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Autor: María José Ferlini Cartín

Fundación Caminantes de Costa Rica invita a las personas adultas mayores a caminata urbana en San Joaquín de Flores

En el marco de la celebración del Mes de la Persona Adulta Mayor, la Fundación Caminantes de Costa Rica invita a participar en una Caminata Urbana el próximo 1 de octubre de 2025, a las 8:45 a.m., en el cantón de San Joaquín de Flores, Heredia.

El punto de salida será la iglesia del cantón de Flores. Previo al recorrido se realizará la toma de presión arterial y de frecuencia cardiaca de las personas participantes.

La actividad es de contribución voluntaria y se contará con la guía de un profesional acreditado. Se recomienda asistir con ropa deportiva cómoda, zapatos adecuados, agua y se ofrecerá un refrigerio.

Para inscripciones y consultas puede comunicarse al 7189-4252 o mediante SINPE Móvil al 6226-2080 a nombre de la Fundación Caminantes de Costa Rica.

Marcha masiva y concierto contra el genocidio este 27 de setiembre

  • Este sábado 27 de setiembre, el Parque Central recibirá marcha masiva convocada por Coalición PalestinaCR, a partir de las 3:30 p. m.

  • Malpaís, Canina y Sonidero Barrio Fátima cerrarán el evento con un concierto que arrancará a las 6 p. m. en El Mercado La California

Este próximo 27 de septiembre se realizará la Jornada SUMUD: marcha, concierto y resistencias contra el genocidio, organizada por la Coalición Costarricense por la Paz y la Justicia para Palestina (Coalición PalestinaCR). Esta será una jornada nacional de actividades por Palestina, con el objetivo de expresar solidaridad con el pueblo palestino, denunciar el genocidio en Gaza y exigir un alto a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica e Israel.

En San José, las actividades comenzarán a las 3:30 p.m. en el Parque Central, desde donde saldrá la Marcha y Pasacalles por la Justicia, una manifestación pacífica que buscará visibilizar en las calles el rechazo al genocidio y continuar recolectando firmas en oposición al TLC con Israel. Más tarde, a las 6:00 p.m. en el Mercadito La California, se llevará a cabo el Concierto de Solidaridad por Palestina, con el fin de recaudar fondos para familias que sufren el genocidio en Gaza y presentar el primer corte de firmas recolectadas, como parte de la Campaña de Recolecta de Firmas contra la firma del TLC con Israel impulsada por la Coalición PalestinaCR. En tarima Malpaís, Canina y Sonidero Barrio Fátima, y el DJ Set de Natiesunjaguar.

Ese mismo día, a partir de las 3:00 p.m., y en el marco de la Jornada SUMUD, se llevará a cabo la manifestación descentralizada Resistencia a Toda Costa, en playa Cocles (Limón), playa Uvita (Puntarenas) y playa Tamarindo (Guanacaste). Con esta iniciativa, las comunidades costeras convocan a una acción de solidaridad con el pueblo palestino y con la Flotilla Global Sumud, que navega rumbo a Gaza con el propósito de romper el bloqueo de ayuda humanitaria impuesto por Israel en Gaza, y de abrir un corredor humanitario hacia ese territorio. Asimismo, la Coalición PalestinaCR invita a otras organizaciones, colectivos y personas en todo el país a sumarse con actividades paralelas y descentralizadas, de manera que esta jornada tenga eco en distintas regiones del país.

Este esfuerzo se enmarca en un contexto de crecientes denuncias tanto a nivel internacional como nacional. Hace apenas unos días, una comisión independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció formalmente que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, señalando los asesinatos masivos de civiles, la destrucción de infraestructura, la hambruna provocada, el desplazamiento forzado del pueblo palestino, entre otros. En el ámbito nacional, diversas voces también han expresado su rechazo: la Universidad de Costa Rica, mediante un comunicado firmado por su rector, denunció que en Gaza se vive un genocidio que ocurre ante los ojos de una comunidad internacional permisiva; así también, el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UCR) hizo público un pronunciamiento en el que repudió las acciones genocidas perpetradas por el estado de Israel y señaló su “clara intención de aniquilar a todo un grupo humano”, refiriéndose al pueblo palestino.

