Autor: María José Ferlini Cartín

Alberto Salom Echeverría

Breve reseña de Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón es en este momento el principal dirigente del histórico Partido Socialista Obrero Español (PSOE), no solamente porque funge como secretario general de dicho partido, sino por sus reconocidas dotes intelectuales y políticas.

Sánchez se licenció primero en economía en 1995, en ciencias económicas y empresariales por el Real Colegio Universitario María Cristina, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Seguidamente cursó dos posgrados, en el primero de ellos alcanzó el título de Máster en Economía por la Universidad Libre de Bruselas y en segundo lugar consiguió un Diplomado en Estudios Avanzados en Integración Económica y Monetaria Europea, del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Pedro Sánchez continúa seguidamente con esta rigurosa ruta académica, llegando a su culmen académico al doctorarse en el año 2012 en Economía, esta vez estudiando en la Universidad Camilo José Cela, donde posteriormente sirvió como profesor en dicha especialidad. Antes de su desempeño como profesor universitario fue asesor en el Parlamento Europeo y miembro del gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia Herzegovina.

En el terreno político, Sánchez se afilia en 1993 al PSOE convirtiéndose en su secretario general, líder de la oposición y candidato a la Presidencia del Gobierno entre el 2014 y 2016. Antes de estos acontecimientos había servido como diputado en el Congreso por la Circunscripción de Madrid y concejal en el Ayuntamiento de la misma ciudad. Por fin alcanza la presidencia del gobierno en el 2018 hasta el año 2022 y recientemente el Congreso le renueva el nombramiento, logrando tres votos más de los necesario para alcanzar la mayoría. Esta última vez, Pedro Sánchez obtuvo en una disputada elección, 179 votos encabezando una coalición progresista, frente a los 171 votos de su opositor Alberto Núñez Feijóo, líder del centro derechista Partido Popular y apoyado también por el partido de la extrema derecha denominado VOX, cuyo dirigente es Santiago Abascal.

El difícil contexto de la elección.

El Estado español es una Monarquía Constitucional de carácter parlamentario, bicameral. El sistema electoral de acuerdo con la Constitución establece que: “…el presidente del Gobierno, antes de su nombramiento como tal, debe recibir de forma expresa la confianza del Congreso de los Diputados.” La confianza se concede cuando el aspirante obtiene mayoría absoluta en primera votación o por mayoría simple en segunda votación. (Cfr. agendapublica.elpais.com)

En las elecciones de este 2023, ningún partido obtuvo la mayoría absoluta de los diputados para formar gobierno en la ronda de las elecciones populares. En estas condiciones de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución española, se debe iniciar un procedimiento denominado de investidura, en el que el Rey adquiere cierto protagonismo, que consiste en incoar consultas con los representantes parlamentarios para indagar el “estado de situación” y poder elaborar la propuesta de un candidato a la Presidencia del Gobierno. Según el procedimiento se comienza de mayor a menor, o sea indagando primero el apoyo del candidato más votado en las elecciones generales y así sucesivamente.

Se presentaron alternativamente ante el Rey como opciones mayoritarias la de Alberto Núñez Feijóo por el Partido Popular, por haber sido la formación política más votada en las elecciones populares. Sin embargo, Núñez Feijóo no alcanzó los votos en el Congreso de los Diputados requeridos para ser “investido” como presidente del Gobierno. Los catalanes no lo apoyaron, no contaba con los votos de los diputados de SUMAR, ni Podemos tampoco le concedió su respaldo. Por esa razón, seguidamente le correspondió el turno a la candidatura de Pedro Sánchez Pérez-Castejón por el Partido Socialista Obrero Español, como la segunda formación más votada en las elecciones generales.

Haciendo un recuento, para mayor comprensión, la situación en el Congreso recién electo fue la siguiente: se conformaron dos coaliciones, por una parte, la expresión política de la derecha que aglutinó al Partido Popular (de centro derecha) y a Vox, la tendencia ultra radical y liberal de la extrema derecha española que junto a la Coalición Canaria respaldaron la nominación de Núñez Feijóo. La otra fue la Coalición Progresista que se logró constituir con el PSOE, SUMAR y la izquierda aglutinada en Podemos, todos los cuales optaron por apoyar a Pedro Sánchez a la presidencia. Sin embargo, era evidente que, para ganar la mayoría absoluta en el Congreso, se requería el apoyo de los diputados de los partidos independentistas de Cataluña, sin cuyo apoyo Sánchez tampoco obtendría la mayoría absoluta.

De modo que, el PSOE conquistó los votos de PNV, Bildu, BNG, así como también obtuvo el apoyo de la misma Coalición Canaria que esta vez se comprometió con la investidura de Pedro Sánchez. Aun así, con todo y esos apoyos no llegaban a sumar los 176 votos requeridos para formar esa mayoría. Tenían 172. Pedro Sánchez sabía que era indispensable negociar en particular el apoyo de Junts, cuyo líder es el dirigente de los catalanes, Carles Puigdemont, quien reside en Bélgica. Hasta allí se trasladaron las difíciles negociaciones, debiendo además sostener un intenso debate de “investidura” en el Congreso, donde el centro de este debate giró en torno a la cuestión de la Amnistía que, Pedro Sánchez impulsó como única vía para conseguir el apoyo de Puigdemont y por ende de su partido político Junts de Cataluña, el cual le aportó siete diputados más, llegando a traspasar los 176 votos indispensables para ganar la investidura y poder asumir nuevamente el Gobierno de la Moncloa. La Coalición Progresista alcanzó 179 votos.

