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Autor: María José Ferlini Cartín

Foro Océanos de Costa Rica “Patrimonio Natural para el Futuro”

La Asociación Proyecto Camino Verde (ASOPROCAVE), la Comisión de Recursos Marinos y la Comisión Conservación y Biodiversidad, del Parlamento Cívico Ambiental (PARLAMBIENTE), llevarán a cabo el Foro: Océanos de Costa Rica “Patrimonio Natural para el Futuro”.

Este se llevará a cabo el jueves 7 de julio del 2022, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en el auditorio de la Ciudad de la Investigación, edificio del CIMAR. El mismo será en forma dual: presencial y virtual por Facebook Live y Zoom.

Dicho evento busca crear espacios de diálogo entre los diversos actores involucrados en esta temática de interés nacional. Asimismo, se busca construir una «hoja de ruta” en línea con los objetivos nacionales, regionales y globales sobre sostenibilidad, cambio climático y restauración ecosistémica, incluidos en los ODS, Objetivos del Milenio, entre otras directrices.

 La metodología del foro será de 4 mesas temáticas:

  • Conservación e Investigación
  • Institucionalidad (Político – Administrativo)
  • Sociedad Civil, organizaciones (ONGs) y Colectivos Comunitarios
  • Sector Productivo:  Economía Azul y Circular

Se adjunta cronograma de la actividad.

Crisis alimentaria en América Latina: algunos indicadores para entender su magnitud

El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural publicó su estudio n.°27, correspondiente a junio de 2022, donde se realiza un análisis  de coyuntura sobre los impactos de la pandemia por la COVID-19 en la región, especialmente aquellos ligados a la crisis alimentaria. 

La investigación expone que el encarecimiento de los alimentos, el creciente costo de los insumos y la incompleta recuperación económica son los principales factores que lamentablemente ensombrecen el panorama de la alimentación en América Latina. 

Además, se indica que los niveles de inflación que indiscutiblemente impacta los precios de todos los alimentos en la zona han alcanzado niveles similares a aquellos presentados durante la crisis de 2008 – 2009, por lo que queda en evidencia que las repercusiones de la pandemia en esta área son significativas. 

De igual forma, se debe considerar que el precio no aumenta de igual forma en todas las regiones de los respectivos países, por el contrario, en zonas más alejadas a la producción de estos también se debe considerar el factor transporte que termina incidiendo en el precio final del producto debido al aumento de los combustibles.

Asimismo, el costo de otros insumos pertinentes a este trabajo de producción alimentaria como los fertilizantes junto a una recuperación económica incompleta dentro de los Estados Latinoamericanos también han facilitado el alza en los precios. 

Finalmente, es necesario tomar en cuenta el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania ya que esté también puede traer implicaciones importantes en el futuro. El análisis concluye con la siguiente frase: 

“Las crisis alimentarias suelen ser el resultado de una confluencia de múltiples factores. Si bien la pandemia y sus estragos son sin duda uno, el panorama continúa complejizándose y, a medida que aparecen nuevos factores, más nos acercamos a la derrota en la lucha contra el hambre”.

Si desea informarse con más detalle de esta problemática, le invitamos a acceder a la totalidad del texto que se encuentra adjuntado. 

 

Compartido con SURCOS por German Masís Morales.

Vladimir de la Cruz: «¿Será que el Presidente Chaves avanza hacia el autoritarismo?»

Por Vladimir de la Cruz, Historiador y politólogo

Dada la importancia y actualidad de las siguientes opiniones del historiador y analista Vladimir de la Cruz, SURCOS comparte la entrevista realizada por Eugenio Herrera del medio la revista.cr, la cual nos fue compartida por el académico entrevistado.

El Presidente de la República Rodrigo Chaves Robles está haciendo la diferencia de manera acentuada con su antecesor, Carlos Alvarado Quesada. Ya en campaña política Rodrigo Chaves se mostró como un candidato que marcaba la diferencia con sus contrincantes, por su estilo personal, discurso y propuestas, es decir por el fondo y por la forma.

A escasos meses de gobernar, algunas de sus iniciativas y decisiones han resultado inesperadas para el público. Criticadas por algunos y alabadas por otros, el hecho que ha traído al debate importantes temas de índole constitucional, no vistos o no preocupantes en Administraciones anteriores, de la forma en que se da hoy.

¿Será que el Presidente Chaves se ha convertido con su actuar en un incomprendido político víctima de la crítica tradicional, que adversa cambios y decisiones con carácter?

En nuestro medio siempre habrá críticas por hacer o no hacer y quien sea el jerarca de turno las afrontará, y para entenderlo mejor, acudamos por un momento a Newton, que nos dice en la Ley Tercera que «con toda acción, hay una reacción igual y opuesta», ante lo cual la política no está eximida.

De tal forma, analizando la realidad conformada por escenarios actores y hechos, queremos dilucidar precisamente con uno de los analistas políticos de La Revista, el ¿qué está pasando? desde la propia perspectiva personal.

Para ello, nos reunimos con Vladimir de la Cruz, activo comentarista de temas de la actualidad como también, fuente del legado histórico que maneja desde su conocida profesión. Como de costumbre, nos recibió con su reconocida hospitalidad, voz ronca y de vez en cuando con alguna anécdota jocosa, para bajar a la realidad cotidiana.

Dicho esto, agradecemos a Vladimir de la Cruz su valiosa colaboración de cara a quienes nos leen día a día, buscando entender de una mejor forma los fenómenos sociopolíticos y económicos de nuestro país.

  • ¿Don Vladimir, ve algún asomo de tránsito hacia un régimen o un gobierno autoritario con el Presidente Rodrigo Chaves?

No tenemos en Costa Rica un régimen autocrático que resulte de una dirección política del Estado, del Poder Ejecutivo, particularmente, que surja de una fuerza militar, habida cuenta que no tenemos Ejército, pero tampoco policial.

  • ¿Usted vería en el estilo de gobernar del nuevo Presidente una tendencia autocrática, no acostumbrada en el país?

Sí. Se está produciendo una tendencia autocrática que emana del propio Jerarca del Gobierno, del Presidente de la República, por su forma de actuar, y de quienes le acompañan en su Consejo de Gobierno, un grupo escogido por sus condiciones y méritos de formación tecnocráticas, incluso fuera de militancia partidaria, conociéndose entre ellos en el momento mismo de su designación como ministros, y sin práctica política partidaria y gubernativa.

De esta forma el Presidente está haciendo valer sus decisiones, aun cuando chocan con estructuras de origen legal, como son el Consejo Superior de Educación o la Comisión Nacional de Vacunación y de Epidemias, o cuando directamente interviene intimidatoriamente en el Ministerio Pública, la Contraloría General de la República y en la propia Corte Suprema de Justicia, y desde allí, indirectamente, en el mismo Tribunal Supremo de Elecciones.

  • ¿Con su experiencia como analista político, usted a qué atribuiría esa forma de actuar del Presidente?

Esta forma de actuar obedece fundamentalmente a que carece de una mayoría parlamentaria, que le permitiera imponer legislativamente su voluntad, y que carece, hasta ahora, de capacidad de construir consensos de forma amplia y realmente participativa.

De esta manera el Presidente hace sentir la figura institucional de la Presidencia de la República, hace sentir el temor reverencial que esa figura puede ejercer y tiene, en la práctica, un peligroso comportamiento de tráfico de influencias, haciendo válida la figura dominante, opresiva, poderosa que muchos costarricenses desean, como lo han expresado en encuestas, en el pasado reciente, incluso antes de las elecciones. No casualmente él manifestó su discurso de “gobernar por decreto”, que es la forma “a la fuerza” como está imponiendo o tratando de imponer sus decisiones o lo que se le ocurre ejecutar. Bien ha dicho el Presidente que el país no vivía una “ingobernabilidad”, que lo que ha vivido en estos últimos años “es la falta de un gobernante”, de “alguien que gobierne”, que tome decisiones y ejecute.

  • ¿Para usted está bien o mal la forma cómo el Presidente está dando sus primeros pasos en el ejercicio del poder político?

Esta forma que está dando en sus primeros pasos de gobierno es lo que permite concluir que avanzamos peligrosamente hacia formas autoritarias de gobierno y de gobernar. Finamente, por ahora, el Presidente está dando los pasos de un Bukele a la tica, a la costarricense. Un Bukele que carece de la fuerza legislativa para imponer, desde allí, desde la Asamblea Legislativa, las estructuras y los personajes, que le harían coro de gobierno, cambiándolos, o sometiéndolos a juicios políticos públicos, a los que le interese remover, para un supuesto mejor ejercicio de Gobierno.

