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Autor: María José Ferlini Cartín

Escámez vuelve en fragmentos al Museo del Jade

Se presentará de manera gratuita este fin de semana en el Museo del Jade. La dramaturgia parte de la vida de Julio Escámez como un territorio de rupturas, donde la persecución política, el desplazamiento, la creación artística y la memoria dialogan con el presente.

Este fin de semana en el Museo del Jade en San José, se presentará la obra Fragmentos de Julio, una propuesta del proyecto Teatro UNA, con los aportes del Taller de dramaturgia y el Laboratorio escénico digital de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional (EAE-UNA).

“Lejos de proponer una reconstrucción biográfica lineal, la obra activa el legado del pintor y muralista chileno Julio Escámez mediante una dramaturgia fragmentaria que articula memoria, archivo, testimonio y experimentación estética” dijo Ailyn Morera, académica de la EAE-UNA, quien trabajó la propuesta dramatúrgica y quien codirige la puesta en escena.

” Fragmentos de Julio” es una propuesta escénica que reconstruye, la vida del muralista a través de imágenes, memorias y testimonios, la puesta en escena recorre su infancia, su compromiso artístico, la violencia política en Chile y su exilio en Costa Rica.

Más que narrar una biografía, la obra activa su legado como experiencia: el arte aparece como resistencia, memoria y acto político. En escena, el pasado no se representa, se vuelve presente, e invita al espectador a completar los fragmentos y a repensar el lugar del arte en la historia y en la vida.

Antes de su llegada a Costa Rica en 1974, Escámez, nacido en Chillán en 1925, ya era una figura relevante dentro del muralismo chileno y latinoamericano. Fue discípulo de Laureano Guevara y se vinculó a los movimientos artísticos de izquierda que promovían un arte comprometido socialmente.

De acuerdo Morera, la obra “es una propuesta de teatro documental que incluye ficción y rinde homenaje a don Julio Escámez por su trayectoria universitaria y su aporte a cultura y el arte de este país”.

Este proyecto articula a estudiantes y académicos de Teatro UNA, del Taller de Dramaturgia y del Laboratorio Escénico Digital. “Hemos tenido acompañamiento por parte de la profesora Marta Rosa Cardoso, en colaboración con el Centro de Gestión del Acervo Artístico (CGAA-UNA) y la Escuela de Arte y Comunicación Visual, custodios de la obra y el archivo de Escámez” comentó Mario Blanco, coordinador de Teatro UNA y codirector de la obra.

La puesta mezcla archivos, testimonios, escenas dramatizadas y lenguajes contemporáneos asociados al Laboratorio Escénico Digital. En la puesta en escena participan los estudiantes Kevin Leiva Salazar, Daniel Calvo Fernández, Fiorella Castillo Calvo y Kendall Rojas González.

Fragmentos de Julio se presentará este viernes 29 de mayo a las 7 p.m. sábado 30 y domingo 31 a las 4 p-m- en el Museo del Jade ubicado en San José, la entrada es gratuita y puede reservar su espacio al WhatsApp 8804-6050

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

El puente entre la fe y la ciencia

Dorys Galarza – José A. Amesty Rivera

La falsa pelea entre la fe y la ciencia

Durante mucho tiempo nos enseñaron que la fe y la ciencia eran enemigas. Como si creer fuera cosa de personas ingenuas y pensar científicamente fuera incompatible con la espiritualidad. En muchas escuelas, universidades e incluso iglesias se instaló la idea de que había que escoger entre una cosa o la otra, o se creía en Dios o se creía en la ciencia. Pero hoy esa discusión empieza a verse distinta.

La neurociencia, la psicología y la biología moderna están descubriendo algo profundamente humano, las creencias cambian la manera en que vivimos. Y eso incluye tanto las creencias religiosas como las ideas que tenemos sobre nosotros mismos, el futuro y la sociedad.

La ciencia ya no ve al ser humano únicamente como una máquina biológica. También entiende que las emociones, la esperanza, el sentido de vida y la confianza tienen efectos concretos en el cuerpo y en la mente.

Por ejemplo, una persona que vive convencida de que su vida no tiene salida suele desarrollar más ansiedad, estrés y agotamiento emocional. En cambio, alguien que encuentra propósito y esperanza tiene más capacidad de resistir momentos difíciles.

Eso no significa que la fe reemplace la medicina ni que todo se resuelva “pensando positivo”. Significa algo más profundo: la forma en que interpretamos la realidad influye directamente en cómo enfrentamos la vida.

Y eso siempre lo supieron los pueblos latinoamericanos.

En nuestros barrios, en las comunidades campesinas, en los sectores más golpeados, muchas veces la fe no fue un lujo espiritual. Fue la fuerza que permitió seguir adelante cuando no había trabajo, cuando faltaba comida o cuando el dolor parecía demasiado grande.

La ciencia apenas comienza a ponerle nombre a algo que millones de personas ya vivían en carne propia: creer puede sostener la vida.

El cerebro también aprende a creer

La neurociencia ha demostrado que el cerebro cambia constantemente. Antes se pensaba que la mente era algo rígido, casi fijo. Hoy sabemos que no es así.

El cerebro funciona creando conexiones neuronales. Cada pensamiento repetido, cada emoción frecuente y cada hábito cotidiano fortalece ciertos caminos mentales. A esto se le llama neuroplasticidad.

En palabras simples: aquello que repetimos todos los días termina convirtiéndose en parte de nosotros.

Por eso una persona que vive constantemente con miedo, estrés o desesperanza termina entrenando su cerebro para reaccionar desde la defensa. El cuerpo permanece en alerta, como si el peligro estuviera siempre presente.

Esto se ve mucho en contextos de pobreza extrema o violencia.

Un niño que crece escuchando gritos, viendo inseguridad o sintiendo hambre aprende a vivir en modo supervivencia. Su cerebro se acostumbra a reaccionar rápido, desconfiar y protegerse. Muchas veces no logra pensar en proyectos a largo plazo porque toda su energía mental está concentrada en resistir el presente.

Pero el cerebro también puede aprender esperanza.

Cuando una persona empieza a vivir experiencias de apoyo, seguridad y propósito, el cerebro comienza lentamente a reorganizarse. La oración consciente, la meditación, los espacios de escucha y las relaciones sanas ayudan a disminuir el estrés y fortalecer áreas del cerebro relacionadas con la calma y la creatividad.

Por ejemplo, un joven que creció en un ambiente violento puede transformar su vida cuando encuentra un espacio comunitario donde alguien lo escucha, lo orienta y le muestra otras posibilidades. Puede ser una iglesia de base, un grupo cultural, un equipo deportivo o una organización barrial.

Ese cambio no ocurre de la noche a la mañana. Pero poco a poco el cerebro deja de reaccionar únicamente desde el miedo y comienza a desarrollar confianza.

En otras palabras: el cerebro aprende tanto el miedo como la esperanza.

La resignación también se aprende

En América Latina no solamente heredamos desigualdad económica. También heredamos formas de pensar.

Durante generaciones muchas personas crecieron escuchando frases como: “El pobre nace pobre.” “No se puede cambiar nada.” “Así es la vida.” “Uno vino a sufrir.” “Hay que conformarse.”

Esas frases parecen simples palabras, pero en realidad funcionan como programaciones mentales. Cuando una persona escucha toda su vida que no vale, que no puede o que nunca saldrá adelante, termina creyéndolo. Y cuando una comunidad completa piensa igual, la resignación se vuelve cultura. Esto explica por qué muchas veces pueblos enteros dejan de creer en sí mismos.

Aquí la epigenética aporta algo muy importante. Esta rama de la ciencia muestra que el entorno influye profundamente en cómo responde nuestro cuerpo.

Un niño que crece en un hogar donde siempre hay miedo por el dinero, violencia o inseguridad no solo aprende ideas negativas. También desarrolla respuestas biológicas de estrés.

Por eso muchas veces el trauma se transmite entre generaciones. El abuelo vivió miedo. El padre aprendió resignación. El hijo hereda ansiedad y desconfianza. Y así se va formando una cadena invisible.

