Se le invita a participar del Homenaje a Dionisio Cabal Antillón, declarándose “Ciudadano de honor”, a realizarse el próximo martes 21 de junio a partir de las 10:00 a. m. en la explanada de la Asamblea Legislativa.
Puede unirse a esta petición: Benemeritazgo para Dionisio Cabal en la música y la cultura costarricense
La casa de habitación de la mayora cabécar María Esther, madre de varias personas recuperadoras de China Kichá, ha sido objeto de ataques por parte de la familia Rivera.
El pasado viernes 10 de junio, alrededor de las 10:30 a.m. un recuperador cabécar de Kono Jú denunció que las personas que pertenecen a la familia Rivera continúan afectando la casa de habitación de la mayor cabécar María Esther. En esta ocasión arrancaron la cerca, el portón y afectaron las cosechas de doña María Esther con cuchillos y el ganado. La casa de habitación de doña María Esther está ubicada en las inmediaciones de la entrada de Kono Jú y está al lado de una de las casas propiedad de la familia Rivera.
Ya es la segunda ocasión en la que este tipo de afectaciones son denunciadas, siendo la primera el pasado 18 de mayo del presente año. Ese día se registraron tres ataques de la familia Rivera en contra de los y las recuperadoras cabécares y la tensión escaló hasta un ataque con gases lacrimógenos por parte de la Fuerza Pública. Ese día, la familia Rivera tiró piedras y quebró los vidrios de las ventanas de la casa de doña María Esther.
Doña María Esther es una mayora del Pueblo Cabécar y es madre de varias personas recuperadoras de Kono Jú, Sa Ka Keglö Kaska y Yuwi Senaglö. Por ello, los ataques a su casa de habitación no pueden ser excluidos del conflicto ampliado sobre las recuperaciones de tierra-territorio y el rol de la familia Rivera como uno de los principales actores que atentan contra el Pueblo Cabécar de China Kichá.
Una vez más, denunciamos a la familia Rivera por su hostigamiento, acoso y violencia sistemática en contra de las personas recuperadoras cabécares y sus familias. La oleada de violencia que enfrenta el Pueblo Cabécar de China Kicha desde el mes de febrero es responsabilidad de la Fuerza Pública y el Estado costarricense en tanto omiten realizar acciones concretas y reales para garantizar la integridad física, territorial y patrimonial de las personas recuperadoras así como tampoco protegen la vida de éstas personas.
Responsabilizamos al Estado costarricense de cualquier agresión en nuestra contra. La normativa internacional así como la nacional, demandan al Estado la protección integral de los Pueblos Originarios que habitan Costa Rica, cuestión que sigue siendo una deuda histórica.
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
– Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kelpego.
– Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú.
– Recuperadoras y recuperadoras de Sa Ka Keirö Kaska.
– Recuperadoras cabécares de Sa Ka Duwé Senaglö.
– Recuperadoras y recuperadores cabécares de Yuwi Senaglö.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
Las organizaciones sociales están reclamando justicia para el trabajador de Recope que fue la víctima de Michael Soto R. ministro de Seguridad, Alejandro Muñoz V. presidente ejecutivo de Recope y Carlos Alvarado Q. presidente de la República durante la huelga contra el Combo Fiscal en el 2018.
He aquí su historia y juzgue si merecía el calvario que lo han hecho padecer desde el 2018.
Como acusado de un sabotaje a Recope en Moín, llama la atención que, cuando lo detienen, se encontraba descalzo.
En la sentencia, se lee:
Cuando el saboteador es derribado, los funcionarios presentes logran verificar que se trata de un funcionario de Recope, de nombre Carlos Andrés Pérez Sánchez, y que usaba kimono de Recope y se encontraba descalzo.
¿A quién se le ocurre preparar un sabotaje y no amarrarse los zapatos debidamente por si tiene que emprender carrera? O bien, no llevar unos zapatos adecuados para un sabotaje.
Ese día 11 de septiembre, Carlos Andrés había pensado no regresar a las instalaciones de Moín. Llevaba dos días sin pegar el ojo, pues desde el domingo había pasado las noches en vela. La huelga iniciaba el 10 de septiembre, pero los trabajadores de Recope en Moín habían comenzado los preparativos el domingo 9 en la noche. Al amanecer del día 10, ya estaba todo listo para la huelga contra el llamado Combo Fiscal. Aunque él se retiraba durante el día, a eso de las 8 o 9 horas, no descansaba, pues se sumía en las rutinas domésticas. Por esa razón, ese martes había pensado no regresar a Moín; durante el día, en su casa, no reponía el sueño y el cansancio. Sin embargo, como lo había hecho el día anterior, a eso de las 16 horas, emprendió el camino para acompañar durante la noche, por lo menos un rato, a los compañeros que se encontraban fuera de las instalaciones en Moín. ¡Sin sospechar siquiera lo que le depararía el destino! En este caso, el destino se apellidó Soto-Alvarado.
De camino, se encontró con una promoción de tenis en un supermercado. ¡Un regalo, una ganga! Un par de tenis a dos mil colones. Desechó los viejos zapatos, se acomodó los nuevos. Jamás imaginó que esa misma noche sus zapatos nuevos serían como aves migratorias, nunca los volvería a ver, cuando en medio de un parque industrial, un policía, que siempre había trabajado como chófer, le gritó: ¡Tírese al suelo o disparo! A su cerebro, como al de sus compañeros de vigilia, el impulso de la sobrevivencia solo los movió a correr. Pero solo él fue detenido.
Para poder comprender algunos hilos sueltos, o más bien perdidos, de esta historia, hay que aclarar algunos aspectos. El primero se refiere al entrenamiento recibido por los trabajadores cuando ingresan a laborar en las instalaciones de Moín. Como se trata de un parque industrial, se les capacita desde el primer día para una eventualidad riesgosa, para controlar emergencias. Los obreros deben actuar frente a cualquier posibilidad de peligro para las personas o las instalaciones. Les enseñan que quien esté más cerca de la emergencia debe combatirla; ya sea que la pueda detener o dar la voz de alarma.
Por otra parte, esa noche del 11 de septiembre, Carlos se encontró un ambiente más tenso. Había cierta preocupación entre los compañeros que se aglomeraban en las afueras de las instalaciones. Por una parte, la intimidación policial iba en aumento por la injustificada presencia de los antimotines, pues se trataba de un movimiento de protesta pacífica. Por otro lado, intermitentemente, percibían un olor a gas. Pero como el olor no era constante por la presencia del viento, se olvidaba hasta que volviera una vez más. Los trabajadores, que se mantenían en las afueras de la refinadora, sabían que se estaba haciendo una descarga de gas desde un barco. La descarga estaba siendo realizada por tres personas únicamente. La misma, en condiciones normales, requiere la coordinación de un equipo de entre quince y veinte personas, pues es una labor compleja; se necesita regular entre el muelle y el barco, también con los operarios de campo y los supervisores; lo estaban realizando sin las medidas de seguridad requeridas. La alerta era el olor a gas.
¡Tres personas ejecutando un proceso que requiere por lo menos quince!
Hay que agregar que dichos funcionarios no eran del plantel propiamente. No había personal adecuado desembarcando ese gas. Lo estaban llevando a cabo tres personas cuya función no es esa. Uno lo llevaron de San José, es un ingeniero químico; él tenía que revisar el gas y ver si cumplía con la calidad de lo comprado. Pusieron a otro ingeniero que trabajaba en el muelle. El tercer ingeniero era interino. (¡Al interino le dieron plaza en propiedad después de la huelga!)
Entre los trabajadores en huelga, se suscitaba una gran inquietud. ¡Estaban descargando gas sin las medidas de seguridad! A esa angustia, se le sumaron otras. La Refinadora Costarricense de Petróleo cuenta con un equipo de bomberos industriales (SASR Salud, Ambiente y Seguridad Recope), quienes deben dar la primera respuesta en caso de peligro. Ellos laboran 24 horas diarias, es la seguridad industrial; ese grupo da permisos, supervisa los alrededores y es el encargado de cualquier incendio. Ese grupo especial de bomberos fue retirado por la fuerza pública cuando esta tomó las instalaciones de Moín.