En Costa Rica, los Concejos Municipales de San José, Montes de Oca, Curridabat, Belén, Barva, San Rafael de Heredia y Alajuela, han aprobado mociones para condenar el genocidio. Además, en el caso de algunos de ellos, han acordado exortar a la Presidencia de la República, al Ministerio de Comercio Exterior y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a abstenerse de continuar las negociaciones de un TLC con Israel, mientras persistan las graves violaciones contra el pueblo palestino y el derecho internacional.

Para más información, puede seguir el Instagram https://www.instagram.com/coalicionpalestinacr/ o comunicarse al Whatsapp de la Coalición +506 87349880 o al 83903352

La entrada por donación se pueden adquirir en: https://starticket.cr/e/jornada-sumud-concierto-por-palestina/7324

Conferencia virtual con el Dr. Pablo Semán analizará el avance de las extremas derechas en América Latina

La Maestría Centroamericana en Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) invita a la comunidad académica y al público en general a la conferencia “América Latina, las extremas derechas y el espejo de Próspero”, a cargo del Dr. Pablo Semán, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina y profesor de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

La actividad se realizará de manera virtual el martes 14 de octubre de 2025, a las 4:00 p.m. hora de Costa Rica (7:00 p.m. en Argentina), con transmisión en vivo a través de las páginas de Facebook y YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales UCR, la Maestría Centroamericana en Sociología y la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS).

El Dr. Semán es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Antropología Social por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Su trayectoria académica ha estado marcada por investigaciones sobre religiosidad popular, cultura política y transformaciones sociales en América Latina. En esta conferencia analizará la reconfiguración del panorama político contemporáneo y el papel que están desempeñando las extremas derechas en la región.

La actividad cuenta con el apoyo de la Maestría Centroamericana en Sociología, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS), el Posgrado en Sociología de la Universidad Nacional de Honduras y el Programa de Posgrado en Sociología de la UCR.

¿Había que desaforar necesariamente al presidente?

Alberto Salom Echeverría

Costa Rica contempla en su artículo 148 Constitucional, el aforo o inmunidad en favor del presidente de la República. Esto significa que en caso de que, a juicio del fiscal general se le deba procesar ante la presunta comisión de un delito, solamente el Ministerio Público por medio de este fiscal general, que es bajo cuya responsabilidad se acopia la información, puede solicitar ante la Asamblea Legislativa el desafuero (o sea, quitarle la inmunidad al presidente), con el fin de que el primer poder de la República conozca del asunto. Cuando así ocurra, el Congreso integrará una comisión para recomendar al plenario lo que considere pertinente. Una vez que la comisión llegue a un veredicto concluyente, lo remitirá para ante el presidente legislativo, con el objeto de que éste, a su vez, lo someta a la consideración del pleno de los diputados, compuesto por los 57 legisladores.

El pleno solamente podrá resolver desaforar al presidente, cuando el informe de la comisión haya sido aprobado por la mayoría de sus miembros y luego sea remitido al plenario legislativo, donde deberá ser aprobado por dos terceras partes del total de los diputados de la Asamblea. El presidente de la República, si lo desea podrá comparecer ante los diputados en su defensa, mas no está obligado a ello. En el caso de que no se reúna la mayoría calificada de 38 votos, el asunto se tendrá por rechazado y el proceso se detendrá hasta que el titular de la presidencia de la República haya concluido el período para el cual fue electo.

¿Está obligado el fiscal general a someter la solicitud de desafuero a la Asamblea Legislativa, si posee indicios claros de que ha habido la comisión de un delito por parte del presidente de la República?

