Comunidad organizada, ecologistas y habitantes de la zona defienden su hogar y el patrimonio de los costarricenses de quienes quieren robarles sus derechos
Movimiento Cahuita Unida cuestiona que el INVU sea “juez y parte” y vecinos del cantón de Cahuita exigen con amparo verdadera participación comunitaria.
Recursos y acciones legales contra el PRC se acumulan en la Sala Constitucional, el MINAE, y la Municipalidad de Talamanca.
El lunes 28 de agosto venció el plazo para la presentación de objeciones y observaciones por parte de la sociedad civil al PRC.
Cahuita, 30 de agosto del 2023. Movimiento Cahuita Unida, Bloqueverde y COVIRENAS Caribe Sur. Durante el mes anterior, la Municipalidad de Talamanca presentó la propuesta de Plan Regulador Costero (PRC) la cual fue elaborada por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). El PRC fue presentado a la comunidad mediante reuniones informativas con las comunidades y a través de información que circuló en la página web de la Municipalidad. El 4 de agosto del año en curso, inmediatamente después de este apurado proceso de socialización, la Municipalidad celebró la Audiencia Pública durante la cual se evidenció una amplia y diversa oposición desde las comunidades locales que critican la falta de participación, el dificil acceso a la informaión, y graves violaciones a las leyes ambientales y a los derechos ancestrales de los pueblos tribales e originarios de la zona, entre otros.
El PRC en discusión plantea la zonificación y el ordenamiento de la franja de doscientos metros de ancho, medidos horizontalmente a partir de la línea de la marea alta ordinaria de todo lo largo del litoral, franja mejor conocida como la zona marítimo terrestre (ZMT). Resulta importante recordar que la ZMT se compone de dos secciones: la zona pública (la primera faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, manglares y esteros); y la zona restringida (la franja de los ciento cincuenta metros restantes y los demás terrenos en caso de islas). La zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso, y nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella ya que estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de las personas. En la zona restringida las Municipalidades, en coordinación con el ICT, se encuentran autorizadas para otorgar concesiones para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, por el plazo y bajo las condiciones que la Ley de Zona Marítimo Terrestre número 6043 indique.
Dicha Ley, publicada en su versión original en el año 1977, establece en sus artículos 15, 25, 31, 37, 38, y 51, que la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial para esta zona especial, deberán realizarse mediante un trabajo coordinado y dirigido por la Municipalidad respectiva y fiscalizado y aprobado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Silvia Matamoros, consultora legal en temas marino-costeros explica que:
en virtud de que las comunidades que habitan las costas del Caribe Sur todavía no cuentan con la declaratoria de zona urbano-litoral, lo que corresponde a la hora de elaborar el PRC para el distrito de Cahuita es aplicar lo establecido en la Ley número 6043. Esta Ley y su reglamento son complementadas por las disposiciones establecidas en la Ley de Planificación Urbana y el Manual para la elaboración de Planes Reguladores Costeros aprobado por la Junta Directiva del INVU y el ICT, instrumentos de política pública que deben ser observados y acatados por el Gobierno Local correspondiente a lo largo del proceso.
Preocupados por la injerencia del INVU en el proceso de elaboración de la propuesta del PRC, el Movimiento Cahuita Unida (MCU) cuestionó la constitucionalidad de los artículos 9 inciso 1 y 17 inciso 2; y el transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Estos artículos son los que autorizan a la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para que puedan elaborar la propuesta del Plan Regulador. El argumento principal para impugnar estas normas es que la autoridad designada por ley para aprobar el plan es la misma que lo elabora. Se cuestiona que al ser “juez y parte” del proceso de elaboración de los Planes Reguladores existe un alto riesgo de que la institución pierda objetividad al aprobar una propuesta elaborada por el mismo ente público.
Adicionalmente, 40 vecinos de la comunidad de Cahuita presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional denunciando irregularidades dentro del proceso participativo. Afirman que la información se compartió con poco tiempo considerando lo complejo que fue accesarla y estudiarla debido a lo extensa y técnica que es. Además, según denuncia Andrea Mora del Movimiento Cahuita Unida,
sigue existiendo incertidumbre sobre lo que sucederá con las construcciones existentes; la Municipalidad de Talamanca no brinda respuesta a solicitudes de información y peticiones específicas; y la Comisión Local de Planificación y Ordenamiento Territorial realizó una consulta inadecuada, que incumple normativas ambientales y pone en riesgo los derechos de los habitantes de las costas.
Estos dos nuevos recursos se suman a cuatro otros que han presentado distintos actores comunitarios y sectores opuestos al PRC ante la Sala Constitucional sobre temas como la afectación de humedales (23-014549-0007-CO), los mapas del Territorio Indígena de Kéköldi (23-016184-0007-CO), Solicitud de información y suspensión de audiencia (23-016185-0007-CO), No consulta al territorio indígena Kéköldi – Cocles (23-016445-0007-CO). Estas acciones fueron complementadas con un recurso de nulidad ante la Comisión Plenaria de la SETENA por los errores graves en los IFAs que sustentan la viabilidad ambiental (EAE-0002-2020-SETENA), el cual fue rechazado el día de hoy y por lo tanto se espera que se presente la apelación correspondiente en los próximos días con el fin de agotar la vía administrativa. Por último, pero no menos importante, la Municipalidad de Talamanca se ha visto inundada por recursos de nulidad y de apelación relacionados al fondo de la propuesta del PRC y a irregularidades presenciadas por la comunidad durante la celebración de la Audiencia Pública.
A las acciones legales mencionadas hasta el momento, se suman las objeciones y observaciones que se presentaron a la propuesta de PRC, las cuales se podían presentar hasta este lunes 28 de agosto. Dentro de las principales preocupaciones que han expresado los distintos grupos comunales como los COVIRENAS del Caribe Sur se señalan (i) el desconocimiento de información técnica que busca garantizar la adecuada protección de los ecosistemas de humedal; (ii) que se planifica un área sin conocer los límites reales que tendrá el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo por encontrarse estos en proceso de oficialización a causa de una acción de inconstitucionalidad resuelta en el 2019 ni los límites definitivos del Territorio Indígena Kekoldi-Cocles los cuales se encuentran en proceso de devolución a este pueblo originario; (iii) que se impulsa un desarrollo turístico que viene a ejercer presión sobre los mantos acuíferos y el recurso hídrico a pesar de que las instituciones competentes en la materia han afirmado que existe escasez; (iv) el nulo reconocimiento de la crisis climática y sus impactos principalmente sobre la erosión de las costas del Caribe sur; (v) la débil participación de la sociedad civil y la no-consulta del territorio Kekoldi-Cocles; y (vi) el notorio tráfico de influencias que ha impactado el proceso, entre muchas otras cosas.
Selva Melody Baker Felton, costarricense por nacimiento y vecina con participación comprometida en la comunidad del distrito de Cahuita y del cantón de Talamanca envió a las instituciones implicadas, incluyendo a la Municipalidad de Talamanca, un documento con el señalamiento de irregularidades en la propuesta de Plan Regulador Costero.
En su documento señala que “en el distrito de Cahuita NO somos un enclave turístico… aquí somos comunidad primero”.
Agrega que el bien común debe ser el concepto que marque los esfuerzos comunitarios y de las instituciones públicas.
Especifica que la comunidad “le reconoce una nula validez legal a todo el proceso de elaboración del presente PRC”, pues se constató una carencia de participación ciudadana real, la que fue reemplazada por simples “charlas informativas”.
