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El tema de fondo: Las armas nucleares y su proliferación

Por Pablo Ruiz*

El tema de fondo no se debate: ¿Se deben tener armas nucleares? Hay nueve potencias nucleares. En el actual panorama, Francia aumentará su arsenal nuclear; el gobierno de Finlandia va a introducir una enmienda para poder tenerlas; y Alemania ya tiene las capacidades para fabricarlas cuando así lo quiera.

Mientras el mundo sigue por los medios de prensa la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán y, una y otra vez, se esgrime que se quiere frenar el Programa Nuclear que podría estar desarrollando Irán se sigue dejando fuera del debate por estos gobiernos, la prensa, y la comunidad internacional, el tema de fondo y, la paradoja, que tanto EEUU e Israel sí tienen armas nucleares las que también se denominan armas de destrucción masiva. También China, Rusia, Pakistán, Francia, Reino Unido, India y Corea del Norte son parte del selecto grupo de potencias nucleares.

Así mismo, en noviembre pasado, en el Portal de Noticias de las Naciones Unidas, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, señaló algo preocupante, sin dar más detalles, “advirtió… que el mundo podría pasar de 9 a “»25 ó 30″ países con armamento nuclear si se debilita el régimen internacional de no proliferación, al que calificó como un pilar esencial de «confianza y previsibilidad» en un escenario global fragmentado”. Sin embargo, Grossi no dijo a qué países se refería, «25 ó 30», que podrían disponer de armamento nuclear en un futuro.

El diario español El País señaló, en enero pasado, que el gobierno ruso acusó a Francia y Reino Unido de querer enviar armas nucleares a Ucrania; el presidente Zelensky lo negó. Sin embargo, en 2022 el tema de tener armas nucleares estuvo en la conversación como lo consignó el mismo diario español en el artículo “Ucrania presiona a sus aliados occidentales al abrir el debate sobre recuperar la bomba atómica”.

Por otro lado, el presidente francés, Emmanuel Macron, en este escenario complejo, y frente a las prioridades manifiestas que tienen los EEUU, sostuvo que Europa debe tomar el control “cada vez más directo de su propia seguridad”; señalando que “el orden basado en reglas está en ruinas” y que «para ser libre hay que ser temido y para ser temido hay que ser poderoso». En ese contexto, ordenó el aumento del arsenal nuclear francés.

El mismo panorama complejo, en América Latina, es compartido por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo que en el actual escenario “pensamos en Defensa como disuasión porque, si no nos preparamos para defendernos, cualquier día alguien nos invade” y que “no necesitamos comprar de los ‘Señores de las Armas’. Necesitamos producir. Necesitamos hacerlo nosotros porque nadie nos ayudará”; aunque, reiteró que el continente debe seguir siendo una zona de paz.

En Finlandia el tema de las armas nucleares también está en el debate y el gobierno quiere introducir enmiendas para poder tenerlas. El ministro de Defensa, Antti Häkkänen, argumenta que el entorno de seguridad de Finlandia y Europa han cambiado de forma significativa desde el inicio de la guerra en Ucrania. “La propuesta del gobierno modificaría esta situación, permitiendo “introducir, transportar, entregar o poseer un arma nuclear en Finlandia, siempre que esté relacionada con la defensa militar del país”, declaró Häkkänen en una nota de BBC.

En Alemania el tema de tener sus propias armas nucleares también se ha estado analizando en los últimos años.

En el artículo “Germany’s new old nuclear dilemma”, de Marina Henke, profesora de Relaciones Internacionales en la Hertie School, la académica afirma que “Alemania se enfrenta a nuevas dificultades a la hora de gestionar su dependencia del paraguas nuclear estadounidense. El Zeitenwende alemán ha suscitado debates sobre posibles alternativas, incluidos acuerdos de uso compartido de armas nucleares con el Reino Unido y Francia. Al mismo tiempo, Alemania está realizando importantes inversiones en capacidades de ataque en profundidad y de defensa antimisiles”.

En una publicación de INFOBAE sobre armas nucleares en Europa se cita al general de brigada de Alemania, Frank Pieper, quien sostuvo que “Alemania necesita armas nucleares propias”. El general insiste en que estas deben ser “principalmente tácticas y móviles, capaces de hacer frente a la amenaza final procedente de Rusia”. Considera que la actitud de EEUU con Ucrania y Venezuela demuestra que “Alemania y Europa no pueden fundamentar su existencia en el paraguas nuclear estadounidense””.

