Las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania ya se sienten con un aumento en los precios, reducción en la disponibilidad de las materias primas, y un bloqueo comercial, aéreo, marítimo, económico y de cualquier otra índole contra Rusia por parte de la comunidad internacional. Tres analistas de la Universidad de Costa Rica y una de la Universidad Nacional dieron sus impresiones sobre las implicaciones de este conflicto en diferentes ámbitos. Foto con fines ilustrativos.
El mundo atraviesa una transformación por una hegemonía occidental en declive
En el marco del conservatorio titulado Ventanas a la Política organizado por la Escuela de Ciencias Políticas y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, tres profesores de dicha casa de estudios y una colega de la Universidad Nacional brindaron sus perspectivas y análisis sobre el conflicto bélico que involucra a Rusia y a Ucrania desde el 24 de febrero.
Cada cual tuvo un espacio de 15 minutos para externar sus presentaciones sobre el tema.
Para el director de la Escuela de Geografía, Pascal Girot Pignot, al externar su punto de vista desde lo geopolítico, el conflicto entre ambos países se da principalmente en zonas estratégicas para ambos países, por donde se pueden dar los intercambios de recursos, con el fin de controlar su acceso, tales como el comercio por el puerto de Odesa en Ucrania, el Mar Negro o Kaliningrado o los gasoductos que surgen desde Rusia hacia el resto de Europa. Sin embargo, es un fenómeno que solo se entiende con el contexto de las relaciones de Rusia con países circunvecinos.
«Mucho de lo que ha pasado en los últimos años alrededor de esta Isla Mundo que es Eurasia, ha venido justamente con ese conflicto en torno al pivote geográfico de la historia, término acuñado por Mackinder (…), quien centró su análisis en justificar por qué este corazón del Heartland, el continente euroasiatico, el más grande del planeta, tenía por la cantidad de recursos un enorme poder terrestre».
Girot Pignot agregó que otros conflictos bélicos como el que involucra a Rusia pero contra Occidente, hace que el país más extenso del mundo se juegue la configuración actual de su territorio, pero a su vez la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que incluye a otras ex repúblicas soviéticas, se rife su futuro en medio de este nuevo episodio entre Rusia y Ucrania.
Finalmente, analizó que la configuración territorial de Ucrania, si bien fue variable a lo largo del tiempo, lo atribuyó a motivos étnicos. «Ucrania ha tenido enormes cambios en su configuración territorial, (…), No solamente es una división abstracta, sino que es una división étnica, pues 30% de su población, más o menos 42 millones de personas, son étnicamente rusos. Incluso Crimea tiene el mayor porcentaje de rusófonos y ahí es donde se está concentrado el conflicto, en zonas de mayoría rusófona».
La docente de Relaciones Internacionales de la UNA, María Fernanda Morales Camacho, agregó que debido al conflicto, se han dado variaciones económicas importantes en los mercados e incertidumbre cada hora. «Hay tres elementos importantes que deberíamos tomar en cuenta del contexto y que la guerra viene a ser un catalizador : la ralentización del crecimiento económico, (…) el incremento de la inflación y la fragmentación de las cadenas de suministros, y temor de incremento de tasas de interés. Entonces vemos dos áreas que se comprometen: seguridad alimentaria y seguridad energética, a un mediano o largo plazo podemos ver cómo en las políticas sociales de los países desarrollados podría haber una mayor afectación y redirección de presupuesto a los rubros militares y también puede afectar la colaboración financiera no reembolsable».
Morales Camacho agregó que las afectaciones se pueden agravar con los cierres portuarios y aeroportuarios, y que el hecho de no tener grandes relaciones comerciales con Rusia o Ucrania no exime de afectaciones a la región latinoamericana, y algunas ya saltan a la vista, con el aumento de los precios del combustible, la inflación, y el tipo de cambio colón contra dólar.
«Mucho de lo que ha pasado en los últimos años alrededor de esta Isla Mundo que es Eurasia, ha venido justamente con ese conflicto en torno al pivote geográfico de la historia, término acuñado por Mackinder (…), quien centró su análisis en justificar por qué este corazón del Heartland, el continente euroasiatico, el más grande del planeta, tenía por la cantidad de recursos un enorme poder terrestre».
Pascal Girot Pignot
Por su parte el docente de la Escuela de Ciencias Políticas (ECP-UCR), Carlos Cascante Segura, enfatizó que la relación con América Latina fue cordial pero estrecha. «Para comprender la reacción ante el conflicto ucraniano hay que irnos para atrás y entender que después del final de la Guerra Fría, tuvimos un período de mucha lejanía con una Rusia que como parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), había estado muy presente como parte del contexto latinoamericano. Creo que todos conocemos becarios costarricenses en alguna parte de lo que fue la URSS, amigos que incluso estuvieron en Kiev como parte de esos elementos de cooperación y en realidad la presencia de la URSS en la Guerra Fría si bien no estaba dirigida a socavar el predominio de Estados Unidos sí era bastante clara (…) La Unión Soviética comprendió que su intervención en América Latina no debía ser tal que la pusieraen problemas con lo que se consideraba como el mundo capitalista».
Sin embargo, de acuerdo con Cascante Segura, luego del período de Putin, la relación entre Rusia y América Latina ha sido comercial con algunos países, y principalmente con socios estratégicos y afines ideológicamente, tales como Argentina, Venezuela, Brasil y Nicaragua.
Su colega, Javier Johanning Solís, profundizó en una nueva estrategia de seguridad Nacional de Rusia luego de un período de relaciones tirantes entre Estados Unidos y Rusia, el cual empeoró especialmente desde la llegada de Vladimir Putin a la Presidencia de la Federación Rusa. «Hay una nueva estrategia de Seguridad Nacional a partir de julio de 2021 donde nos dice mucho de la visión rusa a todo esto. En esa estrategia se establece que el mundo atraviesa una transformación por una hegemonía occidental en declive, y con ello el aumento en el uso de la fuerza y la coerción militar para mantener esa hegemonía a toda costa, y que esto ha hecho que estas potencias sean más beligerantes y ha puesto a Rusia en una mayor situación de seguridad amenazada por otras potencias y no amenazante. Eso es parte de un discurso de securitización en donde hay que mantener un discurso de defensa y no de expansión».
