La oposición de UCCAEP al Proyecto de ley para prevenir y sancionar el acoso laboral
La delirante y febril oposición de UCCAEP contra el Proyecto de ley para prevenir y sancionar el acoso laboral, Exp. N°20873, no es un cisne negro.
A nadie sorprende este antagonismo, desde que en la Conferencia Internacional de OIT N°108, de 2019, en la que se aprobó el Convenio N°190, acerca de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, también estuvieron en contra.
Este convenio fue aprobado por una amplísima mayoría de los participantes de esta histórica conferencia. Únicamente se registraron 7 votos en contra.
Precisamente uno de estos poquísimos votos negativos fue el de la glamurosa delegación de UCCAEP.
De esta manera, la patronal costarricense se desnudó ante la comunidad internacional, exhibiendo una perfomance hostil y desafiante, incompatible con los principios universales de la convivencia humana, la dignidad, el trabajo decente y los Derechos Humanos.
La oposición de este fósil viviente del Siglo XXI a aquel proyecto de ley, no es más que una réplica de su conjura y reyerta contra ese convenio internacional.
No obstante que el proyecto de ley se queda muy corto y rebaja los parámetros de protección que establece el Convenio N°190 OIT, amén, que algunas de sus normas vulneran este convenio internacional, por ejemplo, la misma definición de acoso laboral, aun así, UCCAEP mantiene su tozudo e incivilizado rechazo.
Tenemos que comprender que si este proyecto, y además, el proyecto de ley de ratificación del Convenio N°190 OIT, no están aun aprobados, ha sido por la constante presión y el cabildeo de ese velociraptor depredador patronal, que se quedó perdido en la evolución de las especies y se mantiene atrapado en el Jurásico.
En un país asolado por el prolongado conflicto armado interno hay circunstancias, en momentos determinados, con características de atrocidad, violación de los derechos humanos y negación de la función de un Estado de derecho, con la característica de que estos sucedáneos se prolongan en el tiempo, dejando una estela de consecuencias impredecible en un escenario en que la constante es la barbarie.
En los últimos treinta años de guerra interna en Colombia se destaca el denominado terrorismo de Estado. No se trata de un enunciado o simple denominación, sino de una aplicación sistemática, continua, que va de la mano de una política hegemónica oligárquica contrainsurgente, paralela a una falsa y mal concebida guerra contra las drogas, que ha tenido como escenario el territorio de la república de Colombia y como víctima al conglomerado de la nación colombiana.
El conflicto armado interno colombiano abarca seis décadas
Comenzando porque el susodicho conflicto fue anterior al surgimiento del narcotráfico y que su auge fue posible porque encontró el nido corruptor propio para que anidara en la desnaturalización del conflicto armado, según algunos analistas, pero que en modo alguno ha podido incidir en el principio generador de la lucha de clases, inmerso y determinado en el múltiple conflicto colombiano: el económico, el político, el social, el armado y el ecológico-ambiental.
La prolongación del conflicto armado interno degeneró en la instauración de formas de gobierno narco-para-estatal, encumbrado a una concepción de narcoestado. Esta degeneración la ha padecido Colombia en los últimos treinta años.
De manera que una posición de análisis de la situación actual en Colombia no estará exenta de una ruptura del tejido social, expresado en una violación contrainsurgente al Estado de derecho y complementado con un escenario de guerra en el que actúan las fuerzas armadas oficiales y sus aliados, sobre todo el paramilitarismo, como instrumento. A lo cual hay que añadir el narcotráfico, que derivó en narco paramilitarismo, junto a formas de multicrimen activo, que ha anidado en lo rural y veredal, así como en lo urbano.
La mediática dictatorial, instrumento directo de la inteligencia militar y, expresado en una doctrina y una política contra insurgentes, pretende verter todos los factores de multicrimen y violencia en un solo recipiente, incluyendo en esa mezcolanza a las fuerzas insurgentes y rebeldes, de histórica presencia en el trajinar político colombiano. Paralelo a ello aplican la falsedad de la guerra contra el narcotráfico, como disfraz para ocultar el intervencionismo estadounidense en Colombia.
Sin lugar a discusión, califica lo del derrotero narco-paraestatal en el ejercicio de la política contrainsurgente del Estado colombiano. El paramilitarismo se constituyó en una división más del ejército colombiano y en apéndice indispensable en el universo de las fuerzas armadas. Una Policía Nacional adscrita al organigrama de las fuerzas de defensa estatal, ante el crimen organizado y la existencia de una lucha armada guerrillera, contribuyó a la utilización de una policía militarizada, contrainsurgente y carente del carácter cívico, comunitario y social que son valores para la existencia de una fuerza de esta naturaleza en sociedad conforme a un Estado de derecho.
Sesenta años de políticas contra insurgentes en Colombia derivaron en la aplicación de la vieja doctrina militar del “enemigo interno”. Esta ha sido la causante de tantos estragos y males en la nación colombiana ante el fracaso demostrado de la imposibilidad del triunfo militar contrainsurgente.
De los tales factores de violencia
En tanto, en el escenario colombiano coincidían todos los factores armados en la intensidad del conflicto. Pero esos factores parecen claramente diferenciados en sus particularidades.
El poder corrosivo del narcotráfico permeo todos los sectores de la sociedad colombiana. Cual un cáncer corruptor, hizo metástasis, invadió y afectó la totalidad de la institucionalidad.
El panorama que presenta la realidad del país es múltiple, no complejo. Llamando a las cosas por su nombre, se evita la complejidad y el afán de enredar para pescar en rió revuelto. Las fuerzas armadas del Estado colombiano profundizaron en sus connivencias con el paramilitarismo. El narcotráfico, como producto del capitalismo, suscitó en el enfrentamiento con su contrario, las fuerzas insurgentes y rebeldes, un factor de enfrentamiento armado que degeneró en el narco paramilitarismo.
Las fuerzas insurgentes y rebeldes, haciendo uso del control territorial que les caracteriza, comenzaron a percibir cada día mayor retribución económica, pactando el cobro del “gramaje”, tal como ellos denominan la contribución impuesta a esos sujetos armados dedicados al negocio ilegal de los estupefacientes. Las fuerzas armadas estatales, en su afán de dominar en el entorno bélico o de confrontación, fueron aumentando sus relaciones de compromiso y pactos con elementos y estructuras del narco paramilitarismo, en alianza dirigida a un “enemigo común”, pero su vocación de legalidad naufragó y terminó por afectar a la alta oficialidad y al generalato. Esta simbiosis resulta una característica fundamental en el entendimiento de la función narco-paraestatal, como se dio en Colombia.