Ante un tema de tanto impacto comunitario como un plan regulador, la comunidad ha reclamado que se realicen “verdaderos espacios para la comunicación horizontal entre el conjunto tripartito de autoridades correspondientes y el mayor rango diverso e inclusivo posible de todas las y los Agentes Sociales de las comunidades afectadas directa e indirectamente” por ese plan regulador.
Ante esa carencia de participación ciudadana, Selva Baker Felton solicita a la Municipalidad de Talamanca “entregar copias de todos los anuncios que se publicaron” para propiciar la debida participación.
Asimismo, indica que “el derecho al agua es un derecho humano”. Agrega que “la comunidad ha expuesto claramente la falacia de la afirmación sobre el estado real y actual de abastecimiento y suministro de agua potable”.
En cuanto a la recolección de los desechos sólidos por parte de la Municipalidad, indica el documento que “las comunidades somos testigos de la incapacidad actual de dicha autoridad de brindar un servicio satisfactorio, ejemplificado claramente por las montañas de basura que se acumulan a la orilla de las calles con los habitantes y visitantes actuales”. Añade: “El texto del borrador de la propuesta del PRC afirma lo contrario al hablar de la cantidad máxima de visitantes en la ZMT y la cantidad de basura proyectada”, es decir, no hay coherencia entre lo que se pretende con el plan regulador y la realidad en cuanto a la capacidad municipal para administrar la recolección de basura común y desechos sólidos.
En el documento de Baker se hace referencia a graves irregularidades y problemas de filtración de aguas contaminadas al mar, “y sin duda a los mantos acuíferos más superficiales”.
Agrega que “el tema del medioambiente es muy amplio y digno de un verdadero análisis metodológico minucioso y muy cuidadoso”. Se debe tener presente, se argumenta “la alta fragilidad” del tema ambiental y su impacto en las comunidades locales, pues debe aspirarse a un sano balance bioquímico del mismo para la sobrevivencia, y el desarrollo de las actividades ecoturísticas que se llevan a cabo en el distrito y que representan un importante ingreso al PIB de nuestro país”.
Con base en documentación del Instituto Costarricense de Turismo, Baker indica que “carece de toda lógica” lo que se pretende con el Plan Regulador Costero si se tiene como referencia la meta de “conservar y proteger la integridad del medioambiente que nos caracteriza”, esto, si se considera “que hayan decidido plasmar una propuesta de PRC traslapando parte del territorio que le pertenece al Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA)”.
SURCOS comparte el documento íntegro presentado por Selva Melody Baker Felton. Puede descargarlo de este enlace.
Apuntes acerca del ilegal, inmoral y antihumano acuerdo de Junta Directiva de la CCSS para la declaratoria de exclusivos/excluyentes y concurrentes en la CCSS y su conexidad con la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) y su pernicioso y regresivo salario global.
Juan Carlos Durán Castro
Agosto 2023
El informe de la » comisión» de Junta Directiva de la Caja que sirve de base para el acuerdo que permite partir la familia laboral de la Caja en dos, resulta ser un acto que retrata el estilo en que el Poder Ejecutivo interpreta y pone en práctica su conceptualización autoritaria y antijurídica sobre la estructura del ordenamiento normativo del país.
Debe el lector más humilde entender como punto de partida, que el legado de la Constitución Política de 1949, distribuyó el poder del Estado para evitar estilos y formas peligrosas contra la costumbre democrática del país. Es esa lógica democrática la que se encuentra representada en la forma en que el Constituyente organizó el mundo del trabajo dentro del aparato estatal para evitar prácticas autoritarias de corte dictatorial, debiendo ser esta distribución de cuotas de poder el otro elemento básico a ubicar por parte del lector, puesto que la ley marco de empleo público (LMEP), va en el sentido contrario y tiene como uno de sus objetivos estrella concentrar peligrosamente el poder del manejo del mundo laboral del sector público en MIDEPLAN.
Es ese legado democrático con sus virtudes y defectos, el que está en un predicado altamente riesgoso, pues sus componentes democráticos han venido siendo dinamitados a la luz de la consolidación político-jurídica de corte regresivo y anti-laboral de lo que denominamos la triada perniciosa de leyes *9635, 9808 y 10.159, auspiciadas y promovidas por los viejos y nuevos partidos políticos a cargo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, cuyo mundo feliz se terminará de concretar si logran aprobar la traída y llevada ley 4/3.
Vale entonces apuntar, que el futuro inmediato de esta ley 4/3, será determinado por la Sala Constitucional, espacio del cual no esperamos mucho, pero de repente podría volver a darnos una sorpresa inesperada, si es que se anima a salirse de posibles pactos políticos oscuros que suelen ocurrir en temas tan controversiales. Ante este panorama de incertidumbre política y jurídica debe quedar claro que el debate legal no acaba en esta instancia judicial de alcance nacional, pues si la Sala termina apuntalando aún más la contrarreforma laboral, se abre sin duda el escenario de la denuncia en el plano internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ahora bien, descrito ese contexto general, vale la pena hacer una relación de como esa práctica de la Junta Directiva de la Caja, resulta ser una réplica del estilo funcional del Presidente Chaves Robles, que algunos ya califican de autoritario y dictatorial, ya que tomar acuerdos violentando tres criterios técnicos internos de esa institución, debe permitirle a propios y a extraños visualizar formas inmorales y posiblemente ilegales, que desnudan cómo una Junta Directiva de la Caja, presuntamente espuria, tramitó y acordó separar de forma antijurídica la familia laboral de la Caja en dos mundos laborales a contrapelo de la mismísima Constitución Política.
Repasemos brevemente:
En el caso específico de los acuerdos de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro social, que definen lo relativo del tema de exclusivos/ excluyentes y concurrentes, podemos resumir los siguientes elementos ilegales, inmorales y anti técnicos, para describir las características de un órgano colegiado políticamente controlado por el Poder Ejecutivo y que funciona posiblemente de forma ilegal desde la separación ilegítima de los representantes laborales que la Sala Constitucional ordeno reintegra.
Este colegio superior de la Caja, que ha osado tomar acuerdos en principio ilegales y que hemos ya denunciado ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía, pero que más allá de eso construye narrativas maliciosas con rasgos de complot pernicioso que dañan la imagen de una de las instituciones estandarte de la institucionalidad patria, merecen nuestra atención.
Esto es así, porque dicho órgano supremo, ha llegado a tal punto de maldad, que por sus actos anti-laborales en contra de los derechos humanos de su propia familia laboral, ha provocado que desde sus propias entrañas trabajadores y trabajadoras hayan optado por presentar la primera demanda en sede del Tribunal Contencioso Administrativo en su contra el pasado viernes 18 de agosto 2023.
Escrito que describe con meridiana lucidez el camino oscuro de un acuerdo antijurídico, anti-laboral y antihumano, que en su petitoria central, solicita a la autoridad competente declarar la nulidad absoluta de los acuerdos accesorios y el acuerdo principal que dinamita en dos la familia laboral de la Caja, pues ha de tenerse claridad que los mismos presentan las características básicas de un perjuicio inminente.
Perjuicio que no dudamos está ya en desarrollo dentro de la Caja por casos que hemos conocido, pero que se terminará de consolidar, cuando en una acción de personal o documento similar se establezca con puntos y comas el criminal impacto en el salario, mismo que no tendrá distinción alguna, pues tornará en precarios todos los salarios de la Caja sin discriminación alguna y peor aún los condenará a un congelamiento por un lapso promedio de unos 19 años, según los estudios de expertos de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Así las cosas, vale hacer un repaso simple de los argumentos centrales de la demanda que anotamos supra, veamos:
1- La Junta Directiva de la Caja omite presuntamente de forma ilegal los tres criterios técnicos emitidos internamente por la Dirección de Administración y Gestión de Personal (DAGP), la Dirección de Servicios Administrativos y la Dirección Jurídica, lo cual sin duda alguna podría ser un acto antijurídico, pero sobre todo cargado de la soberbia autoritaria que deriva del Presidente y es replicada en la Caja por Doña Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y su clan de súbditos sumisos, hoy día demandados por la ANEP y otros grupos socio-sindicales.