Johanning Solís agregó que el objetivo ruso, desde ese punto de vista de ese país, es resguardarse de la expansión de la OTAN, pero la guerra ha dejado un saldo de 352 personas civiles asesinadas por el ejército ruso, 1.684 heridas y 850.114 personas desplazadas. Esto generó un aislamiento aéreo entre Rusia y varios países de América del Norte y Europa Occidental, pero podría y de hecho hay ya otras consecuencias como el encarecimiento de las materias primas, el aumento en los precios del petróleo y el oro y otros productos. Pero, por otro lado, varios países de la Europa Occidental se podrían ver afectados para el próximo invierno si no se flexibilizan en sus sanciones a la Federación Rusa, pues esta es su principal proveedora de gas natural y petróleo, artículos que necesitan para obtener su energía y soportar los cada vez más crudos inviernos.
Juan Pablo Rodríguez Campos, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
El próximo lunes 04 de abril de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. se realizará una actividad sobre “Características del Envejecimiento en las Personas Sexualmente Diversas”.
El programa está bajo la dirección de la Licda. Gloriana Rodriguez, con Marco Castillo de la Junta Directiva de la OIDHCR y Msc. Willy Chaves Cortés de la Fundación Munakuy.
La Fundación Munakuy tiene un hogar para personas mayores interseccionales.
Se transmitirá a través de la plataforma Facebook Live de la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos (OIDHCR).
29 de marzo de 2022. En un escenario esperanzador que vive nuestro pueblo hermano de Honduras, a partir de haber elegido a Xiomara Castro Sarmientos como su Presidenta, agradecemos al Congreso Nacional la aplicación de AMNISTÍA POLÍTICA (#004- 2022) a Eduardo Urbina Ayala. Nuestro querido hermano y compañero, joven activista y permanente luchador social y defensor de los Derechos Humanos, quien sufriendo desde años atrás persecución por su lucha estudiantil, en el 2017 fue víctima de un complejo andamiaje jurídico orquestado por el régimen narco-dictatorial de Juan Orlando Hernández (JOH) obligándolo al exilio para salvar su vida (10 de diciembre, 2017).
Ya en Costa Rica, arbitrariamente en Honduras fue acusado por el incendio de un camión el 15 de diciembre de ese mismo año, durante una jornada de protestas contra el fraude electoral que impuso nuevamente en el poder a JOH (hoy expresidente de Honduras, privado de libertad con orden de extradición por narcotraficante y crimen organizado).
Nos unimos a la celebración del pueblo de Honduras y la familia de nuestro querido Eduardo. A su vez, destacamos que, desde el exilio en Costa Rica, donde también ha vivido momentos sumamente complejos e injustos, ha mantenido su determinación a salir adelante, demostrando su crecimiento integral como persona, tanto en el ámbito, académico, intelectual, emocional y articulando de manera permanente a las luchas sociales y en defensa de los Derechos Humanos en Honduras y en todos los pueblos del mundo.
Querido Eduardo Urbina: en Costa Rica siempre contarás con los brazos abiertos y llenos de gratitud por enseñarnos que la condición de exiliado no es obstáculo para continuar luchando y creyendo en un mundo de verdadera justicia social. Nuestro cariño, admiración y apoyo siempre.
Tenemos la certeza de que en el marco del actual gobierno encabezado por Xiomara Castro Sarmientos se harán los máximos esfuerzos en lograr JUSTICIA para todas las personas victimas de tortura, feminicidios, desapariciones, asesinato y persecución, así como, AMNISTÍA a todas las presos políticos, presos políticos y personas obligadas al exilio para salvar sus vidas ante el uso excesivo de poder bajo el entonces régimen de JOH.
La histórica sentencia de F. Mitterrand es inapelable:
“Los trabajadores hacen huelga el lunes, porque suben el pan; el martes se manifiestan porque ganan poco; los miércoles protestan por la falta de libertades. Y el domingo votan a la derecha”.
Volverán, si volverán, el próximo domingo, como lo hicieron hace menos de 2 meses, a votar por cualquiera de los dos partidos, de derecha los dos, que representan los espurios intereses oligárquicos que tienen hundido en la miseria a nuestro pueblo.
Volverán a votar por los mismos que construyeron una cultura visceral de odio contra los y las empleadas públicas, para legitimar la proscripción de la negociación colectiva y el principal derecho de resistencia de la clase obrera: la huelga.
Volverán a votar por los mismos que desmantelaron JAPDEVA, INA y aprobaron la salvaje Regla Fiscal.
Muy temprano, a madrugar, para llegar a profanar la escuela del pueblo, del barrio.
Muy temprano, a madrugar, para llegar, de primeros, a reconciliarse con quienes se trajeron al suelo, en menos de 4 años, el Estado Social y Democrático.
Muy temprano, bien bañaditos, orgullosamente con cédula en mano, haciendo fila, como manada bien disciplinada, para dejar en el olvido lo que nos despojaron y arrebataron.
Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.
La Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Oreamuno, le invita al conversatorio: “Análisis de las elecciones desde la perspectiva de los pactos patriarcales”, que se llevará a cabo el día 31 de marzo a las 5pm, y el cual contará con la participación de la Dra. Monserrat Sagot Rodríguez, doctora en sociología con especialidad en sociología del género.
El conversatorio se transmitirá por medio de la plataforma de Zoom (enlace: 89258220182/ contraseña:123) y por el Facebook: Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Oreamuno.
Por Dr. Gerardo Cerdas Vega, Sociólogo, profesor de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional (ECA/UNA)
La actual coyuntura internacional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha encendido todas las alarmas a nivel global sobre la inminente crisis alimentaria, asociada por un lado al incremento desbordado en el precio de la energía y los fertilizantes y, por otro, a problemas de logística global surgidos en el marco de la pandemia de COVID-19 (la así llamada “crisis de los contenedores”), en un contexto marcado por la multiplicación de eventos climáticos extremos, que ya de por sí afectan la seguridad alimentaria mundial, con mayor gravedad en algunas regiones y países.
No obstante, aunque parece que solo nos damos cuenta de la fragilidad del sistema agroalimentario globalizado en el pico de una coyuntura crítica, la situación actual se viene formando desde hace mucho tiempo atrás. No solo por la difusión, desde los años 1940, de un modelo de agricultura altamente contaminante y dependiente de los combustibles fósiles (la “Revolución Verde”), sino por la imposición, desde los años 1980, de constantes oleadas de ajustes neoliberales que arruinaron la agricultura campesina, volcada para el mercado interno, en prácticamente todos los países del mundo.
Efectivamente, desde los años 1980 se ha venido impulsando una agenda de destrucción de las economías agrarias de base local, al tiempo que se abría la brecha para que grandes corporaciones del agronegocio dominasen el mercado mundial de alimentos, semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola, avanzando los intereses de las potencias hegemónicas, en especial de los Estados Unidos. Un mercado altamente lucrativo, oligopolizado y destructor, propulsado por la liberalización del mercado mundial de productos agrícolas a partir de 1995 (negociaciones de la OMC y tratados de libre comercio impuestos por Estados Unidos, Unión Europea y más recientemente, China).
