El pasado sábado 11 de noviembre en la comunidad de La Gamba de Guaycará de Golfito, en alianza con la Asociación de Desarrollo de La Gamba y el Programa de Gestión Local de la Dirección de Extensión Universitaria de la UNED, se llevó a cabo el encuentro de personas Gestoras Locales del Pacifico Central y Sur-Sur.
Contó con la participación de personas de los cantones de Orotina, Quepos, Parrita, Puntarenas, Miramar, Garabito, Puerto Jiménez, Golfito y Osa. Además, acompañaron al encuentro personas gestoras del Valle Central, Abangares y la Red Pluricultural de Pueblos Indígenas.
Durante la jordana participaron instituciones y organizaciones locales, como el Patronato Nacional de la Infancia, el Centro Estratégico para la Península de Osa, Fundación Corcovado, ANEP JUDESUR, Centro de la Persona Joven y Fundación Misión Tiburón y representantes del Gobierno Local de Golfito. En cuanto a la representación de las Sedes Universitarias de la UNED, acompañaron el evento personal y jefaturas de sede de Osa, Parrita y Ciudad Neilly.
Este espacio tuvo por objetivo la reflexión sobre las problemáticas que afrontan los territorios del Pacifico Sur y Sur-Sur, temas relevantes del encuentro fueron: la creación de alianzas estratégicas, temas de seguridad comunitaria, la necesidad de gestar acciones contra la discriminación y otras formas de violencia, temas sobre reivindicación de derechos culturales, los desafíos de la participación ciudadana, la autonomía de las comunidades y la tenencia de tierra, fueron algunos de los temas reflexionados por las personas gestoras locales.
La jordana estuvo acompañada por espacios de convivencia con personas de la comunidad por medio de cenas comunitarias, recreación, poesía, tradición oral de pueblos originarios, conversatorios con instituciones, reflexiones emotivas entre personas gestoras, las cuales se evidencian en el comentario del gestor local de Costa de Pájaros, Alexander Sarria:
Muchas gracias, a la universidad la UNED, coordinadores, profesores y profesoras, por su profesionalismo, entrega y responsabilidad, para poder coordinar y llevar a cabo y con gran éxito tan importante y hermoso encuentro de gestores locales, de diferentes lugares del país. El cual es sumamente importante para poder destrabar esos grandes problemas que aquejan durante décadas a pueblos de lugares olvidados por muchos gobiernos. Sólo se puede llevar a cabo volviendo a motivar esos grandes potenciales y hermosos seres humanos que trabajan sin esperar nada cambio sólo con el ánimo de ver una nueva Costa Rica.
A la zona sur, al pueblo La Gamba y a todos mis compañeros y amigos. ¡Muchas gracias, Dios los Bendiga por todo!
Como producto principal del encuentro se construyó un manifiesto por parte de las personas gestoras locales hacia CONARE, solicitando una serie de necesidades de acompañamiento y capacitación en pro de apoyar las acciones que desde las distintas organizaciones comunitarias se realizan.
Estamos viendo consternados e impotentes lo que viene ocurriendo en el cercano oriente la forma más descarnada de violencia se expone ante nuestros ojos, esta escalada diaria ya ha traído como consecuencia personas inocentes secuestradas, la muerte de cientos de ciudadanos civiles y de niños en Palestina e Israel en circunstancias injustificables. En el caso palestino algunos analistas inclusive mencionan que lo que se estaría constituyendo en Gaza es el delito que en el Derecho Internacional se conoce como genocidio contra el pueblo palestino ¡Nos negamos a permanecer callados frente a este tipo de barbarie!
Lo que vemos son bandos extremos enfrentados incapaces de entenderse, en el medio a la población que sufre las consecuencias y en la sombra a quienes lucran con la violencia y hacen sus cálculos respecto a cuánto ganan con esta guerra, a los fabricantes de armas, reconstructores, a la banca financiera, y a quienes toman decisiones geopolíticas que los benefician. Vemos pues que mientras los bandos se enfrentan y otros se benefician las grandes mayorías, los ciudadanos de a pie sufren las desastrosas consecuencias que vemos ante nuestros ojos.
Hurgar en las razones que han llevado a las partes en conflicto a esta guerra sin sentido puede ser largo y tedioso y ser fuente de división entre quienes lo único que aspiramos es a un mundo sin violencia en la que podamos ver en el vecino y en el “enemigo” a otro ser humano como nosotros con aspiraciones y esperanzas de que un mundo mejor es posible. Sabemos sin embargo que si no superamos el miedo al otro y damos pasos a la reconciliación personal y social no superaremos esta etapa de la historia humana.
El Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización hace un llamado a la ciudadanía a la necesidad de poner por delante el sentido común, a dejar los bandos en los que nos vemos arrastrados y que nos llevan a justificar acciones indeseables y por el contrario levantar la bandera de la paz y la noviolencia activa colocando la vida humana en el centro de nuestras aspiraciones. Invitamos a accionar en nuestro medio inmediato difundiendo el mensaje de la paz y la acción noviolenta en todas las organizaciones sociales e instituciones, clubes, colectivos, grupos, ciudadanos indignados y sensibles; igualmente agradecemos las acciones que vemos en favor de la paz y el respeto a la vida humana desde los pueblos de Israel y Palestina; y en especial a imaginar que otro mundo es posible.
¡Acciona por la noviolencia, la Paz y el respeto por la Vida Humana!
Andrés Chavarría Sevilla Estudiante de Economía en la Universidad Nacional
Todos sufrimos los impactos de la pandemia por COVID-19: desde el desempleo, el deterioro de la salud mental, el aislarse socialmente hasta el enfrentar la pérdida de un ser querido por causa de la enfermedad. Pese a estas dificultades, existen personas que se reinventan y luchan por salir adelante junto con su familia y comunidad. Este es el caso de isla Venado y sus numerosos proyectos económicos, incluyendo el innovador Restaurante flotante.
Tuve la dicha de visitar la isla los días 11 y 12 de mayo de 2023 como parte de una gira académica del curso Extensión Universitaria para la Transformación Social. Como parte de varios conversatorios, aprendí lo difícil que ha sido la vida en una zona tan periférica del país: enfrentarse al analfabetismo y a la dificultad de completar la educación secundaria, adaptarse ante nuevas regulaciones que dificultan la pesca (hasta hace unos años, única actividad económica de la isla), luchar para mejorar el acceso al sistema de salud desde una isla, reinventarse para sobrevivir económicamente a cambios tan bruscos en los últimos años, entre otros.
Los pobladores de la isla son conscientes del impacto del ser humano sobre el medioambiente. Por ello, han dirigido sus proyectos económicos teniendo en mente no dañar irresponsablemente a la naturaleza. Ante estas limitaciones, ¿cómo isla Venado logró prosperar económicamente? Los isleños notaron el alto potencial turístico de la isla, y decidieron aprovechar esta ventaja comparativa.