Toda la fuente de conocimiento de este tema reposa en la comprensión y desarrollo del conflicto armado interno. Está demostrado que la lucha contrainsurgente se encuentra atada al factor paramilitar. También, con estrecho vínculo entre las fuerzas armadas estatales y el narco-paramilitarismo. Múltiples resultan los usos de las fuerzas armadas de las diferentes denominaciones de las llamadas bandas criminales o “bacrim”, que resultaron ser engendros del nuevo paramilitarismo e instrumentos de controversial eficacia para enfrentar militarmente a expresiones de la insurgencia colombiana como las extintas FARC-ep, el ELN, el EPL, las Nuevas Farc (encuadrando en esta denominación a la conocida o llamada Segunda Marquetalia), las fuerzas de las Farc-ep que jamás se unieron al proceso del fin del conflicto armado, como fuerza insurgente contra el Estado colombiano, representadas por el extinto líder Gentil Duarte, de jerarquizada estructura nacional; así como los conocidos frentes 10 y 28 de las FARC, cuya procedencia de naturaleza insurgente corresponde demostrar, al igual que sucede con los reductos nacionales del EPL.
Sintomáticas resultan todas esas alianzas de lo institucional estatal con las organizaciones armadas para narco- estatales, con el fin de profundizar en el análisis y comprensión de la fase de asesinatos que se vienen presentando en forma aleve y mendaz contra miembros de la policía nacional, en especial y en ciertas regiones del país.
Acontecimientos nacionales que tienen que ver con el entorno planteado
Los sucesos de Cúcuta, totalmente desinformados por la mediática nacional, merecen mención especial. Tanto el ataque con carrobomba en el interior de las instalaciones militares de la 30 Brigada del ejército, como el “atentado” al helicóptero en que viajaba el subpresidente Duque, al retornar a Cúcuta luego de un viaje a la zona del Catatumbo, merece especial disección. Se demostró que un capitán retirado del ejército fue el causante del carrobomba en esas instalaciones. Se conocieron imágenes de su incursión en el lugar, el día anterior cuando filma el vídeo, resaltando los lugares en que debía estallar la bomba colocada en un carro.
Hay imágenes grabadas en las que se ve salir del lugar al implicado, con particular movilidad dentro de las instalaciones. La infaltable versión oficial fue la de que el retirado del ejército, conocido como “el Capi”, estaba al servicio del frente 33 de las FARC, a cargo del guerrillero Jhon Mechas. Mas corresponde asumir el reto del análisis objetivo en cuanto que “el Capi” actuó como una persona utilizada al servicio del ejército en maniobras de contrainsurgencia. Que su talante es el del tránsfuga de información esencial de la vida en el interior de ese cuartel de brigada militar y que su desprecio por la vida de los soldados y también la alusión a los propios soldados estadounidenses, que ubica con su vídeo en áreas determinadas, permiten el presupuesto de un sujeto que actúa “motu proprio” y con torvos fines personales. Esto nos permite ubicar al tal “Capi” como un sujeto resentido contra la oficialidad de la brigada. Se las cobró, como se dice en el argot popular.
Quedaron latentes los vínculos de “el Capi” con el narcotráfico y su pedido en extradición a USA.
El pasaje del atentado al helicóptero no deja de registrar similares peculiaridades, concluyéndose que el mismo capitán retirado parece incurso en tal suceso. El giro de las investigaciones trae como resultado la sanción de cargo al comandante de la brigada militar en un entramado de responsabilidades oficiales en los acontecimientos investigados por los tales sucesos mencionados.
Existe suficiente información y registro noticioso para la elaboración y presentación del presente juicio deductivo y de razonamiento. Una premisa implica la determinante de un sujeto que actúa con soltura dentro de las instalaciones militares; lo cual le da un carácter positivo. El otro presupuesto aplica en la existencia de un conflicto armado que requiere de labores de inteligencia y el uso de medios contrainsurgentes velados o ilegales para el éxito de tales operaciones, lo cual también implica un carácter positivo. El razonamiento deductivo conlleva una inferencia de las dos premisas positivas anteriores: la conclusión, también positiva, es la de que el elemento negativo representado en el papel del tal Jhon Mechas no tiene cabida en esa escena reconstruida.
Con aplicación de la anterior metodología, partamos de la base para analizar, en profundidad, el hecho de los asesinatos selectivos, individuales, aplicados a mansalva contra uniformados de la policía nacional. Una policía totalmente desnaturalizada, inmersa en la vorágine de la llamada lucha contra el narcotráfico, permeada por los efectos de la corrupción que tal juego implica, comprometida por su oficialidad y agentes propios sumergidos en el negocio del narcotráfico, constituye el señuelo apropiado para la vendetta derivada de incumplimientos a grupos colaboradores, otrora amigos y hoy esencialmente rivales. El acucioso periodista Gonzalo Guillen, en su página @heliodoptero, registra que policías y militares hacen parte de la nómina de la organización criminal “Clan del golfo”. Y el tuitero @Jojare difunde: “Los primeros capturados del clan del golfo por asesinar policías, resultaron ser policías, soldados y alcaldes, hágame el Duque favor”.
Consecutivamente tomemos el caso de alias Otoniel, apuntando a las causas de su trajinar delictivo narco-paramilitar e instrumento contrainsurgente. Todo está dado, en lo esencial. Su vida, su desempeño, hasta su captura, está inmerso en implicaciones de complicidad estatal e institucional. El desarrollo de los acontecimientos, luego de la supuesta “captura”, redunda en argumentos para afirmar que alias Otoniel fue traicionado por sus compinches de la oficialidad de las fuerzas armadas, en especial de la Policía Nacional. Huelga extenderse sobre la causalidad y los efectos de su precipitada orden de extradición. Pero el maquiavélico actuar de la inteligencia militar contrainsurgente se proyecta en el escenario y redunda en producir efectos que justifiquen la malhadada política de la lucha antidrogas y el injustificado resultado de la horadada actuación de efecto contrario a la soberanía nacional de Colombia, que implica el instrumento para justificar la intensidad de la guerra contra las drogas.
Los perros de la guerra que agudizan el conflicto armado interno han utilizado la extradición de alias Otoniel para poner en escena un grupo al que denominan “Clan del golfo” como ente capaz de efectuar un “paro armado” que paralizó a siete departamentos con el conocimiento cierto y la complacencia de las muy bien dotadas y con presupuesto para derrochar, fuerzas armadas del Estado colombiano.
