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Autor: María José Ferlini Cartín

Proyecto »Respira UCR» es reconocido por la OCDE

En mayo del 2021, la UCR anunció que había culminado la construcción de forma exitosa de diez ventiladores mecánicos del proyecto Respira UCR, los cuales cumplen con todos los estándares de calidad establecidos para un dispositivo de alta tecnología. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

El desarrollo de ventiladores mecánicos durante la pandemia para pacientes con COVID-19 es una innovación tica destacada entre 30 iniciativas del mundo

En marzo de 2020, cuando se inició la pandemia por el COVID-19 en Costa Rica, un grupo de investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR) comenzó el diseño y la construcción de un prototipo de un ventilador mecánico de emergencia.

Se trataba al principio de un aparato rudimentario pensado para su uso de forma libre en la atención primaria y que podía ser aplicado de manera ambulante.

Un grupo de especialistas de ingeniería, física y artes plásticas fueron los autores del invento, al que denominaron Respira UCR. Este se basó en la idea de unos jóvenes ingenieros de España, quienes construyeron de forma casera un respirador en madera y liberaron en Internet los planos y las instrucciones de montaje de la innovación. 

La iniciativa se creó para cubrir las necesidades de asistencia respiratoria ante una eventual saturación de los hospitales nacionales, como había ocurrido en varios países.

Conforme la iniciativa avanzó, las expectativas técnicas y científicas fueron creciendo, hasta convertirse en un proyecto mucho más sofisticado, que atrajo la atención de las autoridades del Gobierno, de la empresa privada y de algunas representaciones diplomáticas en nuestro país. 

La experiencia culminó de forma exitosa con la construcción de diez ventiladores, los cuales cumplen con todos los estándares de calidad establecidos a nivel internacional para un dispositivo biomédico de alta tecnología, de clase tres.

Esto fue posible gracias al talento de científicos costarricenses, aunque también a la colaboración de decenas de personas y entidades, tanto públicas como privadas, nacionales y extranjeras, que aportaron ayuda financiera, materiales y en algunos casos su conocimiento.

Precisamente, esta sinergia de varios sectores en medio de una emergencia sanitaria fue el factor clave del proyecto Respira UCR destacado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre las mejores iniciativas biomédicas a nivel mundial.

La evaluación

Según el documento de la OCDE Cocreación durante el COVID-19. Treinta casos de estudios comparativos internacionales, el proyecto de la UCR ilustra la importancia de relacionar la investigación científica y las capacidades de producción para la elaboración de equipos médicos que son necesarios.

Las iniciativas de creación conjunta alrededor del orbe fueron evaluadas por la Dra. Muthu de Silva, académica de Birkbeck, Universidad de Londres, junto a los profesionales Orlagh Lavelle, Nikolas Schmidt y Caroline Paunov, de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE.

El Dr. Eduardo Calderón Obaldía, de la Escuela de Ingeniería Mecánica, y el Dr. Elian Conejo Rodríguez, de la Escuela de Física, forman parte del equipo que ideó y construyó e prototipo de un ventilador mecánico durante la pandemia. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

El grupo de expertos tomó en cuenta las características principales de las iniciativas, incluida la información sobre los socios clave de creación conjunta y sus contribuciones, los resultados clave y el tamaño de las iniciativas.

Además, recopilaron información sobre cuáles instrumentos de creación conjunta se utilizaron, cómo se construyeron las redes que llevaron a la colaboración, qué tipo de cooperación interdisciplinaria tuvo lugar y qué papel jugaron los gobiernos en el proceso.

También, se analizaron los procedimientos adoptados para hacer frente a la “excepcionalidad” del COVID-19, incluida la urgencia de producir soluciones implementables, se resume en el documento de la OCDE.

Unión de esfuerzos

El reconocimiento de la OCDE fue otorgado en agosto del 2022 junto a otros 29 proyectos de cocreación provenientes de 23 países, entre estos Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Japón, Canadá, Italia, Bélgica, Reino Unido, México y Alemania.

De acuerdo con la publicación, el término cocreación se refiere a la producción y la innovación conjunta entre la academia, la industria, el sector público y la sociedad civil, para responder a los desafíos planteados por la pandemia.

“Una de las cosas que nos llamó la atención fue oír comparándonos con Finlandia y con otros países nórdicos, en donde la inversión de diferentes proyectos para la mitigación del COVID era de hasta 2 000 millones de euros. Los presupuestos eran muy elevados a diferencia de los nuestros”, subrayó el Dr. Elian Conejo Rodríguez, uno de los investigadores de Respira UCR y profesor de la Escuela de Física.

Otro de los artífices del proyecto, el Dr. Eduardo Calderón Obaldía, profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica, recordó que iniciaron el trabajo sin financiamiento. “Nosotros partimos de cero colones y llegamos a recolectar $90 000 tocando puerta por puerta”, rememoró.

La cocreación en la iniciativa costarricense se produjo entre la UCR, la empresa farmacéutica multinacional Roche; la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma), Elvatron, Servimetal y el Hospital Metropolitano de Costa Rica, para desarrollar un prototipo de un ventilador mecánico usando recursos y materiales locales. 

La innovación contó además con el financiamiento de las embajadas de Alemania, Suiza, Corea y China y con la asesoría de expertos del Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 (Ceaco).

