Los procesos sociales se suceden por pasos, al igual que la variabilidad de germinación de las semillas, que atienden a sus composiciones químicas, orgánicas, otras características, como suelos, fértil o menos fértil, seco, humedad, sol, clima…
Así las sociedades y dentro de ellas el eje que las mueve, la humanidad, que también atiende ese proceso de la semilla, pero con otras terminologías, por ejemplo, dependerá de sus contextos, modelo organizacional, selección del sujeto político que corresponda, su perfil, entre otras.
El aspecto cultural es muy importante, la recuperación de la memoria histórica, la relectura de nuestras tradiciones, los principios universales que hemos arraigado y fomentado por decenas de años, la identidad país, la conciencia de que nacemos libres, por lo que recuperar esa conciencia de libertad como máxima expresión de los valores que nos identifican como Nación es clave.
Todo esto se confronta con la realidad, se balancea y se actúa…
Sin sujeto político formado, que nazca de la base popular, en la comunidad, el campo, la ciudad, el litoral, la montaña, lo urbano, lo rural, el paso hacia una acción que cambie el status quo, no será posible, la razón:
Estamos jugando en la cancha enemiga, con sus tácticas y estrategias…
COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (32). Tercera época. Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.
Cualquier intento de plantear siquiera como existente determinado tema, o dimensión de la realidad que se salga de los cánones o versiones preestablecidas por las gentes que conforman los poderes fácticos, le acarrea al transgresor una interminable cantidad de epítetos, incluso relacionados con su vida personal, aflorando el odio hasta dimensiones insospechadas, sobre todo en las llamadas redes sociales. Todo esto implica la existencia de un culto descarado hacia la mentira, como una parte esencial de eso que ahora llaman la posverdad, sin tener en cuenta las afirmaciones, argumentaciones o demostraciones de quien se atreva a salirse de la unanimidad establecida dentro de lo asumido como “políticamente correcto”, por parte de la gran mayoría de la población, la que viene siendo hábilmente manipulada por los medios corporativos de la gran prensa escrita, radiofónica o televisada, aunque buena parte de ella se sume en la indiferencia de una manera inconsciente.
Los reporteros y entrevistadores de esos medios, en realidad meros apéndices del capital financiero, se han convertido, ni más ni menos, que en los operadores políticos por excelencia del conservadurismo y de la ultraderecha totalitaria en este cambio de siglo, mientras que buena parte de las gentes de la llamada izquierda, ni siquiera atinan a reaccionar y tampoco logran entender el fenómeno en su totalidad, mucho menos en lo que se refiere a sus raíces en el pasado, dentro del tiempo de la larga duración histórica. Su anclaje en una especie de presente continuo, a la manera anglosajona, ha terminado por reducirlos a la inmovilidad, a la indefensión o incluso los ha llevado a hacerle el juego a sus declarados e implacables enemigos. La falta de profundidad en el análisis de la atmósfera política prevaleciente, tanto en términos coyunturales como estructurales, cuando no su manifiesta ausencia, les impiden salir del fango de la politiquería de lo puramente contingente, de ahí su ausencia de metas que les permitan salir de su manifiesta crisis, sus voceros si acaso alcanzan a mostrar una cierta nostalgia hacia un pasado que ya no mantiene ninguna relación de correspondencia con la realidad, de ahí que buena parte de los “progres” y una cierta izquierda boba han terminado por hacerle el trabajo a la llamada “derecha”, tampoco exenta de la acelerada decadencia que ha terminado por afectar a todo el espectro político, dentro del que ya no hay partidos políticos sino meras franquicias electorales, donde se afinca la corrupción más desenfrenada.
Sucede así que las prioridades en materia de información e interpretación de eso que llamamos eufemísticamente “la realidad” están en manos de quienes de verdad mandan en nuestros países, no precisamente los presidentes de la república o los políticos circenses a su servicio, más o menos encubierto, a pesar de los telones de humo de los discursos que acostumbran a lanzar con cierta periodicidad.
Los rasgos más refinados del totalitarismo contemporáneo residen en esa capacidad para distorsionar lo que ocurre: sin necesidad de acudir a la brutalidad, o a la violencia física descarnada propias del fascismo italiano, español o alemán de hace un siglo, sus cultores se llaman o se consideran a sí mismos como demócratas o califican a sus prácticas detestables como “democráticas”, aunque en realidad no pasan de ser las de puños de hierro con guantes de seda, para el caso.
Estos liberticidas, enemigos descarados de cualquier tipo de libertad para los seres humanos de carne y hueso, pretenden establecer una tutela sobre nuestros pensamientos, o al menos intentan, con cierto éxito, evitar que nos expresemos en voz alta. De esta manera, en la España de la falsa transición a la democracia, se pena hasta con cárcel a quienes se atrevan a ironizar al corrupto monarca, impuesto por el déspota Francisco Franco, poco antes de morir, y en la poscomunista y católica Polonia hoy se pretende castigar a quienes ironicen sobre las prácticas de esa iglesia y sus jerarcas, los que por lo general no se han caracterizado por ser ejemplares “demócratas” o algo parecido.
Movimiento por Defensa de Ojo de Agua y el río La Fuente realizara foro y declaración pública
Participarán señores y señoras diputadas, lideres ecologistas y fuerzas vivas de las comunidades de Belén y San Rafael de Alajuela
Foro se llevará a cabo en el salón de conferencias del nuevo edificio legislativo este próximo jueves 4 de agosto a partir de las 10 de la mañana
La lucha de las comunidades de Belén y San Rafael de Alajuela por la defensa del Balneario Ojo de Agua y el río La Fuente, llegarán este próximo jueves 4 de agosto a la Asamblea Legislativa.
El Comité Pro Defensa del Ojo de Agua ha organizado con el apoyo del despacho del diputado Jonathan Acuña, un foro que pretende sensibilizar a las señores y señoras diputados sobre la importancia de preservar el recurso hídrico.
Al culminar la actividad el Comité anuncia que realizará un importante mensaje al país donde anunciaran nuevas medidas de presión para defender el caudal ecológico del río La Fuente, mismo que el AyA pretende eliminar:
‘’Queremos invitarte a ser parte de este movimiento y acompañarnos a la exposición de la Tercera Declaratoria en defensa del Ojo de Agua y el Río La Fuente, ante el proyecto “Ampliación de la Producción en los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua” por parte de AyA’’ Declararon en el Comité mediante un comunicado.