La cooperativa COOPEACUICULTORES R.L., de la que forma parte el proyecto del restaurante flotante, lleva varios años en funcionamiento. Esta asociación también practica el cultivo de mariscos, proyecto que evita la pesca de arrastre en el Golfo de Nicoya y permite la recuperación de la vida marina de la zona: más de 1000 personas se benefician del proyecto del camarón.
Además, los pescadores locales vieron en el turismo la clave para desarrollarse sin perjudicar a la naturaleza: durante la gira, nos comentaron que es más rentable pasear a unos turistas en lancha que ir al mar a pescar. De la mano con el auge del turismo, han aumentado de dos a más de veinte las cabinas disponibles para los turistas que quieran hospedarse en la isla; e incluso se ofrecen tours de avistamiento de aves.
Es innegable que la isla ha trabajado arduamente por conseguir un mejor desarrollo, pero no todas las adversidades han sido superadas y todavía existen puntos de mejora. Ellos luchan por reducir la contaminación de los alrededores, ampliar el cultivo de camarón y otras especies, proteger aún más el golfo de Nicoya para lograr una mayor recuperación del daño ocasionado por la sobreexplotación de los recursos naturales, aumentar la capacidad de los paneles solares para tener suficiente suministro eléctrico después del atardecer, mejorar su acceso a los servicios de salud, y brindarles a sus nuevas generaciones una educación con consciencia ambiental.
Isla Venado es un claro ejemplo de que sí se puede. Una comunidad rural y periférica del país nos da una importante lección: conseguir el desarrollo económico sin perjudicar imprudentemente al medioambiente es posible. Ellos logran aprovechar su alto conocimiento empírico para buscar y emplear herramientas que les ayuden a afrontar sus problemas. Estos saberes propios se ven impulsados por el conocimiento científico aportado por los proyectos de extensión e investigación de la Universidad Nacional, que en vez de imponerse e invadir lo autóctono, buscan la forma de complementarse e impulsar el desarrollo socioeconómico anhelado por la isla.
Es importante mencionar que pese a que ellos reciben con las manos abiertas a quien guste realizar turismo en la zona o incluso al personal de instituciones públicas, durante la visita se debe tener precaución de no realizar una invasión cultural. Una vez se llega a la isla, resulta tentador preguntar e incluso cuestionar desde la cosmovisión personal a los locales. Por ejemplo, es preferible evitar asumir cómo ellos reaccionarán ante un cambio unilateral en el itinerario: puede que para lo que nosotros sea una leve modificación, para ellos implica un reto al cambio o a la potencial incomodidad.
Finalmente, es claro que todos enfrentamos situaciones difíciles en nuestras vidas, en ocasiones es necesario reinventarse completamente para salir adelante. Esto es difícil, mas no imposible: la comunidad de isla Venado ya lo demostró y lo sigue demostrando. Más allá de simplemente conformarse con las ayudas económicas que reciben, luchan por avanzar en el desarrollo de la isla: mejorar la educación de escuelas y colegios, ampliar el atractivo turístico, y heredarles a sus hijos una mejor isla sostenible en armonía con el medioambiente.
Tradición anual se realiza en Térraba de Buenos Aires
Del 24 de diciembre al 02 de enero
La comunidad indígena de Térraba de Buenos Aires se prepara para celebrar una de las tradiciones ancestrales más importante a nivel cultural como lo es el Sögra Cuomgrá, la danza de los Bröran.
Es una ceremonia ritual a los espíritus que guardan y cuidan a este pueblo y a su territorio.
Durante 8 días, la comunidad rinde tributo a través de la energía de los jóvenes, sus gritos, bailes y juego. Se alimentan con la sagrada bebida del Oshö que llena a este pueblo de alegría para seguir danzando.
Esta ceremonia es un espacio propicio para fortalecer la convivencia del pueblo brörán los cuales celebran la vida, la armonía con el universo dónde se consideran uno más en la creación de la naturaleza.
De acuerdo con la oralidad antigua de esta comunidad indígena, la cultura bröran existe desde el nacimiento del arco iris dónde brotaron rayos de alegría y luz para dar paso a la vida a de sus antepasados y así será de generación en generación «hasta que muera el Sol».
Se extiende la invitación a los amigos de la cultura bröran y allegados para que asistan a compartir juntos de esta festividad ancestral.
Organiza e invitan: – La Comisión de las fiestas tradicionales 2023-2024. – La Comisión de Cultura del Consejo de Mayores. – La Organización de Mujeres Mano de Tigre.
Según la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año 2021 se registró casi doce millones de personas privadas de libertad a nivel mundial.
Expertos internacionales analizarán desde Costa Rica los principales retos para abordar de manera integral la prevención de tortura y vulneración de derechos.
Mediante el encuentro internacional de la Asociación de Defensorías Públicas de América Latina y el Caribe (AIDEF), expertos y especialistas, examinarán las principales problemáticas que enfrentan las personas privadas de libertad en la región y el desarrollo de políticas públicas para prevenir la vulneración de sus derechos.
Según datos del Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, al 12 de noviembre del 2023, nuestro país alberga una población carcelaria de 15635 personas en el sistema cerrado y 2205 personas en el sistema semi institucional.
Al 30 de junio del 2023, la Unidad de Ejecución de la Pena de la Defensa Pública de Costa Rica, reportó un circulante de 7617 causas, lo cual hace fundamental la presencia activa y directa de los defensores y defensoras de la materia, en los distintos centros penitenciarios del país.
Este y otros temas de gran relevancia nacional se analizarán en el “Encuentro Internacional de Defensorías Públicas de América Latina, 20 años de la AIDEF en defensa de los Derechos Humanos”, el cual se realizará los días 22 y 23 de noviembre a partir de las 8:30 a.m. en el Auditorio Miguel Blanco Quirós, en el edificio del Organismo de Investigación Judicial, Primer Circuito Judicial de San José.
La AIDEF es una asociación de defensorías públicas que tiene como objetivo, entre otros, defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos, establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas y de las Asociaciones de Defensores Públicos de las Américas y el Caribe, fortalecer la independencia y autonomía funcional de las Defensorías Públicas, para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la defensa de las personas.
Sobre este encuentro el director de la Defensa Pública de Costa Rica, Juan Carlos Pérez Murillo puntualizó que es una oportunidad para conocer la forma en que otros países están abordando la problemática carcelaria, otros temas de interés, así como las dificultades que enfrentan las personas migrantes en todos los países latinoamericanos.