Además, de esa situación tan irregular, se le suma otra. El sindicato negocia siempre que se presenta una situación de huelga, la permanencia de dos trabajadores en ciertos puestos para supervisar ciertas zonas como las calderas, por ejemplo; estas no se pueden apagar, porque se enfría el asfalto. Aunque no se esté trasegando combustible, es necesario vigilar ciertos puntos clave. Durante la huelga del 2018, la administración no permitió el control de ciertos puestos. Esta vez, la policía sacó a esos trabajadores el día lunes. Se incumplió ese acuerdo durante este movimiento.
¡La Fuerza Pública tenía el control de todo el plantel!
Continuará.
Las citas son de: Chinchilla, R., García, A. y Rojas, G. (2019). Resolución: 2019-0319 Expediente: 18-000244-1130-PE (7) TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL, Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea.
Compartido con SURCOS por la autora.
Correos de Costa Rica entregó este lunes de manera oficial dos enmarcados del matasellos conmemorativo al 45 aniversario de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en una actividad que inaugura, a su vez, la Feria Filatélica “UNED, pionera de la educación superior a distancia”, en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós, en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós, en la sede central de Mercedes de Montes de Oca.
El matasellos para colección fue entregado por Ligia Oviedo Zúñiga, encargada del Museo Filatélico de Correos de Costa Rica, al Vicerrector de Planificación de la UNED, Álvaro García Otárola. Este matasellos circuló del 28 de marzo al primero de abril de 2022. Sus enmarcados fueron entregados a la UNED para la colección de su memoria institucional.
El diseño gráfico del matasellos incluye a una estudiante con su computadora, lo que demuestra el acceso de las mujeres costarricenses a la educación superior, gracias al esfuerzo de la UNED. Asimismo, deja en la memoria la promoción de la educación a distancia, en este siglo, caracterizada por las nuevas tecnologías.
El sobre presenta en el membrete el nombre de la institución de educación superior, acompañado de dos estampillas de mujeres que han dejado un importante legado para la cultura en Costa Rica, Carmen Naranjo y Eunice Odio.
“Siempre es un honor reconocer, través de la filatelia, el legado de instituciones dedicadas a servir en la sociedad costarricense, no solo a través de sus servicios, sino de su empeño y dedicación en las manos de todos sus trabajadores y trabajadoras”, indicó Oviedo Zúñiga.
“Este producto no solo suma a las colecciones de Correos de Costa Rica, sino a colecciones personales dentro y fuera del país. Colocamos a la UNED en la memoria histórica de muchas personas, dentro y fuera de Costa Rica”, agregó.
Por su parte, el Vicerrector de Planificación de la UNED, García Otárola comentó: “para nosotros, es un honor recibir esta distinción por parte de Correos de Costa Rica. Esta es la cuarta ocasión en que nuestro aniversario ha sido conmemorado con un matasellos y nos emociona conservar esa colección”.
Al referirse a la historia de la UNED y su contribución en el desarrollo nacional, García Otárola señaló la posición alcanzada por la UNED en la edición 2022 del Impact Rankings de Times Higher Education, que mide los aportes de las instituciones al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU.
Recordó que, en esta edición, la UNED obtuvo el primer lugar entre las universidades del país en el ODS 4 (Educación de calidad) y es la única universidad costarricense que este año figura en el ranking en el ODS 1 (Fin de la pobreza).
En el marco de la Feria Filatélica 45 Aniversario de la UNED, estará en exposición en el lobby del Paraninfo Daniel Oduber Quirós una colección temática especial dedicada a la UNED, en su 45 aniversario, por parte de la Asociación Filatélica de Costa Rica, de la cual forma parte el académico de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, César Sancho Solís.
Para más información sobre la venta del matasellos, puede escribir al correo electrónico filatelia@correos.go.cr
Si desea ver la transmisión de la actividad, puede ingresar aquí
Caminos de agua, de Oriana Ortiz Vindas, es un libro que busca recrear las dimensiones psicológicas de los estadios de lo femenino, desde un lenguaje franco y sensible, relegando las concepciones tradicionales que desasocian a las mujeres en ¨santas o putas¨, invitando a quienes decidan embarcarse en esta travesía al caos, al placer y a la integración.
Este es un recorrido bajo la piel, que nos posibilita atravesarnos con una dulzura visceral. Cinco cuentos ficcionales desde una óptica de protagonistas femeninas, donde la delgada línea entre la realidad y las marcas internas se desdibuja palabra por palabra.
Alicia Sabater, Azucena y Jorge, El Amatista, Tito y Un día sin memoria son las estaciones que prometen convertirse en espejo, en esta cíclica fantasía suspirante cual tarde de verano. Las ilustraciones están a cargo de Adriana Rojas Quesada, quien nos regala impresiones vivas del interior de las viajeras contenidas en las historias.
La Editorial Club de Libros, realiza su publicación en este 2022. Con la publicación de esta obra se pretende contribuir a la ruptura de los roles tradicionalmente patriarcales que le han sido relegados a las mujeres. Aunado a resignificar el lugar político de lo privado, como un escenario de construcción social determinante y por supuesto, realizar un aporte a los registros del imaginario femenino.
Sobre la escritora, se autodefine como ¨Curiosa de juegos y palabras para dibujar sus propias metáforas¨, de profesión es periodista y cuenta con una Maestría en Educación Rural Centroamericana. Ganadora del concurso colegial de ensayo de la Academia de Centroamérica 2008. A partir del 2015 realiza publicaciones artesanales de sus cuentos. Participa en la antología poética Memorias desde la Burbuja, Palabra y Punto Bioma Cultural, Costa Rica 2020.
En el 2021 publica el libro de cuentos Memorias de mi tierra, (Editorial Kamuk Costa Rica). En el 2017 se estrena como dramaturga e intérprete de monólogos, dentro de ellos Una maternidad de sueño, Mujer Cíclica. Y el unipersonal Apareamiento, que en el 2021 ganó un LabEscena de la Compañía Nacional de Teatro. Ha incursionado en el campo de la terapia de arte y trabaja con arte plástico y escritura, desde esta dimensión. Si tiene interés de contactarla, puede comunicarse con ella a oriana.ortiz.vindas@gmail.com o al Facebook de https://www.facebook.com/imagina.palabra
El 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores, como un llamado de atención a los Estados y sociedades por la defensa de los derechos de las personas mayores y el goce de sus libertades fundamentales. Al respecto, en esta fecha es pertinente reflexionar sobre conceptos que, lastimosamente, no se encuentran alejados de nuestra realidad: abandono, maltrato, negligencia y discriminación; los cuales pueden conllevar a situaciones de abuso económico, social, psicológico, sexual y patrimonial, según sea el caso. De acuerdo con el II Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica (II Espam), publicado por la Universidad de Costa Rica y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), dos de cada cinco personas mayores de 65 años han percibido ser víctimas de violencia y una de cada diez reporta haber sufrido discriminación.
En este sentido, se torna necesario discutir acerca del edadismo, definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como los estereotipos (cómo pensamos), los prejuicios (cómo sentimos) y la discriminación (cómo actuamos) hacia otras personas o hacia sí mismo, por razones de edad. Ciertamente, la definición no es exclusiva para personas de edad avanzada, sin embargo, son las más afectadas y estas conductas pueden conducir a otras como las citadas en el párrafo anterior. Cabe destacar que este fenómeno se puede presentar a nivel institucional, interpersonal o autoinfligido. De acuerdo con el Informe Mundial de Edadismo, publicado por la OMS (2021), una de cada dos personas es edadista hacia las personas mayores. Por tanto, es necesario observar, analizar y recapacitar acerca de su origen y, sobre todo, identificar cuáles medidas se pueden implementar en procura de la defensa de los derechos humanos, independientemente de las condiciones personales, económicas, sociales o culturales.
El citado informe destaca tres estrategias para reducir el edadismo: desarrollo y cumplimiento de políticas y legislación, intervenciones educativas e intervenciones de contacto intergeneracional. En el país, la normativa se ha ido desarrollando durante las últimas décadas y ha estado acompañada de acciones estatales y de otras instancias para la defensa de los derechos de las personas mayores, con el fin de promover su bienestar en la sociedad. Se destacan como ejemplos de estas instancias el Conapam, los Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica y la Asociación Gerontológica Costarricense, entre otros.