En general la jurisprudencia considera que hay tres planos para analizar la cuestión y resolver si merece o no que el Ministerio Público por medio de la fiscalía someta el desafuero a la consideración de la Asamblea Legislativa:

Lo legal. No existe ni en la Constitución de la República, ni en el Código Procesal Penal, una ley o consideración que exprese que el fiscal general posee la obligación de someter para ante la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial (para la formación de causa), tras haber detectado indicios de un delito. Por otra parte, el presidente no podrá ser procesado penalmente mientras esté en el ejercicio de sus funciones, excepto que, el pleno de la Asamblea mediante mayoría calificada declare que hay lugar a formación de causa, de acuerdo con el artículo 148 constitucional.

Lo jurídico-práctico. ¿Qué pasa si el fiscal decide no someter el desafuero al presidente de la República, a la consideración del Poder Legislativo, a pesar de haber acumulado indicios de que éste hubiere cometido algún delito?

Si no hay tal solicitud de parte del fiscal, significa que ningún tribunal penal podrá investigar, ni juzgar al presidente mientras esté en funciones. Pero debe quedar claro que, tanto cuando el fiscal se abstenga de someter el asunto a consideración de la Asamblea, como cuando este primer poder de la República, habiéndose sometido a su consideración el desafuero, no obtenga la mayoría calificada de 38 votos necesaria para iniciar la formación de la causa, en ninguno de estos dos casos implica que el presidente haya quedado absuelto del delito o los delitos que se le imputan. El proceso causal se detiene por un tiempo, y se reiniciará en los tribunales comunes, cuando legalmente el funcionario concluya su mandato. Por otra parte, el ciudadano común puede solicitar también el desafuero contra el presidente. Sin embargo, por la naturaleza o importancia de la persona que se intenta acusar, se requiere de un respaldo jurídico serio, de modo que, sin el aval del Ministerio Público, se considera muy difícil que la iniciativa ciudadana prospere.

El plano ético y funcional. Aquí la jurisprudencia considera que, dada la responsabilidad institucional que tiene ante sí y ante la ciudadanía el fiscal general, siempre que tenga indicios sólidos o fundados contra la figura del presidente, en el sentido de que ha incurrido en algún delito, tiene el deber de someter el caso ante la Asamblea Legislativa; esto implica al menos lo siguiente:

-Debe abrir el Ministerio público bajo la dirección del fiscal, una investigación preliminar, sin violar los límites del aforo.

-Lo anterior lo conduce necesariamente al imperativo de recabar toda la evidencia que le sea posible, como para justificar la solicitud de la formación de causa.

-Por lo general, las dos premisas anteriores son base firma para que el fiscal proceda a presentar la solicitud a la Asamblea Legislativa, o sea con base en la evidencia acumulada. Solo razones excepcionales inhibirían al fiscal de proceder conforme lo dicho, por cuanto el fiscal está sometido también a control, en primer término, por parte del Poder Judicial al que se debe. Si tiene evidencia seria y no procede a elevar el asunto a la Asamblea, podría considerarse que el fiscal ha incurrido en una falta grave por omisión de deberes o encubrimiento.

En resumen, podemos decir que el fiscal general no está obligado legalmente a pedir el levantamiento del aforo; prácticamente, es el único actor que posee legitimidad para hacerlo con eficacia, desde el punto de vista ético, si tiene indicios suficientes acumulados, contra el presidente, por el bien del estado de derecho y por transparencia, debe proceder, so pena de hacerse cómplice del delito de encubrimiento o complicidad.

Interconexión arbitraria e ilegal del sistema de conducción de agua del acueducto municipal de Naranjo – Comunicado

Luego de transcurridos 6 días después de una conexión irregular, como Comisión para la Defensa de la Zona Protectora del Chayote, conscientes de que el derecho a la vivienda y el derecho al agua son derechos fundamentales de todos y todas las costarricenses, y que para esto en todo el país deben de cumplirse los debidos procedimientos con el fin que exista una administración justa y equitativa, no así, las medidas autoritarias que desvirtúan el sano desempeño de nuestra democracia y nos ponen al lado de las dictaduras más vergonzosas y violentas que pertenecen al pasado lamentable de América Latina.

