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Autor: María José Ferlini Cartín

Lasso en Ecuador, una gestion y actuar anunciada/o

Mg. José A. Amesty Rivera

El tétrico millonario banquero, exitoso evasor de impuestos, Guillermo Lasso, quien había intentado por tres veces, en 2013 y 2017, llegar al poder absoluto en Ecuador, finalmente inicia la presidencia de Ecuador desde el 24 de mayo del 2021.

Primero, Lasso, como banquero y candidato a la presidencia de Ecuador, violó e incumplió con la Ley de Pacto Ético ecuatoriana, que prohíbe a los aspirantes a un cargo público tener vínculos con paraísos fiscales.

Segundo, en una de las empresas fuera de Ecuador, del multimillonario financiero, una de sus empresas históricas es Banisi Holding S.A., con sede en Panamá. El Banisi Holding es propiedad del Banco de Guayaquil, matriz de la fortuna de Lasso desde los años 1990. En el directorio del Holding, se encuentran sus hijos, Juan Emilio Lasso Alcívar, que figura como director y presidente ejecutivo, y Santiago Lasso Alcívar con los cargos de Director y Presidente de la Junta Directiva. Este lazo familiar es una expresa violación de la Ley del Pacto Ético, promulgada luego del referendo de 2017 en Ecuador.

Tercero, como descubrió la periodista argentina Cynthia García, los negocios en el exterior de Lasso comienzan a inflarse, desde 1970, y luego en 1999-2002, a raíz del feriado bancario del año 2000 en Ecuador. La fortuna de Lasso pasó de 1 millón, a 31 millones de dólares, a través de la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario.

Cuarto, el Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso, fue uno de los bancos que mayor cantidad de (bonos) Certificados de Depósito Reprogramados (CDRs) canjeó, esto quiere decir que se aprovechó de las necesidades de la gente para incrementar su fortuna. Esto convierte a Lasso en cómplice de la peor crisis económica del país, pues se benefició del salvataje bancario.

Quinto, en la cartera central, fuera de Ecuador de Lasso, el Banisi Holding constituido por 49 firmas en el extranjero, le permitieron ganancias a Lasso de hasta el 3000 por ciento, desde 2015.

Sexto, su banco de Guayaquil, ha sido uno de los principales beneficiarios de un sistema que ahoga el crecimiento económico nacional de Ecuador, en 2019, uno de los peores años de la historia reciente del país, aumentó sus ganancias en un 17 por ciento. Ni la pandemia contuvo la fiebre ganadora del banco. En los primeros ocho meses del 2020, sus ingresos por intereses aumentaron en un 26 por ciento respecto al récord que había registrado el año previo.

Séptimo, Guillermo Lasso fue el único candidato que representa a los banqueros y empresarios de las cámaras de la producción. Estos sectores, de los más atrasados en América Latina en cuanto a responsabilidades estatales y sociales, no comprenden el sentido del progreso económico con bienestar humano, lo confunden como simple éxito en los negocios privados, el mismo que suponen irradiará los beneficios colectivos, algo que históricamente nunca ha ocurrido en Ecuador, pues tal “modelo” solo ha ahondado las diferencias sociales, el dominio político de las élites y el abismo en el reparto de la riqueza.

Octavo, ya desde 2017 y mucho antes, el mañoso banquero se ha negado a dar explicaciones sobre sus negocios financieros. Guillermo Lasso, sus hijos y allegados tendrían empresas en los paraísos fiscales de las Islas Caimán, Panamá, Delaware y en Florida.

Noveno, el colmo del cinismo, es que, en uno de sus discursos, dijo: “vivimos la dictadura de un partido político, integrado mayormente por aquellos corruptos que se llevan dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales, porque tienen que esconder el dinero mal habido, y que le pertenece a todo el pueblo ecuatoriano”, en referencia al proyecto que lideró Rafael Correa, pero es como si hablara de sí mismo.

Como dice un dicho popular, todo tramposo y ladrón, es mentiroso; este alude a una de las tantas promesas de campaña de Lasso, cuando alguna vez ofreció “crear un millón de empleos” en cuatro años, cuando otros ofrecieron, 800.000, 470.000 y 250.000.

