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La agroexportación ha sido relegada ante la apuesta por las nuevas actividades industriales y de servicios en zonas francas

Escrito en 26/06/2026. Publicado en Análisis.

German Masis

Tal vez nos hemos preguntado porqué al gobierno le causa muy poca preocupación que las empresas agroexportadoras de productos como el banano y ahora la naranja, reduzcan su actividad y se vean obligadas a despedir personal y no parece interesarles mucho las razones para que eso esté ocurriendo, como serían los efectos de la política cambiaria sobre la operación de las empresas, el aumento de los costos de producción y la reducción de los ingresos, a lo que se une los problemas de la producción ligados al aumento de enfermedades en las plantaciones resultado de las variaciones en el clima y los efectos del cambio climático.

En estos días la empresa Ticofruit, ha anunciado el despido de 600 empleados debido a “el impacto combinado de menor producción y mayores costos que ha erosionado los márgenes de forma crítica, especialmente en un entorno global altamente competitivo para los productos agrícolas tropicales.

Según la empresa, a esta situación se añade un elemento macroeconómico que está afectando de forma creciente a los exportadores agrícolas; la apreciación del colón costarricense frente al dólar (…) fenómeno que ha reducido los ingresos en moneda local de las empresas que exportan, mientras sus estructuras de costos se mantienen o incluso aumentan.

También Ticofruit, menciona que el ajuste de su operación llega tras varios años marcados por condiciones climáticas extremas y la expansión de la enfermedad fitosanitaria conocida como Dragón amarilllo, considerada una de las patologías más agresivas para los cítricos”. (ElMundo.cr 25-6-2026)

Hace unos meses, el cierre de cuatro fincas bananeras en el Caribe, efectuado por la empresa Fresh Del Monte, dejó a 850 familias sin sustento, generó incertidumbre y más al revelar la causa de la situación, atribuida a la baja en el precio del dólar,

Según esa empresa, “Un cambio sostenido y significativo en el entorno cambiante del país, el cual ha alterado de forma fundamental la economía de la agricultura de exportación, en un período relativamente corto, el colón costarricense se ha fortalecido, pasando de aproximadamente ¢700 a cerca de ¢450 por dólar estadounidense”.

Fresh Del Monte aseguró que, para los productores de exportación, el impacto es directo debido a que los ingresos se generan en dólares, mientras que la mayoría de los costos se asumen en colones”.

La empresa además indicó que los productores bananeros enfrentan simultáneamente una mayor presión derivada de enfermedades de las plantas, incluyendo la Sigatoka Negra y las medidas preventivas contra el hongo Fusarium 4, la variabilidad climática y el incremento en los costos de insumos como combustible, logística y materiales agrícolas. (Corbana,6-5-2026).

Hace unos años, el deterioro de las actividades de exportación y el retiro de empresas extranjeras de las actividades agrícolas y el consecuente despido masivo de trabajadores en algunas regiones hubiera causado una conmoción en las autoridades del gobierno y en las cámaras empresariales, atribuyendo las razones de la salida o de la reducción de operaciones, a las demandas de los sindicatos agrícolas, pero ya no es así.

Ahora, el cambio en el modelo económico del país, centrado en la producción de dispositivos médicos, alta tecnología y servicios empresariales, en el aumento de la inversión extranjera hacia esas actividades y el desarrollo de nuevas zonas francas, relega a la agroexportación a un papel secundario como sector tradicional de la economía, pese a su importancia en la generación de empleo en las zonas rurales.

“La presencia de sectores estratégicos para la economía nacional, como la logística, las ciencias de la vida, la industria médica y la farmacología, áreas que han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años y que posicionan a Costa Rica en cadenas globales de valor

Este crecimiento se enmarca en un contexto nacional favorable para el régimen de zonas francas, que de acuerdo con un análisis reciente de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), con datos a 2024, este modelo productivo representa alrededor de USD 13 mil millones para la economía costarricense, lo que equivale al 15% del Producto Interno Bruto (PIB) e involucra a 626 empresas que operaron bajo el régimen, que evidencia un sector en constante expansión”. (Infobae,29-1-2026)

La apuesta nacional por la inversión extranjera y el régimen de zona francas, no obstante, pese a sus bondades, tiene limitaciones que se han señalado y que deben llamar a su evaluación y reflexión. Entre los temas a valorar, se encuentra lo que el economista Francisco Esquivel, denomina capacidad de multiplicación de los sectores económicos y análisis de encadenamientos productivos.

Este ejercicio desagrega los costos de las actividades y su aporte a la economía nacional, en 4 rubros: materia prima importada, materia prima nacional, utilidades y salarios, en donde por ejemplo la actividad de dispositivos médicos, tiene porcentajes de 40, 20, 25 y 15%, cuyo resultado es que en ésta actividad un 65% corresponde a materia prima y utilidades que se van del país y sólo un 35% queda en el mismo, mientras que en la actividad de la producción de lácteos, los porcentajes son 15, 50, 20 y 15, y cuyo resultado indica que un 85% queda en el país por su alta proporción de materia prima nacional, salarios y utilidades y sólo el 15% es el componente externo.

Esta comparación entre actividades de producción en las zonas francas por empresas internacionales y la producción de las actividades agropecuarias nacionales, es contundente y reveladora, ya que las primeras actividades corresponden al motor de la economía que se encuentra encendido y en auge y el segundo, el de las actividades agropecuarias como se ha mencionado reiteradamente se encuentra apagado, realidad ante la que los sucesivos gobiernos han sido indiferentes.

Como lo menciona el investigador Esquivel, lo más recomendable para la economía nacional y para los diferentes sectores que la componen, sería un desarrollo equilibrado de ambos sectores, sobre todo en una coyuntura complicada a nivel internacional, que amenaza con imponer restricciones comerciales (como aranceles) y logísticas a ciertas actividades desarrolladas en los países en desarrollo por lo general ubicados en el sur continental.

Imagen de https://www.portalfruticola.com/noticias/2024/06/03/costa-rica-agroexportaciones-en-crisis/

Estados Unidos / Irán: texto definitivo del MoU acordado dado a conocer

Escrito en 24/06/2026. Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR
Contacto: nboeglin@gmail.com

El pasado 18 de junio del 2026, varios medios de prensa han dado a conocer la versión definitiva del documento que fue acordado por Estados Unidos e Irán el 15 de junio anterior, cuyas versiones anteriores habían sido filtradas por algunos medios de prensa y equipos de mediadores.

Cabe precisar que entre Estados Unidos e Irán se desarrolló desde varios meses una compleja negociación, involucrando a diversos Estados terceros actuando como intermediadores: Pakistán en el tema nuclear, Catar con respecto a los activos bancarios iraníes congelados y la canalización de la ayuda de la región para la reconstrucción de Irán, así como Omán con respecto a la gestión futura del estrecho de Ormúz.

Se trata de un texto que fue acordado formalmente en su versión definitiva el 15 de junio entre Estados Unidos e Irán, tan solo unos minutos después del 14 de junio, fecha aniversario del actual ocupante de la Casa Blanca, sin que se divulgara oficialmente su contenido. Cabe señalar que al 12 de junio, se contabilizaban 38 veces en las que el precitado ocupante había anunciado en sus redes sociales la «inminencia» de un acuerdo con Irán (véase nota de TheTelegraph).

Desde el 15 de junio, fueron muchos los comentarios y los analistas que externaron criterios al respecto, sin que la versión final del contenido del texto como tal se hiciera público, hasta su firma, prevista inicialmente en Suiza el 19 de junio de manera mancomunada, y que finalmente se firmó electronicamente a la distancia dos días antes: la decisión repentina de firmar este documento en el Palacio de Versailles en Francia en el que se encontraba cenando el actual (e imprevisible) ocupante de la Casa Blanca, obligó a las autoridades galas a buscar de manera urgente una impresora en el Palacio de Versailles, tal como lo reveló la prensa unos pocos días después (véase nota de prensa de La Presse en Canadá)

Versiones circuladas y versión final original

En este enlace se puede leer una versión traducida al francés de la versión final del documento dado a conocer en su integralidad. En este otro del Semanario Universidad (Costa Rica) el texto en su versión traducida al castellano.

Ahora bien, al haber sido cada palabra y/o expresión objeto de arduas negociaciones entre Estados Unidos e Irán en las últimas semanas e incluso en horas previas al 15 de junio, y al haber cada negativa de Irán provocado reacciones iracundas del actual ocupante de la Casa Blanca, se recomienda a nuestros estimables lectores leer el texto en los dos únicos idiomas oficiales acordados (el inglés y el persa): en efecto, suele ocurrir que las traducciones no oficiales conlleven pequeños errores o interpretaciones propias del (de la) traductor/a.

Debe advertirse desde ya que no se trata de un tratado, ni tampoco de un acuerdo o de un protocolo de acuerdo, sino de un MoU (siglas de «Memorandum of Understanding«) que establece 14 puntos sobre los que Estados Unidos e Irán se pusieron de acuerdo con relación al cese de las operaciones militares de ambos Estados y las de sus aliados, incluyendo en el Líbano, a la reapertura paulatina y gradual del estrecho de Ormúz, a los montos destinados a la reconstrucción de Irán por parte de Estados Unidos y de sus aliados, y a los activos bancarios de Irán congelados por Estados Unidos.