Rechazamos rotundamente la interconexión arbitraria y con el uso de la fuerza pública, del sistema de conducción de agua municipal que llevó a cabo el AYA, con el fin de conectar el Proyecto La Esperanza, obligado por el presidente de la república Rodrigo Chaves, quién en conferencia de prensa del miércoles 17 de setiembre lo declaró.

Rechazamos la intromisión ilegal dentro de la autonomía municipal y el ordenamiento jurídico costarricense, debido a que existen procesos en trámite al respecto del tema en la Sala Constitucional y en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Reafirmamos que el principio de la soberanía y el principio democrático que contiene la autonomía municipal dentro de nuestro cantón y nuestro país, es un pilar fundamental del desarrollo y gestión de cada cantón.

Hacemos ver que la acción sienta un precedente y pone en peligro a la ASADAS, ya que, según el convenio de delegación con el AYA, y según la ley de ARESEP, lo que está haciendo el AYA le corresponde al desarrollador, abriendo así portillos legales que perjudicarían la administración y las obligaciones actuales de la ASADAS.

Hacemos un llamado urgente a las instituciones del país que tienen competencia en este acontecimiento para que procedan a interponer las respectivas denuncias y los mejores oficios por el acto indebido administrativo, el abuso de autoridad, la violación de los derechos fundamentales relacionados con del derecho al agua de todos los y las naranjeñas, y la protección del recurso hídrico.

Somos conscientes de los tiempos que atravesamos como país y en el planeta, donde las dictaduras, el populismo y el neofascismo están llevando a cabo avances estratégicos y con fuerza para instalarse dentro de nuestras democracias, somos conscientes de que esto no lo podemos permitir.

Esta Comisión iniciará los debidos trámites correspondientes que aseguren la salvaguardia y la disposición del agua para el cantón, como ha sido su fin desde un inicio.

Comisión para la Defensa de la Zona Protectora del Chayote.

Conferencia Episcopal llama a una campaña electoral basada en el bien común, la esperanza y la dignidad humana

La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un mensaje al iniciar el proceso electoral del país, titulado “Por una política al servicio del bien común y de la esperanza”, en el que llaman a la ciudadanía y a los partidos políticos a vivir esta etapa con responsabilidad ética y vocación de servicio.

El pronunciamiento recuerda que Costa Rica cuenta con la democracia más antigua de América Latina y el Caribe, y resalta que el sufragio debe ejercerse en un marco de valores como la dignidad de la persona humana, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda del bien común.

Los obispos advierten, sin embargo, sobre signos de deterioro institucional: confrontaciones entre poderes de la República, polarización social, violencia criminal, narcotráfico, emergencia educativa, problemas en la seguridad social, informalidad laboral y pérdida de credibilidad en los partidos políticos. También señalan la corrupción y la penetración del narcotráfico como factores que debilitan la democracia y la confianza ciudadana.

En este contexto, hacen un llamado a una conversión ética profunda, a propuestas viables y responsables y a la construcción de acuerdos interpartidarios sobre los grandes temas nacionales: seguridad, educación y salud. Piden a los partidos y candidatos reivindicar la política como vocación de servicio, con transparencia, responsabilidad y apertura al diálogo.

El mensaje también subraya la importancia de una ciudadanía activa, crítica y comprometida, que ejerza el voto de manera informada y responsable, y que no se limite a votar, sino que acompañe y exija cuentas a las autoridades electas. Asimismo, destacan el rol de los medios de comunicación como facilitadores del discernimiento político y garantes de un debate público veraz y ético.

Finalmente, los obispos invitan a cultivar la esperanza como virtud transformadora, que permita superar el desencanto y recuperar la confianza en lo público. El texto concluye con una oración a la Virgen de los Ángeles para que Costa Rica avance en justicia, paz y solidaridad.