Por ejemplo, muchas familias latinoamericanas crecieron con una mentalidad de escasez tan fuerte que incluso cuando mejoran económicamente siguen viviendo desde el miedo. Guardan todo, desconfían de cualquier oportunidad o sienten culpa por progresar.

No porque sean débiles, sino porque durante años su mente fue entrenada para sobrevivir, no para prosperar.

Pero ni la historia ni la biología son una condena

Aquí aparece una de las noticias más esperanzadoras de la ciencia moderna: el cerebro puede cambiar. La historia personal también puede cambiar.

Y aquí la fe juega un papel enorme. Porque la fe verdadera no es negar los problemas. Es negarse a aceptar que el dolor tiene la última palabra. La transformación comienza muchas veces con algo pequeño, una persona que vuelve a creer que su vida todavía tiene valor. Este momento interior puede parecer invisible, pero es profundamente poderoso.

Por ejemplo: La mujer que decide dejar una relación violenta. El joven que vuelve a estudiar después de años. El trabajador que intenta emprender aun después de varios fracasos. El hombre que busca ayuda para salir de una adicción. La persona deprimida que decide levantarse una vez más.

Todos estos son actos de fe. No porque garanticen éxito inmediato, sino porque desafían la idea de que todo está perdido. Y esto también tiene efectos biológicos. Cuando una persona recupera esperanza, el cerebro libera dopamina, relacionada con la motivación y la energía para avanzar.

La mente comienza a abrir posibilidades nuevas. Por eso la esperanza no es ingenuidad. Es una fuerza que reorganiza la vida.

Nadie se salva solo

Aunque la transformación personal es importante, nadie logra sostenerse completamente solo. El ser humano necesita vínculos. Necesita comunidad. Necesita sentir que alguien lo mira con dignidad. Y esto también tiene una base científica.

El cerebro humano funciona en relación con otros cerebros. Las emociones se contagian. La confianza también. Cuando alguien vive rodeado únicamente de violencia, humillación o abandono, su cuerpo aprende miedo. Pero cuando encuentra relaciones sanas, apoyo y escucha, el cerebro comienza a sentirse seguro.

Por esto muchas veces una sola persona puede cambiar profundamente la vida de alguien, por ejemplo: Un maestro que cree en un estudiante. Una abuela que sostiene emocionalmente a la familia. Un vecino que ayuda en medio de la crisis. Un líder comunitario que organiza al barrio. Un grupo que acompaña a personas con adicciones.

Todos estos vínculos tienen un efecto real sobre la mente y el cuerpo. Muchas veces las personas logran salir adelante porque alguien les devolvió esperanza.

La fe comunitaria, la gran fuerza latinoamericana

En América Latina la fe casi siempre tuvo una dimensión colectiva. Aquí la gente aprendió a resistir en comunidad. Lo vimos durante las crisis económicas, cuando aparecieron ollas comunes en barrios enteros. Personas que apenas tenían para ellas mismas decidían compartir comida con otros.

Desde afuera podría parecer solo solidaridad. Pero en el fondo existe una convicción profunda, nadie debería quedarse solo frente al sufrimiento. Esto también es fe. La vemos en comunidades campesinas que se organizan para defender su tierra frente a grandes empresas. En mujeres que crean redes de apoyo para enfrentar violencia doméstica. En barrios que levantan bibliotecas populares o comedores infantiles. En jóvenes que organizan actividades culturales para evitar que otros caigan en violencia o drogas. En cooperativas donde varias familias trabajan juntas porque entienden que individualmente no podrían sobrevivir.

La fe comunitaria nace cuando las personas dejan de pensar únicamente en salvarse solas y comienzan a creer en el valor del nosotros. Y esto cambia profundamente la manera en que una sociedad enfrenta las crisis.

La Biblia leída desde abajo

Cuando la Biblia se lee desde la realidad de los pobres y excluidos, adquiere un significado diferente. Deja de ser un libro para escapar del mundo y se convierte en una invitación a transformarlo.

Por ejemplo, Bartimeo, el ciego del Evangelio, no solamente recupera la vista. También recupera dignidad. Antes estaba al borde del camino, invisibilizado. Cuando vuelve a ver, vuelve también a ocupar un lugar dentro de la comunidad.

Su fe no fue quedarse quieto esperando. Fue insistir. Gritar. Negarse a aceptar el silencio.

Lo mismo ocurre con la mujer enferma que toca el manto de Jesús. Más allá del milagro religioso, hay una persona que decide romper años de exclusión y acercarse creyendo que todavía puede sanar. La fe bíblica casi nunca aparece como pasividad. Aparece como movimiento. Como decisión. Como esperanza activa.

La multiplicación de los panes, compartir también es creer

La multiplicación de los panes puede entenderse como una de las escenas más profundas de fe comunitaria. Porque el verdadero milagro no es solamente que aparezca comida. El gran cambio ocurre cuando la gente deja de actuar desde el miedo.

Muchos estudiosos de la teología latinoamericana interpretan esta escena como el momento en que las personas dejan de esconder lo poco que tienen y empiezan a compartir.

Y cuando esto ocurre, alcanza para todos. Esto sigue pasando hoy. Sucede cuando comunidades crean cooperativas de producción. Cuando vecinos organizan huertas comunitarias. Cuando familias se unen para sostener comedores. Cuando trabajadores crean economías solidarias. Detrás de estas acciones existe una fe concreta: la convicción de que otra forma de vivir sí es posible.

La fe puede liberar o puede domesticar

La fe nunca es neutral. Puede utilizarse para resignar a las personas, enseñándoles que deben soportar injusticias sin cuestionar nada. Pero también puede convertirse en una fuerza liberadora. La diferencia está en el tipo de fe que se transmite. Una fe basada únicamente en miedo y culpa termina paralizando.

En cambio, una fe que recuerda la dignidad humana despierta conciencia y organización. Por esto tantas comunidades latinoamericanas encontraron fuerza espiritual para luchar por derechos, justicia y dignidad. La verdadera fe no hace que las personas se desconecten del mundo. Las impulsa a transformarlo.

El cambio comienza por dentro, pero no termina ahí

Toda transformación social comienza primero dentro de las personas. Pero no termina allí. Porque una persona que sana puede ayudar a sanar una familia. Una familia que cambia puede transformar un barrio. Y un barrio organizado puede cambiar una comunidad entera.

Así comienzan muchas veces los grandes cambios históricos. No desde arriba. Sino desde pequeños espacios donde alguien decidió volver a creer. Por esto la fe individual y la fe comunitaria se necesitan mutuamente. La fe personal da fuerza interior. La fe comunitaria sostiene el camino. Una inspira. La otra acompaña.

Creer también es construir futuro

Al final, tanto la ciencia como la espiritualidad liberadora llegan a una idea análoga, no somos únicamente el resultado de lo que vivimos. También somos aquello que decidimos creer y practicar cada día. La fe no elimina automáticamente el sufrimiento. No borra las injusticias. No hace desaparecer mágicamente los problemas. Pero sí cambia la manera en que los enfrentamos. Y cuando muchas personas comienzan a creer juntas que otra realidad es posible, la historia empieza lentamente a moverse.

Por eso creer no es escapar de la realidad. Es mirarla de frente y aun así apostar por la vida. Es seguir sembrando aun después de perder cosechas. Es seguir organizándose aun en medio del abandono. Es seguir educando hijos en tiempos difíciles. Es seguir construyendo comunidad, aunque el individualismo diga lo contrario.

Y cuando la fe se convierte en práctica cotidiana, deja de ser solamente una idea. Se vuelve camino. Un camino difícil, sí. Pero también el camino que sigue haciendo posible la dignidad humana en medio de cualquier incertidumbre.

Escuela de Biología de la UCR pide revisión de los criterios que autorizaron la tala en Playa Panamá

  • Personal académico advierte sobre impactos ecológicos irreversibles y cuestionan criterios utilizados para autorizar corta de árboles en Papagayo

La Asamblea de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) expresó su profunda preocupación ante la autorización de corta de árboles en Playa Panamá, en el marco de las controversias generadas por el desarrollo turístico en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.

