Ir al contenido principal

El decoro constitucional – II

Escrito en . Publicado en Análisis.

Walter Antillón

Parte I. En general

El ejercicio del derecho público nos ha permitido comprobar que, de la vida y de la estructura del Estado, las constituciones sólo regulan explícitamente los aspectos primarios; de modo que aquella compleja realidad estatal se nutre y se concreta mediante una pluralidad de elementos provenientes de otras diversas fuentes.

El primer constitucionalista en identificar algunos de esos elementos fue el profesor británico Albert V. Dicey (Introduction to study of the law of the Constitution; MacMillan, London, 1914, pág. 244), quien a fines del Siglo XIX acuñó el sintagma ‘Constitutional conventions’ para indicar los acuerdos alcanzados en las altas esferas del poder acerca del significado de palabras clave, o de comportamientos adecuados, frente a los vacíos de la Constitución, lo cual tuvo gran difusión en el mundo del ‘Common Law’ (entre muchos: Wade-Phillips: Constitutional Law; Longman Green Co., London, 1948; pág. 87).

En el campo del Derecho Continental fue el gran maestro italiano Santi Romano quien primero se ocupó del fenómeno en su ensayo de 1909 Diritto e correttezza costituzionale (Ahora en Scritti minori, I, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1990, p. 331 sigtes.). A partir de dicho ensayo, la doctrina ha elaborado el concepto de “correttezza costituzionale”, que traduzco como “decoro constitucional” (porque se trata precisamente de la dignidad, el respeto y la decencia en el comportamiento y en el lenguaje adoptados por los funcionarios) en los siguientes términos:

El decoro constitucional se traduce en deberes que no están previstos en la letra de la Carta, cuya vigencia, sin embargo, se presupone. Junto a los acuerdos y las costumbres constitucionales, las reglas del decoro concurren a regular los actos y los modos de ejercicio del poder de los sujetos políticos, llenando los espacios vacíos dejados por las disposiciones de la Constitución formal, o integrando, o especificando el significado que debe atribuirse a dichas disposiciones. Se suelen expresar tanto en las actuaciones directas del funcionario como en forma de pactos, en compromisos de honor entre contrarios; en la mutua deferencia, respeto, cortesía entre los poderes públicos, etc. La comunidad ciudadana los adopta como parte de su educación política.

Las reglas del decoro constitucional son, por ende, de distinta naturaleza y cumplen diversos papeles: reglas de moral política, de equidad, de colaboración leal, de buena fe y de debida diligencia en la vida pública; de buen uso de poderes discrecionales, del lenguaje y los modales, etc.; contribuyen a asegurar el buen funcionamiento de los órganos supremos y a evitar que el ejercicio de los poderes discrecionales desemboque en abusos, disputas o tensiones interinstitucionales.

La doctrina moderna del Derecho Constitucional confiere suprema importancia a las reglas del decoro. Grandes publicistas como Santi Romano y Paolo Biscaretti di Ruffia hicieron importantes aportaciones al tema.

En opinión del profesor y juez constitucional Gustavo Zagrebelsky (en Enciclopedia Treccani: Voz “Correttezza Costituzionale”), el desprecio a las reglas del decoro debilita los pilares invisibles de la Democracia: su abandono genera peligros sistémicos graves:

“…1.- Degradación de la lealtad institucional

  • Guerra entre poderes: Las instituciones dejan de cooperar y comienzan a bloquearse mutuamente.
  • Uso estratégico del derecho: Las leyes se aplican para destruir al adversario político y no para el bien común.
  • Pérdida de la «buena fe»: Desaparece la confianza mínima necesaria para que los órganos del Estado negocien y dialoguen.
  1. Erosión del sistema democrático
  • Tiranía de la mayoría: El partido en el poder utiliza los vacíos legales para aplastar a las minorías, ignorando el pluralismo.
  • Degeneración en «autocracia electiva»: Se respetan las votaciones, pero se destruye el espíritu de la separación de poderes.
  • Polarización extrema: La política se convierte en un juego de suma cero donde el rival no es un competidor, sino un enemigo a eliminar.
  1. Inestabilidad y parálisis del Estado
  • Vacíos de poder: El bloqueo de nombramientos clave (como jueces constitucionales o defensores del pueblo) paraliza órganos vitales.
  • Crisis constitucionales continuas: Conflictos institucionales constantes que la Constitución escrita no puede resolver por sí sola.
  • Pérdida de credibilidad ciudadana: La población pierde la confianza en la política al ver el espectáculo de la confrontación total…”

Zagrebelsky advierte literalmente que

“…una Constitución no puede sobrevivir solo con el texto escrito. Si los actores políticos pierden la ética de la moderación y el autocontrol (constitutional forbearance), las normas escritas se vuelven inútiles y el sistema camina hacia el autoritarismo o el colapso…”

En la Segunda Parte de este artículo se analizará la situación de las reglas del decoro constitucional en Costa Rica.

Parte II. Costa Rica

Confieso que he traído a estas páginas el tema del decoro constitucional, motivado en gran medida por las ilegalidades frontales y el tono agresivo e irrespetuoso adoptado por el expresidente Chaves durante su administración; y copiado, con algunas variantes, por la presidenta Fernández. Pero está de más advertir que conductas indecorosas ya venían menudeando en administraciones anteriores.

Como quedó explicado en la primera parte, el decoro constitucional se manifiesta tanto en actitudes y prácticas, como a través del lenguaje oral, escrito y corporal empleado por el alto funcionario.

En cuanto a lo primero, está por demás decir que el funcionario público, máxime si es de rango supremo, debe guiar su conducta con probidad, buena fe y autocontrol, procurando siempre el bien común de la manera más eficaz y al menor costo para la comunidad.

En lo que atañe al lenguaje, por respeto a su propia investidura, el funcionario debe evitar en toda situación el tono agresivo y las palabras procaces o hirientes. Los idiomas modernos cuentan con un vocabulario riquísimo, que permite expresar las emociones más extremas sin necesidad de recurrir al escarnio, la mofa o el desprecio de los interlocutores.