El foro y la declaración también se transmitirá en el Facebook Live de la Asamblea Legislativa.
Afiche del foro informativo Ojo de agua y el río La Fuente: La lucha de dos pueblos por el derecho al ambiente y la agricultura.
Buscan recabar apoyos de las y los diputados
Para el Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, el recabar apoyos es de vital importancia, aseguran que tienen esperanza en el apoyo que brindarán los padres y madres de la patria a la causa que llevan defendiendo desde el año pasado.
‘’Contar con su apoyo es de suma importancia para impedir que se seque el Río La Fuente, que se destruya el legado histórico-cultural-ambiental del balneario Ojo de Agua y que decenas de familias agricultores sean despojadas de sus campos y cosechas’’. Señalaron.
Contexto de la lucha
Este es un movimiento integrado por el sector comunitario, autoridades locales, personas agricultoras y sus organizaciones, dirigencia comunal, ecologistas, mujeres y personas jóvenes de las comunidades de Belén de Heredia y San Rafael de Alajuela, para defender el ecosistema de estas fuentes de agua, su caudal hídrico y el valor histórico- cultural del balneario Ojo de Agua.
Instalaciones del balneario Ojo de Agua.
Según una moción del Concejo Municipal de Belén “el manantial Ojo de Agua, existe probablemente desde hace miles de años. Es un afloramiento natural del acuífero Barva, del que nace el río La Fuente. Tanto el manantial como el río han sido utilizados desde la antigüedad precolonial por los pueblos originarios que habitaron estas tierras. Los Huetares en un primer momento y los Catapas en un segundo momento, según el historiador y actual miembro de la Junta Directiva del AyA Gerardo Morera” (Acta Sesión Ordinaria 64-2021 – Municipalidad de Belén).
Según el Comité Pro Defensa del Ojo de Agua: “El balneario fue antes de 1920 – es decir hace más de 100 años- un complejo informal de aguas de manantial conocido por los vecinos del cantón de Belén como La Fuente. El balneario de Ojo de agua destaca como el principal destino turístico del cantón, sus aguas frescas de manantial le han asegurado una fama nacional e internacional. Además, la influencia directa e indirectamente en la economía local de Belén gracias a la alta visitación de este popular sitio’’ (Declaración pública del Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, 24-8-21).
Río La Fuente, que nace del lago del Ojo de Agua.
El Río La Fuente recibe su principal caudal del manantial del Ojo de Agua, el cual pasa de las piscinas, al lago y este a su vez al citado río. En su afluente es posible encontrar especies animales como peces, cangrejos y múltiples aves. Este rio ofrece gran variedad de servicios ecosistémicos producto de que su caudal se mantiene relativamente limpio, este estado del rio se ha reconocido por la distinción de bandera azul ecológica en tres años consecutivos, bajo la gestión de la ASADA de San Rafael de Ojo de Agua.
Fue en 2019 que mediante los medios de comunicación y no por algún espacio oficial o comunicación de las autoridades, que estas comunidades se empiezan a enterar sobre el proyecto del AyA que consiste en captar el caudal del Manantial Ojo de Agua en una primera etapa parcialmente y en una segunda etapa de manera total, situación que implicaría un severo impacto para el río La Fuente que es quizás uno de los últimos ríos limpio de la Gran área metropolitana.
29 de julio del 2022
Lago del Ojo de Agua, que se nutre del agua del manantial que proviene de las piscinas.
Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Después de Antigua y Barbuda, Ecuador, Panamá, Nicaragua, Santa Lucía (en el 2020), Argentina y México (2021), Chile es oficialmente el Estado Parte número 13
Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho
En la última semana del mes de junio del 2022, Naciones Unidas ha procedido a actualizar el estado oficial (véase enlace) de las firmas y de las ratificaciones del Acuerdo de Escazú. Desde el 13 de junio, por parte de la Oficina de Tratados de la Secretaría General de Naciones Unidas, fue registrado el instrumento de adhesión depositado formalmente por el Poder Ejecutivo de Chile.
La forma con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú, el nivel de consenso con el que se aprobó, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, plantea ahora algunas interrogantes: en particular en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú referían a la discusión enardecida en Chile como un «argumento» para no aprobar este tratado regional, adoptado en el 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe (y cuyo texto se encuentra disponible en este enlace).
Con relación a Costa Rica, esta adhesión de Chile la coloca en una situación aún más aislada e incómoda, confirmándose de paso la pronunciada soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina, tal y como lo veremos en las líneas que siguen.
Un detalle de números que merece mención
Resulta oportuno precisar los números obtenidos en las votaciones que se realizaron en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días en el mes de mayo del 2022 en favor del Acuerdo de Escazú:
– El 11 de mayo, la Cámara de Diputados lo aprobó con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones;
– El 31 de mayo lo aprobó el Senado con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones.
Estas mayorías indiscutibles evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. Y que cuando un Poder Ejecutivo se toma el tiempo de explicar los alcances de este tratado, no hay «argumentos» en su contra que se logren sostener.
A su vez, estas cifras alcanzadas en ambas cámaras chilenas recuerdan que, en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado); que, en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial); y que, en el 2019, el Parlamento bicameral de Uruguay lo aprobó por unanimidad (véase ficha técnica).
Como se ha indicado anteriormente, a partir del 13 de junio del 2022, gracias a Chile, el número de Estados Partes al Acuerdo de Escazú se eleva a 13 (de 33 Estados que pueden serlo). Cabe recordar que, de estos 33 Estados, 24 lo han firmado mientras que 9 no lo han hecho. De los 24 que ya lo han firmado, permanecen 11 Estados sin aprobación legislativa del Acuerdo de Escazú.