2- Esa misma Junta Directiva acuerda conformar una «comisión» de su propio seno (Ver artículo 25º de la sesión N° 9348 del 22 de junio de 2023), a todas luces archi-parcializada y con baja o nula experticia conformada por: Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva, Roberto Quirós Coronado, representante de la Unión Nacional de Cámaras Empresariales (UCCAEP) y el señor Marco Tulio Escobedo Aguilar, representante por parte del Poder Ejecutivo, «Comisión» que curiosamente en un plazo de 10 días emite » un informe», a todas luces ultra débil en lo técnico y posiblemente con pocas o ningunas deliberaciones de Junta, pero que termina siendo el acuerdo principal que adquiere firmeza en un tiempo récord y caracteriza posiblemente la antítesis de lo jurídico.
3- Ese presunto pseudo informe de la » comisión» de Junta Directiva, aparte de que parece no tener ninguna rigurosidad técnica fue elaborado, presentado y votado en Junta Directiva por dos miembros que en principio entendemos no tenían capacidad jurídica para ejecutar tal acto administrativo injusto e ilegal, puesto que la Sala Constitucional, ya había ordenado previamente el reintegro de pleno derecho de dos de los miembros separados ilegalmente por el Poder Ejecutivo, actuación que denota la presunta nulidad absoluta del acuerdo ahora ya impugnado en sede judicial.
4- Siguiendo esa misma ruta de la posible ilegalidad, parece ser que al momento de dar FIRMEZA al “informe” de la » comisión» de Junta Directiva de la Caja sobre el tema de exclusivos/excluyentes – concurrentes, se tuvo según parece la osadía de presentar ante el órgano superior de la Caja, solo una hoja o una parte del acta de la sesión precedente en la que se «discutió» el tema de agenda en análisis. Este acto de ser así, aparte de romper con la tradición histórica de presentar el acta completa para su aprobación, deviene en una posible, pero enorme ilegalidad que profundiza la nulidad absoluta del acuerdo de Junta Directiva de la CCSS en el tema en análisis.
5- Debe quedar claro para toda la familia laboral de la Caja, que el acuerdo posiblemente ilegal que comentamos sobre exclusivos/excluyentes- recurrentes, NO EXIME, a nadie ( entiéndase bien, a nadie), del conocido y pernicioso SALARIO GLOBAL y su ruta ilegal e inconstitucional de congelamiento salarial indefinido, que guarda relación directa con la camisa de fuerza llamada regla fiscal y cuyo enfoque de precarización salarial, dichosamente ya ha sido cuestionado por la Procuraduría General de la República que se ha referido a la inconstitucionalidad de este congelamiento indefinido, indicando en criterio ofrecido en el marco de la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo expediente 23- 004885-0007-CO y que ha provocado que de forma oportuna la fracción del Frente Amplio presentará el proyecto de ley denominado “Ley para eliminar el congelamiento por plazo indefinido de los salarios de las personas del sector público”, bajo el expediente 23877.
Decimos con total claridad, que nadie se llame a engaño, la Caja podría aplicar en coordinación con MIDEPLAN o por cuenta propia la visión malévola y perniciosa de la regresividad salarial tanto para exclusivos/excluyentes- concurrentes, como para interinos o en propiedad, es decir, desde nuestra modesta lectura no debemos caer en la trampa de que nos dividan como clase trabajadora bajo la utilización de esas dos mentiras descritas u otras distintas construidas con narrativas engañosas, somos una sola familia laboral y como tal debemos interiorizar y planificar de forma inteligente la lucha en distintos espacios, lo cual incorpora la salida obligatoria a la calle en un plazo muy corto.
6- Como una última reflexión, debemos poner meridiana atención a las características del segmento laboral que la Junta Directiva de la Caja acordó posiblemente de forma ilegal calificar de concurrentes. Esto porque se trata de perfiles laborales estratégicos para la conducción estructural de la Caja y a partir de ahí debemos sacar diferentes conclusiones más allá del debate legal y técnico.
¿Será que el Gobierno desea manejar a su antojo puestos para insertar cuadros afines ideológicamente para tomar control de la Caja y de paso desplazar a fichas de otras banderas políticas históricas? ¿Será está una parte incorporada en la estrategia malévola de privatización de servicios? ¿Será que la precarización laboral y salarial en la Caja aspira a generar un grado tal de desmotivación interno y externo que genere mayor deterioro en los servicios y una migración hacia el sector privado, como un mecanismo de golpear más la imagen institucional y promover igualmente la privatización?
Dicho lo anterior, vale la pena reafirmar que no debemos de perder la brújula en el sentido de que la defensa de nuestra estabilidad laboral y salarial pasa necesariamente por entender que debemos salir a la calle muy pronto a luchar por la autonomía constitucional de la Caja, ( aunque esto suene muy abstracto); su modelo de financiamiento actual o futuro, su misión, su visión y sus principios, garantizando además que esta jornada patriótica de lucha aspire a la mejora de los servicios de salud públicos, humanizados y modernizados, pero sobre todo accesibles a un pueblo que cada día ( aunque digan lo contrario), lo empobrecen más.
Diego Rivera Barrientos (1886-1957) nació en Guanajuato, México, el 8 de diciembre de 1886. Su hermano gemelo, Carlos, falleció a temprana edad y su hermana María del Pilar llegó al mundo en 1891. El padre de Diego, Carlos Rivera Acosta, era un maestro de escuela liberal. Y su madre, María del Pilar Barrientos, pertenecía a una familia acomodada y conservadora.
Cubismo y Realismo Social
La relación de Diego Rivera con la pintura se inició pronto. En 1896, al cumplir los diez años, empezó a estudiar en la Academia de San Carlos de Ciudad de México, lugar en el que vivía con su familia desde 1892. Y, en 1907, recibió una beca para seguir su formación artística en España, marchando a Madrid para estudiar en la academia del pintor Eduardo Chicharro y Agüera.
En España, Rivera viajó por todo su territorio, estudió las obras de El Greco y Goya y frecuentó cenáculos de artistas. Varios óleos suyos del periodo 1907-1908 están relacionados con la ciudad de Ávila (Escena nocturna en Ávila, La calle de Ávila, La mañana de Ávila). En esas pinturas, Rivera captó muy bien los paisajes, los pueblos y las noches castellanas bajo las estrellas.
En 1909, Diego Rivera se trasladó a París, conoció a la pintora rusa Angelina Beloff en Bruselas en ese mismo año y se casó con ella en 1911, teniendo ambos un hijo, Diego, que falleció al poco tiempo. Nada más llegar a la capital francesa, Rivera pintó óleos de Realismo Social similares a algunos de su etapa española como Notre Dame de París (1909), Retrato de Angelina Beloff (1909) y La casa sobre el puente (1909), este último durante su viaje a Bruselas en el que conoció a Angelina. Después, pintó óleos cubistas tipo a Vista de Toledo (1912), La Torre Eiffel (1914), Retrato de dos mujeres (1914), Paisaje Zapatista (1915) y Retrato de Ramón Gómez de la Serna (1915), entre otros. En sus últimos años de estancia en París, Rivera se alejó del Cubismo y retomó el Realismo Social con óleos como El matemático (1918).