El documento completo puede descargarse en este enlace: Mensaje de los obispos de Costa Rica – septiembre 2025

Respaldamos solicitud sindical: Junta Directiva de la CCSS debe renunciar de inmediato

El Partido Vanguardia Popular respalda categóricamente la exigencia de UNDECA en demanda de la renuncia inmediata, en pleno, de la Junta Directiva y de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La CCSS es una institución fundacional de nuestro Estado Social y Democrático, creada para garantizar la salud, la vida y el bienestar de la población. Su autonomía constitucional, consagrada en el artículo 73 de la Constitución Política, debe blindarla frente a intereses privatizadores y mercantilistas. Sin embargo, hoy se encuentra golpeada por la mala gestión, la corrupción y la irresponsabilidad de sus jerarcas.

La Junta Directiva impuso, de manera atropellada y contra criterios técnicos, la implementación del sistema ERP-SAP, pese a las advertencias de especialistas internos que alertaban de sus riesgos. El resultado es un verdadero cataclismo institucional:

Interrupciones en procesos críticos y datos inconsistentes.

Diferencias contables y de inventarios con brechas superiores a ₡18 mil millones.

Rezagos de meses en el control de insumos y medicamentos, que provocan desabastecimiento y sobrecarga de trabajo al personal.

Riesgos legales y sanitarios en medicamentos controlados como el fentanilo, que obligaron a suspender temporalmente el sistema.

Peligro sobre la estabilidad presupuestaria y financiera de la institución.

Este caos administrativo y operativo es responsabilidad directa de la Junta Directiva, encabezada por la presidenta ejecutiva Mónica Taylor, a quien se le delegó la gobernanza del proyecto. Lejos de rendir cuentas, han evadido su deber de probidad, descargando culpas y atacando a los sindicatos, en lugar de asumir las consecuencias de sus decisiones.

El PVP coincide con UNDECA, la permanencia de esta Junta Directiva constituye un obstáculo para la transparencia, la confianza pública y la defensa del derecho a la salud del pueblo costarricense. La renuncia en pleno es un acto mínimo de responsabilidad política, un mecanismo de control democrático y un requisito para encauzar la institución, restaurar su estabilidad y auditar rigurosamente los daños causados.

El Partido Vanguardia Popular se mantiene firme, junto a las trabajadoras y trabajadores, en la defensa de la salud pública, la transparencia y los recursos de la Seguridad Social.

¡Fuera la Junta Directiva de la CCSS!

La salud del pueblo no se negocia ni se privatiza.
Partido Vanguardia Popular

UNDECA exige renuncia inmediata en pleno de la junta directiva de la CCSS

Comunicado

Todo menos aceptar lo obvio: el ERP fracasó.

La Unión Nacional de Empleados de la CCSS y la Seguridad Social (UNDECA) exige la renuncia en pleno, inmediata, de la presidenta ejecutiva y de las personas directoras de la Junta Directiva de la CCSS. La salida apresurada del sistema, contra criterios técnicos y advertencias internas, detonó una crisis operativa, financiera y sanitaria que lesiona el interés público y el derecho de la población a servicios de salud eficientes.

La Junta Directiva no quiere admitir

  • Puesta en producción atropellada con módulos inestables, generando interrupciones y datos inconsistentes, pese a alertas técnicas previas y posteriores.

  • Diferencias contables e inventarios (duplicaciones, inconsistencias y conciliaciones fallidas), con brechas superiores a ₡18 mil millones entre SIF/SAP (mayo–junio 2025).

  • Rezagos de hasta 4 meses en información de inventarios/consumos, controles manuales, desabastecimiento y sobrecarga operativa.

  • Riesgos legales y sanitarios en medicamentos controlados (p. ej., fentanilo), que obligan suspender, al menos temporalmente, el uso del ERP-SAP para restituir la trazabilidad.

  • Amenaza al presupuesto 2026, ambiente laxo de control interno, tensión laboral y daño reputacional a la institución.

La responsabilidad principal de este caos recae en la Junta Directiva, en la presidenta ejecutiva Mónica Taylor, a quien la propia Junta asignó la gobernanza del ERP (dirección estratégica, gestión de riesgos y decisiones de alcance, tiempo y costo). La rendición de cuentas y el deber de probidad son exigencias constitucionales y legales (arts. 9, 11 y 73 C.Pol., art. 3 de la Ley 8422).