Luego sobrevinieron los coletazos de un “clan” que, en palabras del subpresidente saliente, ya había sido aniquilado. Ni en eso concuerdan. Los dos últimos meses han sido momentos de cobro de los antes aliados contra la institucionalidad policial. Masacre que corresponde parar a toda costa.
Ahora difunden y sostienen los medios de alienación masiva que existe una carta de 25 organizaciones paramilitares y/o bandas armadas que envían al próximo presidente electo, Gustavo Petro, de acuerdo para entrar a unas conversaciones.
Se sabe de antemano que la línea política a seguir del triunfante gobierno alternativo es el trato humanitario a los sujetos del multicrimen, bajo el condicionante de sometimiento a la justicia y al estado de derecho. En esto aplica lo del perdón social que fue motivo de debate electoral y en el que se resume con meridiana claridad que en ningún momento se trata de conversaciones semejantes a las que se tendrán con grupos insurgentes, claramente delimitados e identificados. Todo un sartal de argumentaciones y cuidadosos montajes con el fin de confundir a la opinión pública nacional e internacional sobre conversaciones con quienes no soportan un estatus internacional de beligerantes y los cuales pueden ascender a cientos de bandas informales que enrarecen el ambiente de la seguridad publica en campos y ciudades y se les conoce con denominaciones como Bloque Virgilio Peralta Arena (Caparros), Grupo Los Rastrojos, Grupos los Shottas de Buenaventura, Grupo la Inmaculada de Tuluá, Grupos Mexicanos de Quibdó, Los Triana o los combos de Buenaventura y Quibdó. Así como el llamado “Tren de Aragua”. Igualmente, las Autodefensas Gaitanistas o “Clan del golfo”. Pero no hacen mención ni citan a las desenmascaradas Águilas Negras y su imposible cobertura nacional, muy eficaz, si no fuera porque las conforman sujetos activos de la administración pública estatal.
De manera que corresponde correr el velo. Las condiciones políticas actuales aseguran pasos firmes en cuanto a la suerte de un cuerpo policial nacional soberano, de inspiración cívica, comunal y de solidaridad social. Como corresponde. La oligarquía militarista echó al fuego y dejó al albur la decencia policial. El nuevo gobierno progresista, socialdemócrata y liberal, será el encargado de aplicar las reformas de fondo necesarias en la institución policial.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Según se desprende de la lista de los actuales Estados que integran el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en este 2022 llegan a expiración de sus respectivos mandatos Brasil y Venezuela (véase listado oficial).
Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos constituye la máxima instancia en materia de derechos humanos dentro del organigrama de Naciones Unidas. Se trata de un órgano intergubernamental compuesto por 47 Estados. En este año 2022, esta entidad es presidida, por vez primera en toda su historia, por Argentina (véase comunicado oficial de diciembre del 2021).
El Consejo de Derechos Humanos en breve
Entre sus numerosas atribuciones (Nota 1) el Consejo de Derechos Humanos es la instancia llamada a crear, mediante resolución, comisiones de investigaciones para documentar situaciones en las que se viola de manera masiva y grave derechos humanos: en la actualidad son 36 mecanismos de investigación (véase enlace oficial); también recae en este órgano el crear o renovar mandatos temáticos sobre ámbitos específicos en materia de derechos humanos, y que en la actualidad ascienden a 45 (véase enlace oficial).
Ello sin olvidar de mencionar la adopción de resoluciones en temas relevantes que luego son puestos a conocimiento de la Asamblea General: la reciente (e histórica) resolución A/76/300 sobre derecho al ambiente como un derecho humano adoptada el 28 de julio del 2022 por una abrumadora (e inédita) mayoría (véase nota de prensa y esta nota publicada en Costa Rica explicando el significado de tan abultada mayoría de votos a favor) fue inducida desde el Consejo de Derechos Humanos en el mes de octubre del 2021 (véase nota oficial).
Tablero de la votación acaecida el 23 de julio del 2014, con un solo voto en contra (Estados Unidos) a la hora de votar el Consejo de Derechos Humanos una resolución que crea una comisión de investigación sobre las exacciones israelíes cometidas en Gaza en julio del 2014 y cuyo informe final se presentó en el mes de junio del 2015
La repartición geográfica conlleva algunos criterios muy propios (véase enlace oficial) tendientes a asegurar un equilibrio entre todas las regiones del mundo a la hora de realizarse la votación en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas para escoger a los Estados miembros. En la integración del Consejo de Derechos Humanos, la región de América Latina y del Caribe cuenta con 8 escaños, mientras que África cuenta con 13, al igual que la región Asia/Pacífico, también con 13; como resultado de la antigua partición de Europa durante la Guerra Fría, se considera la región de Europa Occidental por una parte, con 7 y por otra, Europa Oriental, con 6 escaños.
Cada año, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, usualmente en el mes de octubre, se procede a renovar de manera parcial el Consejo de Derechos Humanos, eligiendo para cada una de estos cinco bloques regionales a varios Estados por un mandato de tres años para suplir las vacantes correspondientes. En la actualidad, por América Latina y el Caribe figuran: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Honduras, México, Paraguay y Venezuela.
Cabe recordar que el Consejo de Derechos Humanos fue creado en el 2006 (véase resolución A/RES/60/251 de abril del 2006) y reemplaza a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (un órgano intergubernamental que funcionó desde 1946 hasta el año 2005 compuesto por 53 Estados): es de notar que esta resolución se adoptó con 170 votos a favor, 4 en contra (Estados Unidos, Islas Marshall, Israel y Palau) y 3 abstenciones (Bielorusia, Irán y Venezuela) según se informa en esta nota de prensa de Naciones Unidas. En un interesante artículo del 2007 que analiza las negociaciones previas a esta votación, se lee que un diplomático norteamericano conocido por sus posiciones radicales e intransigentes originó este voto de Estados Unidos:
«La mayoría de los Estados concordaron con el Presidente Eliasson en cuanto a que esta redacción era la mejor posible, dada la atmósfera existente y que era urgente consolidar el acuerdo antes de que se realizara la siguiente reunión de la CDH. Estados Unidos no compartía esta opinión. El Embajador Bolton manifestó su inquietud acerca de muchas disposiciones contenidas en el texto y, junto con negarse a explicitar cuáles cambios lograrían que Estados Unidos apoyara la resolución, hizo un nuevo llamado a efectuar negociaciones individuales entre países. El apoyo para esta posición fue casi nulo y finalmente la Asamblea aprobó la resolución que creaba el nuevo Consejo…» (Nota 2).