Participan expertos como el Dr. Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Patricia Laurenzo Copello, especialista en derechos humanos y temas de género y el Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni, Ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Litigar con perspectiva de género, los desafíos en la protección de las personas en contexto de movilidad, acceso a la justicia y retos de las defensorías públicas de la región, son otros de los temas a desarrollar.
La actividad es organizada por la Defensa Pública de Costa Rica, la Asociación Interamericana de Defensoría Públicas (AIDEF) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidad para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).
Foto extraída de esta nota de prensa titulada «Pro Palestinian activists occupying international court entry, demanding action against israeli leader», APNews, edición del 23/10/2023
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
El pasado 17 de noviembre, Sudáfrica anunció una acción conjunta con otros cinco Estados ante la Corte Penal Internacional (CPI): el objetivo de esta iniciativa es el pedir a la Fiscalía de la CPI iniciar un trámite urgente ante el drama humano que se vive en Gaza desde el 7 de octubre del 2023 (véase breve nota publicada en el sitio especializado de Jurist.org).
En el anuncio oficial hecho por Sudáfrica, se lee que:
«South Africa, along with like-minded States Parties, i.e., Bangladesh, Bolivia, Venezuela, Comoros and Djibouti, as state parties to the Rome Statute, submitted a joint referral of the situation in Palestine to ensure that the ICC pays urgent attention to the grave situation in Palestine and thereby, lending their support to the Prosecutor’s investigation. Venezuela will petition the court in writing to join the submission».
El último ejercicio colectivo de este tipo registrado fue la carta conjunta remitida a la Fiscalía de la CPI por 38 Estados el 2 de marzo del 2022, a raíz de la agresión militar de Rusia a Ucrania (véase carta enviada por Reino Unido en nombre de 38 Estados): por parte de América Latina, figuran en esta carta colectiva Colombia y Costa Rica.
Un comunicado de prensa vehemente de Sudáfrica
De manera a conocer de mejor manera la intención de Sudáfrica al hacer este anuncio, el comunicado oficial (véase enlace) se lee de la siguiente manera (reproducción integral):
«South Africa, along with like-minded States, submits joint referral of the situation in Palestine to the ICC
Media Statement
17 November 2023
South Africa, along with like-minded States, submits joint referral of the situation in Palestine to the ICC
On 17 November 2023, South Africa referred the situation in the State of Palestine to the Office of the Prosecutor (OTP) of the International Criminal Court (ICC), pursuant to Article 14 of the Rome Statute. The referral was delivered in person by South Africa’s ambassador in the Hague, His Excellency Mr Vusi Madonsela.
The Palestine situation was referred by the State of Palestine in 2018 and the Prosecutor of the ICC opened an investigation in 2021 after Pre-Trial Chamber I of the ICC confirmed that the territorial jurisdiction of the situation includes Gaza and the West Bank, as well as East Jerusalem. This is after a number of countries sought to block the referral by the Palestinian Authority by challenging the court’s jurisdiction with regards to the situation in Palestine.
This investigation is ongoing, and the prosecutor, Mr Karim A.A. Khan has confirmed that Rome Statute crimes committed since 07 October 2023 form part of the OTP’s investigation.
South Africa, along with like-minded States Parties, i.e., Bangladesh, Bolivia, Venezuela, Comoros and Djibouti, as state parties to the Rome Statute, submitted a joint referral of the situation in Palestine to ensure that the ICC pays urgent attention to the grave situation in Palestine and thereby, lending their support to the Prosecutor’s investigation. Venezuela will petition the court in writing to join the submission.
South Africa is further encouraging other States Parties to the Rome Statute to join the referral, or to submit separate referrals independently.
South Africa remains committed to ending impunity for war crimes, crimes against humanity and genocide, and it is hoped that the situation in Palestine will be prioritised by the ICC in order to deliver justice to the victims of these grave crimes.
Issued by the Department of International Relations and Cooperation»
Como se recordará, Sudáfrica recientemente optó por alzar fuertemente la voz como varios otros Estados, ante las acciones desproporcionadas e indiscriminadas de Israel en Gaza. Ya sea suspendiendo sus relaciones diplomáticas con Israel o bien llamando a consultas a sus respectivos embajadores, o bien emitiendo fuertes comunicados oficiales en señal de repudio a la acción israelí en Gaza: véase al respecto nuestra nota titulada «Gaza / Israel: algunos apuntes con relación al anuncio por parte de Bolivia de romper sus relaciones diplomáticas con Israel y al llamado a consultas de embajadores por parte de Chile, de Colombia y de Honduras».
En el hemisferio americano, después de Bolivia, Chile, Colombia y Honduras, fue Belice el que anunció suspender todo tipo de relación oficial, sea a nivel diplomático, sea a nivel consular, con Israel. Véase su comunicado oficial del 14 de noviembre del 2023 en el que se lee que:
«a. The Government of Belize is withdrawing its Agrément for the accreditation of H.E. Einat Kranz-Neiger, Israel’s Ambassador Designate to Belize;
All activities conducted by the Israeli Honorary Consulate in Belize and the appointment of the Honorary Consul are suspended;
The Government of Belize is further suspending all activities of Belize’s Honorary Consulate in Tel Aviv, Israel and withdrawing the appointment of its Honorary Consul and
The Government of Belize is also withdrawing its request for accreditation of Mr. Jonathan Enav as Belize’s Honorary Consul.
Belize renews its call for an immediate ceasefire in Gaza, unimpeded access to humanitarian supplies into Gaza and the release of all hostages».
La intensidad de los bombardeos de Israel sobre Gaza cobran una particular relevancia desde que se filtró recientemente en la misma prensa israelí un informe secreto elaborado por las máximas esferas militares en Israel: véase al respecto este artículo de prensa publicado el pasado 3 de noviembre en España (cuya lectura completa recomendamos) y titulado «Un documento israelí filtrado propone deportar a 2 millones de palestinos de Gaza, y apunta como uno de los destinos a España«.
Una acción colectiva destinada a ampliarse
La misma Sudáfrica en su comunicado lanzó un llamado a los demás Estados Parte al Estatuto de Roma, al precisar su comunicado que:
«South Africa is further encouraging other States Parties to the Rome Statute to join the referral, or to submit separate referrals independently».
A esta gestión conjunta contestó formalmente el Fiscal de la CPI unas horas después (véase comunicado oficial colgado en el sitio de la CPI). En este texto se lee en particular que:
«In accordance with the Rome Statute of the International Criminal Court, a State Party may refer to the Prosecutor a situation in which one or more crimes within the jurisdiction of the Court appear to have been committed requesting the Prosecutor to investigate the situation for the purpose of determining whether one or more specific persons should be charged with the commission of such crimes.