UNDECA defenderá, con firmeza y sin concesiones, la salud pública, la transparencia y los recursos de la Seguridad Social.

Adjunto: Carta abierta SG-0920-202

Uniting for peace”: Resolución de las Naciones Unidas crucial para salvar vidas en Palestina

Tathiana Flores Acuña
PhD, Derecho internacional humanitario

Perdí a mi hermano, Nour, en este caos…
Le entierro cada noche en mis pensamientos
y lo resucito cada mañana en mis recuerdos.
AJ., palestino de Gaza. Artículo publicado en
+972 Magazine, Junio 30, 2025.

Este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora su 80 aniversario. La ONU sigue siendo el lugar de encuentro primario y único para promover la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, a pesar de sus serias limitaciones. Dichas limitaciones se tornan cada vez más evidentes, mayormente a través del uso y del abuso del derecho a veto, facultad que tienen los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) para rechazar de forma unilateral una propuesta, impidiendo así que se apruebe. Estados Unidos ha vetado en más de 40 ocasiones resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para apoyar a su aliado, Israel, desde la creación del estado hebreo y su entrada como miembro al organismo en el año de 1948.

Necesitamos recurrir a otras vías para que la ONU pueda responder a las grandes y graves crisis humanitarias actuales, dentro de ellas la de Gaza. La situación en Gaza es desesperada. Se cometen diariamente graves violaciones al derecho internacional, crímenes tales como el desplazamiento forzado de gran parte de la población, ataques indiscriminados a hospitales, asesinato de periodistas y del personal humanitario. Continúan los informes diarios de muertes por desnutrición, más de 300 personas, incluidos muchos niños, han muerto por desnutrición en la Franja, según las autoridades locales. La degradación de la situación humana en Gaza constituye un precedente muy grave para la humanidad, con múltiples informes de NU y de otras organizaciones humanitarias que la califican de genocidio. Estamos contra el tiempo, se debe actuar lo antes posible.

Esta semana, los liderazgos mundiales se reúnen en Nueva York para el encuentro anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), evento que presenta una gran oportunidad para promover una acción alternativa al Consejo de Seguridad. Al recurrir a la historia para analizar las posibilidades existentes recordamos la resolución 377A(V), «Unidos por la paz», aprobada por la AGNU el 3 de noviembre de 1950. En esta histórica resolución, la AGNU resolvió que si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad de los miembros permanentes, no ejerce su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales en caso de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, la AGNU examinará el asunto inmediatamente para formular recomendaciones a los Miembros sobre medidas colectivas a adoptar. Las medidas colectivas incluyen, en casos requeridos, el uso de la fuerza armada, para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

Merece mencionar que el poder de la AGNU para “Unirse por la Paz” ha sido utilizado en repetidas ocasiones. La más notable fue el mandato de la AGNU de 1956 de enviar la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas al Sinaí (UNEF) a pesar de las objeciones del Reino Unido, Francia e Israel.

Pero, ¿están presentes los elementos requeridos para la aprobación de una nueva resolución “Unidos por la paz”? Hace un año, el 18 de septiembre de 2024, la AGNU votó abrumadoramente a favor de adoptar una resolución que exige que Israel ponga fin sin demora a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado. Con una votación registrada de 124 naciones a favor, 14 en contra y 43 abstenciones, la resolución insta a Israel a cumplir con el derecho internacional, retirar sus fuerzas militares, cesar de inmediato toda nueva actividad de asentamiento, evacuar a todos los colonos de los territorios ocupados y desmantelar partes del muro de separación que construyó ilegalmente dentro de Cisjordania ocupada.

La resolución se deriva de la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en julio 2024, en la que la Corte declaró que la presencia continua de Israel en el Territorio es ilegal y que todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la ocupación que dura décadas. Según la resolución aprobada, el incumplimiento por parte de Israel de las órdenes y conclusiones de la Corte Internacional de Justicia implicaría la necesidad de aprobar “medidas adicionales”, a determinar por la AGNU.

