Dos noticias recientes publicadas en el diario La Nación retratan de cuerpo entero la inequidad en la aplicación del sistema de justicia dependiendo del sujeto. La primera publicada en la página 11 del viernes 04 de julio del año en curso que menciona la condena a Rafael Ángel Zamora, el dueño de Pedregal por daño ambiental en áreas protegidas de Cañas, Guanacaste a 3 años de cárcel, con ejecución condicional de la pena. La Fiscalía acusó a Zamora de tres delitos de estrago y otros tres delitos de usurpación de aguas, así como la apertura de una trocha en bosque e invasión de áreas de protección. A Zamora se le achacó haber ordenado atascos en el rio Higuerón con el fin de captar aguas de ese cauce de manera ilegal para usarla en el riego de sus fincas. Según la Fiscalía el atasco que hizo en el rio Lajas aumentará su poder destructivo, dañando las cosechas de caña. En primera instancia a Zamora se le había condenado a 2 años y medio de prisión y al pago de 184 millones de colones al Estado por daño ambiental. Pero en segunda instancia se le subió la prisión a 3 años, pero se le eximio del pago de 184 millones.
La segunda noticia es de la página 11 de domingo 06 de julio bajo el título de “Hombre deberá pagar 20 millones a mujer por darle una nalgada”. Los hechos ocurrieron el 1 de marzo del 2023 cuando la víctima circulaba en bicicleta en Paquera de Puntarenas en la intersección de El Guarial y Praderas. Hernández el condenado, que viajaba en moto como pasajero aprovecho que el motociclista aceleró, cometió el delito sexual, para luego huir del sitio. El tribunal lo condenó por este delito a 3 años de prisión y al pago de 10 millones por daño moral y psicológico y otros 10 millones por daño físico, además deberá desembolsar 2,5 millones por costas personales.
Aunque se trate de jueces diferentes que dependen de las leyes aprobadas por los diputados, el sistema judicial es uno solo y como tal lo valoran los ciudadanos.
En Ecuador donde existe una élite que menosprecia a sus poblaciones originarias que se visten con ponchos, se dice que “las leyes se hicieron para los de poncho”, queriendo decir que se aplican especialmente para controlar a estos sectores sociales, no para sus amos. Aquí, por lo visto, aunque cubriendo las apariencias a la tica, las cosas no son muy diferentes cuando afectan a los poderosos. Se clama por más severidad en las leyes, pero cuando estas se aplican tienen un insoslayable sesgo de clase y su peso cae sin piedad sobre los que no tienen influencias.
Esto es muy grave, no solo porque hace perder la confianza del ciudadano en el sistema judicial, sino porque los grandes jerarcas políticos son un marco referencial como modelo para la población. Cuando estos montan redes de corrupción y resultan impunes de sus delitos, provocan un efecto en cascada que corrompe al resto de la estructura social soñando que pueden delinquir y ser protegidos por las redes montadas desde arriba.
Corrupción y justicia aplicada por parejo, afectando en primer lugar a los jerarcas.
De hecho, la corrupción se ha vuelto un mal, que conjuntamente con la organización criminal, se ha vuelto endémico en el mundo contemporáneo y amenaza la estabilidad política del planeta. Algunos países han podido resistir por cultura y estructuras institucionales muy sólidas especialmente en el norte de Europa, pero son pocos los que han caído en las garras del clientelismo y las organizaciones criminales, que han podido salirse de esa situación. Cabe mencionar algunos ejemplos destacados de Asia, donde la actuación de la justicia ha sido implacable con la corrupción entre los jerarcas, tal es el caso de Singapur, Vietnam y China donde se ha aplicado la pena de muerte a quienes se han enriquecido abusando de su posición. Esta medida que nos puede parecer muy radical y no tiene por qué reproducirse tal cual en nuestros países, ha cumplido la función de invertir el efecto cascada de la corrupción. Esto es muy importante, porque el castigo del jerarca, al cuestionar la impunidad en los niveles más altos, desalienta las tentaciones de enriquecimiento fácil en las bases de la institución.
Desde luego un sistema de justicia recto no es la única solución, es imprescindible, pero debe ir acompañado de un sistema que genere oportunidades de educación, salud y bienestar ambiental, esto, es de oportunidades de vida digna para la especie.
Compartido con SURCOS por el autor. Publicado además en La Nación.
Rosaura Chinchilla Calderón, docente en la Facultad de Derecho-UCR, jueza en materia penal.
Por. Rosaura Chinchilla-Calderón
In memoriam a Néstor Zeledón Guzmán, profesor emérito de la UCR
Desde hace décadas, tanto el Instituto de Estudios en Población (IDESPO) en la Universidad Nacional (2012) como el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) en la Universidad de Costa Rica han medido las manifestaciones crecientes de autoritarismo en la población costarricense. Los acontecimientos-país de los últimos años confirman esa tendencia. El psicólogo social Marco Vinicio Fournier, apoyándose en Adorno, en su artículo El autoritarismo en Costa Rica (2023) destaca que, en condiciones sociopolíticas y culturales deterioradas y marcadas por la incertidumbre, las personas tendemos a refugiarnos en una personalidad autoritaria. Esta, entre otros rasgos, simplifica deliberadamente la realidad, muestra agresividad, rigidez e intolerancia; encuentra satisfacción en la sumisión, adopta normas culturales inflexibles y estereotipadas, desarrolla patrones de interpretación basados en el pensamiento mágico y dirige el enojo hacia grupos minoritarios de la sociedad. Aunque, según esos estudios, a mayor nivel educativo menor autoritarismo, es claro que este rasgo forma parte de un fenómeno cultural que permea a todos los colectivos y, por ello, la comunidad de la UCR no escapa a esa tendencia. Así las cosas, conviene repasar algunos eventos recientes a fin de encender las alarmas y hacer un llamado para que, desde todas las unidades académicas, empecemos a reflexionar sobre este tema.
Los hechos. Diversos eventos acaecidos en nuestra casa de estudios en los últimos días deberían generarnos una profunda reflexión y ser objeto de encendidos análisis institucionales. Pese a ello, salvo escasos pronunciamientos públicos[1] han estado atravesados por un preocupante y generalizado silencio. Veamos:
i.- 30 de mayo: un funcionario administrativo de la Escuela de Estudios Generales de la UCR arranca carteles de protesta pegados por el estudiantado en un edificio universitario. Cuando se le graba e interpela, con respeto según se muestra en los videos públicos, por la razón de su actuación, aduce que “se viola la reglamentación universitaria” y, de inmediato, pide el apoyo de oficiales de la policía universitaria (que ya estaban en el sitio) a fin de exigir la identificación de las personas que lo captan y se verifique “si cuentan con carné universitario”. Los oficiales, sin embargo, valga destacarlo, muestran una actitud respetuosa y aunque no siguen los requerimientos del funcionario sí permanecen cerca. Algunas personas estudiantes denuncian otros actos de violencia presuntamente acaecidos en esa ocasión y refieren haber presentado un recurso de amparo.
ii.- 02 de junio: las máximas autoridades administrativas y docentes de la Escuela de Estudios Generales —es decir, de lo que debería ser la cuna del pensamiento crítico y el humanismo en la UCR, pues así fue concebida en el III Congreso— suscriben un pronunciamiento conjunto en el que apoyan lo actuado por aquel funcionario. Nuevamente se alude a violaciones reglamentarias y que ese hecho “desencadenó una escala de violencia” (sic). Curiosamente, las autoridades que se dicen personalmente afectadas por los actos suscriben el pronunciamiento en solidaridad consigo mismas.
iii.- 03 de junio: un miembro del Consejo Universitario (valga indicar, el máximo órgano deliberante y decisor de las políticas universitarias) y representante del área de Ingenierías, presenta una moción para solicitar la intervención de la Unidad Especial de Intervención, policía adscrita a la Presidencia de la República, a fin de que esta diera el criterio técnico sobre cómo abordar las protestas estudiantiles. Ante intervenciones acertadas del resto del pleno, retira la moción. El órgano institucional, en un escueto comunicado, se limitó a describir lo anterior, sin calificar lo sucedido.
v.- 04 de junio: La Escuela de Estudios Generales efectuó la elección de su Dirección. Las instalaciones donde el acto se iba a desplegar tuvieron, desde primeras horas, una importante y atípica presencia de policías universitarios.
El marco jurídico. La protesta social es un derecho humano, integrante de la libertad de expresión, establecido en normativa nacional (Constitución Política) e internacional (CADH). Por tanto, no puede sancionarse (penal o disciplinariamente) a quien ejerce un derecho. Reglas jurídicas de menor rango, como reglamentos, no pueden dejar sin efecto normas constitucionales o convencionales. Por supuesto que ningún derecho es absoluto, sino que todos tienen límites derivados de otros derechos del mismo rango. Empero, para determinar cuándo ha habido exceso en el ejercicio de uno, debe hacerse un juicio de ponderación que solo pueden efectuarse las autoridades jurisdiccionales nacionales competentes, previo debido proceso iniciado por quien se dice afectado y asumiendo esta persona la responsabilidad por denuncias calumniosas o falsas. Así, si en el ejercicio del derecho de protesta social se cometen delitos (contra la propiedad, contra el honor, entre otros), las personas afectadas (solo ellas en el último caso) pueden plantear procesos para que tal cosa se verifique, pero no actuarse de forma directa o por las vías de hecho.