Lo cierto, y esto basado en un Informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), es que Alemania sí dispone de las capacidades técnicas para fabricar sus propias armas nucleares.

El informe señala que “Alemania cuenta con capacidades en la mayoría de los ámbitos científicos, técnicos y de fabricación a un nivel tan amplio que le permitiría desarrollar un programa viable de armas nucleares, si decidiera hacerlo” y que “las actividades científicas, técnicas y de fabricación en curso en Alemania implican inevitablemente tecnologías de doble o múltiple uso que son relevantes para la armamentización nuclear”. El informe, se basa en “fuentes abiertas recopiladas” e indica que (supuestamente) “no hay indicadores actuales de actividades de proliferación dentro del Estado o a través de colaboraciones con otros Estados”.

Marina Henke en su artículo, citado anteriormente, confirma estas afirmaciones: “En lo que respecta a la latencia nuclear, Alemania sigue teniendo la capacidad técnica para desarrollar un arma nuclear si así lo desea” y que “por el momento, podría decirse que Alemania aún podría construir un pequeño arsenal nuclear, si realmente quisiera”, señala.

También recuerda en su artículo que “alrededor del 64 % de los alemanes se opone a la construcción de una bomba atómica alemana, mientras que sólo el 31 % está a favor y el 5 % no se pronuncia al respecto”.

Si bien es cierto que el canciller alemán, Friedrich Merz, públicamente ha rechazado la idea de un programa alemán de armas nucleares y ha mencionado su compromiso con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, lo cierto es que tienen las capacidades para hacer lo contrario. Cabe preguntarse: ¿Es casualidad que tenga estas capacidades para justamente construir armas nucleares o las ha construido en silencio? ¿Por qué el OIEA no exige que se desmantelen estas capacidades como si se lo exige a la República Islámica de Irán?

En fin, el tema de fondo es que ningún país debería tener ni desarrollar armas nucleares. En ese sentido en la última década diversos países han hecho sentir su voz y han firmado el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares (TPAN) el que entró en vigor el 22 de enero de 2021.

De acuerdo a la Alianza por el Desarme Nuclear, 95 países lo han firmado y 74 son Estados parte de este Tratado.

“Este acuerdo supone la prohibición del uso, desarrollo, producción, ensayo, amenaza y almacenaje de armas nucleares y obliga a los países que lo han ratificado hasta el momento a no ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a nadie a realizar cualquier actividad prohibida por el Tratado”, señala la Cruz Roja.

El debate no debería ser si tener o no armas nucleares, el debate es que es hora que todas las naciones de la tierra se sumen a la prohibición definitiva de las armas de destrucción masiva.

* Pablo Ruiz es egresado de periodismo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano e integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile (organización afiliada a World BEYOND War y a la International Peace Bureau). Es editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

Fuentes:

https://news.un.org/es/story/2025/11/1540686

https://elpais.com/internacional/2026-02-24/el-kremlin-recupera-las-amenazas-nucleares-en-el-cuarto-aniversario-de-la-guerra-de-ucrania.html

https://elpais.com/internacional/2024-11-16/ucrania-presiona-a-sus-aliados-occidentales-al-abrir-el-debate-sobre-recuperar-la-bomba-atomica.html

https://www.france24.com/es/europa/20260302-macron-ordena-el-aumento-del-numero-de-cabezas-nucleares-del-arsenal-frances

https://www.infobae.com/espana/2026/01/14/el-debate-de-las-armas-nucleares-se-extiende-en-europa-la-necesidad-de-alemania-o-el-papel-clave-de-suecia-en-el-norte/

https://www.pagina12.com.ar/2026/03/10/lula-advierte-que-el-pais-que-no-se-prepare-puede-ser-invadido/

https://www.bbc.com/news/articles/c14m5llnrlpo

https://engelsbergideas.com/essays/germanys-new-old-nuclear-dilemma/

https://bit.ly/report_alemania

https://www.dw.com/es/merz-rechaza-la-idea-de-que-alemania-posea-armas-nucleares/a-76018455

https://desarmenuclear.org/el-tpan/

https://www2.cruzroja.es/web/ahora/-/entra-en-vigor-el-tratado-sobre-la-prohibicion-de-armas-nucleares

Foto: ICAN/Tim Wright

A contracorriente

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

El último fin de semana de marzo, cientos de miles de personas salieron a protestar en las principales ciudades de Estados Unidos y Europa.