Recientemente, tuvimos la oportunidad de analizar la exclusión de Rusia de este órgano de Naciones Unidas (véase nuestra nota del 7 de abril del 2022), como consecuencia de la agresión militar perpetrada en el territorio de Ucrania: cabe indicar que Rusia (158 votos) y Ucrania (166) fueron electas en representación de la región de Europa del Este en octubre del 2020 para integrar el Consejo de Derechos Humanos (véase nota oficial de Naciones Unidas).
Costa Rica y su súbito interés en integrar el Consejo de Derechos Humanos en el 2019
Habíamos tenido la oportunidad de analizar en octubre del 2019 la repentina decisión de Costa Rica de postularse en aras de intentar arrebatarle la silla a Venezuela (Nota 3).
Se trató de una maniobra que no fructificó, quedando electos Brasil y Venezuela por América Latina y el Caribe (véase nuestra breve nota sobre resultados alcanzados en la votación del 27 de octubre del 2019): la diplomacia de Brasil reunió para esta elección 153 votos, la de Venezuela 105, al tiempo que la de Costa Rica (no electa) pudo contar con el respaldo de 96 Estados que votaron en favor de su candidatura (para más detalles sobre los resultados de la votación, véase acta A/74/PV.17, pp. 3-4)
Este episodio bastante peculiar permitió confirmar lo que enseña la observación de la práctica diplomática en Naciones Unidas para este tipo de ejercicios: los intercambios de votos y de compromisos que los Estados han pactado entre sí en materia de candidaturas difícilmente pueden ser revisados a menos de dos semanas de una elección. Algunas candidaturas se anuncian y se negocian con mucho tiempo de antelación y es muy probable que Venezuela y Brasil tenían asegurada gran parte de sus votos cuando Costa Rica anunció súbitamente su postulación. No se trata de semanas o meses de antelación, sino en algunos casos, de candidaturas que se preparan desde varios años (Nota 4).
Después de lo acontecido en el 2019, tanto en el año 2020 como en el 2021, Costa Rica optó, por alguna razón, por no postularse; al igual que lo había hecho del 2015 al 2019, después de su última postulación oficial en el 2014, que no le permitió tampoco ser electa.
En el 2020, resultaron electos para las tres vacantes por la región Bolivia, Cuba y México, con respectivamente 172, 170 y 175 votos respectivamente (véase detalle de los votos obtenidos por los demás Estados en el acta A/75/PV.16, pp.14-15; en el 2021, resultaron electos Argentina (175), Honduras (172) así como Paraguay, con una destacada marca de 185 votos reunidos.
Las elecciones venideras para el 2022, el 2023 y el 2024
Para este año 2022, son dos las vacantes que dejan Brasil y Venezuela y que deberán ser objeto de una decisión colectiva para suplirlas por parte del bloque regional de América Latina y del Caribe: la práctica en Naciones Unidas indica que se delega a cada bloque regional el presentar los candidatos para suplir las vacancias de turno que le corresponden.
En caso de desacuerdo entre los integrantes del GRULAC (Grupo de América Latina y el Caribe en Naciones Unidas), son entonces los votos obtenidos por cada candidatura los que deciden cuáles Estados son electos y cuáles no resultan electos. Únicamente los números obtenidos en la Asamblea General de Naciones Unidas cuentan, al tratarse de una votación secreta.
En el año 2023, serán tres las vacantes al llegar al término de su actual mandato Bolivia, Cuba y México. En el 2024, serán tres nuevamente, al concluir su mandato Argentina, Honduras y Paraguay.
El espacio para tres es siempre mayor al espacio para dos
Tres vacantes en el seno del Consejo de Derechos Humanos dan lugar a elecciones mucho menos reñidas que cuando se trata de dos, y merece mención señalar que:
– para el último ejercicio (2019), las diplomacias brasileña y venezolana lograron su cometido, dejando por fuera a la de Costa Rica;
– al igual que las de Brasil y Cuba (2016), Brasil reuniendo 137 votos, Cuba 160, y Guatemala tan solo 82;
– así como los aparatos diplomáticos de Cuba y México (2013): en aquella oportunidad Cuba reunió 148 votos, México obtuvo 135 votos, quedando fuera Uruguay con 93 votos;
– en octubre del 2010, con 180 votos cada uno, Ecuador y Guatemala fueron electos, al tiempo que se registra, sin explicación plausible, un solo voto a favor de Perú (véase enlace oficial con tablero general de votos obtenidos). Se trata posiblemente de un único voto de un delegado que, sin haber recibido instrucción alguna desde su capital, voto con su mejor criterio o bien por el Estado con el que más se siente identificado…
– en octubre del 2007, Bolivia obtuvo 169 votos, Nicaragua 174, al tiempo que se registró (como en el caso de Perú en el 2010), a Costa Rica, Chile y Belize cada uno con un solo voto (véase acta A/61/PV.97, página 3): en este caso, al menos para el caso de Costa Rica, otra hipótesis a considerar es que su delegado en Naciones Unidas, por alguna razón, no considerara que pudiera votar ni por Bolivia ni por su vecino Nicaragua…
Algunas de las marcas obtenidas por Estados de América Latina, algunas ausencias y algunas presencias notorias
Más allá de las cosas que a veces pueden ocurrir en la mente de un diplomático cuando su capital omite enviarle una instrucción de voto, resulta oportuno recordar que son los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas los que son llamados a votar en favor de las candidaturas correspondientes.
Como previsible, la marca más alta registrada por un Estado de América Latina (antes del notorio hito logrado por Paraguay en la última contienda del 2021 reuniendo 185 votos a su favor), fue la obtenida por el aparato diplomático de Brasil en el 2012 (con 184 votos a su favor), seguido por Perú (180) en el 2017, y México (179) también en las elecciones del 2017. Con un solo voto (probablemente el suyo), Colombia es el Estado que obtuvo la menor cantidad de votos en las primeras elecciones realizadas en el 2006, seguido por Honduras con 3 y Costa Rica con 6 (véase acta A/60/PV.80 del mes de mayo del 2006, pp. 3-4).
Resulta oportuno precisar que, desde su integración en el mes de mayo del 2006, el Consejo de Derechos Humanos nunca ha contado (véase listado oficial) con los siguientes Estados de América Latina como Estados miembros: Colombia, Haití y República Dominicana.