Por otro lado, ninguna policía nacional, y tampoco la universitaria con un marco jurídico mucho más reducido, puede exigir identificaciones solo porque así se le ocurra a alguien. La obligación de identificarse alude a la cédula de identidad o, en algunos casos, a la licencia de conducir, no a documentos de pertenencia institucional, y solo puede ser exigida por autoridades públicas en ejercicio legítimo de sus cargos, sin que pueda ser invocada abusivamente, como lo ha establecido múltiple jurisprudencia constitucional. Inclusive, la transgresión a ese deber de identificación es una simple contravención y no un delito.
Asimismo, en espacios públicos como es el campus, el derecho a la intimidad no es pleno, por lo que, en principio, cualquier persona puede documentar, inclusive con uso de material audiovisual, lo que suceda. Cualquier exceso en el uso de la imagen debe ser resuelto por los tribunales nacionales civiles o constitucionales.
Finalmente, la sola moción para pedir la intervención de la UEI no es un asunto menor. No solo se le está pidiendo a un órgano político (cualquiera que este sea) que asesore en un tema delicado y que toca el núcleo duro de la autonomía universitaria como es la protesta estudiantil, sino que se pretendía que lo hiciera una unidad policial que ha estado en la palestra pública pues, desde noviembre 2024, vía decreto, se le modificaron sus competencias para quedar al mando directo de la Presidencia del Poder Ejecutivo, entidad que ha atacado —verbalmente y mediante el no giro de recursos— a las universidades públicas. Además, se trata de la policía que, desde su origen, ha estado ligada a operaciones de alto riesgo contra actividades de terrorismo y narcotráfico. Es decir, con la referencia se implanta la idea subliminal de que la protesta social y estudiantil en particular tiene un ligamen con actividades delictivas. Esa ha sido, justamente, una de las excusas que han usado gobiernos autoritarios de la región, de derecha e izquierda, de ayer y de hoy, para intervenir universidades, lugares donde se gesta el pensamiento crítico, se articulan movimientos pro derechos y se denuncia y documenta la corrupción y la falsedad.
“Yo protesto” del escultor Néstor Zeledón Guzmán (elaborada en 2008 como crítica ante la aprobación del TLC-EUA). El proceso final de la escultura con su autor, en el taller de este. (Foto. Ilka Tremino)
La interpretación. Los elementos referidos son indicios de un ambiente cultural en donde, tal y cual sucede a nivel nacional, se ha dado un importante retroceso en el respeto de derechos humanos y de la autonomía universitaria. Si eso es preocupante en cualquier ámbito, más debería serlo cuando sucede en donde debería primar el pensamiento y la discusión crítica y argumentativa. Nótese que, con actuaciones de autoridades universitarias en ejercicio de sus cargos, se han efectuado tentativas de afectar el núcleo esencial de la autonomía universitaria, tradicionalmente asociado tanto a la imposibilidad de ingreso policial al campus académico como a la actuación del movimiento estudiantil que, con sus reivindicaciones desde la Reforma de Córdoba de 1918, hizo emerger la propia autonomía de las universidades. Es decir, intentonas de disminuir la autonomía provienen de lo interno de la institución.
La criminalización de la protesta estudiantil ha sido una constante en la región en el marco del ataque al pensamiento crítico por regímenes autoritarios y por avances en el desmantelamiento de la educación pública. Así fuertes represiones a la protesta estudiantil, ya a escala nacional, se han registrado en países como Colombia y Argentina en 2024, en Guatemala en 2022-2023, en Nicaragua y en México en 2018-2020, para no mencionar casos más remotos en toda América Latina.
Los eventos reseñados de nuestra Alma Mater deben llevar a cuestionarnos si, inclusive con nuestra pasividad, estamos escribiendo la historia institucional con la “A” de la autonomía constitucional o la del autoritarismo de turno. Aquellos actos deberían generar honda preocupación, así como propiciar planes institucionales de capacitación general del personal docente y administrativo, incluyendo el policial, sobre cómo posicionarse democráticamente ante la protesta social y estudiantil.
El autoritarismo está entre nosotros, en nuestras sociedades, en el inconsciente colectivo y no es un juego. Es imperativo que, en el marco de todos los cursos, de todas las actividades administrativas y de todos los procesos, empecemos a examinar nuestras propias actitudes cotidianas (por ejemplo, aquellas en donde una persona docente no da argumentos para evaluar) que condenan la diferencia, la inflexibilidad y el diálogo. Nuestros tiempos demandan argumentos y razones, no imposiciones.
[1] Cfr. entre otros: Observatorio de Bienes Comunes (Alerta en la UCR: una amenaza contra la protesta y la autonomía universitaria, 3 de junio); Centro de Investigación de Estudios de las Mujeres-CIEM (Sobre el autoritarismo y el derecho a la protesta, 16 de junio), de la Escuela de Ciencias Políticas en sus redes sociales; de parte del Movimiento Estudiantil a través del Consejo Superior Estudiantil (CSE) en su acuerdo CC-CSE-4-2025 del 16 de junio; de la docente PhD. Gabriela Chavarría Alfaro. (Retrato de una elección, 5 de junio) y de la seccional del SINDEU en la Escuela de Psicología (10 de junio).
“Yo protesto” del escultor Néstor Zeledón Guzmán (elaborada en 2008 como crítica ante la aprobación del TLC-EUA) Ubicación actual de la escultura en la plazoleta de ingreso a la Facultad de Ciencias Sociales-UCR ornamentada con elementos naturales en homenaje a su creador recientemente fallecido. (Foto. Facultad de Ciencias Sociales)
Rosaura Chinchilla-Calderón Docente Facultad de Derecho-UCR
1 Texto de la Oración a la bandera salvadoreña, símbolo nacional
Moisés Roberto Escobar Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN) Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473 Correo: moises.escobar@catie.ac.cr
¿Por qué importan los asuntos fiscales y cuál es la coyuntura salvadoreña en su situación fiscal?
La evasión y elusión fiscal constituyen un reto significativo para los países en desarrollo, afectando la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales (Cobham y Janský, 2020). El Salvador enfrenta pérdidas anuales de $239,844,117 debido al abuso y evasión fiscal global, equivalentes al 5.1% de sus ingresos fiscales totales. Estas pérdidas superan los promedios globales (2.8%) y regionales (2.3%), limitando la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales y afectando la competitividad del país ((Tax Justice Network, 2024). A partir de esto, pretendo analizar brevemente el impacto socioeconómico y fiscal de estas pérdidas, proponiendo estrategias técnicas y políticas ante los desafíos de los asuntos fiscales en el contexto salvadoreño.
¿Elusión, evasión y algo más en el asunto fiscal?
La evasión fiscal se entiende como un fenómeno que amplifica las desigualdades económicas y debilita la capacidad del Estado para promover el desarrollo (Stiglitz, 2000). La competitividad de una economía también se ve afectada por la pérdida de ingresos tributarios, ya que limita la inversión en infraestructura y capital humano (World Bank, 2023).
El abuso y la evasión fiscal representan un desafío global que afecta desproporcionadamente a economías en desarrollo, como la de El Salvador. Según datos recientes, el país pierde anualmente $239,844,117 debido a estas prácticas, lo que equivale al 5.1% de sus ingresos fiscales (Tax Justice Network, 2025). Estas pérdidas tienen implicaciones significativas en la provisión de servicios públicos, la competitividad económica y la equidad social. Este artículo examina el impacto de estas pérdidas desde un enfoque multidisciplinario, integrando perspectivas técnicas, políticas y de economía heterodoxa.
Pero antes, veamos el cómo o método para lograr algunos análisis
La presente nota es una reflexión con base en los datos cuantitativos del Tax Justice Network (2025) y su Corporate Tax Haven Index del año 2024, así como y el Financial Secrecy Index del año 2022. También, se utilizan algunas estadísticas fiscales y socioeconómicas de El Salvador. Se analizan los datos con un enfoque descriptivo que reflexiona sobre el impacto de las pérdidas fiscales y ofrece algunas posibles medidas basadas en evidencia.
Y ahora ¿Qué pasa y cómo afecta el asunto fiscal al país?
El Salvador pierde 239,844,117 anuales debido al abuso y evasión fiscal. Estos US$239,844,117 perdidos anualmente por la economía nacional se distribuyen en US$203 millones por abuso fiscal corporativo y en US$37 millones por evasión individual (Tax Justice Network, 2025). Las pérdidas equivalen al 20.31% del presupuesto de salud y al 25.56% del gasto en educación. Es decir, se pierde el equivalente a al menos un quinto del presupuesto en los principales sistemas de protección social del país o en inversión en infraestructura y otros aspectos fundamentales para dinamizar y fortalecer la económica, que son habilitadores de mayor prosperidad. La restricción fiscal limita la implementación de políticas alternativas que podrían estimular el crecimiento y reducir la desigualdad (Stiglitz, 2000).