Por otra parte, Carles Puigdemont adhirió a la causa de la independencia de Cataluña y en tal virtud, llegó a ser presidente de la “Generalitat de Catalunya” del 2016 al 2017. Siendo presidente de la “Generalitat” logró convocar a un referéndum a la sociedad catalana, para decidir sobre la independencia con respecto a España. Dicho referéndum fue catalogado de ilegal, por lo que Puigdemont fue destituido de su cargo y acusado de rebelión, sedición, y del delito de malversación de caudales públicos. El juicio no ha llegado a efectuarse debido a que Puigdemont logró escapar y refugiarse en Bruselas, donde reside y no se pudo extraditar. Más recientemente, el 23 de marzo del año 2018, un juez de instrucción anunció un nuevo procesamiento contra Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación. A causa de ello se giró una orden de detención, esta vez europea e internacional. Dos días después fue detenido en Alemania. El 5 de abril, la justicia alemana lo dejó en libertad bajo fianza, mientras se decidía su extradición a España. El tribunal alemán de Schleswig-Holstein, desestimó el delito de rebelión y consideró que no se había consumado el delito de “alta traición”, de acuerdo con la legislación alemana. Se mantiene vigente el delito de “malversación de caudales o fondos públicos”. Sin embargo, aunque este mismo tribunal tomó la decisión de extraditarlo a España, el Tribunal Supremo alemán rechazó dicha extradición, por considerar que no se había consumado el delito de rebelión.

El líder catalán en el mes de abril del 2019 encabezó una lista de candidatura como eurodiputado, en España, por la coalición “Lliures per-Europa” resultando electo. Aunque inicialmente su inclusión en las listas fue vetada por la Junta Electoral Central a causa de unos recursos presentados por el PP y Ciudadanos, finalmente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Madrid, revocó en alzada aquella decisión de la Junta Electoral, que fue ratificada por el Tribunal Constitucional, frente a nuevos recursos presentados por el mismo PP y Ciudadanos. Por estas razones, este puesto de eurodiputado lo desempeña actualmente en el parlamento europeo con sede en Bruselas, Bélgica.

El debate por la investidura.

El debate en el Congreso de los diputados en España, a propósito de la investidura presidencial en mi criterio fue intenso, formidable, esplendoroso. Ya lo expresé, en el centro de la polémica estaba la discusión sobre la amnistía. Se trata de un sujeto de raíz griega, de acuerdo con la Real Academia; amnéstia que en sentido estricto significa un olvido del pasado, o amnesia. En la ciencia del derecho implica un olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores. Pero es diferente a la figura jurídica del indulto, porque mientras este suprime la ejecución de la pena, pero deja subsistir los efectos de la condena, la amnistía perdona el castigo y la razón que lo provocó.

Desde el punto de vista politológico, se trata de un “olvido voluntario” en aras de un interés superior de un pueblo o de una nación. Algunas personas lo parangonan con el perdón, pero eso Puigdemont y sus correligionarios no lo toleran. Los independentistas parecen decir: “No tenemos que ser perdonados por la sociedad, porque no hemos cometido delito alguno; nuestro accionar ha sido en aras de la convivencia y del bienestar del pueblo catalán.”

Los conservadores, la derecha en general no aceptan amnistiar a los que han infringido alevosamente para ellos la ley, ni a los que se han levantado en rebeldía contra el Estado Español y han enlutado a familias enteras de ciudadanos españoles, como los “terroristas” de la ETA, por ejemplo. Entre ellos, se aminoran los costos ocasionados por el centralismo contra las minorías de la periferia, sometidas algunas veces a “sangre y fuego” en aras de la supuesta unidad de los españoles.

Los argumentos del PSOE, de Sumar y de Podemos propenden a abrirle paso a la convivencia de lo diverso y plural; los del PP y Vox con mayor ahínco enfatizan en la similitud alrededor de la monarquía y el Estado Español. España es un buen lugar para vivir argumentó Sánchez poniendo el énfasis en la misma dignidad entre las etnias, culturas y lenguas de diferente origen. Para Núñez Feijóo la identidad es entorno a la cultura dominante; para Pedro Sánchez la identidad de los españoles debe estar caracterizada por la pluralidad de lenguas, de costumbres; el Estado debe entenderse como un Estado plurinacional, donde no haya lugar para la discriminación, la dignidad es una sola con múltiples rostros.

No obstante, el discurso en el que prevalece la unicidad en lugar de la pluralidad parece estar más enraizado en el conjunto social, como una suerte de ideología dominante. Por eso es por lo que la calle la hegemonizó la derecha, aunque la Investidura estará por ahora, en manos de una conducción de un mundo que se abre camino de ‘abajo’ hacia ‘arriba’, de la pobreza a la opulencia, de la liberación frente a la violencia institucionalizada.