autoridades, pues allí se revela un patrón que merece atención.

Los oficios remitidos por el ciudadano Marco Levy a las autoridades ambientales plantean inquietudes concretas sobre ocupaciones, cambios de uso de suelo y actuaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Las respuestas oficiales del SINAC-ACLAC, si bien reconocen la recepción de consultas y denuncias, se ubican principalmente en el plano procedimental: informan sobre trámites, competencias y eventuales procesos administrativos, pero no disipan del todo la preocupación central sobre la eficacia del control en territorio.

La brecha entre norma y realidad

Gandoca-Manzanillo es un área silvestre protegida con un régimen jurídico específico. La legislación ambiental costarricense establece límites claros respecto a uso del suelo, protección de humedales, zonas marítimo-terrestres y áreas de especial fragilidad ecológica. Sin embargo, la discusión pública no gira únicamente en torno a lo que dice la norma, sino a si esta se cumple de manera efectiva.

Los documentos intercambiados muestran una constante: la ciudadanía insiste en la necesidad de acciones concretas frente a situaciones que considera irregulares, mientras que la institucionalidad responde dentro de los márgenes administrativos formales. Esta dinámica abre una pregunta inevitable:
¿es suficiente el cumplimiento formal de procedimientos cuando se trata de proteger ecosistemas estratégicos?

El rol de la denuncia ciudadana

Un elemento clave en esta controversia es el papel de la denuncia ciudadana. Las comunicaciones enviadas a las autoridades no surgen de un conflicto aislado, sino de una vigilancia constante sobre el territorio. Esto indica que el control ambiental en Gandoca-Manzanillo no depende exclusivamente de la capacidad institucional, sino también de la acción de personas y organizaciones que documentan, consultan y exigen respuestas.

En términos democráticos, esto es saludable: la participación ciudadana fortalece la transparencia. No obstante, también evidencia una fragilidad estructural: cuando la protección ambiental descansa en gran medida en la presión pública, se revela una posible insuficiencia en los mecanismos ordinarios de fiscalización.

Respuestas institucionales y límites operativos

Las respuestas de SINAC-ACLAC tienden a delimitar competencias, señalar procesos en curso o explicar el estado de determinados expedientes. Desde una perspectiva administrativa, esto puede considerarse adecuado. Sin embargo, desde una perspectiva ambiental estratégica, el problema es más amplio: la protección de un refugio no puede analizarse caso por caso sin observar el patrón general.

Cuando las denuncias se repiten y se concentran en una misma zona, la discusión deja de ser puntual y se convierte en estructural. La cuestión ya no es únicamente si un trámite está en regla, sino si el modelo de gestión del área protegida está siendo capaz de prevenir la degradación progresiva del ecosistema.

Más que un conflicto local

Gandoca-Manzanillo es uno de los refugios más emblemáticos del Caribe sur. Allí convergen biodiversidad, intereses económicos, presiones inmobiliarias y comunidades históricas. Lo que sucede en ese territorio tiene implicaciones que trascienden lo local: pone a prueba la coherencia del país con su propia narrativa ambiental.

Costa Rica ha construido una reputación internacional como nación defensora de la biodiversidad. Esa reputación descansa no solo en discursos, sino en la capacidad real de hacer cumplir la ley, incluso cuando existen intereses económicos o presiones políticas.

La pregunta de fondo

La secuencia de denuncias y respuestas deja planteada una interrogante central:
¿estamos ante una suma de casos aislados o ante un patrón que exige una revisión más profunda del modelo de gobernanza del refugio?

Responder a esa pregunta requiere algo más que intercambios epistolares. Requiere auditoría ambiental efectiva, transparencia en los expedientes, acceso público a la información y una evaluación independiente del estado actual del área protegida.

Si el Estado de derecho ambiental es el marco, la prueba concreta se encuentra en la capacidad de actuar con firmeza cuando los límites legales son puestos a prueba.

Esta serie continuará examinando los distintos componentes jurídicos, institucionales y territoriales que configuran la situación en Gandoca-Manzanillo.


Las imágenes que circulan en redes —como la camiones cargados con troncos transitando por vía pública— colocan el debate de la extracción de recursos de áreas protegidas en un terreno concreto: no se trata solo de interpretaciones jurídicas, sino de hechos materiales cuya fiscalización y legalidad deben ser plenamente transparentes ante la ciudadanía.

Denuncian incendio provocado en finca de líder indígena Brörán Pablo Sibar Sibar

  • Pablo Sibar Sibar es beneficiario de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

  • La finca fue objeto de un intento de venta a personas no indígenas por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba (ADI) en agosto pasado

Vecinas y vecinos de la finca San Andrés alertaron el día de ayer al defensor indígena Brörán Pablo Sibar Sibar sobre un incendio provocado por sujetos no identificados dentro de su propiedad, la cual posee legítimamente desde hace más de 13 años.

Este nuevo hecho de violencia se suma a un patrón sostenido de hostigamiento contra Sibar. El pasado 10 de agosto de 2025, dos personas no indígenas invadieron su finca alegando contar con respaldo de la ADI de Térraba, pese a que Sibar es el legítimo poseedor del terreno. Ante estos hechos, el defensor indígena presentó una petición urgente ante la CIDH para reforzar su protección, dado que es beneficiario desde 2015 de la Medida Cautelar MC 321/12.

En dicha petición se advirtió sobre un riesgo extremo e inminente contra su vida e integridad física, sustentado en un historial de amenazas, agresiones físicas, intentos de homicidio, incendios provocados en su propiedad y campañas de difamación en su contra.

La máster en Derechos Humanos Dylana Rodríguez Muñoz, coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, recordó que desde el programa se acompaña desde hace varios años a pueblos indígenas y procesos de conflictividad socioterritorial desde un enfoque de derechos humanos, y expresó su profunda preocupación ante la persistencia de hechos de violencia que continúan afectando a los territorios indígenas. El caso del compañero Pablo Sibar Sibar se suma a una serie de antecedentes dolorosos que marcan la historia reciente de estos pueblos.