Conviene conocer un panorama de detalle de El Salvador. El Salvador es un país centroamericano con alrededor de 6.4 millones de habitantes, un economía que desde el PIB le indica un monto de US$ 34,015.63 millones, con una presión fiscal (la relación entre los ingresos fiscales y su PIB) del 11.95% (un tercio del promedio de economías europeas). Pero, hay una subyacencia de asimetrías estructurales. Donde, cerca de un cuarto de los hogares padecen pobreza monetaria y hasta seis de cada 10 hogares padecen algún tipo de inseguridad alimentaria por razones económicas; al menos un tercio de sus hogares yacen en carencias de sistemas de protección social integral (como apoyos gubernamentales en servicios básicos, pensión menor al equivalente del salario mínimo nacional, seguro médico). Es decir, aunque el país tiene una capacidad económica robusta, presenta desafíos estructurales en el bienestar humano y el progreso integral. Esto último, se evidencia en la disparidad económica donde se identifica que el 10% de la población con los mayores ingresos presenta umbrales de hasta 30 veces más que el 40% del total de población con ingresos iguales o menores al salario mínimo vigente, que equivale a US$365.00 mensuales (ONEC-BCR, 2024).
¿Qué podríamos hacer?
La magnitud de las pérdidas fiscales en El Salvador subraya la urgencia de reformas en la política tributaria y la administración fiscal. De acuerdo con la literatura, la aplicación de medidas más estrictas para combatir la evasión fiscal puede aumentar la competitividad del país y fortalecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo (OECD, 2024). O desde otra perspectiva, la competitividad de una economía también se ve afectada por la pérdida de ingresos tributarios, ya que limita la inversión en infraestructura y capital humano (World Bank, 2023).
Sin duda, la contraloría multisectorial, principalmente social, que incida al buen funcionamiento gubernamental en la justa cobranza tributaria. Otras que son posibles o en cierto modo se tienen avances indirectos, pero, que podrían dirigirse a fortalecer el asunto fiscal, son las reformas técnicas y políticas que contrarresten los vacíos legales o inoperancias en el registro y la fuga de riqueza en las transacciones, con enfoque de progresividad multiparamétrica. También, y donde se tienen mayores avances en este contexto salvadoreño son la digitalización de la administración tributaria para mejorar la recaudación y reducir la evasión. Otras pueden ser una mayor educación y concientización sobre la importancia del cumplimiento fiscal y el impacto negativo de la evasión. Una reivindicatoria del asunto fiscal posibilitaría la recuperación de recursos para inversión estratégica, mayormente en áreas prioritarias como la salud, la educación y la infraestructura, mejorando integralmente la competitividad y el bienestar social.
Referencias
Cobham, A., y Janský, P. (2020). Estimating Illicit Financial Flows: A Critical Guide to the Data, Methodologies, and Findings. Oxford University Press. Recuperado de https://academic.oup.com/book/40564
OECD. (2024). Tax Transparency and Exchange of Information for Developing Countries. OECD Publishing. Recuperado de https://www.oecd.org/en/publications/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-azerbaijan-2024-second-round_61475f9f-en.html
Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC) del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). (2024). Estimaciones con base en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), del año 2023. Recuperado de https://onec.bcr.gob.sv/Repositorio_archivos/
Stiglitz, J. E. (2000). Economía del sector público. Barcelona: Antoni Bosch Editor. Recuperado de https://frh.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/112801/mod_resource/content/0/stiglitz-2000-tercera-edicion.pdf
Stiglitz, J. E. (2019). People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent. W.W. Norton & Company. Recuperado de https://dokumen.pub/qdownload/people-power-and-profits-progressive-capitalism-for-an-age-of-discontent-1nbsped-9781324004219-1324004215.html
Tax Justice Network. (2025). Country profile: El Salvador. Recuperado de https://taxjustice.net/country-profiles/el-salvador/
World Bank. (2023). World Development Report: Financing for an Equitable Future. World Bank Group. Recuperado de https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/736921644987190024
Mientras se desarrolla una nueva cumbre de los Países BRICS — el bloque formado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, junto a nuevos miembros como Egipto, Irán, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos —asistimos a un cambio geopolítico de gran envergadura: el mundo ya no gira exclusivamente en torno al eje Washington-Bruselas y América Latina vuelve a tener voz propia, esta vez con el protagonismo de Brasil y de su presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha insistido en la necesidad de construir un orden multipolar, menos dependiente del dólar y más justo para los países del Sur Global.
En este contexto, la pregunta obvia que muchos nos hacemos es: ¿dónde está Chile?, ¿cuál será su posición?
Una oportunidad perdida
En tanto muchos países latinoamericanos se acercan o, al menos, observan con interés el desarrollo del bloque BRICS+, Chile se mantiene tímidamente al margen. No hay señales claras de interés o acercamiento, ningún gesto hacia esta nueva arquitectura económica alternativa. Al contrario, la política exterior del gobierno de Gabriel Boric ha dado muestras de una incomodidad abierta con ciertos actores del BRICS, particularmente con Rusia, pero también con China – nuestro principal socio comercial, con un intercambio superior a los 65.000 millones de dólares anuales.
Esta distancia no es neutra ni accidental. El propio presidente Boric ha insistido, en más de una ocasión, en condenar sin matices la política exterior de la Federación Rusa, alineándose con el discurso de la OTAN y de los países del G7. En foros multilaterales, ha optado por repetir la narrativa occidental sin aportar una mirada crítica o latinoamericana al conflicto. Esta posición lo ha ido distanciando no solo de Rusia, sino también de aliados como Lula, quien ha permanentemente abogado por una salida negociada a la guerra en Ucrania, sin dobles estándares.
El discurso de Trump y el bloque anti-BRICS
En paralelo, voces como las de Donald Trump —y sectores conservadores de EE.UU.— insisten en atacar al BRICS como una amenaza directa al dominio económico norteamericano. Temen que la desdolarización y el fortalecimiento del comercio en monedas locales reduzcan la influencia de Washington. En esa lógica, cualquier acercamiento latinoamericano a los BRICS es visto como traición o peligro, y no muchos se atreverían a hacer enojar al gran hermano del norte.
Chile, al no tomar una postura clara y soberana, termina orbitando en torno a ese discurso anti-BRICS. Una estrategia miope que no solo aleja al país de nuevas oportunidades de inversión e intercambio comercial, sino que también reduce su margen de autonomía política.
¿Por qué para Chile es importante el BRICS?
El bloque BRICS representa más del 40% de la población mundial y un porcentaje creciente del PIB global. En un escenario internacional donde los países del Sur buscan mayor soberanía energética, alimentaria y tecnológica, el BRICS se consolida como una plataforma de colaboración Sur-Sur con enormes beneficios.
Algunos datos duros para entender su importancia: en 2024, los países BRICS superaron por primera vez al G7 en participación del PIB global en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA): 32.1% frente al 29.9% del G7, según datos del FMI; China representa el 18.6% del PIB global (PPA), seguida por India (7.4%) y Brasil (2.3%). Estos tres países, junto con Rusia y Sudáfrica, lideran el crecimiento económico del Sur Global y en términos de comercio, los BRICS controlan más del 30% de las exportaciones de productos agrícolas, más del 40% del petróleo mundial (con la incorporación de nuevos miembros) y gran parte de los minerales estratégicos como el litio, cobre, coltán y tierras raras.
Brasil y Lula: liderazgo desde el Sur
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha devuelto a Brasil su peso diplomático y económico global. Bajo su liderazgo, el país ha promovido el fortalecimiento del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) —el “banco de los BRICS”— que ya ha financiado proyectos por más de 32.000 millones de dólares en infraestructura, energía y tecnología en países del Sur. Brasil también ha impulsado el comercio en monedas locales (particularmente yuan, rupia y real) como medida para reducir la dependencia del dólar, un paso clave para blindar a las economías emergentes frente a crisis externas y sanciones unilaterales.
¿Por qué Chile no forma parte de ese esfuerzo? ¿Por qué seguimos atados a los dictados del Departamento de Estado norteamericano mientras el mundo avanza hacia una reconfiguración multipolar? Aliarse con los BRICS no significa romper con Occidente, sí implica diversificar las alianzas estratégicas, pensar desde América Latina, desde nuestras necesidades y nuestras prioridades.
Conclusión
La política exterior de Gabriel Boric muestra una profunda contradicción: se proclama progresista, pero actúa subordinada a los intereses de la potencia hegemónica, adoptando una postura rígida y hostil hacia la Federación Rusa, incluso en foros donde la mayoría de los países latinoamericanos apuestan por la neutralidad y el diálogo. Mientras tanto, Lula, desde Brasil, lidera una visión alternativa para América Latina y el mundo. Chile no puede seguir perdiendo el tren de la historia. Aliarse con los BRICS es apostar por la soberanía, el desarrollo autónomo y la dignidad regional. La pregunta ya no es si debemos unirnos, sino cuándo despertaremos, esperando que ese tren no se haya alejado definitivamente para nosotros.
La reelección continua presidencial funcionó en el pasado histórico costarricense. Se prohibió en 1949. Actualmente se permite alternativa luego de 8 años de haberla ejercido.
Es una práctica que sigue existiendo en la mayoría de los países, limitada a una elección adicional continua. En los sistemas parlamentarios se permite más. En los gobiernos autoritarios como los de Venezuela o Nicaragua se permite la reelección sin límite.