En la historia de nuestro País hay numerosos ejemplos de altos funcionarios que asumieron actitudes moralmente incorrectas o perpetraron actos inmorales, incluso delictivos. Lo que nunca habíamos tenido es presidentes que hicieron del insulto y la vulgaridad de palabra el pan nuestro de cada día.

Enumero y comento algunos casos:

Número 1.- Durante los años 2006 y 2007 la cúpula política del gobierno del Presidente Oscar Arias elaboró y propaló un documento que el pueblo llamó “Memorandum del Miedo”: una caravana de embustes para que la gente sencilla votara por el TLC; y encima de eso el propio Presidente, al igual que sus ministros y hasta personal de la Embajada Estadunidense, abusando de sus investiduras, visitaron fábricas y establecimientos prometiendo y amenazando para conseguir la aprobación referendaria del funesto convenio; y agregando un eslabón más a la cadena de dominación del País por parte del Imperio Usano: un acto de subordinación a los intereses imperiales y los del gran capital centroamericano por parte de quien juró defender los valores patrios consagrados en nuestra Constitución y nuestras Leyes. Todo lo anterior, junto con la manipulación de la Sala Constitucional y la luz verde para el tratado y sus leyes complementarias, configura sendas faltas al debido decoro constitucional imputables al presidente Arias.

Número 2.- En los años 2008 y 2010, la Corte Suprema, con argumentos deleznables, aprobó aumentos salariales para sus Magistrados y otros altos cargos del Poder Judicial, de modo que el sueldo bruto de dichos Magistrados llegó a oscilar entre 7 y 11 millones de colones mensuales, en un momento en que el propio presidente de la República (primus inter pares) ganaba algo menos de 5 millones, y el salario nominal mínimo en el País era de 179.504.00 colones por mes. Mas es preciso advertir que esa conducta de los magistrados no fue unánime: hubo honrosas excepciones.

Número 3.- El gobierno de don Rodrigo Chaves Robles es, hasta ahora, el gobierno más desastroso de la historia de Costa Rica, y a la vez el más exitoso en términos de apoyo popular. Y lo irónico es que lo segundo es, en buena medida, una consecuencia exquisitamente lógica de lo primero.

Durante los cuatro años de su gobierno, y ahora como ministro de Hacienda, privilegió los resultados macroeconómicos (deuda externa, inflación, empréstitos), y claro, para lograrlo desfinanció sistemáticamente el sector social: educación, salud, seguridad, ambiente, pobreza. Eso sí: el paladín de los humildes ha tratado muy discretamente de no afectar los intereses de los ricos ‘ni con el pétalo de una flor’. No ha hecho caso de la recomendación de entidades financieras internacionales que desde hace años le han recomendado los impuestos directos; pero ahora que ve avecinarse la crisis fiscal, está pensando en nuevas cargas …para los pobres.

Para sorpresa de los entendidos, durante todo el período dictó numerosos decretos y acuerdos deliberadamente violatorios de la ley, provocando sendas anulaciones y condenas de parte de los tribunales competentes; lo cual le ha servido de pretexto para gritar a los cuatro vientos que no le han dejado gobernar. Pero lo más tristemente llamativo de su conducta ha sido el lenguaje usado en sus discursos y en sus ruedas semanales de prensa para expresar sus fobias y rabietas.

En efecto, especialmente desde Casa Presidencial, el entonces primer mandatario emprendió una campaña sistemática de insultos, arrebatos y gesticulaciones grotescas contra los presidentes de los otros Poderes, contra diputados y periodistas, contra los jueces y fiscales, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes, las Universidades Públicas y cualquier otro organismo o persona que lo critique o contradiga: pero, en realidad, todos sus improperios han estado visiblemente proferidos con el mal disimulado propósito de enardecer el ánimo de sus seguidores en las redes.

A los periodistas que lo critican los ha llamado reiteradamente ‘ratas’, ‘malditos’, ‘malnacidos’, ‘brutos’, ‘estúpidos’, ‘desgraciados’, etc. Un redactor de El Financiero comentó:

“Éstas no son frases extraídas de una pelea de cantina, ni del hilo de comentarios de una red social. Son insultos pronunciados desde la Casa Presidencial, frente a cámaras de televisión, por el Presidente de la República de Costa Rica.”

El 6 de mayo último, comentando el Informe de salida de Chaves, el entonces Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, deploró la actitud agresiva y el lenguaje soez de aquél, enumeró los calificativos que aplicaba frecuentemente a los diputados de oposición: “Inútiles y vagos, mafiosos y banda de corruptos, chantajistas y antipatriotas, desgraciados y malnacidos”, y reprochó severamente al ahora superministro su actitud ofensiva, su lenguaje deletéreo y, a fin de cuentas, su falta de voluntad para unir esfuerzos en la solución conjunta de los problemas.

Porque Chaves se ha referido en los peores términos a los presidentes de los otros Poderes, incluido el TSE, llamándolos despectivamente corruptos, falsos y obsoletos. Y tanto él como la presidenta actual han atacado encarnizadamente al titular del Poder Judicial, don Orlando Aguirre, haciendo público escarnio de uno de sus nombres de pila, e instándolo machaconamente a que se retire de su alto cargo. Da vergüenza ajena el ensañamiento cobarde de Chaves y Fernández en este caso. Porque, en realidad, ellos no quieren mejorar el Poder Judicial: quieren destruir su independencia.

Ahora bien, objeto de sus más virulentos ataques ha sido el fiscal general, don Carlo Díaz, que ha recibido y continúa recibiendo insultos y descalificaciones. Chaves le ha llamado títere, matón de barrio y ‘princeso’, peón de los magistrados y ungido del diablo; la Judicatura y la Fiscalía son ‘entidades putrefactas’, ‘agentes de asco’. Y la presidenta Fernández, que se afana en secundarlo, ha dicho recientemente que el Poder Judicial está infiltrado ‘hasta el tuétano’ por el crimen organizado.