Por otro lado, como dato de interés, Cuba ha sido escogido en cinco ocasiones desde el 2006 como integrante para los siguientes períodos: (2006-2009), (2009-2012), (2014-2016), (2017-2019) y (2021-2023). Al igual que México: (2006-2009), (2009-2012), (2014-2016), (2018-2020) y (2021-2023). Se puede considerar que sus respectivas diplomacias consideran prioritario el integrar al Consejo de Derechos Humanos al registrar ambos Estados la mayor cantidad de mandatos desde el 2006. Cuba y México son seguidos por Argentina y Brasil con cuatro mandatos cada uno. Los mandatos de Brasil son: (2006-2008), (2013-2015), (2017-2019) y (2020-2022); los de Argentina: (2006-2007), (2013-2016), (2019-2021) y (2022-2024). Siguen luego Venezuela con tres mandatos: (2013-2015), (2016-2019) y (2019-2021) así como Ecuador (2006-2009), (2011-2013) y (2016-2018).
Como se puede observar, un equilibrio muy sutil se ha instalado entre las diplomacias de Argentina, Cuba, Brasil y México desde el 2006, mientras que los demás Estados de América Latina participan de manera mucho más esporádica a la máxima instancia en materia de derechos humanos dentro del organigrama de Naciones Unidas.
Las candidaturas oficiales para las elecciones en este año 2022
Al parecer, para las elecciones de este 2022, Venezuela ha optado por presentarse para una reelección (véase nota de prensa de Talcualdigtal del 25 de julio del 2022); al tiempo que el pasado 5 de mayo del 2022, Chile anunció de manera oficial su candidatura (véase comunicado oficial de su diplomacia). Es posible que la referencia a Venezuela hecha refiera a un sondeo previo realizado por la diplomacia venezolana antes de tomar la decisión de anunciar oficialmente su postulación.
Con relación a Costa Rica, al momento de redactar estas líneas no se ha hecho público anuncio alguno. Después de su repentino intento en el 2019, y del fracaso de su candidatura en el 2014 (véase nota nuestra al respecto), la última vez que Costa Rica fue electa en el Consejo de Derechos Humanos remonta al año 2011, al quedar electa con Chile y con Perú (y quedando fuera de la contienda Nicaragua): véase al respecto nota oficial de Naciones Unidas así como esta nota oficial de los resultados obtenidos por cada aparato diplomático (Chile con 159 votos, Costa Rica con 138, Perú con 136, y Nicaragua -no electa- con 98 votos reunidos).
Nótese que en este enlace de una ONG especializada en derechos humanos con sede en Ginebra y en un volante de una actividad a realizarse en Ginebra en el mes de septiembre del 2022, sí se menciona a Costa Rica conjuntamente con Chile y con Venezuela (véase volante) para ocupar las dos vacantes a suplir en octubre del 2022, sin que haya trascendido (salvo error nuestro), algún anuncio oficial de candidatura.
Por su parte, República Dominicana, el pasado 14 de junio anunció su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos (véase comunicado oficial): al revisar con detenimiento, se trata de una postulación para el período (2024-2026), y no para el que se decidirá próximamente (2023-2025).
Las designaciones para el mandato (2023-2025) se decidirán durante la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que iniciará en septiembre del 2022.
A modo de conclusión
Cabe precisar que quien fuera el máximo representante de Costa Rica en Naciones Unidas en la sede de Nueva York en el período (2018-2022) fue recientemente electo como experto independiente en derechos humanos para integrar el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio del 2022 (véase nota oficial de Naciones Unidas y hoja de vida de los candidatos propuestos): no se trata de un órgano intergubernamental, sino de un órgano de tratado (también denominado órgano de supervisión o monitoreo en la literatura especializada – Nota 5) compuesto por expertos independientes, encargado de velar por el debido cumplimiento de las obligaciones internacionales de los 173 Estados Parte al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). Tuvimos la oportunidad de analizar un ejercicio similar realizado en octubre del 2021 en el marco regional hemisférico de cara a la designación de cuatro jueces para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Nota 6).
Desde el 30 de junio del 2022 (véase nota oficial sobre renuncia aceptada en mayo del 2022), Costa Rica adolece de un representante con rango de Embajador en Naciones Unidas en Nueva York. Una situación similar a la vivida por Costa Rica en el 2014, un año en el que las elecciones celebradas para designar a los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en octubre de este año fueron precedidas por la toma de posesión de nuevas autoridades electas en mayo, dando lugar a un vacío mientras se procedió a la designación del nuevo representante en Naciones Unidas en Nueva York por parte del Poder Ejecutivo costarricense.
Con relación a Chile, es de notar que designó a su nueva embajadora en Naciones Unidas diez días después de la toma de posesión de sus nuevas autoridades (véase nota de prensa del 21 de marzo del 2022). Cabe destacar que, además de adherir recientemente al Acuerdo de Escazú, convirtiéndose en el Estado Parte número 13 desde el pasado 13 de junio del 2022 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones) (Nota 7), el Poder Ejecutivo chileno acaba de proceder a depositar el instrumento de ratificación del Protocolo de San Salvador de 1998 ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos / OEA (véase nota oficial de su diplomacia del 28 de julio del 2022): como se ha podido apreciar en los últimos meses, la diplomacia de Chile profundiza su compromiso internacional con los derechos humanos desde que llegó la nueva administración del Presidente Gabriel Boric.
–Notas–
Nota 1: Sobre las nuevas competencias del Consejo de Derechos Humanos con relación a su predecesora, la Comisión de Derechos Humanos y un intento de comparar ambos órganos después de 5 años de funcionamiento del primero, véase VIEGA e SILVA M., El Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, 2011, 667 páginas, pp. 169-246. Texto integral de la tesis disponible aquí.
Nota 2: Véase HALPERIN H.M, ORENTLICHER D., «El nuevo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas«, Anuario de Derechos Humanos (2207), pp. 113-120, en pp.117-118. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «La reciente candidatura de Costa Rica al Consejo de Derechos Humanos: breves reflexiones«, Réseau International des Droits Humains, edición del 16 de octubre del 2019, disponible aquí.
Nota 4: En la misiva circulada por Costa Rica el 11 de abril del 2011 enviada al Presidente de la Asamblea General (véase texto completo), se indica por parte del Embajador de Costa Rica en Naciones Unidas que:
«La información sobre las promesas y los compromisos de Costa Rica en materia de derechos humanos se distribuyó a todos los Estados Miembros en julio de 2009, cuando el Gobierno anunció la decisión de presentar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos para el período 2011-2014.