  • ¿Tomando en cuenta el escenario político actual, cree usted que el Presidente Chaves tiene fuerza política para actuar así?

El Presidente está presentándose como esa autoridad “pater familia”, paternalista, de identidad constante con todo el pueblo costarricense, como el gran protector, aduciendo cada vez que puede, sentimientos religiosos, de identificación popular. Está haciendo alarde de sus posiciones conservadoras, que no resultan necesariamente de pactos con los partidos religiosos conservadores del país, pero de esa forma se proyecta sobre sus bases de seguidores.

El Presidente carece de una fuerza política organizada, su propio partido político con el que ganó la Presidencia, que le permita movilizar gente en su favor, frente a los actos que realiza, pero no le impide, en cualquier momento, convocar ciudadanos en ese sentido, cuando considere que deba hacerlo. Esto siempre es un riesgo político, porque tensaría la situación política del país, y el mismo Presidente enseñaría, por la convocatoria ciudadana, a la movilización y la organización social, que bien se puede hacer a su favor, pero también en su contra.

  • ¿Los Presidentes de la República en Costa Rica qué tipo de limitaciones institucionales tienen en su actuación política?

En Costa Rica, a diferencia de los países latinoamericanos y europeos, o los mismos Estados Unidos, el Presidente está inhibido, por prohibición constitucional, de beligerancia política. El Presidente prácticamente no puede participar de discusiones públicas, ni siquiera para defender sus propios Proyectos de Ley o sus iniciativas políticas, como fue el caso del Presidente Oscar Arias cuando por iniciativa de él se hizo el Referéndum del TLC con Estados Unidos, y el Tribunal Supremo de Elecciones le prohibió participar en esa discusión o en su defensa, por lo que tuvo que inventar un Comité a favor del Tratado, a vez que se hizo otro en contra, que se reconocieron por el SI o el NO al Tratado.

  • ¡En su opinión en la época actual debe tener beligerancia política el Presidente?

Estoy de acuerdo en que el Presidente tenga beligerancia política, y pueda participar de toda la discusión política, partidaria y legislativa nacional. Esto es parte de una madurez democrática. Esto enriquecería más la democracia política nacional, y haría que la gente tome mayor interés por los temas nacionales y por la misma participación ciudadana y política electoral. Si esto no se decide por un gran acuerdo político nacional a la vuelta de pocos años se va a decidir en las calles o como resultado de un proceso electoral donde se vire radicalmente en el péndulo electoral costarricense, si no se hace también por una Asamblea Constituyente, que es urgente convocar.

  • ¿Hasta dónde se puede concluir que un Presidente está concentrando el Poder en el Estado?

Si se trata de ver el “autoritarismo” del Presidente por la “concentración de Poder”, hay que partir de que así lo tiene en el Poder Ejecutivo. Por la Constitución Política solo él, en nombre del partido que ganó las elecciones, lo integra. Y, la forma de integración que hizo, de escogencia de sus Ministros, por un organismo técnico, de escogencia de perfiles profesionales y tecnocráticos, evidenció su forma autoritaria y “despótica” de gobernar el Consejo de Gobierno cuando declaró que sus Ministros harían únicamente lo que él dijera, quebrando, y limitando, en mucho, el quehacer de los Ministros y sus Ministerios, que tenían bastante autonomía pública de ejercicio de sus funciones y de atención de la población.

En este sentido una de sus medidas importantes y urgentes que tomó fue la concentración de la información ministerial desde la Información Oficial que se canaliza desde la Casa Presidencial, y la limitación que ha impuesto a los medios de prensa y sus periodistas sobre el acceso a la información y a las preguntas que se le pueden hacer al mismo Presidente y a sus Ministros.

Hasta ahora el Presidente es el que prioriza la imagen pública de su Gabinete, con una ligera presencia, inevitable, por los temas que se han tocado de orden público, de los ministros de Salud, Educación, Obras Públicas y Relaciones Exteriores. Los otros, por ahora, están prácticamente en el subterráneo de la realidad política nacional.

  • Se ha dicho en repetidas Administraciones que los mandos medios en la Administración Pública concentran poder y que afectan las decisiones del Presidente y sus Ministros así como en las Instituciones Autónomas. ¿Hasta dónde esto es cierto y qué impacto tiene en las directrices gubernamentales?

En los Ministerios se está atacando a los mandos medios, que estructuralmente han funcionado desde hace muchos años, que algunos, realmente, pueden ser un obstáculo para la buena gobernabilidad, eficacia y eficiencia de la Administración Pública, con el propósito de eliminarlos si se puede administrativamente, de someterlos a la dirección ministerial y ejecutiva nacional, y de publicitarlos como los diablos de la mala administración, con posibilidad de ligarlos a fuertes actos de corrupción por el atraso de sus gestiones, como ha insinuado la jefa parlamentaria del Partido de Gobierno, respecto a un grupo de funcionarios de una institución del Estado.  Una característica del autoritarismo es quitar o debilitar la autonomía de los mandos medios y ejercer más monopólicamente el poder.

El Poder Ejecutivo está efectivamente concentrado en el Presidente de la República, en todos sus Ministerios y por las acciones que impulsa quiere ejercer un control jerárquico institucional en todas la estructuras, Consejos, por ejemplo, que existen dentro de los ministerios, sin que sus jerarcas tienen importante influencia, aspecto que yo estoy de acuerdo que hay que corregir, pero la forma cómo lo está haciendo es autoritaria o arbitraria.

  • ¿De dónde se originan las atribuciones del Poder Ejecutivo centralizadas en el Presidente y proclives a la concentración del poder político?

El Poder concentrado del Poder Ejecutivo es originario de la misma Constitución Política y del resultado electoral, que no impone, como en la Asamblea Legislativa, una integración proporcional de conformidad a los partidos que participaron y a sus votos, que les da para elegir diputados a varios partidos. En el caso del Poder Ejecutivo el partido que gana las elecciones gana toda la integración.

Tampoco el actual Poder Ejecutivo es el resultado de una Coalición Política electoral que hubiera establecido una distribución de Ministerios. Ni tampoco resulta de un pacto político de fuerzas electorales de la segunda ronda donde se hubiera pactado esa distribución de ministerios.

El caso del Partido Acción Ciudadana en el 2018 del Gobierno de Unidad Nacional no respondía a un pacto político de la primera ronda electoral, y lo que surgió de la segunda, fue un acuerdo de participación, sin apoyo de partidos políticos, de figuras notables y destacadas de algunos partidos políticos, en lo que se presentó como un Gobierno de Unidad Nacional, que no tuvo ninguna repercusión importante de tipo social, político o legislativo.

Las importantes reformas legislativas que se impulsaron en el 2018 y 2019 especialmente, fueron resultado de pactos parlamentarios, donde los partidos políticos en eso representados, asumieron su responsabilidad política, pero no fueron resultado de pactos nacionales de los partidos ni fueron tampoco resultado de ese Gobierno llamado de Unidad Nacional.

En cierta manera lo pactado legislativamente por Liberación Nacional lo afectó para su triunfo en la segunda vuelta electoral, donde el escenario pintado era, por parte del actual Presidente, barrer el pasado, limpiar la mesa nacional de todas las impurezas que se le achacaban a Liberación Nacional y a su candidato, y la primera vuelta le había también permitido barrer a los otros partidos que habían gobernado el país, la Unidad Social Cristiana y a Acción Ciudadana.

Si Liberación Nacional ganó la primera vuelta fue porque, en el inmediato electoral de esa etapa, era la fuerza capaz, que se veía, de retornar a una “gobernabilidad” que se le reclamaba al Partido Acción Ciudadana y, de los candidatos existentes, Figueres se veía como el que tenía la mayor experiencia en ese sentido. Pero, sorpresivamente la salida victoriosa al segundo lugar de Rodrigo Chaves, en esa primera vuelta, hizo voltear los ojos contra lo tradicional, lo viejo y la corrupción pública que se achacaba a todos los que anteriormente habían gobernado, que representaba Figueres frente a Rodrigo Chaves con su discurso político anti partidos gobernantes. Figueres no pudo presentarse como una nueva alternativa y representando el futuro. Lo anclaron sus asesores políticos y de imagen en el pasado.