En cuanto a la segunda estrategia, el II Espam igualmente señala las tareas pendientes en relación con la educación para el envejecimiento e indica que persiste una imagen negativa asociada a la vejez, la cual es más marcada para las mujeres. Asimismo, señala que estos imaginarios son construidos desde la niñez. Por esto, el país debe trabajar por reforzar la educación como fuerza transformadora de la sociedad, con un enfoque integrador, que permita conceptualizar al envejecimiento como un proceso que transcurre a lo largo de todo el curso de la vida. También es necesario que se incorpore a las distintas generaciones en un diálogo sobre la dignidad y el respeto de cada etapa. De esta manera se logrará cumplir también con la tercera estrategia de manera sinérgica.
La educación para el envejecimiento debe ser una educación para la vida y no debe circunscribirse en la comprensión de los procesos biológicos, debe trascender hacia el reconocimiento del individuo y de la colectividad, reconociendo en cada persona y en cada etapa su valor y responsabilidad para, de esta manera, construir relaciones reales basadas en el respeto, sin caer tampoco en visiones idealizadas, que son igualmente lesivas para el entorno. Para esto, es necesario trabajar desde la infancia y retomar los aprendizajes de quienes ya se encuentran en otras edades, en aras de deconstruir y reconstruir la sociedad que merecemos.
El Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM) ha trabajado en iniciativas y proyectos socioeducativos dirigidos a personas mayores de 50 años desde 1986, esto le ha dado la oportunidad y el privilegio de defender el aprendizaje a lo largo de la vida, generar espacios para el conocimiento y el reconocimiento de sus participantes, favorecer el intercambio intergeneracional desde un ámbito académico y compartir con actores sociales en el desarrollo de los conceptos de vejez y envejecimiento desde una visión más práctica y cotidiana. Debido a esto, desde el programa exhortamos a generar más espacios de aprendizaje de, para, por y con personas mayores, que incorporen a distintas generaciones, como medida para combatir el edadismo y ayudar a construir sociedades más justas, inclusivas y dignas.
Sofía Segura Cano
Coordinadora del Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor y docente de la Escuela de Medicina, UCR
Los efectos del conflicto Ucrania-Rusia siguen agravándose día con día y una de sus mayores expresiones ha sido la crisis de los precios del petróleo y por ende, el elevado precio de los combustibles. Algunos ejemplos en el mundo:
| País | Precio/litro |
| Noruega | ₡1.960 |
| Holanda | ₡1.680 |
| Alemania | ₡1.625 |
| Portugal | ₡1.540 |
| Reino Unido | ₡1.510 |
| Jamaica | ₡1.145 |
| Aruba | ₡1.120 |
| Brasil | ₡1.070 |
| Guatemala | ₡1.037 |
| Honduras | ₡1.012 |
| Australia | ₡1.008 |
| Chile | ₡1.000 |
| Panamá | ₡997 |
| Paraguay | ₡980 |
| Nicaragua | ₡957 |
| Puerto Rico | ₡957 |
| Costa Rica | ₡958 |
| ¡Venezuela! | ₡15 |
Datos compartidos con Surcos por el doctor Freddy Pacheco León.
La Universidad Nueva Sorbona de París, extendió la invitación a la Dra. Dora María Téllez Argüello a recibir el título de Doctor Honoris Causa, para honrar su carrera tanto política como científica y su contribución al compromiso social internacional.
El título es también una forma de reconocer su compromiso con la justicia social y la democracia de su país así como la de toda Latinoamérica.
La ceremonia se llevará a cabo entre los meses de noviembre y diciembre del presente año 2022.
Compartido con Surcos por Juan Carlos Cruz Barrientos.
«Hace unos años atrás, tenía a mi hijo muy enfermo, tenía problemas respiratorios, lo tenían en observación, poniéndole nebulizaciones. El enfermero, que todavía trabaja allí en la clínica, desde que llegué empezó a cuestionar, que por qué nos oponíamos a la hidroeléctrica en ese entonces (Proyecto Hidroeléctrico Diquís), que por qué nosotros defendíamos derechos indígenas si todos éramos iguales«. Cindy Vargas, indígena Brorán de Térraba en Costa Rica. Extracto de artículo publicado en el Semanario Universidad (Costa Rica), «Mujeres indígenas denuncian discriminación y racismo en instituciones públicas por ser recuperadoras de tierra», edición del 28/04/2022
«En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar«, Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente en Guatemala, entrevista en El País (España), artículo publicado el 10/02/2022
«El 8 de marzo de 1995 el Juzgado dejó ‘sin valor ni efecto la orden de captura librada’. Aunque esta decisión no fue motivada, el fiscal encargado de la investigación en ese momento indicó, en una declaración rendida posteriormente (infra párr. 63), que el joven Juan Francisco López Mejía reveló haber sido coaccionado a rendir declaración incriminatoria, por lo que se determinó que no hubo méritos para la captura. El 23 de marzo de 1995 se recibió la última de las 27 declaraciones testimoniales mencionadas, correspondiente a un coronel del Ejército, de apellido Amaya. Un año después, el 10 de marzo de 1996 la Dirección de Investigación Criminal en Tela presentó un informe sobre el caso en el que subrayó que ‘en las investigaciones de este caso se van a tocar intereses muy grandes y de cualquier forma los oficiales de investigación asignados al caso corren mucho peligro‘. Extractos (párrafos 57-58) de la sentencia de la Corte IDH contra Honduras dictaminada en el 2009, sobre el caso de Blanca Jeannette Kawas Fernández, ecologista hondureña asesinada el 6 de febrero de 1995.
El pasado 30 de mayo del 2022, dos Comisiones del Senado de Chile (Ambiente y Relaciones Exteriores) aprobaron el Acuerdo de Escazú: lo hicieron con 7 votos a favor y 2 abstenciones (véase nota de El Mostrador y esta nota oficial de las autoridades ambientales chilenas).
Tan solo 24 horas después, el Senado chileno procedió a una segunda votación ampliada que se materializó el 31 de mayo, con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones (véase nota oficial del mismo Senado).
Se trata de dos votaciones sucesivas en Chile que ponen fin al proceso interno de aprobación del Acuerdo de Escazú, y que ahora, plantean algunas interrogantes a los demás Estados en los que se sigue manteniendo obstaculizado la aprobación del Acuerdo de Escazú dentro de sus respectivos poderes legislativos. La conmemoración del 5 de junio del 2022, Día Internacional del Ambiente, constituye una fecha propicia para reflexionar al respecto.
Estas dos votaciones en el Senado chileno vienen a culminar un proceso iniciado en la Cámara de Diputados de Chile, la cual aprobó el pasado 11 de mayo del 2022, en primer debate constitucional, el Acuerdo de Escazú: véase nota de El Mostrador y cable EFE registrado en La Vanguardia. Esta aprobación también se hizo con una abrumadora mayoría: 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones.
Siempre en el mismo mes de mayo, un segundo debate se llevó a cabo en el seno del mismo Poder Legislativo chileno asociando al Senado (véase al respecto esta nota oficial del mismo Senado del 16 de mayo del 2022).
Las indiscutibles mayorías obtenidas en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. Las cifras obtenidas en ambas cámaras chilenas recuerdan a su vez que en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado) y que en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial).
Es muy probable que con tan decidido paso, Chile deposite el instrumento de ratificación correspondiente al Acuerdo de Escazú durante el mes de junio del 2022, mes del ambiente, como muy bien se sabe, con su máxima expresión el 5 del mes (Día Mundial del Ambiente): cabe precisar que en este mes de junio del 2022, se celebran los 50 años de la primera declaración internacional en materia ambiental, la cual fue adoptada en Estocolmo en 1972 durante una cumbre realizada del 5 al 16 de junio de 1972. Desde entonces, Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil conmemoran y celebran el 5 de junio como el Día del Ambiente (véase texto de la Declaración de Estocolmo de 1972, en páginas 3-6).
El Acuerdo de Escazú (véase texto completo) se adoptó en Costa Rica en marzo del 2018 y su nombre completo es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe«.
Este instrumento regional de vanguardia se adoptó, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como un homenaje de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca, asesinada en el 2016 (véase nota de Amnistía Internacional publicada en marzo del 2022 al conmemorarse 6 años desde su asesinato y una nota más reciente sobre una sentencia esperada para el 18 de mayo del 2022 que no se leyó).