Los dos primeros puntos refieren a principios generales que deben guiar las relaciones entre ambos Estados: en el punto segundo aparecen principios básicos del derecho internacional público tales como el respeto a la soberanía del Estado, la no intervención en asuntos internos y el respeto a la integridad territorial. El punto tres establece un plazo de 60 días para finiquitar los términos de un acuerdo definitivo. Al tiempo que los puntos 4 y 5 refieren a lo que ambos se comprometen a hacer a penas se firme este documento. Los puntos 6, 7 y 8 refieren a negociaciones futuras sobre diversos aspectos, al tiempo que el statu quo es objeto del punto 9. Los puntos 10 y 11 refieren a compromisos que adquiere Estados Unidos únicamente.

Este documento además establece un cronograma para acordar los términos de un futuro acuerdo sobre otros álgidos temas que oponen Estados Unidos e Irán.

Mientras que, indudablemente, la diplomacia sale fortalecida como técnica para resolver las controversias entre Estados, el desgaste provocado por una confrontación militar ayuna de objetivos (la cual fue iniciada el 28 de febrero del 2026 por Estados Unidos e Israel contra Irán) viene a poner en evidencia el impasse al que se llega con el uso de la fuerza militar.

Se trata de una lección que debería poder llevar también a Rusia a suspender su agresión militar a Ucrania, que ya lleva casi cuatro años y medio sin que Rusia haya obtenido alguna ventaja determinante en el plano militar ni político.

El texto integral del documento suscrito entre Estados Unidos e Irán

De manera que cada uno/una de nuestros estimables lectores pueda leer la versión oficial en inglés, a continuación, se reproduce en su integralidad el texto oficial de los 14 puntos acordados en este MoU (léase «Memorandum of Understanding«), tal y como aparece publicado en este enlace de la cadena norteamericana de noticias CNN:

«The United States of America and the Islamic Republic of Iran have jointly agreed in good faith on [ __ date] on the following:

1 — The United States of America and the Islamic Republic of Iran and their allies in the current war are signing this MOU to declare the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in Lebanon, and undertake from now on not to initiate any war or any military operation against each other, and to refrain from the threat or use of force against each other, and ensuring the territorial integrity and sovereignty of Lebanon. The final deal will confirm the permanent termination of the war on all fronts, including in Lebanon and other provisions of this paragraph.

2 — The United States of America and the Islamic Republic of Iran undertake to respect each other’s sovereignty and territorial integrity and to refrain from interfering in each other’s internal affairs.

3 — The United States of America and the Islamic Republic of Iran commit to negotiating and achieving the final deal in maximum 60 days, extendable with mutual consent.

4 — Immediately upon the signing of this MOU, the United States of America will begin the removal of its naval blockade and any disturbances or impediments against the Islamic Republic of Iran, and will fully end the naval blockade within 30 days. During this period, the traffic of vessels will be in proportion to the numbers of pre-war traffic being restored by the Islamic Republic of Iran. The United States of America further undertakes to remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days after the final deal.

5 — Upon the signing of this MOU, the Islamic Republic of Iran will make arrangements using its best efforts for the safe passage of commercial vessels with no charge, for 60 days only, from the Persian Gulf to the Sea of Oman and vice versa. The traffic of commercial vessels will immediately start, and considering the need for removing the technical and military obstacles, and demining by the Islamic Republic of Iran will be instated within 30 days. The Islamic Republic of Iran will conduct dialog with the Sultanate of Oman to define the future administration and maritime services in the Strait of Hormuz in discussion with other Persian Gulf littoral states in line with the applicable international law and the sovereign rights of coastal states of the Strait of Hormuz.

6 — The United States of America undertakes with regional partners to develop a definitive, mutually agreed plan with at least USD 300 billion for the reconstruction and economic development of the Islamic Republic of Iran. The mechanism for the implementation of this plan will be finalized as part of a final deal within 60 days. All required licenses, waivers and permissions needed for the relevant financial transactions will be granted by the United States of America.

7 — The United States of America undertakes to terminate all types of sanctions against the Islamic Republic of Iran, including the United Nations Security Council resolutions, IAEA Board of Governors resolutions, and all unilateral US sanctions, primary and secondary, in an agreed upon schedule as part of the final deal. The Islamic Republic of Iran and the United States of America acknowledge the critical importance of the sanctions termination issue above mentioned, and expressed their intentions to immediately address these issues in the negotiations in order to achieve mutual agreement on them.

8 — The Islamic Republic of Iran reaffirms that it shall not procure or develop nuclear weapons. The United States of America and the Islamic Republic of Iran have agreed to resolve the disposition of stockpiled enriched material pursuant to a mechanism that will be mutually agreed upon in accordance with the schedule mentioned in paragraph seven, with the minimum methodology to be down blended on site under the supervision of the IAEA. The two parties also agreed to discuss the issue of enrichment and other mutually agreed matters related to the Islamic Republic of Iran’s nuclear needs, based on a satisfactory framework being agreed upon in the final deal. The final deal will confirm the provisions of this paragraph. The United States of America and the Islamic Republic of Iran acknowledge the critical importance of the nuclear issues above mentioned. They express their intention to immediately address these issues in the negotiations in order to achieve mutual agreement on them.

9 — Pending the final deal, the United States of America and the Islamic Republic of Iran agree to maintain the status quo. The Islamic Republic of Iran will maintain the current status quo of its nuclear program, and the United States of America will not impose any new sanctions and will not deploy additional forces in the region.

10 — The United States of America undertakes that immediately upon the signing of this MOU and until the termination of sanctions, US Department of Treasury will issue waivers for the export of Iranian crude oil, petroleum products and derivatives, and all associated services, including banking transactions, insurances, transportation, etc.

11 — The United States of America undertakes to make fully available for use the frozen or restricted funds and assets of the Islamic Republic of Iran upon the implementation of this MOU. The United States of America and the Islamic Republic of Iran will mutually agree on the procedures related to the release of these funds during negotiations. Such funds, whether retained in the original account or transferred, shall be made fully usable for payment to any ultimate beneficiary designated by the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. The United States of America undertakes to issue all necessary licenses and authorizations accordingly.

12 — The United States of America and the Islamic Republic of Iran agree that an executive mechanism will be established to monitor the successful implementation of this MOU and the future compliance of the final deal.

13 — After signing this MOU, and subject to the beginning of the implementation of paragraphs 1, 4, 5, 10 and 11 of this MOU, and the continuing implementation of these measures, the United States of America and the Islamic Republic of Iran will start negotiations regarding the final deal exclusively on the other paragraphs.

14 — The final deal will be endorsed by a binding UNSC resolution».

Algunas consideraciones de carácter general

Luego de varios meses de intensa y desgastante confrontación militar para ambos y para el mundo, pareciera que Estados Unidos e Irán han entendido que resulta mucho más conveniente resolver las múltiples controversias que los oponen en una mesa de negociación, movilizando a sus mejores equipos de diplomáticos y de negociadores, … y no a tropas militares.

Si la lectura (y relectura…) de este documento deja entrever un desbalance a favor de uno u otro, parte de la explicación responde al desequilibrio existente entre los dos equipos negociadores, y a la premura de tiempo que jugó mucho más en contra de uno que de otro.

De paso, Estados Unidos y el mundo han también podido entender que el torpedear sistemáticamente cualquier acercamiento de Estados Unidos con Irán (y más generalmente, de pacificación en Oriente Medio) es una de las especialidades que las máximas autoridades de Israel han desarrollado en los últimos años. Hace exactamente un año (en junio del 2025), ya tuvimos la oportunidad de indicar (Nota 1) que:

«Con relación a la fecha escogida por Israel para llevar a cabo su ofensiva militar sobre Irán el pasado 13 de junio del 2025, es de señalar que también obligó a Francia y a Arabia Saudita a suspender la cumbre prevista a partir del 17 de junio en Nueva York sobre la solución de dos Estados y el reconocimiento de Palestina como Estado (véase enlace de la diplomacia gala al respecto). De paso, vació de todo sentido las negociaciones que llevaba a cabo Irán con Estados Unidos sobre su programa nuclear, con una sexta ronda de negociaciones prevista en Omán el 15 de junio que se suspendió (véase nota de la agencia Reuters)».

Como un ejemplo adicional al de Rusia sobre el uso de la fuerza militar que no lleva a mayor ventaja, se puede citar a Israel: se trata de un Estado que usa y abusa de su innegable superioridad tecnológica y militar en Oriente Medio desde varios decenios, tanto en el territorio palestino que ocupa ilegalmente, como en Estados vecinos (El Líbano, Siria) y no tan vecinos (como Irak, Irán y Yemen), en abierta violación a las normas más elementales del derecho internacional público. Sus operaciones militares se repiten una y otra vez, con muchas de ellas que califican como verdaderos crímenes de guerra, y una en Gaza que continúa como genocidio, sin lograr Israel en lo más mínimo «erradicar» a grupos o amenazas que pretende eliminar recurriendo al uso de la fuerza. En su intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, este 18 de junio, la representante de la ONG británica Oxfam detalló el drama indecible que se vive en Gaza (véase video de su intervención).