  • Durante el proceso electoral al candidato Rodrigo Chaves lo pintaron como un candidato anti sistema, como alguien disruptivo. ¿Usted ve las actuaciones del Rodrigo Chaves ahora Presidente de esa forma?

Chaves no fue a mi manera de ver un candidato anti sistema. Es pro sistema político nacional, democrático, económicamente de desarrollo capitalista, incrustado en el escenario de las relaciones internacionales capitalistas, fortaleciendo relaciones regionales de conformidad a esta visión política.

Aquí no importan, en el nuevo Gobierno, los Derechos Humanos, ni los gobiernos considerados no democráticos aunque hayan surgido de elecciones populares.

Interesan las relaciones políticas y económicas y estructuradas dentro de un conjunto de valoraciones geopolíticas de tipo capitalista, y de las grandes potencias capitalistas con las que nos relacionamos más, que el Presidente comparte.

El Presidente, además, es el que define la política exterior del país, de acuerdo a la Constitución Política.

  • ¿Y la separación de Poderes Públicos?

La separación de poderes públicos el Presidente todavía no la asimila, pero la tiene que respetar, aunque está poniéndola a prueba. Por eso ha actuado intimidatoriamente con la Corte, con el Ministerio Público, con la Contraloría General de la República. Está tanteando la situación nacional y se está echando un pulso público.

  • ¿Está doblegando el Poder Público de la Prensa y la libertad de expresión?

La prensa “canalla” como la llama el Presidente es el otro foco de su actuar autoritario. Quiere de cualquier manera que la prensa se le someta, que informe solo lo que le interesa al Poder Ejecutivo, y que la prensa deje de hacer su propio análisis, su propia investigación de los asuntos públicos, asuntos que el mismo Presidente señala como sin importancia, secundarios, solo por presentar escándalos y casos ante los Tribunales de Justicia, aun cuando dos expedientes de trámite, en el Ministerio Público, fueron promovidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

  • ¿Tiene el Presidente Poder suficiente para sus actos?

De los Poderes Públicos el más importante por sus efectos diarios, cotidianos, sobre todas las personas, por medio de todos sus ministerios y sus instituciones, es el Poder Ejecutivo. La Asamblea Legislativa lo que hace son leyes, y durante seis meses al año, trabaja exclusivamente para el Poder Ejecutivo.

El Presidente Chaves tendrá que lidiar por lo menos durante su primer año de gobierno con su forma de actuar, como la ha venido haciendo, y tratándose de ganar la opinión pública en ese sentido, porque el próximo año hay elecciones municipales, y el Partido Progreso Social Democrático, que es el que gobierna, no tiene una sola alcaldía en sus manos ni un solo miembro de ningún Consejo Distrital o Municipal electo, y deben participar en esas elecciones, que también miden, en cierta forma la popularidad y aceptación del gobierno, pero miden también la capacidad organizativa política del Partido gobernante, como de todos los partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Acción Ciudadana, en sus dos gobiernos no pasó de una docena de alcaldías en sus manos lo que evidenciaba una mala organización partidaria y un inexistente vínculo de Partido y Gobierno.

La Presidenta del Partido del actual Gobierno es Diputada y tiene una enorme responsabilidad con el partido político que ella fundó, organizó y lo hizo partido gobernante en pocos meses de existencia.

De esa existencia y presencia pública va a depender la posibilidad de participar en las próximas elecciones nacionales del 2026. Pienso que harán lo posible para repetir gobierno, como lo hizo el PAC en el 2018, cuando volvió a ganar elecciones, y convertirse en una organización política permanente que juega en primera fila para ejercer gobierno.

De hecho, con el actual partido gobernante solo cuatro partidos han ejercido la Presidencia de la República desde 1982 hasta hoy, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana y el actual Progreso Social Democrático.

Rodrigo Chaves, si no se convierte en un dictador a la fuerza violentando toda la institucionalidad, estará de acuerdo en fortalecer a su partido para que participe en las elecciones municipales, en todo el país, son 84 cantones, y en las próximas nacionales, del 2026, porque le da opción de volver a la Presidencia, una vez más por lo menos, mientras no se establezca una reforma constitucional que permita la reelección sucesiva, y que él mismo la promueva desde ahora, con la posibilidad de que esta reforma actúe de inmediato, donde él pueda volver a jugar consecutiva e inmediatamente. Esta sería su mayor actuación autoritaria jugando legislativamente.

  • ¿Está usted de acuerdo con la reelección sucesiva del Presidente de la República?

Yo he sido partidario de le elección consecutiva y de gobiernos de más largo plazo, de 5 o 6 años, con una sola posibilidad de reelección y con Referéndum revocatorio a mitad del mandato presidencial. Así me he pronunciado en distintos momentos.

Esto puede ser posible si se envía ahora la reforma constitucional, porque se lleva dos años su trámite.

En todo el continente americano y en Europa funciona la reelección consecutiva, y algunos países, por su sistema parlamentario, prácticamente de manera indefinida si así lo quieren los electores.

  • ¿Avanza el Presidente Chaves hacia un totalitarismo en lugar de un autoritarismo?

Esto no es totalitarismo. Este concepto se acuñó especialmente para calificar a los regímenes fascistas y nazistas. Más tarde se extendió para calificar al gobierno soviético, especialmente bajo el período estalinista. Sin embargo, durante la guerra mundial contra Hitler y el nazifascimo a la URSS se le consideró dentro de las potencias y países democráticos que luchaban contra el totalitarismo y la antidemocracia nazifascista.

El totalitarismo no es un problema de ideología política, es de la práctica política.

Las llamadas teorías políticas liberales, conservadoras, socialistas, comunistas, socialdemócratas o socialcristianas, como ideologías no son totalitarias.

Son totalitarios quienes en nombre de esas ideologías ejercen el poder o el gobierno de forma autoritaria, despótica, tiránica, por la forma de ejercer los actos de gobierno, o por la forma conservadora como imponen sus criterios frente al ejercicio de libertades, derechos y derechos humanos, y frente a las limitaciones que quieran imponer al régimen político de la democracia liberal y republicana, de allí las tendencias conservadoras, tradicionales o moderadas que tratan de imponer desde la acción pública.

  • ¿Se podrían ver amenazadas las libertades y derechos con un Presidente autoritario?

El ejercicio de libertades es un buen instrumento contra la corrupción, son una palanca de freno de la corrupción. Este ejercicio de libertades hace que la democracia funcione mejor.

Cuando el Presidente se enfrenta a los medios de comunicación, y a la prensa por él llamada “canalla” está limando esas posibilidades de control y de freno de la corrupción institucional, y facilitando más el ejercicio de un gobierno autoritario. El ataque constante a la prensa es una amenaza constante al libre ejercicio del periodismo.

  • ¿El caudillismo latinoamericano ha conocido líderes al estilo del Presidente Chaves?

Yo no veo al Presidente Chaves como un caudillo al estilo latinoamericano, ni siquiera lo veo al estilo de los caudillos costarricenses que llegaron hasta el siglo XX. Tampoco lo veo como un líder nacionalista, ni siquiera tampoco, al menos todavía, como un líder populista de este siglo. Por ahora un simple oportunista asaltador del Poder.

En Costa Rica desde el punto de vista nacionalista no ha habido gobiernos que impulsen esta forma caudillezca de ejercicio gubernativo, al menos desde la segunda mitad del siglo XX, aunque predominaran grandes figuras políticas.

El nacionalismo ha tenido expresión en Costa Rica especialmente en el ámbito de la cultura como un rescate de lo nacional costarricense, como un símbolo de identidad nacional, y a principios del siglo XX particularmente cuando había una presencia norteamericana invasiva en la vida nacional contra la cual se desarrollaron tendencias nacionalistas y antiimperialistas desde la acción popular, y desde algunos sectores capitalistas, y no de gobiernos, como sucedió en otros países latinoamericanos.

La tendencia autoritarista del Presidente no ha planteado la idea de un Hombre nuevo costarricense, pero ha señalado la de una nueva Costa Rica, sin definirla plenamente.

El autoritarismo en sí mismo no impone una dictadura. El autoritarismo político actual permite la existencia de otras fuerzas políticas, se da con un pluralismo político que puede ser mediatizado, que no provoca movilizaciones sociales o políticas, movilizaciones que son tan solo una expresión de una realidad existente.

  • ¿Qué elementos necesita un Presidente de la República para convertirse en autoritario?