Cabe indicar que para este año 2022, el Premio Goldman en materia ambiental incluyó, en el caso de América Latina, a dos líderes indígenas ecuatorianos que llevan muchos años luchando contra proyectos extractivistas (véase nota de La Vanguardia y nota de France24 del 26/05/2022). En Honduras, Berta Cáceres había sido galardonada con este mismo prestigioso premio internacional en el 2015.
El pasado 22 de abril, día en que se celebra el Día de la Madre Tierra, tanto órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hicieron un vehemente llamado conjunto (véase comunicado) exigiendo la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, señalando además que:
«el Acuerdo de Escazú es un poderoso instrumento para prevenir conflictos mediante el acceso a la participación, información y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú es también un hito pues consagra la protección de las personas defensoras y su rol, cuyo espíritu nos recuerda que para defender el medio ambiente se debe empezar por proteger a quienes lo defienden«.
En el caso específico de Costa Rica, el V informe anual (2021) dado recientemente a conocer el pasado 26 de mayo (véase informe) de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) —un órgano adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— expresa sin mayores contemplaciones, en el capítulo correspondiente a Costa Rica, que:
«579. En relación con el acceso a la justicia respecto a asuntos ambientales, la REDESCA toma nota que a pocos días que entre en vigor el Acuerdo de Escazú, que protege el acceso a la información, participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina, Costa Rica aún no lo ratificó, pese a que el acuerdo fue firmado hace tres años y desde entonces Costa Rica impulsó que otras naciones latinoamericanas lo suscribieran. La Relatoría Especial llama a Costa Rica a la ratificación del Acuerdo adoptado en Escazú, en sintonía con su compromiso con la protección del ambiente«.
Con el Acuerdo de Escazú, la esperada «sintonía» de Costa Rica con el compromiso en favor de la protección del ambiente está dando lugar a yerros, silencios, improvisaciones, omisiones y declaraciones que más bien evidencian una sorprendente e insólita cacofonía, como lo veremos a continuación.
Hay que tener en mente que el largo proceso de negociación del Acuerdo de Escazú, que duró exactamente 5 años, 7 meses y 7 días, fue coliderado por Chile y por Costa Rica. Dos Estados que pusieron a sus mejores equipos de negociadores para lograr llevar a feliz término el proceso de discusión entre los 33 Estados que integran la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (más conocida como Cepal): un trabajoso proceso, que requirió un total de 9 largas rondas de negociación (véase acta final de la novena y última ronda de negociaciones, realizada en marzo del 2018 Costa Rica).
Adoptado en marzo, en el mes de junio del 2018, con ocasión del Día Internacional del Ambiente, en calidad de copresidentes Chile y Costa Rica en una declaración conjunta (véase texto completo) enfatizaron que:
«Ambas co-presidencias invitan a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos. Asimismo, reiteran que el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental. Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.
Esta declaración conjunta del mes de junio del 2018 constituye la última manifestación oficial de ambos Estados en favor del Acuerdo de Escazú. Hay que agradecerle a la diplomacia chilena por haberla mantenido en su portal oficial desde entonces.
Cabe indicar que en el mes de julio del 2019, ante los titubeos evidenciados con la aprobación del Acuerdo Escazú en América Latina, ambos Estados recibieron un primer llamado de atención suscrito por varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas que fue remitido de igual manera a otros Estados (véase texto del comunicado conjunto enviado a Costa Rica): pese al importante número de firmantes de esta misiva, no se logró mayor avance en el caso de Chile, ni tampoco de Costa Rica.
Esta aprobación en la Cámara de Diputados chilena el pasado 11 de mayo y luego en el Senado el 31 de mayo constituyen dos importantes logros del Poder Ejecutivo de Chile, que permiten vislumbrar una nueva ratificación del Acuerdo de Escazú muy pronto: un tratado regional que ya cuenta con 12 Estados Partes (los últimos en ratificarlo —de forma conjunta— en enero del 2021 siendo Argentina y México).
Por parte de América Latina, Chile vendrá a sumarse a las ratificaciones ya registradas (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) de Bolivia y Uruguay (septiembre del 2019), Panamá y Nicaragua (marzo 2020), Ecuador (mayo 2020), así como Argentina y México (enero 2021). Se trata de Estados en los que, dicho sea de paso, no se ha observado en lo más mínimo una salida de las inversiones extranjeras o una parálisis de sus respectivas economías o una inseguridad jurídica desde que se aprobó el Acuerdo de Escazú. Ni mucho menos una invasión indebida de la inversión de la carga de la prueba en el ámbito del derecho penal, tal como se ha escuchado que provocaría el Acuerdo de Escazú en Colombia, en Costa Rica pero también en Perú y en Paraguay (Nota 1) por parte de algunos: sobre estos últimos, debemos precisar que lo han hecho de una manera bastante extraña para el caso costarricense, como se explicará en las líneas que siguen.
Al haber firmado este acuerdo regional (en setiembre del 2018), pero no haberlo aún ratificado en estos últimos cuatro años, Costa Rica comparte esta situación en América Latina con (además de Chile) los siguientes Estados: Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Una Costa Rica que ha basado históricamente su imagen internacional en el respeto y la defensa de los derechos humanos y en la protección del ambiente, … ¿en esta lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee, por más extraño que pueda sonar para nuestros estimables lectores costarricenses (así como a los no costarricenses …).
Con relación a las buenas prácticas en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, no está de más referir a nuestros lectores a esta publicación de la Cepal titulada precisamente «Las sinergias entre el gobierno abierto y el Acuerdo de Escazú». En el caso específico de Costa Rica además, podemos referir a este comunicado de prensa oficial de la Cepal difundido a raiz de una importante reunión celebrada en San José el 8 de marzo del 2022, titulado «Banca multilateral y OCDE consideran fundamental el Acuerdo de Escazú para generar un clima de inversiones sostenidas y sostenibles»: un comunicado oficial de prensa que, extrañamente, no fue referenciado en ninguno de los principales medios de prensa costarricenses (Nota 2). Otro comunicado de prensa, sobre esta misma reunión de la Cepal, esta vez proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, fue objeto de la misma indiferencia mediática (Nota 3). No se tiene explicación alguna sobre tan notorio silencio a la hora de redactar estas líneas, pero debe existir (y desde ya se agradecería a especialistas en la materia realizar las investigaciones pertinentes).
Al proveer el Acuerdo de Escazú también herramientas tendientes a un mayor acceso a la información pública, a mayor transparencia y rendición de cuentas, no está de más preguntarse quiénes podrían sentirse (eventualmente) amenazados por tan loables objetivos en América Latina. En el caso de Colombia, un reciente artículo —cuya lectura recomendamos— habla de «terror» al respecto en algunas cúpulas empresariales (véase artículo publicado en el medio internacional Pressenza).
Más allá de la percepción de miedo, que puede ir aumentando en temor, miedo intenso, pavor, espanto o pánico e ir conduciendo a una sensación cercana al precitado «terror» de algunos sectores colombianos, no está de más señalar que el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile (SEA) elaboró un instructivo sobre la participación ciudadana en materia de evaluación ambiental (véase texto completo), dado a conocer el pasado 2 de junio del 2022. Se trata de una valiosa herramienta que consolida el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental, en particular para las comunidades afectadas por lo que se denomina «externalidades ambientales negativas» causadas por proyectos de cierta envergadura. Este instructivo, en nuestra modesta opinión, debería interesar desde ya a autoridades de otros Estados de América Latina. En la parte final del documento, se indica (página 12) que:
«se instruye a las Divisiones y Direcciones Regionales del SEA decretar la apertura de los procesos de participación ciudadana en todas aquellas Declaraciones de Impacto Ambiental, en las cuales, habiéndose cumplido los requisitos formales de la solicitud (artículos 30 bis de la Ley N°19.300 y 94 del RSEIA) generen a su vez, los presupuestos de la carga ambiental -beneficios sociales y externalidades ambientales negativas- en los términos expuestos en el acápite 2 letras A y B precedentes«.