Han sido múltiples los fracasos políticos acumulados por Israel y el pasado 15 de junio, el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán fue analizado como uno más, tal como lo señalaba este titular del mismo TimesofIsrael y este otro editorial del periódico Le Monde en Francia publicado el 17 de junio.

Nótese que sin que se haya dado a conocer el contenido exacto del documento suscrito entre Estados Unidos e Irán del 15 de junio del 2026, ya Israel había anunciado estar en contra.

A modo de conclusión

Cabe recordar que el actual ocupante de la Casa Blanca no encontró nada mejor que atacar conjuntamente con Israel a Irán, el 28 de febrero del 2026, tan solo tres días después de haber sido notificado por la misma CIJ de la apertura de la fase de compensación en el marco de la demanda interpuesta por Irán contra Estados Unidos en el 2018 relativa al secuestro ilegal de sus activos bancarios en Estados Unidos: véase texto en francés y en inglés de la ordenanza de la CIJ del 25 de febrero del 2026 (por cierto muy pocamente difundida por los medios de prensa internacionales). Este secuestro de activos bancarios iraníes por parte de Estados Unidos en el año 2018 fue declarado ilegal por la CIJ, en el mes de marzo del 2023 (véase texto integral de la sentencia sobre el fondo, párrafo final operativo 236).

Si a nuestros estimables lectores les resulta sorprendente aprender que tres días antes de atacar a Irán con Israel, Estados Unidos había sido notificado por la CIJ con relación a activos que tiene la obligación de devolverle a Irán y la apertura formal de la etapa de compensación, este pequeño detalle con relación esta acción militar conjunta contra Irán – totalmente ilegal desde la perspectiva jurídica internacional, pero «saludada» por algunos Estados como Argentina y Paraguay en América Latina (Nota 2) – puede dar una idea de la importancia de la labor que realiza la justicia internacional de La Haya.

El pasado domingo 21 de junio iniciaron en Lucerna (Suiza) los primeros contactos entre los equipos negociadores de Estados Unidos y de Irán, en presencia de las máximas autoridades de Pakistán y de Catar (véase breve conferencia de prensa antes de iniciar en la que no faltaron unas preguntas al Vice Presidente de Estados Unidos sobre lo que está ocurriendo en el Líbano). Mientras que la delegación de Estados Unidos fue encabezada en Lucerna por el Vice Presidente norteamericano, la de Irán lo fue por el jefe de su diplomacia.

En el caso de la lejana Costa Rica desde donde escribimos, el pasado 8 de abril de manera sorpresiva, sus máximas autoridades declararon a varias entidades en Oriente Medio como «organizaciones terroristas«, siendo una de ellas la que dirige actualmente los destinos de Irán (véase comunicado oficial). Esta repentina declaración de Costa Rica ha llamado la atención en Oriente Medio, y sobre todo, confirma el verdadero «alineamiento» de Costa Rica con Israel al que refiere este artículo publicado en España el pasado 15 de mayo: este artículo anuncia un posible traslado de la embajada de Costa Rica en Israel Tel Aviv a Jerusalén.

De materializarse este traslado de la embajada de Costa Rica en Israel, se trataría de una nueva provocación para la comunidad musulmana, así como para la comunidad internacional en su conjunto (Nota 3), a la que parecieran estar plenamente dispuestas las nuevas autoridades electas costarricenses, cuyo inicio de funciones el pasado 8 de mayo registró un operativo policial ilegal contra dos estudiantes por cometer un delito inexistente: llevar una bandera palestina (Nota 4).

Este 23 de junio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas dio a conocer un nuevo informe sobre el genocidio en curso en Gaza por parte de Israel, con un comunicado de prensa (véase enlace) que se lee así:»Israel continues to commit genocide and other atrocity crimes by deliberately targeting Palestinian children«. En las conclusiones de este informe, cuya lectura completa se recomienda, se lee la siguiente (página 81):

«354. Israel has targeted Palestinian children in Gaza in two distinct ways: directly by shooting at their vital organs using precision weapons such as quadcopters and snipers; and through use of high impact weapons causing widespread and systematic attacks on residential buildings, schools, and displacement camps crowded with children. Israel is also legally responsible for failing to protect Palestinian children from being targeted by Israeli soldiers and settlers in the West Bank, including East Jerusalem, and for allowing, enabling and encouraging ongoing settler violence, which serves to entrench settlements, annex Palestinian land and force Palestinians off their land.

355. The killings continued even after the October 2025 ceasefire. After October 2025, children continued being killed and injured in various circumstances, including when approaching the so-called ‘yellow line’, indicating Israel’s flagrant disregard of the terms of the ceasefire. The Commission maintains that a ceasefire that allows Israeli security forces to open fire on children crossing an ill-defined boundary cannot credibly be seen as a cessation of hostilities. The vague markings, absence of clear warnings, and lack of safe corridors have turned the area into a death trap, particularly for children. Egregiously, the ‘ceasefire’ has effectively solidified Israel’s continuous occupation of Gaza, marked by restricted civilian movement and attacks resulting in casualties, including children.»

También se lee esta recomendación hecha a todos los Estados miembros de Naciones Unidas en su conjunto (p. 84):

«Employ all means reasonably available to them to prevent the commission of genocide, war crimes and crimes against humanity and to ensure full compliance with the Geneva Conventions in the Occupied Palestinian Territory«.

– – – Notas – –

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Irán / Israel: algunas reflexiones desde la perspectiva del derecho internacional público«, 28 de junio del 2025. Texto integral disponible en este enlace. En el 2025 se publicó por parte de una reconocida jurista gala un libro que explica por qué a Israel le interesa tanto mantener la confrontación militar en Oriente Medio: véase CHEMILLIER-GENDREAU M., Rendre impossible un Etat palestinien. L’ objectif d’Israël depuis sa création, Paris, Collection Petite Encyclopédie Critique, 2025. En este enlace, se puede leer en su integralidad el Capítulo 4, titulado «L’annexion et la colonisation de Jérusalem au mépris du droit des Palestiniens d’en faire leur capitale» (pp.130-153).

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «A 15 días del ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán: balance y perspectivas y un repaso a las reacciones oficiales registradas en América Latina«, sitio jurídico especializado de Ius360 (Perú), edición del 15 de marzo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 3: Con respecto a lo observado en diciembre del 2017 sobre el no reconocimiento de Jerusalén como capital por parte de la comunidad internacional, cabe recordar que al Estados Unidos ejercer su derecho a veto de manera solitaria en el Consejo de Seguridad (frente a catorce votos a favor), el mismo texto fue luego aprobado por una abrumadora mayoría en la Asamblea General de Naciones Unidas, Véase BOEGLIN N., «Análisis del contundente rechazo de la Asamblea General de Naciones Unidas al reconocimiento de Jerusalén como capital«, 23 de diciembre del 2017. Texto integral disponible en este enlace. Con relación a Costa Rica y al traslado de su embajada de Jerusalén a Tel Aviv, y en particular las innumerables resoluciones que Costa Rica violó mientras mantuvo su embajada en Jerusalén, véase el capítulo titulado “Del traslado de la Embajada en Israel al reconocimiento del Estado de Palestina”, en STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados: La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Editorial Universidad Nacional (UNA), 2013, pp. 29-75. El texto completo de esta obra escrita por el ex canciller de Costa Rica en el período (2006-2010) y publicada en el 2013, está disponible en este enlace.

Nota 4: Durante el reciente traspaso de mando en Costa Rica, el pasado 8 de mayo, dos estudiantes fueron apresadas y colocadas en celdas una noche por llevar con ellas banderas de Palestina (véase nota de prensa sobre su liberación): tal y como señalado por su abogado, no cometieron delito alguno conocido, ni opusieron resistencia alguna a las fuerzas de seguridad, contrariamente a lo afirmado por las autoridades policiales a la Fiscalía: véase enlace de Spotify a entrevista realizada en Interferencia el 14 de mayo del 2026 en la emisión titulada: «Hay banderas prohibidas en Costa Rica?«. La demanda interpuesta en este caso merece seguimiento al evidenciarse probables instrucciones superiores ilegales con respecto a la garantías que ofrece el ordenamiento jurídico costarricense en materia de libertad de expresión y de manifestación pacífica. Como tuvimos la oportunidad de analizarlo, llegó para este acto de traspaso el Presidente de Israel en persona, un hecho singular en la medida en que nunca se observó asistiendo en actos de traspasos recientes en América Latina. Esta entrevista de Democracy Now a uno de los mas renombrados expertos sobre el Holocausto realizada el 19 de mayo, detalla la deriva genocida y supremacista que Israel ha emprendido y que debiera interpelar a unos cuantos jerarcas en Costa Rica.