Mediante un pronunciamiento público dirigido a la ciudadanía nacional, la Escuela solicitó una revisión “rigurosa, transparente y técnicamente fundamentada” de los criterios utilizados para justificar la intervención, especialmente ante la existencia de procesos judiciales, administrativos y penales en curso relacionados con el caso.

Las personas académicas señalaron que la discusión pública no puede reducirse a una falsa oposición entre ambiente y desarrollo, ni limitar la valoración ecológica de un bosque a cálculos numéricos o compensaciones simplificadas.

“Un bosque tropical es mucho más que un conjunto de árboles. Es un sistema vivo donde interactúan plantas, animales, microorganismos, suelo, agua y clima”, destaca el documento, el cual insiste en que la estructura ecológica, la conectividad biológica y las funciones ecosistémicas deben formar parte central de cualquier evaluación ambiental.

La Escuela de Biología advirtió que los remanentes boscosos en Guanacaste cumplen funciones fundamentales para la biodiversidad y para la sostenibilidad de la actividad turística, particularmente en una región cada vez más afectada por la urbanización, el cambio climático y la fragmentación ecológica.

Además, cuestionó la idea de compensar la tala de árboles adultos mediante la siembra de árboles jóvenes, recordando que la recuperación de funciones ecológicas equivalentes puede tardar décadas y que la supervivencia de árboles sembrados en bosque seco suele ser muy baja.

“El bosque reforestado no reemplaza de forma inmediata la estructura, las interacciones, el suelo, el microclima, la fauna asociada ni la historia ecológica de un sistema ya establecido”, subraya el pronunciamiento.

La Asamblea también alertó sobre los impactos acumulativos que ha sufrido la región costera de Papagayo durante las últimas décadas, incluyendo procesos de sedimentación marina asociados a la pérdida de cobertura forestal y terraceos, lo que ha afectado ecosistemas marinos y la relación ecológica entre tierra y mar.

Según la Escuela, la protección de la cobertura boscosa no es un obstáculo para el turismo, sino una condición indispensable para su sostenibilidad. En ese sentido, advirtió que la pérdida de bosques puede traducirse en más calor, escasez de agua, erosión, pérdida de fauna y deterioro del paisaje, afectando incluso la viabilidad económica del propio sector turístico.

Asimismo, manifestaron preocupación por propuestas regulatorias que podrían aumentar la fragmentación forestal en Papagayo, considerando que este caso debe servir para fortalecer, y no debilitar, la protección de los remanentes boscosos y la calidad de la toma de decisiones ambientales en Costa Rica.

Finalmente, la Escuela de Biología solicitó que las autoridades garanticen una revisión independiente y libre de presiones políticas sobre los permisos otorgados y que se aplique el principio de cautela mientras persistan dudas técnicas y procesos pendientes.

Puede descargar el pronunciamiento desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Pronunciamiento-corta-arboles-Playa-Panama.pdf

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

La Iglesia frente al poder invisible de la Inteligencia Artificial

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

He concluido la lectura de la encíclica «Magnifica Humanitas» del Papa León XIV y debo admitir que me dejó una extraña mezcla de entusiasmo e inquietud, atravesada, además por innumerables preguntas… muchas preguntas.

Me impresiona particularmente el giro que ha dado la reflexión de la Iglesia sobre la Inteligencia Artificial (IA) en apenas un par de años. Recuerdo cuando el Papa Francisco abordó este tema en la 58ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2024, bajo aquel sugerente lema: “Inteligencia artificial y sabiduría del corazón: por una comunicación plenamente humana”. Allí, aunque se advertía sobre el riesgo de una tecnología rica en herramientas, pero pobre en humanidad, el énfasis era claro: la verdad, la comunicación, las fake news, la manipulación mediática, la necesidad del discernimiento.

Pero hoy el panorama es otro. El tema ha sido trasladado al corazón mismo de la Doctrina Social de la Iglesia. El Magisterio pasó muy rápido de hablar de “sabiduría del corazón” y comunicación humana a hablar de poder, concentración tecnológica, colonialismo digital, dominio cultural, trabajo humano, geopolítica, control de datos y nuevas formas de exclusión.

Y esto también me impresiona profundamente. Porque el Papa pudo haber escogido muchos otros grandes temas para inaugurar su magisterio social. Pudo haber escrito sobre las guerras contemporáneas, las migraciones masivas, la crisis climática, la secularización acelerada, la persecución religiosa, el colapso demográfico de Occidente, el capitalismo financiero, el riesgo de absolutizar figuras políticas contemporáneas —como Donald Trump u otros líderes convertidos casi en referentes mesiánicos— o la creciente polarización política global.

Pero no. Escogió la IA. Y eso no puede ser casual. La IA no aparece aquí como un tema más entre tantos otros, sino como uno de los posibles ejes estructurantes de la nueva época histórica.

La Doctrina Social de la Iglesia jamás ha sido ingenua respecto al poder. Nunca ha interpretado los grandes cambios de la historia como procesos puramente espontáneos o neutrales. Siempre ha comprendido que detrás de las transformaciones económicas, culturales y tecnológicas existen intereses concretos, visiones antropológicas, disputas de poder, élites y proyectos de sociedad.

Y, precisamente, por eso resulta tan significativa esta encíclica. Porque da la impresión de que la Iglesia percibe que estamos ante un fenómeno impulsado por actores con una capacidad inédita para reorganizar la experiencia humana global. No hablamos únicamente de gobiernos o instituciones visibles, sino de estructuras tecnológicas, corporaciones multinacionales, algoritmos, plataformas, fondos de inversión, laboratorios y redes de influencia que muchas veces operan fuera del radar cotidiano de la mayoría de las personas, pero que igualmente moldean hábitos, información, decisiones, vínculos sociales e incluso la comprensión de la realidad.

Insisto: que el primer gran documento social de León XIV haya sido precisamente sobre la IA revela que la Iglesia percibe aquí algo más profundo que una simple innovación tecnológica. Intuye un cambio de época. Una transformación antropológica. Tal vez incluso civilizatoria.

Y voy a confesar algo: rara vez escribo un artículo compuesto casi únicamente de preguntas. Creo que es la primera vez que lo hago deliberadamente. Pero, como he dicho, la lectura de este documento me dejó demasiados interrogantes atravesados en el pecho como para ignorarlos y, más aún, guardármelos:

¿Qué indujo este cambio de enfoque dentro de la Iglesia? ¿Cómo se produjo, en apenas dos años, el tránsito desde una preocupación comunicacional hacia una preocupación social, económica y geopolítica?

¿Qué ocurrió entre los primeros discursos del Papa Francisco sobre cultura digital y esta encíclica para que la IA dejara de ser presentada solo como fenómeno comunicacional y comenzara a interpretarse como estructura de poder?

¿Quiénes fueron los interlocutores intelectuales que ayudaron a mover esta discusión? ¿Economistas? ¿Expertos en geopolítica? ¿Grandes empresarios tecnológicos? ¿Universidades? ¿Centros de pensamiento?

¿Hasta qué punto lo ocurrido en estos dos últimos años terminó obligando a la Iglesia a abandonar una mirada estrictamente técnica sobre la inteligencia artificial? ¿En qué momento se comprendió que el problema ya no era solamente la desinformación o la manipulación comunicacional, sino el control del conocimiento humano, de la conducta social e incluso el posible sometimiento de la humanidad a nuevas estructuras de poder tecnológico?

¿Puede hablarse legítimamente de colonialismo digital cuando culturas enteras terminan dependiendo tecnológicamente de plataformas, modelos y sistemas diseñados desde unos pocos centros de poder mundial?

¿Quién define hoy qué es verdad, qué merece visibilidad y qué debe desaparecer? ¿Quién entrena las inteligencias artificiales? ¿Con qué visión antropológica? ¿Con qué intereses económicos? ¿Con qué ideología?