Como se podrá apreciar, las autoridades políticas en Chile parecieran tener muy claro las herramientas que hay que adoptar en perfecta sintonía con el contenido del Acuerdo de Escazú y las enormes ventajas que ofrecen en materia de gobernanza ambiental, participación informada y más generalmente paz social; mientras que en otras latitudes de la región, se adolece de esta claridad. La misma Ministra de la Presidencia de Costa Rica, en la parte final del comunicado oficial del 9 de marzo que nunca fue referenciado en ningún medio de prensa costarricense (y al que referimos en la Nota 3), precisaba al respecto al concluir la reunión de la Cepal del 8 de marzo en San José que:
«la apuesta al desarrollo sostenible está en la esencia del Acuerdo de Escazú, el cual será un instrumento esencial para garantizar el diálogo y la cohesión social«.
Un mismo tratado con dos lecturas y realidades tan disímiles entre Santiago y San José observadas en este mes de junio del 2022, ameritan nuevamente analizar con más detalle las razones aludidas por los detractores del Acuerdo de Escazú en Costa Rica.
En Costa Rica, como en varios otros Estados, «argumentos» contra Escazú han sido difundidos en los últimos dos años. En este 2022, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), la Corporación Bananera Nacional (Corbana) y otras seis cámaras nacionales, varias de ellas ligadas al sector agroexportador costarricense, reiteraron el 25 de febrero a los diputados su firme oposición al Acuerdo de Escazú: véase el texto de la carta en la que indican que «dicho Acuerdo contiene vicios de inconstitucionalidad, imprecisiones y desaciertos de fondo altamente riesgosos para la estabilidad del sector productivo» y en la que concluyen solicitando que «se proceda con el rechazo del proyecto 21.245, ante los riesgos que representa para la competitividad del sector privado y por resultar altamente inoportuno para el país (sic)».
Apenas fueron hechos públicos estos y otros «argumentos» meses atrás, en abril del 2021, por parte de otra cámara empresarial (Uccaep), un primer intento para debatirlos públicamente con especialistas no logró su cometido (véase la emisión Café para Tres del medio Delfino.cr del 22 de abril del 2021 al que no quisieron concurrir representantes de Uccaep). Dos intentos posteriores en aras de realizar debates públicos con representantes de la Uccaep tampoco fructificaron (Nota 4).
Una observación muy sencilla permite, desde la perspectiva del derecho internacional público, explicar esta renuencia al debate público con especialistas: en efecto, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban, al no permitir ningún tipo de reserva (Artículo 23) que pueda modular o limitar el alcance de algunas de sus disposiciones.
Si todo lo que se predice de negativo que va ocurrirle a Costa Rica si aprueba el Acuerdo de Escazú no se ha observado en ninguno de los Estados que ya lo ratificaron, hay un problema. Y es bastante grande, en particular para los detractores costarricenses del Acuerdo de Escazú y las fichas políticas que gravitan a su alrededor repitiendo sus supuestos «argumentos».
Con relación a las afirmaciones anteriores, se entiende cada vez con mayor claridad, conforme es aprobado el Acuerdo de Escazú en otras latitudes de la región, que los supuestos «argumentos» en su contra, en realidad, no lo son. Por cierto, en el caso de Costa Rica, un muy tempranero ejercicio periodístico desde la Universidad de Costa Rica (UCR) ya lo había así detectado: véase esta nota de Doble Check del 26 de abril del 2021 —cuya lectura se recomienda— y cuyo título y contenido no han dado lugar, a la fecha, a ningún derecho de respuesta, rectificación o aclaración por parte de la Uccaep. Recientemente, el mismo equipo de periodistas puso en tela de duda algunas afirmaciones de un «experto» sobre las reservas de petróleo en Costa Rica, hechas durante una emisión de televisión (véase enlace).
Volviendo a Escazú y a algunas cámaras empresariales empecinadas en presentarlo como peligroso y altamente dañino para la economía de Costa Rica, tuvimos la oportunidad de lanzarles públicamente varias preguntas así como a sus (siempre muy hacendosas) fichas políticas: véase nuestra breve nota publicada en el medio Delfino.cr el 3 de marzo del 2022, la cual, por alguna razón, no ha sido aún contestada a la fecha de redactar estas líneas (5 de junio).
Remitimos también al artículo del jurista costarricense Mario Peña (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” y publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDía. En otro artículo posterior de este mismo autor, titulado «El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica» (véase texto), se puede leer «que el ordenamiento interno ya contempla, al menos, treinta y un distintos mecanismos e instancias de participación en temas ambientales que otorgan la oportunidad del público de ser escuchados y de presentar observaciones por los distintos medios disponibles conforme a las circunstancias del proceso, y que ni el Acuerdo de Escazú, ni la legislación interna, contemplan la posibilidad del público de vetar proyectos empresariales a través de mecanismos o instancias de participación pública«.
Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a algunas cámaras empresariales (así como a una magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica hasta hace poco), se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde 1998.
Así se detalla en este valioso artículo del precitado jurista, publicado en el medio digital Delfino.cr: dicho sea de paso, este artículo tampoco ha dado lugar a una aclaración o reacción por parte de algunos, que han invocado la inversión de la carga de la prueba como un «argumento» incuestionable para oponerse al Acuerdo de Escazú.
Cabe recordar que el no aceptar el principio de la inversión de la carga en materia ambiental apareció en la sentencia del 2011 que puso fin en los tribunales costarricenses a lo que se puede denominar el «affaire Crucitas» (Nota 5): un escándalo ambiental que expuso ante el mundo la faz oscura de la «Costa Rica Verde» que tanto se publicita. La Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica confirmó en todos su extremos la valiente decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del 2010 (véase texto) declarando ilegal el proyecto minero en Crucitas. Al revisar con detalle la batería de supuestos «argumentos» jurídicos presentados por la empresa minera canadiense Infinito Gold (véase el texto completo de la sentencia 1469-2011 de la Sala Primera, cuya lectura resulta de gran interés), se observa que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental fue invocada por los abogados de la recurrente en su apelación: como era de esperar, esta argumentación fue rechazada sin mayor contemplación por los integrantes de la Sala Primera (véanse en particular los párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera). Una empresa minera canadiense que al apelar una sentencia en su contra… ¿cuestiona la aplicación de un principio básico del derecho ambiental vigente en el ordenamiento jurídico por parte de un tribunal costarricense? Así como se lee.
No está de más señalar a nuestros estimables lectores que muchos de los que advirtieron de una supuesta (y claro está totalmente errónea) «inseguridad jurídica» en Costa Rica a raíz de la decisión del 2010 del TCA (y del supuesto riesgo de ver ahuyentada la inversión extranjera en Costa Rica) … coinciden con los que hoy adversan el Acuerdo de Escazú.
Como indicado anteriormente, el Acuerdo de Escazú establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban.
Ciertamente, su discusión ha dado lugar a la repentina aparición de supuestos «argumentos» en su contra similares (extrañamente similares) difundidos en varios de los Estados en los que sectores políticos y económicos han logrado frenar su aprobación. En el caso de Costa Rica, estos «argumentos» fueron difundidos por algunos sectores empresariales y por sus fichas políticas, aunque también se detectó una extraña coincidencia desde otra esfera, sin que a la fecha se nos brinde una explicación al respecto (Nota 6). Sobre esta última, una diputada, en una emisión radial universitaria, refirió a las complejas —e insondables— relaciones que mantienen los huevos y las gallinas (véase emisión disponible en YouTube del programa Interferencias, del 11 de marzo del 2022, Radio UCR, minuto 45:15 / 45:48).
No obstante, a esta inexplicada coincidencia, persiste en el tiempo otra extrañeza específica a Costa Rica: más precisamente, se trata de un insólito «descubrimiento» escuchado (y que a la fecha, no ha encontrado eco alguno en el resto de América Latina). En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno, ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia: según ella, el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense. El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y esfuerzo de creatividad.
Es de notar que este «descubrimiento» (Nota 7) ha complicado innecesariamente la aprobación del Acuerdo de Escazú al haber sido luego confirmado por seis de los siete integrantes de la Sala Constitucional: el magistrado Paul Rueda fue el único en explicar muy bien en su voto salvado la lectura completamente errada hecha por la Corte Plena y luego por sus seis pares dentro de la Sala Constitucional (Nota 8).