Desde Kioscos se advierte que lo ocurrido no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón reiterado de agresiones contra Pablo y otras personas defensoras. Estos hechos se inscriben en una realidad más amplia de riesgo estructural en los territorios indígenas, caracterizada por presiones externas, amenazas a la organización comunitaria, afectaciones a la autonomía y vulneraciones sistemáticas contra liderazgos sociales, culturales y comunitarios.

Sobre el incendio ocurrido, Pablo Sibar señaló:

“Hoy le prendieron fuego. Habíamos tenido el acompañamiento de muchos compañeros que vinieron desde la capital y desde diferentes lugares a ayudarnos a sembrar árboles, y lamentablemente hoy se quemaron.

Esta es una lucha que llevamos desde que iniciamos los procesos de recuperación. Esta tierra que la Asociación de Desarrollo me quiere quitar, generalmente todos los años la queman. A pesar de que este año sembramos árboles y les dimos mantenimiento, el verano está demasiado fuerte y los fuegos son terribles.

Dichosamente la ‘champita’ no se quemó. Se quemaron árboles y mangueras de compañeros indígenas que llevan agua a sus casas.

Me dio mucha alegría que un pájaro estaca, que tenía más de un mes anidando, lograra sobrevivir con su polluelo, pero duele profundamente ver los árboles que sembramos con tanto amor hoy completamente quemados. Aquí seguimos: la lucha continúa y los recuperadores seguimos vivos.

Seguimos sufriendo el vandalismo de quienes nos odian y buscan minimizarnos. Esperamos que los fuegos puedan controlarse y que la gente tome conciencia de que no se puede quemar una finca porque alguien le cae mal”.

Pablo Sibar agradeció la rápida acción del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y de las personas vecinas, quienes acudieron al lugar y lograron controlar el incendio.

Finalmente se reitera la urgencia de adoptar medidas efectivas de protección y de implementar acciones que atiendan las causas estructurales de la violencia en los territorios indígenas. La protección de quienes defienden la vida, la cultura y el territorio no puede recaer en esfuerzos individuales, sino que constituye una responsabilidad institucional y un deber ineludible del Estado.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

“Therians: un análisis desde la sociología” será transmitido en vivo por UNA Comunica

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) invita a la comunidad universitaria y al público en general a la transmisión en vivo de la charla “Therians: un análisis desde la sociología”, a cargo del Dr. Guillermo Acuña González, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales.

La actividad se realizará el viernes 20 de febrero a las 9:00 a.m., mediante transmisión en vivo a través de la plataforma Facebook Live, en el espacio de UNA Comunica, Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional.

El conversatorio propone una aproximación académica al fenómeno conocido como “therians”, abordándolo desde la sociología y el análisis de las dinámicas culturales contemporáneas. La participación del Dr. Acuña González, académico e investigador en el ámbito de las ciencias sociales, permitirá situar el tema en un marco reflexivo y crítico, propio del debate universitario.

Desde la Facultad de Ciencias Sociales se promueve este tipo de espacios de diálogo público que permiten comprender fenómenos emergentes desde perspectivas científicas, contribuyendo así a la formación de criterio y al análisis informado.

La transmisión estará disponible en vivo a través de la página oficial de UNA Comunica en Facebook.

Denuncian presunto maltrato y abandono de fauna en condominio de San Rafael de Alajuela

Una serie de correos electrónicos remitidos al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) evidencian la preocupación de vecinas y vecinos del Condominio Campo Real (Concasa), en San Rafael de Alajuela, por lo que califican como una situación de abandono y posible maltrato hacia patos, tortugas y peces que habitan en un lago artificial del complejo residencial.

La denuncia fue apoyada formalmente por María Elena Fournier Solano, de la Asociación Conservacionista YISKI, quien solicitó a las autoridades competentes claridad sobre cuál institución debe asumir la atención del caso, dado que podría involucrar tanto vida silvestre como animales de origen doméstico.

El origen del conflicto

Según la información remitida por Vilma Navarrete Murillo y respaldada por otros condóminos, el lago artificial fue construido hace más de 20 años y desde entonces ha albergado varias generaciones de patos, así como tortugas y peces. Los primeros patos habrían sido introducidos como animales domésticos y criados en ese entorno.

El conflicto surge cuando la actual administración del condominio solicita intervención del SINAC y, tras inspección, se determina que las especies observadas corresponden a vida silvestre. A partir de ese criterio, se instruye a los residentes no alimentar a los animales, en apego a la normativa que prohíbe alimentar fauna silvestre.

Sin embargo, vecinos denuncian que el entorno no ofrece condiciones naturales suficientes para la auto subsistencia de las especies, ya que el lago es artificial, el agua no corre y el terreno circundante carece de vegetación adecuada. Además, aseguran que se ha restringido el acceso a áreas verdes que antes utilizaban los animales.

Se reporta incluso la muerte y lesiones de patos jóvenes tras intervenciones de personal de seguridad privada, situación que generó mayor alarma entre residentes.

La respuesta institucional

En la cadena de comunicaciones, funcionarios del Área de Conservación Central (ACC-SINAC) confirmaron que el sitio ya había sido inspeccionado desde el año anterior y que incluso se realizaron charlas sobre convivencia con fauna silvestre dirigidas a condóminos.

El funcionario Anthony Barrientos informó que se realizó inspección conjunta con SENASA y personal encargado de vida silvestre del ACC, y que el abordaje ha sido complejo debido a discrepancias entre residentes respecto al manejo de la fauna.

Desde SINAC se reiteró que alimentar fauna silvestre está prohibido por normativa vigente, especialmente en el caso de tortugas.

Las preguntas que plantea la denuncia

María Elena Fournier planteó interrogantes que reflejan el fondo ético y jurídico del conflicto:

  • ¿Debe dejarse morir de hambre a los animales si el entorno no les permite subsistir naturalmente?

  • ¿Sería viable reubicarlos en un espacio adecuado?

  • ¿Es la laguna artificial o natural?

  • ¿Existe responsabilidad por domesticación prolongada de especies que ahora son consideradas silvestres?

La activista insiste en que el problema requiere una solución integral que prevenga más muertes y sufrimiento animal, y solicita que las instituciones informen con claridad cuáles serán las acciones concretas a seguir.

