El próximo sábado 15 de abril se llevará a cabo una Peña Cultural en solidaridad con los Pueblos Originarios del Sur de Costa Rica.
Se contará con la presencia de artistas invitados como Wilson Arroyo, Esteban Monge, Manuel Monestel, Mario Villalobos y Grupo Proyección Andina. Además, se proyectarán minidocumentales y habrá micrófono abierto para los artistas que quieran acompañar el evento. Habrá deliciosas comidas a la venta.
La actividad se realizará en la Casa Cultural Simón Bolívar en Los Yoses (final de Avenida 10, entre calles 33 y 35. De la casa Matute Gómez, 7 cuadras al este).
Organiza IRIRIA TSÖCHOK Comitè de solidaridad con los Pueblos Originarios.
La entrada tendrá un precio de ₡2000 (dos mil colones). Los recursos obtenidos se canalizarán para apoyar las organizaciones propias de Pueblos Originarios.
¡ALERTA! El Ministerio de Hacienda está escondiendo 10,000 millones de colones para vivienda.
El Movimiento de Trabajadores y Campesinos y el Bloque de Vivienda, invitan a la población en general, a una manifestación el próximo 19 de abril en las afueras de Casa Presidencial y en Puente Río Pacuare.
¡Defendamos el derecho humano a tener vivienda digna! ¡Las casas de las familias pobres no se tocan! ¡Merecemos tener una casa digna!
FRENASS, por medio del compañero Guillermo Keith Bonilla, fundador del Frente Nacional por la Seguridad Social, nos recuerda que la CCSS es origen de una lucha de décadas del pueblo costarricense, la cual, dio como resultado, un modelo de salud pública único en el mundo.
El compañero Keith también nos recuerda los peligrosos riesgos que se ciernen sobre nuestra querida Institución y al igual que como lo hicieron los héroes de 1856, nos invita a encender y levantar las antorchas para defender con firmeza esta conquista histórica, patrimonio de nuestro pueblo costarricense.
El pasado 29 de marzo de 2023, Buen Vivir Costa Rica asistió a la manifestación nacional agropecuaria y campesina convocada por diversos sectores, entre ellos, el sector agropecuario costarricense.
“Yo apoyo a las mujeres productoras”, fue una las consignas en rótulos que cargaba una manifestante.
Otro ciudadano preguntó: “Chaves (Rodrigo Chaves) ¿Qué vamos a comer, cemento y varilla en menosprecio del ambiente y el patrimonio arqueológico?”.
“Exigimos el NO a la Alianza del Pacífico, para proteger los intereses de los agricultores costarricenses”, fue otra de las demandas escritas en un cartel en dicha manifestación.
Entre consignas de defensa a los productores nacionales y en favor de la seguridad alimentaria, la marcha fue una fiesta cívica en la cual diversas organizaciones y personas de todo el país manifestaron su descontento con las políticas públicas del Gobierno en torno al sector agropecuario.
Si desea ver el vídeo puede acceder al siguiente enlace:
Información compartida con SURCOS por Édison Valverde Araya.
En la comunidad indígena de Rey Curré de Buenos Aires vive don Rafael Ángel González Leiva. Es artesano local y nació el 28 de febrero de 1951. Tiene 72 años de edad e hijo de don Alberto González Mora y doña Florinda Leiva Morales.
Es un artista por excelencia y de sus manos salen las mejores obras de arte producto de la elaboración de máscaras, utilizando varios tipos de madera en especial el balso, cedro y laurel.
Sus máscaras son un atractivo para los turistas nacionales e internacionales que visitan la comunidad y es una persona muy comprometida con el desarrollo comunal y la defensa de los valores culturales.
Casi siempre lo encontramos en su hamaca, picando la madera, dándole forma y textura a la madera. Su hablar pausado y sencillo lo convierte en una persona de diálogo amable y de vastos saberes.
Su casa es su taller a la vez y lo tiene completamente decorado de máscaras de todo tipo: grandes, medianas, pequeñas. De colores y también sin pintar.
Cuando pase por Rey Curré no desaproveche la oportunidad de visitar el taller de máscaras de Don Rafa, y compre ahí sus productos a precios de productor.