Contrario a lo que se podría pensar, este «descubrimiento» no debería verse como algo fortuito. En efecto, no sería la primera vez que en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, que constituye precisamente uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y… solamente ella) como un derecho humano (Nota 9). Un años antes, el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles (Nota 10).
Como es previsible, este insólito «descubrimiento» del juez constitucional costarricense con respecto al Acuerdo de Escazú ha sido totalmente omitido en las discusiones y en las consultas recientes realizadas en Chile en torno a su aprobación: tratándose de un Estado en el que los argumentos más fantasiosos e insostenibles los unos que los otros salieron a relucir por parte de las mismas autoridades estatales (y ello hasta el 2022) y de sectores económicos afines, el «descubrimiento» del Poder Judicial costarricense podría considerarse desde ya como una verdadera «joya» a la creatividad y a la imaginación en América Latina.
El oficio del Poder Judicial de Chile (véase documento, con fecha del 26 de abril del 2022) analiza con sumo detalle los alcances de las disposiciones del Acuerdo de Escazú, y con relación al inciso 5 del artículo 8 se lee simplemente (en página 9) que:
«los puntos 8.4, 8.5 y 8.6 del Acuerdo Regional se orientan a establecer una serie de dispositivos para facilitar el acceso a la justicia del público en asuntos ambientales, todos los cuales persiguen aumentar el grado de información y participación ciudadana en la protección del medioambiente, junto con establecer mecanismos de apoyo específicos a grupos en situación de vulnerabilidad, y que tanto la decisión como su fundamentación estén consignadas por escrito. Todos estos compromisos parecen adecuados y necesarios con el objeto de hacer viable el acceso a la justicia ambiental. En nuestro país, algunos de estos mandatos de difusión y divulgación se canalizan a través de instrumentos que se encuentran operativos, como la información medioambiental, de riesgo climático y otros, por parte del Ministerio del Medioambiente (disponible en https://mma.gob.cl/) u otra en vías de serlo, como es el caso del proyecto de buscador de jurisprudencia de la Corte Suprema que permitirá acceder a una plataforma sistematizada de sentencias judiciales, incluyendo las de matera ambiental«.
Es muy probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la profunda soledad – en nuestra opinión bastante insólita – del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.
Más allá del hecho que algunos sectores en Costa Rica cuestionen una herramienta muy básica del derecho ambiental contemporáneo (obteniendo sentencias desfavorables en su contra, y que no obstante parecieran dispuestos a persistir en sostener lo que a todas luces resulta insostenible desde un estricto punto de vista jurídico); y haciendo a un lado la vergonzosa mezquindad exhibida por el Poder Judicial costarricense, cabe recordar que los pasados 20-22 de abril, se celebró en Chile la primera Conferencia de Estados Partes (COP) al Acuerdo de Escazú.
La ubicación de esta cumbre regional se debió a la localización geográfica de las instalaciones de la Cepal, ente que auspició las negociaciones de este innovador instrumento regional.
Sobre esta primera COP, una reunión fundamental de cara a la futura implementación del Acuerdo de Escazú, remitimos a nuestros estimables lectores a una breve nota nuestra explicando sus alcances (versión en español así como en inglés).
A la cita, además de los 12 Estados Parte al Acuerdo de Escazú, participaron como Estados observadores delegaciones de Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia y Perú, al no haber aún aprobado dicho instrumento regional estos Estados: en el caso de Colombia, su representante oficial no pasó desapercibido, al ser una persona conocida de movimientos sociales colombianos, y de familiares de personas fallecidas y/o gravemente heridas durante las protestas acaecidas en Colombia en el 2019 (Nota 11). Recientemente (véase artículo publicado el 22 de mayo del 2022 en el portal de Mongabay), una entrevista a una reconocida activista ambiental en Colombia ha puesto de manifiesto la incoherencia gubernamental que se observa en Colombia con relación al Acuerdo de Escazú.
El pasado 18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile, durante una muy emotiva jornada vivida en el Palacio de la Moneda, firmó el Acuerdo de Escazú, poniendo así fin a un craso error de lectura de su antecesor en el cargo y cerrando una paréntesis bastante triste para los derechos humanos y el ambiente que significó en líneas generales la administración (2018-2022) en Chile.
Desde este momento, Chile inició de forma decidida el proceso en la dirección correcta (que nunca debió abandonar), reafirmando de esta manera su regreso y el de su indiscutible liderazgo en la región en temas de ambiente y de derechos humanos: a tal punto que en este misma primera COP, se acordó que la segunda COP (a celebrarse en el 2024) volverá a realizarse en la capital chilena, al tiempo que un reunión intermedia (2023) se celebrará en Argentina.
Cabe precisar que el pasado 3 de mayo del 2022 , la primera etapa ante el Poder Legislativo con la que Chile inició la senda en aras de una pronta aprobación del Acuerdo de Escazú (véase, entre muchos, esta nota de Swissinfo reproduciendo un cable de la agencia de noticias EFE), fue seguido, el 4 de mayo de cables de agencias de noticias internacionales reportando lo escuchado en Costa Rica, lo cual, como era previsible, va en la dirección… exactamente opuesta (Nota 12).
Notas
Nota 1: Ante la aparición de «argumentos» muy similares en contra del Acuerdo de Escazú en varias latitudes del continente americano, esfuerzos valiosos desde la sociedad civil y desde la academia han denunciado esta verdadera campaña de desinformación fomentada por algunos sectores empresariales en contra de este tratado internacional. En el caso de Costa Rica, véase en particular PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú», DerechoalDía, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí; así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., «Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos», Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un esfuerzo muy similar debió de hacerse en Perú con relación a «argumentos» idénticos a los escuchados en Costa Rica (véase el informe SPDA, «Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales», disponible aquí) así como en Colombia (véase la publicación titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú» disponible aquí). Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de la de Colombia y de Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos «argumentos» en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos.
Nota 2: Ni en el día en que fue divulgado este comunicado de prensa de la Cepal ni en los días posteriores se encontró referencia alguna en los grandes medios de prensa costarricenses. Unos 10 días después del evento, el 18 de marzo para ser exactos, fue el Semanario Universidad el que editó esta nota de prensa.
Nota 3: El 9 de marzo del 2022, el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica publicó en horas de la mañana el siguiente comunicado de prensa (véase enlace oficial) que reproducimos de manera integral a continuación, incluyendo fecha y hora de emisión:
«PPT CEPAL, Marzo 09, 2022, 10:45 am. La región avanza en los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú Quinto Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible
San José, 8 de mayo de 2022.- En el marco del Quinto Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible de la CEPAL, se llevó a cabo el seminario “Los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú”, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Banco Europeo de Inversiones (EIB) y Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
El evento contó con la puesta en escena por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, la Sra. Alicia Bárcena, y del Sr. Jaime Roberto Díaz, Vicepresidente Ejecutivo, BCIE, quienes celebraron la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, un instrumento innovador de la región que establece el íntimo vínculo entre un ambiente sano, los derechos humanos y la consecución de un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente. El Acuerdo busca fortalecer el Estado de derecho, una democracia participativa y el diálogo intersectorial para enfrentar los desafíos ambientales, económicos y sociales del presente y el futuro.
En sus palabras, el Viceministro de Ambiente, el Sr. Franklin Paniagua, denotó que “en una recuperación verde, la institucionalidad ambiental tiene que ir al centro de la economía. La oportunidad que tiene el sector privado con este Acuerdo es grande. Hay que tender un puente al sector privado para que se entienda que es parte de la economía del futuro, que se acompaña y respalda en estos valores de derechos, participación y transparencia”.
Por su parte, el Viceministro de Asuntos Multilaterales, el Sr. Christian Guillermet Fernández, resaltó cómo el Acuerdo de Escazú se ha reconocido a nivel global como un instrumento marco de altos estándares para fomentar la inversión responsable, la transparencia en la gestión pública y privada y las salvaguardias ambientales, lo cual quiere decir que cualquier política pública o empresarial que tome en cuenta los principios marco de Escazú, gozará de respaldo y confianza, incrementando sus probabilidades de éxito e inclusive la competitividad del sector empresarial.