Cualquier Presidente puede volverse autoritario. Los líderes autoritarios son carismáticos. El Presidente Chaves está en ese proceso de formación carismática, por la forma de actuar, de dirigirse a la opinión pública y de enfrentar los poderes reales, fácticos, e institucionales que puede considerar estorbos para su quehacer institucional o político.

Al Presidente le hace falta un partido político bien organizado y de masas, que puedan movilizarse en su favor de vez en cuando, o cuando lo requiera, y que él mismo se convierta en su líder real de esos seguidores partidarios. Este liderazgo no se está dando en el país. Estamos desde hace tiempo con liderazgos electorales ad hoc, de ocasión. Los liderazgos políticos nacionales han desaparecido y algunos están engavetados.

Al Presidente no se le conoce una ideología socialdemócrata. Me parece que no la tiene por ningún lado. Que pertenezca a un partido que así se llama no quiere decir tampoco que ese partido la tenga, al menos no la tiene públicamente ni la ha publicado.

El que su partido se llame socialdemócrata al que cuestiona es, principalmente, a Liberación Nacional que históricamente se levantó como un partido socialdemócrata, doctrina o teoría política a la que, en la práctica, ha renunciado, lo que permite que el partido del Presidente, y otros partidos, que participaron en las elecciones, se autodenominaran social demócratas.

  • ¿Acaso a la izquierda y otros, no le ha pasado este mismo fenómeno de identidad ideológica?

Sucede igual con la izquierda donde hay una variedad de izquierdas, y ya no hay una fuerza, o partido político, por pequeño que sea, que se autodenomine comunista, o represente las ideas comunistas, y así participe en elecciones.

La variedad de izquierdas hace que ni siquiera se presente un modelo alternativo de desarrollo dentro de la sociedad democrática costarricense. La izquierda no está bien definida política ni electoralmente. Es casi tan solo una posibilidad de tener una voz distinta en la Asamblea Legislativa, pero no hay una propuesta de toma del Gobierno por las elecciones, que no es lo mismo que tomar el Poder. Esto ha contribuido a la dispersión, al abstencionismo y al desánimo electoral.

Dentro del período de la guerra fría, hasta 1990, al menos la gente se movilizaba en oportunidad de una nueva sociedad, un nuevo modelo político y una nueva visión del desarrollo económico diferente al capitalista.

Hoy esto no está planteado claramente, y dentro de esas izquierdas hay mucho sectarismo y exclusivismo de otras izquierdas.

La lucha de clases del siglo XIX y la del siglo XX hoy no tiene esa expresión política. La clase obrera no es la misma. La clase trabajadora en muy diversa. Los sectores de clases son muy amplios y diversos.

La sociedad costarricense ha logrado mucho bienestar social, que ahora está amenazado, en peligro y debilitado, pero esos sectores sociales beneficiados no se están movilizando, como en otros países, al menos para mantener esos beneficios. Y algunas luchas como la de la jornada 4-3 ni siquiera están movilizando trabajadores del sector privado que va a ser el afectado. El sector público ya el gobierno lo excluyó de la reforma 4-3 y de hecho lo desmovilizó en esa lucha, o redujo la misma solo al cantar de los sindicatos y de unas pocas personas, como yo, que públicamente nos hemos pronunciado en contra, señalando sus impactos negativos para los trabajadores, para las mujeres, para las familias, los niños y los adultos mayores.

La desmovilización social puede ser inducida desde arriba y desde abajo, desde el gobierno y desde las bases sindicales cuando la movilización no produce resultados positivos.

La desmovilización no expresa una renuncia a la disconformidad social, ni a la lucha social, tan solo la posterga en posibilidades de que sea explosiva en sus características, como se produjo en las protestas del 2019.

Los sectores dominantes pareciera que esto es lo que están buscando. Si eso sucede puede ser como apretar un jabón, nadie sabe para donde sale o salta.

La oposición al gobierno y lo que significa se hace también emocionalmente, con el desgaste de apoyo y la mala imagen que se produce de su ejercicio.

La peor desmovilización que puede producirse es la que resulta de un conformismo pasivo de la población o de los trabajadores.

  • Recientemente se ha estado tachando al Presidente Chaves como autoritario.  ¿Tienen fundamento esas acusaciones o se trata de un estilo personal?  ¿Qué opina usted acerca de esto?

El autoritarismo del Presidente Chaves no se expresa en corporativismo político gubernamental, donde el Presidente, o desde el Poder Ejecutivo, especialmente, se oriente a una organización de trabajadores en su favor, con posibilidad de movilización, como se hizo en la Italia de Mussolini.

El control policiaco y la represión política y policial sí la va a ejercer el gobierno. Ningún gobierno anterior ha renunciado a esto, si tiene que hacerlo. En el caso actual me parece que hay una derechización de los mandos policiales, y una tendencia a una militarización de los mismos. Tampoco los gobiernos anteriores renunciaron a esa militarización en la formación de las principales autoridades al frente de la Fuerza Pública. El propio Ministerio de Seguridad ha reducido la información que tradicionalmente hacía a periodistas y medios de comunicación. Actualmente ha reducido a un escaso anuncio diario de actividades o de información que consideran publicar. Antes eran arriba de cinco comunicados diarios. Esta concentración y reducción informativa puede ser peligrosa.

El asunto de las desapariciones o hundimientos de lanchas o embarcaciones de la Guardia costera, es muy sospechoso. ¿Pudieron dárselas al narco movimiento marítimo que les toca controlar y combatir? ¿Cómo se pueden perder así no más y reducir este asunto a la posibilidad económica de su resarcimiento?

  • ¿La pobreza y otras problemáticas socioeconómicas hasta dónde favorecen las tendencias autoritarias?

La situación de pobreza del país y de los trabajadores, la caída en pobreza de amplios sectores de la clase media pueden facilitar las tendencias autoritarias del Presidente Chaves.

Hay sectores amplios de la clase media poderosos, con importante poder adquisitivo y de fuerte disfrute social, que siguen siendo un colchón de amortiguamiento de los conflictos sociales amplios antigubernativos. Sectores de la clase media todavía hacen esfuerzos por conservar su condición, pero con grandes sacrificios y endeudamientos…pero eso se acabará.

Por ahora el autoritarismo del Presidente es predecible, sin ideología ni mentalidad autoritaria, tan solo con sus actos y exclamaciones justificándolos. No necesitando un partido político, un partido único, al estilo de regímenes autoritarios, le es mejor gobernar autoritariamente sin partido oficial, y sin resistencia de calle de otros partidos, ni resistencia moral de instituciones como la Iglesia Católica.

  • ¿La Asamblea Legislativa puede jugar como un freno o un contrapeso político en el mantenimiento de la división de Poderes del Estado?

A nivel legislativo el pluralismo político es simbólico. De hecho 5 de los 6 partidos allí representados están alineados con el Gobierno, con el Presidente Chaves y con sus principales acciones políticas. Algunos diputados tienes disconformidades y oposiciones más de forma que de fondo con los temas centrales del Gobierno en la acción legislativa.

Frente al gobierno el que ha salvado la cara del Poder Legislativo en cierta forma, con la elegancia que le es propia, ha sido el mismo Presidente Legislativo, Rodrigo Arias Sánchez.

  • ¿Necesita el Presidente Chaves del Referéndum para poder gobernar?

Las consultas populares que el Presidente Chaves ofreció ya se dio cuenta que no las puede hacer, constitucional y legalmente, como él quería. Las está imponiendo en la forma de actuar. Toma una decisión, la impone, “se compra la bronca”, pone a quien haya que poner a que ejecuten lo que él dijo y de hecho se hace.

En este sentido recuerda constantemente que él gobierna para todos y no para grupos, es su sentido paternalista de auto presentarse, en bien del pueblo, impulsando acciones o combatiendo “males” o problemas sociales reconocibles, como los que llegó a restregar en la cara de los magistrados, del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, o restregaba en los debates presidenciales a los otros candidatos.

Dentro de este esquema el Presidente apela, cada vez que puede, a la situación internacional, Ucrania, rusos en Nicaragua, crisis internacional del petróleo y precios que repercuten en Costa Rica, triunfo electoral de “izquierdas” como la de Colombia, que dichosamente él evitó en Costa Rica…

  • ¿Cree usted que en algún momento determinado el Presidente Chaves podría a llegar a violentar el sistema democrático costarricense, en aras de sus objetivos políticos económicos?