In receiving the referral, my Office confirms that it is presently conducting an investigation into the Situation in the State of Palestine. This investigation, commenced on 3 March 2021, encompasses conduct that may amount to Rome Statute crimes committed since 13 June 2014 in Gaza and the West Bank, including East Jerusalem. It is ongoing and extends to the escalation of hostilities and violence since the attacks that took place on 7 October 2023. In accordance with the Rome Statute, my Office has jurisdiction over crimes committed on the territory of a State Party and with respect to the nationals of States Parties«.
Cabe precisar que únicamente los Estados Parte al Estatuto de Roma están habilitados para unirse a esta solicitud de carácter urgente a la Fiscalía de la CPI: véase lista oficial de los 124 Estados Partes.
No está de más señalar que en una reciente cumbre conjunta celebrada en Arabia Saudita el 12 de noviembre del 2023, la declaración final adoptada por los Estados participantes (véasetexto completo) incluye el siguiente punto:
«Call on the Prosecutor of the International Criminal Court to complete the investigation into war crimes and crimes against humanity being committed by Israel against the Palestinian people in all the occupied Palestinian territories, including East Al-Quds. We assign the General Secretariats of the OIC and the Arab League to follow up on the implementation of this investigation and establish two specialized legal monitoring units to document Israeli crimes committed in the Gaza Strip since October 7, 2023«.
El derecho penal internacional: un ámbito particularmente temido por Israel (y su incondicional aliado norteamericano)
Como es sabido, el derecho penal internacional constituye una rama del derecho internacional público. Su objetivo es sancionar penalmente a individuos que, en el ejercicio de sus funciones oficiales, ordenaron, instigaron o permitieron la comisión de actos particularmente graves: los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio.
Adoptado en 1998 el Estatuto de Roma (véase texto completo), instrumento jurídico a vocación universal que crea la CPI, este tratado entró en vigor en abril del 2002. Es notorio que Israel fuera uno de los primeros Estados en suscribir con Estados Unidos en agosto del 2002 un «Acuerdo Bilateral de Inmunidad» (ABI) tendiente a evitar que personal civil y militar israelí y norteamericano pudieran ser remitidos a la CPI en caso de ser objeto de una orden de captura por parte de la CPI (véase textode este ABI).
Posteriormente, muchos otros Estados sucumbieron a las presiones de todo tipo ejercidas por la diplomacia Estados Unidos para suscribir los denominados «ABI», con una notable excepción: Costa Rica.
Desde sus inicios, la CPI ha sido percibida como una verdadera amenaza por parte de las autoridades israelíes. Y no sería la primera vez que teme a la CPI debido a sus acciones militares desproporcionadas e indiscriminadas en Gaza.
Con relación a la ofensiva militar en Gaza del 2009, se leyó unos años después que durante una conversación con diplomáticos norteamericanos (véase cable del 23 de febrero del 2010 de la Embajada norteamericana en Tel Aviv publicado por Wikileaks) la siguiente infidencia por parte del coronel Liron Libman:
“Libman noted that the ICC was the most dangerous issue for Israel and wondered whether the U.S. could simply state publicly its position that the ICC has no jurisdiction over Israel regarding the Gaza operation”.
El coronel Liron Libman, alto funcionario israelí, era (y sigue siendo) un gran conocedor de las reglas que imperan en el derecho internacional: ostentó durante muchos años el cargo de Jefe del Departamento de Derecho Internacional del Ejército de Israel (IDF).
Cabe recordar que en setiembre del 2018, la CPI tomó nota (a su manera) de las amenazas (insólitas) proferidas en contra de sus integrantes y de su personal por parte de Estados Unidos: remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota titulada «Corte Penal Internacional (CPI) toma nota de amenazas hechas por Estados Unidos«, en cuya conclusión nos permitimos señalar que:
«No se tiene registro de amenazas de este tipo recibidas por parte de un juez internacional en el pasado, y es probable que estas declaraciones guarden relación con el siguiente hecho: nunca en la historia Israel había contado con una administración norteamericana tan solícita y tan atenta a sus pretensiones«.
En junio del 2020, cuando Estados Unidos anunció oficialmente tomar sanciones contra el personal de la CPI, nos permitimos indicar (véase nota) que:
«La línea de tiempo no se adecúa a la explicación dada en algunos medios de prensa (véase por ejemplo esta nota explicativa de l´Express en Francia o esta nota más reciente de Voice of America) que ponen – casi al unísono – el accento en las investigaciones de la CPI relacionadas a Afganistán para justificar esta reciente reacción norteamericana. Esta nota publicada en Israel este 25 de junio indica más bien un nerviosismo creciente que inclina a pensar que las sanciones norteamericanas contra la CPI tienen otro objetivo«.
El hecho que Israel fuera el único Estado del planeta en celebrar públicamente la decisión del entonces Presidente Donald Trump de junio del 2020 confirma que tenía un interés particular en esta inédita decisión tomada por la administración norteamericana (véase nota del Times of Israel titulada «Netanyahu hails Trump for announcing sanctions against ‘corrupt’ ICC«).
Finalmente, resulta oportuno traer a la memoria que cuando una Sala de lo Preliminar dictaminó (véase texto de la decisión) en febrero del 2021 que la Fiscalía de la CPI está perfectamente habilitada desde el punto de vista jurídico para investigar lo que ocurre en todos los territorios palestinos ocupados, sin excepción de ningún tipo, las máximas autoridades de Israel no encontraron otro argumento que acusar de «puro antisemitismo» a los jueces de la CPI (véase artículo del Times of Israel con declaraciones del Primer Ministro israelí).
ABI y Costa Rica: pequeño recuento de una solitaria resistencia
Más allá de las gesticulaciones habituales del aparato israelí que ya no impresionan mayormente, este pequeño acápite pretende traer a la memoria un episodio poco divulgado: en el caso específico de América Latina, Costa Rica fue el único Estado en Centroamérica en resistirse a firmar con Estados Unidos un ABI) en el período 2005-2006, de los más de 100 suscritos por Estados Unidos para evitar que su personal militar o civil pudiese ser entregado a la justicia penal internacional (véase el listado de los ABI suscritos por Estados Unidos).
Al respecto, el tipo de presiones ejercidas por los diplomáticos norteamericanos en los años 2005 y 2006 al más alto nivel en Costa Rica y las respuestas a sus peticiones pueden analizarse revisando estos cables confidenciales (véase cable 1 , cable 2 y cable 3 ) que fueron dados a conocer por Wikileaks. En el segundo de estos cables, se puede leer que:
«After the meeting, however, Arias’s running mate Laura Chinchilla asked for a copy of the U.S.-Colombia Article 98 agreement, which we have since provided her«.