En el caso de Costa Rica, hemos visto una aplicación progresiva de este ideario al mundo rural y a la producción agrícola, con nefastas consecuencias para la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país y para la viabilidad económica de la agricultura campesina. Durante cuatro décadas (cómo no recordar el tristemente famoso lema “Volvamos a la tierra” del plan de gobierno de Luis Alberto Monge y la aplicación sucesiva de los Programas de Ajuste Estructural), se nos ha dicho hasta el cansancio que es más barato importar, que teníamos que “reconvertir” la agricultura, integrarnos a las cadenas globales de valor. Producir, siempre producir, a todo costo, los viejos y nuevos productos que el mercado global demanda, no importa si ello implica devastar la tierra, los ríos, la trama de la vida. Pagar millones de dólares a las corporaciones que controlan semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola. Dejar al agronegocio y a los grandes importadores por la libre y a los pequeños frijoleros, maiceros, arroceros y en general a las familias rurales, integrarse a la “agricultura de cambio” o emigrar a la ciudad / al extranjero para no morir de hambre.
Bueno, ahí tenemos el resultado. Hoy por hoy, Costa Rica es un país extremadamente vulnerable desde el punto de la seguridad alimentaria y sin ninguna soberanía alimentaria efectiva, tal como lo revela la publicación del Semanario Universidad del día 30/03/2022[1]. ¿Cuánto durarán los estoques de alimentos en caso de un corte abrupto en los flujos de importación? ¿Por cuánto tiempo podrán los productores agrícolas seguir costeando el alza en el precio de los insumos? De acuerdo con diversos analistas y fuentes, es muy probable que este año vamos a tener la subida más alta de los precios de los alimentos en toda la historia, más que en 2008, pero con un escenario de mayor precarización social y laboral a nivel mundial sin precedentes, como resultado de la pandemia (que aún no acaba, dicho sea de paso).
Cabe anotar, adicionalmente, que el informe de la FAO sobre seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y El Caribe 2020, apunta que, en Costa Rica, para el periodo 2017-2019, la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave afectó al 5,4% y la inseguridad alimentaria moderada al 25,5% de la población nacional (datos prepandemia). Año con año, se reduce el área destinada a productos como arroz, maíz, frijol al tiempo que disparan las importaciones. Producimos cada vez más piña, palma, banano, café (estos cuatro productos concentran el 70% de la superficie agrícola), pero se reduce la producción de géneros alimenticios indispensables para la dieta nacional. Todo ello sin hablar de la utilización masiva de fertilizantes y pesticidas químicos (hoy a precios estratosféricos) que contaminan la tierra, el agua y los propios alimentos, enfermando a quienes los producen y a quienes los consumen.
En este contexto, el desafío que se coloca con urgencia es el de una transformación del régimen agroalimentario en la dirección de una verdadera sustentabilidad (ambiental, alimentaria, social, económica, cultural). Y ese desafío es lo que llamo el desafío agroecológico: producir alimentos sobre una base ecológicamente saludable, con viabilidad económica, respeto y fomento de la agricultura campesina, agrobiodiversidad, igualdad/equidad de género, soberanía alimentaria y apoyo de la sociedad (inclusive a través de políticas públicas costeadas por el contribuyente), para disputar verdaderamente el perverso control corporativo sobre aquello que comemos y la forma como lo producimos.
América Latina y El Caribe son el epicentro de una verdadera revolución agroecológica, que hoy se extiende por todo el globo (aunque esto no salga en el noticiero). En esta región (y en todo el mundo), abundan los ejemplos de que otra agricultura es posible, una agricultura con cara campesina, indígena, negra, de comunidades de pescadores, de mujeres rurales pero también de colectivos urbanos que se organizan para producir alimentos en las ciudades, o bien que tejen redes para poner en contacto a los productores y productoras agroecológicos con los mercados citadinos y organizan circuitos cortos de comercialización para darle salida a la producción local a precio justo y sin el desigual tratamiento que dan los intermediarios a quienes que producen la comida que comemos. Entre 15 y 20% de los alimentos en el mundo se producen en las ciudades, donde más de 300 millones de personas practican agricultura urbana.
La agroecología es entendida como un movimiento social, como una ciencia y como un conjunto de prácticas ecológicas para el manejo a nivel de finca. Es intensiva en conocimiento local puesto que integra en su seno el saber de las productoras y productores campesinos/as, negras e indígenas (entre otros), así como el apoyo de universidades, ONG comprometidas con las luchas sociales, investigadores/as y activistas en busca de una nueva forma de producir y comercializar alimentos que, por otra parte, se entiende como parte de una ancestralidad, espiritualidad y una conexión íntima con la tierra que son indispensables para superar la actual y las futuras crisis alimentarias, sociales y climáticas. La defensa de las semillas criollas es una de sus bases fundamentales, tal como lo afirma La Vía Campesina.
Así, es urgente que comencemos a discutir, a nivel país, pero sobre todo a nivel local, una salida al laberinto en que nos encontramos. El desafío agroecológico nos llama con más fuerza que nunca. Tal vez la única “virtud” de esta guerra y de esta crisis multidimensional que atravesamos como humanidad, es que ha abierto una ventana de oportunidad para que miremos a fondo la complejísima situación que estamos enfrentando y discutamos los caminos posibles para transformar nuestra relación con los alimentos, lo que conlleva replantearnos por completo nuestra relación con la Tierra y sus ciclos vitales, que no son, precisamente, los de la ganancia corporativa.
En Costa Rica, al igual que en muchos otros países, la política de acabar con la agricultura campesina hizo grandes estragos, pero no acabó por completo con la resistencia local. Hay diversas y ricas experiencias agroecológicas locales que permanecen dispersas, así como un creciente número de personas en el campo y la ciudad que están preocupadas por la calidad de los alimentos que producen y consumen y por las consecuencias medioambientales de todo ello. En función de lo anterior y en el marco de esta coyuntura nacional e internacional, necesitamos con urgencia reconocernos, encontrarnos, nombrarnos y movilizarnos como parte de una transición y una transformación en curso donde la alimentación ocupe un lugar destacado en la agenda pública y nuevas prácticas y alternativas sean construidas desde abajo, desde los territorios y con apoyo de diversos actores comprometidos con un diálogo de saberes horizontal y participativo, que busque sacar a los alimentos de la lógica de la acumulación de capital y los devuelva a las lógicas de existencia de los pueblos.