Las elecciones al Consejo de Derechos Humanos se celebrarán durante el sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General, el 20 de mayo de 2011«.
Nota 5: Véase por ejemplo MUSSO J.A, RODRIGUEZ M.C., SÁNCHEZ MERA S. TAHHAN R. M., Lecciones de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Universidad Católica Santiago del Estero, ediciones UCSE, 2021, 413 páginas, texto completo disponible aquí, pp. 86-101. Para un estudio sobre los órganos de tratados más detallado en español, véase CASTAÑEDA HERNANDEZ M., Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas como elementos de cambio en el orden internacional, Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, 2018, 325 páginas. Texto integral de la tesis disponible aquí.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «La elección de nuevos integrantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 20 de octubre del 2021, disponible aquí.
Nota 7: Sobre esta notable adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, que exhibe aún más a Costa Rica en sus inconsistencias en el plano internacional, véase BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: Chile es oficialmente Estado Parte número 13. Algunas breves reflexiones desde Costa Rica«, Diario Constitucional, edición del 31 de julio del 2022, disponible aquí.
Por Valeria Montoya y Mauricio Álvarez, docentes de Kioscos Socioambientales
Hay mujeres que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenas. Pero los hay que luchan toda la vida: esas son las imprescindibles» (retocado de Bertolt Brecht).
El pasado 24 de junio, realizamos desde el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la UCR, un homenaje a la lideresa comunitaria Erlinda Quesada en el marco del curso de Ecología Política Feminista, el cual fue impartido por Diana Ojeda, quien es economista, geógrafa y docente en la Universidad de Los Andes en Colombia.
Este curso, fue organizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), en conjunto con el proyecto “Conflictividad socio ambiental e impactos de las piñeras en la zona norte” (EC-495) inscrito en el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN) y el proyecto “Geografía y Diálogo de Saberes” (ED-3526) inscrito en la Escuela de Geografía, ambos del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social. El mismo, tuvo dos espacios principales, uno teórico y conceptual impartido por Ojeda el jueves 23 de junio, y uno práctico en el que se realizó una gira a África de Guácimo el viernes 24 de junio.
África de Guácimo es una comunidad ubicada a un kilómetro del centro de cantón, dirección hacia Limón, que tiene el nombre del continente del cual procedían los antepasados de los primeros habitantes del pueblo. Nació con la construcción del ferrocarril al Caribe y el surgimiento del cultivo de banano.
La gira, fue facilitada por Erlinda Quesada, fundadora de la Asociación de Mujeres Unidas de África (AMUDA) y del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAP), organizaciones que se han enfrentado a conflictos socioambientales, donde ha destacado el trabajo realizado y las luchas que han llevado a cabo.
El liderazgo de Erlinda la llevó en dos ocasiones a ser regidora Municipal y a encabezar las principales luchas por la defensa de los bienes naturales comunales, en especial el agua en la parte alta o zona de mayor recarga acuífera del cantón. Esto incluyó la defensa del río Parismina que hoy está libre de una represa privada que iba a afectar el turismo, la agricultura y la ecología.
Desde hace décadas Erlinda ha luchado no solo por los derechos de su comunidad si no por todo el cantón, provincia, país y planeta. Su lucha ha sido por la defensa de los derechos de las mujeres del campo, por una pastoral de la iglesia católica que atendiera los derechos de las mujeres, por mejorar las condiciones en las plantaciones de banano y piña, por la defensa del agua, de las comunidades y sus bienes.
Como lo compartía Erlinda en la gira, este grupo de mujeres de África, con mucho esfuerzo, compraron un terreno y gestionaron la Finca Educativa AMUDA, que es un proyecto de conservación y turismo comunitario. Para este grupo fundado en 1997 todo ha sido una lucha, como se atestigua actualmente en su finca que tiene un sendero de un kilómetro por un frondoso bosque, el cual, cuando se compró era un potrero. Para esto, tuvieron que pagar mes a mes a punta de rifas o ventas de comidas. Hoy es el pulmón de la comunidad.
La casa de Erlinda está en un alto a la orilla de la ruta 32 en la entrada de África, siendo una especie de sede interuniversitaria-comunitaria, aquí ha dado clases de historia ecológica de la organización comunitaria, de las luchas por los derechos de las mujeres, por los derechos comunitarios a un ambiente sano y del agua como un derecho humano.
Es por ello que en el marco del curso de Ecología Política Feminista y en el salón comunal de la comunidad entregamos un título que menciona “recocemos su incansable y destacada lucha por la salud ambiental de las comunidades caribeñas y su papel de educadora popular de cientos de estudiantes a través de tantos años”.
El pasado 30 de julio de 2022, un grupo de adultos mayores presentó un recurso de amparo, en contra de la Caja Costarricense de Seguro Social, solicitando que se obligue a la CCSS a cancelar en el mes de agosto de 2022, el reajuste de 2,52% a las pensiones por la pérdida de valor debido a la inflación de los precios del segundo semestre de 2021, retroactivo a enero de 2022, correspondientes a 330 mil pensionados de IVM.
Se apela a La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935 y al artículo 21 de la Constitución Política, que establece el derecho a la vida como el bien jurídico más valioso que tiene todo ser humano, ya que se les está viendo vulnerado al no poder siquiera comprar los alimentos básicos.
Se está a la espera de que la Sala Constitucional declare con lugar el recurso de amparo y la Caja realice el aumento de la pensión en el mes de agosto de 2022.
Compartido con SURCOS por Rodrigo Arias López.
Imagen de cabecera tomada de https://cambiopolitico.com
Se extiende la invitación para disfrutar del programa Saber Vivir de Radio UCR 870, este lunes 8 de agosto de 2022 a partir de las 8:00 a.m.
El programa abordará el tema “La OIT contra el acoso”, con la conducción de Gloriana Rodríguez y la participación de Deiby Porras Arias y Marco Castillo Rojas.
SURCOS comparte la petición hecha por la Red de Emergencia Cultural, ante las amenazas de despido por parte de la ministra de cultura hacia el señor director del Centro de Cine, Raciel del Toro.
3 de agosto
Ministerio de Cultura y Juventud Lic. Nayuribe Guadamuz Rosales Ministra de Cultura y Juventud Sr Ernesto Calvo Álvarez Viceministro de Cultura y Juventud
Buen día Sra. Ministra
La REC, Red de Emergencia Cultural, organización integrada por organizaciones de diferentes subsectores de la cultura, gestora de Ley 10041 y otras acciones en favor de sostener los derechos culturales de las personas, tanto habitantes como trabajadoras del arte y la cultura, se dirige a Ud. solicitando su atención a nuestra postura en el caso de la Dirección General del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC).