Un debate más amplio

El caso abre un debate más amplio sobre:

  • La convivencia entre comunidades humanas y fauna silvestre.

  • La responsabilidad institucional ante procesos de domesticación prolongada.

  • El alcance de la Ley de Conservación de Vida Silvestre.

  • La posible aplicación de la legislación contra el maltrato animal.

  • La necesidad de coordinación entre SINAC y SENASA.

Las autoridades indicaron que están buscando abordar la situación de forma integral. Las personas denunciantes permanecen a la espera de una respuesta concreta.

Abrir las Ciencias Sociales…30 años después

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Febrero inició para la sociedad costarricense con la confirmación de una alerta que desde hace unos años tenía sus luces encendidas: el sistema político mostraba serias fracturas, el camino democrático podría llenarse de piedras y aparecerían nuevos actores que vendrían para quedarse y enturbiar el escenario de estabilidad del que gozamos hasta hace un par de décadas.

Abordar este proceso de rápidas reestructuraciones y quiebres implica enormes desafíos en la manera como hemos venido observando los cientistas sociales esa realidad.

Es impostergable de nueva cuenta falsear los esquemas de pensamiento sobre la base de nuevas evidencias que reconozcan cada vez con mayor fuerza la necesidad de entrar en procesos de transformación en la construcción de conocimiento, no solo para generarlo, sino para que este sea útil en la vida cotidiana de muchos sectores de población.

Este 2026 se cumplen 30 años de la publicación de aquel compendio de reflexiones denominadas “Abrir las Ciencias Sociales” desarrollado por la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales y coordinado por el científico social estadounidense Inmanuel Wallerstein.

Este esfuerzo significó un punto de inflexión para las ciencias sociales de entonces: había que superar los estancos disciplinarios, acometer ejercicios de diálogo entre la historia, la cultura y la economía y avanzar hacia la consolidación de procesos más reflexivos, abiertos y globales.

Constituyó una hoja de ruta que al menos en el contexto latinoamericano ha tenido sus limitaciones: las ciencias sociales enfrentan hoy su hora más crítica dado el giro conservador en muchas propuestas sociopolíticas que las observan con recelo. Hoy la amenaza para su continuidad es real ciertamente.

Enfrentar esta hora implica revisar de nuevo el marco de acción epistemológico y político de las diversas disciplinas que la conforman. En el caso costarricense requiere señalar una hoja de ruta clara para los próximos diez años en los que se deberán ampliar los diseños interdisciplinarios, las acciones concretas de impacto en las poblaciones y comunidades e incidir en una arquitectura mucho más flexible que vuelva posible la generación de los vasos comunicantes hacia adentro y hacia afuera.

Abrir, de nuevo, las ciencias sociales para abordar la complejidad que somos (violencias, desigualdades, exclusiones) es una tarea impostergable: así nos lo demanda el contexto actual.

La mayoría de diputados de Pueblo Soberano le permite actuar con cierto autoritarismo, e imposición, en la conducción de la Asamblea Legislativa

Vladimir de la Cruz

La mayoría de los diputados, 31 de 57, que tiene el Partido Pueblo Soberano le permite holgadamente dirigir la Asamblea Legislativa.

Con 29 diputados, sin transar con nadie, de ninguna otra de las fracciones que allí van a coexistir, la de Liberación Nacional, la del Frente Amplio, la de la Coalición Agenda Ciudadana y la de la Unidad Social Cristiana, necesitan sus votos para integrar todo el Directorio Legislativo y para dominar y presidir todas las Comisiones Parlamentarias.

Los grupos opositores o minoritarios ni siquiera deben preocuparse por obtener ventaja en estas decisiones. Lo mejor que pueden hacer es apoyar todos los nombramientos que ellos quieran hacer, sin ofrecerles contrincantes. No vale la pena, ni siquiera para la foto. Que se luzcan en esos puestos los diputados de Pueblo Soberano, para ver si cómo roncan, duermen.

Así pueden elegir todo el Directorio Legislativo sin compartir puestos, y sin discutir quien preside el Poder Legislativo y quien es su secretario, que son los puestos más importantes del Congreso, y sin discutir quien preside las Comisiones legislativas.

La Presidencia Legislativa es la más importante por ejercer públicamente la dirección y representación del Poder Legislativo y por ser quien, en una situación excepcional, le correspondería asumir la Presidencia del Poder Ejecutivo, por muerte y ausencia absoluta del presidente y de las dos vicepresidencias.

En el segundo caso, ausencia de las dos vicepresidencias y del presidente de la República ya sucedió, cuando el presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Antonio Pacheco, asumió por unos días, la Presidencia de la República en el gobierno de Oscar Arias Sánchez, que en su tercer año de gobierno se había quedado sin vicepresidentes y él tuvo que salir del país. Ha sido el único caso en el período de la Segunda República, 1949-2026, en que esto sucedió.

El secretario de la Asamblea Legislativa por ser, en la práctica, el jefe de Personal de todo el Poder Legislativo, de más de 900 empleados del Poder Legislativo, le sigue en importancia de nombramiento.

Los demás puestos son literalmente de relleno. Para figurar en el protocolo legislativo y constar en el currículum de quienes ocupen esos cargos.

El presidente legislativo tiene además la función de nombrar, él, solo él, si así quisiera, a todos los miembros de las distintas Comisiones Legislativas. Literalmente lo puede hacer cómo le dé la gana. Generalmente, se acostumbra a negociar con las otras fracciones legislativas la integración de sus diputados en las Comisiones, en la que a los partidos políticos les interesa estar.

En las últimas Asambleas Legislativas cuando no ha habido una sola fracción parlamentaria que por sí misma se imponga en los nombramientos y en las Comisiones, la negociación era obligatoria, sobre todo en los últimos tres gobiernos en que el partido de gobierno, ganador de las elecciones, no pasaba de los 12 diputados, como fue el caso de los dos gobiernos de Acción Ciudadana y el actual de Rodrigo Chaves, con el partido Progreso Social Democrático.