Los períodos presidenciales o de gobierno de 4 años resultan cortos para quienes lo ejercen, porque al iniciar su gobierno el presidente encuentra un Presupuesto Nacional en el que él no participó en su definición ni en la política que lo estructura, que fue aprobado en noviembre anterior a su ascenso presidencial, que solo puede administrar por el resto sus primeros meses de gobierno. A partir del inicio de su presidencia, en noviembre de sus primeros meses de gobierno, se aprueba el Presupuesto Nacional, para el siguiente año, a partir de enero, que es la primera propuesta del Presiente, con su visión, con sus compromisos de campaña electoral que puede trazar el camino que quiere darle a los principales ejes del desarrollo nacional.
Lo usual es que, en los primeros meses de gobierno, de mayo a julio, el presidente pueda presentar alguna modificación presupuestaria, pero no le permite modificar todas las partidas del Presupuesto Nacional.
Esta situación ha colaborado en mucho para los ciudadanos se desinflen de los gobiernos que inician, de sus partidos políticos gobernantes y obviamente de sus presidentes, porque no pueden percibir ni sentir reformas o políticas concretas asociadas al entusiasmo con el votaron por ese nuevo gobierno y ese presidente.
Esta situación era más grave hasta los gobiernos que terminaron en el 2022. Ese año, 2022, con el actual presidente Rodrigo Chaves Robles, empezó a funcionar la reforma constitucional con la que se invirtió las sesiones parlamentarias, que empezaban en mayo en Sesiones Ordinarias, que son las que los diputados y sus partidos tienen la iniciativa parlamentaria, mientras en las Sesiones Extraordinarias, es el presidente el que tiene la iniciativa de ley. En el período anterior al 2022 el presidente se obligaba a acatar el presupuesto nacional y cumplirlo como se había aprobado en noviembre anterior a su ascenso presidencial. Ahora no. En el 2022, el presidente Rodrigo Chaves inició con las Sesiones Extraordinarias Legislativas, pero no tenía nada preparado para impulsar como proyectos de su iniciativa, en correspondencia con lo que había hablado en su campaña electoral, que fue un discurso vacío de contenidos relacionados con el desarrollo nacional e institucional. Sus primeros días de gobierno fueron un desastre legislativo. De hecho la Asamblea Legislativa se paralizó uno días.
Antes del 2022 los problemas y dinámica política del país, de mayo a noviembre, obligaban a postergar o ignorar las promesas electorales, porque toda la gestión gubernamental se anclaba en el presupuesto aprobado en noviembre del 2021.
Es en el Presupuesto Nacional, que elabora el presidente con su gabinete, montado sobre la estructura existente de presupuestos nacionales que se presentan para su aprobación, para su siguiente año, donde el presidente puede trazar o fijar sus intenciones novedosas frente a lo que el gobierno quiere impulsar.
En los Presupuestos de noviembre del 2022, noviembre del 2023 y noviembre del 2024 no se destacó nada relevante en este sentido. Ha sido un gobierno sin nueva visión de país. Ha sido de continuismo, pero destruyendo lo que pueda del andamiaje institucional existente.
El presupuesto del próximo año, 2026, ya se está proyectando en las instancias técnicas, para ser presentando en los próximos meses ante la Asamblea Legislativa, para su trámite de aprobación, que sería el Presupuesto Nacional del 2026, con el que arrancará sus tareas y labores el gobierno que se elija en febrero o abril del 2026.
El presidente Chaves ha venido insistiendo en la necesidad de proyectar su gobierno, sus “políticas” y sus “directrices”, que solo él conoce para el próximo ejercicio presidencial. Ha insistido que para ello se necesita tener por lo menos 38 diputados, que es lo que él impulsa en sus arengas de los miércoles para poder, en el nuevo gobierno, o desde la Asamblea Legislativa con esa mayoría de diputados poder iniciar o realizar los cambios institucionales que cree son necesarios para el desarrollo futuro de Costa Rica.
Desde la primera experiencia que tuvimos, en mayo del 2022, cuando inició este gobierno, del Jaguar de Zapote, se produjo una desinflada. El Jaguar no ofreció nada a la Asamblea Legislativa, por lo que en esos días la Asamblea quedó entrabada en su funcionamiento. Sigue entrabada en la iniciativa presidencial. Lo hemos visto estos días cuando propone una vía rápida para la discusión del proyecto de ley de las jornadas esclavistas, y cuando inicia su discusión retira de la vía rápida ese proyecto, e introduce otro, relacionado con el préstamo de $500 millones del BIRF. Ojo, la introducción de este proyecto es la discusión ordinaria legislativa.
Este proyecto de aprobación de los $500 millones no puede tramitarse por la vía rápida que se había establecido específicamente para el proyecto de las jornadas esclavistas. Eso sería un fraude de ley en el procedimiento parlamentario, sería meter gato por liebre en la discusión parlamentaria.
El presidente al haber retirado el Proyecto de Ley de las Jornadas esclavistas de 12 horas diarias sacó ese proyecto de esa discusión y anuló la vía rápida que se habían aprobado de manera específica para la discusión de ese proyecto. Automáticamente, no significa que la vía rápida que se había aprobado funcionara para todos los proyectos que están en la discusión parlamentaria. La vía rápida, si se aprueba, se hace para el proyecto de ley particular y específico que se quiere acelerar en su aprobación mediante ese mecanismo legislativo de aprobación de proyectos de ley.
Los trastornos político-mentales del Jaguar pueden afectar su capacidad para funcionar en su vida política diaria de gobernante, mantener e impulsar relaciones políticas ilusorias, que le impiden proponer Proyectos de Ley que indiquen y proyecten el modelo ideal de país, y de nueva República, que quiere impulsar. Esto es ir al garete, a la deriva, sin control, ni dirección, prácticamente sin gobierno, dejándose ir por la acción del viento y corrientes de los otros actores políticos nacionales.
En sencillo, el pequeño gobierno, de la Ínsula de Barataria, de la Guarida de Zapote a lo tico, sigue sin verse, sin encontrarse.
El Jaguar de Zapote, por lo que leyó en inglés, en el foro mundial de Francia, parecía no saber leer o entender lo que leía. Si lee algo será libros de caballerías en los cuales puede imaginarse como el Caballero, en este caso el Jaguar, que ejerce su gobierno en su Ínsula.
El Jaguar no tiene posibilidad real de reelegirse en el 2026. En el 2034…si sigue en política activa. Para seguir en política activa solo si renuncia a la presidencia, el 31 de julio, y se presenta como candidato a diputado…, o eventualmente se espera al nuevo gobierno anhelando que algún partido jaguar gane las elecciones y lo nombre ministro, para tener alguna presencia pública.
En toda la gestión política administrativa que lleva el actual gobierno, y el Jaguar de Zapote, a pesar de sus rugidos, por más explosivos y profundos que parezcan, salidos forzadamente a través de su boca abierta, ¿hocico, por ser un jaguar?, como los hace, no se ha presentado un solo proyecto, uno solo, que refleje una visión de país, un modelo de país, una meta a la que se quiere llevar al país, que indique que avanzamos hacia una nueva república, hacia la cuarta o quinta república como a veces ilusoriamente, o con mente trastornada, dice el Jaguar que quiere construir.
En la teoría y práctica histórica vivimos la II República. El período histórico de la Segunda República inició el 8 de mayo de 1948. Todavía no hemos cerrado oficialmente ese período. No se ha establecido una tercera republica, ni una cuarta república. La Constitución Política que cubre esa Segunda República todavía está vigente, vivita y coleando.
Ha habido esfuerzos teóricos de ver que la II República está superada. Algunos políticos, incluso en campañas electorales hablaron de una III República. Hay quienes hablan de una IV República y hasta de una V República, sin hacer los balances históricos de esas etapas, que pueden definirse como II, III, IV o V República.
Generalmente, en la actualidad estas Repúblicas descansan también en nuevas constituciones políticas. En Costa Rica en diversos momentos el péndulo de la convocatoria de una Asamblea Constituyente se mueve en la dirección de convocarla, pero el temor y la incertidumbre alrededor de lo que puede salir lo frena. Para el mes de setiembre próximo el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desarrollará un ciclo de jornadas de reflexión en torno a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que puede ser un buen insumo para preparar el ambiente hacia esa convocatoria nacional.
En la Historia de Costa Rica, después de 1821 tuvimos un Estado de Costa Rica, entre 1824 y 1838, cuando fuimos parte de la República Federal de Centroamérica, prolongado ese nombre hasta 1848, cuando el Dr. José María Castro firmó el 31 de agosto de 1848 el nombre aprobado por el Congreso el día anterior, de República de Costa Rica.
Cien años después en 1947, estaba terminando el gobierno de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948 y había elecciones en las cuales el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, aspiraba a un nuevo período presidencial, a partir de 1948. Las elecciones fueron muy violentas y finalmente su resultado favorable a Otilio Ulate Blanco, fue anulado por el Congreso, lo que dio origen al levantamiento armado de José Figueres Ferrer, para garantizar ese triunfo.
De paso, Figueres y su grupo consideraban que los ocho años de gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y el de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948, habían sido de gran corrupción, nepotismo y de fraudes, que habían acabado con el espíritu de la República, que hasta entonces se estaba viviendo. De allí surgió el planteamiento de Figueres de fundar la II República, considerando el centenario de la fundación de la República y la necesidad de fundar una nueva República, que el 8 de mayo, cuando asumió el gobierno transitorio de 1948-1949, llamó a la fundación de la Segunda República. Esta Segunda República la acompañó de una nueva Constitución Política, para lo cual llamó a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente que funcionó en el año 1949, promulgando la actual Constitución Política.
