Autor: María José Ferlini Cartín

Vladimir de la Cruz

En las grandes luchas políticas, sociales y populares que se han dado, en estos últimos 50 años, desde 1970, tenemos tres grandes eventos, que han contado con grandes movilizaciones populares, estudiantiles, de trabajadores y, en el TLC, de sectores productivos y empresariales.

Estas tres grandes luchas fueron las movilizaciones estudiantiles y populares contra la aprobación del Contrato Ley de la ALCOA, que culminaron en abril de 1970, las movilizaciones que se dieron contra el llamado Combo del ICE, un conjunto de varias leyes que se aprobaron en los días de la Semana Santa del 2000, y la discusión nacional que impuso la discusión del llamado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se agregó al llamado Tratado de Centroamérica, y República Dominicana que se integró seis meses después de haberse aprobado, luchas que empezaron a darse en el 2006 y culminaron con la votación del Referendo en octubre del 2007.

En las tres luchas estuve activamente vinculado. De ellas extraigo las siguientes experiencias. En la primera, la de ALCOA, como uno de los dirigentes estudiantiles de la huelga; en la del Combo del ICE, como dirigente en ese momento, y asesor parlamentario, de la fracción legislativa de Fuerza Democrática, y en la del TLC como ciudadano interesado en esa discusión nacional.

En estas tres luchas había, en primer lugar, un grupo organizado de agitación, de debate, de discusión del Proyecto de Ley de la ALCOA, de las leyes que constituían el Combo del ICE y del texto del TLC.

Estos grupos organizados eran, en la lucha de la ALCOA las organizaciones políticas estudiantiles universitarias, el Frente de Acción Universitaria, que en la práctica era la que había iniciado esa lucha en la Universidad, que la llevó al Congreso de la Federación de Estudiantes de marzo de 1969, cuando la FEUCR, asumió un papel activo integrando la Comisión que estudió el Proyecto de Ley de la ALCOA. A ello se sumó en la proyección, de este debate y lucha, el movimiento estudiantil de secundaria, visitando colegios y agitando en contra de la ALCOA, y los estudiantes de ingreso universitario en 1970, en Estudios Generales, donde se desarrollaron organizaciones estudiantiles que sumaron de modo muy importante su participación, organización y agitación.

Elemento clave fue que aun cuando el Gobierno de José Joaquín Trejos Fernández envió a las sesiones legislativas extraordinarias, de diciembre de 1969 a abril de 1970, la discusión, aprovechando las vacaciones estudiantiles, el movimiento estudiantil universitario se mantuvo en la lucha con un piquete permanente en los predios y jardines legislativos. En esos días no existían los muros que después le hicieron al edificio para evitar que de nuevo se volvieran a repetir piquetes permanentes en los jardines legislativos. Era tiempo de elecciones nacionales que se resolvían en febrero de 1970, las que ganó José Figueres Ferrer, quien desde España enviaba apoyo a favor del Contrato de la ALCOA.

Importante fue la lucha regional en Pérez Zeledón y los otros grupos estudiantiles de la juventud liberacionista, los estudiantes cristianos en sus diversas organizaciones que tenían en la UCR. Esto era un elemento importante, porque se requería un gran debate nacional, una discusión política y legal de los proyectos. La discusión y el debate eran clave para desarrollar un estado de conciencia, y una toma de conciencia que permitiera impulsar la lucha.

En segundo lugar, a la par de la agitación se daba un gran nivel de movilización de los estudiantes, alrededor de la lucha en particular y en torno a las organizaciones juveniles y estudiantiles que existían. La lucha alcanzó a algunos importantes colegios privados, de los cuales sus estudiantes se sumaron apoyando la lucha.

En tercer lugar, un papel importante lo desempeñó el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles, universitarias y de secundaria, que se involucraron en la lucha.

En cuarto lugar, fue clave el papel que en la Asamblea Legislativa mantenían los 10 diputados que se oponían al Contrato de la ALCOA. Ese bastión de diputados fue importante porque la lucha de calle se orientaba a ir a apoyar a los diputados en su debate parlamentario, en su oposición legislativa. Algunos de esos diputados, como Rodrigo Carazo Odio, se vincularon estrechamente a las organizaciones estudiantiles en las visitas a colegios para informar y contribuir a agitar la conciencia estudiantil. Los diputados opositores se convertían en la palanca contra el Contrato de la ALCOA.