En ocasiones, a la fracción de gobierno, se le daba la Presidencia de la primera Legislatura, del primer año de gobierno, lo que no es obligatorio. Se ha hecho por cortesía política para el arranque del primer año de gobierno del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Así se hizo con el partido Acción Ciudadana.

En el caso del actual gobierno no se le dio esa cortesía en ninguna de las cuatro legislaturas, en ninguno de los cuatro años de gobierno. Quien ha presidido durante todo el período de cuatro años, y lo ha hecho muy bien, en las condiciones difíciles que se ha tenido de la relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo, ha sido Rodrigo Arias Sánchez, diputado del partido Liberación Nacional.

Mi consejo para las diputadas de la Unidad Social Cristiana y de Agenda Ciudadana, es que no se dejen embarcar en algún nombramiento de dirección de las Comisiones. Eso es amarrarles las manos y su capacidad de discusión.

Es obvio que en los próximos cuatro años solo habrá presidentes electos por el Partido Pueblo Soberano. En las condiciones de ese partido, seguramente, cada año cambiarán de presidente legislativo, porque resaltará en sus filas el ego político de los diputados que querrán tener el Honor de presidir la Asamblea Legislativa. Y de la posibilidad de sustituir a Laura Fernández si así llegare a suceder, como en el gobierno de Oscar Arias.

Aparentemente, hoy no tienen condiciones para proponer un presidente Legislativo que se mantenga por los cuatro años seguidos. No es obligatorio rotarlo, cambiarlo, pero en la actual fracción mayoritaria de gobierno ya hay más caciques que indios disputándose ese galardón y ese chicharrón.

En la lucha por presidir la Asamblea Legislativa ocasionalmente, y cada vez con mayor frecuencia, ha florecido la tesis de que una mujer la presida. En las condiciones actuales la Asamblea legislativa tiene más mujeres diputadas que hombres diputados. Es la primera vez que esto sucede, reflejando también que había más mujeres votantes que hombres votantes. ¿Por qué no pensar desde ahora que sea una mujer, aunque sea de Pueblo Soberano, la que presida al Poder Legislativo, en el primer año de arranque del gobierno de Laura Fernández, la segunda mujer en presidir al Poder Ejecutivo? Sería hasta congruente que Laura Fernández impulsara esta tesis e impulsara su propia candidata.

La fracción mayoritaria de Pueblo Soberano se constituyó con el apoyo de los grupos cristianos, no católicos, que le dieron apoyo a Laura Fernández, que se lo quitaron a Fabricio Alvarado y sus grupos conservadores. Por todo el territorio nacional estos grupos así se expresaron a favor de Laura Fernández, con el empujón y apoyo que les hadado Rodrigo Chaves. En este sentido, por amplitud política Pueblo Soberano podría promover, a la Presidencia del Congreso, al diputado Gonzalo Ramírez Zamora, quien ya ocupó en una ocasión anterior la Presidencia legislativa. Tiene la ventaja de que ha sido diputado y también presidente legislativo. Para el inicio del gobierno de Laura Fernández esto puede ser importante, porque él tiene capacidad de negociación política parlamentaria comprobada. Desde el momento mismo en que fue electo presidente parlamentario demostró esa capacidad. Además, tiene buen carácter, buenas relaciones sociales, personales y políticas, lo que le ayuda mucho. Hay que tomar en cuenta que, según la experiencia y práctica parlamentaria, los diputados recién electos se llevan casi ocho meses en aprenderse los trámites legislativos y el uso del reglamento parlamentario. Ya Gonzalo lleva eso adelantado. De todos los 57 diputados, muy pocos, entre ellos Gonzalo Ramírez, han sido diputados, y conocen ese trajín parlamentario. Los otros son duchos parlamentarios y el más destacado es José María Villalta, que inicia su tercer período de diputado. El que algunos diputados electos hayan sido ministros o funcionarios públicos no les da esa experiencia, por esa razón.

Otro grupo que se mueve en el Congreso en lucha por la Presidencia es el del diputado Nogui Acosta Jaén, quien ha sido ministro de Hacienda, uno de los hombres más cercanos al presidente Chaves y el de su mayor confianza. Tiene el carácter para presidir la Asamblea Legislativa, y la experiencia de su ministerio para atender situaciones complejas de sectores sociales y empresariales difíciles.

Un grupo de diputados que lucha por estar presidiendo la Asamblea Legislativa es el que reúne a todos los diputados, que son bastantes, que son imputados judiciales, que son sospechosos de haber cometido delitos, que son deudores del erario público y de instituciones como la CCSS. Es el grupo de los diputados imputados, que quieren dirigir el Congreso, que representa, a modo de imagen, a un sindicato mafioso, también por las vinculaciones de algunos de ellos, interesado en dominar el Poder legislativo. Hace algunos años un diputado de igual ralea intentó presidir el Congreso. Fue rechazado y su historia post legislativa demostró sus vínculos constantes con la narco mafia.

Las comisiones legislativas se dividen en permanente ordinaria, permanente especial, las especiales, los mini plenarios, donde también se pueden aprobar ciertas leyes.

De las comisiones legislativas, las de mayor importancia política son la de asuntos hacendarios, económicos, gobierno y administración, de control y gasto público, jurídicos, de consulta de constitucionalidad, agropecuarios y sociales y 13 comisiones más. Hay comisiones sobre Provincias, Regiones y asuntos particulares. Los mini plenarios son tres, cada uno de ellos con potestad legislativa que conocen proyectos de ley delegados por el Plenario Legislativo.

Puestas así las cosas es entendible que la oposición parlamentaria tiene pocas posibilidades de estar en todas las comisiones. Liberación Nacional y el Frente Amplio son los partidos que más posibilidad tendrán de atender la mayor parte de las comisiones lo que dependerá del interés de los diputados y de las fracciones. Los diputados miembros de las comisiones actúan con derecho a voz y voto en ellas. Los otros que quieran asistir solo tiene derecho a voz.