El Sr. Raciel del Toro es uno de los pocos funcionarios que han ocupado la Dirección General del CCPC con el apoyo de todo el sector cinematográfico y audiovisual, tanto por su destacada trayectoria profesional, como por su compromiso de preservar la integridad y generar crecimiento de la institución que lidera.
La producción cinematográfica y audiovisual, como actividad económica en constante movimiento, impacta directamente en las comunidades donde se desarrolla y contribuye al crecimiento de numerosos encadenamientos productivos; como actividad específica, solidifica el entramado cultural de la nación legando a las futuras generación el lenguaje creativo de la época. Sabemos que bajo la dirección actual el CCPC continuará y acrecentará el impulso de los últimos 20 años.
Entendemos que las divergencias pueden crear fracturas en las relaciones, les artistas vemos como un gesto de madurez poner el bien mayor y las necesidades sectoriales por sobre los tropiezos que pueden surgir al inicio de una gestión, sobre todo cuando el nudo del asunto está en la defensa a ultranza que el Director General hace de la integridad institucional para su pleno funcionamiento y la salvaguarda del bien público.
Las personas del sector cultura entendemos como un ejercicio democrático puro y un gesto de interés y respeto que la dirigencia escuche activamente y desarrolle diálogos y consensos para tomar decisiones que fortalezcan y hagan crecer al colectivo. Por esto es importante que el señor Raciel del Toro Hernández continúe en su puesto. Agradecemos su atención y su reflexión sobre este punto. Saludos cordiales.
Llamado a manifestarnos como gremio cinematográfico. Dejemos la pasividad.
Ante el despido del viceministro Ernesto Calvo y las amenazas de despido por parte de la ministra Guadamuz hacia el señor director del Centro de Cine, Raciel del Toro, es necesario realizar una convocatoria masiva y urgente a manifestarnos en las calles frente al Ministerio de Cultura en defensa de nuestros derechos como trabajadores del cine.
Contexto
El Centro Costarricense de Producción Cinematográfica en los últimos años se ha convertido en el principal aliado para todas las personas que hacemos del cine y del audiovisual una forma de vida, sobrevivencia, exploración personal, manifestación ideológica y trabajo. Un trabajo que le da de comer a cientos de familias en nuestro país y que además tiene el gran valor de fungir como un gran encadenamiento productivo al mover la economía en otras aristas como, por ejemplo, el transporte o la producción de alimentos.
Por otro lado, es una actividad primordial en el crecimiento cultural del país que aporta una cantidad incalculable de elementos positivos para el desarrollo integral de nuestra sociedad. Desde que Raciel del Toro tomó la dirección del CCPC, se ha sentido cómo la actividad cinematográfica en nuestro país ha tomado un nuevo aire, se ha logrado sostener, a pesar de escollos tan negativos como la pandemia y el continuo avance de políticas contra el desarrollo de la cultura y el arte. Raciel, ha sabido llevar y administrar de forma adecuada al Centro de Cine y como buen trabajador del cine, ha DIRIGIDO bien a su equipo, así como las políticas y estímulos por el bien de la industria. Hemos visto cómo, en los últimos años, muchas películas, cortometrajes, series, productos animados, etc, apoyados por el CCPC han tenido éxito a nivel nacional e internacional, claro ejemplo, los últimos tres largometrajes presentes en el Festival de Cannes, hechos inéditos en nuestra historia cinematográfica poco robusta.
Dicho esto, considero necesario defender la gestión de Raciel y la de su equipo de trabajo, así como también, repudiar el despido del viceministro Calvo, que en su corta gestión mostró interés y actitud positiva para continuar desarrollando de forma positiva a la industria. Del Toro, ha defendido una plaza de una profesional dentro del CCPC, la cual ha sido removida y tras este hecho, se ha visto amenazado su puesto como director del Centro de Cine, decisión que el señor Calvo se ha opuesto ante la ministra y por ello fue cesado.
La defensa se puede hacer desde distintos frentes: simplemente seguir trabajando y abogando por nuestros derechos como trabajadores del cine, realizar videos, enviar cartas y buscar llenar la oficina de la ministra con solicitudes de reunión para pedir se nos tome en cuenta como gremio, así como seguir en la defensa de una digna ley de cine y otras políticas necesarias para salvaguardar nuestra actividad y por último, no olvidarnos de la calle, levantar nuestras cámaras y micrófonos y exigir como cineastas que nuestra voz será escuchada y no permitiremos ver ante nuestros lentes, cómo el gobierno toma decisiones arbitrarias y autoritarias que vienen en detrimento de una labor que sólo venía fortaleciendo al sector. Desde mi óptica como director, autor y trabajador del cine, es necesario manifestarnos. Debemos ir a la calle y exigir que la ministra nos escuche.
Alejandro Ferlini Realizador Integral de Cine y TV
Doris fue una de las múltiples viudas que entrevisté antes de escribir el libro El Destructor de vidas y sueños. Su historia era dolorosa y repetitiva que muchas viudas con desesperación me habían contado, tras la notificación de Javier Chaves del 8 de marzo del 2019, informando que durante 3 años Aldesa no iba a pagar intereses para sanear la empresa y vencido el plazo devolvería todo el dinero.
La angustia que sentían tantas adultas mayores, dos veces despojadas, primero la viudez que les arrebataba el compañero de vida y ahora la codicia de los hombres que le quitaban la paz y la seguridad por la que habían trabajado, sacrificado placeres y ahorrado una vida entera. En lugar de una vejez tranquila, se les obligó a ajustar sus vidas a una manera más frugal, jugársela con la reducida pensión de la Caja y como casi todas tenían casa propia y de alguna manera podrían arreglárselas para sobrevivir mientras recuperaban los ahorros para volver a tener un mejor nivel de vida.
Doris había quedado viuda pocos años antes del colapso de Aldesa y recordaba cómo su marido y ella habían dispuesto vender años atrás, la casa amplia donde vivían y pasarse a alquilar un apartamento más pequeño y modesto que les permitía desentenderse de los pagos de impuestos territoriales, mantenimiento y así ajustar la pensión que era muy pequeña. Por la confianza que tenían en la trayectoria de Aldesa y el buen nombre de don Oscar Chaves Esquivel colocaron todos sus ahorros en la seguridad terminarían viviendo tranquilos los últimos años de vida.