En el caso del Combo del ICE se dieron igualmente estos elementos. La existencia de organizaciones sindicales, especialmente las tres del ICE, que llevaban el peso de la lucha y de la movilización. Las organizaciones estudiantiles y universitarias que también se sumaron a esa lucha, así como organizaciones populares amenazadas de la privatización del ICE y el efecto e impacto nacional que ello tendría.

Como en la lucha contra la ALCOA, en la Asamblea Legislativa jugaron un papel muy importante los tres diputados de Fuerza Democrática, José Manuel Núñez, José Merino y Célimo Guido, que fueron la palanca parlamentaria contra la aprobación del llamado Combo del ICE. Los diputados eran el vértice y el punto de llegada de los manifestantes a la Asamblea Legislativa. En todo el territorio nacional las organizaciones sindicales del ICE, que estaban por toda la geografía patria, llevaron la batuta de esas luchas, paros, huelgas, bloqueos de calles y movilizaciones regionales.

El Combo se aprobó en la Semana Santa del año 2000, un jueves santo a las 11 de la noche. Igual que en la ALCOA se suspendió el trabajo legislativo con el ánimo de desmovilizar. En el caso del Combo no funcionó la desmovilización. Se mantuvo la lucha por tres semanas más de manera intensiva y creciendo en todo el país.

El paro nacional se hacía sentir y el gobierno de Miguel Angel Rodríguez, de manera inteligente, aceptó la situación.

Para finalizar esta lucha se integró una Comisión extraparlamentaria que buscó la salida final, integrada por las vicepresidencias de la República, diputados y representantes de las organizaciones en lucha, que se encargó, en cierta manera de desmantelar lo que la Asamblea Legislativa había aprobado, logrando con éxito, en ese momento, la no privatización del ICE como se planeaba.

De no haberse integrado esa Comisión, y el movimiento hubiera seguido creciendo, probablemente el gobierno de Miguel Angel Rodríguez hubiera entrado en una gran crisis política nacional y gubernativa, insospechada y desconocida en el país hasta ese momento, lo que no sucedió.

En el caso de la aprobación del TLC, con Estados Unidos, el gobierno de Abel Pacheco de la Espriella lo había aprobado en diciembre del año 2004. No lo envió a la Asamblea Legislativa para su trámite parlamentario, porque el año 2005 era año electoral y obviamente los grupos políticos que estaban a favor del Tratado entendían que en año electoral no debía discutirse en la Asamblea Legislativa.

Así, Abel Pacheco lo introdujo para discusión parlamentaria en diciembre del 2005, que era un período electoral nacional, en el cual la Asamblea Legislativa se encontraba en receso parlamentario por el fin de año y por las elecciones de febrero del 2006.

Pasadas las elecciones, en las que triunfó apretadamente Oscar Arias Sánchez, en febrero débilmente se empezó a conocer el trámite del Tratado, con diputados que dejaban de serlo el 1 de mayo. Ottón Solís, su principal contrincante electoral en esa elección, y su partido Acción Ciudadana, estaban en contra del Tratado, de una manera extraña. Ottón sostenía la tesis de que le dieran los votos para triunfar y una vez ganador impugnaría el Tratado, lo que exigía para ese procedimiento que primero se aprobara.

El Tratado de Libre Comercio generó una división nacional amplia, de sectores estudiantiles, populares, de productores y empresarios afectados por el Tratado. Con una oposición parlamentaria, en la que también estaba el diputado José Merino, con su recién fundado partido Frente Amplio, estaba constituida la palanca de freno de ese Tratado.

En la lucha contra el tratado, que parlamentariamente se extendía, el exdiputado José Miguel Corrales accionó ante el Tribunal Supremo de Elecciones para convocar un Referéndum de consulta, que el Tribunal aprobó en su convocatoria. En esa circunstancia, que atrasaría su debate y aprobación por lo menos 10 meses más, mientras se recogían las firmas de convocatoria del Referéndum, el Presidente Oscar Arias acudió al expediente de convocar el Referéndum, por iniciativa presidencial, y dejar sin efecto la convocatoria que promovía José Miguel Corrales, y evitarse así el atraso de la recogida de firmas, y ganar tiempo para la gestión de su gobierno. Así se realizó el Referéndum de octubre del 2007 en el cual por un porcentaje muy bajo se validó el Tratado, que siguió el trámite legislativo de aprobación.