Tiempos de incertidumbre en el mundo: ¿qué significa esto para la gente de la Zona Sur o las zonas agrícolas?

Escrito en 24/06/2026. Publicado en Análisis.

José Rafael Quesada / pressenza

Durante décadas muchas personas creyeron que la llamada globalización traería estabilidad permanente, crecimiento económico continuo y una creciente integración entre los países. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos años nos muestran una realidad diferente. Vivimos una época caracterizada por la incertidumbre, el miedo, la fragmentación, la violencia y cambios acelerados que afectan tanto a las grandes potencias como a las pequeñas comunidades rurales en todo el mundo, y en Costa Rica también.

Hasta el concepto globalización se debió cuestionar por muchos por tratarse de una sola forma de relaciones entre personas y países, tanto que desde hace tiempo se habla de Mundialización y no de globalización -financiera- en todo caso.

Las guerras en Europa y Medio Oriente, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la competencia por minerales estratégicos, la transformación tecnológica impulsada por la inteligencia artificial y el cambio climático son expresiones de un nuevo escenario mundial. Lo que antes parecía distante hoy influye directamente en la vida cotidiana de millones de personas.

Para muchos habitantes de la Zona Sur de Costa Rica, que es una zona agrícola en crecimiento como muchas en el mundo y en América Latina por supuesto, la geopolítica puede parecer un concepto alejado en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, basta observar cómo las fluctuaciones internacionales afectan el precio de los combustibles, los fertilizantes, los alimentos y el transporte para comprender que los acontecimientos mundiales llegan rápidamente hasta las comunidades rurales.

Cuando aumenta el costo del petróleo, gasolinas y el diésel, aumenta el costo de movilizar productos agrícolas. Cuando se interrumpen cadenas de suministro internacionales, ciertos insumos se vuelven más escasos o más caros. Insumos de por sí encarecidos por los costos, las distancias y la economía usurera. Cuando los fenómenos climáticos como el del Niño, se intensifican, las cosechas, los caminos, los puentes y la infraestructura local sufre mayores impactos. Y esto complica la participación de los agricultores en el intercambio de productos y servicios.

La incertidumbre global no solo tiene efectos económicos. También tiene consecuencias humanas. En muchos países crece la ansiedad, el caos, la movilización en las calles, el miedo al futuro y la sensación de que los cambios ocurren demasiado rápido. Paradójicamente, vivimos en una época con más acceso a la información y a la tecnología que nunca antes, pero también con mayores niveles de preocupación social.

Desde una perspectiva humanista, el desafío central no es únicamente tecnológico o económico. La pregunta fundamental es qué ocurre con las personas sobre todo que viven las zonas agrícolas alejadas, en medio de transformaciones tan profundas. La tecnología puede ampliar nuestras capacidades, pero no sustituye la necesidad de construir sentido, fortalecer vínculos comunitarios y desarrollar proyectos colectivos.

La Zona Sur o región Brunca posee importantes fortalezas para enfrentar estos desafíos. Su tradición agrícola, la experiencia de las cooperativas, las asociaciones de desarrollo, las Asociaciones administradoras del agua y las múltiples formas de organización comunitaria constituyen una base sólida de resiliencia social. Allí donde existen redes de cooperación y solidaridad, las comunidades suelen responder mejor a las crisis y adaptarse con claridad y eficacia.

Esto de las inteligencias artificiales, ejemplo, puede convertirse en una herramienta valiosa para mejorar la agricultura, agregar el acceso a la educación, el cierre de la brecha digital, fortalecer la atención en salud y facilitar la comercialización de productos rurales. Y es que para que esto ocurra, la tecnología debe ponerse al servicio de las personas y no al revés. ¿De qué sirve tener empresas y tecnología si no sirve al ser humano?

Vivimos realmente tiempos difíciles y complejos. Nadie puede predecir ni jugar de mago para predecir con precisión cómo será el mundo dentro de veinte años. Lo que sí sabemos es que las comunidades rurales y urbanas que cultiven la solidaridad, la cooperación y la capacidad de adaptación tendrán mayores posibilidades de prosperar.

Y es aquí donde cabe proteger esa capacidad del ser humano que es la intencionalidad, todos los seres humanos de las ciudades y las ruralidades tenemos esa intención para mover la propia vida y para tomar decisiones entre condiciones que le afectan la libertad.

La incertidumbre de la gente en el ámbito mundial es real. Pero insistimos, también los son la creatividad y la innovación humanas, la organización comunitaria y la capacidad de construir los futuros imaginados.

En última instancia, la mejor respuesta que podemos colocar frente a la incertidumbre y el miedo sigue siendo actuar para fortalecer lo que nos hace verdaderamente humanos como son la cooperación, la esperanza, el compromiso con el bienestar común y la intención de Humanizar la Tierra, o sea humanizar todos los ámbitos que nos encontremos en la vida.

Crucitas: ¿Vamos a volver a ALCOA?

Escrito en 23/06/2026. Publicado en Análisis.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En un viaje que realicé al paradisiaco lugar de Bahía Ballena, un guía turístico nos contó la historia de don John, quien siendo joven trabajaba para la Aluminum Company of America (ALCOA) y al ver la devastación eco-ambiental que iba a producir la explotación de bauxita a cielo abierto, decidió contribuir con el movimiento social que luchaba contra la concesión que el gobierno había otorgado a la empresa ALCOA. Se convirtió en un informante que puso a disposición del movimiento información clave y estratégica para su lucha. Por supuesto, el joven John fue despedido de la empresa. Se quedó en el país, y nos contó el guía que luego construyó un pequeño hotel ecológico.

Posteriormente, logré contactarlo para pedirle autorización de publicar un pequeño relato sobre su participación en el movimiento social contra ALCOA, que incorporé en el libro “Entre gaviotas y delfines. Vivencias en la Costa rica” (BBB Producciones, 216). Felizmente, conté con su aprobación.

Como este joven el país ha contado con la generosidad de muchos extranjeros que han contribuido a promover y fortalecer el modelo costarricense de protección y conservación de su riqueza biodiversa. Somos un “país ecológicamente rico”, gracias a ese aporte solidario y a la sabiduría de quienes en este país no se conforman con las migajas que caen de la mesa de las grandes empresas mineras extranjeras. Y no han estado dispuestos a convertir la riqueza biodiversa de nuestras montañas en desiertos para extraer recursos mineros del subsuelo.

Volvimos el año pasado a Bahía Ballena, y nuevamente nos extasiamos admirando la belleza de esa formación natural que asemeja a una cola de ballena y, desde ahí, contemplamos el paisaje montañoso mientras unas lapas las sobrevolaban dibujando una estela multicolor ¿Qué sería de las ballenas jorobadas y de las lapas si se hubiesen devastado esas montañas y Bahía Ballena convertida en un puerto para la exportación de bauxita?

Nos hospedamos en un pequeño hotel perteneciente a una emprendedora familia de la zona. Pudimos percibir indicios de un modelo virtuoso de desarrollo turístico, donde las comunidades locales y sus habitantes, al igual que esta familia, se conviertan en los principales beneficiarios de la riqueza biodiversa de nuestro país.

Volver por los caminos de la explotación minera a cielo abierto de iniciativas como las de ALCOA es declararle la guerra a nuestra naturaleza y, con ella, a la vida misma. Nuestro país es líder mundial en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Hoy somos uno de los principales destinos turísticos precisamente por esa apuesta de conservación y defensa de la naturaleza. Reproducir el viejo modelo de ALCOA, que significaría devastar una zona biodiversa estratégica, reservorio de mantos acuíferos y hábitat natural de múltiples especies de flora y fauna, es un contrasentido y una involución en materia de desarrollo sostenible.

Estamos a tiempo de contener un proyecto que convertirá en desierto otra zona montañosa que debería ser sagrada para todos los costarricenses. Hemos probado que es más rentable social y ecológicamente conservar y proteger nuestros recursos naturales, que sacrificarlos por unos dólares más. Si somos verdaderamente patriotas, defendamos a la Costa Rica Verde de nuestras montañas y azul de nuestros ríos y mares. Ahí está nuestra principal riqueza, y no en el subsuelo. Seamos fieles a nuestra vocación conservacionista. Es la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos y nietos y a la humanidad entera.

Cuando la fe se convierte en negocio y la política en cruzada: el evangelio del miedo y sus mercaderes

Escrito en 23/06/2026. Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Reflexiones sobre falacias, poder religioso y la fabricación del enemigo en la política costarricense.

Un pastor, desde el púlpito de una iglesia y en medio de un culto dominical, afirma que un partido político no debería permitirse en Costa Rica porque quiere “sacar a Dios” y empobrecer al país. Minutos después advierte que una ley para prohibir las llamadas terapias de conversión busca arrebatarles a los padres sus hijos. No estamos ante una simple prédica. Estamos ante una operación política revestida de autoridad religiosa.

No es teología. Es tecnología política.

Y conviene decirlo así porque lo que aquí se activa no es únicamente una interpretación doctrinal, sino un dispositivo ideológico cuidadosamente estructurado: miedo, simplificación, enemigos y salvación. Una arquitectura discursiva que combina falacias lógicas, manipulación emocional y legitimación religiosa para intervenir en la esfera pública.