 No sabemos cuanto puede llegar a sacrificar el Presidente la democracia nacional si le interesa salvar el mercado, o la economía mercado, o la libertad de mercado. Por ahora la libertad de mercado con las últimas medidas relacionadas con medicamentos y granos ha hecho funcionar esta libertad de mercado en abierta contradicción con la economía monopólica de los mercados. ¿Le durará esta política?

  • ¿Se puede calificar de burócrata o tecnócrata al Presidente Chaves por su experiencia profesional y laboral y esto es positivo o negativo?

La burocracia es el poder de las oficinas, es cuando los cuadros o mandos medios de las oficinas tienen poder de decisión. Esos son los burócratas típicos y los de la definición. Equivocadamente se llama burócratas a todos los funcionarios públicos. Eso es incorrecto, son trabajadores públicos o del Estado, pero no son burócratas. Los típicos burócratas son los que, repito, tienen capacidad de tomar decisiones dentro de la administración.

A principios de la década de 1970 Rodolfo Cerdas y José Luis Vega Carballo, en sus estudios e investigaciones calificaron muy correctamente a los grupos gobernantes como “burguesía tecno burocrática”, dándole justamente ese papel. A estos cuadros medios es a los que el Presidente Chaves se está enfrentando, para eliminarlos sí, pero para él asumir el papel principal de máxima autoridad burocrática del Estado, de ser el único en la toma de decisiones que deben aplicarse verticalmente.

  • ¿Teniendo como antecedentes varios gobiernos de nuestra región, hasta dónde considera usted que el autoritarismo ha favorecido la corrupción?

El autoritarismo sin libertades o disminuidas, sin libertad de prensa, no solo favorece la corrupción sino que estimula también la cleptocracia…

Los escándalos de corrupción asociados a Obras Públicas, nacionales y municipales, que se abrieron ante la opinión pública en el gobierno pasado, se pueden multiplicar y mantener sin mandos medios favoreciéndose. Ese es un riesgo. En esos escándalos no aparecieron mezclados altas autoridades del Poder Ejecutivo involucradas, como sucede en otros países.

  • ¿Hipotéticamente, si Fabricio Alvarado hubiera triunfado, se hubiera impuesto un autoritarismo político religioso?

Eso no sucedió. No se puede especular qué hubiera sucedido. Pero puedo hacer una reflexión. No se hubiera impuesto una Teocracia, porque Fabricio no es un Pastor líder religioso que en su condición hubiera gobernado. Tampoco su religión es mayoritaria nacionalmente, ni está en capacidad, aunque hubiera ganado de imponerla como religión única, obligada y con ciertas restricciones para las otras prácticas religiosas incluida la católica. La Constitución Política en cierta forma impone que no podría gobernar como autoridad máxima civil y también religiosa. Si así fuera estaríamos ante una situación que la historia ya conoce como cesaropapismo.

  • ¿Puede mencionar algunos casos que le parezcan de autoritarismo que ha hecho el Presidente Chaves?

Brevemente se pueden mencionar los siguientes:

  1. Cuando se opuso a usar las mascarillas para evitar el contagio aéreo del COVID. Sencillamente declaró que no era obligatorio.
  2. Cuando señaló también que la vacunación ya no era obligatoria. Con estas manifestaciones impuso el no uso de la mascarilla y la no vacunación, violentando las decisiones médico científicas de la Comisión Nacional de Vacunación y de Epidemias, que es el órgano que estableció esas medidas.
  3. Cuando dijo que las pruebas FARO ya no se iban a aplicar, obligó al Consejo Superior de Educación a tomar esa decisión, metiéndose allí e imponiendo su criterio. No evalúo si las pruebas Faro eran buenas o malas.
  4. Cuando impuso el 100% de aumento de salarios a sus Ministros y Viceministros violentó la Regla Fiscal, en beneficio de ellos. Personalmente creo que los salarios de los altos funcionarios del Estado, y de los Poderes de la República, deben ser decorosos, dignos y correspondientes al alto cargo de sus funciones.
  5. Cuando visita el Ministerio Público, no solo en su condición personal sino como Presidente, para hablar con el Fiscal interino sobre sus casos, y decirle que no son importantes, y que no son procedentes de investigación, cuando dos de esos procesos los envió a su investigación el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, descalificando a quienes interpusieron la investigación en su contra. Esta visita fue intimidatoria contra el Fiscal, contra la Institución del Ministerio Público y fue abusiva de la figura de Tráfico de Influencias, porque en cierta manera eso fue lo que fue a hacer, a presionar por su investidura ante los casos que allí se llevan donde él está involucrado, y a presionar personalmente al Fiscal interino del Ministerio Público.
  6. La actitud del Presidente en la visita de Cortesía institucional que le hizo a la Corte Suprema de Justicia, por invitación de la Corte, donde de igual manera llegó intimidante a señalar problemas de la Corte y a enfrentar a los Magistrados, y el de los Jueces de la República, con su trabajo, y en cierta manera a amenazar a los magistrados en su investidura. También fue en cierta manera tráfico de influencias, que de manera pública se expresó, por el carácter de la sesiones de la Corte Plena, de llegar a manifestar lo que en su criterio la Corte y los Magistrados deben hacer. Más recientemente la pareja presidencial de Rodrigo Chaves, hoy Jefa parlamentaria de su Partido, ha hecho  en la Asamblea Legislativa una radiografía de la Corte Suprema de Justicia, de los últimos 20 años, no solo para defender al Presidente de lo que dijo en su visita, sino para advertir y a amenazar a los Magistrados de que velará para no sean reelectos,  debilitando además la imagen de la Corte Suprema de Justicia, más allá de si sus datos eran reales o no. Obviamente El Presidente como la diputada Cisneros dejaron de lado la separación de los Poderes, para meterse en uno de ellos a decir cómo deben ejercer sus magistraturas. Desde su intervención en la Corte Plena indirectamente se le tiró encima al Tribunal Supremo Electoral, que lo tiene investigado en dos casos, porque es la Corte Plena la que elige a los magistrados electorales. De esa manera también le mandó un mensaje intimidante. Por dicha el Presidente Chaves no tiene la mayoría parlamentaria, al estilo Bukele, Ortega o Maduro, que con esas mayorías pueden hacer lo que quieran y pueden remover y nombrar las autoridades que quieran.
  7. También trató de intimidar a la Contralora General de la República tratando de ponerla de asesora directa del Poder Ejecutivo, cuando la Contraloría como institución es un órgano constitucionalmente establecido como Asesor de la Asamblea Legislativa. Pifia y media tuvo en este sentido el Presidente. La Contralora General de la República y los Magistrados son de nombramiento del Poder Legislativo y no del Ejecutivo. Se le olvidó o ignoró intencionalmente al Presidente quien los nombra. Pero su diputada estrella estará afilando el machete cuando se produzcan esos nombramientos.
  8. El decreto de liberalización de medicinas, de registro de medicinas, lo enfrenta a los Consejos Técnicos existentes que definen estos asuntos.
  9. El decreto de liberalización de granos, elimina  en cierta forma los monopolios.
  10. La prórroga del Contrato de concesión del puerto de Caldera, con las implicaciones a favor de personas allegadas a su gobierno.
  11. La forma que hizo de los nombramientos de Comisionados LGTBI, de los afrodescendientes, de los indígenas, de las personas discapacitadas y el llamado “de integración social”.
  12. Estar llamando a la prensa “canalla”, de estar azuzando contra la prensa, los medios de comunicación y los periodistas, reduciendo los niveles informativos de los ministerios, limitando la investigación periodística, limitando la participación de los periodistas en la ruedas de prensa oficiales, presionando sobre medios de comunicación y periodistas.

Esta campaña que tiene el Presidente es de las más peligrosas para el funcionamiento democrático de nuestra sociedad, nuestra vida política y ciudadana, porque tiende a evitar el control político sobre los gobernantes de las instituciones del Estado y del Gobierno.

Desearía, y quizá eso es lo que quiere, que la prensa, los medios electrónicos y los periodistas exalten o enaltezcan constantemente su figura, su persona, sin crítica alguna, y al estilo nazi tratar de vincular por medio de la prensa su autoridad con la voluntad popular.

Es una tendencia a imponer su autoridad sin consenso político, con limitación de libertades y derechos, imponiendo sus particulares intereses, aunque lo haga a nombre del pueblo costarricense.