Los equipos fueron sometidos a ensayos con simuladores de última generación del Centro de Simulación en Salud de la UCR. Igualmente, se sometieron a pruebas preclínicas en biomodelos porcinos.

El prototipo del ventilador mecánico Respira UCR fue sometido a ensayos con simuladores de última generación. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Respira UCR fue el único proyecto biomédico de los desarrollados en las universidades públicas que completó las pruebas preclínicas.

En Costa Rica existe un vacío legal para efectuar pruebas clínicas con humanos en dispositivos de clase tres, hechos localmente y para su uso en el ámbito nacional, ya que el país no cuenta con una industria de equipos biomédicos específicamente para el mercado local.

Esto implicó una limitación para el proyecto, que se vio imposibilitado de avanzar y cumplir con todas las etapas para lograr la inscripción de los ventiladores en el Ministerio de Salud.

Este proyecto, comentó Calderón, “generó una reacción positiva en el Gobierno”, de manera que estuvieron en comunicación con el anterior ministro de Salud, Daniel Salas Peraza; el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya Hayes, y el expresidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, para la donación de los ventiladores.

Una parte del éxito del proyecto recayó en la interacción entre los distintos especialistas, “de la parte mecánica, eléctrica, en las pruebas de campo con los médicos del Ceaco, que era donde estaba ubicado el foco de la pandemia en ese momento”, expresó Conejo.

Calderón consideró que como costarricenses debemos creer en nosotros mismos, “en que tenemos la capacidad para hacer las cosas del primer mundo”.

Dentro de los 30 proyectos distinguidos por la OCDE, únicamente hay iniciativas de tres países latinoamericanos: Costa Rica, Chile y México. Nuestro país tiene dos proyectos incluidos en la categoría de las iniciativas médicas innovadoras, Respira UCR y Fab Helmet, de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), otra universidad pública.

Los investigades de Respira UCR prevén publicar a corto plazo al menos dos artículos científicos: uno que va a difundir el prototipo técnico y formativo del dispositivo y un segundo artículo acerca del protocolo que se siguió en la fase preclínica.

“Se pusieron la camiseta, todos nos pusimos la camiseta”, concluyó el Dr. Calderón.

 

Patricia Blanco Picado
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Karol Quesada Noguera
Asistente de la sección de Prensa de la Oficina de Divulgación e Información (ODI), UCR

Cubanos residentes en Costa Rica apelan a embajadora de EEUU

San José, 13 oct (Prensa Latina) Cubanos residentes en Costa Rica apelaron hoy a los buenos oficios de la embajadora de Estados Unidos en este país, Cynthia Telles, para que su gobierno flexibilice las sanciones económicas contra Cuba.

La misiva de la Asociación Cultural de Cubanos Residentes en Costa Rica «Antonio Maceo» a Telles fue entregada por su presidente, Juan Mesa, en la embajada de Estados Unidos en esta capital.

Apunta que «apelamos a sus buenos oficios para expresarle al gobierno de los Estados Unidos, la necesidad de que, en estas complejas circunstancias, se flexibilicen las sanciones económicas que mantiene el gobierno de Estados Unidos contra Cuba».

Ante todo, expresamos nuestras más sentidas condolencias al pueblo norteamericano, por las pérdidas de vidas ocurridas durante el paso del huracán Ian por Florida y por otros estados de los Estados Unidos. Vaya aquí nuestra solidaridad con los miles de damnificados, indica la misiva.

Refiere que los suscriptores son cubanos residentes en Costa Rica y señala que Cuba, nuestro país de origen, también ha sufrido el efecto del meteoro y lamenta la pérdida de dos vidas humanas, y hay miles de damnificados.

Tras referir que mantienen una relación de respeto y solidaridad con nuestra gente en la isla y con nuestro país, cubanos residentes en Costa Rica sostienen que en Cuba residen la mayoría de sus familiares.

Detalla que la destrucción que ha provocado el huracán en la isla ha sido tan intensa como en Florida y añade que Cuba necesita recursos y financiamiento para una pronta recuperación.

«Hoy en día, el embargo imposibilita o limita la llegada de esos recursos», insisten los integrantes de la Asociación.

Asimismo, prosiguen, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, una decisión sin fundamento establecida en los últimos días de la administración del expresidente Donald Trump, afecta gravemente al pueblo cubano.

Afirman que sería un buen paso en la dirección correcta, que se sacara a Cuba de esa lista espuria, pues -aseveran- esa inclusión provoca afectos negativos para todas las personas que viven en la isla.

«Deseamos que de la estela de muerte y destrucción que provocó el huracán, se levanten olas de solidaridad entre los pueblos de los Estados Unidos y Cuba. Que este momento sea una oportunidad para traer la distensión de las relaciones entre los dos gobiernos y que se beneficien ambos pueblos», subrayan los integrantes de la Asociación.

La misiva concluye con «anhelamos que este sea un momento en que se sienten las bases para la normalización de la relación entre ambas naciones. La situación es crítica, es urgente actuar. Los pueblos de Cuba y Estados Unidos lo agradecerán».