Una anhelada rectificación por parte de Chile
La aprobación del Acuerdo de Escazú constituye un gran logro del actual Poder Ejecutivo, que pone fin a una innecesaria polarización que se inició a mediados del 2018 con la negativa de las autoridades chilenas de tan siquiera firmar este instrumento regional de vanguardia para la región y para el mundo. De poca grata memoria, cabe recordar que en el mes de septiembre del 2018, Chile ni siquiera envió a un delegado a la gran ceremonia oficial en la sede de Naciones Unidas en Nueva York de apertura oficial del Acuerdo de Escazú a la firma de los 33 Estados Miembros de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL): un gesto insólito por parte de una desconcertante administración como la del Presidente Sebastián Piñera, jamás observado en un recinto como el de la Asamblea General de Naciones Unidas.
La movilización de un importante sector de la sociedad civil chilena solicitando que el Poder Ejecutivo reconsiderara tan insólita posición (véase carta colectiva que circuló en septiembre del 2018) no logró mayor efecto. El hecho que, desde el Vaticano, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) reiterara en el 2020 a Chile (y a los demás Estados de la región) la necesidad de aprobar el Acuerdo de Escazú (véase nota del VaticanNews) conoció la misma suerte: sobre este último llamado hecho desde una entidad cercana al Vaticano, resulta de interés observar que no todas las cúpulas de la Iglesia Católica le dieron eco en algunos Estados de América Latina, y que varias agrupaciones políticas en América Latina que se reclaman de la Doctrina Social de la Iglesia hicieron caso omiso de esta excitativa.
Escazú: un instrumento de vanguardia
Escazú ha sido descrito por especialistas como un instrumento moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental (Nota 1).
Pero tal es el carácter visionario de Escazú que el pasado 24 de junio del 2022 se anunció por parte de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) la designación de un relator sobre personas defensoras del ambiente (véase comunicado oficial de la UNECE), inspirándose en los debates y en los logros inobjetables e incuestionables alcanzados en el Acuerdo de Escazú, no contemplados en la Convención de Aarhus (Nota 2). Como se recordará, Escazú (2018) es el equivalente para América Latina y el Caribe del Aarhus (1998) en Europa.
Una evidencia más de la visión meridiana que tuvieron, y ello desde sus inicios los Estados que gestaron el Acuerdo de Escazú, y que debería reforzar en América Latina y el Caribe, la convicción de su urgente y necesaria aprobación.
En el mes de abril, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú, de lectura muy recomendada para organizaciones sociales y entidades públicas, así como público en general interesado.
En estos primeros días del mes de julio, Argentina ha anunciado (véase nota de prensa) una consulta pública de cara a mejorar su estrategia nacional sobre cambio climático, una consulta que se inscribe dentro de los lineamientos del Acuerdo de Escazú.
Sean o no Estados Partes al Acuerdo de Escazú, la implementación del Artículo 9 que versa sobre la protección a los defensores del ambiente debería interesar de manera urgente a muchos Estados en los que, semana tras semana, son asesinadas personas que alzan la voz en defensa de su comunidad; y otros Estados en los que lideres de pequeñas comunidades urbanas, campesinas y/o indígenas (muchas veces mujeres) sufren distintas formas de presión y de intimidación cuando reclaman por el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
Chile avanza con Escazú y se abren perspectivas
Chile en este mes del ambiente logró realizar el depósito de su adhesión en Naciones Unidas pocos días después de las festividades del Día Internacional del Ambiente. Es de notar que otros Estados, al igual que Chile, al ratificar el Acuerdo de Escazú tuvieron el esmero de depositar su instrumento formal de ratificación en Naciones para fechas simbólicas para el Ambiente y para el mismo Acuerdo de Escazú (Nota 3).
Días antes del 5 de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile emitió también una instrucción ( véase texto) que debería desde ya inspirar a muchos otros Estados de América Latina sobre participación de las comunidades afectadas o potencialmente impactadas.
El pasado 22 de junio, las tres titulares de carteras ministeriales chilenas (Ambiente, Relaciones Exteriores y Justicia) se reunieron para elaborar una hoja de ruta de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial del Ministerio de Justicia). Unas semanas antes, el titular de la cartera de Agricultura de Chile externó criterios (véase comunicado oficial) sobre el Acuerdo de Escazú que debería inspirar a algunos de sus homólogos en América Latina a cambiar de parecer, al sostener que:
«los conflictos se basan en la falta de confianza entre los actores y para eso es fundamental la información y la participación. Este tratado nos obliga a cumplir fielmente la participación e información para las decisiones ambientales sustentables de un ministerio comprometido con la agricultura verde«.
No cabe duda que el Acuerdo de Escazú ha encontrado en Chile en este 2022 a uno de los equipos de gobierno que mejor entiende el alcance de su contenido y ejemplifica a los demás cómo implementar y materializar los principios que enuncia. Después de la primera Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Chile en abril del 2022 (que tuvimos la oportunidad de analizar), la segunda se realizará también en Chile en el 2024, al tiempo que una reunión intermedia se realizará en el 2023 en Argentina.
En América Latina se considera que, a raíz de los cambios políticos acaecidos en Colombia, Escazú tiene ahora posibilidades de ser aprobado ahí, sin más titubeos, zancadillas y maniobras de todo tipo gestadas desde el mismo Poder Ejecutivo colombiano saliente. Así lo deja entrever quien asumirá próximamente la Presidencia del Congreso de Colombia en una muy reciente entrevista.
Honduras por su parte sigue con un Ejecutivo que a la fecha no ha iniciado la firma del Acuerdo de Escazú. Se trata de un gesto político de importancia que bien podría materializarse, si se considera que la fecha del 4 de marzo del 2018 para el Acuerdo de Escazú se escogió como un homenaje de América Latina y del Caribe al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca asesinada en Honduras en el 2016: el autor intelectual de este vil asesinato acaba de ser condenado el pasado 21 de junio (véase nota de la BBC), al tiempo que persisten dudas sobre las reiteradas negligencias de las entidades bancarias europeas a cargo del proyecto Agua Zarca. El 30 de junio del 2022, la ONG Human Rights Watch envió una larga petitoria a las autoridades hondureñas (véase texto) que solicita la firma y pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, al señalar que:
«Al menos 10 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mientras que 199 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas o ataques ese mismo año. De esa cifra, el 80 % defendía derechos sobre la tierra o ambientales. En casi todos los casos, las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos quedan en la impunidad«.