El evento albergó la trascendental firma de un Memorándum de Entendimiento entre la CEPAL y el BCIE para apoyar a los países en la implementación del Acuerdo de Escazú, el cual busca promover acceso a créditos, herramientas e información financiera, procurando procesos más beneficiosos para todas las comunidades de la región. Este convenio provee un marco de estabilidad para los negocios y las inversiones dentro y fuera de los países, basado en la rendición de cuentas, el diálogo y la transparencia.
Se contó asimismo con las exposiciones de representantes de la banca multilateral y regional para el desarrollo y asociaciones empresariales, quienes resaltaron la alineación y las sinergias del Acuerdo de Escazú con las políticas e instrumentos de sus instituciones para promover la Conducta Empresarial Responsable y la importancia de la transparencia y el acceso a la información en materia ambiental para que las inversiones sean sostenibles.
La Ministra de la Presidencia de Costa Rica, la Sra. Geannina Dinarte Romero, cerró el evento invitando a romper los paradigmas sobre la dicotomía imaginada entre el crecimiento económico, el medio ambiente, los derechos humanos y la democracia. Indicó que la apuesta al desarrollo sostenible está en la esencia del Acuerdo de Escazú, el cual será un instrumento esencial para garantizar el diálogo y la cohesión social. Llamó a la creación de la confianza y la construcción conjunta para aprovechar la oportunidad que el Acuerdo de Escazú aporta en la competitividad y seguridad jurídica para inversiones y empleo que garantice el futuro de las próximas generaciones.
Comunicación Institucional (2237 CR CEPAL Acuerdo de Escazú)
Miércoles 9 de marzo de 2022«.
Nota 4: Diversos intentos en aras de debatir públicamente estos supuestos «argumentos» con académicos y especialistas en materia ambiental han fracasado: primero en el mes de abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, luego en mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR (véase también comunicado oficial de la UCR), así como en junio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Al tratarse de foros virtuales en los que se solicitó a la Uccaep conectar a sus representantes a una hora determinada en una fecha fijada con antelación, las razones esgrimidas para no asistir plantean interrogantes muy válidas. Al parecer, enviar comunicados a los congresistas contra el Acuerdo de Escazú y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» pareciera ser la tónica de algunos en Costa Rica.
Nota 5: La expresión affaire refiere al complejo entramado politico-empresarial (y a un nutrido grupo de figuras y personeros gravitando a su alrededor), que desnudó ante la opinión pública costarricense este caso que fue llevado ante la justicia costarricense: con una sentencia redactada en el 2010 por tres jueces que refirieron a una verdadera «orquestación de voluntades» para explicar las múltiples ilegalidades de muy diversa índole observadas por parte del mismo Estado costarricense. Una «orquestación de voluntades» que, con más de 10 años de haber sido declarada como tal (2010), luego apelada, y reconfirmada (2011), aún no ha dado lugar a una sola sentencia en materia penal ni a a la condena de algunos de los altos funcionarios del Estado o de la empresa involucrados. En un reciente artículo del actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Fernando Cruz, publicado en La Revista.cr (véase texto), leemos que: «La trascendencia política y económica del caso, no impidió a los jueces resolver conforme al mérito de los autos, con plena conciencia que la decisión no complacía a las instancias de poder político y económico. No es fácil que un juez resuelva a contrapelo de los poderosos intereses que sustentan el caso. La decisión de este tribunal es un luminoso homenaje a la independencia judicial«. Es menester referir a nuestros estimables lectores al voto particular (véase texto) de este mismo magistrado en abril del 2010, al separarse del criterio de la mayoría de los integrantes de la Sala Constitucional conjuntamente con su colega, el magistrado Gilbert Armijo. En febrero del 2022, tuvimos la ocasión de analizar la última maniobra de la empresa minera Infinito Gold contra Costa Rica aún pendiente de resolución: véase BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica: una nueva maniobra de la empresa minera contra Costa Rica», Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, 8 de febrero del 2022, disponible aquí.
Nota 6: La lectura de este artículo del medio costarricense Ojo al clima, titulado «Acuerdo de Escazú entró en vigor sin el país que le dio el nombre», del 26 de abril del 2021, permite conocer los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos en relación con su contenido. En este muy completo reportaje cuya lectura se recomienda, se lee que: «La obstaculización del Poder Judicial al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido negativa en muchos sentidos. Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa que dijo que no se estaba ante la situación descrita en el artículo 167 de la Constitución Política y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos», continuó la exviceministra.“Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricence de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto», añadió Madrigal«.
Nota 7: Sobre el particular remitimos a la sección «Las extrañezas del Poder Judicial costarricense ante el Acuerdo de Escazú» en nuestro artículo BOEGLIN N., «Chile está a punto de rectificar su postura frente al Acuerdo de Escazú, mientras que Costa Rica se limita con los demás a … ¿mirar?» Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 4 de marzo del 2022, disponible aquí.
Nota 8: En el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 (véase texto completo), en su voto salvado, el Magistrado Paul Rueda señala que: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«.
Nota 9: Sobre tan desconcertante e indecorosa conclusión del juez constitucional costarricense que se lee en el párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo), resulta oportuno señalar que fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no amerita ninguna reflexión particular. Sobre este peligrosa regresión del juez constitucional costarricense, véase breve nota nuestra al respecto. De manera a no causar mayor sonrojo al provocado por esta decisión del juez constitucional costarricense en el mes de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) que precisa de manera muy clara que: «231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante». En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que: «g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«. En un reciente estudio del jurista Álvaro Sagot Rodríguez sobre las repetitivas regresiones ambientales del juez constitucional costarricense, el autor cita una decisión del 2012 de la Sala Constitucional en la que se lee textualmente que: «En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana» (sic) (p. 30 del precitado estudio).
Nota 10: Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta altamente cuestionable que la Sala considere que se trate de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».
Nota 11: El ahora diplomático Guillermo Botero, con rango de embajador de Colombia en Chile, fue Ministro de Defensa en Colombia en 2019, un período extremadamente tenso desde el punto de vista social y político. Después de su renuncia como Ministro (noviembre de 2019), las ONG y las organizaciones sociales negociaron con el Poder Ejecutivo colombiano las condiciones para poner fin a las protestas masivas en las calles: obtuvieron, entre otras cosas, del Poder Ejecutivo colombiano, la firma del Acuerdo de Escazú (diciembre de 2019). Desde entonces una fuerte campaña de desinformación en contra del Acuerdo de Escazú ha frenado su aprobación, orquestada por cúpulas empresariales colombianas y sectores políticos afines empecinados en presentarlo como un verdadera freno al desarollo: se trata de sectores reacios a que se proteja la vida y la integridad física de líderes comunitarios, campesinos, indígenas y ecologistas que defienden el ambiente en Colombia.
Nota 12: Véanse al respecto, nota de la agencia alemana DW y, por parte de la agencia gala AFP, esta nota de RFI y nota de Le Figaro así como la única nota aparecida en Costa Rica en el Tico Times reproduciendo este mismo cable AFP.
Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
Deseo primero presentar a David Serrano y el contexto social y cultural en el que le correspondió desenvolverse en su niñez y juventud. David es un joven de 25 ó 26 años que nació en la provincia de Limón. Producto de una treta que le hice, para que no supiera que iba a escribir sobre su persona, ya que es de personalidad muy humilde (sospecho no obstante, que David no mordió el anzuelo), le arranqué la siguiente frase autobiográfica: “Pues yo nací en la “mera cepa” [me escribió] en el hospital Dr.Tony Facio Castro. Y me crié nadando en las playas de Cieneguita-Limón, donde la mayoría de mi familia vive. […Luego me agregó] Años más tarde, cuando ya estaba por salir de Limón al valle central, mi mamá se mudó al Barrio Envaco, muy cerca de la fábrica de cartón. Actualmente ahí vive con mi hermanita”.