 

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/2022/10/13/cubanos-residentes-en-costa-rica-apelan-a-embajadora-de-eeuu

El proyecto de “Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior” violenta la autonomía de las universidades públicas y la institucionalidad

José María Gutiérrez
Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica

Se encuentra en la corriente legislativa el proyecto denominado ‘Ley Reguladora del Fondo Especial para le Educación Superior’ (expediente N° 23.380), presentado por el Poder Ejecutivo. Dicho proyecto violenta de manera flagrante aspectos centrales de la autonomía universitaria y, de aprobarse, tendría serias consecuencias para la institucionalidad del país.

¿Qué es la autonomía universitaria?

Al calor de la discusión de este proyecto, conviene refrescar el concepto de autonomía universitaria. “La autonomía incluye la libertad académica o de cátedra, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios y para decidir sobre el uso de los recursos que les provee el estado. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión. En el caso de Costa Rica, la autonomía universitaria está claramente establecida en los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política. El cumplimiento de la misión académica, cultural y social de las universidades públicas requiere del ejercicio de la plena autonomía, para que puedan ser un espacio de pensamiento y acción libres, no supeditados a los poderes fácticos, sino al servicio de toda la sociedad.” (Gutiérrez, 2021).

¿Por qué violenta este proyecto la autonomía universitaria?

El artículo 4 del proyecto propone la creación del Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, que estaría constituido por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y por cuatro ministros o ministras del gobierno.

El artículo 5 dice textualmente: “Corresponderá al Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal promover, fiscalizar y evaluar los resultados del financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal. Para estos efectos deberá elaborar un Plan de Desarrollo de la Educación Universitaria Estatal, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, las perspectivas de desarrollo de la investigación y extensión universitaria al crecimiento económico, social y ambiental del país. Este plan deberá definir metas, indicadores y resultados esperados de corto, mediano y largo plazo.  Para lo cual se elaborará un plan quinquenal y se definirán informes a los tres años del plan y al finalizar el quinquenio.”

En otras palabras, el proyecto propone crear un nuevo organismo, con la participación de cuatro ministros o ministras, el cual elaboraría un plan nacional de desarrollo universitario, definiría metas, indicadores y resultados esperados. Es decir, el accionar de las universidades públicas estaría supeditado a este órgano y, para efectos prácticos, pasaría a ser controlado en gran medida por las autoridades de los gobiernos de turno. Esto liquidaría, en la práctica, el ejercicio de la autonomía universitaria, con todas las implicaciones que esto tendría.

El texto del proyecto de ley refleja un desconocimiento enorme del concepto de la autonomía universitaria. Por ejemplo, se dice que “es evidente que la autonomía universitaria está circunscrita a la parte organizativa de las instituciones y a las facultades de autogobierno de las universidades públicas costarricenses”. La constitución política y diversas resoluciones de la Sala Constitucional muestran, por el contrario, que la autonomía va mucho más allá de la parte organizativa de estas instituciones, ya que incluye decisiones y ámbitos que involucran muchos otros aspectos de la vida institucional, como señala la definición al inicio de este ensayo.

Resulta paradójico que el texto del proyecto recurra a citas de la Sala Constitucional para apoyar la propuesta, tergiversando el espíritu de varias de ellas, e incluye una cita (Voto 1313-03) que más bien confirma que este proyecto contradice los pronunciamientos emitidos por dicha Sala. En dicho voto, con respecto a la autonomía, se indica que: “…significa, para empezar con una parte de sus aspectos más importantes, que aquéllas (se refiere a las universidades, aclaración nuestra) están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden auto determinarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio”. Los artículos 4 y 5 del proyecto de ley arriba citados contradicen drásticamente este texto de la Sala Constitucional.

¿Por qué es esencial mantener la autonomía universitaria?

Las universidades públicas cumplen roles esenciales en la vida del país. Por un lado, generan amplios contingentes de profesionales de excelente calidad que nutren los espacios privado y público del país. Un reflejo de esto es la alta empleabilidad de las personas que se gradúan de dichas instituciones. Además, las universidades son el principal reservorio de ciencia y tecnología de Costa Rica. Son centros que tienen una enorme proyección a la sociedad a través de múltiples formas de extensión que llegan a amplios sectores de la población en todo el país. Esta multiplicidad de aportes ha sido posible gracias al ejercicio de la autonomía.

Tan importante como lo anterior es el hecho de que, gracias a su autonomía, las universidades públicas son centros permanentes de reflexión sobre la realidad nacional. Este ejercicio de análisis, ejercido de forma autónoma, es fundamental, pues genera insumos de pensamiento y conocimiento que iluminan amplios aspectos de la vida del país. El trabajo universitario no debe estar regido por decisiones que emanen de los poderes políticos, pues ello aniquilaría ese sentido de reflexión permanente para convertirse en simples ejecutoras de políticas emanadas de poderes fácticos. Ello no implica de ninguna manera que las universidades no tengan una coordinación activa y profunda con los planes nacionales de desarrollo y con las instituciones del estado. Esta relación existe y siempre ha existido. Pero debe darse en el marco de su autonomía.