Impacto de los proyectos de ley expedientes 23.414, 22.561 y 21.606 sobre el sistema de generación de energía eléctrica y el desempeño climático costarricense
El dominio por parte de las empresas públicas de la energía en Costa Rica es un factor determinante para un modelo que se plantea como meta facilitar el acceso universal, solidario y democrático a la energía eléctrica en a la gran mayoría de personas. El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con un componente público aún muy importante (tanto en la generación como en la transmisión y la distribución) es clave para la construcción de la justicia climática. El control de la generación y la distribución cuenta con la certeza de estar en manos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entidad estatal que goza de relativa autonomía política y financiera a nivel constitucional, pero que distintos proyectos de ley amenazan por completo su integridad.
Aunque desde hacer años el modelo solidario se encuentra en franco deterioro debido a los privilegios otorgados a las empresas privadas mediante normativas y reformas leoninas, el sistema público sigue siendo la base sobre la cual se sustenta el hito de que en 2021 el 99,92% de la electricidad suministrada a hogares, instituciones, industrias provenía de fuentes consideradas renovables. En este sentido, al menos un 70% de esta energía provenía de empresas públicas con costos de generación bajos. Este sistema goza del prestigio a nivel internacional debido a que el 74,05% de la energía eléctrica en 2021 fue hidráulica, seguida por un 12% de eólica, un 12% de geotérmica, y apenas un 0,02% de térmica (proveniente de hidrocarburos).
Por otro lado, el sector privado ha vendido electricidad al ICE que no necesita, incluso son sobreprecios ilegales, consecuencia de las leyes n° 7200 y 7.508 que han posibilitado la expansión de proyectos hidroeléctricos que generan grandes conflictos comunitarios y por eso han encontrado mucha oposición social en distintas partes del país debido a los graves impactos que generarían.
La expansión de proyectos de hidroelectricidad por lo general hace que los impactos negativos los sufran comunidades que ni siquiera van a gozar de la electricidad generada. Por ello, entre otras cosas, son injustos social y ambientalmente.
En la Asamblea Legislativa alistan más injusticia climática
En el primer poder de la República está en trámite el Proyecto 23.414 «Armonización del Sistema Eléctrico Nacional» que fue presentado en octubre de 2022 por la bancada oficialista del presidente Rodrigo Chaves. El cual busca reafirma el papel de los mercados privados en materia eléctrica y concentra todo el poder de decisión en el en el MINAE. Volviendo designaciones técnicas en materia de energía en tranzas políticas manejadas por jerarcas con nula experiencia en el ramo.
Por otro lado, las generadoras privadas buscan mayor participación dentro del Mercado Eléctrico Regional con el proyecto n°22.561 denominado “Ley para la Autorización de las Empresas Privadas de Generación de Electricidad para la Venta de Excedentes de Energía en el Mercado Eléctrico Regional”. Desplazando así al ICE en la venta de energía fuera de las fronteras ticas.
Pero además el proyecto n°21.670 “Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas” que busca permitir la venta los activos de cualquier empresa del ICE y ampliación de los contratos de compraventa de electricidad que las plantas eléctricas privadas ofrecen al ICE por hasta 40 años, cuando ahora el máximo es de 20 años.
Panel:
Sofía Guillen. Diputada de la República
Osvaldo Duran. Docente investigador de Instituto Tecnológico de Costa Rica
Mariana Porras Rozas. Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica
Modera:
Henry Picado Cerdas. Red de Coordinación en Biodiversidad
Lugar: Asamblea Legislativa. Sala de Conferencia en el nivel 3.
Fecha: miércoles 19 de abril. 5:30 p.m. hasta 8:00 p.m.
Formulario de asistencia al Foro Justicia Climática y Generación de Electricidad en Costa Rica: Impacto de los proyectos de ley expedientes 23.414, 22.561 y 21.606 sobre el sistema de generación de energía eléctrica y el desempeño climático costarricense.
Quiero detenerme en el análisis del por qué ha sido tan complicada una verdadera modernización del empleo público. Es cierto que puede haber muchas visiones válidas; sin embargo, quisiera apuntar tres que veo con claridad: la mala calidad del servicio, los intereses de tercerización y la crisis presupuestaria.
En la primera tenemos responsabilidad todos los funcionarios públicos, quienes de una u otra forma nos hemos escudado en beneficios como la estabilidad y derechos adquiridos para mantenernos en el puesto, en algunos casos sin esfuerzo, calidad e incluso sin la ética necesaria en el servicio que prestamos. Evidentemente, la sociedad está cansada, e incluso nosotros mismos como empleados estamos hastiados de conocer personas en el trabajo que realmente son un gasto para la institución y generan sobrecarga a los equipos, mientras las jefaturas no pueden o no quieren accionar al respecto.