En algo que parece ya habitual, el objeto de las protestas no puede ser otro que el impresentable presidente de Estados Unidos Donald Trump y sus políticas racistas, fascistas, terroristas, antihumanas.

La protesta es la tercera que se organiza en el marco de unas jornadas denominadas “no kings”, destinadas a desconocer el poder real y simbólico que Trump y sus aliados han instalado en un año que, si bien solo lleva tres meses, ya cuenta para el olvido.

Los casi nueve millones de personas que salieron a las calles de Estados Unidos a consignar su descontento y enojo, son la muestra de un motor civil y popular que poco a poco está perdiendo el miedo y se empodera de la única forma que puede un ser humano empoderarse en estos tiempos: convirtiéndose en un sujeto colectivo, político, fuerte, visible, claro.

El hartazgo a la arrogancia del mal habido presidente estadounidense es quizá la motivación de fondo para hacer salir de su confort a millones de personas.

Aquí es cuando uno se pregunta por qué si en otros contextos el hastío y el enojo son materia prima diaria, no se logró mostrar hasta ahora de forma visible y hasta contundente.

Las últimas semanas algunas acciones han sumado a la perplejidad con que hemos estado observando la performance presidencial en Costa Rica: la saliente y la entrante, que para los efectos son la misma cosa.

La urgencia con la que el gobierno costarricense aceptó el acuerdo migratorio que permite a Estados Unidos enviar 25 personas (si, personas) deportadas a territorio costarricense, solo se condice con lo que el internacionalista Carlos Murillo alerta: la relación Costa Rica-Estados Unidos no es una relación de Estado, sino que se enmarca en una cercanía personal, lo cual vuelve más peligroso, riesgoso y subordinado el rol costarricense en el concierto internacional.

Si esto no es ir contra corriente, observando las multitudinarias marchas del fin de semana, entonces vivimos en realidades paralelas.

Por último y no menos delirante, es la promesa de la presidenta electa Laura Fernández en utilizar el modelo de Bukele para “mediar” la inseguridad ciudadana. El terror ciertamente no es que sea una promesa, sino que, dado el alto apoyo a su enfoque populista, se termine instalando en el país un régimen que, al menos en El Salvador, ha cobrado cientos de vidas inocentes. Diversos informes de periodismo independiente y organismos de derechos humanos han dado cuenta de las atrocidades de este régimen de excepción.

¿Si esto no es ir contra corriente, en qué mundo dominado por la matrix estoy viviendo?

Costa Rica en fragmentos: territorio, emociones y la ruptura de lo común

Abelardo Morales Gamboa (*)

La crisis de Costa Rica no es solo institucional: es una ruptura en la forma en que distintos territorios viven, sienten y entienden lo que significa pertenecer al país. No estamos frente a un simple desgaste del sistema político, sino ante una transformación más profunda: el país ya no se experimenta de la misma manera en todos sus territorios.

La crisis de la hegemonía ha reconfigurado el mapa electoral, pero también ha alterado los marcos de sentido, las emociones políticas y las formas de subjetividad desde las cuales los ciudadanos se reconocen —o dejan de reconocerse— como parte de un territorio común.

Durante décadas funcionó un modo relativamente estable de integración social y política. Ese modelo descansaba en un Estado con capacidad de intervención, una economía con cierto anclaje interno, el papel de las clases medias y una institucionalidad que generaba horizontes compartidos. En ese entramado, la Iglesia católica jugó un papel clave como mediadora moral y territorial.

Ese equilibrio comenzó a erosionarse desde inicios de siglo y hoy el país aparece cada vez más fragmentado en territorios con trayectorias diferenciadas: algunos integrados a dinámicas económicas más dinámicas, otros marcados por el rezago, la precariedad y la incertidumbre.

Pero no se trata solo de desigualdades materiales. Se está configurando una territorialidad diferenciada del vínculo con el Estado. Hay territorios donde la institucionalidad mantiene cierta capacidad de respuesta y otros donde su presencia es débil, intermitente o percibida como ausente. En estos últimos, la vida cotidiana se organiza cada vez más a partir de arreglos informales, redes locales y formas no institucionalizadas de regulación.