El lenguaje lumpen, abrumador, la absoluta falta de decoro de ambos mandatarios, no tienen precedentes en nuestra Historia, pero siguen con curiosa fidelidad el manual adoptado por Trump y por Milei. Y creo que ahí está el meollo de la cuestión: hay que leer con paciencia los miles de devotos mensajes de sus seguidores en las redes para entender que las acusaciones extremas, la agresividad y la procacidad de nuestro expresidente y su discípula no son expresión de una indignación moral, sino de un frío cálculo político: son la clave de su conexión carismática con una masa resentida e irracional que se alimenta cotidianamente con sus improperios; y que les ha procurado un aplastante triunfo en las urnas y la actual mayoría parlamentaria, a costa de conducir al País hacia un destino de odio y violencia.

Rodrigo Chaves y Laura Fernández, como Trump y media docena de presidentes latinoamericanos, son peones del neoliberalismo transnacional que está desbaratando por todas partes el Estado Social de Derecho, la doctrina de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional. Es preciso desenmascararlos y resistir. Es preciso restaurar el decoro y el respeto por la Constitución y la Ley. Otro mundo es posible.

Sobre visitas a Museos, Bibliotecas y Cárceles

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Cuando estaba en la Escuela, en la década de 1950, comenté, en un artículo anterior, que una visita obligada era al Museo Nacional, entre otras cosas para ver una vitrina en el sótano que estaba custodiada por una pareja de policías armados, que tenía en exhibición una mata de marihuana, situación que se aprovechaba para valorar la riqueza arqueológica del Museo, e infundirnos miedo a las drogas y a su consumo.

En el colegio no se nos llevaba al Museo. Algunos profesores, de Historia o Estudios Sociales recomendaban su visita. Como profesor invitaba a los estudiantes a que visitaran los museos, especialmente cuando explicaba los tiempos antiguos de Costa Rica.

En la Universidad aquellos cursos que estaban ligados a la Historia Nacional, especialmente en su parte antigua, eran de obligada orientación para visitar los Museos Nacional, de Oro y de Jade, en sus distintas Salas. En mi caso, que me orienté por el estudio de Historia, y de la Historia de Costa Rica en particular, me hice asiduo visitante.

La Historia Antigua me cautivó en un primer momento, y me hizo matricularme en algún curso importante de Antropología, con el profesor Carlos Aguilar Piedra, con quien cultivé una rica amistad, a quien cariñosamente se le llamaba por sus dilectos alumnos y discípulos, el Gran Chamán. El Profesor Aguilar aceptó participar con un grupo muy destacado de antropólogos, discípulos y asistentes suyos, en el Capítulo de Historia Antigua, de la Historia General de Costa Rica, que dirigí en 1989, lo que fue una gran experiencia enriquecedora para mí trabajar con ellos, visitar los museos, analizar sus colecciones.

El Gran Chamán se había formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que le daba una formación científica más profunda en este campo. En aquellos años, de la década de 1960, se enfatizaba en la búsqueda del Paleoindio costarricense, el más antiguo que se hallare en el país. Era la pasión de las búsquedas arqueológicas, porque estaba en cierta forma de moda la búsqueda del paleo indio americano que disputaba México, en aquellos años con el llamado Hombre de Tepexpan, un esqueleto que había sido hallado en el antiguo Lago de Texcoco, en México, en 1947, cuya antigüedad se discutía entre los 4000, 8000, 10.000 y hasta 23.000 años, lo que tiempo después se redujo a una cifra de 4.700. Aun así, la discusión de antigüedad continuaba y sigue investigándose. Las más antiguas se consideran cuando superan los 10.000 años. Así se han encontrado en Chile, más de 18.500 años, en Yucatán, México, el primer fósil reportado de un rostro humano, de hace 13.000 años, de igual edad al llamado Hombre de Arlington Springs, en Estado Unidos. La mujer más antigua de América se le estima en 12.700 años localizada en la Zona del Peñón de los Baños, cerca de aeropuerto de México. La discusión de la mayor antigüedad se mantiene abierta.

Para el caso costarricense los hallazgos arqueológicos señalan que los restos más antiguos son de hace 12.200 años, hallados en la región de Siquirres. La Fauna gigante que había en el territorio nacional se ubica entre los 10.000 y 40.000 años de antigüedad. La Antropología costarricense ha señalado que los primeros pobladores de Costa Rica llegaron hace unos 12.000, como grupos nómadas cazadores-recolectores, según restos que se han encontrado en el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón.

En otros capítulos de la Historia Nacional llevé estudiantes a visitar industria y ciertas actividades empresariales, cuando me lo permitían sus empresarios.

Un sitio casi de obligada llegada de mis estudiantes era la Biblioteca Nacional, para que los estudiantes tuvieran contacto con el pasado, haciendo un breve estudio, y repaso de un periódico, que asignaba individualmente, del cual rendían el informe, que no podía ser copiado de otro estudiante. En general esa experiencia era bien cumplida y satisfacía su propósito, donde los estudiantes a veces se quedaban ampliando su visión y contacto con la historia pasada reflejada en periódicos.

Como asistente estudiantil que fui del Profesor y Gran Maestro Rafael Obregón Loria él me enviaba a sacarle información de periódico La Gaceta, el diario oficial, que aprendí a estimar, leer y buscar información. En la elaboración de mi Tesis de graduación hice una investigación de varios años en la prensa costarricense desde 1870 hasta 1930.