Por otro lado, su gestion en Ecuador, podemos resumirla así:

  • Las autoridades ecuatorianas (policía, fuerzas armadas y gobierno) están en una violación flagrante de los Derechos Humanos, reprimiendo, a los indígenas del Ecuador, aglutinados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y a las que se han ido sumando otros sectores como estudiantes, maestros, transportistas, sindicatos, entre otros.
  • La CONAIE, La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN, la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos FEINE, entre otras, han solicitado las siguientes reivindicaciones:
  1. Congelación de los precios de los combustibles y dirigir subsidios para los sectores más vulnerables.
  2. La prórroga de deudas de la banca pública, privada y cooperativa y el perdón para pequeños y medianos productores, los precios justos en los productos del campo, el impuesto agrícola y el rechazo a la firma de Tratados de Libre Comercio.
  3. Generación de empleo, regulación de derechos laborales y el respeto a la libertad de sindicatos y organización de la clase trabajadora.
  4. La espera a la expansión de la frontera extractiva, petrolera y minera, y la auditoría y reparación integral por los impactos socio-ambientales.
  5. El respeto a los derechos colectivos logrados, la prohibición de la privatización de sectores estratégicos.
  6. Las políticas de control de precios y de especulación en el mercado de productos de primera necesidad.
  7. La garantía del acceso a la educación superior, y el refuerzo de las políticas públicas de educación y salud.
  8. Afrontar la inseguridad, expresada en el aumento de la violencia, con altos índices de criminalidad, expresada en las ciudades y cárceles del país, especialmente a sectores indígenas.

Todas estas políticas erradas son impulsadas por el presidente Guillermo Lasso, quien gobierna a Ecuador acompañado de un cártel bancario. Según la profesora Adoración Guamán, «El gobierno de Lasso, el principal banquero del país que ganó las elecciones en abril del 2021, ha agudizado la crisis estructural ya iniciada por el ajuste neoliberal implementado por el gobierno anterior y profundizado durante la pandemia. El banquero presidente ha dado continuismo a las políticas fondo monetaristas, algo esperable, pero también ha ido mucho más allá, agravando los problemas de precarización, pobreza, inseguridad, desinstitucionalización y primacía del lucro personal, con un traspaso sin precedentes de los bienes públicos a manos privadas (evidenciada entre otras actuaciones en los reiterados intentos de vender el Banco del Pacífico). De hecho, el Presidente se jacta de haber ampliado las reservas internacionales, garantizar el pago de la deuda, mejorar el movimiento de capitales y asegurar derechos a los inversores extranjeros. Mientras arruina los servicios públicos del país, en particular la sanidad y la educación, al tiempo que instaura una lógica oligárquica-autoritaria-racista, completamente desapegada de la realidad social del Ecuador que él y su entorno parecen desconocer«.

No es nada extraño entonces que, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolviera el Parlamento para evitar su posible destitución. La decisión implica la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales. El mandatario elude así el juicio político en su contra, por supuestamente haber tolerado un presunto desfalco en una empresa estatal.

La acusación en sí es por un presunto delito de malversación, al no haber tomado acciones ante un contrato entre la empresa pública de transporte de petróleo, Flopec, y Amazonas Tanker, que representó un perjuicio al Estado de al menos, seis millones de dólares.

Por primera vez en la historia de Ecuador, Lasso decretó la disolución del Parlamento alegando que el juicio, que podría provocar su destitución por haber tolerado un supuesto caso de corrupción, había provocado una “grave crisis política”. Mientras tanto, Lasso gobernará por decreto durante seis meses. En ese tiempo se espera que anuncie si aspira a la reelección.

El mandatario tomó esta decisión drástica para frenar el proceso en su contra. Acaban así dos años de mandato del político conservador que ha acabado acorralado. En los últimos días había estado negociando votos entre la oposición para que el juicio político no saliera adelante, pero temía que a última hora la presión para su destitución fuera mayor. Lasso no quería que la que considera una Asamblea de poca talla política acabara con su mandato, por eso ha preferido invocar la figura constitucional de muerte cruzada, que cierra su periodo, pero también el de los parlamentarios. Además, le deja una puerta abierta a presentarse en las próximas elecciones.