¿Puede seguir hablándose de neutralidad tecnológica? ¿O toda tecnología termina expresando inevitablemente una visión del ser humano y de la sociedad?

¿Estamos frente a una nueva cuestión social comparable a la revolución industrial?

¿Será casual que el lenguaje reciente del Magisterio recuerde tanto las grandes denuncias sociales de los siglos XIX y XX? ¿Estamos entrando en la nueva Rerum Novarum del siglo XXI?

¿La propiedad más poderosa del futuro ya no será la tierra ni la fábrica, sino los datos? ¿Será que el gran conflicto contemporáneo ya no gira solamente alrededor del capital y el trabajo, sino alrededor del conocimiento, los algoritmos y la capacidad tecnológica?

¿Estamos todavía a tiempo de humanizar la tecnología antes de que la tecnología termine reorganizando lo humano?

Ahora bien —y aquí quiero decir algo que para mí resulta fundamental— no puedo leer este momento histórico únicamente desde la sospecha. Como creyente, también me niego a pensar que la historia queda exclusivamente en manos de los poderosos. Porque precisamente ahí es donde aparece otra lectura posible: la acción del Espíritu Santo suscitando en la Iglesia una conciencia nueva frente al que quizá sea el tema más decisivo de nuestra época. Quizá la Iglesia lo está entendiendo antes de que muchos alcancen a dimensionarlo.

Esta encíclica sobre IA podría ser el intento de la Iglesia de construir un contrarrelato frente a una narrativa tecnológica que suele presentarse como inevitable, neutral y salvadora. Y eso le da muchísimo espesor al texto. Porque ya no sería solamente una reflexión moral sobre herramientas digitales, sino una disputa profunda sobre quién define el futuro humano.

Los pilares del desarrollo democrático nacional están amenazados

Vladimir de la Cruz

Tenemos 205 años de vida independiente. Declarada la Independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821 iniciamos el proceso de separación de la España colonial, que había hecho de la región que iba desde la provincia Costa Rica hasta México, pasando por Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala o Reino de Guatemala, como también se le conoció, de la región que comprendía a las provincias de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, donde el 15 de setiembre se había dispuesto comunicar a las provincias, la ruptura con España para que cada Provincia tomara su propia decisión. Chiapas, hoy estado de México también formó parte de la Capitanía General, pero se separó antes que Guatemala y el resto de las provincias. Éramos parte del Virreinato de México, o de Nueva España, la región más grande que tenía Espala en ultramar, como se decía en esa época.

Entre 1821 y setiembre de 1823 constituimos Juntas de Gobierno para dar nuestros primeros pasos de vida independiente, al mismo tiempo que se consideraba en la región mantenerse unidos, en vida independientes, como antes se había vivido. Así se inició el proceso para la gestación de la República Federal de Centroamérica, que funcionó desde 1824 hasta 1838 cuando de ella nos retiramos ese año, que también había provocado el retiro de Nicaragua y de Honduras. Dentro de la República nos constituimos bajo la forma de Estado de Costa Rica. La República impulsó las bases de un Estado fuerte, liberal, constituido por la división clásica de los tres poderes de Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así se constituyó Costa Rica con la Constitución Federal del 22 de noviembre de 1824, lo que se afirmó con la Constitución de Costa Rica de 1825, llamada Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica.

Desde entonces tenemos la separación de Poderes Públicos, cada uno de ellos con independencia entre sí, con funciones propias, exclusivas, indelegables, insubrogables. Así se desarrolló la estructura del Estado política y administrativa del Derecho de Costa Rica, que llega hasta nuestros días.

Hasta el año 2022 estos poderes de Estado se respetaron entre sí, en su independencia y en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. Con el gobierno que inició en el 2022, que acaba de terminar, se cuestionó esa independencia y se trató de dominar por parte del Poder Ejecutivo.

Con las elecciones de febrero de este año, con el triunfo presidencial del partido Pueblo Soberano, y con una mayoría legislativa de 31 diputados, de 57, el presidente saliente, Rodrigo Chaves, y la presidenta entrante, Laura Fernández, afirmaron que ya tenían controlados y tomados dos Poderes, y. que iban por tercero, por el Poder Judicial, en lo que no han escatimado ataques verbales y amenazas directas a sus magistrados integrantes, de cambiarlos, no reeligiendo lo que puedan reelegirse y nombrando magistrados afines y comprometidos políticamente al gobierno y a sus cogobernantes, Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

Con la figura de Estado de Costa Rica nos mantuvimos hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el jefe de Estado y presidente de la República, Dr. José María Castro Madriz firmó la Declaratoria de República de Costa Rica, que había sido declarada el día anterior por el Congreso Constitucional. Desde entonces iniciamos la vida de la República de Costa Rica, como nos seguimos reconociendo nacional e internacionalmente.

La República surgida en 1848, en su aspecto formal, así denominada, llegó hasta el 8 de mayo de 1948, cuando el entonces líder político y militar, José Figueres, de los sucesos de marzo y abril de 1948, a favor de reconocer el resultado electoral de 1948 a favor de Otilio Ulate, elecciones que se habían anulado, se impuso sobre Ulate el 1 de mayo, para recibir el gobierno el 8 de mayo, por un lapso de 18 meses, según lo pactado, como sucedió.

Ese 8 de mayo al recibir el gobierno que terminaba, en manos del Designado a la Presidencia, Ing. Santos León Herrera, e iniciar el nuevo período de gobierno, José Figueres, hizo pública declaración, por Decreto Ejecutivo, que iniciaba su mandato fundando la Segunda República de Costa Rica. De esa forma, también declaró ipso facto la existencia de la Primera República, la que había sido fundada por Braulio Carrillo.

En la sesión primera de esa Junta de Gobierno, después de integrar a los Miembros que se encargarían “de preparar todo lo referente al acto de traspaso de los poderes públicos”, señaló que ese “Gobierno Provisorio de la Nación” ejercería “sus funciones con el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República”. Así, desde 1948 hasta hoy hemos vivido, y seguimos viviendo, el período histórico, o fase histórica nacional, de la Segunda República.

Todos estos años han tenido pilares fundamentales que han dado como resultado el desarrollo democrático que hasta hoy hemos tenido en Costa Rica, que se ven amenazados desde el gobierno de Rodrigo Chaves, 2022-2026, y con el que inicia de Laura Fernández, donde Rodrigo Chaves sigue siendo la figura más importante de su Gabinete, de su Consejo de Ministros, con su doble ministerio de la Presidencia y de Hacienda, marcando los pasos y la música que se entona en los poderes Ejecutivo y con los 31 diputados del Legislativo.

Entre esos pilares fundamentales del desarrollo democrático podemos destacar los siguientes:

1.- Un Estado de Derecho fuerte, sólido, constituido por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los que se sumó en esa condición el Tribunal Supremo de Elecciones, que podemos llamarlo, para estos efectos, Poder Electoral, con el mismo rango e independencia de funciones que los otros poderes de Estado.

2.- Un desarrollo vigoroso constitucional, de 13 Constituciones Políticas, que marcaron y definieron la estructura institucional y administrativa, y fortalecieron los valores del pueblo y de la ciudadanía costarricense, sus derechos y libertades. Las Constituciones de 1871 y la de 1949, ambas con el tiempo de duración y vigencia que tuvieron, a pesar de la interrupción de la de 1871, en el periodo de la dictadura de Federico Tinoco y Constitución de 1917-1919.

3.- Un ejercicio de gobernantes, en los poderes públicos, predominantemente de educadores, abogados, médicos, periodistas, con pocos militares ejerciendo el Poder. Desde Juan Mora Fernández, 1824-1833 los educadores y civiles fueron clave sobre militares.