En estos primeros días de julio se ha informado de campañas de información en Honduras sobre el Acuerdo de Escazú (véase nota de La Tribuna de Honduras) que deberían de poderse replicar en otras latitudes. Cabe precisar que Honduras, al igual que Cuba, El Salvador y Venezuela permanecen ausentes entre quienes no han firmado tan siquiera el Acuerdo de Escazú.
El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, y Constance Nalegach, exnegociadora del Acuerdo de Escazú, durante su proceso de discusión (2012-2018) en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de Escazú, en el Palacio de la Moneda, celebrada el 18 de marzo del 2022 (foto extraída de redes sociales).
Costa Rica y Escazú: interrogantes y situación incómoda
No está de más señalar que los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú y se niegan a la fecha a aprobarlo sus respectivos congresos: Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Se observa a Costa Rica en semejante lista de ¿Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee.
En el caso de Costa Rica, la ejemplar adhesión de Chile podría iniciar sus efectos en la discusión en el seno de su Poder Legislativo, tal y como se explicó en su momento con ocasión del Día Internacional del Ambiente en este 2022.
Lamentablemente, iniciativas legislativas recientes (y promovidas desde el Poder Ejecutivo) altamente preocupantes, que limitarían sustancialmente en Costa Rica la participación ciudadana en materia ambiental, han encendido las alarmas en estos primeros días del mes de julio del 2022 (véase, por ejemplo nota de prensa titulada «Ambientalistas advierten sobre deriva autoritaria de Chaves en materia ambiental» y artículo sobre las incertidumbres que plantea esta «reforma» de la máxima instancia ambiental en Costa Rica, al igual que este reportaje publicado en el Semanario Universidad el 6 de julio del 2022).
Un reciente artículo publicado en el Semanario Universidad el 13 de julio titulado «Cámaras empresariales le sonríen a Rodrigo Chaves» da cuenta de una agenda del Poder Ejecutivo muy cercana a las exigencias de las principales cúpulas empresariales.
Casi al mismo tiempo, un notorio caso de contaminación del agua potable en la comunidad de Cipreses (Cartago) evidencia la total falta de pericia de las actuales autoridades costarricenses a cargo de velar por la calidad del agua suministrada (véase carta del colectivo EcoCipreses del 30 de junio): este caso confirma – una nueva vez – la urgente necesidad de garantizar y de consolidar una participación ciudadana informada en materia ambiental en Costa Rica. El impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunidades afectadas por la expansión piñera es otra pesada y dramática deuda que arrastran desde muchos años las autoridades sanitarias y ambientales de Costa Rica (véase este muy completo reportaje del 2019 publicado en el medio digital Delfino.cr, cuya lectura se recomienda y el documental siempre de una indignante actualidad, “No nos tapen la boca: hablemos de contaminación piñera. Homenaje a Mayra Umaña, lideresa ecologista”, del programa Era Verde, Canal 15 UCR, realizado en el 2014). No está de más señalar la catástrofe ambiental provocada por una empresa minera en Abangares el pasado 15 de julio (véase nota del Semanario Universidad) que viene a desnudar nuevamente la falta de capacidad fiscalizadora del Estado costarricense y los altos riesgos de la minería química en países tropicales.
Manifestación contra el Ministerio de Salud (con la presencia de la ministra de Salud María Luisa Ávila), el 21 de agosto del 2008, por el intento (algo original) de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exportación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron de un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica.
Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa»). La foto pertenece a los archivos del autor.
Recientemente el Acuerdo de Escazú fue usado en Argentina por un juez para obligar a un municipio a entregar información sobre la calidad del agua suministrada (véase nota de El Eco de Tandil).
Costa Rica y Escazú: de silencios y preguntas sin responder y de algunas otras extrañezas
Como lo recordamos, durante la última semana de junio en un foro internacional sobre Derechos Humanos celebrado en San José (Congreso sobre BioDerecho y Derechos Humanos, véase el video con nuestra intervención a partir del 1:59:00), el eje de la participación ciudadana informada en materia ambiental constituye uno de los tres pilares del Acuerdo de Escazú del 2018, así como de la Convención de Aarhus para Europa (1998). Si todos somos titulares de derechos, estos deben poder ejercerse. Permitir una participación informada permite en gran medida desjudicializar. No permitir que las pequeñas comunidades puedan participar en asuntos ambientales irremediablemente lleva a una pronunciada judicialización, tal y como la que se observa en Costa Rica y en muchas partes de América Latina.
En esta misma ponencia reiteramos también, con relación a Costa Rica, lo que tuvimos la oportunidad de externar en la emisión de abril pasado del Programa de Canal15 UCR, «Lo que importa«, dirigido por la periodista Alejandra Fernández Bonilla y lo que recientemente tuvimos la oportunidad de destacar con dos colegas desde Chile (véase video de emisión auspiciada por Diario Financiero-Live de Chile realizada el 21 de julio del 2022).
Los costarricenses (pero también los colombianos, los guatemaltecos, los paraguayos y los peruanos) ya han podido por sí solos apreciar que nada de lo que se prevé por parte de algunas pocas cámaras empresariales que va a ocurrir si se aprueba el Acuerdo de Escazú ocurrió en el caso de las economías de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay al aprobarlo. Se prevé que la economía chilena tampoco se verá impactada negativamente y que más bien, el indiscutible liderazgo ambiental y en materia de derechos humanos en la región que reafirma con esta adhesión al Acuerdo de Escazú, le deparará a Chile novedosos proyectos de inversión y en materia de cooperación.
Siguen siempre esperando una respuesta varias preguntas que lanzamos a las cámaras empresariales costarricenses en el medio digital de Delfino.cr, en marzo pasado. Reiteramos el hecho que los supuestos «argumentos» contra el Acuerdo de Escazú corresponden a mitos, promovidos por varias cúpulas empresariales de América Latina y por sus (siempre hacendosas) fichas políticas.