La Comisión que estudia y atiende lo del Presupuesto Nacional ha sido usual que la mayoría de los diputados sean del partido de Gobierno, para facilitar su aprobación en Comisión y así pasarlo con votos de mayoría al Plenario para su aprobación final. En este momento, si Pueblo Soberano quisiera tener la totalidad de los miembros de esa Comisión lo podría tener. Pienso, por ahora, que allí permitirán tener un representante de cada una de las otras fracciones para guardar las apariencias, sin que ellos puedan tener capacidad de decisión sobre el diseño del Presupuesto que se prepare para su aprobación en el Plenario. En cualquier caso, en esta Comisión habrá minoría opositora. De esto no queda duda.

La Discusión fuerte en la materia hacendaria nacional será en el Plenario Legislativo, y dependiendo de los temas y partidas que se reduzcan o se aprueben, el escenario también será la calle, con movilizaciones populares, sindicales y de los distintos grupos que puedan verse afectados, sectores universitarios, de salud, de educación en general, y también de salarios.

Las luchas por la defensa de los salarios y las pensiones, las luchas por la defensa de los derechos laborales, como las jornadas de trabajo, tendrán que empezarse a mover en las calles, en el escenario público, en la conciencia ciudadana, con fuerte presión en las instancias judiciales para evitar que se lesionen derechos constitucionales, legales y los derechos adquiridos no se menoscaben y violen.

Con la mayoría de diputados de Pueblo Soberano le permitirá al gobierno de Laura Fernández actuar con cierto autoritarismo político público, y por su imposición, en la conducción de la Asamblea Legislativa, se le facilitará su conducción política hacia el continuismo autoritarista político, al riesgo de su desviación hacia las formas tiránicas y dictatoriales de gobierno, sin descuidar el nepotismo político y la persecución oficial e institucional hacia ciudadanos disidentes y opositores en general.

Por ahora, hasta finales de abril, hay que concentrarse en las luchas que vienen por la presidencia de la Asamblea Legislativa, donde las aguas del partido Pueblo Soberano se mueven agitadamente, en esas direcciones, por ahora conocidas, con iniciativas de grupos internos: las mujeres, los cristianos, los de Nogui, que son los del presidente Chaves, los de los diputados y la del sindicato de los diputados ligados a los grupos narco delincuenciales, y los que la propia Presidenta Laura Fernández impulse como su tendencia.

Recordemos sus palabras la noche de su triunfo: “los diputados electos serán disciplinados”, es decir llevarán línea de gobierno, y actuarán “disciplinadamente”, sin divisiones ni fracciones, sin negociación si es necesario …tic tac, tic tac…

Del vergel al páramo: fragilidad territorial y recomposición hegemónica en las elecciones de 2026

Abelardo Morales Gamboa (*)

Los resultados de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica son la manifestación territorial de una crisis del orden sociopolítico que durante décadas sostuvo la estabilidad democrática del país. Lo que alguna vez se presentó como el “vergel” del excepcionalismo centroamericano muestra hoy densas manchas donde la integración económica, la presencia estatal y el consenso político se han deteriorado de forma visible.

Uno de los rasgos más reveladores de ese resultado fue la concentración del apoyo al Partido Pueblo Soberano (PPS) en cantones caracterizados por mayores niveles de pobreza, informalidad laboral, desigualdad y problemas de seguridad. Al cruzar los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano cantonal, se observa que varios de los cantones donde el PPS obtuvo sus mejores desempeños se ubican en los quintiles inferiores del desarrollo humano. Del mismo modo, los cantones con menor inserción en sectores económicos dinamizadores del empleo y el ingreso muestran mayor inclinación hacia opciones políticas de ruptura.

Este patrón no es un dato anecdótico. Sugiere que el voto responde a trayectorias desiguales de desarrollo. Allí donde la promesa histórica de movilidad social y protección estatal se ha erosionado, emergen con mayor fuerza opciones que cuestionan el orden político establecido.

Para comprender este fenómeno resulta útil la noción de fragilidad territorial. No se trata simplemente de pobreza o rezago económico, sino de una condición estructural donde convergen precariedad productiva, debilitamiento institucional y erosión de los vínculos simbólicos con el proyecto nacional. Son territorios donde la reproducción social depende crecientemente de economías informales, empleos precarios o transferencias públicas; donde la presencia estatal es intermitente; y donde la confianza en las mediaciones políticas tradicionales se debilita.

En varios casos, este patrón también coincide con cantones con tasas elevadas de homicidio en los últimos años. Más que establecer una relación mecánica entre violencia y voto, esta superposición sugiere la existencia de territorios donde la capacidad regulatoria del Estado se percibe limitada y donde la demanda por orden, protección y autoridad adquiere centralidad política. La violencia no explica por sí sola el comportamiento electoral, pero forma parte de una ecología territorial de fragilidad acumulada.

La hipótesis que aquí se plantea es que la geografía electoral de 2026 revela la territorialización de una crisis hegemónica. Durante la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica consolidó un bloque histórico relativamente estable que, entre otras bases, se sustentó en la expansión del Estado social, la movilidad ascendente a través de la educación pública y el crecimiento de amplias clases medias. Más allá de la alternancia partidaria, existía una narrativa compartida de progreso, institucionalidad confiable y excepcionalidad regional. La hegemonía no se reducía al control del gobierno; implicaba dirección moral e intelectual sobre el conjunto de la sociedad.

Ese bloque tuvo una base territorial concreta. La expansión de infraestructura, servicios públicos, crédito agrícola y empleo estatal permitió integrar progresivamente regiones rurales y urbanas al proyecto nacional. La promesa de movilidad social tuvo fundamentos materiales reales. Sin embargo, esta articulación comenzó a erosionarse con la reestructuración económica asociada a la apertura comercial, la globalización y la transformación del régimen de acumulación.

El nuevo patrón productivo se orientó hacia sectores altamente integrados a mercados globales —zonas francas, servicios empresariales, exportaciones especializadas— reduciendo la centralidad del mercado interno y debilitando la articulación tradicional entre capital nacional y Estado social. El resultado fue una diferenciación creciente entre territorios dinámicamente conectados a cadenas globales y territorios rezagados o subordinados. La integración dejó de ser progresiva y se volvió selectiva. Cada vez más, el mercado —y no el Estado— pasó a ser el principal gestor de esa transformación.