En dos ocasiones llevé estudiantes, autorizado para ello, a visitar la Penitenciaría Central, donde hoy está el Museo de los Niños, a visitar presos o privados de libertad. Se me autorizaba llevarlos al área de menos peligrosidad. El objetivo ver las malas condiciones del presidio, el hacinamiento en que estaban los presos, las condiciones en que comían. Los estudiantes podían hablar con los privados de libertad con amplitud, siempre a la vista de guardias que nos acompañaban en esas visitas. Se nos autorizaba llevarles cigarros. Nunca se hizo una visita con el propósito de decirle a los estudiantes, de diferentes clases o estamentos sociales que iban, que era para que aprendieran a ser “buenos”, o se alejaran de las posibilidades por las cuales podían delinquir. Tampoco para asustarlos de un posible futuro por su condición económica, social, o lugar donde vivían. Dejé de hacer esas visitas cuando una vez, ocho días después de haber visitado la Penitenciaría Central, hubo un motín de privados de libertad, y tuvieron retenidos a varias guardias y personas que en ese momento les visitaban. Entendí que no podía exponer a estudiantes a situaciones así. De una de esas visitas se hizo constancia en el Semanario Universidad.

Me ha sorprendido el anuncio con bombos y platillos que ha hecho la presidenta Laura Fernández, hace pocos días, de impulsar una política de educación pública para llevar a todos los niños en edad escolar de las escuelas públicas, de las comunidades con altos índices de criminalidad, a visitar las cárceles, con el propósito de asustarlos y como parte de una estrategia para prevenir que ingresen a la delincuencia y el narcotráfico. Así, señaló, que los niños conocerían de primera mano las consecuencias de involucrarse en actividades delictivas. Es un esquema de terapia de shock de enfrentar a niños con situaciones que podían vivir para que no cometieran actos en sus vidas que podía llevarlos a los centros penitenciarios.

No es así como se enfrenta la situación de la delincuencia. Se debe fortalecer la educación formal la técnica, los valores familiares, los valores sociales, los valores políticos y democráticos en la enseñanza. Se deben fortalecer los valores y conocimientos de la historia nacional y patria para fortalecer y consolidar la democracia como sistema, para formar pasión y amor por Costa Rica, por el país que vivimos, y tratamos de desarrollar y construir para lograr un mayor y mejor desarrollo económico social, cuya generación de riqueza sirva para resolver los grandes y graves problemas sociales y económicos que afectan a la gran mayoría de costarricenses, desempleo, trabajo informal, pésimos y bajos salarios, salarios congelados desde hace cinco años, congelados para los próximos cuatro años, alta deserción escolar y colegial eliminación de los subsidios sociales en la población escolar, de los buses estudiantiles, de los comedores escolares, de las becas para la educación pública, de las malas condiciones higiénicas de los chinchorros, de los tugurios, de la mala vivienda, poco decente y digna, de las malas condiciones de seguridad e higiene ocupacional en fábricas, empresas y en contornos sociales de habitación popular, de las dificultades del transporte público, amenazas de bajar los salarios mínimos para compararlos con los América Latina, de ampliar el plazo de tiempo de pensionarse, las amenazas de imponer el trabajo de 12 horas diarias de trabajo rebajando el salario real, recortando constantemente los presupuestos de las instituciones de carácter social, de la falta de oportunidades y posibilidades para la convivencia en áreas urbanas, en las barriadas populares de espacios de esparcimiento seguro para los niños y sus familias, de la falta de una política de vivienda social que permita construir al menos casas con tres cuartos para evitar el hacinamiento doméstico y evitar la violencia familiar que ello produce, por no estimular más, y de manera efectiva, el deporte, la salud física, la salud mental, el arte, el deporte, la recreación y la integración social comunitaria.

Lo que propone la presidenta Laura Fernández es descabellado, peligroso para los niños en sus visitas a las cárceles. Así no se desalienta a nadie ante su futuro incierto.

La presidenta parte de los niños de las poblaciones, con las comunidades con mayores altos índices de criminalidad, a visitar las cárceles. ¿Quién le dice a ella que solo de esas comunidades se desenvuelven potenciales delincuentes y criminales? Los delincuentes y criminales de cuello blanco, los evasores y elusores de impuestos, los altos estafadores de los bancos o instituciones financieras, los blanqueadores de dinero, los que reciben los apoyos de altos funcionarios de gobierno, de manera cómplice, conociendo hacia quienes se dirigen esos altos créditos bancarios sin garantías sólidas, no vienen de esas comunidades con mayores altos índices de criminalidad, a las que aludió la presidenta.

Puedo asegurar que en las grandes estafas públicas, y escándalos sonados, los participantes e involucrados provienen de las capas medias, medias altas y altas de la sociedad costarricense, y de formación educativa en colegios privados.

¿Pensará la presidenta que los jóvenes de esos colegios privados deben ir a visitar las cárceles para evitar esas figuras delictivas y criminales?

Trabajo vivo y capitalismo digital: una reflexión sobre la nueva explotación del siglo XXI

Escrito en . Publicado en Análisis.

Álvaro Fernández González, julio de 2026

El trabajo suele entenderse como el empleo que desempeñamos a cambio de un salario. Sin embargo, esa definición resulta cada vez más insuficiente para comprender la realidad del siglo XXI. El trabajo es mucho más que una actividad remunerada: es la capacidad humana de transformar el mundo para sostener y reproducir la vida.

Vista desde esta perspectiva, la riqueza no nace del capital, sino de la capacidad creadora de las personas. Toda economía depende, en última instancia, del esfuerzo humano y de las condiciones naturales que permiten desarrollar ese esfuerzo.

La naturaleza participa activamente en la reproducción de la vida. La tierra produce alimentos, el agua sostiene los ecosistemas, las semillas regeneran los cultivos y los ciclos naturales hacen posible la continuidad de todas las formas de vida. Reconocer ese trabajo invisible implica cambiar nuestra forma de entender la economía.

Hoy el capitalismo también ha cambiado. Cada búsqueda en Internet, cada fotografía compartida, cada conversación en redes sociales y cada desplazamiento registrado generan datos que pueden convertirse en valor económico. La experiencia cotidiana se ha transformado en una nueva materia prima.

Los algoritmos no solo registran información: organizan la atención, orientan preferencias e influyen en decisiones de consumo, culturales y políticas. La explotación ya no se concentra únicamente en el tiempo de trabajo, sino que alcanza el conjunto del tiempo de vida.