En febrero de 1920, Rivera marchó a Italia, donde residió durante un año y medio, y estudió principalmente el arte renacentista. Realizó bocetos y dibujos y, gracias al florentino Giotto, pintor muralista, escultor y arquitecto medieval, descubrió una forma monumental de pintura que le fue de gran ayuda en sus murales posteriores.
En 1921, Diego Rivera puso punto y final a su periplo europeo y regresó a México, arrastrado por el arte mexicano y la Revolución Mexicana.
Muralismo y militancia política
Al año siguiente de su regreso a México, Diego Rivera se casó por segunda vez, en esta ocasión con Guadalupe Marín, con quien tuvo dos hijas, Lupe y Ruth. Y, de forma consecuente con su ideología, se afilió al Partido Comunista Mexicano (PCM), en el cual pasó a formar parte de su comité ejecutivo. En ese mismo año, fundó también el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores (SOTPE), junto a artistas como José Clemente Orozco o David Alfaro Siqueiros.
Ya asentado en México, en los años siguientes, Rivera pintó numerosos murales en edificios públicos sobre la historia mexicana y la realidad social, siendo el primero La creación (1923), pintado en la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional de México (actual Antiguo Colegio de San Ildefonso, Ciudad de México).
Otros murales de Rivera, pintados en esos años, fueron los de la Secretaría de Educación Pública (Ciudad de México) y los de la Escuela Nacional de Agricultura (actual Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo). Entre los murales de la Secretaría de Educación Pública, destacaron Mujeres tehuanas (1923), El trapiche (1923), Entrada a la mina (1923), El arsenal (1928), Banquete de Wall Street (1928) y La muerte del capitalismo (1928).
En 1927, el artista viajó a la URSS de Stalin, invitado por las autoridades del país con motivo del décimo Aniversario de la Revolución Rusa y no regresó a México hasta la primavera del año siguiente. En Moscú, Rivera expresó su incomodidad por la falta de libertad artística y Anatoli Lunacharski, Comisario del Pueblo de Educación, le instó a abandonar el país para evitar ser arrestado. Tras regresar a México, Rivera declaró lo mismo y fue expulsado del Partido Comunista Mexicano, el cual era fiel a Stalin.
Rivera se unió entonces a León Trotski y sus seguidores, quienes eran contrarios al régimen de Stalin. Una década después, Rivera y Trotski tuvieron una estrecha relación, escribiendo este último que “en el campo de la pintura, la Revolución de Octubre ha encontrado su mayor intérprete no en la URSS sino en el lejano México… El cierre de las puertas soviéticas a Rivera marcará para siempre con una vergüenza imborrable la dictadura totalitaria de Stalin”.
En medio de esas convulsiones, Rivera conoció a la artista Frida Kahlo por medio de una amiga común, la fotógrafa Tina Modotti, y, en 1929, se casó con ella.
Un genio en Estados Unidos
En 1930, Diego Rivera y Frida Kahlo viajaron a Estados Unidos tras superar problemas burocráticos que les impedían la entrada en el país por su militancia comunista y el artista inició su etapa más brillante. Algunos capitalistas norteamericanos le encargaron murales y él alcanzó el cénit.
La primera gran obra de Rivera en Estados Unidos, terminada en febrero de 1931, fue el mural La Alegoría de California del club de la Bolsa de San Francisco, donde la figura central era Calafia, una mítica reina de California que encabezó un reino de mujeres negras y guerreras. La imagen de Calafia era la de la tenista y pintora Helen Wills, a la cual Rivera había conocido en el estudio de San Francisco del escultor Ralph Stackpole. En el mural, aparecían Calafia, un hombre con un compás y otro hombre con un modelo de aeroplano al lado de trabajadores, buscadores de oro y obreros en las profundidades de la tierra. Imágenes que plasmaban la realidad social de California, en línea con el Realismo Social y el compromiso sociopolítico de Diego Rivera.
Las siguientes obras destacadas de Rivera en Estados Unidos fueron los murales La elaboración de un fresco (1931) y Fondos congelados (1932). El mural Fondos congelados mostraba en su parte superior una imagen de la arquitectura vertical de Nueva York, justo debajo una imagen de un refugio para trabajadores desposeídos y aún más abajo una imagen de una sala de espera de un banco con capitalistas sentados. Imágenes que plasmaban la realidad social de la ciudad. En la pintura, Rivera expresaba magníficamente los bruscos contrastes sociales de Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos, donde junto a la riqueza deslumbrante, se suele observar a pocos metros la pobreza más extrema.
Los posteriores Murales de la Industria de Detroit (1932-1933) fueron otra obra excepcional de Rivera en Estados Unidos. Los Murales, una serie de pinturas en veintisiete paneles, mostraban sobretodo imágenes de trabajadores de la Ford Motor Company y Detroit y plasmaban la realidad social de los trabajadores norteamericanos, fortaleciendo el nexo de Rivera con el Realismo Social y el compromiso sociopolítico.
El momento culminante de la estancia de Rivera en Estados Unidos llegó en 1933, de la mano de Nelson Rockefeller, cuando este le encargó pintar un mural en el vestíbulo de entrada del edificio principal del Rockefeller Center de Nueva York. Rivera pintó el mural El hombre controlador del universo, incorporando un retrato de Lenin, junto a otros teóricos comunistas. Los medios de comunicación de Estados Unidos y los poderes capitalistas del país se posicionaron en contra de la inclusión de Lenin en la obra. Y Rockefeller mandó cubrir el mural, aunque intentó salvarlo solicitando a Rivera que eliminase a Lenin del mismo. Rivera se negó rotundamente como no podía ser de otra forma en un artista defensor de la libertad artística y, al final, los censores destruyeron el mural. Rivera habló de vandalismo cultural.
En 1934, Rivera regresó a México y pintó el mismo mural en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Gracias a su tenacidad y valentía, hoy existe el genial mural. La obra muestra a un obrero como controlador del universo y la confrontación entre diversas dicotomías que componen el universo ideológico: capitalismo y comunismo, tradición y ciencia, etc. Justo en el centro del mural, un obrero ejerce de controlador del universo. A su derecha, aparecen imágenes del mundo capitalista desde una posición crítica. A su izquierda, aparecen imágenes del mundo comunista que muestran a la clase obrera y a sus principales teóricos.
Es cierto que Rivera en el mural criticó el capitalismo y exaltó el comunismo y el ateísmo, con imágenes de la clase obrera, sus teóricos y el obrero que controla el universo y suple a dios, y que eso incomodó a los que se lo encargaron. Pero los que contrataron a Rivera, el clan Rockefeller, conocían quién era y qué pensaba y, por tanto, las críticas y la censura estaban de más. Rivera solo se limitó a pintar lo que observaba, con Realismo Social y compromiso sociopolítico, y a reclamar su libertad artística cuando la sintió ultrajada.
León Trotski
La actividad de Diego Rivera en Estados Unidos no fue solo artística. Durante su estancia en el país, Rivera se unió definitivamente a León Trotski y sus seguidores. Al poco tiempo de llegar, contactó con el Partido Comunista (Grupo Mayoritario) y con la Liga Comunista de América, dos organizaciones trotskistas recién fundadas. Con la primera, el Partido Comunista (Grupo Mayoritario), colaboró en sus revistas The Revolutionary Age y The Workers Age y dio conferencias como la del 3 de abril de 1932, Tendencias en el Arte Moderno. Para la sede de su escuela de Nueva York, la New Worker’s School, pintó el mural Retrato de América (1933), compuesto de varios paneles de interés en los que aparecen figuras de la política internacional del momento.