Es ahí donde aparece un fenómeno clave: la fragilidad territorial no solo produce carencias, produce también subjetividades. Genera experiencias de abandono, incertidumbre y desprotección, pero también de búsqueda de reconocimiento y pertenencia.

No es lo mismo vivir en un territorio donde el Estado funciona que en uno donde las instituciones no aparecen. Esa diferencia no solo se mide en indicadores sociales: se vive como emoción política. Y esas emociones —rabia, frustración, miedo, pero también esperanza— terminan organizando la relación con la política.

Por eso, reducir los cambios electorales a dimensiones socioeconómicas resulta limitado. No se trata simplemente de que “los territorios más pobres votan de cierta manera”, sino de que territorios atravesados por determinadas economías emocionales tienden a producir alineamientos políticos particulares.

El ciclo electoral desde 2006 muestra la consolidación de ese proceso. La elección cerrada de ese año entre Óscar Arias y Ottón Solís evidenció una fisura del consenso político tradicional que se fue ampliando en los años siguientes. En el período más reciente emerge con mayor claridad una territorialización del malestar: el voto se organiza cada vez más a partir de experiencias localizadas de exclusión, abandono o inseguridad.

En ese contexto, cobran fuerza discursos que apelan a la confrontación entre “el pueblo” y “las élites”. Más que clasificarlos rápidamente como populistas, conviene preguntarse por qué encuentran eco en ciertos territorios y no en otros. La respuesta está en las condiciones sociales, institucionales y emocionales que hacen posible esa resonancia.

Aquí aparece otro elemento clave: la reconfiguración del campo religioso.

Si en el pasado la Iglesia católica operó como infraestructura de integración social y mediación política, hoy asistimos a una diversificación del campo religioso, marcada por la expansión de iglesias evangélicas que participan en las reconfiguraciones territoriales. Estas iglesias no son solo espacios de culto: son redes de apoyo, espacios de sociabilidad y marcos de regulación moral.

En territorios donde la presencia del Estado se ha debilitado, estas redes cumplen funciones que van más allá de lo religioso: ofrecen ayuda material, acompañamiento y sentido de pertenencia en contextos de incertidumbre. Su capilaridad territorial les permite insertarse donde otras instituciones no llegan.

Esto tiene implicaciones profundas. La fragmentación del campo religioso no solo refleja la fragmentación social; contribuye a ella, al producir órdenes morales y subjetividades diferenciadas territorialmente. En algunos casos, estas redes se articulan con actores políticos locales y liderazgos comunitarios, configurando formas de gobernanza híbrida.

Lo que está en juego no es solo una crisis del sistema político, sino una transformación más amplia de los pactos que sostienen la vida social. Se debilitan los marcos jurídicos, se erosionan los sistemas de protección social y se reconfiguran las identidades territoriales en torno a la incertidumbre.

En ese contexto, la política deja de ser únicamente un espacio de representación institucional y se convierte en un terreno donde se disputan emociones, sentidos y pertenencias.

El desafío no es simplemente recomponer el sistema político, sino reconstruir un horizonte común en una sociedad fragmentada.

Si la crisis es territorial, emocional y normativa, su salida no puede ser exclusivamente institucional. Requiere al menos tres desplazamientos urgentes.

Primero, reconstruir la presencia efectiva del Estado en los territorios, no solo como proveedor de servicios, sino como garante de derechos. No hay cohesión donde el Estado es vivido como ausencia.

Segundo, reconocer y atender las economías emocionales del malestar. Sin comprender las experiencias de abandono e incertidumbre, cualquier proyecto político seguirá hablando un lenguaje sin interlocutores.

Y tercero, reabrir espacios de mediación social y construcción de sentido colectivo, en un contexto donde iglesias, redes comunitarias y liderazgos locales están ocupando el vacío dejado por instituciones debilitadas.