La figura de «Muerte cruzada«, implica la finalización de mandato tanto de los miembros del Poder Legislativo (cierre de la Asamblea) como del Ejecutivo. El Consejo Nacional Electoral deberá llamar dentro de los próximos siete días para realizar una nueva elección en 90 días; pero mientras tanto, durante seis meses, Lasso gobernará por decreto. Para justificar la medida la encuadró en situación de «conmoción social interna», lo cual fue rechazado por una parte de la oposición.

Y es que, la Constitución de Ecuador, establece tres causales para que el Poder Ejecutivo pueda activar el mecanismo de muerte cruzada: a) Si la Asamblea se atribuye funciones que no le competen legalmente. B) Si de forma reiterada e injustificada el poder legislativo obstruye la ejecución de un Plan Nacional de Desarrollo que establece políticas públicas. C) Por una grave crisis política y conmoción interna. Esta última fue la causal invocada por Lasso este 17 de mayo 2023.

La premura de Lasso al disolver el parlamento ecuatoriano, por un lado, podría permitir la aprobación de varios decretos de Ley que no fueron aprobados por la asamblea legislativa y que ahora, por medio de su gobierno interino lo podría hacer, los decretos leyes son:

  • La reforma legal enfocada en el sector petrolero. Uno de los cambios apuntaba a que Petroecuador pueda delegar a la inversión privada sus campos en producción. Estos decretos fueron declaradas inconstitucionales en octubre de 2022.
  • La creación de zonas francas que benefician al sector privado.
  • La reforma (privatización) al sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
  • Lasso también intentó hacer cambios laborales y en septiembre de 2021 cuando presentó a la Asamblea Nacional la Ley de Creación de Oportunidades y Sostenibilidad Fiscal. En su capítulo laboral, proponía crear un sistema paralelo de contratación de trabajadores bajo normas más flexibles que las que tiene el Código de Trabajo. El Legislativo devolvió el proyecto al Ejecutivo sin aprobarlo. Sin embargo, el Ministro de Trabajo se refirió a la necesidad de desburocratizar y avanzar ahora con esas reformas.
  • La ley de incentivos a la inversión privada, que promociona la asociación pública privada y avanzar con privatizaciones en telecomunicaciones.

En síntesis, el presidente Guillermo Lasso da un cobarde autogolpe de Estado, con ayuda de la policía y las fuerzas armadas, sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura. Además, es un auto golpe para avanzar con el neoliberalismo salvaje, reflejado en el fracaso del modelo de la derecha ecuatoriana, que ha llevado al Ecuador a la peor crisis de la historia de este país, a todo nivel, el 70% de la población no tiene un empleo adecuado; más de 6 millones de familias ecuatorianas viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza; más de 70.000 jóvenes sin poder acceder a la Universidad; más de 25 muertes violentas por día; la falta de acceso a todos los derechos básicos, entre otras arriba descritas.

Lo que le queda a Lasso es la dictadura, apoyada por el imperialismo para seguir en el gobierno.

Imagen: https://www.celag.org/

Organizaciones del sector agropecuario se oponen al proyecto de jornadas laborales excepcionales

Comunicado

Organizaciones del sector agropecuario que representan a los pequeños y medianos productores y al sector campesino, se oponen al proyecto de ley que busca actualizar las jornadas laborales excepcionales.

El proyecto de ley no favorecería al sector agropecuario, ya que sus procesos de producción no son continuos y las actividades en el campo agrícola tienen una natural y lógica dependencia de la luz solar.

Las organizaciones Corporación Hortícola Nacional (CHN), Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional), Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG) y Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), en representación del sector agrícola de los pequeños y medianos productores y del sector campesino, manifiestan su rechazo total al proyecto de ley “Reforma a los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”.

Asimismo, solicitan a la Asamblea Legislativa, el rechazo a dicho proyecto de ley, contenido en el Expediente Legislativo 21.182.

El proyecto de ley arriba mencionado, va en detrimento de la vida familiar, especialmente de las mujeres que, por lo general, se encargan del cuido de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad y del acompañamiento de sus hijos, ya que únicamente tendrían tres días para atender estas responsabilidades.