Lejos de lo que algunos piensan, incluyendo sectores del actual gobierno, el país necesita, para garantizar un desarrollo próspero y con equidad, de la existencia de universidades autónomas, en las que se estudie la realidad nacional y se cultiven saberes diversos, en un permanente ejercicio de reflexión, investigación y formación. También necesita la forja de profesionales que no solo sean competentes técnicamente, sino que posean una visión amplia de la realidad y puedan ser personas creativas, innovadoras y solidarias. Y requiere instituciones de educación superior que no solo respondan a los intereses de sectores políticos y económicos específicos, sino que sirvan a toda la sociedad. Estas metas son posibles de alcanzar solamente en el contexto de instituciones verdaderamente autónomas.

Por este medio hago un llamado vehemente a las señoras diputadas, a los señores diputados, a los partidos políticos, a las comunidades universitarias y a la ciudadanía en general a rechazar de manera enfática el proyecto de la “Ley Reguladora del Fondo Especial para le Educación Superior”. Nuestro país no merece semejante retroceso en su institucionalidad.

Referencia citada

Gutiérrez, J.M. (2021) Reflexiones desde la Academia. Universidad, Ciencia y Sociedad. Editorial Universidad de Costa Rica.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Asociación de Empleados se opone a idea de eliminar al SENARA

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

El Comité Ejecutivo de ASES acordó la elaboración de una circular en la cual se expongan los criterios por los cuales rechazamos la iniciativa de desaparecer al Senara.

Son momentos en que todos, indistintamente, estén asociados o no, y nos manifestemos en contra de las acciones gubernamentales que atentan contra la institucionalidad costarricense. Hay que unirse en una sola voz por Costa Rica.

Ante la rápida circulación y consulta de 4 horas para dar respuesta o emitir criterios con respecto ley orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del sector *agropecuario, pesquero y rural nuestra organización desea dejar manifiesto el total desacuerdo a dicha iniciativa, más aún tomando en cuenta que el artículo 20., PRETENDE Modificaciones de la Ley No 6877 ¨Crea SENARA (Servicio Nacional Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento) ¨.

Se modifican los artículos 1,2, 3 incisos a), b), f) y k), 4, 7, 12, 16, 17 y 18 de la Ley N° 6877 Crea SENARA (Servicio Nacional Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento) de 18 de julio de 1983 y sus reformas, para que en adelante dispongan:

 “Artículo 1-. Créase la Dirección de Riego y Avenamiento en adelante (DIRA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería.”

ARTÍCULO 2º.- Son objetivos de la DIRA:

  1. a) Fomentar el desarrollo agropecuario en el país, mediante el establecimiento y funcionamiento de sistemas de riego y avenamiento.

“Artículo 3.- Son funciones de la DIRA:

  1. a) Proponer y ejecutar una política justa de aprovechamiento y distribución del agua para fines agropecuarios, en forma armónica con las posibilidades óptimas de uso del suelo y los demás recursos naturales en los distritos de riego.
  2. b) Desarrollar y administrar los distritos de riego y avenamiento

(…)

  1. f) Adquirir conforme con lo establecido en la Ley 9286, de 11 de noviembre de 2014, bienes y derechos necesarios para establecer, integrar o modificar las áreas de distribución de riego y asentamiento de manera que a una justa distribución de la tierra corresponda una justa distribución del agua.

(…)

  1. k) Orientar, promover y ejecutar programas nacionales de investigación y capacitación para el desarrollo de todas las actividades relacionadas con el riego y drenaje en coordinación con las dependencias afines de la enseñanza superior.

“Artículo 4.- Corresponderá a la DIRA promover la coordinación y colaboración con otras instituciones y entidades competentes, en las siguientes actividades:

  1. a) Mejoramiento, conservación y protección de los suelos en los distritos de riego y avenamiento, así como en las cuencas hidrográficas del país.
  2. b) Diseño, construcción y mantenimiento de las obras de riego y avenamiento.
  3. c) Prevención, corrección y eliminación de todo tipo de contaminación de las aguas en los distritos de riego.
  4. ch) Elaboración y actualización de un inventario de las aguas nacionales, así como la evaluación de su uso potencial para efectos de su aprovechamiento en los distritos de riego.
  5. d) Elaboración y mantenimiento de los registros actualizados de concesionarios de aguas en los distritos de riego.
  6. e) Aprovechamiento múltiple de los recursos hídricos en los distritos de riego.
  7. f) Construcción y mantenimiento de las obras necesarias para la conservación y renovación de los mantos acuíferos aprovechables para las actividades agropecuarias en los distritos de riego.

Ante tal situación, el Comité Ejecutivo de ASES considera que:

Desde la perspectiva institucional la propuesta de creación de la DIRA viene a representar un retroceso y desatención de los principios que sustentan la creación del SENARA.

Si bien es cierto hay aspectos de la propuesta que hoy no atiende el SENARA, estos pueden potenciar y ampliar su ámbito de acción, por lo que más bien podrían ser incluidos dentro de la ley de SENARA y de esta manera brindar un mejor servicio a la sociedad.

Dadas las condiciones actuales asociadas a cambio climático (requerimientos de riego, drenaje, control de inundaciones y gestión de recurso hídrico) lo ideal es fortalecer la institución con propuestas tecnológicas, financieras, técnicas, recurso humano y ampliación de la capacidad instalada.

