ACOJUPEMA y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna le invita a unirse a la marcha de los y las trabajadores/as, la cual se realizará el próximo 1 de mayo, saliendo a las 9:30 a.m. de la Avenida Segunda, frente al Parque de la Merced en San José.
Porque necesitamos un Estado fundamentado en la Constitución Política que proteja a los trabajadores y sus familias.
No más leyes espurias que opriman a los trabajadores privados y públicos, formales e informales, emprendedores y pequeños empresarios.
Recientemente, ha circulado la noticia de que se le ha otorgado a Radiográfica Costarricense (RACSA) un nuevo contrato por 1.300 millones, destinado a desarrollar un sistema para el Consejo Nacional de Producción (CNP). Dicha propuesta busca agilizar el proceso logístico del sistema de abastecimiento institucional y hacer eficaz la atención hacia los clientes y los suplidores.
El sistema integrará diversos elementos, tales como: compras, registros de productores y suplidores, encuestas de satisfacción a clientes, inspecciones de calidad y de precios, inventario y control de transportes. Se espera que este proceso esté listo para el año 2024.
Asimismo, el CNP pretende facturar directamente al Ministerio de Educación Pública, aquello que consuman las juntas de educación,con el fin de evitar los retrasos en los pagos. Se trataría de una figura similar a la que se utiliza con los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Lanzas, 2023).
A raíz de esta noticia, SITRAHSAN ha compartido el siguiente posicionamiento:
(…) RACSA ahora retoma el contrato con el CNP, donde quizás vemos como bueno, algo malo que sucede en la realidad. Y Mientras a nuestro Ministerio y a la Dirección de Bienes y Contratación Administrativa, la van debilitando, a pesar de una Ley que le sustenta, con el SICOP el “out side” fue contundente, a pesar de que COMPRARED era eficiente, nos quitan de la mano facultades, para que un grupito empresarial de élite, disfrazados en una Sociedad del EstadoMismo, se reparten unos milloncillos, en época donde; ni una anualidad nos pretenden reconocer como PAGO” (2023).
Ante las acciones nefastas y orquestada entre el sector político y empresarial del país por desmantelar el Estado Social de Derecho, atacando al empleado público con la implementación de leyes como: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas número 9635, Ley Marco de Empleo Público número 10.156 y Ley 9981 “aprobación del acuerdo sobre los términos de la adhesión de la República de Costa Rica a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como adhesión a la OCDE”.
Entorno socioeconómico en que se gesta la ley número 10.159 “Ley Marco de Empleo Público”.
En 2014 asciende al gobierno de la República de Costa Rica el partido político “Acción Ciudadana (PAC)”, desde ese momento se gesta en el país una filosofía de confrontación entre clases sociales, bajo la mampara de buscar el bienestar de la clase más pobre de la sociedad, pero no se tiene la capacidad ni valentía de enfrentar a la clase acaudalada del país, con lo cual el camino que se visibilizó más viable fue iniciar un proceso de aniquilación de la clase media del país.
De esta forma se inician una serie de pactos tanto de carácter políticos como económicos, todo justificado por la gran deuda interna y externa del país y las ansias de políticos emergentes y fracasados por ocupar cargos en organismos internacionales; llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco de Integración Económica, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, etc.
De esta forma se da inicio a un proceso de concertación legal y político entre los principales partidos del país y el PAC, que acaban al final de la primera legislatura del PAC con acciones concretas, dirigidas a llevar leyes al plenario para su aprobación como: Ley de Fortalecimientos de las Finanzas Públicas número 9635, Ley Marco de Empleo Público número 10.156 y Ley 9981 “aprobación del acuerdo sobre los términos de la adhesión de la República de Costa Rica a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. conocida como adhesión a la OCDE, entre otras.
Así las cosas, a la legislatura del señor Carlos Alvarado Quesada, le corresponde poner en marcha el planeamiento maquiavélicamente diseñado años antes, de tal forma que se deje ver que la difícil situación económica y deterioro social que se vive en el país, es producto de los altos salarios con que se remuneran a los empleados públicos, de esta forma se da inicia a un enfrentamiento de comparaciones a todas luces absurdas y sin ningún sustento técnico entre la remuneraciones de trabajadores del sector público y privado, enfatizado por una campaña publicitaria descomunal orquestada por políticos y empresarios en común acuerdo y con intereses propios.
Entorno socioeconómico en el que se implementa la ley número 10.159 “Ley Marco de Empleo Público”
La clase trabajadora del sector público de Costa Rica no recibe ajuste salarial por costo de vida desde el año 2019, pero el Banco Central si sigue registrando variaciones generalizadas en el precio de venta de las mercancías al interior del país, ver el siguiente gráfico.