Este proyecto de ley no favorecerá al sector agrícola, ya que sus procesos de producción no son continuos y las actividades en el campo agrícola, tienen una natural y lógica dependencia de la luz solar. Por otro lado, el proyecto generaría un mayor desempleo en el sector agropecuario ya que la contratación de 24 horas laborales se podría hacer con dos personas trabajando doce horas en vez de tres personas trabajando 8 horas. Finalmente, en el ámbito social las buenas prácticas agrícolas toman muy en cuenta el bienestar del trabajador en el campo, no sólo en el adecuado uso de los implementos, sino también en su bienestar físico y el de su entorno familiar. Este esfuerzo se vería comprometido si es considerada otra forma horaria de trabajo.

Con este tipo de legislación, las brechas sociales y económicas se hacen cada vez más grandes, a la vez que se estaría retrocediendo en temas de derechos laborales y garantías irrenunciables, que hemos logrado desde los acuerdos y convenios internacionales con la OIT, derechos fundamentales amparados en nuestra Constitución Política.

Somos seres humanos y no máquinas: el descanso no se recupera con jornadas extensas por lo que se afecta la salud, que es un derecho fundamental amparado en el artículo 21 de nuestra Constitución Política.

Repaso de las causas de la ruina del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (Parte IV)

Rodrigo Arias López
Máster en Matemática Actuarial

Estos desvíos de fondos (https://surcosdigital.com/repaso-de-las-causas-de-la-ruina-del-seguro-de-invalidez-vejez-y-muerte-ivm-de-la-caja-costarricense-de-seguro-social-ccss-2/) los denuncié ante Román Macaya Hayes, presidente Ejecutivo de la CCSS y activista del difunto PAC y ante la Fiscalía General de la República. Macaya trasladó el asunto a los mismos maquillistas para que siguieran pintando y la fiscala general de entonces Emilia Navas, asignó el caso a Diana Mora Hernández, quien pidió al Tribunal Penal la desestimación de la denuncia, indicando que “no ha sido posible proceder con la acusación y solicitud de apertura a juicio debido a la carencia probatoria que impera en este proceso”. Por su parte, el Tribunal desestimó la denuncia argumentando que yo “no había sido afectado” y “no es víctima”. Los jueces dijeron que este humilde servidor “no es la persona directamente afectada ni tiene ningún tipo de participación en asociaciones o socios o miembros de la persona jurídica que está siendo afectada, ni a las fundaciones o asociaciones que tengan carácter registral”. Así mismo, que “De la referencia que a (sic) hecho el ministerio Público se observa que el señor Rodrigo Arias López no ostenta la condición de víctima en el presente proceso, sino que figura como denunciante ante un delito de acción pública”. Además, no me permitieron presentarme a la audiencia oral. Adjunto varios links donde pueden ver los documentos y podrán notar que el expediente elaborado es un completo desorden; no sería extraño que por eso “no logró encontrar” ni entender las pruebas y enredó o convenció al tribunal. A mí ni siquiera me entrevistó.

Denuncia ante Román Macaya Hayes: https://es.scribd.com/document/640782681/A-Denuncia-Solicitud-PE

Apelación:
https://es.scribd.com/document/640787442/Apelacion-Expediente-18-119-1218-Pe

Desestimación de la denuncia por parte del TRIBUNAL PENAL DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ: https://es.scribd.com/document/640776113/Desestimacion-1171-0951-886704783-3038-F

El expediente que elaboró la fiscalía: https://es.scribd.com/document/640787828/Expediente-180001191218PE-Completo

La desestimación de la audiencia oral por parte del JUZGADO PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ: https://es.scribd.com/document/640789083/Desestimacion-oral-1171-0515-886639190-2044-F

En mi humilde opinión, las causas de la crisis del IVM también se pueden resumir como una violación al Estado Social de Derecho, impunidad y corrupción, dentro y fuera de la CCSS. No es porque sorpresivamente nos hayamos hecho viejos, ni porque los dineros ya no alcanzan, como dicen Jaime Barrantes Espinoza, Gustavo Picado Chacón, Luis Guillermo López Vargas y otros gurúes de la CCSS.