La primera operación argumentativa es una **falacia de falsa causa**. La estructura es sencilla: izquierda equivale a sacar a Dios, y sacar a Dios equivale a pobreza. El problema es evidente: no existe ninguna relación causal demostrada entre una propuesta política secular o progresista y el empobrecimiento de la población. La conexión es puramente ideológica. Pero la falacia aquí no es un error inocente: cumple una función política. Simplificar la realidad para fabricar enemigos.

A ello se suma una segunda operación: la **falacia del hombre de paja**. No se discuten programas económicos, políticas fiscales o propuestas sociales concretas. Se deforma al adversario hasta reducirlo a una caricatura: “quieren sacar a Dios”. Así, en lugar de debatir ideas, se combate un fantasma.

Y sobre esa caricatura se monta una tercera falacia: la **apelación indebida a la autoridad**. Cuando se afirma que determinada posición política “no coincide con la palabra de Dios”, se pretende convertir una interpretación religiosa particular en criterio de validez política. Pero en democracia, la legitimidad de una propuesta no depende de su adecuación a una lectura bíblica, y menos aún a la lectura bíblica de un pastor específico. De lo contrario, la política deja de ser deliberación pública y se convierte en teocracia.

Aquí la ironía es poderosa. Porque si se quiere invocar el Evangelio para condenar políticas redistributivas o preocupaciones por la desigualdad, convendría leerlo completo. Jesús jamás glorificó la riqueza ni presentó la prosperidad como signo de virtud.

“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 5:3).

Y Lucas lo dice sin metáforas:

“Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios” (Lucas 6:20).

Más aún:

“No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mateo 6:24).

Y todavía con mayor contundencia:

“Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios” (Mateo 19:24).

Todo esto desmonta otra falacia implícita: la **falsa dicotomía** según la cual solo existen dos opciones: Dios y prosperidad, o izquierda y pobreza. El Evangelio es mucho más incómodo que eso.

La comunidad cristiana primitiva, según el libro de Hechos, organizó su vida precisamente sobre principios de solidaridad radical:

“…ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía… y no había entre ellos ningún necesitado” (Hechos 4:32-34).

Si el criterio para condenar una política fuera la redistribución y la solidaridad, el libro de Hechos tendría serios problemas para pasar el filtro de estos nuevos guardianes de la ortodoxia.

Pero el problema no se detiene en la economía. Se extiende al terreno de los derechos humanos.

La segunda gran tesis del discurso sostiene que prohibir las llamadas terapias de conversión equivale a quitarles a los padres la patria potestad. Aquí la falacia central es la **pendiente resbaladiza**: se afirma que si el Estado prohíbe una práctica potencialmente dañina, entonces inevitablemente se apropiará de los hijos.

Pero una cosa no conduce necesariamente a la otra.

El Estado regula múltiples ámbitos de la vida familiar cuando está en juego la integridad de niños y adolescentes. Eso no elimina la patria potestad; la limita cuando puede producir daño.

Y aquí aparece otra falacia decisiva: la **apelación al miedo**.

“Quieren quedarse con tus hijos.”

Pocas frases movilizan tanta ansiedad como esa. Porque la niñez, en la política contemporánea, ha dejado de ser únicamente sujeto de protección para convertirse en símbolo de movilización moral. El niño se convierte en el dispositivo emocional perfecto: quien se presenta como su protector adquiere automáticamente superioridad moral.

Pero aquí hay una pregunta incómoda: ¿qué se está defendiendo realmente?

¿El bienestar de los niños? ¿O el derecho de algunos adultos a imponer culpa, vergüenza y represión sobre identidades que no comprenden?

Las llamadas terapias de conversión parten de una premisa falsa: que la orientación sexual o la identidad de género son errores que deben corregirse. No lo son. La homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad hace décadas. Persistir en esa lógica no es defensa de la familia. Es insistencia en una forma de violencia simbólica.

Y para sostener todo esto hace falta algo más: la fabricación del enemigo.

Primero la izquierda.

Luego las personas LGBTIQ+.

Luego las leyes de protección.

Luego cualquiera que cuestione el orden moral establecido.

Aquí opera otra falacia: la **asociación culpable**. Si apoyás derechos sexuales, querés destruir la familia. Si defendés políticas redistributivas, querés empobrecer al país. Si cuestionás la autoridad religiosa, querés destruir a Dios.

La lógica es delirante.

Pero políticamente eficaz.

Porque el enemigo no solo organiza el miedo. También organiza la identidad.

Y ahí entramos en el punto más delicado.

El discurso nace en el púlpito, pero no termina ahí. Se expande luego por canales, plataformas y redes, convirtiendo la prédica en circulación ideológica y el miedo en fidelización política. El púlpito produce legitimidad. El medio amplifica el mensaje. La suscripción monetiza la ansiedad.

El enemigo no solo moviliza: monetiza.

Y aquí conviene recordar uno de los episodios más simbólicos del Evangelio:

“Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo…” (Mateo 21:12).

Cristo expulsó a los mercaderes.

Hoy muchos de ellos aprendieron a hablar en su nombre.

Venden miedo.

Venden enemigos.

Venden cruzadas morales.

Y lo venden en nombre de Dios.

Pero Jesús fue severo con un tipo particular de personas: quienes usaban la religión para dominar.

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!” (Mateo 23:13).

No con pobres.

No con marginados.

No con distintos.

Con hipócritas religiosos.

Tal vez el problema no sea que existan partidos de izquierda, leyes de protección o debates sobre derechos humanos. Tal vez el problema sea otro: que demasiados púlpitos se han convertido en trincheras, que demasiados pastores se han vuelto operadores políticos y que demasiados mercaderes descubrieron que cuando el miedo se vende en nombre de Dios, siempre habrá compradores.

Y eso no es una crisis de fe; es la crisis de quienes han convertido la fe en mercancía, la política en cruzada y al prójimo en enemigo.

Porque las democracias no siempre mueren bajo las botas; a veces se entregan de rodillas a quienes les prometen orden, riqueza y salvación.

La confesión y el detector de mentiras como medios de prueba

Escrito en 23/06/2026. Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Alcanzar la verdad de lo ocurrido es la finalidad esencial del proceso penal. Esta tarea sin embargo es muy compleja y por ello tiene que ceñirse a estrictas reglas de actuación. No todo se puede demostrar, ni por cualquier medio.

Hace ya siglos se superó la confesión como “reina de las pruebas” en el proceso penal. Cuando un acusado confesaba, todos los intervinientes en el juicio, desde los jueces y verdugos, hasta las partes, quedaban satisfechos y aliviados por haberse alcanzado “la verdad”.

El razonamiento crítico de Beccaria en su célebre “Dei delitti et de le pene” buscó cuestionar este medio probatorio con una argumentación de naturaleza pragmática: la confesión, obtenida como era la regla, mediante la tortura, sólo servía para absolver al culpable fuerte, capaz de resistir el tormento, y por el contrario, significaba condenar al débil inocente, cuya fragilidad sellaba su destino sin remedio.

La enseñanza histórica es simple pero trascendental: la obtención de la verdad no puede convertirse en un fin en sí mismo, ni puede convertirse en una obsesión para calmar conciencias. Por mucho que haya avanzado la tecnología, no contamos aún, por ventura, con un instrumento que ingrese al alma humana y que pueda leer con certeza lo que un ser humano guarda en su conciencia. El día que eso ocurra seremos cualquier cosa, menos esta humanidad que somos.

Ahora que en este país vivimos de las ocurrencias e improvisaciones en materia penal, debemos revelar el parangón inevitable entre la tortura/confesión de antaño y los famosos detectores de mentiras de ahora.

En primer lugar, estos mecanismos ni de lejos determinan la certeza de nada. Ningún sistema penal serio los incorpora como prueba fiable. Pero además, su aplicación ignora un elemento esencial de la psicología delincuencial: la aplicación del detector puede hacer sudar y acelerar las palpitaciones del interrogado inocente, por una serie de factores distintos de su culpabilidad; en tanto el verdadero psicópata o sociópata criminal puede superar la prueba porque está tranquilamente convencidos de “su” verdad.

Ha trascendido la remoción o degradación de un grupo importante de jerarcas en la Fuerza Pública por no superar esta prueba. Es absurda, ilegítima y violatoria de derechos fundamentales la decisión. Esta obsesión por depurar y alcanzar verdades absolutas -sea en el derecho penal, el administrativo o laboral- es un síntoma de estado dictatorial y, de hecho, ajeno a nuestro orden constitucional.

El Enemigo a la Medida: Por qué el oficialismo prefiere atacar a la minoría

Escrito en 22/06/2026. Publicado en Análisis.

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

Por más que la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), la segunda fuerza del Congreso reciba sus dosis de ataques —especialmente su jefe de bancada, Álvaro Ramírez—, hay un fenómeno político que desafía la lógica matemática, pero obedece a una estricta estrategia de manipulación de masas: la fijación visceral del aparato oficialista y su red de troles contra Claudia Dobles, una fracción unipersonal, y contra el Frente Amplio (FA).