Al regresar a México al año siguiente, Rivera reinició su actividad de muralista centrado en la historia mexicana y la realidad social, concluyendo algunos de los murales del Palacio Nacional de México como Epopeya del pueblo mexicano.
Ya a finales de 1936, Diego Rivera gestionó la petición de asilo de León Trotski en México ante el presidente Lázaro Cárdenas. Y, gracias a eso, Trotski y su mujer, Natalia Sedova, pudieron residir en Coyoacán desde enero de 1937, en concreto en la casa de Frida Kahlo en la que vivía con Rivera, la llamada Casa Azul.
El 3 de septiembre de 1938, los seguidores de Trotski fundaron la Cuarta Internacional en la casa del sindicalista y trotskista francés Alfred Rosmer, situada a las afueras de París, y Rivera se convirtió en miembro de su sección mexicana, colaborando con la revista Clave. Tribuna Marxista, su órgano teórico. A pesar del estrecho vínculo entre Rivera y Trotski, pocos meses después, a principios de 1939, la relación terminó en ruptura, según Trotski por el carácter impulsivo de Rivera, más que por cuestiones ideológicas. Rivera fundó entonces el Partido Revolucionario Obrero y Campesino.
En agosto de 1940, Diego Rivera se enteró de la noticia de la muerte de León Trotski a manos de un agente de Stalin, Ramón Mercader, que iba armado con un piolet y le afectó. A finales de ese año, pintó el destacado mural Unidad Panamericana para los vestíbulos del City College de San Francisco, el cual representaba el pasado, presente y futuro compartido de las Américas, e incluyó una imagen de Stalin con un piolet en sus manos para remarcar su responsabilidad en el trágico final de Trotski. Fue su homenaje a aquel que había sido su compañero y amigo.
Retorno a la URSS
Durante la Segunda Guerra Mundial, los sucesores de Trotski padecieron su ausencia, la ausencia del teórico y revolucionario marxista, y transitaron por un periodo difícil. Cosa lógica y normal por su talla intelectual y revolucionaria. Por su parte, la URSS de Stalin entró en el bando de los Aliados y derrotó al nazismo. Imágenes como las de la ocupación del Reichstag de Berlín con el izado de la bandera soviética en su tejado resultaron impactantes. Rivera meditó durante tiempo sobre esos acontecimientos y, a finales de los años cuarenta, decidió reingresar en el Partido Comunista Mexicano y solicitó su readmisión, siendo en principio rechazado.
En 1947, Rivera pintó el célebre mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, dedicado a la historia de México, y en él escribió “Dios no existe”, lo que provocó virulentas reacciones de los conservadores mexicanos en su contra. Rivera mantuvo la frase, tomando la misma postura que cuando fue censurado en Nueva York por cuestiones similares. Libertad artística y compromiso sociopolítico.
En 1950, Diego Rivera recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México en la sección de Bellas Artes, la única sección en la que se otorgó aquel año, y finalizó algunos murales dedicados a la historia mexicana del Palacio Nacional de México como La civilización huasteca y La civilización totonaca.
En 1952, Rivera pintó el mural inconcluso La Universidad, la familia mexicana, la paz y la juventud deportista en el Estadio Olímpico Universitario y, en 1953, el mural del Teatro de los Insurgentes, ambos en la Ciudad de México y con gran carga histórica.
Diego Rivera padeció la dolorosa muerte de su eterna compañera Frida Kahlo en 1954, quedando muy afectado por la misma. A raíz de ese fallecimiento y de sus reiterados intentos fallidos por ser readmitido en el Partido Comunista Mexicano, sufrió un deterioro anímico. En 1955, recibió otra mala noticia cuando le diagnosticaron cáncer, aunque se animó al conseguir por fin ser readmitido en el Partido Comunista Mexicano.
Inmediatamente después de su reingreso, Rivera se casó con la editora Emma Hurtado y ambos marcharon a Moscú para recibir él un tratamiento contra el cáncer en el Hospital Botkin. Tres décadas después, retornaba a la URSS. Habían pasado muchas cosas desde su primera estancia, tantas como su expulsión del Partido Comunista Mexicano, su paso por Estados Unidos, su relación con Trotski, el éxito internacional de sus obras…
En abril de 1956, Rivera terminó su tratamiento y regresó a México. En el trayecto, junto a su mujer, recorrió Polonia, Checoslovaquia y la Alemania del Este, siendo nombrado en Berlín corresponsal de la Academia de las Artes. Visitó el campo de concentración de Auschwitz y el búnker de Hitler. Ya en México, pintó dos óleos de puro Realismo Social, Desfile del 1º de Mayo en Moscú y Refugio de Hitler (ruinas de la Cancillería de Berlín). Era evidente que Rivera y la URSS habían hecho las paces.
Desde la primavera de 1956 hasta finales de 1957, Diego Rivera residió en la llamada Casa de los Vientos de Acapulco, porque su amiga la coleccionista de arte Dolores Olmedo la puso a su disposición, y pintó sus últimos óleos y murales. El principal mural lo pintó en la pared exterior de la casa, incluyendo las imágenes de dos dioses de la cultura azteca, Quetzalcóatl y Tláloc. Fue su último tributo a la historia de México.
En octubre de 1957, Rivera se sintió impactado ante la hazaña del satélite artificial soviético Sputnik 1 y empezó a trabajar en una obra sobre él, pero no pudo terminarla, porque la muerte lo impidió. Un mes después de la gesta del Sputnik, Diego Rivera falleció de un paro cardiaco en su domicilio y taller de la Avenida de Las Palmas 191, colonia San Ángel Inn, Ciudad de México. Sus restos no se unieron a los de Frida Kahlo en la Casa Azul como él quería, sino que fueron a parar a la Rotonda de las Personas Ilustres. Velado en el Palacio de Bellas Artes, el pueblo mexicano y el mundo del arte y la política lloraron su pérdida. Dejó para la posteridad un legado artístico infinito y un compromiso sociopolítico único, del cual toda su obra es testigo.
Gracias al trabajo de nuestras compas de @lasandiadigitalmx tendremos la oportunidad de proyectar estos increíbles documentales
¡Acercate al Frente Ecologista Universitario!
Buscamos fomentar un espacio para motivar a la acción frente a los conflictos socioambientales que estamos viviendo tanto en la región latinoamericana como en Costa Rica. A través de estos documentales se posicionan narrativas de defensa de la tierra, los territorios, el agua y las comunidades que día con día luchan frente a los gobiernos neoliberales, frente a las multinacionales, poniendo el cuerpo ante la destrucción ambiental que comenzó hace más de 500 años.
Lugar: Frente Ecologista Universitario (Local negro con mural de animales en el Edificio Saprissa cruzando la calle frente al Girasol de Generales, UCR, San Pedro).
Parlamento Cívico Ambiental apoya el comunicado “el gas natural no es ni ambientalmente amigable ni económicamente viable para Costa Rica” y acuerda unirse como organización al movimiento #crlibredeperforación
Por resolución unánime de su directorio se une al apoyo de este comunicado que sostiene que no existe exploración, perforación, ni extracción de hidrocarburos sostenible, que no es un buen negocio para el país y que Costa Rica quiere seguir siendo un país líder en materia ambiental.
Asimismo, se une a las 196 empresas y organizaciones de todos los sectores que se han sumado a #CRLibredePerforación:https://crlibredeperforacion.org/
Este 29 de agosto del 2023 Bernardo Aguilar González, presidente del Parlamento Ambiental, comunicó la decisión unánime del directorio de este foro cívico de considerar que es consecuente, como organización, que el parlamento suscriba el comunicado “El gas natural no es ni ambientalmente amigable ni económicamente viable para Costa Rica” del Movimiento #CRLibreDePerforación y proceder a firmarlo efectivamente en el formulario en línea ubicado en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXuGObuqf9oeeRR_L-T6N32fK_atBBKdOsN4Hswfz79rEmHA/viewform. Asimismo, decidió que el parlamento se una al movimiento #CRLibredePerforación constituido hoy día por 196 empresas y organizaciones de todos los sectores de la sociedad costarricense.