Tampoco creo que sea porque no haya pruebas para determinar el posible delito de desvío de fondos, como dijo la fiscala Diana Hernández, ni porque el suscrito no tenga afectaciones, ni derecho a denunciar y a reclamar esos posibles delitos, como dijo el tribunal citado. Más bien presuntamente algunos fiscales y jueces podrían tener enormes conflictos de interés porque ellos tienen un régimen de pensiones que financia pensiones de lujo de hasta 10 millones de colones mensuales o hasta 10 salarios mínimos del Poder Judicial, con retiro por vejez en el pasado a edades juveniles. Incluso en la actualidad pueden retirarse a partir de los 60 años de edad, anticipando el retiro hasta cinco años, con una ridícula penalización de 1,5% por año. A los pensionados por ese régimen por ley les realizan reajustes de acuerdo a la inflación de los precios -lo cual es justo en la mayoría de los casos- y para ese régimen de privilegio disponen de una prima de un 30% o más sobre los salarios, mientras que para el IVM de la CCSS no hay plata.

Por lo tanto, es comprensible que, a algunos empleados o empleadas del Poder Judicial con algún poder de decisión o influencia, o de relación con autoridades del Poder Ejecutivo, no les importe la misera que puedan padecer los pensionados y cotizantes del IVM de la CCSS.  Pero no podemos generalizar. Posiblemente la mayoría de los jueces y vigilantes de que se haga justicia, son muy rectos y con una moral muy alta, muy profesionales y justos. Recordemos que tanto el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Goicoechea, como la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, no aceptaron el desvío de fondos del seguro social para financiar el costo del primer nivel de atención de la salud ante demanda interpuesta por el entonces diputado José María Villalta, por el cual la CCSS está reclamando en la liquidación de sentencia ₡6 Billones, a razón de ₡400 mil millones de costos por año del primer nivel de atención de la salud, aunque internamente en la CCSS los maquillistas solo le cobran al Estado ₡20 mil millones por año, de los cuales no recibe la CCSS ni un céntimo en 30 años.

Causa risa escuchar que el Estado podría tener una deuda con la CCSS de ₡2,5 Billones a ₡3 Billones. Los maquillistas de la CCSS y amigos de políticos de muchos gobiernos de turno tienen esa deuda bien desinflada, pues en realidad la deuda no registrada bien supera los ₡50 Billones.

¿Qué opinan los lectores de SURCOS, en particular los cotizantes y pensionados del IVM de la CCSS?

Invitación a la aplicación de prueba de esfuerzo físico

Aplicación de prueba de esfuerzo físico, para valorar su actual condición física, comportamiento cardiaco, destrezas y habilidades

Fundación Caminantes de Costa Rica

Comience a realizar actividad física con una buena referencia de su condición física actual

Día. 27 mayo 2023

Hora. 7:15am

Lugar. UCR Explanada de Estudios Generales.

Inversión: Contribución voluntaria a la Fundación

Objetivo. Valorar el estado fisico actual, el rendimiento atlético y el comportamiento cardiaco de cada persona a través de una secuencia básica de ejercicios (coordinación, fuerza, potencia y concentración) una prueba de ersistencia (trote, carrera o caminata) en una distancia de 1.600 metros.

Es una actividad de esfuerzo fisico de fácil ejecución y medición de habilidades y destrezas y muy importante como referencia personal para dar inicio a un proceso de actividad física.

Cualquier persona puede participar de la misma, sin distingos de edad.

El resultado será valorado inicialmente por la parte técnica y finalmente su rango o calificación lo hará la parte médica.

Pueden realizar su inscripción a través de nuestro correo y les estaremos enviando la ficha personal que debe ser llenada y enviada a la dirección abajo adjunta.

Contamos con más de 50 años de experiencia en la actividad recreativa, ecológica y deportiva y en el atletismo nacional e internacional.

Correo: caminantecostarica@yahoo.com

Sinpemovil. 7189 4252.

FUNDACION CAMINANTES DE COSTA RICA

Bloque Verde se pronuncia ante resolución del Tribunal Contencioso Administrativo sobre el agroquímico Fipronil

Ante resolución del Tribunal Contencioso Administrativo:
Ni el gobierno de Rodrigo Chaves ha emitido un decreto para proteger abejas, ni tampoco el Fipronil está (o estaba) prohibido para uso agrícola en Costa Rica

En el Decreto Ejecutivo 43767 “se prohíbe solamente el uso profesional e industrial del plaguicida fipronil. Sin embargo, el uso más difundido de este plaguicida, y el que está causando severas afectaciones ambientales, es el uso agrícola y veterinario” Señaló el Dr. Elidier Vargas, agrónomo ex funcionario – pensionado de DIGECA y consultor del Pnud para el estudio “Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica”.