Con una mayoría simple de 31 diputados, la presidenta Laura Fernández tiene los votos para gobernar. El expresidente Rodrigo Chaves, en su momento, justificaba su estilo pendenciero alegando que la oposición le “bloqueaba” el país. Hoy, esa excusa ya no existe. Sin embargo, la estrategia de polarización se ha intensificado. ¿Por qué el gobierno de Fernández invierte tanto capital político y digital en destruir a quienes numéricamente no pueden detener su agenda?

El PAC y el FA como catalizadores de ira

La respuesta radica en la psicología de masas y la naturaleza del populismo neoconservador. Liberación Nacional es un adversario tradicional, un gigante pesado que comparte ciertos dogmas económicos con el oficialismo. Atacar al PLN genera un debate institucional. Atacar a Claudia Dobles y al Frente Amplio, en cambio, genera emociones viscerales.

Dobles representa para el oficialismo el fantasma del Partido Acción Ciudadana (PAC) —ahora bajo la Coalición Agenda Ciudadana— y de la “élite progresista”. El aparato oficialista explota esta imagen a su favor, a pesar de la enorme paradoja histórica: el mayor costo político del segundo gobierno PAC, bajo Carlos Alvarado, fue precisamente haber pactado con el sector económico más neoliberal del PUSC de cara a la segunda ronda del 2018. Aquella alianza pragmática provocó que el PAC terminara en un fuego cruzado, siendo señalado y repudiado simultáneamente por los liberales económicos, los sectores ultraconservadores y por el mismo progresismo de izquierda. Aún así, para la narrativa oficialista de hoy, resulta útil omitir esa realidad y revivir la figura del PAC como el enemigo total.

El FA, por su parte, encarna el antagonismo ideológico absoluto. La maquinaria oficialista, aceitada desde el caso de Piero Calandrelli y las redes de mercenarios digitales, sabe que su base no se enardece discutiendo sobre macroeconomía con Álvaro Ramírez; se enardece agitando el miedo al comunismo. Dobles y el FA son el muñeco de paja perfecto para mantener a la gradería encendida.

La campaña permanente como cortina de humo

Un gobierno con mayoría que prefiere pelear en lugar de proponer es un gobierno que intenta ocultar su incapacidad de gestión.

La administración Fernández, en un claro “enroque” del proyecto de Chaves, entiende que gobernar y resolver problemas estructurales conlleva un inmenso costo político. Al enfrascarse en disputas estériles y ataques personalizados a través de creadores de contenido a sueldo, el gobierno logra tres objetivos:

Evadir la rendición de cuentas: Mientras el país discute el último tuit incendiario de un trol oficialista contra Claudia Dobles o los gritos en el Plenario hacia José María Villalta, nadie fiscaliza la ejecución presupuestaria o la falta de obra pública.
Mantener la cohesión de su base: El populismo no sobrevive en la paz; requiere de un enemigo constante. Si el enemigo es numéricamente pequeño, pero altamente visible y articulado, la base siente que libra una batalla épica, aunque en la práctica el oficialismo tenga la aplanadora legislativa.
Desgastar al adversario: Provocar a la oposición busca que esta reaccione desde la ira, proyectando una imagen de desorden y fragmentación que termina por validar la narrativa de que “los políticos de siempre solo saben quejarse”.

¿A quién favorece la polarización de Costa Rica?

La destrucción del tejido social y la pérdida de confianza en las instituciones democráticas (la prensa, el Congreso, el Poder Judicial) no son daños colaterales; son el objetivo de esta estrategia. ¿Pero quién se beneficia en la sombra de un país dividido y un Estado distraído peleando en redes sociales?

El crimen organizado: Mientras el gobierno y el Congreso se paralizan en un teatro de confrontación ideológica, el narcotráfico avanza sin contrapesos reales. Un Estado que dedica sus recursos de inteligencia y comunicación a destruir a una diputada opositora es un Estado que deja las fronteras y los puertos a merced de los cárteles. La polarización es la mejor aliada de la narcocriminalidad.

El imperialismo MAGA y la Doctrina “Donroe”: En el plano geopolítico, esta estrategia no es un invento tico; es la importación directa del manual de la derecha neoconservadora (“alt-right”) global. La sintonía con la administración de Donald Trump y su renovada Doctrina Monroe 2.0 —la “Donroe”, como él mismo bromea— es innegable. Esta línea busca gobiernos satélites en América Latina que, bajo la fachada del nacionalismo, promuevan el libre mercado corporativo, anulen las agendas de derechos humanos y ambientales, y actúen como un bloque duro contra la influencia china. Deslegitimar voces como las de Dobles y el FA es un paso necesario para instaurar este conservadurismo autoritario sin resistencia.

El oficialismo no ataca a la minoría por debilidad, sino por cálculo. Entender esto es el primer paso para dejar de reaccionar a sus provocaciones y comenzar a desarmar su trampa.

“Terrorismo de Estado” y el desborde del lenguaje político en la vida pública

Escrito en 19/06/2026. Publicado en Análisis.

Pbro. Glenm Gómez Álvarez

En política, las palabras no solo describen la realidad: también la empujan, la tensan y, a veces, la deforman.

Donald Trump, por ejemplo, contribuye a normalizar un lenguaje en el que el adversario deja de ser simplemente un opositor y pasa a ser nombrado con etiquetas cargadas de juicio moral o de amenaza: “terroristas domésticos”, “agitadores”, “radical left”. Expresiones que no solo señalan desacuerdo, sino que desplazan la disputa hacia un terreno de sospecha permanente, donde el otro deja de ser un ciudadano con ideas distintas para convertirse en una figura peligrosa por definición.

Ese modo de nombrar no se queda en la política. Con frecuencia se filtra hacia otros ámbitos, incluso el religioso radical, sin suficiente distancia crítica. En algunos casos, ciertos discursos cristianos comienzan a reproducir esa lógica de etiquetas y enemistad, haciendo de las instituciones herejes ideológicos y olvidando que el núcleo del mensaje de Jesús no reduce al otro a una caricatura ni a un enemigo.

En Costa Rica, estas tensiones se han hecho visibles recientemente en el cruce entre política, sectores protestantes e instituciones públicas. A propósito de una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) vinculada a recursos de amparo electoral relacionados con el pastor Reinaldo Salazar y el partido Pueblo Soberano (PPSO), en el contexto de señalamientos sobre propaganda dirigida a electores evangélicos en la campaña de 2026, una “vocería” de las partes “afectadas” calificó la decisión como “terrorismo de Estado”.

La expresión, fuerte y cargada, muestra hasta qué punto el lenguaje político contemporáneo no solo disputa hechos, sino también el sentido mismo de lo que está ocurriendo. Y es ahí donde el debate deja de ser solo institucional y se vuelve más profundo: cuando las palabras se endurecen, también cambia la forma en que una sociedad se mira a sí misma.

Conviene precisar algo elemental: el terrorismo de Estado no es la recepción de una resolución adversa de un tribunal. Es la desaparición forzada, la persecución sistemática, el secuestro de personas por agentes del propio Estado, la tortura en centros clandestinos, el miedo convertido en método de gobierno. Es la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, preguntando durante años por sus hijos desaparecidos; es la violencia organizada desde el poder para borrar cuerpos y voces. Todo lo demás exige otros nombres.

Desde ahí, el uso de esa categoría en disputas institucionales actuales no solo desborda la proporción del lenguaje: también diluye el peso histórico de aquello que intenta nombrar. Y abre, además, una pregunta incómoda sobre la responsabilidad de la palabra pública cuando distintos actores compiten por influencia y legitimidad en el espacio político y religioso.

En este escenario, la proliferación de partidos evangélicos —muchos de ellos reciclajes sucesivos entre sí— y su articulación con distintas cúpulas de poder muestra un campo político fragmentado, donde la disputa por representación convive con estrategias de posicionamiento cada vez más móviles. En ese contexto, ciertos sectores cuentan con amplios márgenes de acción pública: pueden convocar conferencias de prensa, predicar libremente, acudir a los tribunales, participar en elecciones y cuestionar decisiones institucionales.

Disponer de esos espacios no equivale a vivir bajo “terrorismo de Estado”. Puede haber desacuerdo, incluso malestar legítimo frente a decisiones judiciales, pero otra cosa es la apropiación de categorías históricas que remiten a experiencias extremas de violencia estatal. No es casual que la Iglesia Católica, conocedora de esa historia, respetuosa de la Institucionalidad y de la densidad del lenguaje humano, no entre ni apoye lógicas de sobredimensión retórica ni de confrontación política directa, precisamente para no vaciar de sentido experiencias y palabras que cargan un peso histórico específico.

No es este un análisis jurídico —no es mi campo, y corresponderá a los que saben establecer sus propias valoraciones—, sino una reflexión de orden moral sobre el uso del lenguaje público. Porque no todo conflicto institucional justifica cualquier forma de nombrarlo, ni toda disputa política puede elevarse sin medida al plano de las grandes categorías históricas.