Tras enfermar el marido de Doris, le dijo: «nada te va a faltar, con la plata de Aldesa vas a tener para vivir hasta el último día de tu vida, podrás comprar tus medicinas y todo lo que te haga falta… y por qué no, darte algún gustito de vez en cuando».
Pocos días después de recibir la notificación de Javier Chaves, con mucho coraje lo fue a buscar, para que le devolviera aunque fuese una fracción de su dinero, explicándole la dependencia absoluta que ella tenía de sus ahorros colocados en Aldesa. Javier categóricamente le dijo que no podía hacer algo así, que era ilegal, paradójica respuesta de quien pocos días después saldría a la prensa culpabilizando a los ahorrantes de codiciosos al mejor estilo Madoff diciendo: «nadie decía que era ilegal mientras ganaban plata».
Doris le rogó una salida y con el cinismo que acompaña a quienes no saben lo que es la empatía y sensibilidad, le dio una nueva asesoría gratuita pero extremadamente cruel: «haga un préstamo para que tenga para vivir estos tres años y al término de ese plazo, con los intereses acumulados, paga lo que debe y le devolvemos todos sus ahorros». No tuvo la decencia a los 3 años cumplidos, ni Javier Chaves ni ningún personero de Aldesa se dignó a dar explicación alguna sobre el paradero de su dinero y cuándo les iba a pagar.
Si hoy, 2 de agosto 2022, pocos días después de que se concretara la quiebra de Aldesa estoy escribiendo esta historia que no puede formar parte del libro, se debe a que me enteré hoy es desgarrador.
Tras la reciente declaratoria de quiebra de Aldesa, Doris se percató que la ilegalidad que Javier Chaves se negaba a cometer a favor de ella de devolverle una parte de sus ahorros, la cometió a favor de “sus privilegiados”, siendo ese uno de los motivos señalados por la jueza para dar curso a la quiebra. Recientemente volvimos a encontrarnos y lamentó no haber creído cuando le decía desde el principio, que Aldesa era un fraude. Hoy no sabe cómo va a pagar el préstamo.
Con fe y devoción, a sus 76 años caminó hasta el Santuario de Cartago para darle gracias a la Virgencita por el amor de sus seres queridos y amigos, quienes no le han permitido que la comida falte y también a renovar la petición de buena salud porque no sabría qué hacer para enfrentar una larga enfermedad.
Al regreso, vino a buscarme a la casa y mientras las lágrimas bajaban por su mejilla, extendió su mano temblorosa y me mostró una imagen de la Negrita con la palabra ALIMENTACION al pie, esa humilde petición que renovó con enorme devoción. También rogó le ayude a recuperar su dinero, pues su situación es desesperada y no sabe cómo terminará el año.
Mientras Doris sufre la carencia de su propio dinero, la codicia de grandes “empresarios visionarios”, quienes siguen viviendo en la opulencia, importantes hombres de negocios que amasan fortunas, y despectivamente desde sus lujosas casas y condominios se sientan a ver los reportajes en sus pantallas gigantes, donde un pueblo humilde, honesto y trabajador cumple sus promesas con devoción.
Ellos se creen piadosos porque van a misa todos los domingos antes del “brunch” del Country, y ahí se codean con gente “igualmente respetable”. Son estos hombres ricos a quienes hoy Cristo les dice “Ve y vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme”. Pero estos, igual que el joven rico del evangelio se retiran muy tristes porque son muchas las riquezas a las que tendrían que renunciar.
Si bien los Evangelios y la Biblia en general contienen muchos pasajes en los que Dios irrumpe en la historia y con su poder infinito intercede a favor de los más débiles, este es solo un ejemplo para los mortales.
Dios ante todo es un dios de justicia quien con su ejemplo, sus profetas y simples mortales claman y luchan por la justicia. Este día de la Virgen de los Ángeles, me solidarizo con Doris y con todas esas personas que lo han perdido todo y anhelan recuperar suficiente para terminar sus vidas en paz. Espero que los milagros se hagan realidad y que Dios despierte en los hombres de buena voluntad, esa pasión por la justicia que inspiró a los profetas de Israel y a los apóstoles.
Es el momento para ponernos del lado de quienes sufren y exigir que se haga justicia aquí y ahora, en esta tierra. Que se haga el milagro de despertar el espíritu de lucha entre todos los afectados para que unidos nos propongamos a que todos los bienes que poseen los responsables de este crimen les sean quitados, que sean investigados y se pueda determinar cuánto sacaron a paraísos fiscales. Que, con todas esas fortunas, respondan a título personal el daño inmenso que han causado a miles de inocentes, así como a la credibilidad del país.
¡Ver justicia pronta y cumplida en nuestro país será un milagro!
Por Esteban Beltrán Ulate Profesor universitario esbeltran@yandex.com
La migración es una pedagogía incierta que camina, y en su caminar construye un relato que tiene como punto de origen la esperanza. La migración es un gesto político que marcha a contrapelo a lo establecido, es una contra política de lo hegemónico. Esta movilización que rompe fronteras y hace temblar legislaciones, es una muestra de la libertad que anima los cuerpos oprimidos.
La movilización es un derecho humano que ha sido ataviado bajo la estructura de mercado capitalista. De lo anterior deriva las múltiples caracterizaciones que se le dan a los sujetos que se movilizan, siendo la figura del migrante en la que se encuentra en condición deplorable. Dicha caracterización es derivada de una mirada capitalista que plantea la utilidad y la acumulación de riquezas como criterios necesarios para identificar al “bien-recibido”.
Decir migrante es decir a la vez decir no-migrante o nativo, es muestra de una mirada dual, donde se interpone una lectura asimétrica respecto a los beneficios del Estado, por lo que, unos son poseedores y otros se convierten en el atentado posible.
La lucha de los migrantes nos dice mucho, pues confronta el sistema político vigente. Por otro lado, nos revela (a los que aún no migramos) al menos a quienes habitamos en las regiones del sur global que aunque no seamos nosotros los que nos estamos movilizando, en ellos hay algo de nosotros que se refleja. Es quizás el gesto político de ruptura más poderoso, el que se mueve con las personas que quiebran las fronteras.
La lucha migrante nos incluye, ya que su anhelo y esperanza es un gesto de resistencia frente a un mundo el cual todos somos parte, y en el cual no hemos sido capaces como humanidad de consolidar como un espacio de bienestar para todes.
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