La resolución, que insta a las fuentes de cooperación nacional e internacional para que apoyen este movimiento con el fin de apoyar que Costa Rica mantenga su liderazgo a nivel ambiental en el ámbito internacional. Asimismo, a toda la sociedad civil costarricense, incluyendo a las organizaciones del Parlamento Cívico Ambiental que no lo han hecho, y a las organizaciones ambientales internacionales a sumarse a este comunicado y al movimiento que lo respalda.
En los considerandos del acuerdo se señala como fundamento que el 12 de mayo del 2023, el Parlamento tomó una resolución en la que manifestó su vehemente y decidida oposición a la propuesta de la Unión de Cámaras (UCCAEP) para que el Gobierno legalice la exploración y explotación de petróleo y gas natural en Costa Rica, mediante un decreto ejecutivo. En esa resolución también hizo un llamado al gobierno de Costa Rica, para que reafirme su compromiso al más alto nivel con las metas del Plan Nacional de Descarbonización entre las que se encuentran ser una economía moderna, verde y libre de emisiones en una nación comprometida decididamente con las metas del Acuerdo de París y evitando acciones que puedan obstaculizar el cumplimiento de esas metas.
Cinthya Hernández Gómez, de la UCR, segunda secretaría del directorio señaló que “La exploración de gas va en contra del modelo de desarrollo ambiental que el país ha planteado y el cual le ha ubicado en posiciones relevantes en esta materia, lo cual sería una total contradicción ante este planteamiento histórico de conservación de los recursos naturales. Ello ha permitido que el 26% del territorio nacional se encuentre bajo alguna modalidad de conservación. Desde el punto de vista de la salud ambiental está demostrado que lo que hagamos a la salud de nuestros recursos naturales lo hacemos a la salud de las poblaciones humanas, de ahí que no sólo es un tema relevante en materia de conservación ecosistémica, sino también con implicaciones poblacionales. Es imperativo que la sociedad costarricense una sus esfuerzos hacia la búsqueda de fuentes de energía sostenibles, cuyo impacto sea el menor hacia los recursos naturales. El país debe de continuar siendo un ejemplo de protección de la biodiversidad, de promoción de energías renovables y no retroceder en esta materia”.
Alejandro Muñoz Villalobos, presidente de la Comisión de Energía y Minas y miembro de la Asociación ACH2 enfatizó en el hecho que ninguna institución o empresa pública del sector energía está preparada técnicamente ni posee tecnología para realizar exploración y mucho menos explotación de gas. “Lo que expone el presidente Chaves de contratar una empresa extranjera especializada en el tema, para que verifique si las fuentes de gas que existen son explotables y de ser así, comprometería al país a concesionar por muchas décadas una explotación que únicamente traerá destrucción del ambiente, del bosque, del hábitat natural de flora y fauna. Se eliminarían los tesoros que nos proveen de beneficios ecosistémicos, económicos y sociales para satisfacer los intereses de un pequeño pero poderoso grupo empresarial, que ni sabe ni tiene idea realmente si tal extracción de gas le abaratará los costos de producción. De lo que sí pueden estar seguros es de la altísima inversión que se tendría que hacer para construir plantas de almacenamiento, gasoductos y contratar personal especializado. Asimismo, sería un negocio privado, no regulado, del que nadie puede garantizar que solo sería para consumo local. Muy probablemente una gran parte de esa explotación sería para exportación. El rédito de tal inversión iría por supuesto a la empresa concesionaria. Entretanto, ¿quiénes pagarán por todo ello? ¿habrá acaso indemnizaciones pecuniarias por los impactos ambientales? En caso de constituir un servicio público regulado, nos cuestionaríamos indudablemente si toda la ciudadanía tendría que pagar toda la inversión y si para favorecer al gremio empresarial, se utilizarían los subsidios cruzados o directos, tal como sucede hoy con el gas licuado de petróleo, el búnker o la gasolina de los pescadores. Toda esta problemática, sin analizar el efecto “lockdown” que, significará por supuesto, la muerte de las inversiones en proyectos de energías limpias para la producción eléctrica, tales como la geotermia, la eólica y la solar, entre otras. ¡ESTE NO ES NINGÚN BUEN NEGOCIO PARA COSTA RICA!”.
Según el IICE y el INEC, las brechas salariales y de participación laboral por género aumentaron en los últimos meses. Esto quiere decir que las mujeres ganan aún menos dinero que los hombres por trabajos similares y que estos últimos también registran más horas por trabajo remunerado que las mujeres. (Foto con fines ilustrativos).
Los salarios reales tuvieron una leve mejora en los últimos meses
El IICE presentó su análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica para el segundo trimestre del 2023.
En la tasa de inactividad en el país (personas mayores de 15 años que no están laborando pese a tener las capacidades para poder trabajar), se puede ver el vaso “medio lleno” o “medio vacío”, aunque por los resultados podría primar esta última opción. “Medio lleno” sería si se toma en cuenta que la tasa más actual registrada de este fenómeno es del 43,42 % (para los meses de abril, mayo y junio, o AMJ, de este 2023), la cual ha venido en un ligero descenso desde el trimestre móvil de febrero, marzo y abril (o FMA), cuando llegó a un porcentaje del 44,25 %.
Pero el vaso queda “medio vacío” si se considera que en el último Análisis del mercado laboral, realizado por el IICE para el cuarto trimestre del 2022, este mismo porcentaje era del 41,7 % para el trimestre móvil de diciembre (2022), enero y febrero 2023 (DEF). Incluso, la inactividad es notablemente más alta de manera interanual comparándola con el AMJ del 2022 (40,43 %, casi más de 3 puntos porcentuales, o p.p.,). En resumen, la inactividad tiene (levemente) mejores números que a inicios de año, pero mucho peores que el año pasado.
De hecho, en todas las categorías sociodemográficas, la inactividad es peor en el AMJ de este año que en la del año pasado (con la excepción de la población ubicada entre los 35 y 44 años, donde se mantuvo igual). Las personas más afectadas por este fenómeno fueron aquellas mayores de 60 años (inactividad del 78,8 %), las que solo tienen educación primaria (67,51 %), las ubicadas entre los 15 y los 24 años (60,39 %) y las mujeres (56,38 %).
La gente menos vulnerable a la inactividad es la que tiene edades entre los 35 y 44 años (18,41 %), el bloque de los 25 a los 34 años (20,04 %), quienes tienen un título universitario (26,19 %), las personas entre 45 y 59 años (29,67 %) y los hombres (30,52 %).
A raíz de lo anterior y como es de suponer, las tasas de ocupación (porcentaje de personas con edades y condiciones de laborar que se encuentran desarrollando algún trabajo), se mantienen alarmantemente bajas. En el trimestre de AMJ de este año, ese porcentaje llegó apenas al 51,16 %, el cual se ha mantenido casi sin cambios desde julio, agosto y setiembre del 2021, cuando la recuperación económica empezó a hacerse un poco evidente tras los peores meses de la pandemia. Sin embargo, el país sigue estando lejos de los niveles de ocupación que exhibía antes de la crisis sanitaria (enero, febrero y marzo del 2020 = 55,53 %).