El debate público de los candidatos se ha decantado por una suerte de descalificaciones mutuas, que no hace otra cosa que develarlos en su falta de mesura y ecuanimidad, pero más que eso en su desesperación por acceder a la silla presidencial, a cualquier precio (y de verdad que el precio cuenta).
Ninguno de los dos candidatos ha dado señales convincentes de estar pensando en los graves problemas de la patria, aunque reiteren en las cifras de hambre, pobreza y desigualdad. Su mensaje no cala profundo, es opaco. Por más altisonante, no llega a tocar las fibras del alma costarricense. Y cuando la palabra pierde su sabor, es como la comida que se muestra apetitosa pero no pasa la prueba del paladar. Es por esa sensación, que al parecer estamos ante un déficit significativo de candidaturas inspiradoras y esperanzadoras, para asumir los retos y desafíos de las Costa Rica postpandémica: económicamente golpeada, socialmente polarizada y humanamente cansada.
Para encarar tamaño desafío requerimos más que experiencia política o actitud y voluntad disruptiva, que son las banderas que ondean hoy los candidatos. Estamos urgidos de liderazgos dispuestos a sentarse reposadamente a la mesa del diálogo ciudadano y buscar acuerdos con todos los sectores de un país donde todavía hay reservas de sentido patriótico, buena voluntad para acoger las mejores ideas y solidaridad para caminar la segunda milla, que pueda aliviar las dolencias de tanta gente sin trabajo y endeudada.
No avizoramos esas cualidades en quienes hoy nos ofrecen sacar a Costa Rica del atolladero. Y quizá, lo más realista sea aceptar que vamos hacia una profundización de los álgidos problemas del empobrecimiento, la desigualdad y la polarización social. Una senda que dejó marcada el gobierno del señor Carlos Alvarado. En este sentido, los próximos cuatro años de gobierno vendrían a ser como un segundo tiempo del partido, incluso más caldeado que el primero. En todo caso, una copa amarga que habrá que tomar, para transitar, esperamos, hacia mejores tiempos.
La segunda reforma social que amerita el país tiene que transitar hacia una política económica postneoliberal. No hay vuelta de hoja, está más que probado que ahí reside el problema sustantivo por el cual no avanzamos en equidad, igualdad y solidaridad. Ese es el cambio profundo, y no el cosmético que ofrecen ambos candidatos, con recetas dictadas por los organismos financieros internacionales, que son las que nos han conducido a donde estamos. Ninguno de los dos candidatos se desmarca.
Por lo tanto, una ciudadanía despierta, crítica y constructiva es más urgente hoy que nunca. Despierta para no dejarse obnubilar por promesas mesiánicas, que solo buscan endulzar a los incautos y al final conducirlos como mansas ovejas para ser trasquiladas. Crítica, para demandar acciones concretas, que garanticen el respeto a los derechos humanos, especialmente de aquellos sectores que han sido más desprotegidos, marginados, discriminados y excluidos. No podemos permitir que se continúen pisoteando los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres que siguen siendo víctimas de una sociedad machista y patriarcal, de la niñez desprotegida, de las personas con limitaciones funcionales, de las madres solteras jefas de hogar, de las personas adultas mayores, etc. Y constructiva, para contribuir con trabajo honesto y solidaridad efectiva a superar las injustas desigualdades que han devaluado cualitativamente a un país que se ha preciado de ser adalid del bienestar social y del desarrollo humano en América Latina.
Costa Rica se merece algo mejor, y no se trata de aspirar al reino de Dios en la tierra. Mucho cuidado, como dijo un teólogo, a propósito de la inquisición, “quienes pretendieron crear el reino de Dios en la tierra terminaron por convertirla en un infierno”. Y este es el derrotero de los fundamentalismos, tanto religiosos como seculares, de los que también tenemos que desmarcarnos, cuanto antes. Algo que tampoco se vislumbra en el escenario actual, todo lo contrario.
La guerra en Ucrania no es simplemente una guerra para ver quién controla un país, un territorio. Es una confrontación en el terreno militar por el futuro de la Humanidad y de la Naturaleza. Como veníamos sosteniendo, ésta se plantea entre dos esquemas de poder que componen la contradicción principal a nivel internacional, entre el Pluriversalismo multipolar plurinacional y el Globalismo unipolar financiero. Ambos esquemas de poder universal internacional en choque estratégico, donde es el multipolarismo quien sostiene en este momento la iniciativa estratégica general desde 2020/21 en adelante.
Rusia lleva la iniciativa multipolar al plantear la batalla en Ucrania para desarticular las acciones técnicas militares de la OTAN (acciones realizadas principalmente desde 2014 de múltiples modos: con la instalación en Ucrania de a- capacidades de guerra biológica, b- capacidades de guerra bacteriológica y c- capacidades de guerra nuclear, etc.) que constituyen una amenaza para la soberanía de Rusia-China-India-Pakistán-Irán-etc. Detener las acciones técnico-militares de la OTAN-Globalista y desarticular su plan de acción significa parar los últimos esfuerzos de una civilización occidental en declive de mantenerse con vida para así poder “despejar” el camino para que el multipolarismo plurinacional y pluriversal pueda hacer avanzar y desarrollar dicha nueva civilización multipolar.
Compartimos el documento para su lectura completa:
Recientemente, la prensa internacional se ha hecho eco de una carta de renuncia suscrita por el jurista norteamericano Paul Reichler: en ella, da por terminada su relación con Nicaragua por casi 40 años de servicios como asesor legal (véase nota de la DW y nota de ElPais de España, así como esta nota de El Confidencial).
Se trata de una noticia que merece ser puesta en perspectiva, tal y como intentaremos hacerlo en las breves líneas que siguen. En efecto, Nicaragua es un Estado que concentra la mayor experiencia en materia de litigio internacional en La Haya en América Latina, con 14 casos contenciosos y una solicitud de intervención, que se pueden visualizar en este enlace de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de los cuales nueve corresponden a demandas entabladas por Nicaragua contra otro Estado.
Como bien se sabe, la CIJ es una jurisdicción internacional prevista dentro de la Carta de Naciones Unidas para resolver las controversias entre Estados: si revisamos con detenimiento cuál ha sido el uso de esta jurisdicción por parte de Estados de América Latina, Nicaragua ostenta una posición muy peculiar.