El uso industrial y profesional está relacionado con la aplicación que realizan empresas de este producto en instalaciones físicas, recintos cerrados, edificios o casas, eso es solamente lo que cubre el decreto impugnado en el Tribunal Contencioso por una compañía privada que impugnó el decreto.

El uso agrícola no se ha cambiado, mucho menos prohibido con el decreto en mención, por cuanto el grueso del uso del fipronil siempre ha estado permitido ya que queda en evidencia en el informe DAJ-MINAE-0354-2021 que fue el MAG quien se opuso a sacarlo del mercado y está pendiente de elaborar su propio decreto ejecutivo pues considera que el uso agrícola y veterinario es solamente su competencia.

“Mientras eso no suceda, las abejas y otros insectos polinizadores, incluso otros organismos silvestres seguirán viéndose afectados, según describe el MINAE en los informes que ha entregado a la Sala IV”, aseguró el especialista.

En el informe del MINAE número: DAJ-MINAE-0354-2021, se lee lo siguiente: “En este informe se realizó una evaluación de riesgo para las abejas, debido a la preocupación por los eventos de mortalidad de estos organismos evidenciada durante el año 2020. Esta evaluación consideró la dosis más baja y la más alta autorizada en cultivos agrícolas y se concluyó que el riesgo es inaceptable para estos organismos según los usos autorizados. Así mismo, los datos ecotoxicológicos de fipronil generan preocupación hacia otros organismos del ecosistema por cuanto se considera altamente tóxico para aves, peces, invertebrados acuáticos y muy altamente tóxico para algas. Además, es moderadamente persistente en suelo y en sistemas de agua/sedimento, y cuando se degrada producen otros metabolitos que sí son persistentes.”

Esos son los riesgos del uso del fipronil en las condiciones que actualmente se utiliza en la agricultura de Costa Rica, según indica el MINAE y siguen vigentes ante el uso del fipronil en campos agrícolas.

Por lo tanto, esta medida cautelar solicitada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, es de poco impacto para la protección o desprotección ambiental de las abejas. Queda claro que el principal responsable de la muerte masiva de abejas es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hasta tanto el MAG no asuma su responsabilidad sobre ese tema seguirán muriendo polinizadores.

El pasado 20 de mayo se celebraba el Día Mundial de las Abejas, decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y oficializado en 2020 por la Asamblea Legislativa una ley que declaran la apicultura de ‘interés público’ y crean el Día Nacional de las Abejas. En el marco de ese día Bloqueverde solicito “la prohibición de agrotóxicos fipronil y los neonicotinoides que han causado intoxicaciones masivas y la muerte de millones de abejas, daños irreversibles a la biodiversidad y contaminación de ecosistemas”.

Delegación de FENTRAGH en la XVI Conferencia de la Regional Latinoamericana de la UITA

La Regional Latinoamericana de la UITA, realizó en Sao Paulo – Brasil, durante los días 8, 9 y 10 de mayo del 2023, su XVI Conferencia denominada #HOMBROCONHOMBRO. Se contó con la importante participación de representantes de organizaciones afiliadas de toda la región y el acompañamiento de la secretaria general a nivel mundial, la señora Sue Longley. 

La delegación de FENTRAGH (Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Hotelería y Afines), estuvo compuesta por los dirigentes Dania Obando Castillo y Obeth Morales Barquero, secretaria general adjunta y secretario de finanzas, respectivamente. También acompañó la delegación costarricense, el señor Hugo Lennin Hernández Navas, en representación de la Unidad de Acción Sindical (UAS). 

Las grandes dificultades que enfrentan los trabajadores en América Latina, exige mayores niveles de unidad, acción y estrategias a los trabajadores, para poder enfrentar políticas que imponen gobiernos y empresas, que precarizan a diario las condiciones de trabajo, debilitan las democracias, afectan el medio ambiente y empobrecen las comunidades. 