El segundo es la tendencia en nuestro país, desde hace ya más de 30 años, del traslado de los servicios públicos al sector privado, algo que ya se ha logrado en muchas áreas: la banca, la educación primaria y secundaria, las telecomunicaciones y el sector salud. La apuesta ha girado en torno a la premisa de que el sector privado da resultados de altísima calidad con respecto a la función pública, situación que – hemos constatado – está muy lejos de ser cierta… Pero la peor parte es la desigualdad que ha generado este fenómeno.
Como ejemplo concreto de lo anterior, hoy nuestra sociedad debe contribuir a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y además pagar por servicios tercerizados de salud para atención primaria, pero que en ningún caso atienden casos agudos de pacientes, operaciones delicadas y tratamientos de largo plazo; para este tipo de complicaciones, la persona debe ir a los hospitales de la CCSS. Al final el pago es doble y el sector privado no da una respuesta semejante a lo que ofrece el sector público hasta el presente.
Finalmente, la eterna crisis presupuestaria de nuestro país. Esta siempre es más grande y preocupante, y se ciñe en los recortes del gasto público. Por ende, todas las instituciones estatales han sufrido estos recortes en sus recursos desde los años 80 y, desde entonces, se ha creado una idea del funcionariado público como enemigo de la ciudadanía: personas vagas, incompetentes, desleales y poco preparadas.
Derribando mitos del funcionariado público
Los estudios muestran que los servidores públicos – en su mayoría – tienen grados universitarios y desarrollan efectivamente una carrera administrativa. Además, en el sector estatal los salarios mantienen paridad de género y políticas de no discriminación en las contrataciones, pautas difíciles de encontrar actualmente en el sector privado.
Esta es una realidad que persevera, a pesar de que hace más 30 años “se le vende” a la población que nuestro sector público es de pésima calidad. Si fuera así, la atención de la pandemia por el COVID-19 hubiera sido absolutamente diferente a lo que fue, pues dicho sea de paso, esta crisis sanitaria fue enfrentada casi en su totalidad por el sector público costarricense.
Los recortes y la mala imagen que se ha forjado del servidor público ha generado, sobre todo, un sinsabor de la población, en beneficio de sectores privados que reciben ganancias de esta dicotomía falsa que se le inculca a la población y que busca un “buen servicio”, pero que no resuelve las necesidades de nuestro país: salud de calidad, educación de calidad, trabajo de calidad, vivienda de calidad y seguridad de calidad.
Lo preocupante de este contexto es que la Ley Marco de Empleo Público se enfoca en un único elemento: el presupuestario. La consigna es recortar salarios, porque son desiguales y excesivos. Sin embargo, ni el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, ni el de Hacienda, ni tampoco la Dirección General del Servicio Civil muestran estudios de mercado, con datos y evidencia, para establecer esa nueva escala global. Al parecer, la referencia es que las remuneraciones “se parezcan” a las del sector privado; sin embargo, olvidan que este se caracteriza por tener salarios bajos y desiguales. Parece imposible que con en esta ley podamos tener, cuando menos, un análisis de mercado de salarios respecto al costo de vida, que es el más alto en la región.
El destino incierto del empleo público
La pregunta final es: ¿hacia dónde vamos? Si no se percibe con seriedad que estemos frente a una reforma de toda la dinámica de empleo público y no solo de un ajuste de salarios a la baja, vamos a empeorar aún más las condiciones laborales de la población y esto impactará negativamente en el servicio público, de forma indudable.
En el corto plazo, las personas en la función pública desistirán de crecer en las organizaciones, las más preparadas probablemente se trasladarán a sectores privados o comenzarán a salir del país a buscar mejores condiciones (sí, en Costa Rica tenemos mucho capital humano de exportación en las instituciones públicas). En el mediano y largo plazo no habrá incentivos para permanecer en el servicio público, lo que traerá efectos adversos sobre la competitividad del país.
Este no es un asunto menor. Mientras en nuestro país se minimiza la función pública, en Europa no solo se potencia, sino que también se discute cómo se prepararán las personas para atender servicios con inteligencia artificial y qué otras innovaciones tecnológicas deberán implementar; además de cómo se perfilan para servir a las poblaciones de adultos mayores y cuáles nuevas habilidades de participación social van a requerir. Estos temas no se discuten en la Ley de Empleo Público, pues su texto se limita al recorte del gasto y esto es absolutamente preocupante de cara la tendencia internacional.
