Hoy se abre la convocatoria al nuevo fondo concursable S.O.S Sociocultural.
Este fondo está dirigido a personas gestoras culturales y trabajadoras de la cultura, así como personas que pertenezcan a organizaciones culturales comunitarias, con experiencia de al menos tres años en el desarrollo de actividades culturales comunitarias, con o sin ánimos de lucro, costarricenses o con condición migratoria regular, que se han visto afectadas negativamente por la pandemia ocasionada por Covid-19.
Compartimos los detalles y el enlace en donde puede participar:
Se le invita a formar parte de la presentación del libro de poesía “Conversiones», escrito por Adriano de San Martín. Esta actividad será llevada a cabo en la Biblioteca Nacional el miércoles 8 de junio a las 5:00 p.m.
Se contará con la presencia de Valeria Varas y Juan Ramón Rojas como personas presentadoras y con la participación de Habib Succar como moderador. Para cualquier persona que prefiera seguir el evento de forma virtual, podrá hacerlo accediendo a la página de Facebook llamada Biblioteca Nacional Costa Rica.
El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) ha entregado a doce de las carreras impartidas por la Universidad Estatal a Distancia (UNED) el Certificado de Acreditación Oficial.
Entre estas se encuentran algunas carreras reacreditadas por un periodo de cuatro años, las cuales serían la Maestría en Psicopedagogía; el Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar; el Profesorado, Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de la Matemática, y el Bachillerato y Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales.
Por otro lado, las que reciben por primera vez su acreditación son el Diplomado en Administración de Empresas y los Bachilleratos y Licenciaturas en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas, Contaduría, Dirección de Empresas/Dirección Empresarial, Mercadeo, Negocios Internacionales, Producción/Operaciones y Recursos Humanos
El Colegio de la Frontera Norte, a través de la Unidad de Educación Continua (UEC), realizaron el pasado miércoles 29 de junio el seminario “Juvenicidio, precariedad y violencias de género”.
“Hace unos años atrás, tenía a mi hijo muy enfermo, tenía problemas respiratorios, lo tenían en observación, poniéndole nebulizaciones. El enfermero, que todavía trabaja allí en la clínica, desde que llegué empezó a cuestionar, que por qué nos oponíamos a la hidroeléctrica en ese entonces (Proyecto Hidroeléctrico Diquís), que por qué nosotros defendíamos derechos indígenas si todos éramos iguales”. Cindy Vargas, indígena Brorán de Térraba en Costa Rica.Extracto de artículo publicado en el Semanario Universidad (Costa Rica), «Mujeres indígenas denuncian discriminación y racismo en instituciones públicas por ser recuperadoras de tierra«, edición del 28/04/2022.
«En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar«, Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente en Guatemala, entrevista a El País (España), artículo publicado el 10/02/2022.
«El 8 de marzo de 1995 el Juzgado dejó “sin valor ni efecto la orden de captura librada”. Aunque esta decisión no fue motivada, el fiscal encargado de la investigación en ese momento indicó, en una declaración rendida posteriormente (infra párr. 63), que el joven Juan Francisco López Mejía reveló haber sido coaccionado a rendir declaración incriminatoria, por lo que se determinó que no hubo méritos para la captura. El 23 de marzo de 1995 se recibió la última de las 27 declaraciones testimoniales mencionadas, correspondiente a un coronel del Ejército, de apellido Amaya. Un año después, el 10 de marzo de 1996 la Dirección de Investigación Criminal en Tela presentó un informe sobre el caso en el que subrayó que “en las investigaciones de este caso se van a tocar intereses muy grandes y de cualquier forma los oficiales de investigación asignados al caso corren mucho peligro”. Extractos (párrafos 57-58) de la sentencia de la Corte IDH contra Honduras dictaminada en el 2009, sobre el caso de Blanca Jeannette Kawas Fernández, ecologista hondureña asesinada el 6 de febrero de 1995.
El pasado 30 de mayo del 2022, dos Comisiones del Senado de Chile (Ambiente y Relaciones Exteriores) aprobaron el Acuerdo de Escazú: lo hicieron con 7 votos a favor y 2 abstenciones (véase nota de El Monstrador y esta nota oficial de las autoridades ambientales chilenas). Tan solo 24 horas después, el Senado chileno procedió a una segunda votación que se materializó el 31 de mayo, con 33 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones (véase nota oficial del mismo Senado y nota de Emol).
Un generoso mes de mayo para Escazú
Estas dos votaciones en el Senado de Chile vienen a culminar un proceso iniciado en la Cámara de Diputados de Chile, el cual aprobó el pasado 11 de mayo del 2022, en primer debate constitucional, el Acuerdo de Escazú: véase nota de El Monstrador y cable EFE registrado en La Vanguardia. Esta aprobación también se hizo con una abrumadora mayoría: 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones.
Siempre en el mismo mes de mayo, un segundo debate se llevó a cabo en el seno del mismo Poder Legislativo chileno asociando a la Cámara alta (Senado): véase al respecto esta nota oficial del mismo Senado del 16 de mayo del 2022.
Las indiscutibles mayorías obtenidas en ambas cámaras del Poder Legislativo chileno evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan mayormente sino a muy pocos, y que forman parte del pasado.
Es muy probable que con tan decidido paso, Chile deposite el instrumento de adhesión correspondiente al Acuerdo de Escazú durante el mes de junio del 2022, mes del ambiente, como bien se sabe.
Una breve puesta en contexto
El Acuerdo de Escazú (véase texto completo) se adoptó en Costa Rica y su nombre completo es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe«.
Este instrumento regional se adoptó, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como un homenaje de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca, asesinada en el 2016 (véase nota de Amnistía Internacional publicada en marzo del 2022 al conmemorarse 6 años desde su asesinato y una nota más reciente sobre una sentencia esperada para el 18 de mayo del 2022 que no se leyó).
Foto de Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016, extraída de esta nota de prensa de La Vanguardia titulada «El asesino de Berta Cáceres era un sicario: un joven pobre». El GAIPE (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas) un grupo de investigación internacional fue constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, que intentó en un primer momento encubrir y maquillar el mismo Estado hondureño (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).
El pasado 22 de abril, día en que se celebra el Día de la Madre Tierra, tanto órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hicieron un llamado conjunto (véase comunicado) exigiendo la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, señalando además que:
«el Acuerdo de Escazú es un poderoso instrumento para prevenir conflictos mediante el acceso a la participación, información y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú es también un hito pues consagra la protección de las personas defensoras y su rol, cuyo espíritu nos recuerda que para defender el medio ambiente se debe empezar por proteger a quienes lo defienden«.
Cabe indicar que para este año 2022, el Premio Goldman en materia ambiental incluyó, en el caso de América Latina, a dos líderes indígenas ecuatorianos que llevan muchos años luchando contra proyectos extractivistas (véase nota de La Vanguardia y nota de France24 del 26/05/2022). En Honduras, Berta Cáceres había sido galardonada con este mismo prestigioso premio internacional en el 2015.
Costa Rica y Chile: dos Estados en la mira
El largo proceso de negociación, que duró exactamente 5 años, 7 meses y 7 días, fue coliderado por Chile y por Costa Rica. Dos Estados que pusieron a sus mejores equipos de negociadores para lograr llevar a feliz término el proceso de discusión entre los 33 Estados que integran la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (más conocida como CEPAL): un trabajoso proceso, que requirió un total de 9 rondas de negociación (véase acta final de la novena y última ronda de negociaciones, realizada en marzo del 2018 Costa Rica).
Adoptado en marzo, en el mes de junio del 2018, con ocasión del Día Internacional del Ambiente, en calidad de copresidentes Chile y Costa Rica en una declaración conjunta (véase texto completo) enfatizaron que:
«Ambas co-presidencias invitan a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos. Asimismo, reiteran que el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental. Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.
Esta declaración conjunta del mes de junio del 2018 constituye la última manifestación oficial de ambos Estados en favor del Acuerdo de Escazú: hay que agradecer a la diplomacia chilena por haberla mantenido en su portal oficial desde entonces.
Cabe indicar que en el mes de julio del 2019, ante los titubeos evidenciados con la aprobación del Acuerdo Escazú en América Latina, ambos Estados recibieron un llamado de atención suscrito por varios mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas que fue remitido de igual manera a otros Estados (véase texto del comunicado conjunto enviado a Costa Rica): pese al importante número de firmantes de esta misiva, no se logró mayor avance en el caso de Chile, ni tampoco de Costa Rica.
Un paso más hacia una rectificación por parte de Chile
Esta aprobación en la Cámara de Diputados chilena el pasado 11 de mayo y luego en el Senado este 31 de mayo constituyen importantes logros del Poder Ejecutivo de Chile, que permiten vislumbrar una pronta nueva ratificación del Acuerdo de Escazú: un tratado regional que ya cuenta con 12 Estados Partes (los últimos en ratificarlo – de forma conjunta – en enero del 2021 siendo Argentina y México).