#LibertadSindical #NegociaciónColectiva #MedioAmbiente #DerechosHumanos #SoberaníaAlimentaria #UnidadSindical #Solidaridad

Conversatorio: «El papel de la agricultura en la transición hacia una Costa Rica más soberana»

El pasado lunes 15 de mayo se llevó a cabo el conversatorio «El papel de la agricultura en la transición hacia una Costa Rica más soberana», en el marco del Día de la Persona Agricultora, en la Asamblea Legislativa.

En este espacio se contó con la participación de Fany Reyes, Red de Mujeres Rurales; Wendy Vargas, Asamblea Nacional de Productores Arroceros; Alejandra Bonilla, Asociación Tinamaste-Red de Mujeres Rurales; Kevin Gómez, Corporación Hortícola Nacional y Ariel Robles Barrantes, diputado del Partido Frente Amplio.

 

Compartido con SURCOS por Lorena Pino.

“Enfoques metodológicos para el análisis de los trabajos de cuidados y el uso del tiempo”

El pasado 17 de mayo se realizó el conversatorio “Enfoques metodológicos para el análisis de los trabajos de cuidados y el uso del tiempo”, donde se habló de la importancia del trabajo de cuido de personas, así como de la continua desvalorización y desnaturalización que le resta importancia económica y social. 

Las panelistas expusieron diferentes temas donde se exhiben los injustos roles de género, las desigualdades de género y los ejes de poder en diferentes situaciones y en diferentes países.

Compartimos el video del conversatorio: 

«Arte y Enfermedad» por Dr. Teodoro Evans Benavides

Desde la Academia Nacional de la Medicina de Costa Rica se hace la invitación a la conferencia virtual “Arte y Enfermedad” el día jueves 25 de mayo a las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica). Este espacio será impartido por el Dr. Teodoro Evans Benavides.

Esta actividad es apta para todo público, avalada con 1 crédito de recertificación médica a los médicos incorporados que se inscriban al teléfono 2210-2292 o al correo info@acanmed.com 

Voz Experta: Desigualdad económica y homicidios: una mirada psicosocial

Juan Diego García Castro

Voz Experta: Desigualdad económica y homicidios: una mirada psicosocial

Costa Rica está registrando un récord sin precedentes en el número de homicidios, los cuales producen un gran impacto emocional por la forma violenta de terminar con la vida de una persona. Las consecuencias psicológicas que producen estos sucesos en la sociedad son varias y de diferente magnitud. Las más inmediatas son miedo, frustración y sentimientos de impotencia. A mediano plazo, se desarrolla un sentimiento de alerta constante, deterioro de la salud mental y desesperanza en relación a no poder solucionar el problema. Todas estas consecuencias ya se reflejan en la población nacional, por ejemplo, en la última encuesta del El Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica las personas costarricenses señalan que el principal problema del país es la criminalidad y su principal temor perder el país.

Frente a estos sentimientos de impotencia y perdida de control producto de las altas tasas de homicidios, la reacción natural y espontanea es pedir políticas de mano dura contra las personas criminales. Las políticas represivas brindan una falsa sensación de seguridad para enfrentarse a un mundo que es peligroso y para compensar la falta de control que la criminalidad ejerce sobre nuestras vidas. Estas políticas son las que se discuten hoy en el gobierno y la asamblea legislativa como las principales soluciones a este problema. Sin embargo, la evidencia científica señala con contundencia, que las políticas de mano dura no son eficaces para disminuir la criminalidad ya que tratan el síntoma (los homicidios) pero no la enfermedad (la desigualdad). Para reducir los homicidios en Costa Rica necesitamos disminuir la desigualdad económica.

LEA MÁS: Voz experta UCR

Las razones por las cuales una persona mata a otra tienen múltiples causas. Una de sus principales raíces es la inequidad social. Tanto en Costa Rica como a nivel internacional, aquellas personas que matan y son asesinadas son mayoritariamente hombres jóvenes en contextos de privación social y en escenarios de competencia por recursos económicos, sociales y simbólicos. Cuando la distribución de riqueza es altamente inequitativa como lo es hoy en nuestro país, las tácticas de sobrevivencia son extremas. La lucha por recursos básicos de subsistencia y de estatus social se vuelve más violenta.