En el trasfondo de la tradición cristiana, la lealtad última no se ordena a los intereses circunstanciales del poder, sino a Dios mismo como criterio de discernimiento: “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5, 29).

Los diputados están obligados a tramitar para su aprobación, la lista de Magistrados Suplentes que les ha sido presentada por la Corte Suprema de Justicia.

Escrito en 19/06/2026. Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Los Poderes Públicos de Costa Rica son los llamados Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. En su conjunto también se reconocen como Poder Político del Estado costarricense, que es único e indivisible.

Como Poder único e indivisible, se manifiesta y se reconoce en esas funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial.

En la práctica histórica costarricense se integró, desde 1975, el Tribunal Supremo de Elecciones como parte de los Poderes del Estado, siendo así un cuarto Poder de la República, con su función propia, exclusiva e indelegable como la tienen los otros poderes del Estado.

El Estado de Derecho se entiende como el conjunto de las instituciones del Estado y de los ciudadanos sujetos a las mismas leyes, destacando que ninguna de las partes, ni los Poderes, ni las instituciones, ni los ciudadanos están por encima de las leyes. Así se ha desarrollado el Estado costarricense desde 1825 cuando se constituyeron, en la Constitución Política de ese año, esos Poderes Públicos, cada uno con funciones propias, exclusivas, indelegables e insubrogables.

Este Estado de Derecho descansa también en el principio de la igualdad ante la ley, que señala que todas las personas, independientemente de su origen, situación socioeconómica o posición política en que participa tenga iguales derechos, obligaciones y protecciones; en el principio de la separación de poderes para evitar, justamente, la concentración del poder en una de esas ramas o en quien las represente como autoridad superior de las mismas; en el principio de la limitación de poder político destacando que las autoridades de los Poderes Públicos solo pueden hacer lo que la ley explícitamente les permite realizar, y les obliga a acatar y realizar, protegiendo de esa manera a la ciudadanía de la arbitrariedad y el abuso que pueda surgir, o realizarse, por el no someterse a las disposiciones legales y constitucionales, y en el principio de protección de los derechos fundamentales para hacer respetar y garantizar los derechos ciudadanos, las libertades civiles, la propiedad privada y los derechos humanos.

En su conjunto este Estado de Derecho, y los principios en que se basa, producen la seguridad jurídica del funcionamiento del Estado y de la vida democrática ciudadana, por la cual los ciudadanos garantizan la certeza de sus actos y la prevención de las consecuencias legales de los mismos.

En la vieja doctrina política, que sigue inspirando la Ciencia Política y el Derecho, todo este esquema organizativo se conoce también como el Sistema de Pesos y Contrapesos, así concebido desde el siglo XVIII. Es un sistema de controles políticos y constitucionales.

La actualidad política ha alterado estas concepciones, especialmente con el desarrollo de los sistemas y prácticas antidemocráticos, que se impulsan, especialmente, desde el Poder Ejecutivo cuando se trata de controlar los otros poderes públicos, sometiéndolos a la voluntad del jerarca o grupo político dominante, violentando de esa manera las funciones propias, exclusivas e indelegables para atender de forma abusiva, de manera autoritaria, tiránica o dictatorial, lo que disponga el gobernante de turno.

En el curso histórico de la vida democrática costarricense no se conoce una agresión tan directa, constante, obcecada, como se ha hecho desde el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026, contra el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, y se continúa con el de la presidenta Laura Fernández, 2026-2630, contra el Poder Judicial, representado por la Corte Suprema de Justicia. En ambos casos sus ataques fueron y son contra sus integrantes, los diputados y los magistrados.

En el gobierno de Rodrigo Chaves Robles su agresión verbal fue brutal, descarnada, contra personas, contra los presidentes del Poder Legislativo, de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, sin ningún respeto personal ni institucional, exhibiendo en vallas publicitarias sus figuras, sus rostros, como si fueran delincuentes que se buscaban política o represivamente, o pintándolos como los símbolos que había que destruir, sacar y cambiar de esos poderes públicos, para copar, cooptar y dominar esos poderes públicos.

En el proceso electoral pasado se abordó y se elaboró la estrategia de copar y cooptar el Poder Legislativo con 40 diputados, alcanzando 31 de ellos, lo que le dio una importante mayoría al partido ganador, Pueblo Soberano, al presidente Chaves, que en cierta forma el resultado electoral le dio un voto de confianza a sus ataques sostenidos, y a la presidenta electa, que se identificaba totalmente con ese discurso. Incluso ella lo afirmó en su triunfo cuando dijo que ya tenían el Poder Legislativo y que iban por la Corte Suprema de Justicia, que había que cambiarla en sus integrantes, en sus magistrados.

Esa lucha por el control total de los Poderes Públicos, en la forma autoritaria que lo conciben, continúa. Está en marcha acelerada. Hay fanáticos seguidores de ellos que lo gritan constantemente en redes sociales y donde puedan. No se descansa en esa intención autoritaria, antidemocrática, irrespetuosa del Estado de Derecho y de la Independencia de Poderes Públicos.

Esa lucha se ha concentrado, en este momento, en la elección que se debe hacer de los Magistrados Suplentes de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, que deben hacer los diputados.

La lucha por el control políticamente autoritario de la Sala se manifiesta en rechazar la propuesta de Magistrados Suplentes que ha presentado la Corte Suprema de Justicia, sin posibilidad para los diputados de ofrecer candidatos porque el procedimiento de selección, constitucionalmente, está en la Corte Suprema de Justicia y no en la Asamblea Legislativa, cuya única opción obligada es votar la lista de los magistrados que le ofrece, muy selectivamente escrutados y estudiados, la Corte Suprema de Justicia.

Lo que los diputados no pueden hacer es imponer a la Corte una lista elaborada en la Asamblea Legislativa rechazando la de la Corte, identificando y proponiendo a esos candidatos por filiación o simpatía política. Si ese es el camino, la Corte no tiene por qué cambiar la lista porque eso sería arrear la Bandera de la Independencia del Poder Judicial y poner en entredicho la independencia de todos los Poderes del Estado, y poner de rodillas a la democracia nacional y su institucionalidad. Si ese rechazo se mantuviera, por los diputados oficiales, de gobierno, la Corte debe igualmente mantener su lista tantas veces como sea necesario en defensa de la Democracia y del estado de Derecho.

La Corte Suprema de Justicia para elaborar la lista de los Magistrados Suplentes realiza un concurso de antecedentes para quienes quieran aspirar a ser parte de esa lista de candidatos, que se presenta a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

La Corte realiza, de esa manera, una selección responsable de candidatos, exhaustiva en el análisis de sus atestados profesionales y de su práctica del Derecho.

La Corte cumple con la Asamblea Legislativa presentando una lista con personas altamente valoradas y capacitadas profesionalmente para desempeñarse como Magistrados Suplentes de la Sala Constitucional de la República, la instancia judicial de mayor importancia en la estructura organizativa del Poder Judicial y del ordenamiento jurídico institucional del país, tanto porque vela por la Constitución Política, como por la especificidad de las materias que atiende, recursos de amparo, de inconstitucionalidad, de libertad de tránsito, de protección de los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos costarricenses.

La Sala IV, como se conoce la Sala Constitucional, también conoce los conflictos de competencia que puedan surgir entre los poderes del Estado, órganos e instituciones del Estado costarricense y los que indique la ley. Se someten a su consulta también los convenios o tratados internacionales y proyectos de ley que así se disponga, para valorar su validez constitucional.

La lista de magistrados que se somete a la Asamblea Legislativa para su trámite de aprobación debe ser aprobada por dos terceras partes de los diputados, es decir por 38 diputados, de los 57 que la integran.

De acuerdo con el trámite legislativo para nombrar magistrados se necesitan 38 diputados. Para no permitir su reelección, se necesitan igualmente 38 diputados que voten en contra de la reelección. Así, si no se logran los 38 diputados en contra de su reelección, quedan reelectos, no separados, no nombrados, ni destituidos de esa forma.

De la lista de Magistrados Suplentes que presenta la Corte no se indica cuáles de ellos se desempeñan como Magistrados Suplentes. Si los hay, bien cabría la interpretación de que, no habiendo los 38 diputados en su contra, quedan reelectos en su condición de Magistrados Suplentes, los que estén en esa lista, en esa condición.

De esa manera se simplifica la lista y se concentra la atención en la lista de los que no han sido, ni son magistrados suplentes y tendrán que someterse a la votación de los 38 diputados a su favor.

Cuando se eligió la primera integración de la Sala IV, en 1989, se dispuso que la lista de los nominados debería votarse en las siguientes 10 sesiones a la publicación de la Ley de creación de la Sala IV.

El artículo 11 de la Constitución Política establece que los funcionarios públicos, entre ellos debe entenderse a los diputados, “están obligados a cumplir los deberes que las leyes les impone, y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella”. En este sentido están obligados a tramitar para su aprobación la lista de magistrados suplentes que les han sido presentadas a los diputados, y votarla como corresponde.