4.- Un ejército, que a pesar de sus gloriosas jornadas en la lucha nacional contra los filibusteros norteamericanos en Costa Rica y en Centroamérica, no se desarrolló ni fortaleció de manera constante. Por el contrario, después del Crimen de Estado contra los Héroes nacionales, de aquellas jornadas, Juan Rafael Mora Porras y el General José María Cañas, se empezó a debilitar institucionalmente, hasta que pasados los sucesos de la guerra civil de marzo y abril de 1948, se tomó la decisión de eliminarlo de la estructura del Estado costarricense, haciendo tengamos 78 años sin Ejército, cuyos gastos institucionales pudieron orientarse a otras tareas de la administración pública nacional.

5.- El desarrollo de un concepto de vida democrática considerada como poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, concepto que se enriqueció con la incorporación del Plebiscito y el Referéndum Nacional como instancias de consulta popular, haciendo que esa vida democrática y el poder público se valide “con el pueblo”.

6.- Un sistema electoral, que, aunque con limitaciones en su origen, evolucionó y se enriqueció hasta tener hoy un sistema de partidos políticos amplio, con igualdad plena de mujeres y hombres en sus derechos políticos y sociales, en el cual todas las personas de 18 años se consideran ciudadanos con esa capacidad política de tomar las decisiones para la integración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como el de las instancias municipales.

7.- El desarrollo de un Estado Social y Democrático de Derecho, fundamentado en los siguientes aspectos:

a) – desarrollo de libertades púbicas

b) – desarrollo de derechos ciudadanos

c). – fortalecimiento de la educación pública, como el motor del desarrollo nacional de posibilidades y oportunidades y de superación personal de los ciudadanos.

Desde los inicios de la vida independiente se impulsó la educación de niños y niñas. Se fortaleció con la apertura de la Universidad de Santo Tomás en 1843, con los impulsos que dieron a la educación, entre otros, los Jefes de Estado y Presidentes José María Castro Madriz, Jesús Jiménez, que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria, con las reformas que se impulsaron por los Secretarios o Ministros de Educación, Mauro Fernández, Miguel Obregón, Uladislao Gámez, con la fundación de la Escuela Normal de Heredia y la especial atención que se dio a la formación de maestros y profesores.

Con el impulso que se dio con la fundación de la Universidad de Costa Rica, como única Universidad en el país, desde el 26 de agosto de 1940 hasta la fundación del ITCR, el 10 de junio de 1971, de la Universidad Nacional, el 15 de febrero de 1973 fortaleciendo a partir de ese momento un sistema de universidades públicas, en esa misma década, con la UNED, el 3 de marzo de 1977, y finalmente con la Universidad Técnica Nacional el 4 de junio del 2008, que contribuyeron a fortalecer los mecanismos democráticos nacionales. De hecho, hasta esos años toda la clase política nacional se formó bajo los aleros de la educación pública, contribuyendo a concebir una sociedad costarricense más inclusiva y democrática.

Elemento clave de este desarrollo universitario fue garantizar el financiamiento público a la educación superior universitaria, como meta de llegada de los niños y jóvenes que asisten a la educación preuniversitaria, siendo este un gran facto de movilidad social y democrático.

Esta financiación está en crisis y gravemente amenazada, de manera especial por el Gobierno de Rodrigo Chaves y su continuismo con Laura Fernández, orientado el desfinanciamiento y al debilitamiento total de la educación pública en general y la superior en particular.

d).- el desarrollo de un sistema de salud nacional, que desde el siglo XIX se orientó a garantizar las mejores condiciones de salud del pueblo costarricense, para los cual se impulsaron medidas de saneamiento ambiental de construcción de habitaciones, de impulso de hospitales desde los inicios del Estado de Costa Rica, hasta la fundación del Ministerio de Salud, el 4 de junio de 1927, y de la Caja Costarricense del Seguro Social, el 1 de noviembre de 1942, que llegó a universalizar sus servicios de enfermada, maternidad y de salud integrales, desarrollando en el país una medicina de primer mundo. Hoy gravemente amenazado todo el sistema por los procesos de privatización que se han venido dando contra la CCSS, la cual se debilitado institucionalmente.

e) – la Junta Gobierno fortaleció todo este proceso impulsando, entre otras medidas, la nacionalización bancaria y la de recursos hidro energéticos. Con la nacionalización bancaria facilitaron el crédito público para todos los sectores sociales del país, desarrollando los mecanismos para la gestación de las clases medias, y nacionalización de los recursos hidro energéticos y la creación del ICE desarrollaron la electricidad en todo el país, estimulando la producción y las actividades económicas, frenando a la vez la migración campo ciudad, al llevar la modernización a las zonas rurales.

Antes de la existencia del ICE la electricidad en manos privadas que se desarrolló desde 1880 no alcanzó a cubrir ni siquiera el 5% del territorio nacional. Hoy con el ICE la electricidad prácticamente llegó al 100% del territorio nacional.

Estos pilares del desarrollo democrático nacional han sido debilitados, y se encuentran amenazados en el paredón de tiro del actual grupo gobernante, de los cogobiernos de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y sus diputados del Partido Pueblo Soberano.

f) – el desarrollo de una legislación social fuerte y avanzada que se fue logrando desde principios del siglo XX, hasta llegar a las Reformas Sociales de 1943 que incorporaron el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución de 1871 y que se introdujo también en la Constitución de 1949, ligeramente ampliado.

En este campo ha habido una arremetida contra la legislación laboral y los derechos laborales en el país. Su principal amenaza la tiene gestionada por los cogobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, y sus diputados del partido Pueblo Soberano que quieren establecer la jornada esclavista de trabajo de 12 horas, sin reconocimiento del pago de horas extras, de reducción en los beneficios salariales en el pago de aguinaldo y de reducción real de las pensiones, a la hora de acogerse los actuales empleados, a un 40% de su salario, bajándolas de un 60% a ese 40%, y a un aumento de la edad de retiro en 5 años más de trabajo, es decir retiro para la pensión en la realidad a los 65 o 70 años de edad.

g) – El desarrollo democrático y social del Estado de Derecho que se logró alcanzar hasta 1978 hizo surgir el Estado de Bienestar en Costa Rica, que fue un modelo en la región centroamericana, motor generador de empleo, y de creación de las clases medias. Desde aquel año ese papel del Estado empresario, del estado de Bienestar, sufrió los embates de los Planes de Ajuste Estructural, que se impulsaron a partir de la década de 1980 y de las políticas de Tratados Libre Comercio, a partir de la década de 1990, junto a las políticas neoliberales que han empobrecido al pueblo costarricense y han debilitado las clases medias.

h) – Lamentablemente los sectores sociales se han debilitado en sus organizaciones de defensa, y en sus luchas, de sus derechos fundamentales. Frente a grandes amenazas han reaccionado estos sectores. En este siglo hay recordar y tener presente las Jornadas de Defensa del ICE, las luchas del Combo del ICE, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y las luchas contra el TLC con Estados Unidos en el 2007.

Estamos a las puertas de batallas similares. Hay que refrescar la memoria histórica, social y política.

Más allá de la técnica: racionalidad, historicidad y disputa por el modelo eléctrico costarricense

Rodrigo Campos Hernández

MSc. Rodrigo Campos Hernández

El debate en torno al proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” ha sido presentado, en gran medida, como una discusión técnica acerca de eficiencia, modernización y competitividad. Desde sectores oficialistas y empresariales se ha insistido en que la reforma responde a necesidades inevitables derivadas de la transformación tecnológica, el crecimiento de la demanda energética y la integración regional de mercados eléctricos. Paralelamente, quienes cuestionan el proyecto han sido frecuentemente caracterizados como defensores del inmovilismo, del estatismo o incluso como opositores ideológicos incapaces de comprender las exigencias contemporáneas del desarrollo económico.

Sin embargo, reducir el debate a una confrontación entre modernización y atraso constituye una simplificación profundamente problemática. Lo que está en discusión no es únicamente la reorganización administrativa del sistema eléctrico nacional, sino la disputa entre distintas racionalidades históricas acerca del papel del Estado, el mercado y la función social de la energía en Costa Rica.