La función pública es responsabilidad de todos. Las personas funcionarias debemos tener claro que no trata solo de estar contratado por el Estado, sino de una posición estratégica desde donde se diseña y se construye el país día con día. Espero que las autoridades hagan una reflexión importante sobre la amplitud de las decisiones que se toman hoy y abran rutas de discusión que hagan de nuestra función pública una plataforma de innovación y desarrollo, porque realmente eso es lo que nuestra población requiere, pero que la discusión actual de la ley no lo promueve.
M Sc. Angélica Vega Hernández Directora de la Escuela de Administración Pública, UCR
El Día Internacional de los Niños de la Calle se celebra el 12 de abril de cada año como una manera de denunciar la situación de calle a la que se enfrentan millones de niños en todo el mundo y donde se vulneran sus derechos educativos, económicos, sociales y familiares.
Nuestra sociedad debería de preocuparse por hacer prevalecer el derecho a la igualdad para todos los niños y niñas en todo el mundo, sin embargo, la realidad es otra. Millones de niños tienen que vivir desprotegidos. Son las personas más vulnerables que tienen que transitar diariamente la dura situación de la calle y todos los riesgos que esto implica para su bienestar, físico, psicológico y espiritual.
Todos los niños y niñas a nivel mundial deben gozar de algunos derechos fundamentales como son: Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Derecho a la educación. Derecho a la alimentación. Derecho a la protección. Derecho a la identidad. Derecho al juego. Derecho a la libre expresión y especialmente el Derecho a la familia.
Son millones los que carecen de esos derechos y además sufren otra serie de males como el frío y el hambre, la amenaza de violadores y de narcotraficantes que los hacen entrar a su disposición para que sean los burros, vendedores e incluso hasta sicarios.
Los niños y niñas están muy abandonados a su suerte. Y si bien es cierto que hoy se conmemora lo referente al Niño de la Calle, lo cierto es que muchos niños y niñas aún con la posibilidad de un techo son igualmente violentados por los que están cerca.
Es urgente que las políticas sociales de los gobiernos se preocupen por erradicar la existencia de niños en la calle, deben darse alianzas entre instituciones y hacer lo posible por que los niños y niñas puedan tener la posibilidad de techo, estudio y alimento.
Hay muchas necesidades que satisfacer a la niñez y es necesario que se deje la hipocresía a un lado y se tomen acciones reales y concretas en favor de la niñez.
Cuanto más se podría hacer si los corruptos no se robaran tantos millones.
Dios quiera que se tomen acciones para cuidar, defender y apoyar a los niños de la calle y ojalá se logre que no haya ni uno solo a expensas de todos los males que les ocurren diariamente.
Costa Rica en el 2021 importó el 91% de los frijoles, 99% del maíz y 69% del arroz con el que se alimentó ese año a los cinco millones de personas que habitan su territorio, según datos del Semanario Universidad. El país pasa por el momento más inseguro en su historia en materia de alimentación y agricultura.
Los números nos hablan de una crisis muy aguda. La población que vive de producir alimentos básicos se enfrenta directamente a la pobreza, desesperanza y desprecio del gobierno central. En contraste, las ganancias de las empresas importadoras de comestibles nunca han sido tan grandes.
El contexto amerita fortalecer las redes y los tejidos organizativos, pero también necesitamos resaltar experiencias de lucha en defensa de la tierra, el territorio, la semilla, los derechos de los pueblos y la soberanía alimentaria. Adicionalmente, celebraremos los 25 años de la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad que articula a ecologistas, campesinas, académicxs de las universidades públicas que defienden los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos.
Desde COECO Ceiba Amigos de la Tierra, Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica el Programa, el Programa Interdisciplinario Costero-Idespo de la Universidad Nacional, la Red de Mujeres Rurales, la Asociación Tinamaste, Semillas Libres y Justicia Paz Integridad de la Creación y la Red de Coordinación en Biodiversidad extendemos una amplia invitación para que nos encontremos con muchas más organizaciones sociales, campesinas e indígenas este próximo lunes 17 de abril, en la Sala Girasol de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica a partir de las 9:00 a.m.