Por parte de América Latina, Chile vendrá a sumarse a las ratificaciones ya registradas (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) de Bolivia y Uruguay (septiembre del 2019), Panamá y Nicaragua (marzo 2020), Ecuador (mayo 2020), así como Argentina y México (enero 2021). Se trata de Estados en los que, dicho sea de paso, no se ha observado en lo más mínimo una salida de las inversiones extranjeras o una parálisis de sus respectivas economías o una inseguridad jurídica desde que se aprobó el Acuerdo de Escazú. Ni mucho menos una invasión indebida de la inversión de la carga de la prueba en el ámbito del derecho penal, tal como se ha escuchado que provocaría el Acuerdo de Escazú en Colombia, en Costa Rica pero también en Perú y en Paraguay (Nota 1) por parte de algunos: sobre estos últimos, debemos precisar que lo han hecho de una manera bastante extraña para el caso costarricense, como lo explicaremos en algunas de las líneas que siguen.
Al haber firmado este acuerdo regional (en setiembre del 2018), pero no haberlo aún ratificado en estos últimos cuatro años, Costa Rica comparte esta situación en América Latina con (además de Chile) los siguientes Estados: Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Una Costa Rica que ha basado históricamente su imagen internacional en el respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente… ¿en esta lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente así como a mayor acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas? Así como se lee, por más extraño que pueda sonar para un/a costarricense.
Con relación a las buenas prácticas en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, no está de más referir a nuestros estimables lectores a esta publicación de la CEPAL titulada precisamente «Las sinergias entre el gobierno abierto y el Acuerdo de Escazú«. En el caso específico de Costa Rica además, podemos referir a este comunicado de prensa oficial de la CEPAL difundido a raíz de una reunión celebrada en San José el 8 de marzo del 2022, titulado «Banca multilateral y OCDE consideran fundamental el Acuerdo de Escazú para generar un clima de inversiones sostenidas y sostenibles«: un comunicado oficial de prensa que, extrañamente, no fue referenciado en ninguno de los principales medios de prensa costarricenses (Nota 2).
Supuestos «argumentos» en contra de Escazú que la realidad objetiva desnuda por completo con el pasar del tiempo
El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban, al no permitir ningún tipo de reserva (Artículo 23) que pueda modular o limitar el alcance de algunas de sus disposiciones.
En relación a la afirmación anterior, se entiende cada vez con mayor claridad, conforme es aprobado el Acuerdo de Escazú en otras latitudes de la región, que los supuestos «argumentos» en su contra escuchados por parte de sectores políticos y económicos opuestos al Acuerdo de Escazú, en realidad, no lo son: por cierto, en el caso de Costa Rica, un muy tempranero ejercicio periodístico desde la Universidad de Costa Rica (UCR) ya lo había así detectado: véase esta nota de Doble Check del 26 de abril del 2021 (cuyo título y contenido no han dado lugar, a la fecha, a ningún derecho de respuesta, rectificación o aclaración por parte de la UCCAEP, una influyente cámara empresarial costarricense). Recientemente el mismo equipo de periodistas puso en tela de duda algunas afirmaciones de un «experto» sobre reservas de petróleo en Costa Rica hechas durante una emisión de televisión (véase enlace).
Volviendo a Escazú y a algunas cámaras empresariales empecinadas en presentarlo como peligroso y dañino para la economía de Costa Rica, tuvimos la oportunidad de lanzarles públicamente varias preguntas así como a sus (siempre muy hacendosas) fichas políticas: véase nuestra breve nota publicada en el medio Delfino.cr el pasado 3 de marzo (la cual, por alguna razón, no ha sido aún contestada).
Remitimos también al artículo del jurista costarricense Mario Peña (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” y publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDia.
Escazú y la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental, o del arte de amenazar con la vaina vacía
Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a algunas cámaras empresariales (así como a una magistrada de la Sala Constitucional de Costa Rica hasta hace poco), se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde 1998.
Así se detalla en este valioso artículo del precitado jurista, publicado en el medio digital Delfino.cr: dicho sea de paso, este artículo tampoco ha dado lugar a una aclaración o reacción por parte de algunos, que han invocado la inversión de la carga de la prueba como un «argumento» incuestionable para oponerse al Acuerdo de Escazú.
Cabe recordar que el no aceptar el principio de la inversión de la carga en materia ambiental apareció en la sentencia del 2011 que puso fin en los tribunales costarricenses a lo que se puede denominar el «affaire Crucitas» (Nota 3): un escándalo ambiental que expuso ante el mundo la faz oscura de la «Costa Rica Verde» que tanto se publicita. La Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica confirmó en todos su extremos la valiente decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del 2010 (véase texto) declarando ilegal el proyecto minero en Crucitas. Al revisar con detalle la batería de supuestos «argumentos» jurídicos presentados por la empresa minera canadiense Infinito Gold (véase el texto completo de la sentencia 1469-2011 de la Sala Primera, cuya lectura resulta de gran interés), se observa que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental fue invocada por los abogados de la recurrente en su apelación: como era de esperar, esta argumentación fue rechazada sin mayor contemplación por los integrantes de la Sala Primera (véanse en particular los párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera). Una empresa minera canadiense que al apelar una sentencia en su contra… ¿cuestiona la aplicación de un principio básico del derecho ambiental vigente en el ordenamiento jurídico por parte de un tribunal costarricense? Así como se lee.
No está de más señalar que muchos de los que advirtieron de una supuesta (y claro está totalmente errónea) «inseguridad jurídica» en Costa Rica a raíz de la decisión del 2010 del TCA coinciden con los que hoy adversan el Acuerdo de Escazú.
La soledad de la Corte Plena y de la Sala Constitucional con relación a otros Poderes Judiciales en América Latina
Como indicado anteriormente, el Acuerdo de Escazú establece exactamente el mismo régimen de obligaciones para todos los Estados que lo aprueban.
Ciertamente, su discusión ha dado lugar a la repentina aparición de supuestos «argumentos» en su contra similares (extrañamente similares) difundidos en varios de los Estados en los que sectores políticos y económicos han logrado frenar su aprobación. En el caso de Costa Rica, estos «argumentos» fueron difundidos por sectores empresariales y sus fichas políticas, aunque también se detectó una extraña coincidencia desde otra esfera, sin que a la fecha se nos brinde una explicación al respecto (Nota 4). Sobre esta última, una diputada, en una emisión radial universitaria refirió a las complejas – e insondables – relaciones que mantienen los huevos y las gallinas (véase emisión disponible en YouTube del programa Interferencias del 11 de marzo del 2022, Radio UCR, minuto 45:15 / 45:48)
No obstante, a esta extraña coincidencia, persiste en el tiempo otra extrañeza costarricense: se trata de un insólito «descubrimiento» escuchado en Costa Rica (y que a la fecha, no ha encontrado eco alguno en el resto de América Latina). En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno, ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia: según ella, el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense. El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de la justicia de Costa Rica? Vaya innovación y esfuerzo creativo.
Es de notar que este extraño «descubrimiento» (Nota 5) ha complicado innecesariamente la aprobación del Acuerdo de Escazú al haber sido luego confirmado por seis de los siete integrantes de la Sala Constitucional: el Magistrado Paul Rueda fue el único en explicar muy bien en su voto salvado la lectura completamente errada hecha por la Corte Plena y luego por sus seis pares dentro de la Sala Constitucional (Nota 6).
Contrario a lo que se podría pensar, este «descubrimiento» no debe verse como algo fortuito. En efecto, no sería la primera vez que en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, que constituye precisamente uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica (según ella y… solamente ella) como un derecho humano (Nota 7). Un años antes, el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles (Nota 8).
Manifestación frente al Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (así como se lee) de comunidades afectadas por la insensata expansión piñera en Siquirres. En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió el uso de bromacil. Foto perteneciente a los archivos del autor.
Este insólito «descubrimiento» del juez constitucional costarricense con respecto al Acuerdo de Escazú ha sido totalmente omiso en las discusiones y en las consultas recientes realizadas en Chile en torno a su aprobación: tratándose de un Estado en el que los argumentos más fantasiosos e insostenibles los unos que los otros salieron a relucir por parte de las mismas autoridades estatales (y ello hasta el 2022) y de sectores económicos afines, el «descubrimiento» del Poder Judicial costarricense podría considerarse desde ya como una verdadera «joya» a la creatividad y a la imaginación en América Latina.
Es muy probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú a venir), la profunda soledad – en nuestra opinión bastante vergonzosa – del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares en América Latina.
Chile: un Estado anfitrión de la primera COP sin serlo del todo
Más allá del hecho que algunos influyentes sectores en Costa Rica cuestionen una herramienta muy básica del derecho ambiental contemporáneo (obteniendo sentencias desfavorables en su contra, y que no obstante parecieran dispuestos a persistir en sostener lo que a todas luces resulta insostenible desde un estricto punto de vista jurídico); y haciendo a un lado la insólita mezquindad exhibida por el Poder Judicial costarricense, cabe indicar que los pasados 20-22 de abril, se celebró en Chile la primera Conferencia de Estados Partes (COP) al Acuerdo de Escazú.
La ubicación de esta cumbre regional se debió a la localización geográfica de las instalaciones de la CEPAL, ente que auspició las negociaciones de este innovador instrumento regional.
Sobre esta primera COP, una reunión fundamental de cara a la futura implementación del Acuerdo de Escazú, remitimos a nuestros estimables lectores a una breve nota nuestra explicando sus alcances (versión en español así como en inglés).