La desigualdad no es lo mismo que la pobreza, la desigualdad conlleva un contraste también con las personas favorecidas. Ha existido alguna discusión académica sobre si la causa de la violencia es propiamente la pobreza o la desigualdad. Sin embargo, hoy sabemos que los homicidios se relacionan más con la desigualdad por los procesos psicológicos que conlleva la comparación social. Estar expuestas al contraste entre la abundancia de algunos sectores sociales con sus lujos y estilo de vida, mientras que por otro lado se pasan necesidades básicas trae como consecuencia, entre muchas otras cosas, el distanciamiento social y la competición por el estatus.

LEA: La receta contra la pobreza y la desigualdad está escrita

El distanciamiento social que provoca la desigualdad económica hace que la gente viva segregada en espacios en los cuales se limita el contacto entre personas de diferentes recursos económicos. Por ejemplo, en Costa Rica se puede observar este fenómeno con la proliferación de comunidades cerradas (condominios, residenciales), clubes exclusivos o zonas “VIP”. Mientras, por otro lado, existen cantones con una alta concentración de personas en vulnerabilidad social, viviendo en condiciones de hacinamiento y con malos servicios de transporte público. Este distanciamiento provoca que confiemos menos en otras personas porque no las conocemos y que no sigamos las normas sociales establecidas por la evaluación de que la sociedad no funciona, aumentando el estrés, disminuyendo la participación en actividades “cívicas” (recientemente se ha encontrado en el país una asociación entre abstencionismo electoral y desigualdad) y aumentando los homicidios.

El otro mecanismo psicosocial que relaciona la desigualdad con los homicidios es la competencia por el estatus. La jerarquía social es más importante cuanto más desigual es la sociedad. Así, la desigualdad económica promueve la competencia, la comparación con las otras personas y el individualismo. En un país desigualdad como el nuestro, las personas están más conscientes de su lugar en la sociedad e incrementan su ansiedad por el estatus. Lo cual lleva a que las personas por ejemplo compren objetos con intención de mostrarlos y esto lo vemos cotidianamente en redes sociales. En las redes sociales las personas por lo general fanfarronean con sus estilos de vida reales o imaginarios con tal de ganarse un lugar simbólico en la sociedad. La lucha por el estatus hace que especialmente sean los hombres de grupos desaventajados quienes más violenten a otros hombres para conseguir un lugar entre su grupo de pares y en un país que prácticamente no les brinda otras oportunidades.

ADEMÁS: Igualiticos: la construcción social de la desigualdad en Costa Rica, de Carlos Sojo.

De está forma, metiendo a todas las presuntas personas criminales a la cárcel no vamos a disminuir la violencia porque no estaríamos resolviendo su causa. Reduciendo la desigualdad económica si podríamos mermar la tasa de homicidios como ya se ha hecho en otros países. En estos momentos Costa Rica tiene uno de los niveles de desigualdad más grandes en nuestra historia. Organismos económicos internacionales como el FMI, la OCDE y la CEPAL llaman a poner impuestos de emergencia a las grandes fortunas y al capital. Por ejemplo, si aumentaremos los impuestos de las ganancias al 1% más rico del país y con este dinero se hace inversión social como seguro de desempleo, oportunidades educativas e ingreso básico universal, podemos disminuir la violencia que hoy azota al país. Estas medidas sabemos científicamente que funcionan.

Los homicidios y la desigualdad ni son naturales, ni son inevitables. Es una decisión política y podemos cambiarla. Sentir desesperanza por el rumbo que lleva el país es la reacción más lógica frente a la situación que estamos viviendo. Sin embargo, la ciencia social lleva mucho tiempo estudiando como revertir la violencia y hay soluciones. Tenemos que implementarlas para construir una Costa Rica mejor.

 

Juan Diego García Castro

Investigador la línea Interacciones Grupales e Individuales y profesor de la Universidad de Costa Rica. Psicólogo Social. Doctor en Psicología y magíster en Psicología de la Intervención Social por la Universidad de Granada, España, y psicólogo por la Universidad de Costa Rica. Su trabajo de investigación se centra en la percepción de desigualdad económica en la vida cotidiana, la intolerancia a la desigualdad, las actitudes hacia la redistribución, las ideologías y el miedo al crimen. Su investigación se centra en los efectos psicosociales de la percepción de la desigualdad económica.