En todas estas luchas hubo agitación y debates intensos de los temas parlamentarios, organizaciones estudiantiles, sindicales, y populares en lucha, movilizaciones a la Asamblea Legislativa apoyando a los diputados opositores que eran las palancas de los grupos populares, resistentes a estos Proyectos de Ley.

Hoy los sectores sociales, todos los trabajadores, los sindicatos y los mismos estudiantes, se afectan en la posibilidad de aprobación de la discusión del Proyecto de Ley de las Jornadas 4-3 con la que se pretende establecer la jornada de trabajo de 12 horas diarias de manera legal, aunque no constitucional.

La jornada afectará especialmente al sector privado de los trabajadores que alcanza a más del 90% de todos los trabajadores del país. Los defensores de la jornada de 12 horas sostienen que solo alcanza a un 10% de la mano de obra nacional, a unos 200.000 trabajadores del sector privado, especialmente el que está en zonas francas.

La campaña orientada a que no afectará al sector público es para debilitar la resistencia nacional organizada de estos sindicatos, para sacarlos de la discusión, presión, organización y movilización lo que está sucediendo, y para que no se constituyan en la palanca principal de lucha, lo que no está ocurriendo.

De hecho, los sindicatos están desdibujados en esta lucha. No pasan algunos de sus dirigentes, principalmente, de hacer algunas declaraciones y manifestaciones en redes sociales. Algunos sindicatos públicos, sin entender cuál es el problema principal, como lo es la discusión de las jornadas de 12 horas, se distraen y entretienen en asuntos internos de sus instituciones, como son los sindicatos de la CCSS. Cierto es que el sindicalismo en el sector privado casi ni existe pero, en su ausencia, los sindicatos públicos pueden asumir la conciencia de esos trabajadores, y el impulso de sus luchas para tratar de detener la aprobación de la jornada de 12 horas diarias de trabajo. Lo que afecta negativamente a un grupo de trabajadores afecta a todos en materia de jornadas de trabajo.

No hay movilizaciones sociales a la Asamblea Legislativa para apoyar a los diputados opositores a esta jornada, de manera particular a los diputados del Frente Amplio, que son la principal palanca de freno parlamentario. Equivocadamente, quizá por prejuicio político, no se convoca a apoyar a estos diputados, pero son los que están defendiendo a los trabajadores y requieren apoyo popular, de movilizaciones y de presión en la Asamblea Legislativa.

Todos los diputados, los de los otros partidos están comprometidos con la jornada de trabajo de 12 horas diarias. No hay ataques ni cuestionamientos públicos a esos otros diputados, y sus partidos, con nombres y apellidos, como defensores de los esclavistas laborales modernos. Ya estamos, a seis meses, del inicio de la campaña electoral municipal. La lucha contra los partidos que apoyan la jornada de 12 horas hay que llevarla a la lucha municipal para que por esos partidos los ciudadanos no voten.

El movimiento estudiantil está ausente en esta lucha sin entender que ellos, los estudiantes, como fuerza de trabajo o laboral futura, se enfrentarán de hecho al sometimiento de estas jornadas de 12 horas diarias. Recientemente, en Francia, los estudiantes junto a los trabajadores se han movilizado contra las leyes de pensiones que quieren alargar el plazo de jubilación, porque a ellos también los afectará en su futuro laboral. Igual es aquí, donde también quieren alargar el plazo de jubilación en tres años más, y donde están congelando el salario de los futuros trabajadores.

En nuestro país, pareciera que el movimiento estudiantil organizado ha desaparecido del escenario político nacional. No tienen ninguna presencia. Ni se siente en el interior de las universidades públicas. Sus dirigentes son muy desconocidos y como figuras políticas son ignorados, opacos y sin ninguna presencia en el debate de los temas nacionales. Al interior de las universidades son débiles como dirigencia estudiantil. Organizaciones políticas estudiantiles universitarias importantes, más allá de las oficiales, no se conocen ni se ven en las universidades.

La agitación y el debate en contra de la jornada de 12 horas diarias no se siente. En cierta forma pública es inexistente. Algunos comentaristas y analistas de la situación nacional hemos asumido esta tarea, pero somos casi simbólicos, aislados. Las posiciones en contra de la jornada de 12 horas diarias los sindicatos ni siquiera las reproducen al interior de los mismos y hacia sus afiliados.

Los sindicatos, como organizaciones supuestamente defensoras de los intereses de los trabajadores, ni siquiera se movilizan a apoyar a los diputados que están en contra de este proyecto, ni se hacen piquetes en la Asamblea Legislativa aunque sean simbólicos pero permanentes.