Así, vivimos desde 1948 el período histórico de la Segunda República. Este ciclo oficialmente no se ha cerrado. No se ha enterrado oficialmente la Segunda República.
Tampoco ha nacido una Tercera, ni una Cuarta República, que dé origen a una posible nueva República, como algunos la sueñan, ni se ha asociado esta nueva República a una Nueva Constitución.
Para ello se necesita una opiomanía constitucional nacional, que todos soñemos con una Nueva Constitución Política, como marco político institucional de esa Nueva República que es necesario refundar, con reelección o sin reelección continua de diputados y presidente, al menos por un período gubernativo
¿Estaremos preparados para esto? ¿O seguiremos en la improvisación de gobiernos jaguares o similares? ¿Zapote seguirá como guarida de jaguares o de otros animales políticos?
El proceso electoral en marcha sigue sin claras definiciones partidarias y de candidatos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Estaremos en capacidad de enfrentar este desafío histórico a partir del 2026, hacia una Nueva Costa Rica, hacia una nueva etapa histórica?
Pues bien, la diputada Pilar Cisneros propuso disminuir el salario mínimo que se establece en Costa Rica de, según ella, $675 por uno más bajo, como el de República Dominicana que es de $241.
El sustento de esa propuesta es que Costa Rica no es competitiva a nivel mundial con países como Méjico, Republica Dominicana o Filipinas. Para lograr atraer la inversión extranjera es necesario reducir los salarios, los derechos laborales y hasta la horas extras. Esa es la lógica de Cisneros y el Gobierno de Chaves.
No sabemos aún, si el Partido Liberación Nacional y su candidato Álvaro Ramos se subirá también a este carro como ya lo hicieron respecto a las jornadas 4×3 que elimina las horas extras. La deriva en materia social, política y económica de Liberación Nacional es muy difícil de saber hasta dónde llegará.
En el pasado el país se distinguió por competir con otros países en cuanto a desarrollo y atracción de inversión extranjera, con educación, salud, estabilidad política y jurídica y calidad de su mano de obra.
La vieja socialdemocracia, de Pepe Figueres, siempre sostuvo que el camino de Costa Rica debía ser otro: no competir con los bajos salarios de los países centroamericanos, sino pugnar en otros niveles, especialmente en educación y calidad de su mano de obra. El país logró de esa manera un desarrollo importante de su Estado de Bienestar y una atracción de capital, también, de mayor calidad.
Pero eso parece poco importar a las nuevas autoridades gubernamentales que hoy se desgañitan por ofrecer lo peor con tal de poder “competir”, rebajándose hasta tirarse al piso.
La semana pasada el Gobierno, en su conferencia de los miércoles, con bombos y platillos, anunció con gran alborozo que Costa Rica había entrado al grupo de los países de ingresos altos, sea llegado a un ingreso superior a los $16.000 per cápita. Sabemos que los ingresos “por cabeza” pueden ser de lo más engañoso del mundo, porque hay unos que los tienen por miles de millones de dólares y otros por debajo de la pobreza. Pero asumamos que para el gobierno eso ha sido muy bueno.
Pues bien, los economistas y especialistas en la materia han manifestado que ese logro se debe a que Costa Rica ha sido muy competitivo a nivel mundial en las últimas dos décadas. Leyeron bien. La explicación es que Costa Rica ingresó a ese “selecto” grupo de los países de mayor ingreso mundial, porque ha sido muy competitivo. ¿Entonces, en dónde quedan los alegatos y propuestas de bajar salarios para aumentar competitividad?
Si ingresamos a los países “top” por ser tan competitivos, las jornadas 4×3 o la rebaja de salarios no tienen fundamento alguno.
El gobierno de Chaves y su fiel escudera Pilar Cisneros lo que pretenden es acabar con el poco Estado de Bienestar que nos queda, aumentar la explotación de los trabajadores y trabajadores para hacer crecer la tasa de ganancia (las utilidades) de las grandes multinacionales, aunque fuere haciendo cada vez más pobre a la gran mayoría de la población costarricense.
Foto extraída de artículo de prensa publicado en España (ElPais), titulado «Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados: ‘Israel comete crímenes como respira. Hay que pararlo’ » (El Pais, edición del 26 de junio del 2025).
«Ce qui se passe à Gaza n’est pas seulement une agression militaire. C’est une violation totale de toutes les valeurs humaines. Être privé d’enterrement est un crime, une preuve de la cruauté extrême infligée aux civils du territoire.
Où est la communauté internationale face à cette tragédie ? Où est la conscience humaine face à un peuple qui ne trouve même pas où enterrer ses morts ?
Cette faillite morale ne peut être justifiée par aucun prétexte. Le droit international garantit la dignité de l’homme vivant et mort, et criminalise toute atteinte au caractère sacré des défunts. Mais à Gaza, tout est permis : tuer, bombarder, affamer, et même interdire l’enterrement«.
Testimonio de un habitante de Gaza, Abu Amir, 2 de julio del 2025.Texto completo disponible aquí
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com. Nota del autor: una versión en francés está también disponible en esteenlace
El pasado 3 de julio, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, presentó su informe titulado: «From economy of occupation to economy of genocide«. Se trata del informe A/HRC/59/23, el cual está disponible en este enlace. El mandato, la hoja de vida y los informes anteriores de Francesca Albanese están disponibles en este enlace oficial de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El comunicado oficial de prensa de Naciones Unidas sobre este informe presentado el 3 de julio del 2025 está disponible aquí. Como ya viene siendo costumbre, este comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas ha sido muy pocamente difundido o referenciado en los medios de prensa internacionales. En los medios de prensa nacionales costarricenses, no se encontró practicamente ni una sola mención.
Pese al cerco informativo existente en Costa Rica (así como en muchas otras latitudes), en esta entrevista traducida al español y publicada en Uruguay a finales del mes de junio (véase enlace), nuestros estimables lectores costarricenses podrán entender mejor por qué molesta tanto a algunos la incansable y persistente labor de Francesca Albanese y por qué se busca invisibilizar las denuncias que ha documentado en sus últimos informes. En ese sentido, esta reciente entrevista (realizada el 7 de julio del 2025) publicada por Sky News de igual manera resulta de gran interés.
Resulta notorio señalar que, durante su conferencia de prensa, realizada el mismo día en Naciones Unidas, la experta en derechos humanos respondió a diversas preguntas hechas por la prensa internacional acreditada ante las Naciones Unidas sin participación de medios israelíes, usualmente muy atentos a hacerle preguntas durante sus comparecencias previas ante la prensa en Naciones Unidas: véase enlace conteniendo el video de su conferencia de prensa y sus respuestas tanto en inglés como en francés.
En una entrevista publicada en España el pasado 25 de junio, la jurista había adelantado algunos de sus hallazgos (véase entrevista publicada en Eldiario).
En las líneas que siguen, analizaremos brevemente el contenido del informe, para luego referirnos a la fuerte campaña de descrédito que Israel y Estados Unidos han lanzado contra Francesca Albanese con el fin de intimidarla y de desautorizar el contenido de sus informes, así como el contexto actual imperante en Gaza.
El informe en breve
El informe dado a conocer el pasado 3 de julio en Naciones Unidas se interesa por los diversos mecanismos mediantes los cuales empresas privadas han sacado provecho de la situación imperante en Gaza y más generalmente en el territorio palestino ocupado.
Contrariamente a lo que se podría pensar, estas empresas no solamente son empresas israelíes fabricantes de armas y de material militar o sus hacendosas socias europeas y norteamericanas: se trata también de conocidas cadenas de supermercado y de navieras europeas, empresas de la construcción, empresas tecnológicas, bancos y universidades, o bien fondos de inversión que captan recursos para sostener la insensatez de la contienda militar de Israel en Gaza.
En esta nota publicada por France24, se reagrupan por sector de actividad las casi 60 empresas citadas en su informe.
Se debe de precisar que la relatora explicó durante su conferencia de pensa que las empresas que aparecen citadas en su informe son un pequeño grupo de muchas más que se benefician de un verdadera «sistema«, que en parte fomentan diversos acuerdos existentes entre Israel y la Unión Europea (UE) y regulaciones vigentes en Europa que dificultan la rendición de cuentas por parte de las empresas.
En la parte final de su informe, cuya lectura completa se recomienda, se puede leer que:
«92. The entities named in the present report constitute a fraction of a much deeper structure of corporate involvement, profiteering from and enabling violations and crimes in the occupied Palestinian territory. Had they exercised due diligence, corporate entities would have ceased involvement with Israel long ago. Today, the demand for accountability is all the more urgent: any investment sustains a system of serious international crimes.
93. Business and human rights obligations cannot be isolated from the Israeli illegal settler-colonial enterprise in the occupied Palestinian territory, which now functions as a genocidal machine, despite the International Court of Justice having ordered that it be fully and unconditionally dismantled. Corporate relations with Israel must cease until the occupation and apartheid end and reparations are made. The corporate sector, including its executives, must be held to account, as a necessary step towards ending the genocide and disassembling the global system of racialized capitalism that underpins it«.