Por ello, la inteligencia artificial no puede entenderse solo como una herramienta técnica. También expresa intereses, prioridades y determinadas formas de comprender el mundo. El debate consiste en decidir al servicio de quién estarán estas tecnologías.

Frente a estos desafíos, la respuesta no pasa por rechazar la tecnología, sino por orientarla hacia el bien común. Fortalecer las comunidades, democratizar el conocimiento, proteger los bienes comunes digitales y colocar la reproducción de la vida en el centro del desarrollo tecnológico constituyen algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

En definitiva, la cuestión fundamental ya no es únicamente cuánto producen las nuevas tecnologías, sino para quién producen y cómo pueden contribuir a construir sociedades más justas, democráticas y sostenibles.

Referencia: “Trabajo en la era digital. Una aproximación filosófica y socioantropológica”. Video publicado en el canal de Ollantay Itzamná, con Katya Colmenares y Giulio Soldani.
https://www.youtube.com/live/0tj39DryC7Q?si=ZXXo6tcMAPTqa3Bm

Breve exposición de la coyuntura nacional

Escrito en . Publicado en Análisis.

Francesco Giulietti Silva
Estudiante de Derecho y Filosofía
Francescomc8@gmail.com

En política estatal resulta en un contrasentido -al menos a nivel práctico- decir que se es conservador en lo social y liberal en lo económico, porque es interseccional y no va desligado uno del otro. Para que la ciudadanía tenga una buena vida requiere una economía estable y políticas de reducción y migración de desigualdades; la política económica está estrictamente ligada a lo social.

A propósito de lo anterior, propongo el análisis de ciertos temas que forman parte de la discusión política y legislativa en Costa Rica.

Por un lado, las jornadas 4×3 se vienen impulsando desde hace más de 20 años, el poner en la mesa un proyecto no estudiado verdaderamente a fondo que, en ciertas aristas socava los derechos del tico promedio a favor de empresarios no es nada por celebrar, a pesar de que tenga un apoyo popular. El apoyar proyectos de este tipo (tal y como fue propuesto por la diputada Daniela Rojas) no representan verdaderamente una ventaja competitiva. En el cuatrienio pasado nunca se indicaron ni se demostraron estudios o análisis que demostraran una relación causa-efecto entre la aprobación de jornadas de 4×3 con el arribo al país de las empresas transnacionales y la generación de nuevos empleos. Se utilizó como estrategia argumentativa el hecho de que “vamos atrasados” en la región, en lo que compete a normas que impulsen la competitividad. Sin embargo, los ejemplos utilizados corresponden a países que, al día de hoy, poseen una legislación laboral más laxa respecto a los derechos laborales de las personas trabajadoras. Se menciona lo anterior debido a que el origen del Derecho Laboral es sopesar las desigualdades naturales que existen entre los patronos y los trabajadores. En una relación laboral se enfrentan intereses contrapuestos, el trabajador busca siempre ganar más y (de ser posible) trabajar menos. Por otro lado, el patrono busca gastar menos y producir más. La historia ha demostrado que cuando no se le establecen límites a los grandes empresarios pueden ocurrir grandes abusos causados por la desventaja y la relación de poder que existe entre la parte trabajadora y la empleadora, por lo que el Derecho Laboral ha ido dignificando poco a poco el trabajo y otorgando mejores condiciones (días de descanso, jornadas de 8 horas, vacaciones, aguinaldo, etc.). Cabe reflexionar si verdaderamente estas propuestas son para el beneficio del pueblo o de unas pocas élites. Es importante analizar a fondo estas reformas estructurales dentro de nuestros códigos.

Luego, el crecimiento del PIB no es el indicador más adecuado para medir la calidad de vida del ciudadano costarricense promedio, debido a que es una estadística que corresponde a un factor macroeconómico, que no necesariamente corresponde a lo micro. No hay un aumento real de nuestros ingresos que se refleje con una mejor calidad de vida. Dentro de la región latinoamericana, Costa Rica tiene uno de los salarios más altos, sí, pero también es de los países con el costo de vida más elevado. El disfrutar de una buena calidad de vida no corresponde a la mayoría del país. Se resalta esto porque, en mínimas condiciones -salario base- no basta con dicho salario para satisfacer las necesidades personales y familiares. Costa Rica dejó de ser un país de clase media por uno que, con el paso del tiempo, ahonda en las desigualdades. Vivimos en un Estado de economías paralelas, donde los indicadores macroeconómicos nos hacen parecer una potencia, pero el ciudadano de a pie con costos llega a fin de mes.

Por otro lado, el endurecimiento de penas llama mucho la atención, de hecho, Costa Rica es uno de los países latinoamericanos con las penas más largas y de los países que más duro castiga en la región. No es necesario ser penalista para saber que subir las penas no reduce la delincuencia, lo que sí lo reduce es la efectividad de las sanciones. Es decir, que el Estado castigue cuando corresponda y que sea esperable de la ciudadanía que el Estado persiga y sancione las conductas antisociales, evitando la impunidad. Al Poder Judicial le corresponde actuar cuando los hechos ya pasaron, cuando ya es demasiado tarde y la prevención falló. Por lo cual, corresponde en un grave error el responsabilizar al Poder Judicial por la tarea preventiva, la cual le corresponde al Poder Ejecutivo mediante la implementación de políticas sociales, culturales y académicas en beneficio de la población. Es la educación e inserción social lo que corresponde al Poder Ejecutivo para prevenir la delincuencia y que, particularmente las personas jóvenes no vean en bandeja de plata el integrarse a la delincuencia organizada.