En este contexto, la desigualdad adquirió un rostro territorial marcado. Existen enclaves altamente productivos y conectados, junto a periferias rurales y urbanas donde predominan la informalidad y el empleo precario. La fractura ya no puede explicarse únicamente como urbano versus rural o centro versus periferia, sino como integración versus desconexión respecto al régimen de acumulación dominante. Allí donde el crecimiento se concentró, también se fortalecieron las oportunidades y la densidad institucional. Donde no ocurrió, se acumuló fragilidad.

Políticamente, esta transformación se hizo más visible a partir de 2014. La derrota del Partido Liberación Nacional marcó el debilitamiento del eje histórico del bloque dominante. El ascenso del Partido Acción Ciudadana fue interpretado como una renovación ética e institucional, pero la crisis fiscal, la conflictiva reforma tributaria de 2018 y el creciente malestar social evidenciaron las dificultades para reconstruir bases materiales de consenso en un contexto de desigualdad persistente.

En diversos territorios periféricos se consolidaron patrones de distanciamiento respecto a las fuerzas tradicionales. El proceso electoral de 2022, con la irrupción de liderazgos disruptivos, y el posterior ascenso del PPS en 2026 pueden leerse como momentos sucesivos de una crisis orgánica más amplia. Allí donde la integración socioeconómica era más débil, el consenso se fracturó antes y con mayor intensidad.

Este fenómeno también está vinculado a la transformación de las clases medias. Durante décadas cumplieron una función estabilizadora: moderaron polarizaciones, sostuvieron el pacto redistributivo y ofrecieron una base electoral relativamente predecible. Sin embargo, procesos de precarización, endeudamiento y diferenciación ocupacional han fragmentado este estrato. Hoy las clases medias se distribuyen en posiciones divergentes frente al mercado laboral y al Estado, generando orientaciones políticas más volátiles y menos previsibles.

La fragmentación de las clases medias debilita uno de los pilares del bloque histórico desarrollista. Al disminuir su seguridad material, también se reduce su capacidad de sostener el consenso redistributivo que legitimaba a las élites tradicionales. En ese escenario emergen nuevas alianzas entre sectores empresariales más transnacionalizados y liderazgos políticos que apelan directamente a territorios excluidos, configurando una recomposición hegemónica aún incompleta.

La dimensión territorial de este proceso es central. La desigualdad no solo implica brechas de ingreso, sino también diferencias en densidad institucional, acceso efectivo a derechos y capacidad de regulación pública. Cuando la presencia estatal es desigual, también lo es la experiencia de ciudadanía. La crisis hegemónica se expresa, por tanto, en la fragmentación territorial de los derechos y del consenso.

El resultado de las elecciones parece cristalizar estas tensiones acumuladas. En esos territorios socialmente deprimidos este no puede interpretarse únicamente como un giro ideológico hacia posiciones conservadoras o autoritarias. Más bien refleja una búsqueda de protección, orden o reconocimiento en contextos donde la promesa histórica del Estado social perdió credibilidad. Se trata de un voto situado territorialmente, arraigado en experiencias concretas de precariedad y desconexión.

Lo que emerge no es todavía un nuevo bloque histórico plenamente consolidado y tampoco democrático. El orden anterior muestra signos de agotamiento, pero la alternativa en gestación aún no logra articular un consenso amplio y duradero. El escenario resultante es de mayor volatilidad electoral, fragmentación partidaria y disputa por la definición misma de “pueblo”, “orden” y “Estado”.

La cuestión de fondo es si Costa Rica transita de un modelo de integración territorial progresiva hacia uno de integración selectiva y segmentada. Si el viejo “vergel” se transforma en un paisaje de archipiélagos de prosperidad rodeados de territorios frágiles, la cohesión democrática podría verse comprometida. La estabilidad histórica del país descansó en la capacidad de articular crecimiento económico, redistribución moderada e institucionalidad sólida sobre bases territoriales relativamente integradas. Cuando esa articulación se fragmenta, también se debilita la hegemonía que la sostenía.

Comprender el momento actual exige ir más allá de la coyuntura electoral y situar los resultados de 2026 en una trayectoria iniciada al menos desde 2014, con raíces estructurales que se remontan décadas atrás. No se trata simplemente de alternancia partidaria, sino de la transformación de las bases sociales y territoriales del poder. La fragilidad territorial no es un fenómeno marginal; puede estar convirtiéndose en el escenario privilegiado de la recomposición hegemónica.

En última instancia, el desafío para la democracia costarricense consiste en reconstruir mecanismos de integración territorial capaces de restituir bases materiales de consenso. Sin esa reconstrucción, la fragmentación espacial de la desigualdad continuará traduciéndose en fragmentación política. Las elecciones de 2026 podrían entonces recordarse no como un episodio aislado, sino como el momento en que se hizo visible la transición entre un orden que se agota y otro que aún no termina de definirse.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

La efectividad de la estrategia de continuidad del gobierno de Chaves

German Masís

Mientras muchos todavía nos preguntábamos por las razones del ascenso al poder del Partido Progreso Social Democrático y luego en los meses y años siguientes íbamos tratando de asimilar un estilo de gobierno del presidente agresivo y confrontativo, el grupo político en el poder iba tejiendo su estrategia para convertir la Administración actual en la plataforma para garantizar el triunfo en las elecciones del 2026 y consecuentemente la continuidad de este grupo en otro período gubernamental.

Si atendemos al pasado reciente, podemos identificar algunas posiciones y argumentos del Presidente y su equipo de gobierno, que iban en la dirección, de no sólo gobernar en el período 2022-2026, si no proyectar lo que sería una estrategia de continuidad, que fue anunciada prácticamente desde la primeras semanas de ésta Administración y en especial en el informe de los 100 días y en los informes anuales del Ejecutivo, en la que afirmaban la dificultad de gestionar el gobierno y la necesidad de un período más amplio para concretar la reestructuración del Estado para hacerlo “más efectivo y más ligado a las necesidades del pueblo”, según lo enunciaba el Presidente en cada acto político y en sus discursos semanales.