Fuente: Banco Central de Costa Rica
Con base en la información contenida en el gráfico anterior, se puede observar un constante deterioro en el poder adquisitivo del ingreso de los habitantes de Costa Rica. Aun con todo este escenario negativo en el bienestar de consumo de esta población, los empleados públicos identificados con la política de saneamientos de las finanzas públicas del país, sigue realizando eficientemente sus labores aún cuando se le ha reducido en términos reales su salario, como se aprecia en la gráfica antes presentado.
Pero el escenario tenebroso antes descrito no es suficiente para la élite en el poder y es así como buscan condenan a la miseria al trabajador público, con la implementación de la ley número 9635 “Ley de Fortalecimiento de las finanzas Públicas”, según lo indicado en el título IV, capítulo II, en lo referente a la regla fiscal.
Los siguientes cuadros nos permiten tener un panorama más claro sobre la situación del país para cumplir con la regla fiscal y realizar inversión productiva.
Observando la información de los cuadros 1 y 2 con algún grado de interpretación crítica de acuerdo al entorno que analizamos, se puede apreciar que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país en promedio para el periodo 2018 al 2023 se estima tiene un crecimiento de un 1.84%, cifra que está muy lejos del 6% anual del que se habla en la ley 9635 para pensar en inversión del estado. Por otra parte, si miramos el cuadro 3 que nos proporciona información sobre el endeudamiento público, es posible notar que en el caso de Costa Rica la deuda para el periodo 2018 al 2021 tiene un crecimiento de un 29.62%, ubicando al país en un endeudamiento de un 82,7% en relación con el PIB, de nuevo cifra que está muy lejos del 60% indicado en la ley 9635 para pensar en incrementos salariales para funcionarios del sector público.
En conclusión, hasta aquí el tema de empleo público se torna oscuro y sin ninguna expectativa favorable que vislumbre un ajuste salarial para el sector, producto del deterioro en términos reales del poder adquisitivo del dinero en los últimos 4 años, como lo deja ver los datos del gráfico número 1.
Estocada al sector público de la República de Costa Rica.
Los trabajadores del estados costarricense después de vivir momentos adversos como los citados en los apartados anteriores, más una pandemia que los encierra en sus casas, una implementación atropellada de teletrabajo, una alta evasión fiscal y pérdida de controles al ingreso y salida de mercancía del país, un ingreso indiscriminado de droga, un incremento de la delincuencia y hasta un hackeo de los sistemas informáticos en muchas de las instituciones públicas y autónomas, finalmente se le da el jaque mate con la implementación de la ley número 10.159 “Ley Marco de Empleo Público”.
CUADRO NÚMERO 3
Exportaciones de Costa Rica a sus principales 10 mercados en millones de $
Periodo 2018 al 2021
País
2 018,00
2 019,00
2 020,00
2 021,00
USA
4 395,40
4 668,50
4 878,90
6 036,90
Países Bajos
679,00
720,80
895,90
1 037,10
Bélgica
675,30
706,40
613,70
748,50
Guatemala
561.3
589.7
592.9
686.8
Panamá
568.3
565.6
477.5
566,90
Nicaragua
457.8
434.5
435.5
531.8
Honduras
388.2
392.2
368.4
465.3
El Salvador
293.1
301.7
306.1
355.5
México
279.7
221.4
250.2
349.0
China
198.7
122.1
182.5
308.2
Resto
3 351,80
3 192,70
3 074,30
3 705,20
Total
11,119.5
11,307.4
11,482.8
14,115.6
Fuente: SIECA
CUADRO NÚMERO 4
Importaciones de Costa Rica a sus principales 10 mercados en millones de $
Periodo 2018 al 2021
País
2018
2019
2020
2021
USA
6 423,20
6 148,20
5 378,40
6 912,90
China
2 270,00
2 120,50
2 087,20
2 926,00
México
1 162,10
1 084,80
971,90
1 179,50
Guatemala
414,30
398,10
406,90
500,10
Alemania
414,70
384,40
381,70
415,90
Brasil
335,00
344,40
304,80
408,30
Japón
372,10
351,60
302,90
368,80
España
258,90
257,80
247,90
352,20
Colombia
304,30
314,90
279,30
340,60
Chile
278,70
199,00
201,60
274,10
Resto
4187,5
4 391,00
3 826,40
2 536,30
Total
16,420.8
15,994.7
14,359.0
18,235.7
Fuente: SIECA
CUADRO NÚMERO 5
Exportaciones de Costa Rica según sus principales 6 productos en millones de $
Periodo 2018 al 2021
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
2018
2019
2020
2021
9018
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERINARIA, INCLUIDOS LOS DE CENTELLOGRAFIA Y DEMAS APARATOS ELECTROMEDICOS, ASI COMO LOS APARATOS PARA PRUEBAS VISUALES
2 454,80
2 768,60
3 092,30
4 096,60
0803
BANANAS, INCLUIDOS LOS PLÁTANOS «PLANTAINS», FRESCOS O SECOS
1 030,90
999,70
1 083,00
1 078,60
0804
DÁTILES, HIGOS, PIÑAS (ANANAS), AGUACATES (PALTAS), GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS.