Es importante traer a la mesa dichos temas de relevancia cuando en la agenda legislativa las conferencias presidenciales de los miércoles y las discusiones del día a día nos abarrotan con información sobre distintos temas. Esperamos como ciudadanos que las diputaciones y Presidencia verdaderamente trabajen en conjunto por el bien del país. Esto porque, mientras los ciudadanos ansiamos reformas y nuevas políticas, dentro de la Asamblea Legislativa las fracciones pelean entre sí. Es menester recordar que son delegados del pueblo, elegidos mediante elecciones populares para manifestar la voluntad del soberano, que reside en la ciudadanía. Cuando se aprueban iniciativas trabajadas entre las diversas fracciones es cuando -generalmente- se aprueban las mejores normativas, debido a que pasan por un minucioso filtrado de diversas ideologías y posiciones. También quisiera llamar a la ciudadanía a fiscalizar la labor de los mandatarios, porque el poder no es el mismo cuando sabe que lo observan, que cuando no.

El presupuesto como látigo: la encrucijada de la democracia costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita, Talamanca

La reciente advertencia de la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, sobre la inviabilidad del recorte presupuestario del 5% impulsado por el Poder Ejecutivo no debe interpretarse como una simple discusión sobre números. Lo que realmente está en juego es la fortaleza de la democracia costarricense.

La Contraloría General de la República, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones constituyen los principales contrapesos del poder político. Su función no es respaldar al gobierno de turno, sino garantizar la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Cuando estas instituciones son debilitadas mediante recortes presupuestarios, quienes terminan pagando el costo son los ciudadanos. Una Contraloría con menos recursos reduce su capacidad para fiscalizar el uso de los fondos públicos y prevenir actos de corrupción.

Un Poder Judicial limitado financieramente incrementa la mora judicial, mientras que una Sala Constitucional saturada tarda más en resolver recursos de amparo y otros procesos que protegen los derechos de las personas y de las comunidades.

La historia demuestra que una de las formas más eficaces de concentrar poder no consiste en eliminar las instituciones de control, sino en reducir progresivamente su capacidad de funcionamiento. Sin recursos suficientes, estas instituciones pierden eficacia, aumenta la frustración ciudadana y luego resulta fácil desacreditarlas como organismos lentos e ineficientes.

Ese es el verdadero riesgo que enfrenta Costa Rica.

La austeridad fiscal es necesaria cuando responde a criterios técnicos y de eficiencia. Sin embargo, deja de ser una política responsable cuando se convierte en un mecanismo para debilitar la independencia de los órganos encargados de controlar al propio Estado.

La ciudadanía debe comprender que defender el presupuesto de estas instituciones no significa proteger privilegios burocráticos. Significa preservar los mecanismos que garantizan elecciones limpias, justicia oportuna, combate a la corrupción y respeto por el Estado de Derecho.

El presupuesto nunca debe utilizarse como un látigo político. Cuando los recursos públicos se emplean para presionar o limitar a los órganos de control, quienes finalmente pierden no son las instituciones, sino todos los costarricenses.

Una democracia sólida no se mide únicamente por la celebración periódica de elecciones, sino por la independencia y fortaleza de las instituciones que limitan el poder. Debilitarlas hoy puede tener consecuencias que lamentaremos durante muchos años.

El negocio de la fe: radiografía de la «simonía política» en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: Luis A. Monge

Entre las somnolencias matutinas de un despertar tempranero, me asaltó sin previo aviso, con alevosía y clara premeditación, una palabra: “simonía”. El término nos remite a Simón el Mago, aquel personaje bíblico de los Hechos de los Apóstoles que ofreció dinero para comprar los poderes espirituales que Pedro y Juan habían recibido del maestro. Poniéndole mente al asunto, resulta evidente que este concepto antiguo ha cobrado una vigencia abrasadora en el centro del debate político y social costarricense; una verdadera papa caliente que quema las manos. Históricamente definida como la compraventa de lo sagrado, esta práctica se ha tropicalizado en nuestro terruño, dinamizando un millonario negocio de favores, prebendas y manipulación de la fe con fines estrictamente electorales.

La instrumentalización de las congregaciones como plataformas de campaña y el trueque de cuotas de poder por votos demuestran que las fronteras entre la Iglesia y el Estado atraviesan una de sus mayores crisis, revolviéndose y diluyéndose mutuamente ante nuestros ojos como un fresco de sirope, en clara contraposición a la conocida frase “Dad, pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios”.

Los Pilares del Fenómeno

La Fe como Mercancía

A través de corrientes corporativas como la «Teología de la Prosperidad», ciertas estructuras religiosas movilizan y coaccionan a sus fieles bajo promesas de influencia gubernamental, beneficios económicos y privilegios. De este modo, transforman el fervor espiritual en una bandera utilitaria y en un señuelo para el intercambio político.

El Factor Fabricio Alvarado

El líder de Nueva República, históricamente el rostro más visible del neopentecostalismo político en el país y quien en su momento rozó la presidencia de la República, enfrenta hoy un escenario de severa decadencia. Tras perder su inmunidad parlamentaria, el Ministerio Público lo investiga formalmente por graves denuncias de presuntos delitos sexuales y hostigamiento. El reciente archivo de su expediente ético en el Congreso ha desatado una ola de indignación en colectivos feministas y organizaciones sociales, quienes acusan impunidad y un evidente «compadrazgo» de protección cruzada con la bancada oficialista subordinada al chavismo.

El Pacto de «Pueblo Soberano» bajo la Lupa del TSE

La mezcla pegajosa entre religión y política alcanzó de forma directa al partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) —plataforma que llevó a la presidencia a Laura Fernández—. La agrupación se encuentra bajo el escrutinio público tras revelarse un pacto político-religioso con el Foro Mi País (una organización ultraconservadora de pastores evangélicos) para asegurar el endoso de su caudal electoral. Este acuerdo incluyó la distribución de panfletos dentro de los templos, donde se instruía explícitamente a los feligreses a votar por el PPSO a cambio de asegurar cuotas de poder y representación en el gabinete. El hecho provocó que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abriera una investigación de oficio por el presunto uso de la religión como mecanismo de coacción del voto.