La creación de la DIRA viene a separar y desconcentrar el accionar del país en los temas que atiende la institución y no garantiza un crecimiento en cuanto personal para atender la alta demanda de servicios que se tiene.

La condición del SENARA como entidad autónoma le ha permitido generar una rica experiencia en aspectos técnicos y legales, de alta eficiencia en los procesos de licitación y contratación de obra pública, que se puede perder. Situación que redundaría en amplios, extensos y tediosos procesos con la figura de la DIRA, al depender de la Proveeduría Nacional y la figura del ministro para desarrollarlos. Esta situación estaría en contra de las políticas de estado en temas de eficiencia, atención al cambio climático, seguridad alimentaria, gestión de recursos hídricos y otros.

Deben tomarse en cuenta los pronunciamientos de la sala IV en relación con los criterios del SENARA relacionados con la gestión del recurso hídrico. Lo establecido en la propuesta más bien debe ser considerado para ampliar y fortalecer los alcances y servicios institucionales para la atención y propuestas de soluciones a los problemas que se presentan en carreteras, zonas de alta vulnerabilidad y riesgo.

La cobertura de acciones que el SENARA realiza a nivel comunal y municipal parece ser desconocida en la propuesta, lo cual representa un riesgo para la defensa de la población en los temas asociados a la gestión del recurso hídrico.

Durante los últimos 20 años la institución ha asumido un papel importante en la solución de problemas asociados al control de inundaciones. Ha propuesto e implementado procedimientos que han dado resultados positivos, lo cual ha sido bien visto por la CNE y las comunidades beneficiadas. De ahí el nombramiento constante del SENARA como unidad ejecutora.

Si bien es cierto que también existe la Dirección de Obras Fluviales del MOPT, parece que su alcance es mucho más limitado que el de SENARA. Se requieren propuestas que permitan constituir en el SENARA la unidad de control de inundaciones y de esta forma, concentrar a nivel país todo el accionar asociado a esa temática.

El tema de control de inundaciones no se resuelve pasando a la CNE el personal calificado con la experiencia generada en el SENARA. Cada vez es más evidente la necesidad que tiene el país de una entidad que atienda al 100% este tema y el SENARA tiene el potencial para hacerlo.

Ante tal situación, el Comité Ejecutivo de ASES considera que:

El desmembramiento del Senara, institución de gran vigencia y relevancia en la actualidad por generar adaptación al cambio climático en un sector muy vulnerable, constituye un riesgo para la población al ser desatendidas las competencias institucionales y desprotegiendo los recursos hídricos.

El Senara tiene más de 40 años de experiencia en elaboración de estudios hidrogeológicos, investigación y caracterización de acuíferos y su relación con las aguas superficiales, con el objetivo fundamental de garantizar la disponibilidad del recurso hídrico.

Por otra parte, SENARA ha elaborado los Planes de Aprovechamiento Sostenible (PAS), planes cantonales de gestión del recurso hídrico y apoyo a la gestión de líderes cantonales en el manejo y acceso a la información para la sustentabilidad acuífero ambiental que procure el desarrollo de actividades sociales y económicas para paliar los efectos de la pobreza en el país.

Los productos y servicios que genera el SENARA, son vitales y trascendentales para garantizar el derecho humano al acceso al agua en cantidad, calidad y continuidad y a un ambiente ecológicamente sostenible, principios fundamentales de todo el articulado y regulación ambiental de Costa Rica, esto no sería posible sin el arduo trabajo de investigación y gestión sostenible del recurso hídrico que realiza Senara, que por el cual se cuenta con importantes avances en estos temas, apuntando e incidiendo de forma directa y puntual en estrategias como el cumplimiento de los ODS, compromisos adquirido por Estado, e incorporando la Seguridad Hídrica para que todo costarricense cuente con el acceso a este recurso y por ende existan mejores condiciones de vida, oportunidades y desarrollo e inversión en igualdad de condiciones.

Adicionalmente, se identifican graves falencias y omisiones en la redacción de la propuesta:

El Transitorio V desconoce o subestima que el personal especializado en Control de Inundaciones es el mismo que está especializado en riego y avenamiento, ya que el personal humano de la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, encargados de la ejecución de estas competencias, es el mismo.

No se hace un planteamiento claro y contundente, en el texto del proyecto de Ley, acerca del traslado o no del personal institucional, así como sus recursos materiales. El tema del personal solo se menciona en el Transitorio V y con referencia a personal técnico especializado.

El proyecto de ley no hace mención, en ninguno de sus artículos, al destino de las competencias y el personal de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica. Así también se desconoce la posición con respecto a todo el material documental y toda la información resguardada y producida por esta Dirección, la cual ha sido costeada con recursos públicos y ha costado millones al país.

El Artículo 16 hace mención del pago de una tarifa por parte de los productores que se encuentren dentro de los distritos de riego y avenamiento y la cual sería estimada por el SNE, el Servicio Nacional de Electricidad estuvo activa entre 1928 y 1996.

Estos comentarios son para visibilizar la ligereza y falta de información a la hora de su redacción, además de la falta de respeto y del poco dimensionamiento de su importancia al conceder tan poco tiempo a la institución para manifestarse. Dicha consulta se emitió el día miércoles 12 de octubre de 2022, fuera del horario institucional, y se concedió tiempo hasta las 11.30 de la mañana de hoy, lo que pone, más en evidencia, la improvisación de este proyecto de Ley el cual ya fue firmado por el presidente y el ministro para su ingreso a la corriente legislativa.