1 042,30
987,30
927,60
1 050,40
9121
ARTICULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA, INCLUIDAS LAS FAJAS Y VENDAJES MEDICOQUIRÚRGICOS Y LAS MULETAS; TABLILLAS, FÉRULAS (CABESTRILLOS) U OTROS ARTÍCULOS Y APARATOS PARA FRACTURAS; ARTÍCULOS Y APARATOS DE PROTESIS; AUDIFONOS Y DEMAS APARATOS QUE LLEVE LA PROPIA PERSONA O SE LE IMPLANTEN PARA COMPENSAR UN DEFECTO O INCAPACIDAD.
705,70
678,20
600,60
849,70
2106
PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE
426,80
464,80
479,60
644,70
0901
CAFE, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CÁSCARA Y CASCARILLA DE CAFE; SUCEDANEOS DEL CAFE QUE CONTENGAN CAFÉ EN CUALQUIER PROPORCIÓN
318,50
279,40
329,00
332,00
Resto
5 140,50
5 129,40
4 970,70
6 063,60
Total
11,119.50
11 307,40
11,482.80
14,115.60
Fuente: SIECA
Los cuadros números 3,4,5 permiten observar que el país ha tenido un comportamiento muy estable en cuanto a los mercados de exportación e importación, así como los principales productos, donde a simple vista es factible ver la importancia de las zonas francas, sector que goza de importantes incentivos.
Lo que no debemos obviar es el crujir de dientes del sector público que desde la implementación de la ley 9635 ve reducida la cantidad de funcionarios en las diferentes instituciones, teniendo que atender una mayor cantidad de trámites y siendo víctimas de salarios decreciente, lo cual también repercute en el sector privado ya que hay menos presión para las mejoras salariales en términos globales. Teniendo esta situación un efecto directo en el crecimiento del desempleo, la pobreza, la delincuencia, etc.
Como corolario tenemos la implementación de la ley 10.159 “Ley Marco de Empleo Público”, con la cual se vienen a reforzar el congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos por décadas a futuro, eliminándose de esta forma cualquier expectativa de recuperación del salario real de estos trabajadores, condenándose de esta manera la existencia del estado social democrático y canalizándose el mismo hacia un estado liberal de mercado.
Costa Rica su camino hacia un estado liberal.
Las cartas ya están tendidas sobre la mesa, hoy escuchamos los jerarcas de instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública, ante la consulta de la prensa, ¿Qué se hace para combatir la delincuencia?, ellos se limitan a declararse incompetentes, al amparo del argumento ya conocido y sustentado en la ley 9635, capitulo regla fiscal, no se les asigna los recursos económicos básicos necesarios para hacer frente a tal situación. Idéntica es la posición que se vive en el poder judicial, el Organismos de Investigación Judicial, y cualquier organización social del país, y demás ministerios. Se da de esta forma un impulso adicional y sostenido al desmantelamiento sistemático del estado social de derecho en nuestro país.
Información compartida con SURCOS por SITRAHSAN Administrativo.
El Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, invita a organizaciones ambientalistas a inscribirse en la segunda convocatoria del Tercer Parlamento Cívico Ambiental (PCA) 2022-2024. La inscripción inició el pasado 23 de marzo y culmina el próximo 21 de abril del presente año.
La convocatoria está dirigida a organizaciones académicas, de investigación, ONG, sector forestal, empresas turísticas, gestores municipales y que estén inscritas en el Registro Público. En caso de no tener personería jurídica, por favor presentar una carta que le acredite y que demuestre la existencia de la organización.
El Presidente de la República después de la manifestación de los agricultores (29 de marzo de 2023), amparado por muchos sectores económicos y estudiantiles del país, en vez de referirse a sus quejas, a sus demandas, a sus argumentos —como corresponde a un presidente—, se dedicó a burlarse de ellos. Que si era un chop suey, que si era muy pequeña, que si era una manifestación política y no dijo nada sobre las quejas que le plantearon, con una actitud muy poco presidencial. La investidura presidencial, ese día, quedó por los sueños.
Y es que entonces, me hizo recordar que los autócratas tienen tres “P”. El populismo, la polarización y la posverdad. Bueno, nuestro pichón de autócrata, también tiene tres “P”: tiene la del palurdo, el que cree saber y no sabe nada; la del pachuco, que trata de bailarnos con sus pobres argumentos; y, por último, la del pedante, que presume saber y no sabe nada. Señor presidente, recobre la dignidad presidencial.