No se trata de restaurar el pasado, sino de imaginar un nuevo pacto social capaz de articular territorios distintos y subjetividades fragmentadas en un proyecto común. Porque un país no se rompe únicamente cuando fallan sus instituciones, sino cuando deja de existir una experiencia compartida de pertenencia. Y hoy, quizás ese sea el desafío más urgente: volver a hacer posible que Costa Rica sea vivida —no solo nombrada— como un mismo país.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

La derrota civil de Giorgia Meloni

Walter Antillón

Si queréis ir en peregrinación al lugar donde nació vuestra Constitución, id a las montañas donde cayeron los partisanos, a las cárceles donde fueron presos, a los campos donde les ahorcaron. Allí donde murió un italiano para recuperar la libertad y la dignidad, id, oh jóvenes, con el pensamiento, porque allí nació nuestra Constitución.
Piero Calamandrei

I.– Los días 22 y 23 de marzo de 2026, con el apoyo manifiesto de la primera ministra Giorgia Meloni, se celebró en Italia un referéndum para que el pueblo avalara una reforma de la Constitución aprobada por el Parlamento en materia judicial. Los principales cambios eran:

  1. La división del Consejo Superior de la Magistratura en dos órganos distintos: uno para jueces y el otro para fiscales;
  2. La reducción del peso de los fiscales y los jueces en el Consejo;
  3. ​La introducción del sorteo para la designación de los miembros del Consejo;
  4. La creación de un tribunal disciplinario, separado del Consejo Superior de la Magistratura.

Por debajo de sus argumentos técnicos, la reforma de Meloni buscaba destruir el sistema organizacional implantado con el Consejo Superior de la Magistratura en la Constitución del 48, al cual deben su independencia y su dignidad los jueces y los fiscales italianos.

Pero más del 53 % de los votantes dijo: NO. La mayoría del pueblo dio un voto de confianza a sus fiscales, a sus jueces y a su Consejo Superior; y tenía fundadas razones para ello, como veremos: el tema tiene su historia.

II.– De conformidad con el principio básico del régimen fascista de Mussolini: “Todo en el Estado, nada contra el Estado», durante los 23 años de la existencia de dicho régimen (1922-1945) la independencia deja de ser una condición inherente a las funciones jurisdiccionales. El resultado fue un cuerpo de jueces y fiscales sumiso ante las decisiones, las orientaciones e incluso los caprichos del Duce. Desaparece de Italia toda garantía de tutela de los derechos de las personas y el autoritarismo toma el lugar de la ley, ante la mirada pasiva de cortes y tribunales. Irónicamente, durante ese período los más connotados juristas redactan espléndidos códigos, pero están conscientes de que, en última instancia, mientras el Dictador conserve su poder, no prevalecerán los principios ni las normas de esos Códigos ni del Estatuto Albertino, sino la pulsión autoritaria de aquél.

III.– La Segunda Guerra Mundial culmina en 1945 con la derrota del Fascismo italiano y alemán, por obra de las tropas aliadas ayudadas por los movimientos partisanos representantes de los intereses populares, sobre todo de Italia y Francia. En ambos países se forma Gobiernos de Coalición con un fuerte componente popular, y se convoca a la integración de asambleas constituyentes para implantar las bases republicanas, democráticas y de justicia social del nuevo Estado.

En el proceso constituyente italiano, con más de 500 diputados, intervienen ilustres juristas como Lellio Basso, Costantino Mortati, Tomasso Perassi y Piero Calamandrei, junto con políticos como Aldo Moro, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini, Pietro Nenni y el gran filósofo Benedetto Croce, entre muchos otros; y el resultado fue una constitución innovadora y progresista, con valiosos hallazgos normativos que luego la Corte Constitucional ha desarrollado fructíferamente.

Entre las grandes innovaciones que se introduce en el texto constitucional están, precisamente, la creación de la Corte Constitucional y la de un nuevo órgano: el Consejo Superior de la Magistratura. Este último, en particular, responde a la preocupación que muchos sentían con respecto al Poder Judicial a partir de la terrible experiencia de la pseudo-justicia fascista sufrida hasta hacía pocos años. ¿Cómo evitar que vuelva a ocurrir algo semejante? ¿Cómo propiciar la actuación de jueces y fiscales cultos, honestos, independientes e imparciales, defensores de la Constitución y los Derechos Humanos? Era necesario ser originales: pensar en un ente de rango supremo, al mismo nivel del Parlamento, conjurando a la vez los peligros del corporativismo y la jerarquización.

La instalación y el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura marca un antes y un después en la historia de Italia: el órgano se funda en el principio de la absoluta paridad (sólo se diferencian en las funciones que desempeñan), y a él están sometidos, con igual tratamiento, desde el primer presidente de la Corte de Casación hasta el más modesto agente fiscal. El CSM está integrado mayoritariamente por jueces y fiscales electos por sus colegas de todo el país, en votación directa y secreta, aunque cuenta también con miembros que son académicos y abogados litigantes.