Precisamente aquí emerge una cuestión filosófica central: ¿qué entendemos por racionalidad cuando analizamos políticas públicas de gran impacto estructural? ¿Es posible evaluar un proyecto de esta naturaleza desde una racionalidad completamente neutral, desvinculada de presupuestos históricos, culturales e ideológicos? O, por el contrario, ¿toda racionalidad se encuentra inevitablemente situada dentro de determinados horizontes de sentido que condicionan aquello que aparece como lógico, eficiente o deseable?

La filosofía analítica clásica ha tendido históricamente a privilegiar la coherencia lógica interna de los argumentos, la claridad conceptual y la consistencia formal del lenguaje. Desde esa perspectiva, sería posible analizar racionalmente un proyecto de ley independientemente de la adhesión política o ideológica de quien lo estudia. Y ciertamente existe una dimensión válida en esta afirmación: la racionalidad no puede reducirse simplemente a preferencias ideológicas. Una contradicción normativa continúa siendo una contradicción, aunque favorezca nuestras convicciones políticas; una falacia lógica no deja de serlo por coincidir con nuestras simpatías ideológicas.

No obstante, el problema aparece cuando se pretende extender esa racionalidad lógico-formal hacia una supuesta neutralidad absoluta del análisis político y jurídico. Como advirtió Hans-Georg Gadamer (1998), toda comprensión se produce desde horizontes históricos determinados. El intérprete nunca se aproxima al mundo desde una posición vacía o puramente abstracta; interpreta desde tradiciones, lenguajes y marcos de sentido históricamente constituidos. La racionalidad, en consecuencia, no opera en el vacío: siempre se despliega dentro de horizontes históricos de sentido.

Esta observación resulta especialmente relevante para analizar el proyecto de modernización eléctrica costarricense. Conceptos como “eficiencia”, “armonización”, “competencia”, “libre acceso”, “despacho económico”, “mercado” o “modernización” aparecen en el texto legal como categorías aparentemente técnicas y neutrales. Sin embargo, dichos conceptos no poseen un significado universal ahistórico. Su sentido depende de determinadas concepciones previas acerca del Estado, la economía y la sociedad.

Ludwig Wittgenstein (1988), especialmente en su etapa tardía, insistió en que el significado de los conceptos depende de sus usos dentro de determinados “juegos de lenguaje”. Esto implica que categorías como “eficiencia” o “competencia” no pueden analizarse únicamente desde definiciones abstractas, sino desde las prácticas sociales e históricas en las que adquieren sentido. Del mismo modo, Thomas Kuhn (2004) mostró que incluso las nociones de racionalidad científica se encuentran condicionadas por paradigmas históricos que determinan qué problemas son relevantes y qué soluciones aparecen como válidas en cada época.

Cuando el proyecto propone reorganizar el sistema eléctrico mediante un Mercado Eléctrico Nacional, ampliar la participación competitiva de agentes públicos y privados, crear mecanismos de subasta, habilitar comercializadores y fortalecer la lógica de despacho económico, no está simplemente describiendo procedimientos técnicos eficientes. Está operando dentro de una racionalidad específica: una racionalidad tecnocrático-competitiva que asume que los mecanismos de mercado constituyen la forma más adecuada de organizar sectores estratégicos de la vida social.

Michel Foucault (2007) permitió comprender con enorme profundidad este fenómeno al analizar el neoliberalismo no simplemente como ideología económica, sino como forma de racionalidad gubernamental. Desde esta perspectiva, el mercado deja de ser únicamente un mecanismo económico para convertirse en principio organizador general de la acción estatal. La competencia, la eficiencia y la optimización ya no funcionan solamente como instrumentos, sino como criterios normativos mediante los cuales se redefine lo racional y lo legítimo en la gestión pública.

Así, el proyecto eléctrico no aparece como mera reforma técnica, sino como expresión de una racionalidad histórica determinada. Una racionalidad marcada por procesos contemporáneos de globalización económica, integración regional, managerialismo estatal, crisis fiscales y hegemonía de lenguajes tecnocráticos de eficiencia y competitividad.

Sin embargo, el conflicto que emerge alrededor del proyecto no enfrenta racionalidad contra irracionalidad. Lo que realmente se confronta son racionalidades históricas distintas.

Por una parte, la racionalidad tecnocrático-competitiva privilegia:

eficiencia económica,
flexibilidad del mercado,
descentralización funcional,
competencia regulada,
incentivos de inversión,
optimización de costos.

Por otra parte, la racionalidad pública-solidaria que históricamente estructuró el modelo eléctrico costarricense privilegia:

universalidad,
cohesión territorial,
planificación estatal,
seguridad estratégica,
electrificación rural,
solidaridad distributiva,
soberanía energética.

Ambas racionalidades poseen coherencia interna. Precisamente por ello el debate no puede resolverse únicamente mediante análisis lógico-formales de consistencia argumentativa. El conflicto se sitúa en un nivel más profundo: la disputa acerca de qué concepción del desarrollo nacional debe orientar la organización de un bien estratégico como la energía eléctrica.

La historia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) resulta particularmente ilustrativa en este punto. El ICE no surgió simplemente como empresa eléctrica. Fue producto de un proyecto histórico de Estado social desarrollista construido durante la segunda mitad del siglo XX. Su racionalidad fundacional no respondía prioritariamente a criterios de maximización competitiva o rentabilidad inmediata, sino a objetivos de integración nacional, universalización del servicio, planificación de largo plazo y fortalecimiento de capacidades públicas estratégicas.

Precisamente por ello, el éxito histórico del modelo eléctrico costarricense no puede comprenderse exclusivamente desde indicadores financieros. La expansión de cobertura hacia territorios rurales, la consolidación de una matriz renovable y la estabilidad relativa del sistema fueron posibles porque el modelo subordinó parcialmente la lógica mercantil a objetivos políticos y sociales más amplios.

Desde luego, esto no implica idealizar el sistema existente ni negar la necesidad de reformas. La transformación tecnológica, el crecimiento de la demanda energética y la transición hacia nuevas formas de consumo eléctrico exigen cambios institucionales importantes. El problema aparece cuando la modernización se identifica automáticamente con apertura competitiva y reorganización mercantil del sistema.

Aquí resulta especialmente pertinente la crítica de Max Horkheimer (2003) a la reducción de la racionalidad social a mera racionalidad instrumental. Una política pública puede resultar técnicamente eficiente desde determinados parámetros económicos y, al mismo tiempo, erosionar formas de solidaridad o capacidades institucionales fundamentales para la cohesión democrática. En una línea semejante, Herbert Marcuse (1993) advirtió cómo las sociedades tecnológicas avanzadas tienden a presentar sus propios modelos de organización como los únicos racionalmente posibles, invisibilizando alternativas políticas y sociales.

Jürgen Habermas (1987; 1999), retomando parcialmente esta tradición crítica, sostuvo que la racionalidad instrumental no agota la racionalidad social. Una política pública puede ser económicamente eficiente y, simultáneamente, producir efectos negativos sobre la legitimidad democrática, la integración social o la participación ciudadana. La eficiencia, por tanto, no constituye una categoría neutra: depende siempre de aquello que una sociedad decide priorizar normativamente.

¿Eficiencia para quién? ¿Eficiencia medida según qué criterios? ¿Competitividad respecto de qué objetivos sociales? Estas preguntas no pueden responderse únicamente desde cálculos técnicos, porque involucran valoraciones políticas e históricas acerca de la función social de los bienes públicos.

En este sentido, el proyecto de modernización eléctrica revela una tensión característica de las democracias contemporáneas: la tendencia a presentar decisiones profundamente políticas como si fueran meras necesidades técnicas inevitables. La neutralidad técnica funciona entonces como mecanismo de legitimación discursiva. No porque exista necesariamente manipulación deliberada, sino porque toda racionalidad histórica tiende a naturalizar sus propios presupuestos.

Pierre Bourdieu (1997) observó que una de las formas más eficaces de poder consiste precisamente en lograr que determinadas visiones del mundo aparezcan como naturales, objetivas o incuestionables. Algo semejante ocurre cuando categorías como “modernización”, “eficiencia” o “armonización” son utilizadas como conceptos aparentemente autosuficientes, desvinculados de las relaciones de poder y de las concepciones históricas del Estado que las sostienen.