Siendo así las cosas, ASES rechaza de manera contundente este proyecto de Ley y hace un llamado a todos los funcionarios del Senara, sindicalizados o no, para unir fuerzas en defensa de la institucionalidad. Dejemos de vivir ya de este oscurantismo en el manejo de la información pública.

Oscar Centeno Viales.
Secretario General

Asociación de Empleados del SENARA (ASES)

Celebran semana con más de 50 personas de comunidades campesinas, costeras e indígenas 15 años en la Defensa Comunitaria del Territorio

El programa Kioscos Ambientales está celebrando sus quince años junto con las comunidades que defienden sus territorios y los bienes comunes, por segundo año consecutivo organiza la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios que tendrá como eje los intercambios territoriales, generacionales y de saberes.

La actividad tendrá lugar del 13 al 16 de octubre en la Universidad de Costa Rica como sede central, y en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). Participarán cerca de 50 personas, tanto población estudiantil y personal docente de la universidad, así como personas provenientes de distintas comunidades, tales como territorios indígenas de China Kichá, Salitre, Térraba, Crun Shurin, Bribri de Talamanca, Chomes, Guacimal, Guatuso, Los Chiles, Buenos Aires, Oreamuno de Cartago y Santo Domingo de Heredia.

El acompañamiento durante 15 años del Programa Kioscos Socioambientales a distintas comunidades del país ha evidenciado que los conflictos, tanto socioambientales como otros de índole territorial, por ejemplo, el caso de los pueblos indígenas, aumentan y se recrudecen en un contexto nacional de múltiples violencias e impunidad, reflejo evidentemente de las políticas y gobiernos neoliberales que operan sobre nuestro país y en la región latinoamericana.

Defender los derechos humanos, colectivos y culturales, así como los bienes comunes de la naturaleza, ha sido la bandera que izan las organizaciones comunitarias, construyendo alianzas, visibilizando las problemáticas y la desprotección estatal y disputando discursos de odio, profundizados a través de medios de comunicación tradicionales y reproducidos por quienes guiñan con los intereses privados de unos pocos sectores con poder.

Por eso, desde Kioscos, en conjunto con las comunidades que acompañamos, desde el 2021 hemos intentado conmemorar desde el diálogo crítico, abierto y respetuoso, a esas defensoras y defensores que, desde su cotidianidad, crean procesos colectivos que buscan evitar que los rasgos coloniales y patriarcales acaben con la vida en los territorios.

Así nació la Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios. El año anterior, la dedicamos a abordar temas de bienes comunes, migración, lucha por la tierra y por el territorio, este 2022, a partir de las reflexiones a lo largo del año con las organizaciones, se propone como eje central el tema de los intercambios generacionales y de saberes, de manera, que serán las personas jóvenes las participantes centrales de esta Semana, compartiéndonos sus inquietudes, preguntas, reflexiones y alternativas, que buscan continuar con la defensa territorial y el cuido de la vida y de los bienes comunes.

El jueves 13 se realizará el conversatorio Intercambios generacionales para la defensa comunitaria de los territorios, a las 6:00 pm en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura de la UCR. El viernes 14 se realizará un taller en el Edificio de Educación Continua de la UCR, en el que 20 estudiantes podrán participar (formulario para inscribirse es el siguiente: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScXd6w8hff…/viewform…,) y el sábado 15 las personas de las comunidades tendrán 2 giras simultáneas a Santo Domingo de Heredia, para conocer e intercambiar experiencias en torno a la lucha por el Río Virilla, y a Cipreses de Oreamuno, en Cartago, para conocer a profundidad la realidad de esta comunidad frente a la desprotección y contaminación de las nacientes de agua con agroquímicos.

El foro del jueves es abierto a todo público. Desde Kioscos tenemos el gran interés de seguir fomentando espacios de articulación, encuentro, reflexión y diálogo, para aquellas personas defensoras de la vida y de sus territorios.

Informes con José Mora, coordinador del Programa Kioscos Socio ambientales UCR al tel. 2511-6221

Una historia de superación y perseverancia

Por allá de 1993, la familia Casemiro originaria de Cuba, después de sobrevivir en un contexto económico y social complicado, decidió utilizar la fuerza de trabajo familiar para emprender hacia un proyecto de agricultura sostenible.

Dicho proyecto se origina de la mente de José Antonio Casemiro y no sería hasta 7 años después que se comenzaría a materializar, con el uso de recursos disponibles, herramientas innovadoras creadas por Don José, como la JC21A, una herramienta con 21 diferentes usos y la tracción de animales domésticos. 

Gracias a la incorporación de familiares al ámbito educativo, lograron implementar prácticas productivas que transformaron su paisaje y mejoraron la estructura de la finca, al punto de lograr abastecer la finca con energías renovables sustentables sin el uso de combustibles fósiles.

La familia logró hacer realidad su proyecto agrícola pese a la falta de mano de obra presente en ese contexto y al día de hoy crean sus propios fertilizantes, su sistema de riego, energía limpia y cosechan productos de alta calidad.