Las categorías con mejores números de ocupación son las personas entre los 35 y los 44 años (76,32 %), entre los 25 y los 34 años (71,36 %) y aquellas que cuentan con título universitario (69,42 %). En cambio, los grupos con peores números de ocupación son: el que tiene 60 años o más (20,35 %), el que se ubica entre los 15 y los 24 años (28,76 %) y el que carece de primaria completa (29,71 %). Eso sí, en los dos primeros hay que considerar que están compuestos por personas que, o están estudiando, o ya se encuentran pensionadas, por lo que su prioridad no es ingresar al mercado laboral.
A pesar de estos alarmantes números de inactividad y baja ocupación en el país, el desempleo como tal sigue reduciéndose casi de manera sostenida desde el trimestre AMJ del 2021 (18,06 %) y para este último trimestre de AMJ era de tan solo un 9,58 %. De hecho, este porcentaje es también el menor desde enero febrero y marzo del 2020. ¿Por qué ocurre esto? El IICE aclara de nuevo que hay una porción importante de habitantes que han decidido abandonar el mercado laboral (o dicho más simple, dejaron de buscar trabajo), lo cual suma a la inactividad, pero al mismo tiempo, reduce el desempleo.
Salarios reales mejoran y las brechas por género se ensanchan
En lo que sí se perciben mejores tiempos es en la remuneración que reciben las personas trabajadoras, tanto por hora y por mes, dato que ha venido en aumento desde el tercer trimestre del 2022. Si se toman en cuenta los números del segundo trimestre de este año, el salario real mediano mensual creció un 3,6 % de manera interanual. En ese mismo período, los sueldos reales medianos por hora subieron un 5,5 %. No obstante, las remuneraciones aún no recuperan el nivel que tenían previo a la pandemia.
Pese a que en el último informe el IICE había dado cuenta de una disminución considerable en la brecha salarial por género durante los últimos trimestres del 2022, esta volvió a incrementarse desde el cuarto trimestre del año pasado, cuando las mujeres ganaban 89,28 colones por cada 100 de los hombres; ahora, en el último trimestre estudiado, ese monto volvió a bajar a los 86,92 colones por cada 100 de los trabajadores masculinos. El país se aleja así de la menor brecha salarial por género desde el primer trimestre del 2018: 96,61 colones “femeninos” por cada 100 de los hombres, registrada en el tercer trimestre del 2020.
Siempre en temas de brechas de género, pero esta vez en la participación laboral, esta aumentó desde el anterior análisis y pasó de los 23,98 puntos porcentuales en el último trimestre del 2022 a los 25,35 p.p. del segundo trimestre del año en curso. En palabras más claras, la tasa de participación en el ámbito laboral de los hombres es ahora 25,35 puntos porcentuales más alta que para las mujeres con características similares.
En cuanto a la diferencia que existe en la tasa de desempleo entre un hombre y una mujer con características sociodemográficas parecidas, esta sí muestra una disminución constante desde el III trimestre del año pasado, cuando alcanzó 8,75 p.p. En la última medición para el segundo trimestre del 2023, esta desciende a los 4,25 puntos, la cifra más baja desde – al menos – el primer trimestre del 2018.
Con respecto a las horas semanales laboradas y remuneradas por género, los hombres trabajaron un 29,88 % más que el promedio de las mujeres en el segundo trimestre del año en curso. Este dato ha sido bastante regular desde el segundo trimestre del 2021, con excepción del primer trimestre de este año, donde descendió al 27,6 % para luego volver a subir.
El IICE también registró en el segundo trimestre del 2023 la diferencia salarial de diferentes grupos de personas con respecto a quienes tienen primaria incompleta. En este caso, quienes completaron la primaria, pero no la secundaria, recibieron 10,3 colones más por cada 100 colones que quienes no recibieron su título de sexto grado. Además, la gente con secundaria completa, pero sin universidad, percibió 35,7 colones más; y las personas egresadas de una universidad ganaron 104,7 colones más.
La pobreza cayó casi 3 puntos porcentuales de marzo a mayo
Quizás la mejor noticia de este análisis es la comprobación de que la pobreza total en el país se redujo de un 25,54 % en marzo a un 22,86 % en mayo, lo que significa un descenso de 2,68 puntos porcentuales. No obstante, si se considera el dato interanualmente, hay un ligero aumento con respecto a mayo del 2022 (22,4 %). En todo caso, aún Costa Rica está lejos de volver a los niveles prepandémicos de pobreza total, cuando se contabilizaba un 21,6 % en enero del 2020.
Estos mismos descensos en la pobreza total también se registran sin importar si se trata de una zona rural o urbana. En las ciudades, la pobreza pasó del 23,53 % en marzo para disminuirse hasta el 20,94 % en mayo, un porcentaje casi igual al que había en mayo del año pasado (20,65 %) y acercándose al porcentaje previo a la crisis sanitaria (20,6 %). Una caída similar, aunque menor, reportó la pobreza en el campo, la cual pasó del 30,93 % en febrero al 27,92 % en mayo. Este último dato es aún un poco mayor al valor interanual (27,02 %) y, contrario a lo que ocurre en las ciudades, sigue siendo mucho más alto que el 24,22 % registrado en enero del 2020, justo antes de la expansión del Covid-19.
En tanto, la pobreza extrema también registra una caída importante desde febrero de este año, cuando un 8,31 % de la población nacional se consideró incapaz de satisfacer sus necesidades básicas. Desde entonces, este porcentaje ha venido erosionándose hasta llegar al 7,24 % en mayo pasado (-1,07 puntos con respecto a febrero). Pero, otra vez, si se considera el dato de manera interanual, esta cifra más bien se incrementó, pues para mayo del año pasado la pobreza extrema se calculaba en el 6,14 % (+ 1,1 puntos).
Diferenciada por categorías de urbana y rural, la pobreza extrema también disminuyó en ambos contextos desde febrero pasado, llegando en mayo a un 9,44 % en el campo (-1,32 p.p.) y a un 6,4 % en las ciudades (-0,99 p.p.). Ambas cifras son más altas que sus pares interanuales y aún están lejos de reducirse a los niveles previos a la pandemia, sobre todo en el caso de las áreas rurales (en enero del 2020 estos porcentajes eran del 7,23 % y del 5,9 %, respectivamente).
Otra conclusión clara en este análisis es que las subvenciones por parte del Estado reducen la pobreza de forma significativa. Sin estas ayudas económicas provenientes de fuentes públicas, 40 mil hogares más estarían bajo esta situación (el 2,3 %) y la pobreza total hubiera alcanzado al 25,10 % de la población en mayo pasado.
Pero el impacto de estos fondos es aún más importante si se toma en cuenta solo a los hogares en condición de pobreza extrema: 65 mil personas (o lo que es igual, 10.300 hogares) pudieron salir de esta categoría y, cuando menos, satisfacer sus necesidades básicas, gracias al apoyo estatal. Sin este, la pobreza extrema en mayo hubiera llegado al 11,60 % de los habitantes de Costa Rica.
La desigualdad, en cambio, sí aumentó y lo hace de manera casi sostenida desde noviembre del año pasado. En aquel mes, el coeficiente de Gini detuvo un comportamiento a la baja que había presentado desde setiembre del 2021 (menos desigualdad) y comenzó a subir, pasando del 0,496 al 0,507 para mayo, indicando así una mayor inequidad socioeconómica. Curiosamente, este es casi el mismo valor de desigualdad que mostraba el país en enero del 2020.