Después de Nicaragua con 14 casos contenciosos, siguen en América Latina, Colombia (7 casos registrados), Costa Rica y Honduras (seis casos contenciosos cada uno), Chile y Perú (4), Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala y México (2), Brasil, Paraguay, Venezuela y Uruguay (un solo caso contencioso registrado). El caso que opuso Honduras a Brasil en el 2010 fue retirado por Honduras, así como la demanda de Ecuador contra Colombia presentada en el 2008. En el caso de Costa Rica, sus seis demandas en La Haya se relacionan todas a Nicaragua (cinco de ellas al Río San Juan), al tiempo que para Honduras, se trata de cuatro de ellas de las seis registradas. En el caso de Colombia, tres de los siete casos registrados se relacionan a Nicaragua. Antes del mes de abril 2018 (demanda en su contra presentada por Guyana), Venezuela compartía con Panamá el hecho de no registrar ningún caso contencioso en La Haya.
Un equipo de talentosos juristas a toda prueba
Para nuestros estimables lectores poco familiarizados con el pequeño universo que gravita alrededor de la justicia internacional de La Haya, se debe indicar desde ya la existencia de un reducido grupo de profesionales que concentran la defensa legal de los Estados ante la CIJ, y ello desde hace ya muchos años: véase la sección «Los Consejales de la Corona» en esta nota que publicamos en el 2015 en el sitio jurídico costarricense de DerechoalDia, con ocasión de las últimas audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua antes del fallo de diciembre del 2015. En la precitada nota, indicábamos que:
«Si bien el listado de cada uno de los equipos de los Estados que comparecen ante el juez de La Haya son heterogéneos (e incluyen, además de asesores internacionales, consejeros, diplomáticos, historiadores, archivistas, asistentes, cartógrafos, expertos), detrás de esta aparente abundancia de recursos, se esconde una realidad un tanto exigua: la existencia de un «invisible college of international lawyers» (Oscar Schachter) de unos 12 a 15 juristas que toman regularmente la palabra antes los jueces en La Haya y que, por su talento oratorio, sus competencias y su innegable experiencia se reparten la cartera de los litigios en la capital holandesa«.
Precisamente, Paul Reichler es uno de los abogados de mayor renombre que, conjuntamente con el británico Ian Brownlie hasta el 2010 (Nota 1), el francés Alain Pellet y el español Antonio Remiro Brottons, asesoraron exitosamente a Nicaragua en su demanda contra Estados Unidos planteada en 1984 por acciones paramilitares financiadas, instigadas y coordinadas por Estados Unidos: en 1986, en un histórico fallo, por vez primera la CIJ tuvo la oportunidad de condenar a Estados Unidos (véase voluminosa sentencia del 27 de junio de 1986). Notemos que Nicaragua entabló demandas muy similares en la CIJ contra Costa Rica y Honduras, (véase demanda contra Costa Rica y demanda contra Honduras), Estados vecinos de Nicaragua que permitieron el uso de sus respectivos territorios para apoyar a la denominada «contra» nicaragüense: estas demandas fueron luego retiradas por Nicaragua en lo que concierne a Costa Rica, en razón de un compromiso acordado en el Plan de Paz de Esquipulas en 1987.
Este equipo de reconocidos juristas luego asesoró a Nicaragua en su demanda contra Honduras presentada en 1999, que fue resuelta muy favorablemente para Nicaragua en el 2007 en materia de delimitación marítima en el Mar Caribe (véase texto completo de la sentencia). En 1992, este mismo equipo obtuvo que una solicitud de intervención de Nicaragua fuera aceptada en la controversia entre Honduras y El Salvador en lo relativo al Golfo de Fonseca: fue la primera vez en su historia que la CIJ accedió a una solicitud de intervención presentada por un Estado tercero.
Fue también este mismo grupo de prestigiosos asesores de Nicaragua que encontramos en los juicios a repetición interpuestos por Costa Rica contra Nicaragua en el 2005 ante el juez de La Haya (derechos de navegación en el San Juan), en el 2010 (por el dragado realizado en Isla Portillos), en el 2014 (por la delimitación marítima en ambos océanos) y en el 2017 (por la construcción de una carpa militar de Nicaragua – véase comunicado de prensa de la CIJ del 2017-); así como en la etapa de reparaciones por daños ambientales (que culminó en el 2018 con una decisión de la CIJ ordenando a Nicaragua el pago de una modesta suma de 387.000 US$ comparada con los más de 6,4 millones de US$ que exigía Costa Rica a título de compensación por daño ambiental). Para completar la insólita situación existente entre Costa Rica y Nicaragua, consistiendo en llevar cualquier punto de discusión a conocimiento de la CIJ a un costo al día de hoy que es desconocido (Nota 2), cabe incluir la demanda de Nicaragua contra Costa Rica por la construcción de la denominada «trocha fronteriza» del 2011, la cual fue unida por la CIJ a la otra demanda por el dragado en Isla Portillos, y ello a solicitud de Nicaragua: esta unión de procedimientos se decidió pese a las objeciones de Costa Rica (véase ordenanza del 2013 tomada de manera unánime por los jueces de la CIJ) (Nota 3).
El talento de Paul Reichler y el de sus colegas en la barra de La Haya también se evidenció en la demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia en el 2001 y que concluyó exitosamente para los intereses de Nicaragua después de 11 largos años con una sentencia de la CIJ adoptada noviembre del 2012 (véase texto completo): en el 2010, Honduras y Costa Rica habían presentado una solicitud de intervención, la cual fue rechazada por la CIJ en el año 2011 (véase nota nuestra sobre rechazo a la solicitud de Costa Rica del 4/05/2011). Dos nuevas demandas planteadas por Nicaragua en el 2013 contra Colombia en el ámbito marítimo, y siempre con relación al Mar Caribe, están aún pendientes de resolución ante la CIJ (Nota 4). El pasado 30 de marzo, la CIJ anunció que dará lectura a la sentencia en uno de estos dos casos el próximo 21 de abril del 2022 (véase breve nota nuestra al respecto).
Esta nota de prensa del 2016 del New York Times refiere a algunas de las diversas facetas de la impresionante y muy variada carrera de jurista de Paul Reichler, la cual no se limita únicamente a litigios interestatales: asesoró a Uruguay ante las arremetidas de varias transnacionales que demandaron ese Estado en el CIADI, así como a personas detenidas en la base norteamericana de Guantánamo.
En su carta de renuncia con fecha del 2 de marzo del 2022 (véase texto completo), se lee que en algun momento, Paul Reichler fue también encomendado directamente por las máximas autoridades de Nicaragua en varios momentos cúspides en la historia de Nicaragua (acuerdo de Sapoá de 1988, reconocimiento de la derrota electoral en 1990), evidenciando así gestiones políticas al más alto nivel que trascienden – y por mucho – la simple defensa legal desde la prestigiosa barra de La Haya.