Impacto y Metástasis en el Estado Costarricense

El avance de esta agenda conservadora y negociadora está provocando una metástasis profunda en el modelo democrático del país, profundizándose en cuatro áreas críticas:

1. Reconfiguración del Contrato Social

La agenda dogmática impulsa un enfoque restrictivo de «Familia Tradicional» con el fin de blindarlo legalmente frente a las realidades plurales del país. Esto marcha de la mano con una contrarreforma educativa que pretende desmantelar los programas de educación afectivo-sexual del Ministerio de Educación Pública (MEP), bajo la narrativa instrumental de combatir la «ideología de género».

2. Parálisis en la Política Pública

Los efectos se palpan en el freno sistemático a los derechos de salud pública y reproductiva (como el boicot a la norma técnica del aborto terapéutico). Existe, además, el riesgo latente de tercerizar la asistencia social a través de ONGs confesionales, lo que terminaría condicionando la ayuda estatal a la afinidad moral del beneficiario. En el plano legislativo, la dinámica corre el riesgo de tornarse en una actividad puramente transaccional, supeditando proyectos de desarrollo económico o fiscal a cambio de concesiones en la agenda de moralidad obligatoria.

3. Tensiones e Implosión Institucional

El aparato democrático sufre el debilitamiento del Estado laico por la vía de los hechos. Aunque la reforma constitucional formal sigue estancada, la entrega de cuotas de poder en ministerios estratégicos y entidades clave (Educación, Salud, INAMU o el PANI) opera una confesionalización de echo de las instituciones. Además, la saturación y los ataques sistemáticos dirigidos al TSE por fiscalizar los templos, sumados a la erosión de los comités de ética en la Asamblea, envían un peligroso mensaje: el músculo político y el populismo se imponen a rajatabla por encima de la justicia.

4. Retroceso en Derechos Humanos

Este fenómeno impacta directamente a las poblaciones más vulnerables. Se evidencian intentos normativos por revertir las conquistas de la población LGBTIQ+ (como el matrimonio civil igualitario) y un bloqueo sistemático a la legislación contra las llamadas «terapias de conversión». Paralelamente, el desmantelamiento institucional de género y la laxitud ante las denuncias de violencia machista en las altas esferas del poder precarizan la protección de las mujeres, erosionando el imaginario colectivo mediante una retórica de polarización y exclusión social.


Estamos a las puertas de una regresión histórica hacia un modelo de Estado confesional neopentecostal, que se está implementando principalmente por la vía de hecho, sin diálogos, sin contrapesos, un escenario de extrema gravedad. Como sociedad, parecemos mantener una calma pasiva; idéntica a la de aquella rana de la parábola que, sumergida en el agua que se calienta paulatinamente, hasta hervir: muere en absoluta tranquilidad, incapaz de medir la naturaleza crítica y mortal del cambio que la rodea.

Los reyes de barro y su cínica frase: «ticos con corona»…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por JoseSo (José Solano Saborío)

Resulta tristemente «fascinante» observar cómo el antes sabio pueblo tico ha trocado su histórica prudencia por una adicción al espectáculo, aplaudiendo con fervor mesiánico a quienes, desde el trono de diamantes que ilustra la imagen, les venden el discurso de la austeridad, cambio y honradez, mientras blindan sus propias pensiones de lujo y reparten los activos del Estado a los mismos mercaderes de siempre, con los que fingen pelear. Es una danza cínica donde el gobernante desprecia la inteligencia colectiva con un doble discurso diseñado para el aplauso fácil, mientras que una ciudadanía, anestesiada por la ingenuidad y un analfabetismo político que raya en lo dócil, sostiene la corona de un sistema que, lejos de ser el cambio prometido, es apenas la versión más recargada y costosa de los vicios que juraron exterminar.

Al final, lo que queda es un pueblo que, habiendo olvidado la valentía de sus ancestros, prefiere comprar la ilusión de ser «ticos con corona» antes que reconocer que los han convertido en el accesorio desechable de un teatro donde los mismos actores de siempre siguen repartiéndose la función.

¿Estará viviendo el Estado costarricense una crisis de esquizofrenia institucional?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Marielos Aguilar Hernández

Marielos Aguilar Hernández

Si observamos el funcionamiento del Estado costarricense, como un todo, algunos fenómenos parecieran sugerir que la estrategia política de la actual élite en el poder posee ciertos rasgos asociados con una especie de esquizofrenia institucional.

Por un lado, las voces más representativas de esa élite declaran, un día sí y otro también, ser los garantes idóneos del sano manejo de la institucionalidad nacional. Sin embargo, le imponen una serie de limitaciones a determinadas instituciones que atentan contra su buen desempeño, en detrimento de las necesidades que deben atender frente a la sociedad costarricense. Ese es el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de la República, de la Defensoría de los Habitantes y, particularmente, del Poder Judicial. Las limitaciones presupuestarias a las que estarán sometidas esas instituciones parecieran inspiradas en condiciones de delirio de quienes están tomando tan importantes decisiones.

En tal sentido, no nos deja de preocupar el autoritarismo que caracteriza a las voces y actitudes de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández (en ese orden) para amenazar desde sus tribunas a todas aquellas instituciones y funcionarios que se niegan a subordinar sus tareas a las tácticas autoritarias que desean imponer en el funcionamiento general del Estado.

El achicamiento del aparato estatal es su objetivo, pero sus tácticas riñen con la lógica histórica del funcionamiento de la sociedad costarricense. No terminamos de acostumbrarnos a la vulgaridad y al absurdo de los comportamientos de la presidente Fernández y del ministro Chaves, en aras de deslegitimar nuestra tradición de cuido de las buenas formas y del respeto entre gobernantes y gobernados.

El proceso actual de contrarreforma del Estado costarricense se inició hace décadas. Hemos pasado por tres Programas de Ajuste Estructural y por un doloroso referéndum para imponer un TLC con Estados Unidos, hoy letra muerta para el presidente Donald Trump. Más aún, enfrentamos la administración del expresidente Carlos Alvarado y sus rigurosas medidas fiscales, de ingrata memoria por la grave violación de los derechos laborales de los funcionarios públicos.