En esta publicación del 2012 de la Universidad para la Paz (véase texto completo ), el excanciller de Costa Rica Bruno Stagno Ugarte, en su artículo titulado «Defendiendo la integridad del Estatuto de Roma: los altos y bajos del caso de Costa Rica, 2002-2008«, desmenuza el impacto de las sanciones a las que fue finalmente sometida Costa Rica por mantenerse fiel a los principios sobre los que se fundamenta la CPI (artículo en pp. 304-331).
Se trata de un acontecimiento poco conocido y analizado, sobre cuán dañina resultó para Costa Rica la pretensión de la administración norteamericana, intentando por todos los medios torpedear los alcances del acuerdo logrado en Roma en julio de 1998 por parte de la comunidad internacional. A su vez, este episodio refleja para este caso específico, la solidez demostrada por la diplomacia de Costa Rica que resistió a las presiones norteamericanas, manteniendo incólume su total apoyo al espíritu y a los principios plasmados en el Estatuto de Roma.
El llamado de Sudáfrica al mundo ante la insensatez de la acción israelí
Es muy probable que esta iniciativa conjunta de Sudáfrica y otros cuatro Estados sea acompañada en los días venideros por otros Estados Parte al Estatuto de Roma, en aras de intentar frenar la campaña de bombardeos incesantes a los que Israel procede sobre Gaza desde la tarde noche del pasado 7 de octubre, causando muertos y heridos en dramáticos números nunca antes observados en Gaza, y destruyendo la ya sumamente débil infraestructura civil existente.
Cabe añadir que los periodistas son blancos militares de Israel, contabilizándose ya 48 muertes de personas en Gaza (y en el Sur del Líbano), cuya labor informativa se ha visto interrumpida (véase informe al 19 de noviembre del Committee for Protection of Journalists): al parecer, se trata de una estrategia tendiente a evitar que se documente y que se informe de manera independiente sobre el alcance del drama que vive la población civil en Gaza. En una reciente emisión de France 24, los analistas invitados señalan el control total de la información que circula sobre la realidad en Gaza: véase video de France24, emisión Le débat, del 20 de noviembre del 2023 titulado «A Gaza, la maitrise de la communication est entierement entre les mains des israéliens«.
Aunado a todo ello, la privación de agua y de suministro energético a la población civil de Gaza condenan a una muerte segura a muchos heridos que yacen en hospitales parcialmente destruidos y con pocos medicamentos, personal y facilidades para atenderlos.
En el último informe de situación elaborado por las Naciones Unidas (al 17 de noviembre) se lee (véase informe completo) sobre este punto preciso que:
«No humanitarian supplies were confirmed to have entered Gaza on 17 November, as of 18:00, for the third consecutive day. This is due to UNRWA’s inability to receive and distribute additional loads, because of its lack of fuel, compounded by the shutdown of telecommunications. However, one truck carrying a small amount of fuel is said to have gone in, pending confirmation.
The World Food Programme (WFP) has reported an increase in cases of dehydration and malnutrition and warned about the threat of starvation due to the collapsed food supply chain and insufficient aid delivery. Only 10 per cent of necessary food supplies have entered Gaza since the beginning of the hostilities.
On 17 November, for the third consecutive day, Israeli troops, accompanied by tanks, operated within the Shifa hospital compound in Gaza city. According to hospital administrators, since 11 November, 40 patients, including four premature babies, have died in the hospital due to the lack of electricity«.
En este mismo informe de Naciones Unidas, elaborado por la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios (OCHA) en los territorios palestinos ocupados (véase enlace oficial de la OCHA), se indica que que son más de 4500 los niños palestinos que han fallecido en Gaza, y más de 3000 las mujeres que perdieron la vida en Gaza desde el 7 de octubre. A estas dramáticas cifras, se añade una dolorosa y persistente interrogante, al haber pasado ya seis días sin que las autoridades sanitarias de Gaza puedan actualizar sus cifras:
«Since 11 November, the Ministry of Health (MoH) in Gaza has not updated casualty figures. Their reported fatality toll as of 10 November at 14:00 (latest update provided) stood at 11,078, of whom 4,506 were said to be children and 3,027 women. About 2,700 others, including some 1,500 children, have been reported missing and may be trapped or dead under the rubble, awaiting rescue or recovery. Another 27,490 Palestinians have reportedly been injured«.
Este mismo informe detalla en números las muertes ocasionadas y el número de heridos con dos operaciones aéreas israelíes realizadas los días 16 y 17 de noviembre, al señalar que:
«Two separate airstrikes in An Nuseirat, in the Middle Area, on 16 November, shortly before midnight, and on 17 November at about 11:00 a.m., hit residential buildings and resulted in a total of at least 20 fatalities and 140 people trapped under the rubble. Residents were reportedly trying to rescue those trapped with their hands and primitive tools, as Civil Defense operations had been largely halted due to the lack of fuel and the communication blackout».
En un informe anterior(al 15 de noviembre), se indicaba los efectos devastadores de cada uno de estos bombardeos aéreos, al precisar que:
«Deadly attacks over the past 24 hours included the following: on 14 November, in the afternoon, airstrikes reportedly hit Al Mohophin School, in Sheikh Radwan neighbourhood, Gaza city, killing 17 people; the same day, at about 20:30, airstrikes reportedly hit a residential building in As Saftawi area, north of Gaza city, killing 13 people, including six women; on midday 14 November, airstrikes reportedly hit a building in Al Qarara, east of Khan Yunis, killing nine people; on 15 November, at around midday, airstrikes reportedly hit As Salhi Towers area, in Nuseirat, killing 14 people«.
En el informe dado a conocer al escribir estas líneas adicionales en la tarde del 19 de noviembre (informe al 18 de noviembre), se lee sobre los efectos de bombardeos más recientes lo siguiente:
«The following are among the deadliest attacks reported in the past 24 hours, apart from those concerning the three schools mentioned above: on 18 November, at about 1:15 an apartment in Hamad town, Khan Yunis, was hit, reportedly killing 28 people and injuring 23 others; the same day, at about midday, at least ten people were reportedly killed when a building in the An Nuseirat Camp was hit; on 17 November, at about 06:00 a building in the Al Qarara area, northeastern Khan Yunis, was hit, reportedly killing 14 and injuring 20 others; the same day, at about 8:00, a building in eastern Rafah was hit, reportedly killing nine and injuring 10 others«.
A modo de conclusión
No cabe duda de que el llamado hecho por Sudáfrica a la Fiscalía de la CPI evidencia la urgencia ante el drama absoluto que vive Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre.
Este llamado debería conocer en los próximos días un eco por parte de otros Estados, ante la insensatez total del accionar israelí, que ha decidido responder al ataque que sufrió en su territorio el 7 de octubre por parte del Hamás con una acción punitiva colectiva en contra de la población civil palestina: ello en abierta y flagrante violación a los principios más básicos del derecho internacional humanitario.