La elección de Magistrados, propietarios y suplentes, del Tribunal Supremo de Elecciones lo realiza la Corte Suprema de Justicia, de igual forma como lo deben hacer los diputados respecto a los Magistrados de la Corte, por dos terceras partes de sus integrantes.

Cuando hay elecciones, desde un año antes y hasta seis meses después, los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones se amplían con dos más nombrados por la Corte, por los mismos procedimientos de elección, sin que hubiera habido alguna vez cuestionamiento alguno sobre su integración.

Al contrario, cada vez más, especialmente en este siglo los Magistrados del Tribunal se escogen con mayor rigurosidad, y el propio Tribunal ha hecho esfuerzos de ir especializando a su personal en Derecho Electoral, para garantizar un mejor ejercicio del cargo.

Cuando la Corte elabora la lista de nominados a Magistrados Suplentes valora también esta especialidad jurídica, en los distintos campos o materias que deben nombrarse, como es el amplio campo de la constitucionalidad.

Los Magistrados del TSE pueden ser renovados y reelectos al momento de discutir por la Corte Suprema de Justicia su renovación o reelección.

El Art. 121 de la Constitución Política, dispone en su inciso 3) que corresponde a la Asamblea Legislativa “nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia”.

La disposición constitucional no le da derecho a los diputados de rechazar para proponer candidatos a Magistrados Suplentes, que es potestad de la Corte proponerlos para el trámite de su aprobación.

Cuando desde el Poder Ejecutivo, como pareciera está ocurriendo, se interviene directa o indirectamente para impedir que la Asamblea Legislativa realice su función propia de aprobar la nómina de candidatos a Magistrados Suplentes, propuesta por la Corte Suprema de Justicia, se produce una violación constitucional, porque se impide y se sabotea la libertad e independencia de uno de los Poderes Pública, el de la Asamblea Legislativa.

El Artículo 152 de la Constitución Política establece que “el Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley”. Por la misma Constitución el “Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley”, que le faculta para elaborar esa lista de candidatos a Magistrados Suplentes.

En su Artículo 158 la Constitución Política establece cómo se eligen los magistrados propietarios y suplentes. Así, se deben elegir libremente los Magistrados Suplentes entendiendo que se nombran. Lo que existe en el ambiente político, es el interés altamente perceptible, por el rechazo que hay de los 31 diputados, de que esa lista de candidatos a Magistrados Suplentes esté integrada por abogados políticamente afines, dependientes del Poder Ejecutivo y al Partido Pueblo Soberano, lo que no se puede hacer.

El deber de los diputados es darle el trámite constitucional de la votación a la lista de candidatos a Magistrados Suplentes, que ha propuesto la Corte Suprema de Justicia. ¿O se quiere crear un ambiente político de zozobra institucional, de ingobernabilidad, creada por el mismo Poder Ejecutivo, que motive a este Poder a impulsar una situación de fuerza, de quebranto de la institucionalidad, de imponer un Estado de Excepción o un Estado de sito? ¿Ese es el camino que se quiere seguir para suspender las garantías y derechos ciudadanos como ha venido anunciando la presidenta Laura Fernández, para restaurar la “normalidad” que ellos mismos han alterado y violentado?

La corrupción endémica y el sendero del narcotráfico para el control de América Latina – Cómo enfrentarlo con organización autónoma

Escrito en 19/06/2026. Publicado en Análisis.

Miguel Sobrado

Desde que surgió el narcotráfico en América Latina, como gran empresa de envergadura continental, se ha cambiado el eje de poder al interior de los países latinoamericanos y se han reconfigurado las relaciones externas, especialmente con los Estados Unidos.

El clientelismo y la corrupción endémica de los países latinoamericanos han sido los mecanismos que han sabido aprovechar los narcotraficantes gracias a su poder económico creciente para asumir los poderes locales, regionales, e incluso con influencia cada vez mayor en las instituciones nacionales. Han fluido sobre las redes de corrupción, potenciándolas y generando empleos entre los excluidos, primero para distribuirse los territorios y creando, posteriormente, clientelas de poder económico y político. En este proceso han venido desplazando y/o incorporando a las viejas estructuras de poder político tradicionales.

En el plano de las relaciones exteriores, nuevas redes del narcotráfico han sido incorporadas como instrumentos al servicio de los fines de las agencias de seguridad. Inicialmente se utilizaron, como en el caso de Irán-Contras, para financiar grupos levantados en armas contra gobiernos socialistas. Facilitaban la venta de drogas en los Estados Unidos para comprar armas y abastecer a los rebeldes. Posteriormente, para promover la producción de heroína en Afganistán. En las últimas décadas, la llamada lucha “contra el narcotráfico” ha servido para, una vez definidas las organizaciones de narcotraficantes como un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, intervenir militarmente en aguas internacionales bombardeando supuestas lanchas de traficantes, o atacando directamente sus refugios reales o supuestos en los estados latinoamericanos en los que se desea intervenir. De hecho, “la lucha contra el narcotráfico” no ha sido prioridad interna del presidente Trump, que indultó al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado dos veces por la justicia norteamericana a 45 años de prisión por facilitar el ingreso de toneladas de cocaína a los Estados Unidos.

Aquí viene la pregunta importante ¿Por qué América Latina no ha podido enfrentar el fenómeno en su patio? Hay dos razones: una, el clientelismo heredado desde la colonia y la arraigada inercia asistencialista en amplios sectores de la llamada izquierda democrática, donde campean la corrupción y el clientelismo, hechos que han terminado desmoralizando las bases populares, arrojándolas en manos del populismo de derecha. La segunda, muy asociada a la primera, es que la derecha ha aprovechado la indignación popular por la creciente violencia del narco y ha promovido soluciones de mano dura y cárceles bukelianas como solución.

Producto del desastre electoral que tuvo el clientelismo priista en México y posteriormente el peronismo en Argentina, la izquierda ha esbozado nuevos rumbos no del todo concretados. En el caso de México, en un contexto de relaciones de poder difíciles por la presencia del narco en muchos estados, bajo el liderazgo de la llamada cuarta transformación, que ha puesto énfasis en la integridad en la gestión pública y en liderazgos sólidos. Se han logrado avances de respaldo y participación popular importantes, aunque sin organización sólida de base que les garantice permanencia Un cambio de enfoque, es fundamental. Las soluciones estatistas son absolutamente insuficientes y ya han dejado suficiente testimonio de ello. Hacia el futuro inmediato, o se incorpora como aliado activo a la sociedad civil o pocas esperanzas tendremos de aminorar esta tragedia.

En Chile, aunque la izquierda tomó formalmente la presidencia con lemas liberales, no pudo mantenerla por falta de resultados frente a sus bases, y terminó asumiendo el gobierno la extrema derecha pinochetista. Colombia con Petro y Brasil con Lula han dado pasos importantes en las reformas populares, pero no han logrado organizar de forma activa las bases populares por sus reivindicaciones y ante los problemas de seguridad, mientras que la derecha se posiciona en la lucha con mano fuerte contra el narco.

Mientras tanto Cuba, ahogada por un asfixiante bloqueo criminal, no logra liberarse del rígido socialismo administrativo y aprender de Vietnam y China, lo que le permitiría incorporar a la sociedad civil como mitigante del bloqueo económico y fortalecer las bases políticas con los emprendedores campesinos y urbanos, bases que hoy pretende capitalizar Marco Rubio. No hay organizaciones populares capaces de enfrentar la ofensiva imperialista sin autonomía real, si se pretende que sean fajas de transmisión del partido. Este que fue incorporado por la izquierda tradicional y que creó el clima para la corrupción y el clientelismo históricos.

Dos grandes educadores y políticos brasileños, Clodomir Santos de Morais y Paulo Freire, crearon métodos de capacitación y educación que han dado frutos destacados en tres continentes por su masividad e impacto en la generación de empresas y organizaciones populares como se puede apreciar en www.prismalat.com y en youtube prismalatinoamerica, experiencias que incluso recibieron reconocimiento del presidente Lula en su primer gobierno. Se trata de métodos capaces de formar ciudadanos con organización autónoma para la producción y participación en asuntos comunales, que han sido menospreciados por los tecnócratas orientados por las modas, por temor a la autonomía y sin sentido de oportunidad política.

En este momento de amenaza sobre la soberanía e integridad del continente debe promoverse, además de una política unificada frente al imperio, criterios sobre cómo superar la inercia clientelista, puerta de ingreso del narcotráfico, y formar nuevas bases ciudadanas organizadas de forma real y autónoma, que han demostrado eficacia en terreno, para enfrentar la violencia interna con políticas integrales de educación y empleo que trasciendan la represión bruta y abran un horizonte de esperanza y capacidad de respuesta a los retos.

Le invitamos a ver y compartir:

Narco y Autonomía
https://www.youtube.com/watch?v=gHUiw7J6dos

Cómo el narcotráfico secuestró países enteros
https://www.youtube.com/watch?v=ARXM1CRRPmo

German Masis

Nicolas BoeglinProfesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCRContacto: nboeglin@gmail.com

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Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR
Contacto: nboeglin@gmail.com