Los policías costarricenses en el Río San Juan: un insólito resultado obtenido en el 2009
En el caso de Costa Rica, son los alegatos de Paul Reichler (así como los de Ian Brownlie) los que lograron convencer a los jueces de La Haya de la necesidad de prohibir el paso de policías costarricenses en el Río San Juan, sean estos armados o desarmados, sea en tareas de vigilancia o en simples tareas de abastecimiento de puestos fronterizos desde las aguas del Río San Juan: véase al respecto la batería final (segunda ronda de debate oral) de argumentos presentados por Nicaragua en marzo del 2009.
Al respecto, resulta un tanto inédito en los anales de la justicia internacional que un Estado como Costa Rica, titular de competencias en materia de guarda y de vigilancia del Río San Juan contempladas en un tratado bilateral de 1858 con Nicaragua, opte por presentar una demanda ante el juez internacional en el 2005 y que obtenga en julio del 2009 una sentencia que… le prohíbe ejercer este derecho por parte de sus fuerzas policiales (véase texto completo, párrafo 156).
Tuvimos la oportunidad de escribir al respecto (véase breve nota nuestra sobre la sentencia del 2015 entre Costa Rica y Nicaragua) que:
«Desde aquella fecha, Costa Rica quedó impedida de navegar en el río San Juan que marca gran parte de la frontera entre ambos Estados con sus policías, fueran estos armados, o desarmados, o en simples tareas de abastecimiento de puestos fronterizos ubicados en la frontera. Un año más tarde, en el 2010, la ocupación ilegal en Isla Portillos por parte de efectivos de Nicaragua revelaría las enormes dificultades de Costa Rica para vigilar su frontera fluvial (y lo que ocurre en su extremidad Noreste)«
Lo inédito resulta aún más insólito si se trae a la memoria el hecho que Costa Rica y Nicaragua habían logrado plasmar sus diferencias en un primer acuerdo sobre el uso de armas de cierto calibre por parte de policías costarricenses durante sus operaciones de navegación en las aguas del Río San Juan (en el denominado comunicado Cuadra-Lizano suscrito el 30 de julio de 1998) (Nota 5).
Otra daga del equipo de Nicaragua al de Costa Rica se lee en el párrafo 89 de la sentencia del 2009 (véase texto), en el que el juez internacional establece que la protección del ambiente en el Río San Juan es un objetivo legítimo que Nicaragua persigue a la hora de regular la navegación fluvial, pese a una serie de objeciones de Costa Rica en el sentido contrario:
«89. The Court considers that, over the course of the century and a half since the 1858 Treaty was concluded, the interests which are to be protected through regulation in the public interest may well have changed in ways that could never have been anticipated by the Parties at the time: protecting the environment is a notable example. As will appear from the rulings made later in this Judgment (see paragraphs 104, 109, 118, 127 and 141), Nicaragua, in adopting certain measures which have been challenged, in the Court’s opinion, is pursuing the legitimate purpose of protecting the environment. .. / ..89. La Cour estime que, au cours des cent cinquante ans qui se sont écoulés depuis la conclusion du traité de 1858, les intérêts devant être protégés au moyen d’une réglementation prise dans l’intérêt public peuvent tout à fait avoir évolué d’une manière qui, à l’époque, ne pouvait être prévue par les Parties; la protection de l’environnement en est un excellent exemple. Ainsi que cela ressortira des conclusions formulées plus loin dans le présent arrêt (voir paragraphes 104, 109, 118, 127 et 141), la Cour considère que, en adoptant certaines mesures contestées, le Nicaragua poursuit l’objectif légitime que constitue la protection de l’environnement«.
Salvo error de nuestra parte, no se ha dado a conocer en Costa Rica un estudio que analice con detalle los alcances de esta sentencia del 2009, algunas de las fallas del equipo de asesores contratados por Costa Rica, el éxito de algunas de las tesis avanzadas por los asesores de Nicaragua (y vice versa) y que explique cómo esta sentencia afectó la vigilancia policial desde la margen costarricense del Río San Juan a partir de su lectura en julio del 2009.
Las motivaciones de Paul Reichler en breve
En su carta de renuncia, se lee también que Paul Reichler da por finalizada su relación con Nicaragua debido al giro político reciente del Presidente Daniel Ortega:
«También me resulta inconcebible que el Daniel Ortega al que serví pudiera haber forzado al exilio a sus más ilustres ciudadanos, incluidos Sergio Ramírez, Luis Carrión, Carlos Fernando Chamorro, Edmundo Jarquín, Gioconda Belli, Mónica Baltodano, Julio López Campos y muchos otros héroes sandinistas y no sandinistas, así como miles de nicaragüenses de todas las tendencias políticas cuya libertad ha sido negada o amenazada. Me resulta impensable que ese Daniel Ortega hubiera asesinado a Hugo Torres y llevado sádicamente a los otros grandes patriotas, ahora encerrados en sus celdas, al borde del hambre y la muerte«.
En otra carta también reciente, el profesor Alain Pellet (Francia) hizo pública su renuncia a Rusia, un Estado que ha asesorado durante los últimos años ante el juez internacional de La Haya, considerando que:
«I have enjoyed working with you to defend the interests of your country, which I love dearly. I appreciated that while defending them together, we could exchange freely on the limits not to be crossed. I have seen the scruples of some of you and understood the unwavering commitment of others. But enough is enough. Yesterday I sent my letter of resignation to the competent authorities: lawyers can defend more or less questionable causes. But it has become impossible to represent in forums dedicated to the application of the law a country that so cynically despises it .. / .. J’ai aimé travailler avec vous pour la défense des intérêts de votre pays, que j’aime profondément. J’ai apprécié que tout en les défendant ensemble, nous puissions échanger librement sur les limites à ne pas franchir. J’ai constaté les scrupules de certains d’entre vous et compris l’engagement sans faille d’autres. Mais, trop c’est trop. J’ai adressé hier ma lettre de démission aux autorités compétentes : des avocats peuvent défendre des causes plus ou moins discutables ; il est impossible de représenter dans des enceintes vouées à l’application du droit un pays qui le méprise si cyniquement« (véase carta publicada en inglés en el sitio EJIL-Talk y en francés en su sitio personal).
En esta foto de audiencias realizada en La Haya, aparecen (izquierda a derecha Carlos Argüello, Embajador de Nicaragua en La Haya y Agente de Nicaragua, Alain Pellet (toga roja) y Paul Reichler. Extraída de esta nota de prensa.