En sus recomendaciones finales, se puede leer por parte de la Relatora Especial de Naciones Unidas que:
«VI. Recommendations
94. The Special Rapporteur urges Member States:
(a) To impose sanctions and a full arms embargo on Israel, including all existing agreements and dual-use items such as technology and civilian heavy machinery;
(b) To suspend or prevent all trade agreements and investment relations, and impose sanctions, including asset freezes, on entities and individuals involved in activities that may endanger the Palestinians;
(c) To enforce accountability, ensuring that corporate entities face legal consequences for their involvement in serious violations of international law.
95. The Special Rapporteur urges corporate entities:
(a) To promptly cease all business activities and terminate relationships directly linked with, contributing to and causing human rights violations and international crimes against the Palestinian people, in accordance with international corporate responsibilities and the law of self-determination;
(b) To pay reparations to the Palestinian people, including in the form of an apartheid wealth tax along the lines of post-apartheid South Africa.
96. The Special Rapporteur urges the International Criminal Court and national judiciaries to investigate and prosecute corporate executives and/or corporate entities for their part in the commission of international crimes and laundering of the proceeds from those crimes«.
Este último llamado a la justicia penal internacional de La Haya merece ser enfatizado y apoyado, dada la impunidad total que algunos Estados, en particular en Europa y en el continente americano, parecieran querer garantizarle a los principales mandos políticos y militares de Israel: en lo que concierne el continente americano, véanse por ejemplo comunicado oficial de prensa del aparato diplomático de Argentina del 22 de mayo del 2024 y comunicado oficial anterior de Paraguay (20 de mayo del 2024).
Estados Unidos e Israel: una alianza a toda prueba con en la mira ahora… una relatora de Naciones Unidas
En un comunicado oficial del 1ero de julio, la Misión Permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas, siempre en modo «anticipación» cuando de Israel se trata, cuestionó a la Relatora Especial Francesca Albanese (véase texto), poniendo en evidencia la exacta coincidencia de criterio existente entre Estados Unidos e Israel.
Un comunicado oficial muy similar fue difundido el 15 de abril del 2025 por parte de la misma Misión Permanente de Estados Unidos (un comunicado oficial que, dicho sea de paso, no impresionó mayormente a Francesca Albanese, como lo evidencia una entrevista de la cadena Al Jazeera realizada el 4 de mayo).
Resulta de interés precisar que una petición hecha en abril del 2025 de remover a Francesca Albanese por parte de Estados Unidos se generó desde el mismo Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos (véase enlace).
Resulta oportuno indicar que, paralelamente a la dura campaña desplegada por el aparato diplomático norteamericano contra órganos de Naciones Unidas cuando critican a Israel, se dio a conocer este muy detalladoinforme de Human Rights Watch sobre la política draconiana de represión contra profesores y académicos críticos de Israel en los campus universitarios norteamericanos, observada desde el 20 de enero del 2025.
En el mes de abril del 2025, las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron que sus funcionarios revisaran contenidos «antisemitas» en redes sociales ante de otorgar visas de ingreso al territorio norteamericano (véase nota oficial del USCIS del 11 de abril del 2025).
Es tal la coincidencia existente entre Israel y Estados Unidos que las actuales autoridades norteamericanas no encontraron nada mejor que adoptar sanciones contra cuatro juezas que integran a la CPI y que tramitan las causas contra dos altos responsables israelíes, causando el repudio generalizado de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma (véase anuncio oficial de la diplomacia Estados Unidos, así como el comunicado del Presidente de la Asamblea de Estados Partes del 6 de junio y el comunicado oficialde la CPI como tal del 5 de junio).
Este 8 de julio se informó que México reunió la firma de 47 Estados Partes al Estatuto de Roma para condenar de manera vehemente las sanciones contra cuatro jueces de la CPI: en la infografía de escudos nacionales reproducida en este artículo, colocados por órden alfabético:
– no figura al inicio en la A el escudo de Argentina;
– sí figuran en la B los escudos de Belice, Bolivia y Brasil;
– en lo correspondiente a la C figuran los de Chile, Colombia e inmediatamente luego, el de Croacia: por lo que el texto no fue suscrito por Costa Rica.
Del resto de America Latina, figuran, además de la bandera México, las banderas nacionales de Guatemala, Honduras, Perú, Uruguay.
La intervención del delegado de Brasil (véase texto) del pasado 7 de julio del 2025 ante los demás Estados Partes al Estatuto de Roma evidencia su apoyo irrestricto a la justicia penal internacional y a la CPI.
Gaza: el insensato intento de aniquilar a 2,3 millones habitantes
En una nota anterior, tuvimos la ocasión de explicar que la reciente confrontación durante 12 días entre Israel e Irán obedeció en realidad a una hábil estrategia de Israel, en aras de desviar la atención del mundo del drama indecible que se vive en Gaza: la decisión de bombardear a Irán se tomó pocas horas después de observarse un rotundo fracaso diplomático para Israel en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 12 de junio ( votación en la que, por América Latina, únicamente Argentina y Paraguay votaron con Israel y Estados Unidos). Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota publicada el 28 de junio y titulada «Irán / Israel: algunas reflexiones desde la perspectiva del derecho internacional público«.
El último informe de Naciones Unidas al 2 de julio del 2025 sobre la situación en Gaza (véase enlace) detalla la extrema violencia contra la población civil que impone Israel, con saldos mortíferos diarios y saldos de heridos graves que deben ser atendidos por una red hospitalaria en Gaza prácticamente destruída, sin medicamentos ni material. En este informe del 3 de julio, la ONG Amnistía Internacional condenó el uso del hambre y el fracaso total de la entrega de ayuda humanitaria ideada por Israel en Gaza mediante una fundación privada (véaseenlace).
Este mensaje del Secretario General de Naciones Unidas del 27 de junio (véaseenlace) recordó la imperiosa necesidad de dejar entrar sin más preludios la ayuda humanitaria a Gaza y descartar la entrega de esta ayuda por esta fundación privada, la cual ha demostrado ser incapaz de superar los desafíos que supone atender a 2,3 millones de personas hambrientas y desesperadas. Este 1ero de julio del 2025, 170 ONGs de todo el mundo, incluyendo Amnistía Internacional, exigieron el desmantelamiento de esta fundación qua ha convertido la entrega diario de víveres en verdaderas trampas mortales para muchos en Gaza. En el precitado comunicado conjunto colgado en el sitio de Amnistía Internacional, se puede leer en particular que:
«Under the Israeli government’s new scheme, starved and weakened civilians are being forced to trek for hours through dangerous terrain and active conflict zones, only to face a violent, chaotic race to reach fenced, militarized distribution sites with a single entry point. There, thousands are released into chaotic enclosures to fight for limited food supplies. These areas have become sites of repeated massacresin blatant disregard for international humanitarian law. Orphaned children and caregivers are among the dead, with children harmed in over half of the attacks on civilians at these sites. With Gaza’s healthcare system in ruins, many of those shot are left to bleed out alone, beyond the reach of ambulancesand denied lifesaving medical care«.
Tuvimos hace poco en la radio universitaria costarricense (véase enlace) la posibilidad de externar criterio en el marco de una emisión radial, en compañia de la representante de Palestina en Costa Rica, titulada: «La deshumanización como técnica narrativa para volver aceptable lo inaceptable: el genocidio en Gaza» (audio en Spotify disponible aquí). El pasado 19 de junio, la Universidad de Nottingham en el Reino Unido auspició una mesa redonda para profundizar las relaciones existentes entre apartheid, genocidio y limpieza étnica con diversos especialistas (véase enlace del programa).
Las exacciones de todo tipo de Israel en Gaza contra la población civil palestina han sido ampliamente documentadas y analizadas. El pasado 27 de junio, Palestina refutó uno tras otro, ante la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI), los diversos «argumentos» presentados por Israel en una enésima tentativa para obtener la suspensión de las órdenes de arresto contra su actual Primer ministro y su ex ministro de defensa (véase documento con fecha del 27 de junio). Este 1ero de julio del 2025, la FIDH presentó una demanda contra dos soldados israelíes con nacionalidad francesa ante los tribunales franceses por la ejecución sumaria de decenas de civiles palestinos en Gaza (véase nota de la FIDH).
De manera a confortar estas y muchas otras gestiones y condenas anteriores a la forma tan peculiar de Israel de responder al ataque sufrido el 7 de octubre del 2023, no está de más señalar la contundencia de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 19 de julio del 2024. En esta decisión, la justicia internacional declaró totalmente ilegal la ocupación israelí en el territorio palestino, llamando Israel a cesarla de inmediato y a proceder a indemnizar a las víctimas palestinas de esta ocupación ilegal: véase el texto en inglés y en francés, y en particular el párrafo dispositivo 285 adoptado por casi unanimidad de los integrantes de la CIJ.