Daniela Córdoba Solano, investigadora del IICE: Análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica al II trimestre del 2023
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PabloMoraVargas Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional y docente de la Facultad de Derecho, tuvo a su cargo la reflexión inicial del ciclo de conferencias Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
Inauguración del ciclo de conferencias Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal
En la actividad se presentó la nueva edición de la tesis doctoral de Fernando Cruz Castro, magistrado constitucional
Cada vez que las estadísticas muestran un repunte de la criminalidad, no faltan las voces que se levantan para pedir penas de prisión más altas, la penalización de delitos “menores”, el uso de métodos más agresivos para obtener confesiones (torturas) y el pago de quienes descuentan una pena privativa de libertad mediante trabajos forzados.
Sin embargo, cuando el mundo ha optado por estas “opciones”, lejos de obtener resultados satisfactorios, el problema se torna más complicado porque aumenta la población carcelaria y su permanencia en el sistema penal, lo cual redunda en la sobrepoblación de los centros penitenciarios y, por ende, en el hacinamiento. En esas condiciones, la resocialización del individuo se vuelve, más que difícil, imposible.
De acuerdo con Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional y docente de la Facultad de Derecho, la resocialización de la persona debe ser el objetivo primordial de la pena privativa de libertad y eso solo se puede lograr en un Estado social y democrático de derecho que garantice el respeto por la dignidad individual, que ofrezca opciones de rehabilitación y reinserción social y que, sobre todo, trabaje en la prevención del delito.
Así lo expuso en su tesis doctoral y lo recordó en la inauguración del ciclo de conferencias “Derecho penitenciario y teoría de la sanción penal”, actividad organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica y que está dedicada al mismo Cruz.
“A lo largo de su gran y vasta trayectoria académica y judicial, don Fernando ha demostrado ser un asiduo defensor del Estado social y democrático de derecho. Su convicción sobre este aspecto le ha valido enfrentar las luchas jurídicas más relevantes de los últimos tiempos en nuestro país. Por mencionar algunas de esas luchas, se encuentran la defensa del principio democrático de la división de poderes, la independencia judicial, el estado del sistema penitenciario nacional y la solución de los grandes conflictos sociales que han puesto de manifiesto la agenda política de desmantelamiento de la institucionalidad pública que lamentablemente padecemos hoy. Es de nuestro conocimiento que la defensa de estas convicciones le han valido múltiples ataques y de diversa naturaleza y especialmente ataques que han provenido y siguen proviniendo de quienes deberían ser los guardianes de nuestra democracia.”
Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho
Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, la resocialización es imprescindible y se convierte en una garantía, porque el sistema debe propiciar circunstancias institucionales adecuadas para darle opciones de rehabilitación a la persona. Si bien este principio no se encuentra en la Constitución Política, sí se estipula en el Pacto de San José.
“El crimen es algo normal, es parte de la conducta de los seres humanos. Con la resocialización lo único que queremos es que la persona no cometa más delitos. Lo que no podemos hacer es incursionar en su mente, como si fuera La Naranja Mecánica, para cambiar su conducta, porque el ser humano tiene una dignidad, y la dignidad es un valor fundamental, no es mera ideología”, subrayó Cruz en su intervención.
“Se debe destacar que en sus teorizaciones y estudios más tempranos, como penalista, sobre los fines de la sanción penal y, en específico, en su investigación doctoral sobre el objetivo resocializador de la pena privativa de libertad, también vemos que el trabajo intelectual del profesor Fernando Cruz muestra una absoluta congruencia y una opción preferencial por la defensa del Estado social de derecho, donde se opta por la inclusión económica y social de las mayorías como proyecto a realizar, donde se opta por una mejor distribución de la riqueza como objetivo a cumplir por las instituciones del Estado. El fin primordial de la pena no puede ser otro que lograr la reinserción social de quien ha cometido un delito. No puede ser distinto que reducir las posibilidades de reincidencia y criminalización futuras de las personas condenadas, tal como lo estipula con absoluta claridad el artículo cinco, inciso seis, de la Convención Americana de Derechos Humanos.”
Gustavo Chan Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas
Según el magistrado, de la misma forma que se debe de hablar de un triunfo colectivo cuando un individuo logra alcanzar metas en la vida, la sociedad también debe reconocer su cuota de responsabilidad en los delitos que cometen las personas, porque nadie crece en contextos inocuos. “Entonces, ¿a quién se debe resocializar: al infractor o a la sociedad?”, cuestionó.
Estas y otras muchas reflexiones se encuentran en la tesis doctoral de Fernando Cruz Castro, titulada La resocialización como objetivo primordial de la pena privativa de libertad. Análisis de la legislación costarricense y española y que fue publicada en una nueva edición, gracias al trabajo conjunto del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
“La grandeza principal de esta obra de don Fernando Cruz es que se centra siempre en esa visión de los derechos fundamentales, del Estado democrático de derecho, del combate, ya desde esa visión que él tenía en ese momento, a esa perspectiva del populismo penal, que quizá no era esa la expresión que se usaba en el momento en el que él publica su obra, pero es una obra que se adelantó en el tiempo y nos hace ver esos peligros que se cernían sobre nuestros países, sobre nuestra región, que hoy se concreta en ese populismo penal, en esa deriva autoritaria que hoy vivimos.”
Douglas Durán Chavarría, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
El ciclo de conferencias “Derecho penitenciario y teoría de la sanción penal” se desarrolla todos los miércoles, a partir de las 5:00 p. m., en el miniauditorio de la Facultad de Derecho, hasta el 8 de noviembre. Seguidamente, el calendario de las conferencias:
Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos exige la libertad de la abogada Claudia González, quien fue encarcelada injustamente por Consuelo Porras, fiscal del Ministerio Público y el fiscal Curruchiche.
El Observatorio promueve los siguientes enlaces para unirse a la campaña:
Las políticas del actual gobernante Rodrigo Chaves son continuidad de las acciones del anterior gobierno de Carlos Alvarado que se pueden ubicar dentro de lo que algunos llaman la segunda revolución neoliberal. El gobierno anterior sentó las bases de la criminalización de las acciones populares, la eliminación de las huelgas y estableció la política de los recortes o de la austeridad fiscalista.
El gobierno de Rodrigo Chaves ha dado continuidad y profundizado las políticas de Alvarado, dentro de la nueva fase o categoría del neoliberalismo.
Las políticas de esta segunda revolución neoliberal se caracterizan por el desmantelamiento de los servicios, la privatización de la sanidad, cuyo caso más notorio es el de la Caja del Seguro Social, la privatización de la educación que va más allá del vaciado patriótico del contenido educativo para avanzar hacia los préstamos que promueve el MEP para que los estudiantes de secundaria pueden completar su educación, o la privatización de la cultura o el debilitamiento de los regímenes de pensiones. Estas políticas van unidas a la pérdida constante de derechos o recortes a los derechos de los trabajadores, como la aprobación de las jornadas 4×3. Además, de los ataques a la democracia por parte de una nueva plutocracia conformada por los amigos del presidente que se proponen crear un nuevo orden neo-oligárquico con fuertes tintes autoritarios. Es la nueva revolución neoliberal que para Costa Rica actualmente la encabeza Rodrigo Chaves, pero es continuación de las políticas del anterior gobierno con la complicidad del PLN y el PLUSC quienes ahora aparecen como críticos del monstruo que ayudaron a crear.
La consolidación de este régimen o sistema sólo es posible con el renacer del llamado IDIOTA SOCIAL, el fanático que quiere matar diputados, la parte sumisa o incondicional de un grupo de votantes. Ese idiota social que ante las más claras evidencias de que estamos ante un gobierno de inútiles, incapaces, mentirosos cotidianos y corruptos en sus negociados con sus amigotes, siguen defendiéndolo, creyéndolo y siguiéndolo en sus políticas contra el pueblo.
En fin, estamos ante un proyecto político perverso.
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