En el pequeño microcosmo que gravita alrededor de la justicia internacional de La Haya (en el que se saben algunas cosas sin que sean necesariamente objeto de reportes en medios de prensa o en redes sociales), es poco usual que este tipo de cartas de renuncias se hagan públicas: es muy probable que respondan en gran parte a la ola de repudio y de rechazo generalizado que han causado recientemente los dos precitados Estados.
A modo de conclusión
Los equipos internacionales de juristas de La Haya que asesoran a los Estados en sus contiendas legales reúnen en algunas ocasiones a los mejores exponentes del derecho internacional público: es precisamente el caso de Nicaragua, con un equipo en el que la trayectoria de sus integrantes, su experiencia como litigantes en La Haya, y su innegable talento oratorio lograron arrebatar los argumentos de equipos de juristas como los reunidos para su defensa por Estados Unidos, Colombia, Costa Rica o bien por Honduras.
Es muy notorio que este equipo de Nicaragua permaneciera desde mediados de los años 80 asesorando a Nicaragua en sus diversas contiendas en La Haya.
Con esta carta de renuncia, Nicaragua pierde sin lugar a dudas a uno de los artífices de varias de sus victorias ante la justicia internacional y su reemplazo sobre la marcha, de cara a la preparación de los escritos que debe presentar Nicaragua en los procesos pendientes contra Colombia, no será tarea fácil.
Como indicado en algunas líneas anteriores, en el precitado caso del jurista galo y de Rusia, llega un momento en el que se considera que ya no vale más la pena seguir viendo su nombre asociado a la defensa de un Estado en recintos judiciales internacionales en los que se debate y se interpreta el alcance de las normas y su debido respeto. Probablemente no sea una decisión fácil de tomar, posiblemente el peso del legado y de todo lo logrado con este Estado influya, y, si bien puede siempre existir una motivación de continuar ante el desafío que representa la labor de asesor legal en La Haya, se llega a un punto de ruptura cuando en su reflexión interna, el jurista concluye con un:
Nota 1: Sobre Ian Bronwlie y su súbita muerte en el 2010, véase nuestra breve nota luctuosa (Revista Judicial, Número 97, pp.223-226), titulada «La muerte de Ian Brownlie. El mundo del derecho internacional público en duelo«, en la que escribimos que: » La solidez de la argumentación resistió incólume a todas las objeciones de la parte contraria, y fue aceptada sin mayor contemplación por parte de la CIJ en forma unánime por los 14 jueces: a partir de esta fecha, Costa Rica quedó impedida de navegar con policías por las aguas del río San Juan, sean estos armados o desarmados, sea en tareas de vigilancia policial o en simples tareas de abastecimiento por agua de los puestos de control en tierra«.
Nota 2: Se estima que para cada Estado, una demanda en La Haya supone entre 5 a 9 millones de US$ en gastos diversos. Ahora bien, el gasto exacto que le han significado las repetitivas demandas en La Haya a cada uno de los dos ribereños del Río San Juan se desconoce, pese a cifras que han aparecido de vez en cuando en la prensa de ambos lados del Río San Juan. Los montos anunciados a continuación no se sustentan, a la fecha, en algún informe oficial para conocer el detalle de los rubros ahí consignados: el monto extremadamente preciso señalado por la Contraloría General de la República de Nicaragua, de 6.169.029 US$ para enfrentar la única demanda en aquel mes de mayo del 2011 ante Costa Rica (véase nota de El Nuevo Diario) es, en nuestra opinión, un indicador a considerar. Agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para hacernos llegar el informe detallado en este preciso caso, de manera a revisar el desglose de los rubros que contiene (correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com). Cabe destacar que una prensa más curiosa como la colombiana logró obtener datos sobre únicamente los honorarios devengados por asesores internacionales y nacionales para definir la mejor estrategia después del fallo entre Nicaragua y Colombia de 2012 (véase nota de Semana); con relación a las acciones antes del 2012, el mismo medio colombiano accedió a la lista de honorarios devengados por la veintena de juristas contratados por Colombia (véase artículo). En Argentina se pudo tener acceso a la “tarifa horaria” de los asesores internacionales contratados para hacerle fente a la demanda uruguaya (véase nota de prensa de 2010). En el caso de Chile, el Ejecutivo debió reconocer en 2015 (y ello contra su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú ante la CIJ (véase nota de prensa). Una decisión de la Corte Suprema chilena de enero del 2014 (véase texto ) dejó sin efecto la decisión judicial anterior que ordenó dar a conocer el dato, evidenciando las resistencias del aparato judicial chileno para transparentar del todo algunas cosas. En el caso de Colombia, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ por aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, optó por depositar a Ecuador en el 2013 la suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013). En el caso de Costa Rica, el 10 de diciembre de 2010, el entonces canciller de Costa Rica René Castro indicó en una nota publicada en La Nación y titulada “País presupuesta $2 millones por año para juicio en La Haya” la previsión presupuestaria hecha para el único caso de Isla Portillos en aquel momento, la cual se ubica en el rango antes aludido (5 a 9 millones de US$) si tomamos en consideración que como mínimo, el procedimiento en La Haya dura cuatro años. No obstante, tres años después de la previsión anunciada, y con un caso adicional al del 2010, se informó en 2013 que Costa Rica había gastado tan solo un millón de US$ por año (véase nota de La Nación), sin hacerse público ningún informe detallado. A la fecha (marzo del 2022), se desconoce de un informe detallado de lo que ha gastado Costa Rica entre el 2005 y el 2018 en sus acciones en La Haya contra Nicaragua.
Nota 3: En un comentario a esta unión de procedimiento («jonction d´instances» en francés) realizada por la CIJ, publicado en Francia (véase texto) y titulado «Costa Rica / Nicaragua et CIJ: une procédure incidente revisitée: la jonction d´instance«, habíamos indicado que:
«Les autorités du Costa Rica avaient réagi dès le mois de janvier 2013 (par la voix du Vice Ministre des Relations Extérieures) à la demande de jonction du Nicaragua en indiquant son caractère dilatoire (22). A peine connue la décision de la CIJ de joindre les deux instances, elles ont une nouvelle fois réagi, par la voix du Ministre des Relations Extérieures, dénonçant la «tactique dilatoire» du Nicaragua (23). L´analyse que font les autorités du Costa Rica se limite au facteur temps proprement dit : or, plus qu´une à une dilation, c´est à une véritable dilution de l´affaire initiale à laquelle procède la Cour, dont profitera aisément le défendeur original, en l´occurrence le Nicaragua. Par ce tour de passe-passe, le Nicaragua se retrouve, tout comme le Costa Rica, dans une situation de parfaite égalité : les deux Etats sont à la fois demandeur et défendeur. Afin de ne pas blesser les susceptibilités, on se bornera à dire que la manœuvre du Nicaragua s´avère plutôt concluante«.