Al ocuparse eficazmente de una rigurosa formación de los aspirantes promocionados, proporcionándoles garantías de continuidad, seguridad y decoro, un salario adecuado, etc., el CSM produjo una nueva calidad de jueces y fiscales que muy pronto se hizo notar, exaltando la Constitución y actuando sin temor y con firmeza frente a los grandes poderes jurídicos y fácticos; y los resultados son historia.

IV.– Resultados del sistema: a) Unos 20 jueces y fiscales, entre ellos los fiscales Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, fueron asesinados entre 1984 y 1992, como respuesta de la Mafia por sus acusaciones y procesos. El fiscal Giovanni Falcone coordinó las acusaciones que culminaron con la condena de más de 500 mafiosos.

V.– Resultados del sistema: b) Bajo los procesos de la operación «Manos Limpias” (mani pulite) iniciada en 1992 por parte de los fiscales y jueces Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo, Gherardo Colombo, Pierluigi Zanchetta, Francesco Saverio Borrelli, Giuliano Turone, Edmondo Bruti Liberati y muchos otros, contra la corrupción gubernamental y empresarial que agobiaba a Italia, se efectuó más de 5 mil indagatorias (entre ellas a cuatro ex primeros ministros, decenas de ministros y 200 parlamentarios), y se saldó con 1300 condenas judiciales contra ministros, directores de empresas públicas, diputados, industriales, banqueros, navieros, militares, etc.

VI.– Resultados del sistema: c) durante 30 años los jueces y fiscales italianos promovieron y tramitaron 86 procesos judiciales contra el multimillonario Silvio Berlusconi, dueño de un imperio mediático, comercial e industrial en Italia y Europa: senador y primer ministro de Italia en varios períodos, con amplias mayorías en el Senado y la Cámara de Diputados. A pesar de su inmenso poder político y económico, Berlusconi fue condenado muchas veces por los jueces italianos por fraude fiscal, tratos con la Mafia, soborno de funcionarios, corrupción de menores, etc., pero fue absuelto en múltiples ocasiones por prescripción del delito, y otras tantas fue indultado; aunque finalmente tuvo que cumplir pena de prisión y de trabajo social por el delito de fraude fiscal, y perdió su credencial de Senador. Durante años Berlusconi usó toda su influencia y poder en tratar de reformar y someter el sistema de la Justicia de su país, pero no lo consiguió. La muerte en 2023 lo libró de los últimos procesos.

VII.– La ultraderechista Giorgia Meloni proviene del fascista Movimiento Social Italiano (MSI) fundado por Giorgio Amirante, un acólito de Mussolini. Su alianza con la Liga Lombarda de Salvini y con Forza Italia, de Berlusconi (ambos igualmente pro-fascistas) le dio el triunfo en las urnas en 2022. Todas las tres tendencias mencionadas son hostiles a la Constitución de 1948 y, naturalmente, a la existencia del Consejo Superior de la Magistratura, al que responsabilizan de la beligerancia fiscal y judicial que, en su momento, desarticuló la Mafia Siciliana, barrió con Tangentopoli (el país de los sobornos) y durante 30 años, sin otra fortaleza que la Constitución y las leyes, persiguió judicialmente al poderoso multi-reincidente Silvio Berlusconi.

Meloni quiere despejar de obstáculos el camino de su proyecto presidencialista, y a la vez asegurarse de que no se repita, con ella y sus aliados, la saga judicial berlusconiana. Ello explica su empeño de descuartizar el Consejo Superior de la Magistratura: empeño plasmado materialmente en la relativa reforma constitucional aprobada por el Parlamento, y en la sucesiva campaña oficial para obtener un referéndum aprobatorio.

Pero el pueblo italiano rechazó sus pretensiones; y al hacerlo escribió una página gloriosa de reconocimiento y elogio para sus jueces y sus fiscales.

Costa Rica y Estados Unidos: algunos apuntes con relación al nuevo «acuerdo migratorio» sobre deportaciones anunciado

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El pasado 24 de marzo, se anunció la firma de una nuevo convenio migratorio entre Estados Unidos y Costa Rica para acoger en Costa Rica a unas 25 personas semanalmente, deportadas por los servicios migratorios de Estados Unidos (véase nota del Semanario Universidad y esta nota de CNN). 