Ya nuestro colega Mario Peña Chacón ha explicado que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental aplica desde 1998 en el ordenamiento jurídico costarricense y que no ha ahuyentado a nadie en particular, pese a lo sostenido por cámaras empresariales para oponerse al Acuerdo de Escazú; así como por una magistrada de la Sala Constitucional, quien redactó una «nota» en marzo del 2020 adjunta a una decisión de la Sala Constitucional, en la que se lee que:
«Es indiscutible que en nuestro régimen constitucional, es el Estado quien tiene la obligación de probar la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del acusado; en ese sentido la norma consultada al permitir que se aplique la inversión de la carga de la prueba en contra del acusado, en estos supuestos, es violatoria del derecho de defensa como aspecto integrante del debido proceso. Podría alegarse que la norma se puede interpretar para excluir la materia penal utilizando la frase «cuando corresponda» citada en la norma, no obstante, estimo que no puede dejarse a criterio del operador jurídico, vía interpretación, un aspecto tan delicado, que -por sus efectos-, no puede quedar al arbitrio interpretativo, de tal forma que estimo debió excluirse expresamente la materia penal de la posible inversión de la carga de la prueba» (Nota 4).
Para tranquilidad de muchos colegas, y pese al criterio externado en su extraña «nota» por la precitada magistrada, en ninguno de los Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, la inversión de la carga en materia ambiental ha venido a amenazar el principio de inocencia invadiendo el ámbito del derecho penal; como tampoco se ha observado desde 1998, año en que el ordenamiento jurídico costarricense consagró este principio propio del derecho ambiental, algún debilitamiento de la presunción de inocencia en materia penal. A modo de confidencia entre un autor y el lector, es con un sentimiento de profunda pena que su pluma redactó estas dos últimas frases (y desde ya se agradece la cómplice comprensión de nuestros fieles lectores).
Con relación a otros supuestos “argumentos” contra Escazú, tempranamente el equipo de periodistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) de DobleCheckasí lo demostró con un titular que (a la fecha de hoy) no ha dado lugar a ningún derecho de respuesta o de rectificación por parte de la entidad aludida y que se lee así: «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú».
El mismo jurista Mario Peña Chacón había por su lado desmitificado en otra valiosa contribución publicada en noviembre del 2020 las sinrazones y verdaderas leyendas vehiculadas por algunos sectores en Costa Rica en contra de Escazú. Sinrazones y leyendas que encontramos diseminadas de manera casi idéntica en otros comunicados al de la UCCAEP (véase, por ejemplo, la carta de cámaras ligadas al sector agroexportador costarricense) y en otras latitudes del continente (véanse, por ejemplo, en Perú, este documento suscrito por su Colegio de Ingenieros —y este otro documento suscrito esta vez por altos mandos militares peruanos sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana—, o bien, este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase el texto completo).
Volviendo a Costa Rica, la Cámara Nacional de EcoTurismo y Turismo Sostenible (Canaeco) tuvo el valor de refutar públicamente a sus homólogas en un comunicado a favor del Acuerdo de Escazú, no así la Canatur (véase comunicado). La cámara nacional de la industria turística costarricense, que basa gran parte de su quehacer en los atractivos de la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica, ¡adversa el Acuerdo de Escazú establecido para proteger a quienes defienden el ambiente! Vaya tristeza, desconsuelo y profunda consternación para muchos.
Igualmente, puede resultar desconcertante el hecho de que este comunicado de prensa oficial de la CEPAL del 8 de marzo del 2022 no encontrara eco alguno en los medios de prensa costarricenses. El desconcierto y la consternación deben ser mayores al observarse que esta importante cita con todos los Estados que integran a la CEPAL tuvo lugar en la capital costarricense. El asombro debe llegar a límites jamás sospechados al ver que un comunicado de prensa oficial de la Cancillería costarricense sobre esta misma reunión no encontró eco en ningún medio de prensa en Costa Rica (Nota 5).
La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina
Siempre con relación a Costa Rica, cabe mencionar un «descubrimiento», único en todo el continente americano, al momento de redactar estas líneas, realizado por su Poder Judicial.
En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno (véase documento de abril del 2022), ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Según ella (y solamente ella…), el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense.
El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y vaya notable esfuerzo de creatividad. Una interpretación realmente novedosa pero totalmente errada, y detectada por tan solo un magistrado constitucional, de los siete que integran a la Sala Constitucional (Nota 6).
En realidad, este «descubrimiento» no debería verse como algo fortuito, sino que, confirmado por la Sala Constitucional, se inscribe en una línea jurisprudencial regresiva del mismo juez constitucional costarricense en materia de participación ciudadana en materia ambiental, muy pocamente divulgada y cuestionada (Nota 7).
Es más que probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la mezquindad —en nuestra opinión bastante insólita— del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.
Algunos aportes realizados desde la UCR
A diferencia de lo ocurrido en otras latitudes, son realmente escasos los documentales/videos realizados en Costa Rica sobre el Acuerdo de Escazú por parte de especialistas en comunicación colectiva y producción audiovisual.
De las pocas producciones audiovisuales existentes, podemos referir a dos documentales provenientes de la Universidad de Costa Rica (UCR) elaborados desde la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) en agosto del 2021, titulado el primero «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú«, el cual retrata, de manera bastante completa, la posición de las cámaras empresariales costarricenses y de algunas de sus fichas políticas (véase video).
Este primer video fue completado por otro sobre la precaria situación en la que viven los defensores del ambiente costarricenses, titulado «El Acuerdo de Escazú y los defensores ambientales«, que también se recomienda (véase video).
Entre otros, este documental incluye una entrevista al líder indígena Jerhy Rivera, asesinado en el 2020 en Costa Rica, y otra a una valiente lideresa que lleva muchos años denunciando la expansión insensata de la piña en su cantón (Guácimo).
Por razones que desconocemos, ambos videos no han sido difundidos en las redes oficiales de la VAS de la UCR, como tampoco en las de la Rectoría (pese a incluir ambos documentales una entrevista al actual rector de la UCR), ni en las redes institucionales de la UCR. Esperamos que, al haberlos incluido en este mismo texto, se pueda paliar esta inexplicada omisión.
Desde ya hacemos un llamado a especialistas en comunicación colectiva y en producción audiovisual de Costa Rica a inspirarse en las producciones realizadas en Chile, Colombia o Perú sobre la importancia del Acuerdo de Escazú en aras de dar a conocer su verdadero alcance a la opinión pública. Este video realizado por el equipo de comunicadores de La Pulla (Colombia), titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas», da una idea de lo que puede producir un equipo talentoso.