Dr. Carlos Araya Leandro, Profesor Catedrático Miembro del Consejo Universitario, UCR
El día 12 de abril fue declarado, institucionalmente, como Día de la Autonomía Universitaria, con motivo de la transgresión a la autonomía consagrada en la Constitución Política que sufrió la Universidad de Costa Rica (UCR) en ese mismo día en 2010. Recordemos que en aquella oportunidad, ante un supuesto delito atribuido a un funcionario de esta institución, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por orden del Ministerio Público, desplegó un operativo técnico-pericial en el campus de la Sede Rodrigo Facio para, en principio, recabar pruebas incriminatorias.
Lamentablemente, este ingreso al campus universitario constituyó un allanamiento ilegal y propició un abuso de autoridad con “[…] decenas de agentes armados del OIJ y de la Fuerza Pública, que ingresaron en la Universidad aún después de haberse cumplido con la detención y el retiro del sospechoso del campus”, según lo señala el acuerdo de Consejo Universitario en sesión extraordinaria número 5435 del 14 de abril de 2010. Lo grave de ese evento no fue el fondo de la acción penal, es decir, la persecución del aparente delito, que en un estado democrático y de derecho, como el nuestro, compete al Ministerio Público en todo el territorio nacional, sino la forma en cómo dicha acción fue llevada a cabo. En primer lugar, la acción se dio irrespetando los mecanismos ordinarios de coordinación para ese tipo de situaciones; en segundo lugar, todo sucedió en ejercicio desproporcionado e infundado del uso de la fuerza contra miembros de la Comunidad Universitaria.
El 12 de setiembre de 2018, la Fuerza Pública intervino contra un grupo de personas que se manifestaba contra la aprobación del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Entonces, oficiales de la Fuerza Pública ingresaron en el campus universitario, en persecución del grupo que protestaba, con el lamentable saldo de un estudiante herido.
Si bien, afortunadamente, no han acaecido otros hechos similares, lo cierto es que sí han predominado decisiones de políticas públicas que han perpetuado un acecho constante hacia las Universidades Públicas. Así, por ejemplo, leyes emitidas en los últimos años como la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas o la Ley Marco de Empleo Público, o bien, proyectos de Ley como el que pretende regular el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la intención de reformar el artículo 85 de la Constitución Política de la República, expediente legislativo 20 852, archivado en 2020, han pretendido desconocer y, peor aún, socavar la autonomía constitucional de la que gozan las Universidades Públicas. Todo ello, se ha dado bajo la excusa de aplicar una serie de medidas de tipo presupuestario a un vasto sector público, sin detenerse a reflexionar de forma pausada y seria si, con ello, se violenta el Estado Social de Derecho y, por lo tanto, el orden constitucional que garantizan las libertades y promueven un desarrollo equitativo.
Ante estas agresiones solapadas, camufladas por las vías formales, no queda otra opción más que acudir, con sabiduría, al texto constitucional e insistir en su defensa. Allí es en donde la independencia o la autonomía de las Universidades Públicas hallan su punto de anclaje y de salvaguarda superiores.
A la luz de la Constitución Política, es claro que el Constituyente reconoció una extensa e importante autonomía a la Universidad Pública para protegerla de las injerencias del poder político; dicha autonomía es administrativa (funcional, formal y material), de gobierno, político-organizativa, presupuestaria (financiación estatal y hacienda propia) y contractual. En particular, se sobreentiende que la autonomía se trata de una garantía institucional diseñada para permitir una actividad con una misión en el largo plazo; es decir, no se limita a periodos político- electorales, donde los gobiernos nacionales se turnan por periodos efímeros.
Para que una nación próspera como la nuestra mantenga su senda de progreso, es vital una Universidad robusta, refugio del pensamiento libre, que además cuente con recursos suficientes. Gracias a la Universidad Pública, la ciudadanía costarricense cuenta con una autoridad intelectual que se expresa con una voz que no se somete a la voluntad del poder, sino que responde a los valores superiores que trascienden la dominación y los proyectos de moda.
La celebración del Día de la Autonomía Universitaria es un extraordinario momento para reiterar que, como comunidad universitaria y como institución de cultura superior, debemos levantarnos en defensa de la autonomía universitaria.
Para cumplir con este deber, es necesario que concibamos la esencia constitucional real del orden que nos ampara; es decir, comprender cuál es la función y el fin que nos delegó el Constituyente y así mejor defender la autonomía y posicionarla en el contexto nacional. Así, no basta con florecer en autonomía, antes debemos sembrar, irrigar, abonar, pero, sobre todo, proteger lo que se nos ha confiado la sociedad costarricense.