UCR: El Instituto de Investigaciones Jurídicas emitió su criterio sobre el proyecto de reforma del artículo 176 de la Constitución Política

Inconstitucional por el fondo

La reforma pretende que prevalezca el principio de equilibrio financiero sobre autonomías constitucionalmente garantizadas

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

CRITERIO JURÍDICO

EN VIRTUD DE LA CONSULTA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA

REPÚBLICA DE COSTA RICA

SOBRE EL PROYECTO DENOMINADO: REFORMA DEL ARTÍCULO 176 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA QUE PREVALEZCA EL PRINCIPIO DE EQUILIBRIO FINANCIERO SOBRE AUTONOMÍAS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIZADAS, EXPEDIENTE No.22266.

El Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, Prof, Dr. Gustavo Chan Mora, evacua la consulta hecha por la Asamblea Legislativa y presentada ante esta dirección por el Dr. German Vidaurre Fallas, Director del Consejo Universitario; esto de la siguiente manera:

1.- Que en virtud del artículo 88 de la Constitución Política, se le solicita criterio a la Universidad de Costa Rica sobre el proyecto denominado REFORMA DEL ARTÍCULO 176 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA QUE PREVALEZCA EL PRINCIPIO DE EQUILIBRIO FINANCIERO SOBRE AUTONOMÍAS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIZADAS; esto con el fin de que manifieste su conformidad o disconformidad con dicho proyecto de Ley.

2.- Que, según lo analiza este Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), respecto del proyecto de ley mencionado, deben detallarse al menos las siguientes objeciones esenciales:

2.1- Actualmente el artículo 176 de la Constitución Política contiene una regla técnica, que aconseja prácticas para el manejo razonable de las finanzas públicas y para el equilibrio del Presupuesto Nacional:los gastos autorizados no pueden exceder los ingresos previstos (Así, por ejemplo, voto 6859-96 de la Sala Constitucional de Costa Rica). Sin embargo, en sentido rigurosamente jurídico, no se trata de un principio o norma jurídica constitucional fundamental, ni mucho menos de una garantía normativa para la interpretación y/o restricción de los derechos fundamentales -sociales, económicos y culturales – de las personas.

Expuesto en otros términos, en una lectura sistemática de ese artículo, congruente con la tutela de Derechos Fundamentales propios del contexto del modelo de Estado Social y Democrático de Derecho por el cual optó el constituyente del 49, esto significa que una regla técnica como la descrita no tiene eficacia transversal alguna en relación con derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política; ergo, no se le puede utilizar para limitar la vigencia, ni la eficacia de aquellos derechos, sino que debe ser integrada en armonía con ellos, para garantizar, priorizar y ampliar su vigencia formal y real.

El proyecto de reforma que se analiza, pretende darle un alcance diferente al artículo 176, que lo haría entrar en contradicción, por ejemplo, con los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, y con los derechos fundamentales -sociales, económicos y culturales – de las personas.

2.2.- El artículo 84 de la Constitución Política consagra la autonomía de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior en el país. Se trata de un grado de autonomía especial asegurado constitucionalmente, al que conviene denominar como “autonomía universitaria plena”, del cual da cuenta el derecho constitucional comparado.

Los alcances de esta forma específica de autonomía, fueron entendidos y claramente delineados desde recién iniciada la actividad de la Sala Constitucional de Costa Rica:

“… fue la intención del Constituyente concederles a las universidades estatales un marco general de autonomía según lo que expresa el artículo 84 de la Constitución Política, y además, de un trato especial en lo que atañe al procedimiento legislativo para la discusión y aprobación de proyectos de ley, en materias que sin estar dentro del ámbito autonómico, tengan que ver con las universidades estatales (…) Si bien es cierto -como ya se comprobó- la Asamblea Legislativa puede regular lo concerniente a la materia de las universidades, le está vedado imposibilitar, restar o disminuir a esas instituciones, aquellas potestades que les son necesarias para cumplir su correspondiente finalidad y que conforman su propia Autonomía (…) Son estas las modalidades administrativa, política, organizativa y financiera de la autonomía (el destacado y lo que se subraya no son del original) que corresponde a las universidades públicas. La autonomía universitaria tiene como principal finalidad, procurar al ente todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a cabo con independencia su misión de cultura y educación superiores (…)” (Sala Constitucional resolución número 1313-93, de 13:54 horas del 26 de marzo de 1993).

Con posterioridad, la Sala Constitucional se ha encargado de subrayar que dicha autonomía especial abarca las dimensiones administrativa, política, financiera y organizativa, en el sentido de que las Universidades Públicas gozan de todas las facultades y poderes administrativos para alcanzar sus objetivos centrales, los que no son otros que el aseguramiento de los derechos fundamentales a la cultura y la educación superior. Justamente para la consecusión de estos objetivos, es que las universidades tienen la facultad de establecer sus planes y programas, determinar su presupuesto y organización interna, así como fijar su propia estructura de gobierno (Sala Constitucional, voto 2012-011473).

Precisamente en consonancia con aquella dimensión de la autonomía económica de la Universidad de Costa Rica, en el año 1981 la Asamblea Legislativa aprobó el texto del artículo 85 de la Constitución Política vigente en la actualidad, según el cual se estipula que:

“El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones. Además, mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo y, cada mes, o pondrá en dozavos, a la orden de las citadas instituciones, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan. El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa

Independientemente de las desviaciones e incumplimientos reiterados que se han suscitado en la práctica en relación con este artículo de la Constitución Política; lo cierto es que en él se delimita la base económica-material con la que debe contar la Universidad de Costa Rica para lograr los objetivos antes mencionados. Sumado a ello, y para lo que resulta de mayor relevancia, la norma recién citada establece con rango constitucional, la obligación del Estado costarricense de incluir en el Presupuesto Ordinario de Egresos de la República una partida prioritaria para cubrir el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), necesario para que las Universidades sigan operando de manera tal que puedan asegurar los derechos fundamentales a la cultura y a la educación superior, para todos y todas las costarricenses.

Conforme se argumenta en la presente opinión jurídica, la autonomía económica o financiera de la Universidad de Costa Rica está asegurada desde normas de la Constitución Política misma; de lo cual se deriva que ni esta dimensión económica, ni otras manifestaciones de la autonomía, pueden ser derogadas directa o indirectamente por, ni quedar supeditadas a una ley formal.

Puede aceptarse que el artículo 176 Constitucional vigente debe integrarse en armonía con los numerales 84 y 85 de la Carta Fundamental, en el sentido de que deben implementarse mecanismos y prácticas de razonabilidad para el manejo de los dineros públicos previstos y asignados específicamente para la Universidad de Costa Rica desde la propia Constitución Política. Pero nunca que aquel artículo 176 permita limitar, reducir, debilitar o hacer nugatorio lo dispuesto por el constituyente originario para la autonomía financiera, absolutamente necesaria para que la Universidad de Costa Rica y otras casas públicas de estudios superiores puedan hacer efectivos los derechos fundamentales a la cultura y a la educación superior.

El proyecto de ley que se tramita bajo el expediente 22.266 sometido a consideración de la Universidad de Costa Rica, tiene como defecto central que pretende imponer una grave afectación y limitación de la autonomía universitaria, consagrada en una norma específica de la Constitución Política de la República, desde una regla fiscal establecida en una ley (la Ley 9635); un instrumento jurídico de rango inferior a la carta fundamental, que carece de validez para ello, si se atiende con rigurosidad técnica el esquema de jerarquía de las normas jurídicas, sobradamente conocido en cualquier democracia republicana.

Dicho sea mediante otros términos, con la reforma que se propone para el numeral 176 de la Constitución Política, lo que se busca es que este artículo se adecue a y obtenga todo su contenido de significado desde la regla fiscal, fijada desde una mera ley formal, la ley 9635 que la contiene. Pero además, lo que se busca en el fondo es modificar indirectamente el texto constitucional, – en especial los artículos 84 y 85 de este, referidos a la autonomía universitaria- desde parámetros fiscales establecidos mediante un instrumento jurídico normativo de rango inferior, la mencionada ley 9635, lo cual es un error evidente.

2.3.- Las autonomías institucionales garantizadas en la Constitución Política de la República de Costa Rica, entre ellas la autonomía universitaria plena prevista para la Universidad de Costa Rica y otras casas de estudios superiores, no lo fueron como un objetivo per se o en sí mismo; sino que fueron estipuladas como instrumentos o mecanismos para la protección acentuada de Derechos Fundamentales de las personas, asociados a un modelo de Estado Social y Democrático de Derecho.