Nótese que el pasado 25 de junio, Israel anunció la muerte de siete jóvenes soldados en Gaza, con edades oscilando entre 19 y 21 años (véase nota del Timesof Israel): un aspecto que debiera preocupar a muchos en Israel, al evidenciarse, como en ocasiones anteriores, la poca experiencia y preparacion de los soldados que envía a combatir en Gaza. A mediados de junio, fueron ocho las bajas de muy jóvenes israelíes en un solo día (véase nota del TimesofIsrael del 15 de junio). Al iniciar junio, esta nota del TimesofIsrael también refirió a tres soldados muy jóvenes que perdieron la vida en Gaza. Este 8 de julio del 2025, son esta vez cinco jóvenes soldados de los cuales cuatro con menores de 21 años los que fallecieron (véase nota del TimesofISrael).
Finalmente, en este testimonio desde Gaza por parte del periodista Abu Amir, con fecha del 3 de julio (cuya lectura completa se recomienda), y titulado «Témoignage d’Abu Amir, le 3 juillet 2025 – La Mort en spectacle qu’Israël regarde à Gaza !«, se puede leer:
» Tandis que des enfants gazaouis tombent sous les bombes, d’autres applaudissent de l’autre côté de la frontière. Ce tableau en dit long sur la perte d’humanité, sur le besoin urgent de justice, de conscience, et d’un véritable soutien aux victimes, au lieu de se réjouir sur leurs ruines.
Aucun discours politique ne peut justifier la transformation de la mort en spectacle. Un monde qui tolère de telles scènes sans protester contribue, implicitement, à légitimer le génocide».
A modo de conclusión
Más allá de la evidente deshumanización que se evidencia en varios sectores en Israel, y pese al cerco informativo existente (del que no escapa Costa Rica), el cerco de la justicia internacional se va poco a poco cerrando sobre Israel, con dos jurisdicciones internacionales (Corte Internacional de Justicia – CIJ – y Corte Penal Internacional – CPI-) tramitando ambas acusaciones: contra Israel como Estado (CIJ) por genocidio y, a título individual, contra dos de sus dirigentes (CPI) por crímenes de guerra.
Las ya habituales vociferaciones y gesticulaciones de todo tipo a las que Israel y la actual administracion norteamericana han procedido para descalificar la labor de Francesca Albanese, ya no impresionan mayormente, salvo algunos pequeños círculos que gravitan alrededor de las embajadas de Israel. En esta entrevista a un medio digital en Francia del 10 de abril (véase enlace), la jurista italiana explicó el alcance de su labor y la profunda molestia que ha causado en algunos círculos en Estados Unidos y en Israel (y en sus relevos en Europa y en América Latina).
El simple hecho que Estados Unidos e Israel, así como sus aliados y numerosos círculos de influencia, desplieguen toda la batería de presiones diplomáticas y mediáticas contra esta jurista contribuye a realzar su labor y a poner en evidencia la calidad de sus informes sobre la situación en Gaza, en particular los dos informes anteriores presentados en el 2024 en Naciones Unidas, y que nos permitimos referenciar.
Su difusión y su lectura son altamente recomendadas, para entender la lógica destructora insensata de los mandos militares israelíes en Gaza, que muchos sectores a la fecha se niegan a reconocer:
– marzo del 2024: «Anatomy of a genocide«, informe A/HRC/55/73 disponible en la red, cuyo texto completo está disponible aquí.
– octubre del 2024: «Genocide as a colonial erasure«, informe A/79/384, cuyo texto completo está disponible aquí.
Ambos informes pueden ser útilmente completados con esta entrevista publicada en la BBC en junio del 2025 a Omer Bartov, uno de los expertos israelíes de mayor renombre sobre el Holocausto (véase entrevista). Una entrevista realizada en Francia a este mismo experto y a una jurista gala, detalla las exacciones de todo tipo que ha ejecutado el ejército de Israel y la dificultad de aceptarlas para gran parte de la sociedad israelí (véase texto integral).
En este mes de julio, en Francia, una organización de juristas presentó una demanda contra un prestigioso banco galo, la BNP (véase nota y documentación colgada en el sitio de JURDI), en razón de la opacidad de sus operaciones de financiamiento en Israel. No cabe duda que estas y muchas otras acciones ante tribunales nacionales en diversas lastitudes encontrarán en este nuevo informe de la jurista italiana Francesca Albanese razones adicionales para fundamentar nuevas acciones legales de este tipo.
En Italia, en este inicio de mes de julio el prestigioso Consiglio Nazionale di Ricerca (CNR) anunció una suspensión inmediata de todas su relaciones con entidades académicas y universidades israelíes (véase comunicado en francés e italiano).
Desde Costa Rica, hacemos voto para que la encomiable y persistente labor de esta jurista italiana sea saludada y celebrada, y que también sea respaldada y apoyada por Estados que sí están conscientes de la extrema gravedad de la situación en Gaza y de la urgente necesidad de frenar a Israel en su insensato accionar contra la población civil palestina. Y hacemos voto para que, ojalá, pueda algún día, venir ella misma a Costa Rica en persona, para explicar lo que al parecer sus máximas autoridades buscan a toda costa minimizar y relativizar (véanse al respecto nota de Elmundo.cr del mismo 3 de julio titulada «Rodrigo Chaves deja claro que firmaría TLC con Israel» y nota del Semanario Universidad, titulada «Chaves se mofa de críticas a Israel y anuncia intención de firmar TLC bilateral«). Este próximo 23 de julio, en una reconocida sala de cine de la capital costarricense, se proyectará de manera gratuita la pelicula filmada en Gaza «From Ground Zero» seguida de un cineforo (véase nota del medio digital Delfino.cr) a los que desde ya queda invitado el público costarricense en general.
Leí la noticia sobre lo que acaba de ocurrir entre Putin y Macron, y es que no es solo un cruce diplomático, es un claro reflejo del callejón geopolítico en el que se encuentra Occidente. Después de años de arrogancia estadounidense y europea, de expansión sistemática de la OTAN hacia las fronteras rusas, en abierta violación a promesas y acuerdos previos, ahora Europa empieza a sentir las consecuencias de un conflicto que fue incubado por su servilismo a los intereses imperialistas de EEUU, evidenciado una ceguera estratégica que ha provocado desastres económicos y sociales en sus propios países.
Que Macron haya solicitado esta llamada no es casualidad. Con su país en crisis interna, una Europa al borde de la recesión, y el apoyo ciudadano a la guerra erosionándose, necesita reconstruir puentes. Pero lo más significativo es que Putin no solo aceptó hablar, sino que le recordó a viva voz lo que muchos no quieren escuchar, ocultan y distorsionan, la OTAN empezó esta guerra, y Rusia la va a terminar bajo sus condiciones.
Esta afirmación, tan clara e incómoda, no es propaganda, es historia. Desde 2014, cuando EEUU y la UE apoyaron abiertamente el golpe de Estado en Ucrania y alimentaron a sectores abiertamente neonazis, se puso en marcha una lógica de cerco y confrontación directa. Rusia reaccionó como cualquier potencia cercada lo haría, resistiendo, contraatacando, imponiendo su propia narrativa y fuerza.
Pero el problema de fondo no es solo geopolítico, es moral. Occidente, atrapado en su superioridad fingida, no puede admitir su responsabilidad. ¿Cómo lo harían sin reconocer que sacrificaron la estabilidad de todos los países europeos por sus intereses estratégicos? ¿Cómo explicar a sus pueblos que las sanciones fallaron, que la guerra no la ganarán, y que la diplomacia fue ignorada por soberbia?
Lo que el fantoche de Macron escuchó es consecuencia de décadas de intervencionismo, hipocresía y doble moral. Lo que Putin le dijo, con la frialdad del poder que ya no teme a ninguna sanción occidental, es simple, Rusia no va a ceder, no esta vez. No después de todo lo que ha estado en juego. Rusia lleva la guerra, no como las hace EEUU, bombardeos indiscriminados, arrasar con todo, saquearlo todo, es una intervención militar calculada, golpeando dónde y cómo le conviene, sin perjudicar a la población inocente.
Y guste o no, esa realidad no cambiará. EEUU y Europa utilizan a Ucrania como «carne de cañón» para sus intereses geopolíticos de cercar a Rusia y luego intentar ir por China, quieren el planeta entero, pero, como en 1945, el fascismo caerá derrotado.
¡Qué desilusión, maes! Ese “chavismo tico” que nos vendieron hace tres años y medio no es más que un Frankenstein político: toma prestadas las tácticas más peligrosas de populistas como Daniel Ortega en Nicaragua, las mezcla con promesas imposibles, y nos lo presenta como helado de sorbetera. Pero al abrir la tapa, solo hay aire. Puro poder por el poder mismo, sin ideología, sin plan serio, y con un montón de consecuencias para nuestra democracia.
El vacío ideológico: hoy conservador, mañana lo que convenga
Rodrigo Chaves Robles no tiene brújula política —tiene radar electoral. Cuando vio que el 70% de los ticos rechazan el aborto y el 37% la homosexualidad, de repente abrazó una agenda ultraconservadora: eliminó protocolos contra el bullying LGBT+, las Guías Sexuales del MEP, endureció penas por aborto, y borró programas de educación sexual. ¿Coincidencia? ¡discurso dulce para pescar votos evangélicos y católicos! Hasta su exministra Laura Fernández lo admitió: “Defender la vida de los no nacidos es obligación del Estado”. Pero ¿no es este el mismo Chaves que en campaña dijo que quería en Costa Rica la marihuana recreacional?