A la cita, además de los 12 Estados Parte al Acuerdo de Escazú, participaron como Estados observadores delegaciones de Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia y Perú, al no haber aún aprobado dicho instrumento regional estos Estados: en el caso de Colombia, su representante oficial no pasó desapercibido, al ser una persona conocida de movimientos sociales colombianos, y de familiares de personas fallecidas y/o gravemente heridas durante las protestas acaecidas en Colombia en el 2019 (Nota 9). Recientemente (véase artículo publicado el 22 de mayo del 2022 en el portal de Mongabay), una entrevista a una reconocida activista ambiental en Colombia ha puesto de manifiesto la incoherencia gubernamental que se observa en Colombia con relación al Acuerdo de Escazú.
A modo de conclusión
El pasado 18 de marzo, el nuevo Presidente de Chile, durante una muy emotiva jornada vivida en el Palacio de la Moneda, firmó el Acuerdo de Escazú, poniendo así fin a un craso error de lectura de su antecesor en el cargo y cerrando una paréntesis bastante triste para los derechos humanos y el ambiente que significó en líneas generales la administración (2018-2022) en Chile.
Desde este momento, el Poder Ejecutivo inició de forma decidida el proceso en la dirección correcta (que nunca debió abandonar), reafirmando de esta manera el regreso de Chile y el de su indiscutible liderazgo en la región en temas de ambiente y de derechos humanos: a tal punto que en este misma primera COP, se acordó que la segunda COP (a celebrarse en el 2024) volverá a realizarse en la capital chilena, al tiempo que un reunión intermedia (2023) se celebrará en Argentina.
Cabe precisar que el pasado 3 de mayo del 2022 , el primer paso en Chile que inició la senda en dirección de la pronta aprobación del Acuerdo de Escazú (véase, entre muchos, esta nota de Swissinfo reproduciendo un cable de la agencia de noticias EFE), fue seguido, el 4 de mayo de cables de agencias de noticias internacionales reportando lo escuchado en Costa Rica, lo cual, como era previsible, va en la dirección exactamente opuesta (Nota 10).
– – Notas – –
Nota 1: Ante la aparición de «argumentos» muy similares en contra del Acuerdo de Escazú en varias latitudes del continente americano, esfuerzos valiosos desde la sociedad civil y desde la academia han denunciado esta verdadera campaña de desinformación fomentada por algunos sectores empresariales en contra de este tratado internacional. En el caso de Costa Rica, véase en particular PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, DerechoalDía, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí; así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., «Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos«, Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un esfuerzo muy similar debió de hacerse en Perú con relación a «argumentos» idénticos a los escuchados en Costa Rica (véase el informe SPDA, «Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales», disponible aquí) así como en Colombia (véase la publicación titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú» disponible aquí). Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de la de Colombia y de Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos «argumentos» en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos.
Nota 2: Ni en el día en que fue divulgado este comunicado de prensa de la CEPAL ni en los días posteriores se encontró referencia alguna en los grandes medios de prensa costarricenses. Unos 10 días después del evento, el 18 de marzo, fue el Semanario Universidad el que editó esta nota de prensa.
Nota 3: La expresión «affaire» refiere al complejo entramado político-empresarial (y a un nutrido grupo de personeros gravitando a su alrededor), que desnudó ante la opinión pública costarricense este caso que fue llevado ante la justicia costarricense: con una sentencia redactada en el 2010 por tres jueces que refirieron a una verdadera «orquestación de voluntades» para explicar las múltiples ilegalidades de muy diversa índole observadas por parte del mismo Estado costarricense. Una «orquestación de voluntades» que, con más de 10 años de haber sido declarada como tal (2010), luego apelada, y reconfirmada (2011), aún no ha dado lugar a una sola sentencia en materia penal ni a a la condena de algunos de los altos funcionarios del Estado o de la empresa involucrados. En un reciente artículo del actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Fernando Cruz, publicado en La Revista.cr (véase texto), leemos que: «La trascendencia política y económica del caso, no impidió a los jueces resolver conforme al mérito de los autos, con plena conciencia que la decisión no complacía a las instancias de poder político y económico. No es fácil que un juez resuelva a contrapelo de los poderosos intereses que sustentan el caso. La decisión de este tribunal es un luminoso homenaje a la independencia judicial«. Es menester referir a nuestros estimables lectores al voto particular (véase texto) de este mismo magistrado en abril del 2010, al separarse del criterio de la mayoría de los integrantes de la Sala Constitucional conjuntamente con su colega, el magistrado Gilbert Armijo. En febrero del 2022, tuvimos la ocasión de analizar la última maniobra de la empresa minera Infinito Gold contra Costa Rica aún pendiente de resolución: véase BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica: una nueva maniobra de la empresa minera contra Costa Rica«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, 8 de febrero del 2022, disponible aquí.
Nota 4: La lectura de este artículo del medio costarricense Ojo al clima, titulado «Acuerdo de Escazú entró en vigor sin el país que le dio el nombre«, del 26 de abril del 2021, permite conocer los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos en relación con su contenido. En este muy completo reportaje cuya lectura se recomienda, se lee que: “La obstaculización del Poder Judicial al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido negativa en muchos sentidos. Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa que dijo que no se estaba ante la situación descrita en el artículo 167 de la Constitución Política y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos”, continuó la exviceministra.“ Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricence de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto», añadió Madrigal.«
Nota 5: Sobre el particular remitimos a la sección «Las extrañezas del Poder Judicial costarricense ante el Acuerdo de Escazú» en nuestro artículo BOEGLIN N., «Chile está a punto de rectificar su postura frente al Acuerdo de Escazú, mientras que Costa Rica se limita con los demás a … ¿mirar?» Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 4 de marzo del 2022, disponible aquí.
Nota 6: En el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 (véase texto completo), en su voto salvado, el Magistrado Paul Rueda señala que: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«.
Nota 7: Sobre tan desconcertante e indecorosa conclusión del juez constitucional costarricense que se lee en el párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo), resulta oportuno señalar que fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no amerita ninguna reflexión particular. Sobre este peligrosa regresión del juez constitucional costarricense, véase breve nota nuestra al respecto. De manera a no causar mayor sonrojo al provocado por esta decisión del juez constitucional costarricense en el mes de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) que precisa de manera muy clara que: «231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante». En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que: «g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión». En un reciente estudio del jurista Álvaro Sagot Rodríguez sobre las repetitivas regresiones ambientales del juez constitucional costarricense, el autor cita una decisión del 2012 de la Sala Constitucional en la que se lee textualmente que: «En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana» (sic) (p. 30 del precitado estudio).
Nota 8: Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico«. Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta altamente cuestionable que la Sala considere que se trate de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».
Nota 9: El ahora diplomático Guillermo Botero, con rango de embajador de Colombia en Chile, fue Ministro de Defensa en Colombia en 2019, un período extremadamente tenso desde el punto de vista social y político. Después de su renuncia como Ministro (noviembre de 2019), las ONG y las organizaciones sociales negociaron con el Poder Ejecutivo colombiano las condiciones para poner fin a las protestas masivas en las calles: obtuvieron, entre otras cosas, del Poder Ejecutivo colombiano, la firma del Acuerdo de Escazú (diciembre de 2019). Desde entonces una fuerte campaña de desinformación en contra del Acuerdo de Escazú ha frenado su aprobación, orquestada por cúpulas empresariales colombianas y sectores políticos afines empecinados en presentarlo como un verdadera freno al desarrollo: se trata de sectores reacios a que se proteja la vida y la integridad física de líderes comunitarios, campesinos, indígenas y ecologistas que defienden el ambiente en Colombia.
Nota 10: Véanse al respecto, nota de la agencia alemana DW y, por parte de la agencia gala AFP, esta nota de RFI y nota de Le Figaro así como la única nota aparecida en Costa Rica en el Tico Times reproduciendo este mismo cable AFP.
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
La estrategia del Gobierno del sector empresarial es, sentar a la mesa a «todos» los actores sociales para legitimar un atropello más a los derechos de la clase trabajadora y del pueblo.
NADA HA SIDO GRATIS, ningún derecho alcanzado, ni en la seguridad social, laboral o económica, ha sido un regalo, ni del gobierno, ni de los empresarios.
TODO, absolutamente todo, ha sido ganado en las calles, con un pueblo en lucha para mejorar sus condiciones laborales y económicas y las de su familia. Para poder tener casa, educación, alimento y vestido para sus hijos e hijas.
LA CLASE TRABAJADORA de los años 1920´s, 40s, 50´s, 60´s y 70´s, lucharon en las calles, fueron golpeados, encarcelados y asesinados por la policía para poder obtener el derecho a la jornada de 8 horas, las garantías sociales, la salud, la educación, el agua, la electricidad, la vivienda y el Código de Trabajo.
HOY PERDEMOS TODO, hipotecando lo más preciado, el futuro de jóvenes, niños y niñas, que vivirán lo que a inicios del Siglo 19 se vivía, la esclavitud laboral, el hambre y la miseria.
MIENTRAS en muchos países europeos han reducido la jornada laboral de 48 a 35, 32 y hasta 29 horas semanales, en Costa Rica pretenden esclavizarnos.
SI PERMITIMOS este nuevo ataque contra la jornada laboral de 8 horas, preparemos a los jóvenes a vivir en esclavitud.
EN LA ENCRUCIJADA, solo queda un único camino, y estamos legando a ella. Como en una calle ciega, amenazados por delincuentes, solo queda organizarse y luchar.
LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, y todo el pueblo costarricense, se enfrenta a la decisión más determinante de la historia de este Siglo, ASUMIR CON VALENTÍA y enfrentar a la narcomafia políticoempresarial que pretende robarse TODO y llevarnos a más desempleo, pobreza y miseria.
DOS COSAS PODEMOS HEREDAR a nuestros hijos e hijas, la actitud valiente en lucha por sus derechos o la claudicación y esclavitud ante un régimen mafioso que opera desde el poder político.
Por Bryan González y Jiri Spendlingwimmer, Miembros del Movimiento Ríos Vivos
Es esencial el empujar siempre más allá de nuestro cuestionamiento, porque no podemos seguir poniendo más parches aquí y allá que no resuelvan los verdaderos problemas. Murray Bookchin
Nuestra derrota sólo quedará sellada si decidimos no escrutar los fundamentos de lo ocurrido, si no descubrimos con claridad lo que propiamente hemos de combatir. Precisamente por estas razones mis amigos y yo hemos de ir a las raíces de las cosas. Günther Anders
Aviso de incendio
Es un derecho inalienable de todo ser humano y una obligación de todo Estado garantizar el libre acceso a la información, la participación pública activa en la toma de decisiones y el irrestricto acceso a la justicia, principalmente cuando se trata de los temas que caracterizan al entorno que habitamos y compartimos con otras formas de vida. Esto debería ser así si asumimos que vivimos en democracia.
Al no ser así, todo instrumento jurídico y político que nos permita acceder a estos derechos debe ser entendido como necesario para continuar defendiendo la vida en el planeta. A partir de esta realidad es que consideramos que el llamado “Acuerdo de Escazú” es una herramienta que podría utilizarse como un mecanismo legal para garantizar el acceso a la justicia pronta y efectiva para todas aquellas singularidades y comunidades que se ven vulneradas por la violencia intrínseca del modelo de destrucción capitalista, al que consideramos irremediablemente insostenible.
Es necesario desarrollar una inteligencia compartida de la situación mundial que nos permita comprender a qué nos enfrentamos: El colapso mundial y la guerra total contra la vida. Esta inteligencia compartida posibilita la visión de las operaciones en curso que se ejecutan bajo una lógica de competencia por el control de los recursos estratégicos en acelerado agotamiento. Para ello es necesario el debate que invite a todas las voces a pronunciarse y a reflexionar sobre el rumbo de los acontecimientos.
Es a partir de la comprensión de nuestra situación actual que proponemos una crítica política al Acuerdo de Escazú con la intención de aportar herramientas y elementos para que tenga lugar este debate; NO con la intención de rechazar las garantías jurídicas que en él se contemplan para la protección de las vidas de las personas defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza en América Latina y el Caribe, la región más violenta y desigual del mundo, pero también la más rica en materia de bienes comunes.
Por el contrario, nuestra crítica se centra en algunos aspectos que se circunscriben al Acuerdo de Escazú, y que consideramos se deben tomar en cuenta en este debate. Específicamente nuestra crítica se enfoca en:
El concepto de “Desarrollo Sostenible” en el que se inscribe la Cumbre de Rio+20 del que emana el Acuerdo de Escazú.
Los promotores del acuerdo, principalmente las agencias financieras internacionales y los gobiernos latinoamericanos que participaron en su elaboración.
El acceso a la información y la excepción bajo excusa de la seguridad nacional.
El desmantelamiento de las instituciones públicas como una política neoliberal que coarta la participación ciudadana en la toma de decisiones, el acceso a la información y a la justicia.
Es este contexto latinoamericano en el cual nos situamos y las dinámicas imperialistas y coloniales que en él se desarrollan, lo que nos lleva a plantear nuestra crítica. No nos situamos en el ámbito del derecho para analizar al Acuerdo de Escazú, desde el cual ya se han expuesto todas sus bondades como una herramienta jurídica necesaria; sino desde lo político, ámbito de reflexión que ha sido considerado como superfluo, “porque se entiende que los mecanismos de control judicial «a posteriori» constituyen una vía suficiente para revisar los resultados de la actividad política” (Agapito, 2009, p. 12).
Pero la realidad y la misma actividad política no cesan de recordarnos que la visión dominante que se tiene de la Política es la de un ámbito definido exclusivamente por lo político, esto es, la lucha por el poder, entendiendo a éste como el poder matar y destruir, y “quien pueda hacerlo, sostiene Santiago López Petit, es quien tiene el poder” (2015, p.11).
El desarrollo como catástrofe
El crecimiento económico imparable e infinito que pretende el modelo capitalista no es acorde con la finitud de la vida y de lo que llaman bienes comunes planetarios. El capitalismo se sustenta en la lógica de la acumulación por destrucción y el despojo. Para expresarlo abiertamente, sin eufemismos, NO es posible un desarrollo sostenible. El desarrollo, sin importar que adjetivos le acompañen, debe ser entendido como catástrofe, siendo ésta, no sólo consecuencia del accionar humano, sino, el resultado intrínseco del capitalismo y de la clase parasitaria que se beneficia de la explotación y destrucción de otros seres humanos y otras formas de vida.
La magnitud de la catástrofe hace cada vez más evidente la urgencia de adoptar acciones más decididas para hacerle frente, asumiendo posturas éticas y políticas que nos permitan irrumpir en la realidad que nos ataca. Es por esta razón que hacemos eco de las alarmas que nos advierten que el planeta está experimentando “un gran episodio de disminución y extirpación de poblaciones, que tendrá consecuencias negativas en cascada en el funcionamiento y servicios de los ecosistemas que son vitales para el mantenimiento de la civilización. Describimos esto como una «aniquilación biológica» para resaltar la magnitud actual del sexto evento de extinción grave actualmente en curso en la Tierra” (Ceballos, Ehrlich, y Dirzo, 2017, p. 1. Énfasis nuestro).
Dicho con más contundencia, los procesos destructivos provocados por el modo de producción capitalista “eventualmente resultarán en la aniquilación de toda la vida en el planeta” (Strona y Bradshaw, 2018, p. 2). Y con ella, la sensación de no poder detener ese proceso de aniquilación, lo que nos coloca en medio de “la paradoja de unos beneficiarios que son incapaces de proteger al sistema que les beneficia” (George, 2003, p. 27).
Hablamos de aniquilación biológica y no del sinsentido del “desarrollo sostenible”, principalmente porque este concepto describe cabalmente al proceso de acumulación por destrucción infinita en un planeta de “recursos” finitos, mientras que términos como “desarrollo sostenible” nos refiere al mantenimiento del modo de destrucción capitalista, siguiendo su crecimiento ininterrumpido, pero gestionado de tal forma que pueda considerarse como “verde”, una suerte de catástrofe amigable con el entorno que destruye.
No es posible un desarrollo sostenible cuando la realidad evidencia un proceso histórico que solo puede comprenderse en términos de Maldesarrollo que “epitomiza la amplitud, la profundidad y la trágica realidad de un fracaso global” (Carmen, 2004, p. 37). No hay punto intermedio, hablar, por tanto, de “desarrollo sostenible”, no es otra cosa que una abdicación epistémica y un posicionamiento a favor del agresor y contra las singularidades y comunidades más vulnerables en esta guerra total contra la vida.
Cuando llamamos por su nombre real a los procesos destructivos que atentan contra la vida, advertimos sobre la urgencia de acciones más contundentes para hacer frente a la catástrofe resultante del modelo capitalista. Hablamos de Aniquilar, del latín annihilare, alteración de nihil, ‘nada’, que significa literalmente “reducir a nada” (Corominas, 1961, 52), acción que no se gesta por generación espontánea, ni mucho menos un error que escapa a todo cálculo. Hacemos referencia no solo a una fase sino a una acción que perfectamente se relaciona con la guerra que, como señaló Carl von Clausewitz, “en todas las circunstancias debemos considerar a la guerra no como algo independiente, sino como un instrumento político” (2004, p. 49).
La aniquilación biológica es una manifestación directa de una guerra total contra la vida, la de todos los seres que habitan en el planeta, incluida la humanidad. Al ser la guerra un instrumento político, debe entonces comprenderse como parte de un proyecto político, con objetivos claramente definidos, no es un hecho aislado, ni un error humano, mucho menos que estalla de improviso. Es un acto de fuerza llevado a cabo por la clase parasitaria capitalista, obsesionada con la acumulación de poder y el gobierno de las especies.
Conociendo al enemigo: De cuando el lobo ya no se disfraza de oveja, pero sí se pinta de verde
Queda claro que el contexto planetario que vivimos actualmente es de guerra y es un principio de ésta conocer al enemigo que se enfrenta. De ahí que el primer objetivo de nuestra crítica al Acuerdo de Escazú consiste en visibilizar a los promotores de este acuerdo, operarios de la destrucción; armas de guerra imperialista para la devastación de países y el saqueo de sus recursos considerados como estratégicos. Ahora se asumen, sospechosamente, como amigos de la naturaleza y protectores de comunidades y singularidades vulnerables; víctimas de sus propias políticas y directrices.
Que el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otras agencias imperiales promuevan un acuerdo que parece más una suerte de tregua, debería encender todas nuestras alarmas y considerar la posibilidad de una paz con la naturaleza y con quienes la defienden como un rescate del sentido original de la pax imperii, esto es, la dominación y la rendición absoluta frente al dominador. No extraña, por tanto, que se acoja de tan buena gana conceptos engañosos como el de desarrollo sostenible. Pero lo que sí extraña es el silencio repentino de ciertos sectores que han dejado de cuestionar a estas agencias imperiales de la destrucción, y que, sin mediar una crítica profunda, ven su historial delictivo como “errores humanos” que son rectificados tras una suerte de epifanía institucional de la catástrofe.
Otros actores promotores de este Acuerdo dignos de toda sospecha son los gobiernos latinoamericanos firmantes, merecedores del epíteto de administradores coloniales de la destrucción de países y garantes del robo de los bienes comunes en detrimento del bienestar de sus propias poblaciones, tal como fue esgrimido por el ideólogo imperial George Kennan al referirse al rol colonial que deben cumplir los gobiernos latinoamericanos en beneficio de los intereses imperiales estadounidenses sobre la región. Para Kennan, “Para proteger nuestros recursos, debemos combatir una herejía peligrosa que, tal como señaló la inteligencia norteamericana, estaba proliferando en América Latina ‘la amplia aceptación de la idea de que el gobierno tiene la responsabilidad directa del bienestar del pueblo” (Chomsky, 1988, p. 34).
Resulta paradójico que los gobiernos sean los principales garantes del respeto a la vida y los Derechos Humanos y de la Naturaleza a la vez que son los mayores violadores de esos mismos derechos. Su poco interés por avanzar en la resolución de los asesinatos sistemáticos de personas defensoras de la vida, hace de los Estados, máquinas de impunidad al servicio del mayor postor. A pesar de esto, se les encomienda la responsabilidad de velar por el cumplimiento de lo estipulado en un acuerdo como el de Escazú.
El Acuerdo de Escazú fue adoptado en marzo de 2018 cuando algunos de los peores gobiernos latinoamericanos de la segunda década del siglo XXI estaban en el poder. El proceso de negociación fue copresidido por el Chile de Sebastián Piñera enemigo acérrimo del pueblo Mapuche y la Costa Rica del saliente Luis Guillermo Solís, para luego ser sustituido por Carlos Alvarado, periodos de tiempo en los que fueron asesinados los líderes indígenas Sergio Rojas y Jhery Rivera.
Junto a estos dos países también fueron parte del Acuerdo el México del sanguinario régimen de Enrique Peña Nieto, la Argentina del impresentable Mauricio Macri, la Colombia de Juan Manuel Santos, el Ecuador de Lenin Moreno y el Brasil del golpista Michel Temer. Ninguno de ellos dignos de ser considerados garantes de la democracia, el Estado de Derecho, o de los derechos de los pueblos indígenas, mucho menos pueden ser considerados como adalides por la protección de la Naturaleza. ¿Se puede entonces confiar que un acuerdo elaborado por estas administraciones coloniales va a garantizarnos los derechos más elementales para la protección de la vida en el planeta?
Por otra parte, rechazamos contundentemente la instrumentalización de las violencias y las muertes de las personas que han puesto, y ponen su cuerpo y su vida en defensa de los derechos de la Naturaleza y de las singularidades y comunidades a vivir en un ambiente digno y saludable para la plenitud de la vida. Rechazamos que entidades como el Banco Mundial y otras agencias financieras internacionales y regionales, así como representantes de gobiernos neoliberales que se han encargado de custodiar y asegurar la destrucción de nuestros países y el saqueo de nuestros territorios, se valgan de los asesinatos de Berta Cáceres, Sergio Rojas, Jehry Rivera y muchas otras, para promover acuerdos marco que, en sus propias palabras, garanticen un “ambiente sano para las inversiones”, siendo estas entidades y gobiernos, los responsables de sus muertes y de la impunidad de esos delitos.
Siendo ellos los gestores de esta aniquilación de la vida, nos resulta sospechosa su renovada actitud “amigable con la naturaleza” y comprometida con la protección de nuestras vidas y la de otras formas-de-vida, cuando históricamente se han valido del principio realista-político “Necessitas non habet legem” (la necesidad no tiene ley) para justificar sus acciones y proteger sus intereses a costa del exterminio y de la destrucción de otras formas de vida, y el asesinato sistemático de las personas defensoras de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, como se manifiesta en las palabras del entonces presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, el 6 de abril de 2016 en un evento realizado en el Seminario de la Unión Teológica de Nueva York, cuando se le preguntó por el asesinato de Berta Cáceres, afirmando que “No se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer, y que alguno de estos incidentes no suceda” (“you cannot do the kind of work we are trying to do and not have some of these incidents happen”) (Knight, 2016).
Estas palabras de Kim evocan a la guerra total, la destrucción es llevada a cabo por todos los medios sin miramiento de sus consecuencias. Siguen la misma lógica que la del ex Secretario de Defensa de los Estados Unidos de la era Trump, James Mattis, respondiendo al cuestionamiento sobre los bombardeos de la coalición militar liderada por Estados Unidos contra Siria: “El asesinato de civiles es “una realidad de la vida en este tipo de situación” (HISPANTV, 2017). Los asesinatos sistemáticos de personas defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza, son más que daños colaterales en esta guerra total contra la vida, son objetivos militares…
Autopsia de un acuerdo demasiado perfecto
Nuestra crítica política no puede quedarse en la exposición de los operadores de la destrucción, autoproclamados como nuevos defensores de la vida en el planeta, sin que ello implique un análisis de algunos aspectos del acuerdo que deben ser pensados en el contexto actual de guerra global que padecemos.
En primer lugar, nos encontramos con el artículo 5 referente al acceso a la información ambiental que en su numeral 6 se desprende que el acceso a la información es limitado según lo establezca cada una de las legislaciones nacionales, o bien, en caso de no contar con ellas, el Acuerdo brinda una serie de excepciones que permiten denegar el acceso a información sin importar lo que previamente se había mencionado.
Entre las excepciones esgrimidas, no podía faltar la voluble excusa siempre presente de la seguridad nacional, definida en los manuales militares como el conjunto de condiciones que permiten alcanzar objetivos nacionales permanentes”, objetivos perpetuamente ligados al modelo capitalista y a la lógica de la acumulación por destrucción. No extraña que los doctrinarios de la Seguridad Nacional argumentaran panfletariamente que “la seguridad es la esencia del desarrollo”.
En un contexto de colapso mundial, caracterizado por la aniquilación biológica y el acelerado agotamiento de los recursos considerados estratégicos, aceptar la excusa de la seguridad nacional como una excepción a los derechos y garantías jurídicas necesarias para la defensa de la vida planetaria no sólo raya en la ingenuidad política, es una suerte de suicidio por parte de los movimientos ambientalistas.
Otro elemento de este acuerdo que nos genera sospecha y que consideramos como una especie de blanqueamiento y legitimación de la aniquilación biológica tiene que ver con la participación ciudadana en la toma de decisiones. No vivimos en democracia –el solo hecho de pensarlo ya da cuenta de mucha inocencia política-; el clamor popular no se impone sobre los objetivos estratégicos de los grupos de poder y su afán por la acumulación de poder y capital en un contexto de acelerado a agotamiento de los recursos. La participación ciudadana no significa “veto ciudadano” en la toma de decisiones a proyectos contrarios a sus interés o destructores de la naturaleza. Es sencillamente, una “garantía de participación”. Un ejemplo de ello fue la experiencia del Movimiento Ríos Vivos entre los años 2013 y 2018, cuando imperaba la amenaza de la construcción de Proyectos Hidroeléctricos, la ARESEP llegó a organizar audiencias públicas en las que alrededor de 400 personas se opusieron al PH San Rafael, frente a solo 10 que lo apoyaban, a pesar de esto la entidad les otorgó la autorización para su construcción. La lección fue obvia: la sociedad civil solo sirvió para legitimar el proceso por medio de su participación.
El acuerdo parece a primera vista, un gran avance en materia de acceso a la justicia, a la información y a la participación ciudadana en la toma de decisiones. Lo sería realmente si no fuera por el hecho de que no menciona, ni siquiera toma en cuenta un factor elemental, las instituciones estatales garantes de esos derechos han sido, y continúan siendo, desmanteladas por los mismos gobiernos neoliberales que elaboraron el acuerdo.
En Costa Rica, a pesar del ímpetu de la administración de Carlos Alvarado respecto al Acuerdo de Escazú, no hizo nada para contrarrestar la impunidad del asesinato de Jhery Rivera ni para eliminar o al menos reducir el racismo institucional y social que impera en el país. Si lo analizamos en detalle según la base de datos del Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto nacional, bajo la excusa de la reducción del déficit fiscal y el saneamiento de la economía, este gobierno se dedicó a recortar el presupuesto de instituciones encargadas de la protección ambiental, como es el caso de la Secretaría Técnica Nacional (SETENA), que pasó de contar con un presupuesto de ¢2.326.948.000 en 2018, a ¢1.926.766.046 en 2022. Práctica que se puede ver en casi todas las entidades gubernamentales, excepto en el Ministerio de Seguridad Pública, cuyo presupuesto se ha mantenido constante, bajo la excusa de la guerra contra las drogas, pero cuyos efectivos terminan siendo utilizados contra las poblaciones que se movilizan.
A modo de conclusión
En definitiva, muy a pesar de que el Acuerdo de Escazú pueda ser considerado como una herramienta jurídica para garantizar el acceso a derechos elementales para la defensa de la vida en todas sus formas, puede que este mecanismo no sea más que una ilusión, una falsa tregua publicitada como lo mejor, y por tanto, defendida y promovida inocentemente por los mismos movimientos ambientalistas. Por ello, puede terminar siendo una trampa finamente elaborada por los operarios de la destrucción para crear “un ambiente sano” para la ejecución de sus planes a pesar de la oposición social que pueda surgir para hacerles frente.
Por ello, consideramos que todo mecanismo e instrumento que sea útil para garantizar el acceso irrestricto a nuestros derechos, debe emanar de nosotros mismos, de las comunidades y las singularidades en movimiento, nunca como una concesión del poder, de los verdaderos enemigos de la vida en el planeta.
Situarnos en el colapso mundial implica denunciar la ideología y los procesos que definen a esa sistemática acumulación por destrucción y exponer las operaciones en curso que son parte de la guerra total contra la vida bajo la consigna de una gestión compartida del riesgo.
Ante esto es importante recordar las palabras de Günther Anders: “estamos en peligro de muerte por actos de terrorismo perpetrados por hombres (sic) sin imaginación y analfabetos sentimentales que son hoy omni-potentes” (2007, p. 160). El dilema que se nos presenta en este contexto de catástrofes por responsabilidad de las jerarquías y las estructuras de poder, es, parafraseando al mismo Anders, “¿cómo detener a quienes no se detendrán ante nada?”
Referencias
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Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
Estas líneas, a la invaluable memoria de mi querido tío Francisco Cedeño Castro (1919-2010), quien nunca pudo escapar de su chiricanidad latente, hijo de un chiricano neogranadino y casado con una, mi tía política Gladys Guerra Gutiérrez, aunque hechura de los Salesianos de Cartago, donde devino en un genial mecánico, con un gusto musical singular, además de un oído especial para deleitarse con la música clásica, según me contó mi primo Humberto y con el gran don de gentes que siempre lo caracterizó. Buena obra hicieron esos frailes, lo dice un agnóstico impenitente como yo, a quien no van a convencer con eso de «la palabra», teniendo en cuenta que el discurso es una parte esencial de lo mío. RC.
En estos días lluviosos de mayo en los que se conmemoran y se celebran, casi de manera simultánea, la creación de la provincia de Chiriquí que fue segregada de la de Veraguas, a partir del año de 1849, un día 26 de mayo, a petición del senador José de Obaldía, originario de Dolega, Chiriquí por decisión del Senado Colombiano, en tiempos en que todavía el istmo no se había separado de Colombia, como un hecho que ha coincidido con la celebración del Día de la Persona Chiricana en Costa Rica, en la misma fecha, cuyo epicentro sigue siendo la localidad de Potrero Grande, en el cantón de Buenos Aires de la provincia de Puntarenas, un pueblo fundado por emigrantes chiricanos a finales del siglo XIX, sucede que me he sumergido- por así decirlo- dentro de la chiricanidad, también a partir de un hecho de que acudió a mi memoria: mi abuelo Manuel María Cedeño Quintero(1879-1955), quien nació como colombiano en Alanje, un pequeño pueblo cerca de David, que tuvo cierta importancia histórica en aquellos lejanos tiempos.
Además, me acordé de que don Manuel peleó en la última guerra civil acaecida en la Colombia del siglo XIX, la llamada guerra de los mil días (1899-1902), en las filas de los godos que fueron derrotados en el istmo a diferencia del resto del país, razón por la que debió emigrar hacia Costa Rica donde llegó a ser un importante empresario en la industria de la jabonería en el Puerto de Puntarenas, durante las décadas de 1920 y 1930. Tengo la impresión de que fue de los nunca aceptaron la separación (o rapto imperial) de Panamá de Colombia, razón por la que nunca regresó a su chiricana tierra natal.
Los medios audiovisuales me han facilitado la tarea y he podido apreciar las expresiones más diversas de la cultura chiricana, desde la cumbia chiricana en toda su especificidad regional hasta las salomas o gritos montunos de sus montañeses agricultores y ganaderos, las que me dan la impresión de ser también algo muy singular dentro del territorio de la nación panameña. En algunos casos, la cumbia aparece como un baile lento, aunque cadencioso donde quienes danzan imitan los movimientos del buey en la molienda de la caña, vestidos con unos trajes muy sencillos, tanto los hombres como las mujeres, lo que me parece muy hermoso y es digno de admirar.
El racismo y el genocidio del colonialismo europeo se expresó en el exterminio de numerosos grupos étnicos como los dolegas y gualacas, entre otros pueblos originarios a los que dieron el nombre genérico de guaymíes. Por fortuna, algunos de ellos han reclamado su propia autodenominación en los actuales territorios de Chiriqui y el sur de Costa Rica, tal es el caso de los ngäbe buglés y los brorán, uno de cuyos líderes, Jehry Rivera, fue asesinado en el cantón de Buenos Aires. La lucha de los pueblos originarios de esta parte del mundo ha sido tan tortuosa y sangrienta como en el resto del continente.
Chiriquí o Valle de La Luna y sus gentes es, sin lugar a duda, una identidad muy fuerte dentro de Panamá que irradia hacia el exterior, en particular hacia los territorios del sur de Costa Rica partiendo desde el oeste panameño o incluso del oriente de la actual Chiriquí, allá en Remedios y Tolé. Podría decirse, que esa fuerza identitaria se roza con la cultura de la guanacastequidad a través del vértice puntarenense, entre ambas hay una inmensa frontera cultural de pueblos mestizos mesoamericanos, afrodescendientes, europeos, asiáticos o provenientes del sur chibcha, la que se remonta, al menos, a la segunda mitad del siglo XIX, con la activa presencia chiricana, tanto en Paquera como en Lepanto y en toda la península de Nicoya, como algo que parece ser un eco lejano de mi propia historia familiar.
El domingo 29 de mayo de 2022, será fecha recordada en los anales electorales de Colombia. El candidato progresista, Gustavo Petro Urrego, con un Programa de Gobierno Alternativo, coaligado con la izquierda, la socialdemocracia y demócratas de partidos históricos; acompañados de una fórmula presidencial encarnada en la afro descendiente Francia Márquez Mina, rompiendo el tradicionalismo político de no dar cabida a aspirantes de raza negra a un máximo cargo de elección a la Vicepresidencia de la República; pese a encabezar las preferencias mayoritarias de opinión de los electores, no alcanza el margen del 51% de los votos emitidos y por ende no logra coronar la elección como Presidente, en la primera vuelta.
El sistema electoral colombiano goza de desprestigio en el ámbito nacional e internacional, por ser clientelista, corrupto, discriminador, objeto de parcialización y de naturaleza de casino; por imperar impunes prácticas de compra y venta de votos; en una sociedad caracterizada por el predominio de una economía subterránea, producto de un sistema narco paramilitar en el ejercicio del poder.
Las pasadas elecciones del 13 de marzo de 2.022, en que se eligieron a los representantes del Parlamento; sistema electoral que abarca más de 200 representantes a la Cámara y más de 100 Senadores; dejaron al desnudo el cúmulo de omisiones y defectos, que conducen al engaño o error y que gracias a la prevención y trabajo de organización de la oposición política expresada en el partido Pacto Histórico, logró descubrir en el pre conteo, que en cerca de 30.000 mesas no se habían contado los votos del Pacto Histórico y ello trajo consigo la reivindicación y reconocimiento de cuatro curules o asientos más en el Senado, a favor del partido de oposición. Sumaron más de 700 mil los votos distraídos.
Ha hecho costumbre y es habitual y reincidente la práctica del fraude electoral en Colombia. El pasaje relatado obedece a la veeduría aplicada por desconfianza en el sistema electoral; asimilado en el movimiento popular por la máxima del cura guerrillero Camilo Torres R, de “el que escruta elige”. Es por ello que para el pasado 29 de mayo, el partido Pacto Histórico inscribió 50 mil testigos electorales, que, junto con los Observadores Internacionales, acompañaron el máximo de mesas posibles en el pre conteo de los votos. El pre conteo es un arbitrario adelanto de resultados que la Registraduría, con la venia del Consejo Nacional Electoral (CNE), con la aplicación de un conteo manual y para demostrar eficiencia y rapidez, publica por las cadenas privadas de medios de comunicación. La labor de los testigos electorales radica en la observación y seguimiento de ese pre conteo que por lo general carece de precisión y exactitud. Luego del pre conteo sobreviene el escrutinio, que es el acto o momento administrativo en el que se precisa si hubo fraude o no, en el ejercicio electoral. De manera que ante el conocido pre conteo de votos en el que el candidato Gustavo Petro no alcanzó el umbral del 51% de los votos emitidos, pues llegó al 43% y con una ventaja de 2.580.000 votos sobre el segundo contendiente, Ingeniero Rodolfo Hernández; se habilita la labor de veeduría y seguimiento en estos tres días hábiles, para que se conozcan o se corrijan imprecisiones, vaguedades, etc. Solo en Colombia, pues en el resto de los países latinoamericanos, el umbral de porcentaje es del 40% de los votos emitidos, para de lo contrario acudir a una segunda vuelta. Múltiples son las falencias del Sistema Electoral colombiano, que fue objeto de definición a una reforma profunda en los Acuerdos de La Habana y la extinta guerrilla de las FARC, que como es conocido por de todo el mundo, la oligarquía militarista hizo trizas y no implemento.
Gustavo Petro gana con el 40.33% de los votos emitidos, la Primera Vuelta y se disputará el gobierno con el ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien obtuvo el 28. %; quedando el derrotado F. Gutiérrez con el 23.%
Un mapa por regiones indica que en el Centro del país (excluida la capital Bogotá DC.) y el Nororiente del país votaron por R. Hernández mayoritariamente.
En la Costa Atlántica. Petro en los Departamentos de la Costa (Atlántico, Guajira, Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Cesar y San Andrés, en el Caribe) con un 52% en promedio, alcanzando en Atlántico la mayoría del 56%, un fortín electorero del Clan Chard Fuad… R. Hernández, en esos Departamentos de la Costa obtiene un 17.2% y F. Gutiérrez, el 26.75%.
En La Región Pacífica. Por Petro 73% (Choco, Nariño, Cauca). Por R. Hernández 9.6% y por F. Gutiérrez 14.%.
Zona del Sur Occidente (Valle del Cauca, Tolima y Huila) 40% Petro; 34% R. Hernández y el 21% F. Gutiérrez.
El Eje Cafetero (Risaralda, Quindio, Caldas) 33% Petro. 32%. R. Hernández y 28.9% F. Gutiérrez.
Departamento de Antioquia. 25% Petro. 19% R. Hernández y 50% F. Gutiérrez.
En Medellín. Petro 275.497 votos, 24.5%. R. Hernández 141.415, 12 votos, 6% y F. Gutiérrez 603.092, 62%
En Los Santanderes: Departamento de Santander, la derecha acoge a R. Hernández con 67%. Por Petro el 55%, quedando F. Gutiérrez únicamente con el 9%. Y en el Departamento de Norte de Santader, cambio del panorama electoral, siendo un fortín del narco para militarismo en el gobierno y de confrontación armada en la zona de frontera con Venezuela y el conflictivo Catatumbo; donde las insurgencias mantienen control territorial, Por Petro 16%. R. Hernández 55%. Gutiérrez 25%
En Bucaramanga Petro 68.600 votos, 21% R. Hernández 219.748 votos, 67% y F. Gutiérrez 39.114, votos, 09%
En Cúcuta. Petro 46.288,21 votos, 14%. R. Hernández 169.932 votos, 50%. F. Gutiérrez 100.251 votos, 29%
Centro del País (Cundinamarca, Boyaca y Meta) por Petro el 32%. Por R. Hernández el 50% y por F. Gutiérrez el 13%.
En Bogotá, DC. 50% Petro (1.769.671 votos). El 22% R. Hernández (833.0169 votos) y el 19% F. Gutiérrez. (con 723.638 votos)
En Los Llanos Orientales (Vichada, Arauca, Casanare). Por Petro el 27%. Por R. Hernández 55% y por F. Gutiérrez 14%.
En La Amazonia (Putumayo, Vaupes, Guainia, Amazonas , Guaviare y Caquetá) Petro 52%. R. Hernández 29% y F. Gutiérrez 14%
DE PROPUESTAS CONCRETAS
Al cuestionado sistema electoral colombiano va engranado el sistema de encuestas y consultorías sin garantía de veracidad y objetividad. Genera un marrullo de imprecisiones, de falsas expectativas y de sobre dimensiones de mandatos sublimes, que conllevan, al elector, a referencias despectivas y falsedades presuntas. Contribuyen al juego de casino, apuestas e inversión de dineros en la compraventa de votos.
Ya la Dirección de la campaña del Pacto Histórico ha emitido pronunciamiento sobre las pautas a seguir para asegurar el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez el próximo 19 de junio. Ello se logra con votos y ante el reto de aumentar mínimo en un millón de votos los obtenidos, los activistas en el trabajo de proselitismo, a fuer de escoger los sectores en todos los niveles donde se analizaren necesidades de impulso, es recomendable poner en práctica y ejercer acción en temas y sectores como:1. El aspecto de la Abstención. ¡El equipo de publicidad de la Campaña Petro presidente! ha demostrado capacidad y eficiente alcance de información, así como educación y aportada claridad en sus mensajes. Una iniciativa de intensidad que busque educar y captar la atención de esas personas y dirigida a la población que no ejerce la obligación cívica y el derecho a votar, prefiriendo permanecer en sus casas u ocuparse en pasatiempo. Asumir el reto de disminuir el 45% que arrojo el índice de abstención en esta pasada primera vuelta electoral. Casi la mitad de la población votante indiferente ante el destino y futuro del país. 2. Atención de preferencia a la Mujer y aspecto de género. Se debe aumentar el índice de votación de las mujeres. Que aumente el número de mujeres que vayan a las urnas, borrando la mala fama que no salen a votar por atender los quehaceres del hogar. Precisamente, la aplicación de pedagogías de dignidad, liberación, organización participativa, auto valía y carácter de importancia de la mujer en la sociedad colombiana, son los motivadores para que ellas apliquen el papel que debidamente les corresponde. Mas aún, en este momento histórico en donde el machismo acosador y explotador las coloca en una situación servil y de inferioridad.3. Primordial atención a la Juventud. No descuidar la atención a la población juvenil del campo, áreas rurales, sub urbanas y juventud que depende de su fuerza de trabajo. La Juventud obrera organizada y vinculada al movimiento de masas, juntos con sus organizaciones sociales, constituye verdaderas correas de transmisión para la consecución de las reivindicaciones que un gobierno Alternativo propone y al que también, en ocasiones corresponderá exigirle. 4. Aplicar iniciativas organizativas de inteligencia popular, para descubrir, informar ante las masas, desacreditar y desenmascarar a los traficantes de votos, en veredas, comunas, barrios, etc. Superar los de “recibe la plata o dinero y vota por Petro”, en el entendido que corresponde arremeter contra tan delictivo proceder de la compraventa de votos.
¿QUIÉN ES RODOLFO HERNÁNDEZ?
El perfil del candidato de la contra parte, no aporta en modo alguno ejemplo, ni es modelo de buenas cualidades. No está entre sus virtudes el ser emulado, ni conduce a acciones con afán de superación. Posee una personalidad difusa, superabundante en palabras y gestos. Poco claro o preciso en sus planteamientos y compromisos. Es agresivo, machista, pendenciero. Posa de verraco. Propio de los sujetos que son ogros en sus casas y unas pascuas, portadores de sonrisas postizas, en la calle. Sus actitudes reflejan a una persona sagaz o astuta. Le cabe el calificativo de tunante, puesto que demuestra que tiene astucia y picardía para aprovecharse de las situaciones. Si no fue un oportunista con su candidatura, si fue el elemento oportunista utilizado por los hacedores de candidaturas, en momentos en que el candidato oficial del gobierno narco paramilitar en ejercicio, el señor Federico Gutiérrez, no llenaba las expectativas para los intereses del Innombrable, ante la personalidad arrolladora de Gustavo Petro, su figura de estadista; conocedor del país; docto en todos los temas a tratarse; figura de talla internacional reconocida; como persona indicada y con capacidad para elevar la dignidad y presencia de la Nación colombiana, en el escenario internacional y garante en el logro de una modificación del escenario de la geopolítica latinoamericana. Nos daría vergüenza a colombianos y colombianas escuchar a un sujeto como Rodolfo Hernández – así improvisado para gobernar al país- en escenarios como las Naciones Unidas, por ejemplo. No hay derecho a que luego de 4 años de la imposición de un sub presidente títere, haciendo el hazmerreír en sus periplos de visitas oficiales internacionales, nos endosen a un tal sujeto de marras. Entró en escena cuando imponentes consultores de estadísticas deciden “congelar” los ascensos de opinión de los candidatos Petro y Gutiérrez y salta la liebre apareciendo el personaje de piel curtida, escaso pelo teñido, gesticulador de gestos y señas, sanador de entuertos. El 70% de mala imagen, no favorable, perjudicial y adverso de su mentor gobernante, el sub presidente Duque, causaba estragos con la díscola personalidad desobediente y presencia personal nada habitual del candidato Federico Gutiérrez. A Rodolfo Hernández, un multimillonario con un haber de más US$ 100 millones de dólares, resulto fácil engranarlo y encajar en el desafiante y provocador sistema electoral en uso. Creció como espuma y acertó al propinar con sorpresa el golpe de gracia al candidato oficial, quedando incólume los intereses del militarismo; del monopolio bancario y financiero especulativo; del actual estado de cosas en el rancio estatus del Establecimiento dominante.
Espero que esta sucinta presentación del personaje opuesto al candidato Alternativo Gustavo Petro, contribuya en estimulante argumentos para destronar la aspiración del tal contradictor inaceptable.
La novena Cumbre de las Américas, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno del continente americano, es decir, aglutina a los líderes de los países de América del Norte, América del Sur, América Central y el Caribe, se celebrará este año, entre el 6 y el 10 de junio 2022, en Los Ángeles-California, EEUU, cuyo lema central será: “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”.
En un sentido, nos preguntamos para la reflexión: ¿la cumbre es estadounidense, norteamericana, interamericana o americana?, y según los hechos, parafraseando al presidente obrero venezolano, Nicolás Maduro Moros, la cumbre se ha convertido en “La cumbre de las protestas por la exclusión”.
Veamos los hechos
Inmediatamente, a la convocatoria por el país anfitrión EEUU y su presidente Joseph Robinette Biden Jr., este la acompaña con la declaración que se excluirán a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. Esto causó y sigue causando gran revuelo en el continente americano.
De seguido a estas afirmaciones, comienzan a sucederse otras declaraciones por parte de varios países y sus presidentes de América Latina. Quien inicio fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien señala que, otros mandatarios latinoamericanos, al igual que él, “no están contentos” con la Cumbre de las Américas que organiza Estados Unidos, porque no están todos los países invitados.
Sin orden cronológico, se añaden una serie de países que no asistirán, por haber exclusión de algunos presidentes y sus países, que, según ellos, tienen derecho a asistir y son parte de la región americana, a saber, Xiomara Castro de Honduras, Alberto Fernández de Argentina, Luis Arce de Bolivia, El Salvador, Guatemala, los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom), entre otros, que se sumaron. Así como organizaciones como la CELAC y el Grupo de Puebla.
Ante la rebeldía de estos presidentes y otros, el presidente, Joe Biden, ofreció pensar la inclusión de todos los países a Cumbre, no obstante, a la fecha del artículo, no hay ninguna reacción contraria o a favor de las exclusiones.
En general, la voz de los rebeldes se sintetiza en la expresión: “la Casa Blanca pretende hacer una cumbre de amigos, que sean capaces de escuchar lo que dice EEUU, aceptar la agenda estadounidense y replicar lo que dicen ellos”.
Por otro lado, el contexto en que se desarrolla la Cumbre, es complejo, según el investigador del Centro de Política Internacional y máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales, Elio Emilio Perera Pena, al señalar, “La pandemia continúa azotando al mundo, con efectos no solo sanitarios, sino también socioeconómicos; “EEUU ve amenazado su imperialismo unipolar mientras otros bloques de poder se han abierto paso, y de manera acelerada”. “Washington y sus socios europeos empujaron a la OTAN hacia las fronteras de Rusia, y ahora vemos cómo la guerra en Ucrania repercute en la economía global, con alzas en los precios del petróleo, el gas, las materias primas y los alimentos”.
“Además, la IX Cumbre se realizaría previamente a la cita de ministros de Defensa de las Américas prevista para el año, que incluirá en su agenda temas de seguridad y otros diferendos regionales como la situación de las Malvinas, de la base militar en la Guayana Francesa, la posición de principal aliado extra Alianza del Atlántico Norte (OTAN) para Colombia, y los intereses estadounidenses por preservar la defensa latinoamericana ante lo que cataloga como regímenes nefastos (léase Venezuela, Nicaragua y Cuba)”.
Otros elementos de la cumbre
A su vez, se anunció que el objetivo del evento sería promover el combate a la pandemia de COVID-19 y la recuperación “verde” de las economías; un manejo “integral” del fenómeno migratorio y la búsqueda de “un consenso hemisférico”, respecto a los desafíos de la democracia como forma de gobierno en la región.
Además de la Cumbre de líderes presidentes, el Departamento de Estado de Estados Unidos organizará tres foros oficiales de partes interesadas en la Cumbre: el noveno Foro de la Sociedad Civil, el sexto Foro de Jóvenes de las Américas y la cuarta Cumbre de “CEO-empresarios” de las Américas.
En general, según estimaciones, la convocatoria, será de unas 35 naciones que deberían asistir a la Cumbre de las Américas, pero unas 25 han anunciado su inasistencia a raíz de la intención de excluir a varios países.
Es decir, si las matemáticas no fallan, con menos de un treinta por ciento de participación realmente proactiva, no puede garantizarse el éxito de ninguna reunión.
Además de las exclusiones de presidentes y sus países ya mencionados, observemos quienes han sido, algunos de los países invitados: Colombia, Ecuador, Panamá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Haití, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay; entre estos algunos no han confirmado su asistencia, pero tampoco han negado su participación.
No obstante, EEUU y su presidente, a la fecha de este artículo, sigue sin cerrar la lista de la Cumbre de las Américas.
En cuanto a presidentes asistentes, la venidera cumbre en Los Ángeles, probablemente estará con muchas sillas vacías y, por tanto, casi una reunión fantasma.
Es significativo que algunos presidentes y sus países, que asistirán a la cumbre, son aduladores y ficha de EEUU, entre los principales: Colombia, Ecuador, Panamá, entre otros.
Es obvio que los empresarios que asistirán a la cuarta cumbre de las CEO, son corruptos, ligados al narcotráfico y de dudosa reputación.
En cuanto a los jóvenes, seguro serán como los jóvenes venezolanos, que conformaron, alguna vez, la llamada “operación libertad” y algunos entraron a la Asamblea Nacional venezolana como líderes y protagonistas, a saber: Leopoldo López, Henrique Capriles, María Corina Machado, Carlos Vecchio, Julio Borges, Gustavo Tarre, Gaby Andreina Arellano, y el autoproclamado presidente Juan Guaidò.
Con relación a personeros de la sociedad civil invitados, les tenemos “un ejemplar de lujo, una perla”, a saber: Alexander “Alex” Otaola Casal, actor, presentador, activista, político cubano americano, una figura influyente en las redes sociales y una de las voces más prominentes del activismo político opositor en Cuba. Otaola es el presentador del programa web “Hola Ota-Ola”, un programa informativo y satírico que cubre entretenimiento, noticias y política.
Según fuentes del Guerrero Cubano, Otaola pretende asistir a la cumbre y armar un show mediático. Está organizando un viaje en autobús, desde Miami a Los Ángeles.
Sería un viaje de unos tres días, más o menos unos tres mil kilómetros. Por supuesto, fiel a su “humilde desprendimiento”, él enviaría a sus súbditos por carretera y él viajará en avión, acompañado de su amiga María Elvira Salazar.
Una canallada de “Alex” es que les está solicitando a sus seguidores en el autobús, que lleven armas. Con la intención de, quizás, poner sobre aviso a las autoridades, o al FBI por ser una cumbre donde asisten personalidades importantes.
Por supuesto, como señala el guerrero cubano, Alexander no tiene dinero para cubrir esta aventura, y está solicitando dinero para ella. Dinero que utilizara para su propio beneficio personal invirtiéndolo en su finca; y al final se quedara con gran parte del dinero y enviara a pocos seguidores.
Además, su intención es ahorrar dinero para postularse como candidato a la alcaldía del Condado Miami Dade. Finalmente, seres como “Alex” son los que finalmente asistirán como ejemplo de la sociedad civil latinoamericana, avalados por los EEUU.
Apreciaciones finales
Sin duda alguna, la prohibición de negar la asistencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua inicial a la cumbre, por parte de EEUU, estos, no esperaban fuese a crear el escándalo que se ha hecho, motivado a protestas por las exclusiones.
La reacción anterior, creemos, ha hecho retroceder un poco a Joe Biden en su política de sanciones. Hemos visto recientemente un aflojo de las restricciones contra Cuba y Venezuela, quizás para congraciarse y para mitigar su inicial error.
En el caso venezolano, producto de la guerra Rusia-Ucrania, se han elevado los precios de los productos derivados del petróleo, específicamente la gasolina, lo que ha hecho que EEUU envié delegados a Venezuela por ser productor de crudo y negociar.
En el caso cubano, es cada vez más la cantidad de países, organizaciones y personalidades que están a favor del levantamiento de sanciones a Cuba, que EEUU esté un poco “dando el brazo a torcer”.
De última hora, según el camarada mexicano Katu Arkonada, en su Twitter @KatuArkonada, hay tensiones entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado, tensiones que podrían llevar a que Joe Biden no participe de la cumbre.
Así mismo, están preocupados por la situación creada, llamándola la “crisis de la cumbre de las Américas”, culpándose mutuamente del fracaso, que llevaría incluso a Biden a no acudir a la cumbre.
De igual modo, “ante el desastre y desespero por el más que evidente fracaso de la Cumbre de las Américas, Estados Unidos pretende, mediante el chantaje, que los países latinoamericanos, especialmente caribeños, abandonen sus posiciones de respaldo a Cuba, Venezuela y Nicaragua”.
Finalmente, Arkonada enfatiza que, La “Crisis de la Cumbre de las Américas” no, “América Latina y la Crisis de la Política de Estados Unidos hacia América” es como debieran llamarle a su problema. El problema lo tiene Estados Unidos, no América Latina”. Yo añado, EEUU genero la crisis. En fin, es toda una trama política que se está dando en el contexto de la cumbre de las exclusiones y en el marco de una guerra creada por EEUU, pero que, ambas, se les han salido de las manos.