Nota 4: Sobre la primera demanda de Nicaragua contra Colombia, véase detalles en este enlace oficial de la CIJ. Sobre la segunda demanda, véase enlace con detalles. Tuvimos la oportunidad de analizar la sentencia (sentencia uno y sentencia dos) de la CIJ de marzo del 2016 en las que rechaza las excepciones preliminares de Colombia y se declara plenamente competente para conocer el fondo de ambas demandas: véase breve nota nuestra al respecto. En septiembre del 2021, Paul Reichler participó en las audiencias orales celebradas (véase su intervención traducida al castellano por la prensa nicaragüense): los verbatim de las audiencias celebradas a finales de septiembre e inicio de octubre del 2021 están disponibles en este enlace de la CIJ.
Nota 5: El texto completo del acuerdo Cuadra-Lizano está disponible en la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica 1998-1999, disponible en la red, pp. 30-31.
(*) Esta nota fue elaborada por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Según la Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego en Costa Rica 2012 – 2021: En temporadas de incendios forestales que van del 2007 al 2012, las causas principales se dan por quemas de pastos y agropecuarias representan un 46.06%, vandalismo un 21.01%, actividades de caza un 12.52% y venganza un 7.68%, son las cinco principales causas por las cuales se han iniciado los incendios forestales (SINAC, PNMF, 2012).
Juntamente los incendios a partir de vandalismo, caza y en especial venganza son el patrón común que se repite en los territorios indígenas, los cuales se han convertido en una de las formas de violencia más constantes sobre todo en las recuperaciones indígenas en China Kichá, como señalan las personas recuperadoras “han sido provocados bajo las órdenes de tres empresarios muy adinerados e influyentes de la zona”.
Estos incendios, que han cubierto según las personas recuperadoras un aproximado de 800 hectáreas, es decir más del 72% del territorio que por ley les corresponde y de tierra que han recuperado, han arrasado con áreas boscosas, así como con las fuentes de agua, la fauna del lugar y los cultivos de las personas indígenas. Esto es una guerra contra la naturaleza y las comunidades indígenas.
China Kichá se ubica en Pejibaye de Pérez Zeledón a 175 kilómetros sureste de San José. Por decreto del año 2001, el Estado costarricense asignó 1100 hectáreas para el pueblo cabécar en China Kichá, de ese total para el 2014 los cabécar apenas tenían 33 hectáreas en su poder, es decir el 97% de la tierra estaba en manos de personas ajenas a la población indígena (Forest People Programme, 2014).
Por lo que desde el 2019 este pueblo indígena se ha organizado para recuperar su territorio logrando volver a controlar 800 hectáreas. Para el pueblo cabécar de China Kichá la tierra, no es solo tierra, sino que es un territorio y es su hogar; lo que significa asegurar la continuidad de su pueblo indígena, un pueblo amenazado con desaparecer. Sin embargo, desde que iniciaron las recuperaciones han sufrido violencia constante por parte de terratenientes, quienes desde décadas anteriores usurparon sus territorios para deforestarlos y convertirlos en monocultivos y potreros de ganadería extensiva.
Los incendios provocados son un mecanismo de presión, pero además crímenes de odio hacia las personas indígenas y un desastre ecológico. “Cada vez que queman nos dan en el alma porque es como que nos están matando a nosotros (…) nos duele muchísimo porque están quemando nuestra casa (…) No están quemando simplemente plantas, están quemando seres vivos, con los que nos necesitamos mutuamente”, expresa Doris Ríos.
En un reportaje realizado por el Semanario Universidad el 15 de marzo del 2022, incluyó dos videos con sobrevuelos de dron donde se puede ver la magnitud y testimonios de la tragedia en China Kichá.
Con estos incendios los terratenientes sostienen violencia material y psicológica sobre las personas indígenas; destruyendo sus viviendas, negando la posibilidad de que construyan soberanía alimentaria y frustrando su proyecto de revitalización de los ríos y bosques. Jaison Ríos relató que cuando sucede un incendio, las personas recuperadoras se unen para apagar las llamas que alcanzan los árboles de las zonas boscosas y que sus proyectos de crear viveros para reforestar se ven frustrados por los incendios.
Esto llama a recordar la importancia de los pueblos indígenas en la lucha ante el Cambio Climático, y la importancia que tienen en la conservación de las especies y los ecosistemas, rol que se ve amenazado directamente en China Kichá por los incendios forestales provocados y la inacción de las autoridades en el territorio.
Los incendios forestales dentro de territorios indígenas no son nuevos. En el 2020, se contabilizaron 17 incendios provocados en China Kichá. Estos incendios solo son la base de una violencia que escala hasta ataques armados hacia personas indígenas.
En un contexto más general, estos incendios provocados son parte de los incendios forestales que afectaron a 10.724 hectáreas en el 2020 y a 6.411 hectáreas en el 2021. Para este año el Cuerpo de Bomberos a encendido las alarmas pues, a la fecha, se han presentado 41 incendios en comparación al mismo periodo del año 2021, lo que significa un aumento de un 342%, estos incendios han consumido 7.452 hectáreas, es decir, 2.892 hectáreas más que las afectadas en el 2021.La mayoría de estos incendios se dado en Guanacaste y Puntarenas (Cuerpo de Bomberos, 2022).
Vivimos en un mundo en llamas y Costa Rica está en llamas. Los bosques, la vida silvestre, la seguridad alimentaria, todo se está quemando en una hoguera que avanza. Estos incendios no son consecuencia del Calentamiento Global, sino, el resultado de la violencia sistemática y directa que sufren los pueblos originarios en este país.
Ante este panorama de agravios, las personas recuperadoras del territorio indígenas en China Kichá demandan:
1.Apersonamiento de los bomberos de Pérez Zeledón cuando hay un llamado por incendio en los territorios recuperados de China Kichá, pues cada vez que hay una emergencia de esta índole los bomberos manifiestan que no van a intervenir “quemas de charral”.
2.Presencia del SINAC durante las emergencias por incendios forestales en China Kichá para atender las quemas de los bosques donde mueren muchos animales.
3.Investigación por parte de la fiscalía de Pérez Zeledón para atender las denuncias interpuestas por los incendios provocados en China Kichá e identificar responsables de estos agravios.