El Constituyente costarricense de 1949, optó expresamente por esa protección acentuada de Derechos Fundamentales sociales, económicos, culturales y colectivos de las personas -entre ellos el derecho a la cultura y la educación superior – mediante el establecimiento de la autonomía universitaria plena, precisamente para protegerlos de los avatares de la política.

Desde este punto de vista, la interpretación acerca de los alcances y extensión de la autonomía universitaria plena (y con ello, de la autonomía económica o financiera) como instrumento insoslayable para la protección de los derechos fundamentales, únicamente puede realizarse de manera progresiva; es decir, de modo que permita un aseguramiento y eficacia material creciente de dichos derechos fundamentales.

En materia de autonomía financiera o económica de la Universidad, el constituyente originario previó una obligación del Estado en favor de la tutela del derecho a la cultura y a la educación superior como derechos sociales y culturales de todos los costarricenses. Esta obligación, y con ello la autonomía que permite que esos derechos sociales fundamentales se materialicen, deben estar marcadas por el principio de progresividad y no regresión.

En el derecho constitucional comparado, esto se ha defendido sin ambages, ni eufemismos por distintos Tribunales Constitucionales, desde modelos de Constitución Política muy similares a la costarricense. A manera de ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia argumentó:

“ (…) al Colombia ser un Estado social de derecho implica que “las autoridades están obligadas a corregir las visibles desigualdades sociales, a facilitar la inclusión y participación de sectores más marginados y vulnerables de la población en la vida económica y social de la nación, y a estimular un mejoramiento progresivo de las condiciones materiales de existencia de los sectores más deprimidos de la sociedad.” Dicho mandato lo fundamenta en los artículos 1 (principio de la dignidad humana y de la solidaridad), 2 (fines esenciales del Estado),13 (promoción de condiciones de igualdad real y efectiva), 334 (acceso efectivo a los bienes y servicios básicos por las personas de menores ingresos) y 366 (prioridad del gasto social en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales) de la Constitución Política.” (Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C 272 de 2009)

De esas normas y principios, también presentes en la letra de la Constitución Política de la República de Costa Rica, el Tribunal constitucional colombiano deriva tanto la obligación del Estado de satisfacer progresivamente los derechos fundamentales sociales, económicos y culturales; como también infiere la prohibición para el Estado de ejecutar cualquier tipo de medidas, programas o políticas que conlleven una regresión o desmejoramiento de esos derechos fundamentales (Así: Calvo Chaves, Néstor. Aplicación del principio de progresividad en la jurisprudencia constitucional colombiana. Visible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3851138).

Aún más allá del derecho constitucional comparado, la obligación de progresividad y la prohibición de regresión respecto de los derechos fundamentales a la cultura y la educación, queda impuesta para el Estado costarricense desde el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que literalmente estipula:

“Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.” (la negrilla se adiciona).

Se trata, sin lugar a dudas, de un mandato para el Estado costarricense, emanado del instrumento normativo central que rige para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El alcance y significado de ese mandato, no admite ambigüedades para implementar una regresión o debilitamiento de esos derechos, como se sigue también del artículo 1.1 del Protocolo de San Salvador:

“Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.”

Cada medida que se implementa desde el Poder ejecutivo costarricense en contra de ese mandato de progresividad y en contra de es obligación de no regresión, toda ley que así lo posibilita – y el proyecto de reforma del 176 constitucional y la ley 9635 así lo hacen- y cada resolución de la Sala Constitucional que las legitima, cuando obvia en desidia estas obligaciones, contraviene también el marco normativo del derecho internacional de los derechos humanos aludido.

El proceso de materialización de los derechos fundamentales sociales, económicos y culturales inició en Costa Rica con la Constitución Política de 1949, e incluso antes con las grandes reformas sociales que le precedieron. De ahí que, para el Estado costarricense, desde el principio de progresividad, no queda más opción que mejorar el goce y ejercicio material efectivo de esos derechos, por encima de y en mejora permanente de aquello que se logró originariamente con lo establecido con la Constitución vigente y sus reformas progresivas posteriores.

Ya desde ese marco constitucional originario, se estipuló un mínimo de protección básico, pero acentuado, de ese grupo de derechos: en el caso de las universidades, mediante el régimen de autonomía plena universitaria, y la obligación constitucionalmente establecida para dotar de un presupuesto adecuado a las mismas. De ahí que, desde el principio de no regresión, queda vedado para el legislador, y para el propio intérprete de la Constitución, establecer retrocesos, en comparación con ese nivel de protección originaria.

También por esto, el proyecto de ley sometido a consideración de la Universidad de Costa Rica, vulnera los principios indicados, y posibilita una franca regresión en cuanto a las condiciones económicas propias de la autonomía universitaria, en demérito de los derechos a la educación superior y a la cultura. En lugar de destinar el máximo de los recursos posibles, y de priorizar con ello estos derechos, la reforma de ley propuesta haría regresar a las Universidades, y colocaría la eficacia real de esos derechos fundamentales, a un deplorable estado, como el que existía antes de las grandes reformas sociales de la primera y segunda mitad del siglo pasado.

De nuevo, es necesario subrayar que esto ha sido tenido muy en claro en el derecho constitucional comparado. Tal como lo comenta Calvo Chaves (Op.Cit), en relación con el fallo C-391 2004, de la Corte Constitucional de Colombia:

“ el deber de progresividad aplicado al derecho a la educación superior “obliga al Estado a mantener actualizados los recursos financieros con los cuales alimenta a las universidades públicas para el logro de sus objetivos constitucionales.” En el caso allí estudiado se determinó que la ley anual del presupuesto general de la Nación que consagraba la “congelación” de los recursos asignados a las universidades públicas resultaba violatoria de la prohibición de regresividad (…)“.

2.4.- Con la reforma que se propone -valga aquí el tono coloquial, para mayor claridad – se busca destruir “a pellizcos” el Estado Social de Derecho y con ello, limitar y desmejorar los derechos fundamentales económicos, sociales y culturales que le son inherentes, para imponer un “Estado Neoliberal de derecho”; con la gravedad de que esto se hace sin establecer un Poder Constituyente para ello.

El proyecto analizado, al igual que otros en la misma línea, pretende de manera subrepticia la modificación de aspectos esenciales de la organización política y económica del Estado costarricense, vbgr. el régimen de autonomía universitaria plena, como instrumento de protección acentuada de los derechos fundamentales a la cultura y la educación superior. Estos aspectos estructurales esenciales del Estado costarricense, fueron trazados por el constituyente originario desde la hoja de ruta de la Constitución de 1949.

Una modificación de tal envergadura solamente está permitida mediante una reforma general de la Constitución Política, mediante un Poder Constituyente, y no por vía de reformas parciales. De modo que, reformas parciales de la Constitución, como la que propone, en tanto afecta la estructura esencial del Estado Social de Derecho, en este caso el régimen de autonomía plena de las universidades; son por sí mismas inconstitucionales por el fondo.

Así se sigue, por ejemplo, del siguiente antecedente jurisprudencial de la Sala Constitucional de Costa Rica:

“(…) La Asamblea Legislativa como poder reformador derivado, está limitada por el Poder Constituyente en su capacidad para reformar la Constitución: no puede reducir, amputar, eliminar, ni limitar derechos y garantías fundamentales, ni derechos políticos de los ciudadanos, ni los aspectos esenciales de la organización política y económica del país. Únicamente mediante el procedimiento de reforma general, regulado en el artículo 196 de la Constitución Política y en estricto apego a lo allí dispuesto, se podría intentar una reforma de tal naturaleza. Habiendo llegado a este punto del razonamiento judicial, es pertinente aclarar que la reforma parcial o total de la Constitución Política no se refiere a la cantidad de normas reformadas, sino que apunta a un aspecto cualitativo (…) en el sentido de que si al pretendida reforma implica variación de aspectos esenciales de la vida político-social y económica de la nación, o restricción a derechos y garantías fundamentales, y aún cuando lo sea de una sola norma constitucional -o de uno de sus incisos-, no podría la Asamblea Legislativa, mediante el procedimiento de reforma parcial, aprobar la reforma sin violentar toda la Constitución.”( Voto 2006-002288 de la Sala Constitucional de Costa Rica. de La negrilla y los paréntesis no están en el original.)