Las Américas, 17 de noviembre de 2023. Organizaciones internacionales expresamos nuestro profundo rechazo a las recientes acciones de criminalización del Ministerio Público de Guatemala contra la oposición política, académicos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en el llamado caso “Toma de la USAC: botín político”.
Este nuevo abuso de poder por parte del Ministerio Público se da en un contexto de persistente judicialización del proceso electoral, cuyo objetivo final es impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera, y diputados electos tomen efectiva posesión de sus cargos el 14 de enero de 2024. La interferencia del Ministerio Público atenta una vez más contra el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, aplicando indebidamente el derecho penal a acciones legítimas de defensa de la autonomía universitaria.
El 16 de noviembre se registraron allanamientos y órdenes de captura contra 27 personas vinculadas a los movimientos sociales, estudiantiles, la sociedad civil y al partido político Movimiento Semilla en un caso relacionado con la resistencia pacífica en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), ante las anomalías que se dieron en el año 2022 en el proceso de elección de las autoridades universitarias. Todas estas personas hoy están siendo criminalizadas por su rol de denuncia de la corrupción en dicho proceso de elección y por ejercer pacíficamente la defensa de sus derechos de expresión, asociación y manifestación.
Entre las personas con órdenes de captura se encuentran el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade, defensores de derechos humanos como Ramón Cadena y Helmer Velásquez, académicos de la USAC como Hada Alvarado y Eduardo Velásquez, líderes estudiantiles y periodistas. Al momento han sido aprehendidas 5 personas: la excandidata a diputada por Semilla Marcela Blanco, Rodolfo Chang Shuma, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Javier De León y Alfredo Enrique Beber.
El Ministerio Público informó que en las próximas horas presentarán solicitudes de antejuicio contra el binomio electo de Arévalo y Herrera, contra los diputados electos por el partido Movimiento Semilla Samuel Pérez, Román Castellanos, Raúl Barrera y contra los diputados Aldo Dávila, Adán Pérez y Carlos Taracena; lo anterior por haber estado en las instalaciones de la USAC haciendo manifestaciones en conferencia de prensa.
El Ministerio Público profundiza así su estrategia de criminalización enfocada hace años contra operadores de justicia, periodistas, y otras personas defensoras de derechos humanos. La actuación abusiva del Ministerio Público ha sido reconocida a nivel internacional en más de cinco ocasiones por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución el 15 de noviembre de 2023 expresando su grave preocupación respecto a la excesiva judicialización del proceso electoral e intimidación contra miembros del partido Movimiento Semilla y sus familias y resolvió “denunciar los intentos del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder, que atentan contra el proceso democrático y los compromisos de Guatemala en virtud de la Carta Democrática Interamericana”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho llamados al Estado de Guatemala “a respetar el resultado de las elecciones generales y a cesar las acciones del Ministerio Público (MP) que ponen en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”. En este sentido, hacemos un llamado a la CIDH a valorar de forma urgente las medidas cautelares solicitadas en el marco del proceso pacífico de defensa de la autonomía de la USAC (MC-638-23) para evitar daños irreparables a estas personas.
Guatemala vive momentos críticos donde se requiere de mayor veeduría internacional y pronunciamientos expresos hacia las autoridades de que Guatemala no será aceptada dentro del concierto de naciones si continúa en una lógica autoritaria manipulando las leyes para burlar los resultados de las elecciones.
FIRMAN La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) American Jewish World Service (AJWS) BeJust Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Guatemala Human Rights Commission (GHRC) Article 19 Oficina para México y Centroamérica Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) RFK Human Rights American Friends Service Committee (AFSC) Luis von Ahn Foundation International Service for Human Rights (ISHR) Comisión Internacional de Juristas Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) Latin American Working Group (LAWG) Protection International (PI)
Recientemente, el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach admitió públicamente que las embarcaciones encargadas de llevar a cabo el cuestionado “estudio” de pesca de arrastre estaban utilizando métodos fraudulentos, comprometiendo totalmente la integridad de los resultados. Esta revelación implica la invalidez y la desconfianza a los supuestos estudios realizados bajo la supervisión de Heiner Méndez presidente de INCOPESCA. Además, que evidencia un mal uso de los fondos públicos de parte de esa y otras instituciones que realizan esta parodia de estudio.
Es aún más preocupante que, a pesar de la evidencia presentada y de la orden emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para suspender el estudio sobre pesca de camarón utilizando la técnica de ‘arrastre’, el presidente de INCOPESCA, Heiner Méndez, continúe defendiendo los estudios cuestionados. Esta postura socava totalmente la confianza en la transparencia y la integridad del proceso, y plantea de nuevo interrogantes sobre la idoneidad de Heiner Méndez para continuar desempeñando su cargo.
Las prácticas engañosas que han salido a la luz durante el estudio de la Pesca de Arrastre plantean interrogantes no solo sobre la credibilidad de los resultados, sino también sobre los posibles intereses que respaldan esta persistente insistencia en aprobar una pesca que, de manera evidente, no es ecológicamente sostenible para los fondos marinos. La defensa inflexible de estas prácticas contradice de manera directa los principios fundamentales de preservación ambiental, generando una seria preocupación sobre la integridad del proceso y la ética detrás de dicha postura.
Además, se abren interrogantes sobre la voracidad y la falta de integridad del sector de arrastre: ¿Si así se comportan con observadores de las instituciones, en medio de un supuesto estudio, ¿cómo se comportará sin esa fiscalización y en su operación normal? ¿Para qué gastar fondos públicos en un sector que tiene estas prácticas y que finalmente sí hay reglamentos y leyes fuertes va a hacer fraude en su operación?
Hay que recordar que Méndez fue responsable de impulsar la funesta lista de más de 200 especies de explotación comercial que generaron una amplia polémica y generó una amplia movilización de las organizaciones ambientales.
Las organizaciones afirmaron que “ha comprobado ser incapaz para ejecutar su puesto, a pesar de su trayectoria de más de 20 años como Abogado en la Institución”.
Les preocupa que a la fecha el INCOPESCA no haya podido tomar las decisiones valientes y necesarias para garantizar la sostenibilidad de las pesquerías, tanto en el ámbito social, como en el económico y, sin duda alguna, el ambiental.
Continúan exponiendo que “Hemos visto atónitos cómo el señor Méndez Barrientos ha, irresponsablemente, desatendido las prioridades y los compromisos que tanto esfuerzo le han costado a una Institución históricamente desatendida y deficiente. Lastimosamente, su tiempo como Jerarca lo ha dedicado a mirar hacia atrás. Ha enfocado sus energías en “rescatar” proyectos que ya han comprobado ser nocivos para la salud, el ambiente y la economía; y, además, ha reintroducido actitudes y prácticas corruptas y perjudiciales para el sano funcionamiento de la Autoridad Pesquera. Sin duda alguna, el accionar del Licenciado Méndez es cuestionable por ser contrario a la ética y al marco legal que rige la Administración Pública”.