Peter Berger y Thomas Luckmann (2003) mostraron, desde la sociología del conocimiento, cómo las instituciones sociales tienden a objetivarse históricamente hasta aparecer como realidades naturales y no como construcciones humanas contingentes. Esto permite comprender cómo determinadas formas de organización económica pueden presentarse discursivamente como inevitables o técnicamente indiscutibles, aun cuando respondan a opciones políticas e históricas específicas.

Por ello, la discusión sobre el sistema eléctrico costarricense no debería reducirse a consignas simplificadoras acerca de “comunismo”, “estatismo” o “neoliberalismo”. Hacerlo impide comprender la verdadera profundidad del conflicto. Lo que está en juego no es solamente la estructura administrativa del mercado eléctrico, sino la redefinición del horizonte racional desde el cual Costa Rica entiende la relación entre Estado, mercado y derechos colectivos.

En última instancia, el debate sobre la modernización eléctrica costarricense demuestra que las discusiones jurídicas y políticas nunca son únicamente conflictos de normas o argumentos aislados, sino disputas entre formas históricas de comprender lo racional, lo legítimo y lo deseable en una sociedad democrática.

Referencias

Berger, P., & Luckmann, T. (2003). La construcción social de la realidad. Amorrortu.

Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas: Sobre la teoría de la acción. Anagrama.

Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978-1979). Fondo de Cultura Económica.

Gadamer, H.-G. (1998). Verdad y método I. Ediciones Sígueme.

Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa. Tomo I: Racionalidad de la acción y racionalización social. Taurus.

Habermas, J. (1999). Teoría de la acción comunicativa. Tomo II: Crítica de la razón funcionalista. Taurus.

Horkheimer, M. (2003). Crítica de la razón instrumental. Trotta.

Kuhn, T. S. (2004). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica.

Marcuse, H. (1993). El hombre unidimensional. Planeta-Agostini.

Wittgenstein, L. (1988). Investigaciones filosóficas. Crítica.

Concejo Municipal de Montes de Oca reitera oposición al proyecto de apertura del mercado eléctrico

El pasado lunes 25 de mayo del 2026, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó la reiteración de un acuerdo adoptado originalmente en el año 2024, mediante el cual manifiesta nuevamente su oposición al proyecto de ley de apertura y “armonización” del mercado eléctrico nacional actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa y reafirma su apoyo al modelo eléctrico solidario de Costa Rica.

Mediante este acuerdo, el Concejo Municipal solicita respetuosamente a las señoras diputadas y señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica archivar dicha iniciativa legislativa, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario, público y ambientalmente sostenible que históricamente ha caracterizado a Costa Rica.

El acuerdo reafirma el respaldo del gobierno local de Montes de Oca al sistema eléctrico nacional construido sobre principios de solidaridad, universalidad, planificación pública y acceso equitativo a la energía, modelo que ha permitido al país alcanzar altos niveles de cobertura eléctrica y una matriz predominantemente renovable.

Asimismo, el Concejo Municipal expresa su preocupación por los posibles impactos sociales, ambientales y económicos derivados de la fragmentación y liberalización del sistema eléctrico nacional, incluyendo riesgos para la protección de los recursos hídricos, el aumento de desigualdades territoriales y el debilitamiento del papel estratégico de las instituciones públicas del sector.

El gobierno local de Montes de Oca hace un llamado a fortalecer, modernizar y defender el sistema eléctrico costarricense desde una visión de interés público, sostenibilidad ambiental y justicia social, y no desde esquemas de mercantilización que puedan comprometer la soberanía energética del país.

Finalmente, el Concejo Municipal reitera su compromiso con la defensa de los servicios públicos esenciales, la transición energética justa y la protección del patrimonio ambiental y social de Costa Rica.

Información para SURCOS de M.Sc. Jorge Mora Portuguez, regidor, Municipalidad de Montes de Oca.

De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte III)

¿Más cara la medicina que la enfermedad? Cuando te conviertes en esclavo de tus palabras

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

En nuestra anterior columna vimos cómo el hartazgo ante la corrupción del bipartidismo tradicional parió al Partido Acción Ciudadana (PAC). Agotados por los escándalos, los costarricenses buscaban desesperadamente una tabla de salvación, y el partido de Ottón Solís se presentó como el gran faro moral de la política nacional.

Ese discurso caló tan hondo que, en el 2014, Luis Guillermo Solís rompió el molde histórico y llegó a la presidencia con más de un millón de votos. Nos prometieron una “casa de cristal”, donde la transparencia sería absoluta. Sin embargo, la historia nos enseñó a la mala una lección brutal: gobernar no es lo mismo que ser oposición, y cuando construyes toda tu identidad política asumiendo el papel de juez moral de los demás, tus propios pecados te los cobran al doble.

Esclavos de sus propias palabras

Durante sus años de oposición, el PAC esgrimió un Código de Ética implacable. Medían a los políticos del PLN y del PUSC con una vara altísima: exigían destituciones y renuncias inmediatas ante el menor cuestionamiento o sospecha en la prensa. Eran los dueños de la pureza.

Pero el poder es un espejo implacable. Cuando les tocó sentarse en la silla presidencial, esa vara métrica desapareció. De pronto, ante los cuestionamientos a sus propios jerarcas, la narrativa cambió drásticamente. Lo que antes era “exigencia ética”, ahora se escudaba en el “debido proceso” y la “presunción de inocencia”. El partido que nació para erradicar las viejas prácticas terminó recurriendo a las mismas artimañas legales y excusas políticas que tanto le habían criticado al bipartidismo. Se convirtieron en esclavos de sus propias palabras.

Los escándalos bajo la bandera del “Cambio”

Si el discurso ético se desmoronó en la forma, en el fondo el golpe fue devastador. Durante sus dos administraciones (Solís Rivera 2014-2018 y Alvarado Quesada 2018-2022), el país fue testigo de casos que hirieron de muerte la promesa del cambio:

La estafa al TSE: La ironía más dolorosa de nuestra historia política reciente. El partido que enarboló la bandera anticorrupción fue condenado en los tribunales por estafar al Estado costarricense mediante contratos falsos durante la campaña política. Un golpe letal a su autoridad moral.

El Cementazo: Este escándalo nos demostró que el PAC no desmanteló las viejas redes de tráfico de influencias, sino que, lamentablemente, algunos de sus actores simplemente acercaron una silla para sentarse a la misma mesa de los grandes negocios oscuros.

El “Hueco Fiscal”: La irresponsabilidad de ocultar un déficit multimillonario en el presupuesto nacional antes del cambio de gobierno en 2018. Una jugada política y contable que le costó carísimo al bolsillo de los costarricenses.

El Caso UPAD: Un hecho inédito que terminó con el allanamiento de la mismísima Casa Presidencial. Más allá del debate legal, representó una bofetada a la confianza ciudadana sobre el manejo oscuro de la información privada de los costarricenses.

El Caso Cochinilla: Aunque la pudrición en el CONAVI y el MOPT venía de mucho atrás, la bomba estalló bajo su guardia, demostrando una total incapacidad para limpiar las instituciones que prometieron sanear.

La medicina que no curó al paciente

Pero más allá de los escándalos, la verdadera tragedia fue la gestión del Estado. Retomando lo que hablábamos en la segunda columna: ¿Se salvó a la clase media? No. ¿Se rescató a nuestros agricultores y ganaderos? Tampoco.

Tener buenas intenciones —o al menos pregonarlas— no equivale a tener capacidad técnica para administrar. Durante ocho años vimos infraestructura estancada, un desempleo en aumento y una desigualdad que se profundizó. Nos dimos cuenta de que la indignación sirve para ganar elecciones, pero no para gobernar un país.

El vacío y el castigo

El electorado costarricense es paciente, pero no olvida. En las elecciones de 2022, el castigo en las urnas fue histórico y fulminante: cero diputados. El partido que prometió cambiar a Costa Rica quedó reducido a la irrelevancia política absoluta.