Una emisión radial de mayo del 2021 realizada desde Radio UCR titulada «Costa Rica sin el Acuerdo de Escazú: el doble rasero en la narrativa de Derechos Humanos» conducida por las juristas Gisele Boza Solano y Rosaura Chinchilla Calderón (véase video) también merece mención, entras varias valiosas emisiones sobre el tema auspiciadas (todas) desde los medios de prensa de la UCR.
Con relación a otros medios de prensa, nos permitimos referir a nuestros estimables lectores a la emisión Café para Tres realizada en abril del 2021 desde el medio digital Delfino.cr (véase video). Se trató de un primer intento de debatir públicamente los «argumentos» de la UCCAEP.
A modo de conclusión
Conforme vayan registrándose nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, la posición exhibida por Costa Rica en el plano internacional se volverá más incómoda e insostenible, por lo que planteamos desde ya algunas interrogantes:
– ¿Estaremos aún a tiempo, después de Chile, de rectificar?
– Al haber coliderado Chile y Costa Rica el proceso de negociación entre el 2012 y el 2018 ¿no debió la primera COP realizarse en Chile y la segunda en Costa Rica?
– ¿Habrá que esperar que Colombia también lo apruebe (y luego tal vez Brasil, Honduras o Paraguay) para que Costa Rica se sienta de una u otra manera interpelada por otros Estados de la región y reaccione?
– Como ciudadanos, ¿qué más podemos hacer con relación a la urgente necesidad de consolidar un modelo de gobernanza ambiental mucho más funcional que el existente en Costa Rica (y que el Acuerdo de Escazú ofrece a todo Estado que lo aprueba)?
No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una entrevista a ambos en la televisión universitaria, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe. El Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena.
Notas
Nota 1: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental», Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a dos valiosas publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL/Universidad del Rosario (Colombia), 298 páginas, disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la economía y democracia del siglo XXI, 330 páginas, 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para la aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, pp.108-126).
Nota 2: Salvo Liechtenstein y Mónaco, todos los Estados de la región europea lo han ratificado sin mayor problema, siendo Irlanda el último en hacerlo en el 2012 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). El mecanismo convencional de seguimiento sobre la implementación de la Convención de Aarhus, el denominado «Comité de Cumplimiento» (véase sitio oficial) ha cobrado particular interés de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú y ha inspirado parte de las mismas disposiciones del Acuerdo de Escazú. ¿Proyectos de inversión en Europa paralizados a raíz de la adopción de la Convención de Aarhus? ¿Suspensión de grandes proyectos de infraestructura? ¿Salida masiva de inversión extranjera en Europa a partir de la entrada en vigencia de Aarhus? Otras preguntas muy válidas a externarles a los detractores al Acuerdo de Escazú en América Latina y sus pretendidos «argumentos» en contra de un tratado regional cuyos objetivos coinciden exactamente con los de la Convención de Aarhus para Europa.
Nota 3: Es así como algunos Estados escogieron el segundo año de vida de Escazú (Antigua y Barbuda logrando el depósito en la misma fecha, Nicaragua y Panamá unos pocos días después), el primer aniversario de la apertura de su firma (Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Uruguay con un cronograma realmente envidiable y ejemplar que debería inspirar a otras cancillerías). En el caso de Argentina y de México, ambos aparatos diplomáticos coordinaron la fecha del 22 de enero del 2021 para permitir una entrada en vigor de Escazú para el Día de la Tierra, el 22 de abril. Como vemos, cada Estado a su manera ha buscado honrar Escazú con una fecha simbólica escogida para depositar formalmente su instrumento de ratificación en Naciones Unidas, destacándose la perfecta sintonía y coordinación entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para darle el mayor realce posible a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.
Nota 4: La posición de la antes mencionada magistrada se puede leer en la segunda «nota» que acompaña el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú: véase texto completo y las dos «notas». Con relación al contenido de la «nota» de la precitada magistrada, en un artículo publicado en Ojo al clima en abril del 2021 (véase artículo), la ex negociadora del Acuerdo de Escazú, Patricia Madrigal Cordero, detectó una coincidencia que, en nuestra modesta opinión, ameritaría una explicación: «Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto«, añadió Madrigal.»
Nota 5: Este comunicado lo reproducimos en una nota anterior (véase texto en la Nota 3) en BOEGLIN N., «La aprobación del Acuerdo de Escazú en Chile. Algunas reflexiones a propósito de la celebración del Día Internacional del Ambiente», Portal UCR, Sección Voz Experta, edición del 7 de junio del 2022, disponible aquí.
Nota 6: Es de notar que en su voto salvado que se adjunta a esta decisión (véase texto completo ) de la Sala Constitucional de marzo del 2020, el Magistrado Paul Rueda fue el único en señalar la lectura totalmente errónea hecha por sus colegas de la Sala: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«. Este voto salvado es de marzo del 2020: a junio del 2022, el hecho que ningún otro Poder Judicial en América Latina haya llegado a semejante «descubrimiento» refuerza la justeza del criterio externado de forma solitaria por el Magistrado Paul Rueda.
Nota 7: En efecto, no es la primera vez que, en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y solamente ella) como un derecho humano. Ello se desprende del párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo). Resulta oportuno señalar que esta decisión fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ameritaba ninguna reflexión particular. Un año antes, en el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles. Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta más que cuestionable que la Sala considerara que se trataba de una «moratoria indefinida». Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».
Corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal. Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona u obliga a otros a cometer tales actos. Fuente : https://www.significados.com/corrupcion/
Resulta que, en muchos ámbitos de la vida misma, diversidad de actores señalan el término “corrupción” y dirigen su dedo índice señalando personas grupos
Aclarado esto, el flagelo o cáncer de la corrupción misma, no conoce estrato social, clase o género, todo está en la perspectiva subjetiva misma del calificativo de quizás lo bueno o lo malo y de ahí la justificación de que un acto corruptible, quizás para alguien es calificado de mayor o menor grado y en ese dimensionamiento podamos aplicar el reproche social , como un simple refrán lo indicó “ladrón que roba a ladrón , tiene cien años de perdón”
La bendita pública, como llamaban nuestros padres a la Fiscalía o al Ministerio Público, fue en su momento demasiado intensa, quién se enfrentaba a la Bendita Pública, sabía que, era cosa seria, y aunque no se diera sentencia, debía purgar una condena social.