“Es hora de retomar el campo y la cultura del campesino”.

Puede acceder a la nota completa en el siguiente video de YouTube:

 

Imagen ilustrativa: MAG

Pujazon, el inmigrante andaluz que ganó seis mundiales

Gabe Abrahams

Raphäel Pujazon (1918-2000) nació en El Campillo (Huelva) en el seno de una familia muy humilde. Su padre era minero en las grandes explotaciones de cobre de Río Tinto y falleció a temprana edad por culpa de las malas condiciones laborales.

Debido a la prematura muerte del padre, la familia Pujazon tuvo que emigrar en busca de un futuro mejor a Alès, una población del sur de Francia.

El joven Raphäel Pujazon, que se había llamado Rafael hasta su llegada a Francia como inmigrante, destacó rápidamente en las carreras de ruta y de campo a través del sur del país, alcanzando la internacionalidad en 1939. Pero la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y la ocupación nazi del territorio francés, detuvieron su progresión.

Finalizado el conflicto bélico, Raphäel Pujazon retomó sus entrenamientos, recuperó su progresión y, superando todo tipo de penurias y adversidades, consiguió dominar con gran autoridad la especialidad atlética del campo a través, tanto en Francia como a nivel internacional.

Pujazon fue Campeón de Francia de campo a través ininterrumpidamente entre 1944 y 1949 y alcanzó la gloria deportiva cuando, luciendo la camiseta francesa, se impuso en el Cross de las Naciones (denominación que recibía por aquel entonces el Campeonato del Mundo de campo a través) en las ediciones de 1946 y 1947.

A esos dos títulos de Campeón del Mundo de campo a través individual que causaron gran admiración a nivel internacional, añadió Pujazon otros cuatro títulos de Campeón del Mundo por equipos con Francia (1946, 1947, 1949 y 1950) y uno de Subcampeón del Mundo individual en 1949.

Jamás un corredor francés había conseguido hasta esa fecha tantos títulos mundiales de campo a través, contando los individuales y los de equipos. Tampoco lo ha conseguido a día de hoy ningún corredor nacido en España.

Aún tuvo tiempo y fuerzas el esforzado Raphäel Pujazon para alcanzar también la gloria deportiva en otra especialidad atlética, la pista. En el Campeonato de Europa de Oslo de 1946, celebrado el mismo año en el que consiguió su primer título mundial de campo a través, Pujazon ganó la medalla de oro en el mítico Bislett Stadium al imponerse con autoridad en la final de los 3.000 metros obstáculos.

Habituado al campo a través de aquellos años con numerosos y aparatosos obstáculos, Pujazon impuso un ritmo en la carrera que no pudieron mantener sus rivales y venció con un registro de 9:01.4. proclamándose Campeón de Europa y consiguiendo el récord de la prueba en el campeonato.

Raphäel Pujazon fue el primer atleta francés y el primer atleta nacido en España en lograr ese título. Y también fue el primer atleta nacido en España en lograr un título europeo. En el Campeonato de Europa de Praga 1978, treinta y dos años después del oro europeo de Pujazon, el marchador catalán Jordi Llopart consiguió el primer título europeo para España al vencer en la prueba de los 50 km marcha.

Las gestas internacionales de Pujazon son impresionantes: seis títulos mundiales de campo a través (1946-1950), una plata individual en la misma especialidad en 1949, un título europeo en pista (3.000 metros obstáculos) en 1946.

Raphäel Pujazon, en medio de esos éxitos, siempre recordó su origen humilde, la condición de minero de su padre y su condición de inmigrante andaluz. Nunca olvidó de dónde venía a pesar de haber llegado muy lejos como atleta.

En sus años de gloria, se desplazó a Barcelona para correr la prueba Jean Bouin en varias ocasiones, prueba que ganó en 1946 y 1949. Y, en una de ellas, ante la prensa, explicó: “Mis orígenes son muy humildes. Mi padre murió en condiciones atroces y tuve una infancia miserable; gracias al pedestrismo logré salir de la pobreza. Dominé primero en Provenza y, tras instalarme en París, seguí consiguiendo éxitos”.

Tras su retirada de la competición, Raphaël Pujazon fue monitor deportivo en la villa de Alès, población en la que el Estadio de atletismo lleva su nombre. En el año 2000, Pujazon falleció en esa misma población, rodeado de discípulos y de aficionados entregados a sus gestas.

Francia lloró su pérdida. Lloró al joven inmigrante andaluz y destacadísimo atleta que, en los duros años de la postguerra mundial, superando todo tipo de adversidades y enfundado en la camiseta de la selección francesa, logró las más grandes victorias a las que un corredor puede aspirar. En España, la tierra que le vio nacer, su figura ha pasado desapercibida.