El pasado 16 de marzo, la Junta Directiva del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), realizó una solicitud de información certificada a la directora de la Dirección Actuarial y Económica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Carolina González Gaitán.
La información técnica solicitada, corresponde a informes técnicos presentados a la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Consejo de Gerentes, Presidencia, así como a cualquier dependencia institucional relativa al estado financiero del seguro de salud.
Entre dichas solicitudes, se encuentran valuaciones actuariales del seguro de salud del último año; informes, notas, adendum, anexos o actualizaciones elaborados por la dirección a cargo; resúmenes de las valuaciones o actualizaciones de cálculos solicitadas a la Dirección Actuarial y Económica; explicación de las metodologías, variables y supuestos de la información solicitada; explicación de cambios y ajustes de las distintas valuaciones.
La petición se realizó con copia para la Auditoría Interna de la CCSS, Contraloría General de la República, trabajadores y trabajadoras CCSS, a las jefaturas de las fracciones en la Asamblea Legislativa, Defensoría de los Habitantes y organizaciones sindicales de la CCSS.
La comunidad de San Rafael de Pandora, Valle la Estrella, en Limón, denuncian que este EBAIS se encuentra cerrado desde hace varios años. Lo cual es considerado como un desperdicio de recursos.
Asimismo, solicitan a las autoridades correspondientes que se haga algo al respecto.
Información compartida con SURCOS por Flor Bellido.
El programa radial “Saber Vivir» invita a sintonizar este próximo lunes 17 de abril de 2023 la UCR 870 AM, con la programación de “¿Más autoestima, menos bullying?”.
En el programa participarán Rodrigo Campos Hernández y Marco Castillo Rojas, el cual es dirigido por Gloriana Rodríguez Corrales.
El programa además será transmitido a través del Facebook Live de la UCR 870 AM.
El pasado 18 de marzo en Limón, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, realizó una solicitud de barrida ambiental, dirigida hacia el Fiscal Adjunto Agrario Ambiental, el Licenciado José Pablo González.
En dicha carta, formulada por Marco Vinicio Levy Virgo, se indica que, desde el 2019, en el Caribe Sur, impera un ambiente de desconfianza hacia las autoridades, debido a la frecuente coalición entre narcotráfico, diputaciones, empresarios y funcionarios públicos. Dichos diputados han defendido supuestos derechos de pobladores del Caribe Sur mediante el impulso de moratorias que tienden a la colonización de la zona marítima terrestre, “obviando que para un sencillo poblador es prácticamente imposible sufragar los gastos que conlleva el mantenimiento de una vivienda al lado del mar” (Levy,2023).
De esta forma, manifiestan la Asociación, el Caribe necesita de un abordaje integral, debido a que el narcotráfico tiene tomada la zona: los cuales tienen sus emisarios en el gobierno local, hasta el punto que han declarado non gratos a insignes luchadores ambientales (Levy,2023).
Esas mismas fuerzas han conjuntado voluntades para el impulso de la Ley 9223, sugestivamente denominada “Ley de reconocimiento de los derechos de los pobladores del Caribe sur”, con la cual intentaron cercenar 188 hectáreas de bosque del Refugio Gandoca- Manzanillo (Levy,2023).
Finalmente, Levy denuncia que, mientras las comunidades del Caribe Sur ponen el cuerpo para defender la institucionalidad y el Patrimonio Natural del Estado en contra de empresarios y abogados mafiosos, la Fiscalía del Ministerio Público carece de las herramientas fundamentales para frenar a las mafias afincadas en el cantón de Talamanca.
Las grandes ONG, principalmente usa-americanas, financiadas con ingentes recursos financieros de los dueños de la globalización en inglés, se han adueñado de muchas agendas, no solo en el tema ambiental sino en otros que tienen que ver con los derechos de ciertas minorías e incluso de temas de diversa índole, en cuenta sobre las políticas nacionales y la geopolítica.
Denunciarlo una y otra vez, y sin tapujos, se ha convertido en un imperativo. Tal vez con ello se logre evitar que mucha gente honesta pero incauta siga cayendo en esas trampas o puertas falsas establecidas para distraernos de los problemas comunes no resueltos que nos afectan.
Esa presencia no solo ignora o disimula el nefasto y omnímodo poder internacional impuesto, sino que incluso lo fortalece.
Por supuesto que nuestros Estados serviles terminan siendo los principales responsables de esa presencia al permitir que esas organizaciones ejerzan de hecho una especie de “gobernabilidad” en nada democrática, al estar vinculadas y ser obedientes a intereses ajenos que terminan siendo perniciosos para nuestras sociedades y países.