El robarse una gallina al vecino, podía provocar una contienda tal; que hasta se mataban los actores, el delincuente y la víctima.
Pues; resulta que la “corrupción” año a año fue evolucionando, desde un simple fruto en una finca, hasta llegar hoy día a los miles de millones, que un fraude financiero puede provocar, señalamos un posible caso, denominado ALDESA, de ahí se observaría la penalidad del acto corruptible y fraude financiero quizás en contra de gente humilde y de buena fe; pero que al final sin los controles adecuados, permitió que un grupo de “gurús” ejecutivos o financieros, dispusieran de un dineral de gran cuantía.
Sucede que el ROP es un dinero que podría tentar a muchos a realizar actos reprochables y corruptos, desde influenciar con los amiguitos y crear normas y directrices que permiten por ejemplo la inversión de esos fondos en el exterior, digo que el ejercicio de la presión en favor de una política, que no está enmarcada en el principio de legalidad, ingrese para que se permita realizar el acto, pero con un presunto dolo eventual, ya se sabe o se presume por parte del “corrupto” hacia que va dirigida esa política, podría ser; hasta desaparecer los dineros en el exterior, se señala presuntamente, porque los hechos podrían evidenciarlo, pero también debe comprobarse.
Entonces, ese dinero que es un poquito de plata, (ROP) se va al exterior, y eso ya es normado, la pregunta aquí; es quién o quiénes se favorecen con recursos frescos y baratos, y obtienen jugosas ganancias, y nosotros los trabajadores, no podemos ni ir a Paso Canoas a compra algo; y mucho menos es de esperar que sin la norma jurídica que nos dé la investidura de fiscalizador, podamos realizar aunque tengamos conocimiento técnico, un viaje al exterior para la auditoria forense o preliminar que evidencia una mala inversión y con ese estudio ; generar una actuación en el Ministerio Público, para que se inicie la persecución penal, contra los que conforman la junta administradora de ese fondo de pensiones.
Reitero la interrogante, no observó individuo del sector laboral, que teniendo conocimientos técnicos, conforme o integre las distintas juntas administrativas de fondos de pensión y que posibilite en representación de los trabajadores, generar esa alerta judicial y llevar a la cárcel a presuntos malos administradores o fraudulentos actos en la administración de esos fondos, que puedan evidenciar, dolo eventual, favorecimiento real, incumplimiento de deberes, en fin actos reprochables y calificados en muchos de “corruptos”
Si usted debe hacer, y deja de hacer, no está ayudando más que en tolerar muchos actos corruptibles.
Mucho se sabe, en la historia nacional del calificativo de corrupción, pero, no inserto quizás al actuar personal o individual, y de ahí el interés del suscrito en llamar la atención al concepto mismo, concluyendo en la frase que evoca mi mente y la misma reza:
Un dilema trivial;
¿Es corrupto una persona?
Pues antes reflexionemos del
Deber de Hacer
Y
Dejar de Hacer
¿Responde acaso esto a esa pregunta?
Cuando un médico no pone el medicamento adecuado a su paciente;
Cuando un profesional no defiende adecuadamente el presupuesto de su gestión,
Cuando un policía se hace de la vista gorda ante la presencia de un sospechoso delincuente
Cuando un profesor puede otorgar notas a cambio de favores
Cuando un legislador, no legisla como corresponde y se abriga en grupos élites para su beneficio particular
Cuando un productor vende producto de mala calidad al Estado, como si fuera de primera calidad
Cuando le doy un clip a una autorización que no corresponde, en el ejercicio del poder que se ostenta, etc.
Entonces, calificar un acto realizado por el individuo mismo de corrupto y que ese calificativo le preceda su nombre de pila, aunque la “bendita pública” lo libere, es delicadísimo; ya que como me resulta la idea, el que debe hacer y deje de hacer, a mi criterio es CORRUPTO
Una reflexión para un país libre de corrupción en gran cantidad de escenarios.
Este 27 de julio se publicó en el diario Semanario Universidad un artículo sobre la preocupante situación que se avecina con el proyecto de jornadas de 12 horas, pues nos revela que a pesar de que se ha tratado de restar importancia diciendo que serían pocas las personas afectadas, los estudios están demostrando que estas jornadas podrían afectar hasta al 37% de los trabajadores del sector privado poniendo en peligro la salud y los salarios. Ante esta problemática Mainer Barboza, miembro del movimiento Patriótico por Costa Rica, nos indica su opinión.
Señala una gran preocupación hacia nuestra población informal debido a que el modelo neoliberal se inclina hacia este amplio sector laboral e indica que esto tendrá consecuencias muy graves para un gran segmento de la población que trabaja en la informalidad que es hasta el 43.1% de los trabajadores, porcentaje que sube a más de 50% en otros países. Nos indica sobre cuáles son los objetivos del gobierno con este movimiento:
2 objetivos inmediatos:
1) Desarticulación de la división del trabajo, entonces, no hay estructura salarial y no hay pago de garantías sociales y laborales (seguro social, aguinaldo, vacaciones, extras, otras).
2) Al pasar a jornadas de 12 horas, están «unificando» al trabajo asalariado con el informal; y no me queda duda, que ese resto de días, «disque», 3 días de descanso, pasan a completar trabajo vía informal.
De este modo los 7 días o quizá 6, se completarían 12x 6… 60 horas”.
Autor: Efren Virreal Cedeño, miembro del Movimiento Humanista
Desde los años ochenta, específicamente en 1987 en las manifestaciones contra Manuel Noriega, no se veía esta reacción de la población panameña. Un pueblo unido en su diversidad: los educadores, estudiantes, profesionales de la salud, sindicatos, nuestros hermanos originarios y el pueblo en general. Nosotros los panameños somos pacíficos y quizás demasiado tolerantes al abuso, pero esta reacción indica el nivel de agotamiento, de hastío y diremos en el sentimiento, el engaño, la burla, las mentiras, la injusticia y el abuso constante de más de 30 años de los burócratas, políticos y la mafia especulativa de la clase dominante; 115 familias dueñas del 80 % de la riqueza.