PVP: Rodrigo Chaves violenta la Constitución Política y es un feroz enemigo de la CCSS

San José, 12 de octubre de 2022
PARTIDO VANGUARDIA POPULAR

Se eligió, en las últimas elecciones, a un presidente arbitrario y prepotente. Tanto, que no le importa el respeto a la ley y pareciera que a la Constitución Política tampoco. Esto evidencia que nunca leyó el texto del Artículo 73 de la Carta Magna que establece lo siguiente: LA ADMINISTRACIÓN Y EL GOBIERNO DE LOS SEGUROS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DE UNA INSTITUCIÓN AUTÓNOMA, DENOMINADA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

Esta norma constitucional tiene la fuerza de roca y no puede ser vulnerada por ningún funcionario y menos por un presidente de la República que juró defenderla. Recuerde presidente Chaves que la voluntad popular no eligió a un dictador y a este propósito copiamos lo que dice el Artículo 11 de la Constitución: LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SON SIMPLES DEPOSITARIOS DE LA AUTORIDAD Y NO PUEDEN ARROGARSE FACULTARSE QUE LA LEY NO LES CONCEDE. DEBEN PRESTAR JURAMENTO DE OBSERVAR Y CUMPLIR ESTA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES. LA ACCIÓN PARA EXIGIRLES LA RESPONSABILIDAD PENAL DE SUS ACTOS ES PÚBLICA.

Su decreto 43 732-H-MTSS-MIDEPLAN es absolutamente inconstitucional. Un galimatías jurídico. Una vergonzosa enredadera para abusar de sus funciones.

Pero también es inhumano porque es una agresión contra los trabajadores quienes todos los días, con su esfuerzo garantizan la vida, la salud y el trabajo de la mayoría de los costarricenses.

La Contralora de la República en la prensa de hoy hace unos breves comentarios al Proyecto de Presupuesto presentado por su Gobierno ante la Asamblea Legislativa. El periodista preguntó: “¿El Presupuesto está dejando por fuera gastos que el Gobierno tiene hacer? Respondió la Contralora: “Estamos hablando de cifras grandes, estamos hablando de cuotas estatales al Seguro de Salud, cuotas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social”.

El presidente Chaves, improvisado por un error del pueblo, resulta ahora feroz enemigo de la Caja del Seguro Social y por esa vía enemigo de la clase trabajadora.

No basta quejarse es necesario luchar porque solo así lograremos una democracia verdadera que nos permita enderezar lo que nació torcido.

Trabajadores agroindustriales denunciarán ante la OCDE violaciones laborales

La Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales (FENTRAG) acudirá ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para denunciar las consecuencias ambientales y laborales de la expansión de empresas agroindustriales que no respetan la legislación y explotan a los trabajadores y trabajadoras al someterlos a ritmos y condiciones de trabajo que afectan su salud.

Denunciarán además que dichas trasnacionales mantienen prácticas inaceptables como la utilización de agrotóxicos que envenenan mantos acuíferos y afectan a las comunidades. Así lo informo Maikol Hernández Arias, Secretario General de la FENTRAG quien participa junto con trabajadores de diversos sindicatos agroindustriales, este jueves y viernes, en el taller sobre “Salud, condiciones de trabajo y medio ambiente en la agroindustria costarricense”, en el auditorio del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (AFINES) en San José.

El taller cuenta con la participación del Dr. Clemens Ruepert, experto de la Universidad Nacional que ha estudiado la contaminación irreversible de los mantos acuíferos como resultado de la utilización de pesticidas utilizados en la producción piñera.

De acuerdo con Ruepert desde, hace dos décadas, equipos interdisciplinarios compuestos por ingenieros agrónomos, economistas agrícolas, microbiólogos, químicos y biólogos de las universidades públicas han realizado estudios en las localidades productoras de piña de la zona sur y la zona norte para determinar la presencia de plaguicidas en el medio ambiente, afectando gravemente este recurso.

Por su parte el representante de FENTRAG detalló que la contaminación en las zonas productoras de piña afecta a los trabajadores y trabajadoras que viven en las zonas aledañas y a las comunidades campesinas que tienen que soportar plagas, la contaminación de mantos acuíferos y se exponen a los abusos en el riego de agroquímicos.

Por lo anterior las comunidades y sindicatos agroindustriales se manifiestan en contra de quienes siembran piñas destruyendo bosques primarios y fuentes de agua, pues esta actividad impacta negativamente en todo el ecosistema.

Costa Rica se incorporó a la OCDE, desde el 25 de mayo del 2021, y asumió como país miembro una serie de compromisos éticos y ecológicos en la forma de orientar el desarrollo productivo.

Además, recientemente el país ratificó el protocolo contra el trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  Igualmente, las empresas que están en nuestro territorio deben cumplir con los estándares internacionales que se auto imponen en sus códigos de ética.

Hernandez detalló que, en nuestro país, se mantienen condiciones de explotación donde muchas de las empresas transnacionales que dominan estos cultivos violan la normativa laboral y ambiental con absoluta impunidad por falta de la inspección del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“Ante esta situación denunciaremos ante la OCDE y otros organismos internacionales, a todas estas empresas y simultáneamente Iniciamos una campaña internacional para informar a las empresas compradoras como a  los consumidores y sindicatos las condiciones en que se producen para que muestren su indignación y exijan al gobierno de Costa Rica cumplir con el protocolo contra el Trabajo Forzoso ratificado por Costa Rica así como también con los estándares ecológicos establecidos por Naciones Unidas.

FENTRAG forma parte de la Rel que es la regional latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Agroindustria y la Alimentación con sede en Ginebra Suiza; la actividad cuenta con el acompañamiento de la Fundación Friedrich Ebert (FES).