Como la mayoría de los lectores deben saber, Cieneguita es un barrio enclavado en el cantón central de la provincia. El contexto en que este joven creció y se desenvolvió, hasta su ingreso a la universidad, fue muy pobre. Pero está muy lejos de ser el estereotipo que con frecuencia nos han pintado algunos medios de comunicación. El estigma que se ha difundido a partir de algunos hechos aislados es que en Cieneguita abunda el crimen y la descomposición social. Quien haya tenido la ocasión de entrar y conocer el barrio, venciendo el estigma y los prejuicios, sabe que Cieneguita está habitado por un conglomerado humano culturalmente heterogéneo de personas, la mayoría afrodescendientes. Estudiantes de la UCR hicieron sendos estudios de la comunidad, bajo la guía de profesores en trabajos de extensión docente. Una de estas investigaciones apareció con el título de “Aquí Cieneguita”. El otro se publicó el 23 de abril del 2018 con el hermoso título de: “Descubriendo Cieneguita: Un sitio pintado de diversidad y calor humano”.
El primero de ellos fue un trabajo combinado de estudiantes de diversas carreras iniciado en el 2016, una de las frases concluyentes de una estudiante de trabajo social nos legó el siguiente relato: “Conocer Cieneguita y a su gente fue una experiencia enriquecedora, pues, desde que pusimos un pie en esta tierra cálida fuimos recibidos y recibidas con mucho amor. Nos enseñaron el valor de compartir, crear espacios y oportunidades de luchar, a pesar de que a veces parece que el esfuerzo es más grande que la recompensa […] un barrio que ha sufrido manifestaciones de la violencia estructural, el olvido del Estado, los gobiernos y de la población costarricense en general, su gente ha decidido confiar en nosotros y nosotras y eso no tiene precio.” Sin embargo, como también lo reconocen los trabajos de estudiantes y profesores, hechos violentos que también ocurren borran de un plumazo el esfuerzo consciente de jóvenes y una mayoría comunitaria por atraer el turismo, a fin de compartir con la gente la arquitectura comunitaria, sus rincones y colorido, así como el espíritu de un pueblo aguerrido, que sueña con el bienestar social de la población.
Pues bien, en aquel contexto abigarrado, pictórico y muy humano, por un lado, abandonado y en parte sumido en la pobreza por otro, vivió nuestro David Serrano González. Estudió en la escuela primaria y en la secundaria en Limón en aquellas condiciones difíciles, pero, bajo la tutela de su madre, una mujer valiente y con la fuerza espiritual que da la decisión de criar a sus hijos sanos y dispuesta a inculcarles el amor por el estudio, el trabajo tesonero y la superación personal. Desde muy joven David incursionó en la música; a la edad de 12 años formó parte de bandas de “reggae y de rock” de la localidad. Todavía no imaginaba lo que le depararía el destino fruto del amor que desarrolló por la música. Fue por ello por lo que, en el año 2012, ingresó a la etapa básica de música en la sede de Limón de la Universidad de Costa Rica. Su salto cualitativo se produjo después de que ingresó a la escuela de música de la UNA, con el apoyo de una beca, como ocurre con tantos estudiantes de su condición social y mérito académico.
No fue sino a la edad entre los 19 y 20 años de David, que se decide por el piano como instrumento musical, para llevar adelante su carrera profesional. En lo medular antes de esa edad no había tocado el piano. Esto es clave para lo que van a conocer. David además del amor por la música, es poseedor de una tenacidad y un espíritu de superación poco común, tal como se lo inculcó su sabia madre.
Por añadidura, el joven pianista demostró tener unas condiciones innatas para el piano, me atrevo a decir, muy sobresalientes. Todo ello se vio fortalecido por la convivencia de David con ese elenco maravilloso de maestros de piano que tuvo en la UNA, algunos de los cuales fueron sus profesores. Cito a los siguientes (espero no olvidar a nadie, sería involuntario): el Máster Luis Monge Fernández, hoy director de la escuela de música, la Dra. Tamara Sklioutovskaia, el Dr. Gerardo Meza, la Máster Ludmila Melzer, la Máster Irina Kaufman-Brookes, la profesora Valentina Tumanova y el profesor de solfeo y flauta Msc. Jonatan Albuja. De manera muy especial, a David le tocó en suerte tener como tutor, a un hombre y pianista excepcional, proveniente de Rusia, graduado en piano en el Conservatorio Estatal de Moscú en 1986, el Dr. Alexander Sklioutovski.
La Universidad Nacional (sé que la Universidad de Costa Rica también), posee un elenco maravilloso de profesores en música. En piano son muy destacados, por lo que han promovido a varias generaciones de excelentes pianistas de origen principalmente costarricense, aunque también de otras nacionalidades; algunos empezaron desde su niñez y tuvieron la oportunidad de ir a Rusia o a Ucrania a estudiar piano desde su tierna infancia. En esta faena el egregio académico, profesor Alexander Sklioutovski, a quien Costa Rica le debe mucho, ha desempeñado una enorme labor. Un profesor extraordinariamente exigente, que descubre al instante aquellas personas estudiantes que poseen cualidades destacadas para el piano. Este fue el caso insólito de David Serrano, a pesar de haber principiado, como antes lo dije, cuando ya tenía 20 años. Pero ya veremos de lo que ha sido capaz este joven.
David fue nombrado por los profesores, al menos en dos oportunidades “Estudiante Distinguido” de la Universidad Nacional, máxima distinción académica que otorga esta universidad, gracias a su ejemplar rendimiento como estudiante. Además, se hizo acreedor de la “Beca Isabel”, beca con la que la universidad galardonaba a estudiantes con calificaciones sobresalientes. Por las mismas razones se ganó el derecho, siendo estudiante de bachillerato de representar a la UNA, junto a otras personas estudiantes de piano de la misma universidad, de participar en afamados certámenes internacionales. Tras sus excelsas presentaciones se ganó la admiración de los concurrentes, profesores y estudiantes del más alto nivel, además de haber obtenido también, destacados puestos en estos certámenes de muy alto nivel en los que participó. En el 2020, David presenta su Recital de Graduación para optar por la licenciatura en enseñanza y ejecución del piano, realizada en el auditorio “Clodomiro Picado Twight” de la UNA, ocasión en la que obtuvo mención de honor. Todo lo cual, deseo recordárselos ahora, lo hizo en un tiempo meteórico de tan solo cuatro años después de haber empezado a tocar el piano.
David Serrano, a causa de esa trayectoria ejemplar se ganó una beca para aspirar a la maestría en el prestigioso Instituto ”Gnesin Russian Academy of Music”, de Moscú. Para poder trasladarse, puesto que la beca no incluía los pasajes ni la alimentación, sino solo derecho al dormitorio y el pago de los estudios, el joven y talentoso Serrano debió realizar en Costa Rica algunas presentaciones suyas al piano, lo que le permitió obtener los recursos pecuniarios para sufragar los gastos no cubiertos.
David ha pasado ya un poco más de dos años en Rusia, llevando la vida en medio de un rigor propio del más disciplinado claustro religioso, dedicado a aprender el idioma primero y después a sacar adelante los estudios para obtener la maestría. En el momento en que escribo sobre él, David está a punto de presentar su recital para finalizar esta etapa y optar al doctorado. Hasta el momento su calificación es excelente, habiéndose convertido, por derecho propio, en alumno del mejor catedrático de piano de la mencionada Academia; un pianista reconocido en toda Rusia y a escala mundial, cuyo nombre es profesor Vladimir Pavlovich Ovchinnikov; a este distinguido profesor, la mencionada “Gnesin Russian Academy of Music” le otorgó el reconocimiento de “Artista Emérito de Rusia.
En el próximo recital para obtener formalmente la Maestría, que se producirá en estos días, David Serrano va a interpretar dificilísimas obras según me dijo el catedrático de la UNA, Alexander Sklioutovski, su tutor en Costa Rica. Las obras que interpretará el talentoso joven músico costarricense serán las siguientes: Sonatas de Ludwig van Bethoven N. 23 y 31 y, el concierto para piano y orquesta N. 3 de S. Prokofiev.
En el concepto de los buenos profesores de piano de la UNA con los que he conversado sobre David Serrano, estamos en presencia de un músico sumamente talentoso y en pleno desarrollo. Su mérito es producto de un trabajo sostenido, muy exigente de alta y excelsa calidad. Cuando corresponda Costa Rica entera, la UNA y demás universidades públicas, lo recibirán con gran cariño y admiración. Su lograda excelsitud al piano es en gran parte producto de la universidad pública, de sus profesores y desde luego de su grande y talentoso desempeño durante todos estos años.
Compartido con SURCOS por el autor.