Pero no esperábamos llegar a experimentar la esquizofrenia colectiva que desea imponer la actual élite instalada en Zapote. Y menos aún podríamos suponer cómo esa élite se ha engrosado con cuadros tan variados, provenientes de los protagonistas de desecho que han ido dejando tirados por el camino de su historia, tanto los partidos tradicionales como los nuevos partidos de orientación pentecostal. No deja de ser este un fenómeno interesante. Quizá podría estar apareciendo un nuevo ámbito de estudio para las ciencias sociales que podría denominarse “la política circular”, parafraseando a nuestros colegas economistas dedicados al estudio de la “economía circular” o “economía del desecho”.

Al final de todo esto, lo que se vislumbra claramente son sus esfuerzos por fomentar un modelo autocrático, de extrema derecha, como ocurre en la actualidad en tantos países americanos y europeos.

Los amortiguadores de la República

Escrito en . Publicado en Análisis.

Roger Ríos Duarte

Costa Rica construyó, quizá sin proponérselo del todo, uno de los entramados de amortiguadores más densos de América Latina. Un Poder Judicial que, dentro de sí, alberga una policía de investigación —el OIJ— deliberadamente separada del Ejecutivo, para que quien investiga el delito no dependa de quien gobierna. Una Sala Constitucional capaz de anular los actos del poder. Un Tribunal Supremo de Elecciones tan autónomo que se ganó el apodo de cuarto poder. Una Contraloría que vigila el gasto público. Universidades con autonomía constitucional, encargadas de pensar el país sin pedir permiso. La Caja, la Defensoría, la prensa independiente, las municipalidades. No son adornos institucionales: son los diques que han hecho de Costa Rica una excepción en la región.

Tienen un nombre antiguo: los cuerpos intermedios. Montesquieu los llamó pouvoirs intermédiaires, los poderes interpuestos entre el soberano y el súbdito, que impiden que el poder fluya sin diques desde el centro. Tocqueville, un siglo después, vio en ellos el secreto mismo de la libertad: las asociaciones, los tribunales independientes, la prensa, los gobiernos locales, las universidades. Son, a la vez, un freno y un refugio. Frenan al poder porque lo obligan a rendir cuentas; y le dan al ciudadano común un punto de apoyo para no quedar solo, inerme, frente a la maquinaria del Estado. Una democracia sin cuerpos intermedios no es una democracia más ágil: es un individuo aislado frente a un poder sin contrapeso.

Esos diques están siendo erosionados, y hay que decirlo con nombres. El Ministerio de Hacienda —hoy en manos del mismo Rodrigo Chaves, que además concentra la cartera de la Presidencia en un arreglo sin precedentes en nuestra historia— se ha negado a girar más de ₡8.600 millones que la Asamblea ya había aprobado para reforzar al OIJ y al Ministerio Público, mientras engrosaba la Fuerza Pública que responde al Ejecutivo. El oficialismo mantiene bloqueado, ronda tras ronda, el nombramiento de los magistrados suplentes que la Sala Constitucional necesita para operar. Y sobre las universidades públicas pende, año con año, la amenaza del recorte y el discurso que las pinta como privilegio y no como patrimonio. El patrón es reconocible: no se abolen las instituciones autónomas —eso sería escandaloso—, se las asfixia, se las bloquea, se las desprestigia. Se las vacía por dentro, con formas legales y en nombre del pueblo.

Hay una escena que lo resume. El 14 de mayo de 2025, en Casa Presidencial, el entonces presidente Chaves comparó en voz alta los cerca de 17.000 efectivos de la Fuerza Pública con los cerca de 1.000 agentes del OIJ. La comparación fue tan cargada que un diputado le preguntó si imaginaba a ambas policías dándose de balazos, y un periodista le consultó sin rodeos si aquello no era un llamado solapado a un golpe de Estado. El presidente esquivó la pregunta. Pero el mensaje implícito ya estaba dicho, y era el más primitivo de todos: nosotros somos más.

La pregunta no es quién tiene más fuerza; esa la responde cualquier autócrata. La pregunta, la que funda toda democracia, es cómo se logra que la fuerza se transforme en autoridad legítima y no en mera dominación. Weber lo vio con claridad: el poder desnudo, el que solo cuenta cabezas y fusiles, es preinstitucional; la civilización política empieza cuando ese poder acepta límites que no puede fijar él mismo. Tocqueville, por su parte, advirtió sobre dos tiranías, no una. La del poder central que absorbe a los cuerpos intermedios hasta dejar al ciudadano a solas con el Estado. Y la tiranía de la mayoría: aquella en la que un gobierno que invoca al pueblo y se sabe más numeroso atropella los límites que protegen a las minorías y a las instituciones. Lo inquietante de nuestro momento es que las dos operan juntas, y que la segunda se anunció con todas sus letras aquel 14 de mayo. «Somos más» no es un dato: es un programa.

Nada de esto niega que algunas de estas instituciones tengan defectos reales: un Poder Judicial con permanencias de décadas, procesos lentos, opacidades que irritan con razón. Pero hay una diferencia decisiva entre reformar un contrapeso y demolerlo. A un tribunal enquistado se lo renueva con reglas transparentes; no se lo deja sin presupuesto. A una universidad se le exige rendir cuentas; no se la ahoga. Quien confunde deliberadamente las dos cosas —reforma y demolición— no busca mejores instituciones: busca instituciones más dóciles.

Por eso hay que decirlo ahora, y no después. Los amortiguadores de la República no son obstáculos para gobernar: son la garantía de que, el día en que a cualquiera de nosotros le toque enfrentar el poder, no estará solo. Se los defiende cuando todavía están en pie, no cuando ya hicieron falta. Protegerlos no es asunto de tal o cual gobierno: es la condición para que siga habiendo democracia cuando los gobiernos cambien.