Para el sector ambiental “parece que su único interés demostrado ha sido beneficiar a un sector específico mediante, entre otros, la rehabilitación de las licencias de investigación y los estudios de pesca de camarón utilizando la técnica del arrastre. Lo anterior, a pesar de que las embarcaciones a las que se le fueron asignadas las licencias no se encuentran en condiciones para funcionar y que este no es una de las especies elegidas para la transformación de las pesquerías que plantea el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura”.
Alrededor de 23 familias migrantes nicaragüenses habitan el asentamiento campesino Las Melinas, ubicado en Upala.
Por: Johnny Núñez Zúñiga Periodista Oficina de Comunicación-UNA
Mejorar la condición socioeconómica de familias migrantes nicaragüenses es el propósito del acompañamiento que brinda la Sección Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí de la Universidad Nacional (UNA), junto con la fundación Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (Cenderos) y la Municipalidad de Upala, en un asentamiento campesino, ubicado en el sector de Las Melinas de Upala Zona Norte de Costa Rica.
Desde hace más de dos años el Campus Sarapiquí realiza una labor de extensión con el apoyo de diferentes escuelas de la UNA, entre ellas, Ciencias Agrarias, brindando asesoría técnica en la implementación de sistemas agro-productivos a 23 familias migrantes nicaragüenses, las cuales perdieron sus tierras y debieron abandonar su patria por ser opositores al régimen de Daniel Ortega.
Francisca Ramírez, responsable nicaragüense del asentamiento, agradeció al país por abrirles las puertas, así como resguardar sus vidas, ya que la mayoría son campesinos desplazados a la fuerza por la crisis política que se vive en Nicaragua. “Al ser familias campesinas decidimos juntarnos y trabajar de forma colectiva labrando los terrenos y criando animales de granja, con lo que aportamos un granito de arena a la economía y fortalecimiento de esta región de Upala”, precisó Ramírez.
Destacó que reciben y le brindan techo y alimentación a todo aquel migrante que huya del régimen, donde algunos deciden quedarse y otros marcharse a otras regiones del país o bien anhelar el sueño de continuar hacia los Estados Unidos. Cabe destacar que el terreno que habitan dichos migrantes es una finca rentada.
Jairo López, migrante nicaragüense que habita en el asentamiento, manifestó que llegó a esta región en marzo de 2019 en busca de ganarse el sustento para sus familias. “Quiero señalar que desde el principio la UNA nos ha motivado a echar para adelante y al ver nuestras carencias nos tendió la mano con programas agroecológicos, así como la debida asesoría técnica en el tema bovino, lo cual nos ayuda a sostener este proyecto agrario”, subrayó López.
UNA en el territorio
Sonia Montero, académica del Campus Sarapiquí de la UNA, acotó que a estas familias se les apoya con asesoría técnica de la Escuela de Ciencias Agrarias y de la Finca Experimental Santa Lucía en el manejo del bovino, donde ya cuentan con 100 cabezas de ganado, una granja de gallinas ponedoras y varios cerdos. “Los apoyamos con la vacunación a los animales, control del alimento, poner aretes a las vacas, elaboración de silos. Además del cultivo de árboles frutales y la producción de queso, leche y natilla”, puntualizó Montero.
Martín Parada, vicerrector de Extensión de la UNA, indicó que la alianza estratégica con la fundación Cenderos y Universidad Nacional con el proyecto de modelos de desarrollo territorial, vinculados y articulados con el Campus Sarapiquí de la UNA, garantiza que los productos del asentamiento se comercialicen en la feria del agricultor de los viernes y sábados en Upala, lo cual, en conjunto con el respaldo de la alcaldesa de dicho cantón, ha permitido que estas familias cuenten con ingresos sostenibles de autosuficiencia.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
La huelga es un derecho constitucional. Así está establecido en el artículo 61 de la Constitución Política. Tiene la salvedad de la huelga en los servicios públicos de acuerdo a las regulaciones establecidas por ley. En principio, la huelga es para asegurar el alcance del artículo 60 constitucional que regula la existencia de los sindicatos, “para obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”.
De modo, que si se violan derechos laborales constitucional y legalmente existentes, y beneficios económicos, sociales o profesionales, se puede acudir a la huelga como un medio, un instrumento, para protegerlos, conservarlos, y eventualmente para ampliarlos.
La historia de las huelgas, en el país, se remonta hasta 1874, quizá la primera huelga también en el Estado, cuando hubo una paralización por unos días de los telegrafistas que les habían violado sus derechos salariales. Luego siguieron con relevancia las protestas laborales en la construcción del ferrocarril al Atlántico, especialmente la huelga de los italianos. A finales del siglo XIX hubo otras huelgas en el Valle Central y fuera del Valle Central, con amplitud de sectores sociales involucrados.
El siglo XX inició con las huelgas, de especial importancia, que realizaron los panaderos, a principios del siglo, por la unidad de acción que lograron, que repercutió al surgimiento de la primera Federación de Trabajadores. Este siglo inició también con el desarrollo de Ligas de Obreros y Sindicatos, superando la existencia de las organizaciones laborales de tipo mutualista que existieron dominantemente en el siglo XIX.
Hasta las huelgas de 1918 y 1920, relacionadas con la lucha por la jornada de 8 horas diarias, la huelga se realizaba ipso facto, por la realidad misma. Estas huelgas, pero especialmente las de 1920, terminaron con un reconocimiento, por parte del gobierno, de los trabajadores a la organización sindical y al derecho de huelga. Incluso, terminó con un sustantivo aumento de salarios.
La primera mitad del siglo XX fue de una gran cantidad de huelgas en distintos sectores. Entre 1900 y 1943, el año de las Garantías Sociales y el Código de trabajo se produjeron 242 huelgas. Solo en el gobierno de Calderón Guardia, entre 1940 y 1943 se produjeron 50 conflictos laborales, 25 de ellos en 1943. De hecho las Garantías Sociales y el Código de Trabajo se dieron en el contexto de 25 huelgas ese año de 1943.
La lucha clásica de los trabajadores y patronos o empleadores, es por parte de los patronos de aumentar la jornada de trabajo y disminuir el salario, y de disminuir la jornada y aumentar el salario, por parte de los trabajadores. Esto no ha cambiado desde el siglo XIX. Se han ampliado las demandas laborales, como resultado de la misma dinámica del desarrollo de la sociedad, de las distintas ramas de la producción, y de las distintas especialidades laborales, así como de las propias relaciones de producción.