Entre los argumentos esgrimidos frecuentemente por el presidente, su asesora Cisneros y los delfines formados en el proceso, entre ellos la presidente electa, se encuentran algunos que eran estratégicos para los intereses de ese grupo y los cuales fueron muy efectivos para estructurar la propuesta de continuidad que fueron consolidando durante los 4 años, entre ellos están:

El primer argumento, fue que los proyectos que no se podían concretar en el período 2022-2026, como el de la Ciudad-Gobierno, el de la marina y el puerto de cruceros de Limón, el del aeropuerto de la zona Sur, el de la carretera de San Carlos y las reformas institucionales a Ministerios como el MOPT, el MAG y el MINAE, así como las instituciones autónomas, como el ICE, Recope, el INA, JAPDEVA, INAMU, el PANI y radio nacional y canal 13 (que debían ser los canales de propaganda gubernamental), se podían alcanzar si el pueblo les daba un período más en el poder, a lo que posteriormente agregaron que también se necesitarían 40 diputados para lograr todos los cambios mencionados.

El segundo fue que la oposición tiene tomada la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República y no los deja gobernar, bloquea sus iniciativas y hace una oposición negativa frente a los intereses del pueblo que el gobierno representa, por lo que se requeriría de un período amplio de gobierno, para reformar esas instancias y ponerlas a funcionar de manera eficiente y fluida según sus necesidades y demandas.

El tercero, sería que de los mayores errores de los gobiernos de los partidos tradicionales, el más perjudicial es el abandono por parte de las instituciones estatales, tanto centralizadas como autónomas, que incluye las universidades, de la población que vive en las zonas costeras y fronterizas en términos de prestación de servicios, infraestructura y beneficios sociales, dicha población se encuentra marginada del desarrollo y de las oportunidades, de ahí que la posibilidad de revertir esa condición, está ligada a extender el período de gobierno a otros 4 años más.

El cuarto argumento es que el país está muy bien bajo este gobierno, la economía funciona muy bien, la pobreza se ha reducido, se está generando empleo, los indicadores macroeconómicos son excelentes, que hay crecimiento y prosperidad.

Los argumentos sociopolíticos y hasta psicológicos, de tenemos un proyecto de cambio que va a mejorar la situación de todas las personas, pero que no lo podemos realizar en 4 años, que somos víctimas de las instituciones del sistema político controladas por la oposición(los malos) que no nos dejan gobernar (a los buenos), que la situación del país es muy buena, por lo que no hay que hacer caso a los que señalan problemas que no existen (entre ellos las universidades y el Estado de la Nación), que sólo quieren desprestigiar la labor del Gobierno y que en el país los más perjudicados por los gobiernos de los partidos tradicionales han sido las personas pobres y marginadas de las zonas costeras, fronterizas y urbano marginales del Valle Central a los que este gobierno quiere ayudar, han sido argumentos que han calado fuertemente en las poblaciones populares que tienen mayores limitaciones de recursos e información (los “Básicos” como diría la diputada Cisneros), pero que habían apostado a un gobierno fuerte, directo, de mano dura, sin importar si eso implica un estilo autoritario y de concentración de poder.

Por su parte con respecto a las posiciones tácticas que el gobierno de turno tomó y le resultaron efectivas durante el período de gobierno, para crear las condiciones para la continuidad y como preparación para las elecciones del 2026, fueron las siguientes:

1. Promover e impulsar desde el primer día de gobierno, una campaña política a favor de la continuidad, que se reproducía semanalmente en las conferencias de prensa, en las visitas a las regiones y comunidades y en los discursos durante actos públicos diversos y el encuentro con miembros de otros poderes, que en los últimos meses del 2025, se constituyó en una campaña abierta y beligerante a favor de la candidata oficialista, que ni el TSE, ni la Asamblea legislativa lograron detener.

2. La cooptación de dirigentes locales y alcaldes de gobiernos locales, por lo general de cantones de las regiones periféricas, mediante una acción directa de la Casa Presidencial y de autoridades de instituciones del gobierno Central, para ofrecer recursos y obras para las comunidades de referencia de éstos, que generó un apoyo y un vínculo de al menos 15 alcaldías, en una labor que en el pasado era realizada por delegados presidenciales que tenían los gobiernos de los partidos tradicionales.

3. La descalificación constante de los partidos de oposición y de sus dirigentes, utilizando todo tipo de mecanismos directos e indirectos, de burla, ofensa o vocabulario “pachotero”, que el presidente y sus seguidores adoptaron, reproduciendo según ellos la forma de comunicación del pueblo y la que es de más fácil comprensión para estar en sintonía con los sectores populares.

4. La sustitución del espacio comunal y político que tenían las iglesias evangélicas ligadas al partido Renovación y luego Nueva República, en las zonas costeras y fronterizas, a través de un enfoque de oferta y ejecución permanente de obras y asistencia desde el gobierno a las comunidades, frente a las ayudas puntuales a las familias de los fieles que aquellas les ofrecen.

La táctica del grupo en el poder para procurar la continuidad, no ha sido casual, ha sido bien orquestada, tanto para mantener la popularidad del Presidente como para montar la plataforma de apoyo a la candidata oficialista, que se resume en: hacer una campaña permanente desde el gobierno hacia la continuidad, captar el apoyo local y de los gobiernos locales en las zonas costeras, fronterizas y marginales, desprestigiar constantemente a los partidos y dirigentes de oposición y desplazar los simpatizantes del partido evangélico en esas zonas. Parece maquiavélico, pero definitivamente que la estrategia funcionó.

¿Por qué EEUU durante más de 60 años no ha invadido a Cuba?

Mg. José A. Amesty Rivera

A partir de los últimos acontecimientos en torno al recrudecimiento de EEUU hacia Cuba al insistir y continuar con el embargo a la isla, ahora prohibiendo todo tipo de ayuda solidaria, económica y bajo ninguna vía, surge la pregunta del encabezado de este artículo.

Hay muchas hipótesis, hechos y especulaciones, veamos algunas:

  • El intento en 1961, ante la invasión de Bahía de Cochinos y tratar de derrocar al gobierno cubano mediante una fuerza paramilitar respaldada por la CIA, resultó en un desastre militar y político. Este fracaso reforzó la posición del comandante Fidel Castro y llevó a los planificadores militares estadounidenses a ser mucho más cautelosos, sobre la viabilidad de una intervención directa.