Pero esto no es convicción: es puro cálculo. Como bien dice un analista: “Chavismo sueña con 38 diputados para ganar en primera ronda”. Su único principio es el poder.
La obsesión con el control total: “¡Denme 40 diputados y lo arreglo todo!”
Aquí está el corazón tenebroso del proyecto: Pilar Cisneros, gurú del chavismo, prometió que con 40 diputados construirán “Ciudad Gobierno”, la marina de Limón, carreteras y aeropuertos en 4 años. Pero bajo ese cuento de “eficacia” se esconde el verdadero plan:
– Controlar el Poder Judicial: Chaves ataca sistemáticamente jueces y fiscales (“cavan la tumba de su credibilidad”, dice Cisneros). Con mayoría absoluta, nombraría magistrados afines para enterrar casos como el desvío de $32,000 del BCIE que hoy lo tiene acorralado.
– Domar el TSE: ¡Exactamente como hizo Ortega en Nicaragua! Allí, el Consejo Supremo Electoral es un apéndice del régimen: magistrados afines anularon la prohibición de reelección en 2009, luego inhabilitaron a opositores en 2021, y hoy organizan elecciones sin observadores ni competencia real. Si el chavismo controla el TSE, adiós elecciones limpias en 2030.
– Copar instituciones: Como Ortega, quien convirtió la Asamblea Nacional en un teatro de títeres. Tras encarcelar a 7 candidatos presidenciales en 2021, su partido obtuvo 75 de 92 diputados. Chaves ya lo ensayó: ¡quiere meter 10 proyectos de ley en un día para desmantelar órganos fiscalizadores!
Populismo con chequera falsa: “¡Hasta China nos envidiaría!”
Cisneros ofrece megaobras como si Costa Rica fuera Dubái con petróleo. Pero la realidad es otra:
– Deuda del 55,9% del PIB, la más alta de Centroamérica.
– Desigualdad del 0,49 según índice Gini, el segundo más alto de los países de la OCDE, solo por debajo de Sudáfrica.
¡Y así pretenden construir “ciudades gobierno”, cuando apenas vieron $32,000 de fondos del BCIE, se los gastaron en “cariñitos” del presidente para su asesor y amigazo tristemente célebre Choreco!
Es el espejismo populista: prometer lo inalcanzable (como si tuviéramos la maquinaria y los índices financieros de China) para distraer mientras desmontan frenos y contrapesos. Igual que Ortega, quien en plena crisis económica (24% de pobreza en 2021) prometió “prosperidad” mientras militarizaba ciudades.
El juego sucio: atacar, dividir y mentir
Chaves opera como Ortega: culpa a “élites corruptas” de todos los males. Sus herramientas:
– Estigmatizar opositores: Tilda a críticos de “comunistas” o “criminales”. Ortega hizo lo mismo: llamó “golpistas” a los estudiantes de 2018 y justificó su encarcelamiento.
– Golpear instituciones: Llama “dictadura perfecta” a 75 años de democracia (mientras en Suiza y Francia presume de ella), mientras prepara su tiranía personal. Como Ortega, quien desmanteló la independencia del CNE y la Asamblea.
– Plan B para no soltar el poder: ¡Piensa renunciar 6 meses antes para ser diputado y controlar desde la Asamblea! Estrategia orteguista pura: tras perder apoyo en 1990, Ortega se aseguró cuotas de poder mediante pactos legislativos.
¿Vamos a cambiar lo ganado por un espejismo?
Nicaragua nos muestra el camino si cedemos:
Allí, Ortega pasó de revolucionario a dictador en 4 etapas: controló su partido (1990-2006), pactó con élites para bajar el piso electoral, cooptó instituciones (2007-2017), y finalmente instauró una dictadura cerrada tras reprimir protestas en 2018.
Hoy, Nicaragua tiene elecciones sin oposición, medios clausurados, y 1.794 presos políticos. ¿Queremos eso aquí?
Muchos se niegan a reconocer el riesgo, bajo el argumento de que a diferencia de Bukele en El Salvador y Ortega en Nicaragua, aquí no hay ejército, pero les recuerdo la amenaza de Chaves, cuando comparó el número de efectivos de la Fuerza Pública con los pocos agentes del OIJ, como si fuera un escenarios de guerra civil.
El riesgo es real: si el chavismo tico logra sus “40 diputados”, convertirá la Asamblea en un sello de goma, el TSE en un notario de fraudes, y la Corte en su guardaespaldas. Como advierte un estudio reciente: “La captura del Estado y el ‘legalismo autoritario’ son claves para perpetuarse en el poder”.
¡Diay, maes! ¿qué nos queda? Defender la democracia no es salvar “élites”: es proteger esa institucionalidad que nos ha evitado caudillos de por vida. Porque como gritan los nicaragüenses desde el exilio: “Sin contrapesos, Costa Rica podría seguir el camino de Nicaragua: décadas de Somoza, décadas de Ortega… y cada día peor”.
Moisés Roberto Escobar Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN) Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473 Correo: moises.escobar@catie.ac.cr
La DANA es un desastre humano, vigente, estructural y subyacente. Es innegable que la catástrofe que cobró más de 400 vidas por el desastre recién ocurrido en España es una tragedia global. Una tragedia que aumenta el descrédito de la institucionalidad y que deja soterrada la falacia del desarrollo ilimitado y exonerado de la policrisis.
Han sido asesinadas más de 400 personas. Fuerte y claro, porque fue un crimen de negligencias, de debilitamiento intencionado de las instituciones y de la capacidad de respuesta ante los desafíos medioambientales y ante potenciales desastres, que en España se dio abierta y colateralmente por sus autoridades locales como las nacionales. También, es un crimen (mal) intencionado. Porque construyeron sobre territorios inundables, porque tuvieron la información climática, con sus pronósticos y advertencias por parte de los expertos, pero nos los escucharon. Los ignoraron y dejaron morir a sus conciudadanos.
La DANA figura la crisis del poder que se derrumba. Pero al derrumbarse, erosiona al tejido humano, ya sea como víctimas directas del ingente desastre o como sujetos vulnerables ante un sistema político y económico al que no le importan, al menos no lo suficiente como para protegerles. En este sentido, duele ¡hiere el alma!, que la confianza depositada a las autoridades y entidades para salvaguardar a su población, les volvieron a fallar. Errando al costo de todas y cada una de las personas que murieron ¡Vidas!, padres, madres, hijos, abuelas, vecinos, docentes, estudiantes, cada víctima a la que le fue arrebatada su vida. Eso es un crimen, que debe responsabilizarse y reivindicarse. Sin más, ¿A qué esperar? ¿a la próxima DANA que mate a tus hijos, a sus padres o a ti? ¿A que llegue la erosionada e inútil monarquía que parasita de una sociedad empobrecida y lacerada? ¿A que el otro Pedro “te abra las puertas del paraíso”?, mientras el que te gobierna se excusa, rehúye a la verdad; sin capacidad, ni voluntad o interés por empujar hacia los debidos reequilibrios y las necesarias transiciones de prosperidad compartida, justicia y gobernanza climáticas, asequibilidad al bienestar, políticas públicas que salvaguarden a los trabajadores y sus familias, que incidan por una corresponsabilidad fiscal diferenciada, y no donde se proteja más a las grandes corporaciones que a los desamparados.
La DANA es un desastre humano que debe cambiar. Y el cambio solo viene su gente, de las personas.
El mundo tampoco es ajeno a la tragedia española, espejo de todo. América Latina y el Caribe (ALC) como otras partes del mundo, también enfrenta la policrisis. Una policrisis donde la tragedia medioambiental es inminente, creciente y quizá hasta inmanente al mismo ser humano que transita en autodebacle.
Sino, veamos como nuestros gobernantes desoyen las alarmas climáticas, como en la DANA. Cada año es otro nuevo récord, que nos empuja al peligro de múltiples y complejos desastres. Pero a la vez, prevalece la inacción. El cambio y uso del suelo continua, los bosques son talados para nuevos campos de monocultivos o para zonas económicas de desarrollo o para nuevos asentamientos urbanos. El presupuesto para atención de emergencias reduce mientras que en paralelo aumentan los mecanismos de exenciones e incentivos a las variadas actividades económicas que se nos imponen en los territorios, como la panacea.
Una panacea falaz, cruel, ecocida y hecatómbica.
Wake up!, la oportunidad del cambio es hoy. Hoy tenemos la oportunidad de reponernos, de revindicar a nuestros muertos, de salvarnos y recuperar el poder. Porque la democracia es el poder del pueblo. Un pueblo que sanee sus instituciones, que deponga a sus ineptócratas y convoque a un nuevo pacto social. Un pacto social que se circunscriba en los límites del crecimiento económico con base en la capacidad de los sistemas naturales; un pacto social que se sustente de la corresponsabilidad de todos y se sirva con todos y para todos. Un pacto social que recupere su capacidad productiva, de autoabastecimiento, y no se someta a los intangibles que le parasitan, como la banca que sin producir nada obtiene los mayores beneficios de la actividad productiva y reproductiva de las naciones.
La DANA nos deja huérfanos. Pero nos hermanó. Volvamos a reconstruir nuestros tejidos sociales, recuperemos nuestras instituciones y la capacidad de transitar cohesionados hacia lo que nos depare prosperidad compartida, bienestar asequible, una casa común sostenible y resiliente.