En los últimos años los derechos sociales de organización sindical, de huelga y de convención colectiva han sido disminuidos y debilitados por parte de los partidos tradicionales, y de los últimos gobiernos.
La convención laboral está garantizada en la Constitución para que patronos y trabajadores, por medio de sus sindicatos, puedan discutir y llegar a arreglos mejorando sus condiciones de trabajo, de seguridad e higiene ocupacional, de salarios, de beneficios socio laborales, y cualquier otro extremo que puedan pactar. Lo pactado dice la Constitución tendrá fuerza de ley. Este derecho constitucional ha sido más golpeado por los últimos gobiernos y por las decisiones legislativas y jurisprudenciales que se han tomado por la vía judicial contra ellas, por cuanto prácticamente han invalidado las convenciones.
Hay que decir que cuando una Convención laboral se tomaba, se acordaba, era porque se llegaba a un acuerdo entre los patronos o empleadores y los sindicatos, y porque lo pactado tenía contenido económico para cubrirlo por parte del sector patronal, fuera privado o público.
Las huelgas son de la realidad. Se dan por necesidad, sin importar si las declaran legales o ilegales. Son actos de desesperación organizada de los trabajadores por mejorar o mantener su situación socioeconómica y laboral, para enfrentar el alto costo de la vida, generalmente, que supera los niveles de salarios. Los salarios siempre suben en escalera y los precios de los productos básicos de subsistencia, incluida la canasta básica, y el costo de la vida, suben en ascensor. Agreguemos, que los salarios están prácticamente congelados desde hace tres años, y así se proyectan para los próximos tres años.
La inmensa mayoría de las huelgas en el país, más del 90% han sido declaradas ilegales. En la década de 1970 por artículos del Código Penal metían sindicalistas a la cárcel. Esos artículos fueron eliminados, pero era parte de la represión, que no impedía el ejercicio y el derecho de huelga constitucional. Y se seguirán haciendo huelgas…
En todas partes del mundo, los trabajadores, igual que los costarricenses, luchan por la vía de las huelgas, por defender sus derechos y beneficios.
Hemos visto, recientemente, en los Estados Unidos, un país de grandes tradiciones huelguísticas, y de organización sindical, el triunfo de los trabajadores de la industria cinematográfica, después de una huelga sostenida de casi cuatro meses, contra los estudios empresariales del cine; tres meses que los especialistas en Inteligencia Artificial consideraron equivalían a un año de paralización laboral.
El actor principal fue el Sindicato de Actores de Estados Unidos. Doblegaron a los Estudios como Disney, Netflix, y los distintos estudios de Hollywood, especialmente con el uso de la Inteligencia Artificial, que se estaba empleando para sustituir actores, trabajadores extras.
Lucharon los trabajadores de la industria cinematográfica por lo siguiente:
1.- por establecer restricciones contra el uso de la Inteligencia Artificial que afectara lo trabajadores “extras”, que podían ser generados por computadoras.
2.- por un aumento salario del 7% y un nuevo fondo de $40 millones anuales para transferir una parte de los ingresos de los estudios cinematográficos a los actores.
3.-establecer barreras de uso de la Inteligencia Artificial para no afectar trabajadores actores y “extras”.
4.- protección de los artistas.
5.- garantizar los derechos de los artistas.
6.- garantizar los derechos al consentimiento de uso de imágenes de artistas con compensaciones justas.
7.- proteger los derechos laborales.
8.- recibir, por parte de los actores, la misma compensación remuneratoria por cualquier uso de su réplica digital, que se habría ganado haciendo la “misma cantidad de trabajo”.
9.- asegurar el trabajo de los “extras”
10.- no se puede usar una réplica digital para eludir contratación y pago de un actor de reparto.
11.- los estudios cinematográficos deben obtener el consentimiento del actor, o sus herederos, cada vez que se utilice su réplica digital en una película o en un episodio de televisión.
12.- no puede presentar a los actores contratos estándar que les autoricen a usar una réplica a perpetuidad.
13.- en los contratos tiene que establecerse con certeza la descripción razonable y específica de cómo se puede usar una réplica digital.
14.- sobre “los falsos actores sintéticos”, tema muy polémico durante la huelga, , o zombies digitales, que se construyen con partes de los cuerpos de los actores, como una risa, o una mueca, o un rasgo particular de un actor, se llegó al acuerdo que los actores tienen que dar su consentimiento, y los estudios obligados a pedir su permiso de uso.
15.- los estudios quedaron obligados a informar al Sindicato cada vez que “cree un falso actor sintético”, y el sindicato el derecho a negociar una indemnización en nombre de los actores implicados.
16.- a la industria se le permite continuar con la Inteligencia artificial sin afectar los derechos de los artistas
Estados Unidos, en este campo laboral, la negociación de los contratos es cada tres años. Lo aprobado, como resultado de la huelga, durará esos tres años.
Los dirigentes sindicales señalaron la importancia de la huelga, no solo para los actores, sino para todas las profesiones que puedan verse afectadas por el uso y el mal uso de la Inteligencia Artificial, especialmente en las industrias del entretenimiento. Enfatizaron que su movimiento ha sido para proteger los derechos de todas las personas a su imagen.
El movimiento sindical costarricense, en sus diversos sindicatos, debe aprender esta lección de lucha de los trabajadores de Estados Unidos. ¿Cuánto afectará la vida de los trabajadores? Eso está delimitándose. La lucha de los actores de cine y televisión lo ha evidenciado. Fue una lucha también contra el desempleo y la cesantía.
La Inteligencia Artificial es un instrumento que se está empezando a desarrollar, de una manera impresionantemente amplia, que afecta o impacta todas las actividades del quehacer humano, que afecta comportamientos, relaciones sociales, laborales, académicas, con la intención de optimizar los recursos y los productos; para desarrollar procesos de automatización sin necesidad de seres humanos, sin mano de obra, incluso eliminando supervisores de la producción y del trabajo. Por ahora se impulsa la Inteligencia Artificial en el procesamiento de datos. Pero, como, en Estados Unidos, se trató de impulsarla para crear réplicas humanas para ciertos trabajos, como el cine y la televisión.
La Inteligencia Artificial también puede reforzar discriminaciones, exclusiones y desigualdades, personales, laborales y de cualquier otra naturaleza, por ahora imprescindibles pero potencialmente reales.
La Inteligencia Artificial vino para quedarse. Potenciará más nuestras capacidades humanas, al tiempo que liberará personas de sus trabajos.
La pandemia y el teletrabajo empezaron a modificar abruptamente las relaciones laborales en el país. Su impacto ha afectado a los sindicatos… Los afectará más.
Es el momento de pensar positivamente desde la perspectiva sindical sobre el futuro de las relaciones laborales, el futuro de las organizaciones sindicales y de trabajadores y el futuro de sus luchas.