CONCLUSIONES

Por todo lo argumentado previamente, respecto del proyecto de REFORMA DEL ARTÍCULO 176 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA QUE PREVALEZCA EL PRINCIPIO DE EQUILIBRIO FINANCIERO SOBRE AUTONOMÍAS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIZADAS, EXPEDIENTE No.22266; este Instituto de Investigaciones Jurídicas concluye:

1. Que el artículo 176 de la Constitución Política debe interpretarse de manera sistemática con los numerales 84 y 85 de dicha carta fundamental, en el sentido de que deben implementarse criterios de razonabilidad en la construcción del presupuesto para la Universidad de Costa Rica, pero que a la vez aseguren la autonomía económica y la vigencia real y efectiva de los derechos a la cultura y la educación superior que esta pretende alcanzar.

Si el artículo 176 mencionado se reformase desde los parámetros que impone la ley 9635 sobre las finanzas públicas, esto implicaría el uso de un mecanismo espurio para la modificación del texto constitucional, ya que en el fondo ese numeral y los parágrafos 84 y 85, y con ello el régimen de autonomía universitaria plena, estarían siendo cambiados desde una ley formal, con rango normativo inferior al de las normas constitucionales.

2. – Que la autonomía universitaria plena (y entre ella, la autonomía económica), es un medio para la tutela acentuada de los derechos fundamentales a la cultura y la educación superior de los costarricenses.

Respecto de dicha autonomía, y de los derechos fundamentales que asegura, el Estado Costarricense tiene el mandato de garantizarlos y materializarlos progresivamente, así como también la prohibición de desmejorarlos o afectarlos regresivamente.

El proyecto de ley sometido a consideración de la Universidad de Costa Rica, vulnera los principios de progresividad y no regresión, y posibilita un franco retroceso en cuanto a las condiciones económicas propias de la autonomía universitaria, en demérito de los derechos a la educación superior y a la cultura. Esto contraviene lo establecido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular lo estipulado en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

3.- Que el proyecto analizado es inconstitucional por el fondo, en el tanto que en realidad, se busca modificar la estructura esencial del modelo de Estado Social de Derecho y con ello, limitar y desmejorar los derechos fundamentales económicos, sociales y culturales que le son inherentes.

Una modificación de tal envergadura solamente está permitida mediante una reforma general de la Constitución Política, mediante un Poder Constituyente, y no por vía de reformas parciales, como la que ahora se propone.

Dado en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, a las 16:40 horas del 20 de junio de 2022.

Prof. Dr. Gustavo Chan Mora

Director

Instituto de Investigaciones Jurídicas

Universidad de Costa Rica

 

Prof. Dr. Gustavo Chan Mora Director
Director IIJ-UCR

Una propuesta inofensiva

Óscar Madrigal

El sector patronal propuso un aumento de salarios del 1%.  Es ridículo e insensible dicen algunos dirigentes sindicales.

La patronal propone ese monto porque los sindicatos propusieron un 2,48%.

La propuesta patronal la justifican en que la economía ha crecido débilmente y no homogéneamente.

Hace algunos días el Gobierno y las cámaras patronales proclamaron jubilosas que el crecimiento económico (del PIB) había sido del 7% e incluso podría llegar al 9%.

Hay crecimiento cuando se trata de justificar el endeudamiento, pero no hay cuando se trata de aumentar salarios.

CRHoy informaba el 20 de junio pasado que “En mayo pasado se cumplieron 17 meses seguidos de que los salarios reales caen en picada, con lo cual alcanza ya el nivel MÁS BAJO DESDE 1991 y el QUINTO MÁS BAJO DESDE 1984. Los datos provienen de forma oficial del Banco Central.”

Ese mismo medio informaba en octubre de 2021: “El ingreso actual de la gente no solo está 2,82% (por debajo) de lo que estaba en 2017, sino que también a eso hay que sumarle la pérdida de valor del poder adquisitivo.

Desde 2017 a la fecha la inflación acumulada ha sido del 8.48%. O sea, los costarricenses no solo somos un 2,82% más pobres que en 2017 por la caída real de los ingresos, sino que también un 8,48% adicional por el efecto inflacionarios”.

Esta información es del año 2021 y la inflación ha sido mayor este año.

Además de esta pérdida en la capacidad adquisitiva de los salarios, hay que agregar el efecto de la devaluación de la moneda que es cercana a un 9%, con lo cual estamos hablando de un empobrecimiento mayor de los sectores populares.

Algunas organizaciones quieren aparecer seguramente como muy técnicas pero lo único que hacen es meterse en la camisa de fuerza del sistema y jugar el juego que le marquen.

El peligro no es que nos convirtamos en irresponsables, es que nos convirtamos en inofensivos.

Trabajos de posgrado en infraestructura ambiental

Recorrido en Chiflón y con comunidad junto con estudiantes de la Universidad de Darmstadt para trabajo final de posgrado en diseño de Modelos en Infraestructura Ambiental para Río Cañas, Aserrí. Observatorio Ciudadano del Agua (OCA) Río Cañas, Aserrí y Escuela Socio Ambiental de Caraigres.

 

Compartido con SURCOS por Ítalo Fera Fallas.

Taller Eco-Mojones por el río Poás

Observatorio Ciudadano del Río Poás arranca con la construcción de sus eco-mojones

El pasado sábado 25 de junio de 9 a.m. a las 12:00 m.d. vecinas, vecinos, estudiantes de la UCR, personal de Cruz Roja y de la ASADA de Poás y Bo. Corazón de Jesús en Aserrí, iniciaron con su 1er Taller de Eco-Mojones por el Río Poás.

Aprendieron a crear mezcla de cemento, cortar varilla de construcción y aprovechar plásticos de un solo uso, con el objetivo de construir mojones para delimitar la zona de protección de nuestro río.

En este enlace podrá ver el álbum de fotos de la actividad: https://www.facebook.com/media/set?vanity=ASADAPOASDEASERRI&set=a.2244226039072785 

 

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

Programa Alternativas. Ley de Empleo Público: Estado de la Cuestión ¿Qué hacer?

Se le invita a sintonizar el programa Alternativas, del Colectivo Reflexión – Acción, el próximo viernes 01 de julio a las 6 p.m. 

En esta edición, se discutirá sobre la Ley Marco de Empleo Público, N° 10159, recientemente aprobada.

Como personas invitadas participarán:

  • Jorge Coronado, sociólogo y activista social con especialidad en Economía Política.
  • Marielos Aguilar, docente jubilada e historiadora.
  • Manuel Hernández, abogado e insumiso libertario.
  • Albino Vargas, luchador social y secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) desde hace 31 años

Se le invita a ver el programa vía Facebook Live, YouTube, o a escuchar el programa por Radio 16, 1590 AM.

Sus preguntas y comentarios son parte importante del programa; se le insta a realizarlas en la sección de comentarios de las distintas redes sociales de Alternativas.

Programa Alternativas: Prevención de riesgos geológicos y meteorológicos en Costa Rica – video

El pasado viernes 24 de junio del 2022, en el programa Alternativas, se desarrolló el tema: “Prevención de riesgos geológicos y meteorológicos en Costa Rica”.

Como personas invitadas participaron:

  • Sergio Mora, doctor en Ingeniería Geológica.
  • Kattia Carvajal, Ingeniera Agrónoma.
  • Iván Brenes, Cirujano General.
  • Jeudy Ortiz, Ingeniero en la Municipalidad de Atenas.

Costa Rica ocupa el octavo lugar en exposición a desastres y el noveno en condiciones de desigualdad, a nivel mundial. Los expositores realizan un recuento de algunos incidentes como la sequía del 2014, las inundaciones en el Caribe en 2015, el Huracán Otto en 2016 y la Tormenta Tropical Nate en 2017.

Estas personas expertas apelan a conceptos como adaptabilidad, mitigación, resiliencia de los territorios y las comunidades frente a la variabilidad climática. Visibilizar los planes de gestión de riesgo desde las distintas instituciones en Costa Rica es parte de los propósitos del programa, con el fin de no solo conocer la problemática, sino también sus soluciones.

Se le invita a sintonizar la grabación del programa accediendo al siguiente enlace: https://fb.watch/dYoybFshQE/

Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe

El siguiente documento fue elaborado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para la cuarta reunión de Secretaría Técnica de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.

En éste, se analiza el impacto que la pandemia por el COVID-19 tuvo en los países de Latinoamérica dado el contexto ya conocido de la región por sus grandes desigualdades, aumentadas por el embate de la guerra entre Rusia y Ucrania. En el documento se plantean recomendaciones para la recuperación de las naciones latinoamericanas, no sólo en el tema de la pandemia sino que en otros temas de interés social.

 

Compartido con SURCOS por German Masís Morales.