Pero esta implosión nos dejó una herida mucho más profunda. La caída en desgracia de los partidos tradicionales, sumada al estrepitoso fracaso de la promesa moral del PAC, dejó al ciudadano de a pie huérfano, cínico y desesperado.

Ese vacío de credibilidad, esa sensación de que “todos son iguales”, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para lo que estamos viviendo hoy. De eso, de la polarización, del discurso antisistema y de la Costa Rica dividida que nos quedó, hablaremos en nuestra cuarta y última columna.

Nos leemos pronto, en la cuarta y última parte de la serie.

Defensoría advierte debilidades del sistema que atiende reclamos de usuarios dentro de entidades públicas

La Defensoría de los Habitantes alertó al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), ente rector del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, respecto a las debilidades estructurales de este Sistema que afectan el abordaje en la atención de denuncias presentadas por las personas usuarias a lo interno de las instituciones públicas.

Entre las principales situaciones operativas que enfrentan las Contralorías de Servicio están el poco personal asignado, el escaso respaldo del ente rector y las respectivas jerarquías institucionales, la ambigüedad en la normativa, la insuficiente disposición de recursos tecnológicos y sistemas automatizados de gestión, la inexistencia de programas de formación y capacitación continua del personal, entre otros. Actualmente existen dentro del sistema 100 unidades institucionales, pero también existen oficinas institucionales que cumplen funciones similares y no están integradas (principalmente en municipalidades, bancos, etc).

Tras una investigación y un proceso de diálogo con representantes de dichas dependencias, la Defensoría emitió un informe con recomendaciones donde se hace notar la urgente necesidad de fortalecer las capacidades de estas dependencias, las cuales tienen como objetivo que haya una mejora en la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones públicas hacia los y las habitantes a través de una efectiva atención a sus reclamos.

Para la Defensoría, el Mideplan, presenta deficiencias en el desempeño de esta importante función, particularmente en lo relacionado con la emisión de políticas y lineamientos para procurar un servicio público de calidad y para orientar el trabajo de estas oficinas.

Un punto importante es que la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio (SNCS) enfrenta un debilitamiento en los últimos años, debido a que solamente cuenta con dos funcionarias y no se ha nombrado su jefatura desde hace varios años, así como una débil vinculación entre la Secretaría Técnica y las contralorías de servicios institucionales. El escaso recurso humano incide en la imposibilidad de que dicha instancia cumpla plenamente con sus obligaciones legales, más allá de la verificación de emisión de los informes anuales por parte de las contralorías adscritas; ejemplo de ello, es que se carece de mecanismos de seguimiento y evaluación del trabajo de las contralorías, para identificar oportunidades de mejora, asegurar estándares de calidad y fortalecer su legitimidad institucional.

Por otro lado, se identificó un clamor entre contralorías y unidades afines, integradas o no al SNCS, para generar espacios de coordinación, intercambio, formación y colaboración entre tales dependencias. También varias contralorías o unidades afines que no integran el SNCS, desconocen la existencia de dicho Sistema, lo que revela su insuficiente divulgación y posicionamiento en la Administración Pública.

Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes recomendó al Mideplan diseñar e implementar una estrategia integral para fortalecer el Sistema Nacional de Contralorías de Servicio, que incluya la emisión de lineamientos de política pública para mejorar los servicios públicos; así como un reforzamiento de los procesos de capacitación y formación continua al personal de las contralorías de servicios.

También diseñar un plan de fortalecimiento de la Secretaría Técnica para dotar del recurso humano y tecnológico necesario para su adecuado funcionamiento y cumplimiento de responsabilidades que le impone la ley; así como apercibir a 41 instituciones públicas que tienen contralorías unipersonales para que se ajusten al artículo 17 de la Ley y doten de más personal a tales dependencias.

UNA condena la violencia policial contra estudiantes

Institución exige garantías plenas para el ejercicio del derecho a la protesta

La Universidad Nacional (UNA), expresa su más enérgica condena ante la actuación de la Fuerza Pública contra estudiantes universitarios que la noche de este martes 26 de mayo, concluían su participación en una manifestación pacífica en las afueras de la Asamblea Legislativa. Distintos reportes periodísticos y registros audiovisuales difundidos públicamente documentan una intervención policial desproporcionada, así como la detención de una persona manifestante en un contexto que ha generado serias dudas sobre la legalidad, necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza.

De manera particular, la Universidad Nacional manifiesta su profunda preocupación por la detención del estudiante Elián Xavier Jiménez Campos, así como por las denuncias de agresión física previas a su aprehensión, en medio de señalamientos que, según se ha reportado, surgieron a partir de acusaciones formuladas en el propio entorno legislativo. La gravedad del caso aumenta frente a los registros que, de acuerdo con la denuncia pública, muestran empujones, agresiones físicas y verbales contra otras personas estudiantes que también participaban de la manifestación.

La Universidad considera especialmente alarmante que, en el marco de estos hechos, también se haya reportado la agresión contra la diputada Vianey Mora, quien, según la denuncia pública, habría sido embestida por una patrulla policial mientras exigía explicaciones sobre la detención del estudiante. Si estos hechos se confirman, se estaría frente a una actuación incompatible con los principios democráticos, con el deber de contención de la fuerza pública y con el respeto debido a quienes ejercen funciones de representación popular.

El derecho a la protesta pacífica constituye una garantía democrática fundamental y no puede ser tratado como una amenaza al orden público por el simple hecho de interpelar decisiones de poder. Toda intervención policial en contextos de manifestación debe regirse por criterios estrictos de legalidad, racionalidad, necesidad y proporcionalidad; cualquier exceso o abuso de autoridad erosiona la confianza pública y debilita el Estado de derecho.

La Universidad Nacional advierte, además, con enorme preocupación, una secuencia reciente de actuaciones policiales que han recaído sobre personas manifestantes en contextos cívicos y simbólicos. Medios nacionales reportaron que estudiantes detenidas durante el traspaso de poderes por portar una bandera de Palestina fueron puestas en libertad, luego de que no se sostuvieran elementos para mantener su detención, lo que refuerza la necesidad de revisar con seriedad la actuación policial en este tipo de escenarios.

Frente a esta escalada, la UNA hace un llamado firme al Poder Ejecutivo, en su condición de responsable político de la conducción de los cuerpos policiales, para que garantice el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, cese toda práctica de hostigamiento o represión contra la protesta social y asegure investigaciones prontas, independientes y transparentes sobre estos hechos. Ninguna democracia se fortalece reprimiendo a su ciudadanía; por el contrario, se degrada cuando se normaliza la violencia estatal contra quienes ejercen derechos constitucionales.

La Universidad Nacional rechaza toda forma de retención indebida, privación arbitraria de libertad, criminalización de la protesta y uso de la fuerza como mecanismo de intimidación política. También reitera que la presunción de inocencia no puede ser sustituida por señalamientos apresurados ni por operativos montados sobre acusaciones no verificadas. Defender este principio no significa avalar conductas ilícitas; significa exigir que, aun ante cualquier sospecha, el Estado actúe dentro de los límites de la ley y del respeto a la dignidad humana.

Este episodio no solo interpela a las autoridades de seguridad, interpela al país entero. Lo que está en juego es la garantía de que estudiantes, agricultores, trabajadores y ciudadanía en general puedan manifestarse sin temor a ser agredidos, detenidos arbitrariamente o convertidos en blanco de operaciones desproporcionadas. La Universidad Nacional afirma con claridad que ni la intimidación ni la violencia van a detener a una ciudadanía consciente de sus derechos y decidida a defenderlos por las vías democráticas.

La defensa de la educación pública, de la libertad de expresión y del derecho a la protesta pacífica seguirá siendo una causa legítima. La Universidad Nacional acompañará toda exigencia de esclarecimiento, justicia y no repetición, en resguardo de la dignidad del movimiento estudiantil y de los valores democráticos que deben prevalecer en la vida pública costarricense.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica