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Autor: María José Ferlini Cartín

Seminario virtual: Reflexiones en torno a las políticas culturales

SURCOS comparte la siguiente información:

Le extendemos cordial invitación a participar del seminario virtual: Reflexiones en torno a las políticas culturales. Éste tendrá lugar los días 6, 13, 20, 27 de octubre y 3 de noviembre. Es totalmente gratuito y se realizará a través de la plataforma ZOOM en horario de 4:00 p.m a 6:00 p.m. Cuenta con dos modalidades de participación.

El seminario virtual Reflexiones en torno a las políticas culturales será un espacio de reflexión sobre la importancia de los derechos y políticas culturales entre representantes de instituciones estatales, gobiernos locales, personas productoras, promotoras y gestoras de políticas comunitarias, para la articulación e intercambio de saberes en el sector.

En los afiches adjuntos encontrará más información.

Este seminario está dirigido a personas gestoras comunitarias, personas gestoras municipales y representantes de espacios estatales.

Matrícula abierta hasta el 26 de setiembre. Para registrase en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/4U9pgn5rvX

 

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

Seguimiento al juicio de Orlando Barrantes

Luego de 7 juicios y de 22 largos años de lucha contra la condena de la protesta social, Orlando Barrantes cuenta sus verdades.

Este es un proceso político-social, derivado de una serie de injusticias sociales que el Estado no pudo arreglar y al presentarse un malestar de toda una provincia, el gobierno demuestra que las personas pobres no tienen derecho a la libre manifestación de sus necesidades. Criminalizando la protesta social, se pretende afectar a una persona inocente por ser un luchador social.

¡Absolutoria para Orlando Barrantes!

En el siguiente enlace de Facebook pude observar la primera parte del juicio con la declaración de Orlando Barrantes: https://www.facebook.com/100002704230512/posts/4870964289670331/?flite=scwspnss 

Nueva agresión contra la familia Sandí Morales en territorio bribri

La familia Bribri Sandí Morales del clan Duriwak decidió ejercer su derecho a la tierra y desde el 28 de abril de 2021 recuperaron el terreno de 104 hectáreas, el cual se encuentra parcialmente ocupado por Luis Pérez Jiménez de manera ilegal.

A eso de la 1:30 p.m. del 22 de septiembre, Roger Castillo, Shirley Cordero y su hermana, transportaron el ganado de Pérez Jiménez hacia los cultivos de arroz, yuca y otros que tiene la familia Bribri Sandí Morales del clan Duriwak, en Dí Bütók Wúyirkë (Las Juntas) en el Territorio Bribri Yäbamï Dí (Cabagra), por lo que, Nuriet Morales y su madre intentaron sacar el ganado para evitar más pérdida de cultivos, a lo cual el hombre y las dos mujeres respondieron con machete en mano e intentaron agredir a la familia.

Más tarde, a eso de las 2:45 pm, se intentó nuevamente introducir el ganado a territorio de la familia Morales, por lo que una unidad móvil de la Fuerza Pública se hizo presente en el lugar y llevó a la familia a interponer una nueva denuncia contra Pérez Jiménez y sus peones.

Es necesario que el Poder Judicial, teniendo conocimiento de las denuncias públicas y judiciales interpuestas por miembros de la Familia Sandí Morales, haga respetar y cumplir las medidas cautelares contra Luis Ángel Pérez y sus peones: Elvin Picado Altamirano, Belarminio Nájeras Quiel, Pablo Quiel Molina y Roger Castillo Segura y se ordenen las medidas necesarias para determinar el armamento que poseen estos sujetos y los respectivos permisos de portación.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

En el siguiente enlace de Facebook encontrará el comunicado oficial: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/603244414624294/ 

Mensaje de José María Villalta sobre situación de Orlando Barrantes Cartín

El exdiputado y excandidato presidencial por el Frente Amplio, José María Villata, envía un mensaje claro sobre la situación que ha venido pasando Orlando Barrantes ya por más de dos décadas. Con sus palabras, Villalta exalta que las autoridades del Ministerio Público se han ensañado con Orlando Barrantes, pues no es justo y posible que una persona lleve 22 años en un mismo proceso de juicios penales de persecución y criminalización de la protesta social. 

A pesar de que se le ha absuelto en dos ocasiones, las autoridades siguen insistiendo en prolongar esta persecución penal. En palabras de Villalta, si el caso de Orlando Barrantes no se detiene lo más pronto posible, Costa Rica podría sufrir una nueva condena en los Tribunales Internacionales de Costa Rica. 

El excandidato a la Presidencia de la República anota que, ojalá así como se ha dado esta persecución y ensañamiento hacia Barrantes de parte de las autoridades del Ministerio Público, ojalá así también persiguieran a los corruptos de “cuello blanco” que pasean libres por el país.

Programa Alternativas: Las broncas que el Gobierno sí debería comerse – video

El Colectivo Alternativas, llevó a cabo el pasado viernes 23 de septiembre, un programa titulado, “Las broncas que el Gobierno sí debería comerse”, a cargo de los panelistas, Mainier Barboza, Irené Barrantes, Ronald Sánchez y Gerardo Hernández. 

Se colocaron en la mesa temas como la defensa del Estado Social de Derecho y los servicios públicos; desde la perspectiva de género, la educación de la mujer rural y el medio ambiente; desde la economía y política, la corrupción dentro del sistema político y las imposiciones del Banco Mundial hacia los países en desarrollo (incluyendo Costa Rica), entre otros temas que verdaderamente afectan a las personas costarricenses en las distintas dimensiones.

Para más información y visualizar el programa completo, puede acceder al siguiente enlace de Facebook: https://fb.watch/fK0JDzwMDR/ 

Alerta para sindicatos del Bloque Salud-CCSS

El Bloque Sindical de la Caja Costarricense del Seguro Social, hace un llamado a todas las personas trabajadoras de la institución para estar alerta con respecto a la sesión extraordinaria que convocó la nueva Presidente Ejecutiva de la institución, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.

Esto, con la intención de realizar una revisión y eventual revocatoria del acuerdo firmado con la Junta Directiva para que se hiciera efectivo el pago del ajuste salarial que se le debe a todas las personas trabajadoras de la institución desde el año 2020.

Se recomienda estar alerta a las informaciones de este Bloque.

Marilena Chauí: La tarea del nuevo gobierno brasileño será enorme, difícil, y exige un punto de vista común de la izquierda en aspectos esenciales

Gilberto Lopes, en São Paulo

Convencida de que fue golpe el impeachment contra la presidente Dilma Rousseff, de que el proyecto “Ponte para el Futuro” –una ambiciosa propuesta neoliberal– impulsada por el entonces vicepresidente, Michel Temer, era un regreso al pasado, de que la operación Lava Jato buscaba destruir y entregar la petrolera brasileña Petrobras a intereses privados extranjeros, Marilena Chauí (filósofa, miembro fundadora del Partido de los Trabajadores – PT), analiza las perspectivas de un probable nuevo gobierno de Lula y advierte que se necesitará una visión común de la izquierda para enfrentar lo que considera las “dificultades gigantescas” de ese gobierno. Habrá que “rehacer el país”, afirma.

Lo que sigue es una versión editada de una entrevista realizada con Marilena Chauí, en São Paulo, el 15 de septiembre pasado.

Gilberto Lopes – Su diagnóstico es que Brasil sufrió un desmantelamiento institucional en los últimos cinco años y que la próxima disputa política será un test para la izquierda. ¿Cuál será la tarea de esa izquierda?

Marilena Chauí – Hay una visión ideologizada y, por tanto, ilusoria, de que la pluralidad de la izquierda representa una crisis. Yo pienso que, al contrario, la multiplicidad enriquece la concepción de la izquierda. Sin borrar las diferencias, ni pretender una falsa unidad, la reunión periódica de la izquierda, en determinadas circunstancias, es esencial. Hay momentos en que un sector se paraliza y otros actúan. De repente el PT se paraliza, pero eso es compensado por innovaciones del PSOL (Partido Socialismo y Libertad, aliado del PT en estas elecciones).

He insistido en que, por lo menos en el primer año de gobierno, tiene que haber un acuerdo, una perspectiva común, porque el gobierno va a enfrentar una dificultad gigantesca. Va a tener que rehacer el país.

Hay 33 millones de desempleados en Brasil, 30 millones de personas pasando hambre.

No hay como pensar en un plan económico y de reestructuración si la izquierda no trabaja en conjunto. Porque la oposición que enfrentará, tanto de la derecha como del centro, va a ser gigantesca. La tarea es enorme, difícil, lenta, y exige que la izquierda encuentre sus puntos en común.

GL – Ud. habla de tres o cuatro puntos comunes de una izquierda diversa. ¿Cuáles son esos puntos comunes?

MC – Hará falta recuperar una propuesta contra la economía neoliberal. Hay que recuperar el papel del fondo público y dirigirlo a atender los derechos sociales. El fondo público tiene que asumir nuevamente su papel de garantizar esos derechos.

Un segundo punto es retomar lo que fue una característica muy importante del primer gobierno de Lula: las conferencias nacionales. El PSOL las llama consulta continua a las bases. Hay que retomar, de forma más intensa, esas conferencias nacionales. El Poder Ejecutivo y una parte del Legislativo deben estar en contacto permanente con las demandas sociales.

Un tercer punto común es la idea de una reconfiguración del Legislativo. No se si tendrá éxito, ni si será posible, pero es necesario promover una reforma política, desde el inicio.

Un cuarto punto es el lugar destacado de la educación, retomar la educación y desmontar lo que trajo Olavo de Carvalho (un astrólogo, filósofo conservador, partidario de las teorías de conspiración, muy influyente en el gobierno de Jair Bolsonaro). No hubo siquiera un ministro de Educación en este gobierno que se salvara. No intervinieron contra la docencia, pero no hubo financiamiento para investigaciones, se desarmaron las universidades técnicas, un proyecto muy caro a la presidente Dilma.

Un quinto punto es la cuestión de género. No me parecía posible, en Brasil, el machismo exhibido en las formas más perversas como en estos últimos cinco años. No se trata solo del machismo, sino de la sexualidad, del género, de las mujeres. Conversé mucho con la gente del PSOL y con Luiza Erundina (exalcaldesa de São Paulo) y creo que si hay alguien capaz de unir a la izquierda, esa figura es ella (Chauí fue Secretaria Municipal de Cultura durante la administración de Erundina, entre 1989 y 1992).

GL – En su opinión, una burguesía nacional, carente de proyecto de nación, ha actuado de manera irresponsable. Bolsonaro no era el incompetente incontrolable para una extrema derecha que tiene una agenda. Era su punta de lanza. Es difícil vislumbrar la agenda de esa extrema derecha. Era fácil, cuando era anticomunista. Pero, ¿qué es ahora?

MC – Me lo he preguntado con frecuencia. La agenda anticomunista se vació y se subieron a la agenda Trump, que también se vació.

El desarme de esas dos perspectivas hizo que la extrema derecha se encaminara en dirección al totalitarismo (no al fascismo), mediante las iglesias evangélicas, que desarticulan la clase trabajadora, se apropian del precariado e impiden la organización de la base social.

Ese es el proyecto: impedir la organización de la base social, de la clase trabajadora. Ese era el programa de la “Escuela sin partido”, de Olavo de Carvalho.

Al mismo tiempo, la trayectoria política va a contemplar una amenaza permanente contra el gobierno, de intervención del legislativo y de amenaza cotidiana de golpe. Tengo miedo de lo que pueda pasar entre octubre o noviembre (fechas del primer turno o del segundo, si hubiera) y el 1 de enero (cuando asume el nuevo presidente). No solo por la posibilidad de un golpe, sino también del asesinato de Lula. Hay muchos voluntarios dispuestos a eso.

GL – ¿Qué representaría, en su opinión, una victoria de Lula en este escenario?

MC – Es la única posibilidad que tenemos de rehacer el país. Por un lado representa una exigencia social y política de encontrar una barrera para la extrema derecha y para las formas más perversas del neoliberalismo.

Yo veo a Lula como un estadista. Representa la percepción de Brasil en América Latina y en el mundo; de nuestro papel, que aparece con la creación del Mercosur y se desarrolla con nuestra presencia en grupos como el G-20 y el G-8, en nuestra política externa de afirmación y no de subordinación.

En términos populares, es la esperanza del retorno de los derechos sociales, de recomposición de la economía y de la educación, que se necesita reformar de arriba abajo.

Lula va a tener que negociar mucho. No por casualidad lleva como candidato a vicepresidente a Geraldo Alckmin (un político del que estuvo distanciado). Lo veo capaz de percibir cuales son las negociaciones que garantizarán derechos a su base social. No se trata de una negociación para mantenerse en el poder, sino de definir cuáles son las exigencias básicas que deben ser negociadas. Lula es capaz de hacer eso.

GL – Hoy, ya clara la naturaleza política perversa de la Lava Jato, considerada en algún momento como un ejemplo de la lucha contra la corrupción en Brasil, ¿cuál es su evaluación de ese proyecto?

MC – En ningún momento le atribuí cualquier seriedad a la Lava Jato. Fui contra ese proyecto desde el primer instante, cuando todavía aparecía como algo honesto. Nunca dejé de relacionar el surgimiento del proyecto con las dificultades de la economía en el gobierno de Dilma. Había dificultades en el manejo de la economía, con el cambio de ministros, mientras la Lava Jato funcionaba. Dilma es una mujer de principios, que no negocia. No se desconocía, en el país, el antagonismo entre ella y el vicepresidente Temer. Ella lo toleró, pero no lo dejaba participar en nada del gobierno.

La Lava Jato me recordaba la figura de Carlos Lacerda (un líder de la derecha en Brasil que, en 1950, dijo, refiriéndose a una nueva candidatura de Vargas: –El señor Vargas, senador, no debe ser candidato a la presidencia. Candidato, no debe elegirse. Electo, no debe asumir. Si asume, debemos promover una revolución para impedirlo gobernar. Lacerda fue uno de los responsables de crear el clima político que llevó al suicidio de Vargas, en agosto de 1954).

Analicé la Lava Jato como una operación del Departamento de Estado norteamericano. La vi como una operación política, lo que luego quedó en evidencia total. El hecho de que su objetivo fuera la petrolera brasileña Petrobras (sabemos lo que eso quiere decir), deja claro lo que había detrás.

Investigué algo sobre la formación y el trabajo de los principales promotores de la Lava Jato. Ninguno de ellos era representante de lo que había de excelente en el mundo jurídico brasileño. Eran inexistentes.

GL – Ud. dice que las fuerzas armadas de 2022 no son las fuerzas armada de 1964 (año en que dieron un golpe militar). Que ellas perdieron su compromiso con la formación nacional. ¿Cómo explicar esa diferencia?

MC – Cuando se considera el golpe de 1964 es claro que ocurre bajo el paraguas de la Alianza para el Progreso, de la política del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del gobierno Kennedy. Militares brasileños, educados en Estados Unidos, trajeron la idea de que Cuba era una amenaza, vinieron con un proyecto, luego adaptado a la realidad brasileña.

Había, en el gobierno, gente bien formada, informada, con proyectos. No es lo que tenemos ahora. Al inicio del gobierno militar de Castelo Branco (1964) y en el período final de la dictadura, con el general Golbery do Couto e Silva, ellos tenían una idea de lo que era el Brasil, de lo que debía ser América Latina y de lo que debían hacer. La respuesta armada de la izquierda al gobierno militar provocó algo no previsto: el Acto Institucional número 5 (que renovó las medidas represivas, en 1968). Después de ese acto tienen que reelaborar el proyecto. Eso es lo que hace Golbery.

Hoy tenemos, en la activa, unas fuerzas armadas tradicionales, pero no se ve un proyecto nacional. Del lado del Ejecutivo tenemos simplemente una apropiación económica de los recursos del Estado. Bolsonaro cooptó, en el Poder Ejecutivo, a un sector de las fuerzas armadas. Hay casi diez mil militares en el gobierno. Por primera vez los militares se vieron en una posición de poder sobre el mundo civil y, mediante una corrupción sin fin, la posibilidad de hacerse realmente ricos.

Si hay golpe de Estado, los responsables serán los integrantes de ese grupo, que se encaramó en el poder del Estado y que no quiere perder los privilegios que consiguieron.

FIN

Imagen: https://lobosuelto.com

Ministra de Salud deberá informar sobre efectos del arsénico

Confraternidad Guanacasteca

Este lunes 26 de setiembre 2022 fuimos notificados de la sentencia de la Sala Constitucional donde se le ordena a la ministra de Salud dar respuestas sobre la afectación a la salud en las poblaciones donde se presenta agua con altos niveles de arsénico, desde hace muchos años.

La Asociación Confraternidad Guanacasteca lleva años, acompañando a las comunidades afectadas y dando la lucha legal, para que se atienda esta EMERGENCIA declarada así por DECRETO desde 2013.

Pensamos que el nuevo gobierno sería un cambio de actitud y de la transparencia y sería más responsable de este caso. Nos equivocamos.

En sentencia de julio de este año, la Sala Constitucional le dio un plazo máximo de 12 meses al AyA y Ministerio de Salud para DAR SOLUCIÓN DEFINITIVA al abastecimiento de agua potable a las comunidades afectadas.

Sin embargo, Salud no ha querido dar información sobre el estado de la salud de las poblaciones que un día tras otro usan, beben, cocinan, se bañan, con agua con altos niveles de arsénico.

Desde el 2013, donde se pretendió vía Decreto cambiar la norma, diciendo que el máximo de arsénico en el agua fijado por la OMS y vigente en Costa Rica, se podía quintuplicar.

Pasando por cerrar el espacio de dialogo que era la Comisión Agua Segura, donde estaban todos los actores del caso.

Hasta hoy 2022, donde se afirma que el récord de enfermos renales y otros, presentes en las comunidades, nada tienen que ver con el arsénico, pero no aportan pruebas y se niegan a realizar los análisis correspondientes.

Esta es la SEXTA SENTENCIA sobre el tema ARSÉNICO, donde Sala Constitucional nos da la razón. La primera fue en 2013.

Esperamos que ahora, la señora ministra respete a las comunidades y las órdenes judiciales y responda a todas las dudas y consultas formuladas.

La actual sentencia, que adjuntamos dice, en resumen:

Exp 22-018199-0007-CO

Res. N° 2022 – 022116

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintitrés de setiembre de dos mil veintidós.

A favor de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA, cédula jurídica 3002395766, contra el MINISTERIO DE SALUD.

PUNTOS

1.- Copia del PLAN DE ACCIONES para la atención a los afectados por la ingesta de arsénico.

2.- Medidas y análisis de arsénico en el cuerpo de los pobladores afectados.

3.- Evaluación de responsabilidades en las demoras de atención a este problema DECLARADO EMERGENCIA en 2013 y no solucionado completamente hoy en 2022.

4.- Cronograma definitivo para completar las obras pendientes de acueductos.

5.- Explicación del motivo de supresión de COMISIÓN AGUA SEGURA.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto a los puntos 1, 2, 3, 4 y el 5 de la gestión del 18 de julio de 2022, la cual fue reiterada el 27 de julio de 2022. Se ordena a Joselyn Chacón Madrigal, en su condición de ministra de Salud, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atiendan como en derecho corresponda los puntos 1, 2, 3, 4 y el 5 de la gestión del 18 de julio de 2022, la cual fue reiterada el 27 de julio de 2022, y se le notifique lo correspondiente a la parte tutelada. Lo anterior salvaguardando los datos personales de acceso restringido, confidenciales y sensibles, de acuerdo con la normativa vigente.

El derecho a la salud y el derecho a la vida, son fundamentales y deben cumplirse en toda Costa Rica y en GUANACASTE TAMBIÉN.

P.D. La próxima semana estaremos informando sobre la respuesta que nos envíe la señora ministra de Salud.

La telaraña de la justicia contra la protesta social

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS

A la opinión pública nacional e internacional

Uno de los juicios políticos contra la protesta social más largos de la historia latinoamericana, se efectúa en el país de la “pura vida”.

A sus 70 años de edad, el defensor de los derechos humanos y luchador social, Orlando Barrantes, es víctima de la persecución judicial del Estado centroamericano de Costa Rica desde hace 22 años y en el presente atraviesa por el octavo juicio, motivado por los aparatos judiciales del Estado costarricense.

La historia de Barrantes se remonta a principios del siglo XXI, cuando en diciembre del año dos mil, se encontraba un fuerte sector de la clase obrera costarricense en la provincia de Limón, haciendo uso del derecho humano universal de la protesta, según lo establece la carta universal de los derechos humanos

En esta protesta pacífica efectuada hace 22 años participaron ex trabajadores del ferrocarril, campesinos, transportistas individuales y del sector obrero que trabajaba en los muelles.

Estos sectores populares estaban exigiendo un apoyo contundente e insumos de apoyo de parte del Estado como responsable social del bienestar social de sus habitantes, ya que, para ese entonces, los campesinos habían tenido perdidas bastante significativas de sus cosechas, debido a los fuertes temporales lluviosos que azotaron el caribe costarricense.

Estas manifestaciones pacíficas se efectuaron en las regiones de Siquirres y Guápiles y en donde también participaron ex trabajadores bananeros afectados por el agro-químico del (DibromoCloroPropano o DBCP), más conocido como el nemagón, cuya sustancia toxica dañó irreversiblemente la salud de gran parte de la población centroamericana, y que fue usado por las grandes corporaciones bananeras de capital extranjero, a sabiendas de su peligrosidad.

Los trabajadores colocaron este veneno en los campos bananeros, ya que, para ese entonces, ellos desconocían sus efectos secundarios en el organismo.

Todos estos sectores populares de la clase obrera costarricense, defendían sus derechos humanos y exigían justicia de los daños que habían sido víctimas por trabajar en estas corporaciones, cuyo capital transnacional es un brazo invisible del sistema capitalista atroz e inhumano que ha dañado a gran parte de Latinoamérica.

A raíz de este fuerte movimiento popular suscitado hace 22 años, el Estado de Costa Rica a través de sus aparatos de seguridad estatal, envío a sus emisarios de la represión para atacar a los manifestantes pacíficos y arrestar a la clase pobre y trabajadora, del único país del continente americano que no cuenta con militares.

Los luchadores sociales fueron puestos provisionalmente en los calabozos de la injusticia costarricense, mientras el Estado de Costa Rica iniciaba una acusación falsa contra el defensor de derechos humanos Orlando Barrantes, relacionándolo con falsos positivos.

Haciendo creer de esta forma, que el defensor de derechos humanos, Barrantes planificó esta protesta y todo lo que conllevó en ella, pese a que testigos oficiales ante los tribunales de Guápiles, comprueban que Barrantes no participó ni coordinó esta acción de protesta.

Por tal motivo, en los 22 años de enjuiciamiento nunca se ha logrado comprobar los cargos judiciales falsos en su contra, lo que significa una clara criminalización de la protesta social en Costa Rica, para infundir el miedo en el sector popular y luchador de esa nación. Paralizando así, sus movimientos de exigencia en la construcción social y dignificación humana del pueblo.

En un comunicado, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, señaló que; “Barrantes ha sido víctima sistemáticamente durante 22 años de un proceso de criminalización y judicialización, valorado como el juicio político más largo en la historia de Costa Rica, plagado de arbitrariedad” también enfatizó que solidarizarse con esta lucha es garantizar el derecho legítimo a la protesta social y a la organización desde las comunidades.

Barrantes es un reconocido luchador social costarricense que siempre ha estado al lado de los oprimidos o de las grandes mayorías vilipendiadas en Costa Rica, su delito fue el defender los derechos humanos de la clase obrera y denunciar las injusticias y los trabajos inhumanos, a los que son subyugados los campesinos y toda la clase popular en Costa Rica.

Este defensor de la humanidad costarricense fungió como secretario del Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros (CONATRAB), es dirigente comunal del Bloque de Vivienda y Fundador del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).

De igual manera es un distinguido miembro de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y por ende amante de la vida, del prójimo e incansable buscador de la justicia para los pueblos sometidos de esta nación centroamericana.

Sin embargo, este extenso currículo de vida que posee Orlando Barrantes no es del agrado del Estado costarricense, puesto que sus operadores de justicia prefieren defender los intereses del capital extranjero transnacional, antes de buscar justicia para su propio pueblo.

En los juzgados de Guápiles actualmente se lleva a cabo el juicio número 8, contra el defensor de derechos humanos Orlando Barrantes, distintas organizaciones de derechos humanos, populares y ecologistas se encuentran apostadas frente a estos tribunales exigiendo la libertad absolutoria para Barrantes.

Una de estas organizaciones, es la Federación Ecologista (FECON) cuya militante Angelica Alvarado menciona que el luchador social Barrantes, es totalmente inocente de los cargos judiciales falsos que se le imputan aduciendo que; “Él nunca estuvo presente en la protesta de hace 22 años y tampoco coordinó la misma, es más, las personas que estuvieron en esa acción son los principales testigos ante los tribunales y aseguran que Barrantes, jamás participó en la protesta”.

Ante estos hechos de la persecución judicial contra Orlando Barrantes, es una clara estrategia de parte del Estado costarricense de generar falsos positivos tal y cual lo estableció en su momento el ex presidente Álvaro Uribe en Colombia para perseguir y criminalizar la protesta social, contra los luchadores sociales y defensores de derechos humanos, por lo que el caso de Orlando Barrantes, se transforma en un pésimo precedente que ha debilitado el estado de derecho y democrático de Costa Rica, durante 22 años.

Por tal motivo la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), en el marco del diseño justo y digno que debe caracterizar a un Estado de derecho democrático en el mundo, rechaza y condena enérgicamente, la persecución estatal que esta siendo víctima el compañero Orlando Barrantes, quien ha sido víctima de un monstruoso ataque estatal durante 22 años.

La ACODEHU hace un llamado internacional a las instancias competentes que defienden los derechos humanos en el marco del concierto de naciones, que conforman la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que condenen esta persecución contra un defensor de derechos humanos como lo es, el compañero y luchador social, Orlando Barrantes.

De igual forma la ACODEHU invita a los organismos de derechos humanos internacionales, a que se unan a la condena de esta injusticia contra Orlando Barrantes, puesto que los aparatos judiciales de Costa Rica, tienen como objetivo primordial acallar las voces de los oprimidos.

Oprimidos que viven en un Estado que vende una falsa imagen de democracia y bienestar social ante el mundo, a través de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía y del capital financiero transnacional que violenta la soberanía en Costa Rica.

A los veinte y siete días del mes de septiembre de 2022, en la ciudad de San José, Costa Rica, Centroamérica.

ANA CECILIA JIMÉNEZ ARCE
Junta Directiva
Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)

Correo-e: derechos.humanos@acodehu-ddhh.org

¡Libertad absolutoria para el compañero Orlando Barrantes, ya!

¿Tiene sentido?

José Luis Callaci

¿Tiene sentido discutir un hecho con personas que solo conocen una parte del mismo y se empeñan en juzgar el todo de ese hecho? ¿Que no tienen conocimientos, por ejemplo, de los antecedentes del actual conflicto entre Rusia y Ucrania?

¿La historia, los incumplimientos de acuerdos de no expandir la OTAN en las fronteras de Rusia, el Golpe de Estado del 2014 en Ucrania, los ataques genocidas a la población civil rusa que por más de 7 millones quedó atrapada por decisiones arbitrarias o inconsultas, al otorgarle su territorio, sus campos y sus ciudades a lo que hoy se llama Ucrania, los ocho largos años de interferencias a las negociaciones para encontrarle una solución pacífica al conflicto, incluidos los acuerdos de Minsk y del grupo de Normandía?

Creemos que no tiene sentido alguno hacerlo en esas condiciones. Sería cómo discutir con alguien que juzga una obra literaria habiendo leído solo un capítulo de la misma.