El recién pasado 18 de septiembre de 2025, Estados Unidos vetó por sexta vez un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que habría exigido un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza y la liberación de los rehenes. Los demás 14 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor del proyecto de resolución, que describía la situación humanitaria en Gaza como «catastrófica» y exigía a Israel que levantara todas las restricciones a la ayuda. Los eventos precedentes muestran que una acción significativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es prácticamente imposible en un organismo dominado por el veto estadounidense.

En consecuencia de lo anterior, la AGNU reunida actualmente en Nueva York está facultada, en virtud de la resolución «Unidos por la Paz», para adoptar una resolución que responda a su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. La AGNU podría en esta resolución, entre otros,

  • Exhortar a todos los Estados a adoptar sanciones integrales y un embargo militar contra el régimen israelí. Si bien carece de la facultad para aplicar sanciones, puede imponerlas, supervisarlas y complementarlas según sea necesario.

  • Reactivar los mecanismos antiapartheid de la ONU para abordar el apartheid israelí. Los mecanismos de las Naciones Unidas contra el apartheid pueden incluir activar el Comité Especial contra el Apartheid, el establecimiento de un embargo de armas y llamados a otras sanciones como boicots petroleros y económicos.

  • Disponer que una fuerza de protección armada y multinacional de las NU se despliegue en Gaza y en Cisjordania, actuando a petición del Estado de Palestina, para proteger a los civiles, abrir puntos de entrada por tierra y mar, facilitar la ayuda humanitaria, así como preservar la evidencia de los crímenes cometidos y ayudar en la recuperación y la reconstrucción de la Franja.

Todas estas acciones podrían ser adoptadas por la AGNU con una mayoría de dos tercios, eludiendo así el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Por otro lado, y como lo afirman recientes fallos de la CIJ, Israel no tendría derecho a rechazar, obstruir o influir en la misión armada multinacional,1 pues la Corte ha afirmado que Israel no tiene autoridad, ni soberanía, ni derechos en Gaza ni en Cisjordania.2

Al mismo tiempo, y para consolidar estos esfuerzos de justicia y paz, la sociedad civil global deberá ser firme en sus demandas de protección y justicia, garantizando la exposición pública bajo la cual los Estados se verán obligados a votar a favor o en contra de una fuerza que proteja a la población palestina de los graves crímenes que se están cometiendo. Los objetivos últimos de protección y humanidad hacen imprescindible desplegar todas las herramientas disponibles. Seguiremos con atención las votaciones en las próximas horas, con la esperanza de que este 80 aniversario de la AGNU pase a la historia como un hito de humanidad, paz y justicia.

2 El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, declarando que la presencia continua de Israel en dicho territorio es ilegal y obligando a Israel a poner fin a su ocupación lo antes posible. La Corte también determinó que las acciones de Israel violaban normas imperativas del derecho internacional, incluida la prohibición de la segregación racial y el apartheid, e instó a todos los Estados a abstenerse de acciones que apoyen o consoliden la presencia ilegal de Israel.

Conversatorio sobre el derecho humano al agua: acceso y riesgos

El colectivo Reflexión-Acción, por medio de su programa «Alternativas», invita a la ciudadanía a participar en un conversatorio sobre el derecho humano al agua, abordando tanto el acceso como los riesgos asociados a este recurso vital.

El evento contará con la participación de Kenneth Alfaro, ingeniero ambiental, consultor y activista en temas de agua y saneamiento, y Sigrid Segura, geógrafa y candidata a diputada por el Frente Amplio, quienes compartirán su perspectiva y experiencia sobre la gestión del agua en Costa Rica.

La actividad se realizará el viernes 26 de septiembre de 2025 a las 6:00 p.m. y será transmitida por medio de Facebook Live de Alternativas, con el apoyo de emisoras amigas como Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberana, Radio Revolución y 506 Ondas Alajuelita Radio.