El pasado 18 de marzo en Limón, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, realizó una solicitud de barrida ambiental, dirigida hacia el Fiscal Adjunto Agrario Ambiental, el Licenciado José Pablo González.
En dicha carta, formulada por Marco Vinicio Levy Virgo, se indica que, desde el 2019, en el Caribe Sur, impera un ambiente de desconfianza hacia las autoridades, debido a la frecuente coalición entre narcotráfico, diputaciones, empresarios y funcionarios públicos. Dichos diputados han defendido supuestos derechos de pobladores del Caribe Sur mediante el impulso de moratorias que tienden a la colonización de la zona marítima terrestre, “obviando que para un sencillo poblador es prácticamente imposible sufragar los gastos que conlleva el mantenimiento de una vivienda al lado del mar” (Levy,2023).
De esta forma, manifiestan la Asociación, el Caribe necesita de un abordaje integral, debido a que el narcotráfico tiene tomada la zona: los cuales tienen sus emisarios en el gobierno local, hasta el punto que han declarado non gratos a insignes luchadores ambientales (Levy,2023).
Esas mismas fuerzas han conjuntado voluntades para el impulso de la Ley 9223, sugestivamente denominada “Ley de reconocimiento de los derechos de los pobladores del Caribe sur”, con la cual intentaron cercenar 188 hectáreas de bosque del Refugio Gandoca- Manzanillo (Levy,2023).
Finalmente, Levy denuncia que, mientras las comunidades del Caribe Sur ponen el cuerpo para defender la institucionalidad y el Patrimonio Natural del Estado en contra de empresarios y abogados mafiosos, la Fiscalía del Ministerio Público carece de las herramientas fundamentales para frenar a las mafias afincadas en el cantón de Talamanca.
Imagen ilustrativa, UCR.