  • Un año después, tras la Crisis de los Misiles en el año 1962, el presidente John F. Kennedy llegó a un acuerdo con el líder soviético Nikita Khrushchev donde EEUU se comprometió públicamente a no invadir la isla a cambio de que la Unión Soviética retirara sus misiles nucleares de territorio cubano.

Durante el punto más álgido de la Crisis de los Misiles en octubre de 1962, las Fuerzas Armadas tenían listo un esquema para la transición política post-invasión:

  • Se planeaba nombrar a un comandante y gobernador militar estadounidense para dirigir la isla temporalmente.

  • Los volantes preparados para lanzarse sobre la población advertían que «todo lo que se mueva será un objetivo» y ordenaban a los cubanos permanecer en sus casas.

  • Neutralizar en el «Día-1» a la Fuerza Aérea Cubana y sus comunicaciones, seguido de un asalto anfibio y paracaidista masivo.

  • Durante la Guerra Fría, que fue un periodo crítico de alta tensión geopolítica entre 1959 y 1990, marcado por la alineación de la Revolución Cubana con la Unión Soviética, convirtiendo a la isla en un aliado clave del bloque comunista a solo 140 km de EEUU. Cuba poseía uno de los ejércitos más numerosos y mejor equipados de la región. Estudios militares estimaron que una ocupación de la isla resultaría en un alto número de bajas estadounidenses y una resistencia prolongada. Además, estaba de por medio una posible confrontación directa con la Unión Soviética, lo que podría haber desencadenado una guerra nuclear.

  • Entonces, EEUU cambia de estrategia y en lugar de la fuerza militar, el régimen norteamericano optó y sigue optando por el embargo económico como principal herramienta, para intentar forzar un cambio de gobierno y orientación ideológica. Este enfoque busca generar presión interna a través del aislamiento financiero y comercial, evitando los riesgos de una guerra abierta.

  • Por otro lado, ante la falta de apoyo internacional, ante una invasión militar sin una provocación directa sería vista como un acto de agresión ilegal por la comunidad internacional, lo que dañaría gravemente la reputación de EEUU, especialmente en América Latina. Aunque esto no le ha importado a EEUU, ante otras invasiones a otros países.

  • Desde el punto de vista de los EEUU, a diferencia de otros conflictos, no ha existido una alternativa política interna y externa fuerte y reconocida por EEUU que garantizara un cambio de gobierno estable post-intervención. Esto podría significar que EEUU no confía en los lideres al interior de Cuba, ni en los líderes de la diáspora cubana en EEUU.

En fin, documentos desclasificados indican que el ejército estadounidense llegó a elaborar planes de ocupación, pero los análisis estratégicos sugerían que las consecuencias serían graves como la militarización de la isla, ya que, durante la época soviética, Cuba contaba con casi un millón de hombres armados y equipamiento sofisticado, como aviones de combate. Los estudios militares evaluaron que una ocupación militar costaría un número significativo de bajas estadounidenses debido a la resistencia esperada y como ya indicamos el riesgo de una guerra nuclear, es decir, un conflicto nuclear.

Con relación al embargo económico, el aislamiento económico a Cuba, esto significó un embargo total al comercio con Cuba, al inicio con excepciones para alimentos y medicinas.

En otro sentido u orientación de la búsqueda de liquidar al gobierno cubano, también se utilizó el método llamado la Operación Mangosta, que fue una campaña de sabotajes y planes de asesinato contra líderes cubanos, buscando desestabilizar el gobierno desde adentro sin una invasión formal. A diferencia de una invasión frontal, este plan, liderado por Edward Lansdale tras el fracaso de Bahía de Cochinos, se enfocaba en la guerra no convencional:

  • Planes para destruir las cosechas de azúcar, contaminar envíos comerciales y dañar maquinaria industrial.

  • El uso de propaganda masiva y el entrenamiento de «cuadros de resistencia» internos para provocar un levantamiento popular.

  • El plan autorizaba acciones encubiertas siempre que no provocaran una intervención armada directa de la URSS, para la cual EEUU no quería una guerra nuclear abierta.

Así mismo se implementó la llamada Operación Northwoods en 1962, para justificar la guerra. Esta operación fue propuesta por la Junta de Jefes de Estado Mayor norteamericano, que buscaba crear una excusa para la invasión mediante actos de falsa bandera. Entre sus sugerencias figuraban:

  • Ataques simulados a la base naval de Guantánamo y sabotaje de barcos estadounidenses.

  • Terrorismo en ciudades de EEUU, incluyendo explosiones en Miami y Washington D.C., culpando a agentes cubanos.

  • Derribo falso de aviones civiles estadounidenses o ataques a barcos de refugiados cubanos para generar indignación pública.

En 1963, se llevó a cabo lo que se denominó el Plan de Contingencia que consistía que incluso después de la Crisis de los Misiles, el Pentágono mantuvo planes para responder a «provocaciones«, como el hostigamiento a la base de Guantánamo o ataques a aviones estadounidenses. Estos planes incluían la evacuación de civiles en menos de 24 horas para preparar la isla como campo de batalla.

En tiempos más recientes, han surgido otras perspectivas sobre por qué se mantiene la no intervención:

  1. Una intervención militar podría ser contraproducente, uniendo al pueblo cubano contra un invasor externo en lugar de fomentar un cambio interno.

  2. Se argumenta que el pueblo cubano busca “libertad”, pero no necesariamente a través de una intervención militar extranjera.

Como resumen, de estos intentos de subyugar al gobierno cubano y su revolución cubana, nos identificamos con las palabras del escritor y educador popular, Doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana Ariel Dacal Díaz, al señalar: “El Estado norteamericano nunca ha mirado a Cuba en condición de igualdad, de derecho y de soberanía. La ha tratado, al igual que al conjunto de las naciones latinoamericanas, como objeto de sus intereses. El desprecio moral, los intentos de imposición política, la objetualización de la nación cubana por parte del imperialismo norteamericano antecede a la etapa socialista, y la precedería, llegado el caso. Es aconsejable que la bisoña burguesía cubana tome nota”.