Las barras del público en la Asamblea Legislativa, ante la prensa nacional que sigue el debate parlamentario, están literalmente vacías e inexistentes, como noticia, para el público informado por los medios de comunicación.

Pareciera que a los sindicatos y a las organizaciones de trabajadores se los come el prejuicio de ir apoyar a esos diputados opositores. Pareciera que el gobierno los tuviera intimidados y mediatizados de alguna forma. Por su parte, esa fracción parlamentaria tampoco ha promovido este debate fuera del recinto parlamentario, o en el Salón de Jefes de Estado y Presidentes, que no podrían negárselo para hacer estos eventos en su apoyo y de información sobre el curso del debate parlamentario.

Un elemento importante, de discusión, es la inexistencia hoy de organizaciones políticas partidarias, de izquierda, al estilo de las que existían durante el período de la Guerra Fría. Algunas de las que existen son muy sectarias en sus planteamientos y reducidas en su ámbito de acción. La ausencia de una izquierda política bien cimentada ante la opinión pública ha hecho que la lucha sindical carezca de rumbo político, de orientación política, y de fortalecimiento político de los sindicatos. Las cámaras empresariales, al contrario, tienen bien definido este papel.

Algunos abogados laboralistas que trabajan para los sindicatos juegan su papel. La Asociación de Abogados Laboralistas, donde puede haber patronalistas y sindicalistas, ni siquiera provocan mesas redondas, ni debates de ningún tipo. La Asamblea Legislativa no se ha convertido en un escenario extra parlamentario, para que en su Salón de Jefes de Estado y Presidentes de la República, se hagan debates, mesas redondas y conferencias en torno a todo lo que afecta y alcanza este proyecto de ley de las 12 horas de trabajo diarias.

Las organizaciones de mujeres de todo tipo deberían estar en la lucha contra esta jornada, que va a afectar más a las mujeres trabajadoras, les va a intensificar más sus dobles y triples jornadas. En el país antes de la pandemia había 750.000 mujeres trabajando, como parte de la Población Económicamente Activa. De ellas 350.000 estaban consideradas cabeza de familias, principal ingreso económico de sus hogares, aun cuando tuvieran esposo o compañero. La Pandemia produjo una desocupación aumentada a la existente, en ese momento, en 400.000 trabajadores más, afectando mujeres. Al terminar su gobierno Carlos Alvarado dijo que esa masa de trabajadores desocupados se había reducido en 200.000 trabajadores, pero quedaban a saldo 200.000 que la pandemia los había dejado cesantes, más los 200.000 ya existentes. Esta masa real, de 400.000 desempleados, forman parte de los trabajadores informales que han aumentado casi al 60%, y forman parte de cualquier aumento de la inseguridad ciudadana que pueda asociarse a no tener trabajo o empleo estable y remunerado. Los índices del desempleo nacional son engañosos porque ocultan a los trabajadores que dejaron de buscar trabajo, que forman parte de la informalidad y de la masa social que la pellejea en ver cómo sobrevive. La pandemia dejó sin escolaridad a 120.000 estudiantes, que siguen sin estudio y, probablemente, forman parte de esta informalidad laboral existente.

Los colegios profesionales de Médicos, de Sicólogos y de Trabajadores Sociales están ausentes del debate de la jornada de trabajo de 12 horas diarias, como si esta jornada no fuera a afectar a cada persona, a cada trabajador o trabajadora, que se acoja o le impongan esta jornada, con relación al estrés que pueda ocasionar, a incrementar los accidentes de trabajo que se van a producir, a afectar las relaciones familiares y matrimoniales, a aumentar la violencia intrafamiliar, que pareciera que ya está dando frutos violentos, al abandono real y efectivo de los niños cuyos padres se sometan a estas jornadas, al debilitamiento de sus estudios y tareas escolares, sumado al costo de vida, de la canasta básica, del congelamiento de salarios y pensiones, del incremento constante de los costos de los servicios públicos que los trabajadores deben pagar de sus escuálidos y estrechos salarios.

Agitación, debate, movilización y organización alrededor de la lucha contra las jornadas de trabajo esclavistas hace falta, en estos días finales del debate al que quieren llevar a los diputados, como reses al matadero, en la discusión parlamentaria en las que les están imponiendo su votación forzada. Pero, también, sin esos elementos de lucha a los trabajadores ya los tienen camino al balazo en la nuca del matadero parlamentario.

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