Aquí –en Panamá–, Ernesto Pérez Balladares (PRD) privatizó las empresas de energía y de cable, telefonía y celulares, y Martín Torrijos (PRD) concesionó nuestros ríos para hidroeléctricas. En Panamá, hoy tenemos la electricidad más cara del mundo y las empresas de cables, celulares e internet nos estafan vendiendo un servicio que no brindan, En cuanto al combustible, también es un oligopolio manejado por los mismos que son dueños de bancos, aseguradoras, puertos, hidroeléctricas, empresas de gas licuado, hospitales, televisoras y líneas aéreas.
Las distribuidoras de medicamentos, después de la Ley de Libre Oferta y Demanda del 2001, acapararon todo el mercado, convirtiéndolo en un oligopolio. Hoy nos venden medicinas a precios hasta cuatro veces más que en otros países vecinos.
Hay hastío, hay cansancio, hay agotamiento. Este es un país con riqueza e ingreso per cápita suficiente, pero la peor distribución de los recursos en América Latina. Aquí hay dos países, uno que vive en el primer mundo: los privilegiados, y el pueblo cada vez más pobre, que vivimos en el tercer mundo.
Tenemos que construir una democracia real, participativa, un sistema de bienestar donde haya acceso a salud y educación de calidad para toda la población, y oportunidades de empleo para todos; para ello, necesitamos construir una verdadera mesa de diálogo y un verdadero proceso constituyente que termine con los oligopolios y burócratas corruptos, y que de él surja una nueva constitución, para construir una nueva República democrática, próspera, justa, incluyente y humanista.
El pasado viernes 22 de julio se llevó a cabo el programa Alternativas, del Colectivo Reflexión – Acción, en el cual se conversó sobre los sindicatos y su función en el contexto actual de la sociedad costarricense.
Se contó con la participación de los señores Jouseth Chaves Rodríguez, miembro del Partido de los Trabajadores; Jorge Coronado Marroquín, sociólogo de la Universidad de Costa Rica; Manuel Hernández, abogado; Luis Ángel Salazar Oses, docente jubilado; y la señora Martha Elena Rodríguez, vicepresidente de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La señora y señores invitados se refirieron al tema haciendo una fuerte crítica al Estado costarricense y su actuar para con los grupos sindicalistas, alegando que éste no presenta un interés en fortalecer el movimiento, sino que, al contrario, busca desmantelar, por medio de la promoción de leyes y políticas “autoritarias”, los sindicatos en Costa Rica, incluso, que “el Gobierno de la República es peligroso para los intereses del pueblo, [pues] su modelo capitalista y neoliberal está en retroceso”, señaló Luis Ángel Salazar, e instó a una organización sindical; no obstante, Jouseth Cheves acotó que “el país tiene una fuerte respuesta sindical, y limita estos a únicamente al sector público”.
También se expuso la importancia del movimiento sindicalista en el país, con el cual se ha logrado diferentes reformas, políticas públicas, garantías sociales y demás elementos propios de las luchas sociales, lo cual no se hubiese logrado sin la organización sindical. En este sentido, Jorge Coronado comentó que “el movimiento sindical jugó un rol importante en la estructuración de la Segunda República, y un ejemplo de ello son las garantías sociales”, aun así, “en Costa Rica se dio una persecución a los grupos sindicalistas, y en el gobierno de Figueres Ferrer se dio una gran disolución de sindicatos, para acabar con la lucha del movimiento obrero”, recalcó Martha Rodríguez.
Finalmente, la señora y señores invitados expusieron la necesidad de que los grupos sindicalistas estén conscientes y al margen de los cambios en los modelos de producción y socialización, a fin de que puedan afrontar positivamente todos los desafíos que se les presente, además, de que son necesarios para el país, puesto que “el código de trabajo define a los sindicatos como organizaciones con un interés público, y con la finalidad de defender la democracia costarricense y el interés público”, indicó Manuel Hernández.
Si desea conocer más acerca del programa o verlo completo, puede consultar el perfil de Facebookdel programa.
Compartido con SURCOS por Colectivo Reflexión – Acción.
La Red de Interculturalidad fue creada hace algunos años por docentes de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión (UNA) y de la Sede de Occidente (UCR). Participan también otras personas: estudiantes, gestoras culturales, educadoras, entre otras.
Su principal objetivo es visibilizar la diversidad cultural de la sociedad costarricense.
Por eso, esta Red considera importante conmemorar el cambio que en el año 2015 se realizó en el artículo 1 de la Constitución Política. Finalmente, después de muchos siglos, se reconoció que somos un país multiétnico y pluricultural.
Ese cambio debe tener consecuencias en todos los ámbitos de la vida nacional: en las políticas educativas, migratorias, culturales; en el campo de la salud, del derecho; en las relaciones internacionales, etc.
Es por esa razón que la Red, con el apoyo de la Universidad Nacional, organizó la campaña “Costa Rica multiétnica y pluricultural”, que se desarrollará entre los días 9 y 20 de agosto.
La campaña consiste en la difusión, cada día, de una imagen o video sobre el tema de la diversidad cultural de Costa Rica. Con esta campaña se busca contribuir a la superación de todas las formas de violencia cultural que todavía dificultan nuestra convivencia.
Compartido con SURCOS por José Mario Méndez Méndez.
La falta de pasos de fauna ha sido una gran problemática para los ecosistemas del país debido a que las calles fragmentan los bosques y esto muchas veces ocasiona que se aíslen las poblaciones de animales y que no puedan cruzar de un lado a otro sin verse expuestos a peligros como el de un atropello.
Sin embargo, en India se ha encontrado una alternativa para crear calles que a su vez, sean un paso de fauna, haciendo que el impacto de la fragmentación de bosques se vea reducido. Sin embargo, parece haber falta de voluntad en nuestro país para realizar algo, a pesar de ser tan simple, debido a que por los TLC, los proyectos deben cumplir las exigencias económicas sin importar su impacto ambiental.
Compartido con SURCOS por María Elena Fournier como información enviada por Jorge Solano.