En esta nota del New York Times sobre el mismo tema, se puede apreciar una fotografía que debería de interesar a los especialistas en materia de lenguaje corporal de un Jefe de Estado. 

Este 27 de marzo, un editorial de La Nación refirió a la total opacidad con respecto a lo suscrito con la alta representante de Estados Unidos de paso en la capital costarricense en estos últimos días del mes de marzo del 2026 (véase editorial). A pocas horas de editado el texto en La Nación, se hizo público el texto integral, reproducido al final de esta nota del Semanario Universidad (texto en inglés).

Costa Rica: alineación con Estados Unidos y El Salvador

Como bien se sabe, las actuales autoridades costarricenses se han mostrado muy cercanas a Estados Unidos en los últimos años, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante, el 20 de enero del 2025. En febrero del 2025, aceptaron recibir un primer vuelo con unas 200 personas deportadas desde Estados Unidos (véase nota del Semanario Universidad). 

Además de este acuerdo migratorio sobre deportaciones semanales anunciado este 24 de marzo, hay que recordar que el 7 de marzo, Costa Rica anunció desde Miami integrar una «coalición militar» liderada por Estados Unidos, iniciativa que examina el juez constitucional desde unas pocas semanas (véase nota del medio digital Delfino.cr). 

En otro ámbito, el pasado 20 de marzo, Estados Unidos entregó a Costa Rica personas fallecidas y otras heridas a raíz de una intercepción cuyos detalles se desconocen de una lancha sospechosa de transportar droga en el Océano Pacífico (véase nota de CRHoy del 20 de marzo): se ignora si las modalidades plasmadas en el acuerdo de patrullaje conjunto de 1999 en el Océanos Pacífico entre Estados Unidos y Costa Rica (véase texto) han sufrido modificaciones recientes que permitan ahora intercepciones de este tipo, causando la muerte de los tripulantes de estas lanchas. 

Siempre en marzo del 2026, fue el 18 de este mes que Costa Rica anunció oficialmente cerrar su embajada en Cuba: se trata de un gesto que si bien se presenta como una decisión soberana de Costa Rica, no deja de sorprender al no haber ningún otro Estado en América Latina en haber tomado semejante decisión (Nota 1). Es de recordar que en una votación en Naciones Unidas realizada en octubre del 2025 sobre el levantamiento del embargo a Cuba, Costa Rica optó por abstenerse, cuando llevaba años votando a favor (Nota 2). No está de más añadir que poco tiempo después de anunciar su decisión Costa Rica, el Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas hizo un llamado a los integrantes de la comunidad internacional para ayudar urgentemente a Cuba desde el punto de vista médico y hospitalario ante las profunda crisis humanitaria existente (véase comunicado del 28 de marzo del 2026).

En la región centroamericana la cercanía de Costa Rica ha sido mucho mayor con las actuales autoridades de El Salvador, cuya política represiva de «mano dura» ha dado lugar a un reciente informe que recomienda acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad (véase nota de la FIDH del 9 de marzo del 2026 y texto completo de este voluminoso informe – 298 páginas – reproducido en su integralidad en el sitio de información costarricense SurcosDigital).  

En enero del 2026 los mandatarios de Costa Rica y de El Salvador colocaron la primera piedra de una «megacárcel » en Costa Rica (véase nota de la DW). No está de más señalar que los órganos de la policía de El Salvador combinan desde varios años reconocimiento facial, inteligencia artificial y geo localización, modernas herramientas contratadas a una empresa israelí de seguridad (véase artículo de El Faro del 2023).

El precedente del 2025

Con relación a la deportación desde Estados Unidos a Costa Rica de personas, debe precisarse desde ya que no se trata de enviar de vuelta a nacionales de Costa Rica capturados por Estados Unidos, como sí es el caso de:

– Venezuela (donde ya ascienden a más de 20.000 las personas oriundas de Venezuela deportadas por Estados Unidos – véase nota de febrero del 2026 de Prensa Latina), o bien de; 

– Colombia (véase nota de prensa de un vuelo repatriando a colombianos de febrero del 2026). 

De lo que se trata en este caso , es de remitir a Costa Rica a personas que son deportadas por vía aérea desde Estados Unidos y que son de otras nacionalidades que la costarricense. 

No está demás señalar que se cuenta con un precedente judicial bastante reciente en Costa Rica del 2025: en esta ocasión, el juez constitucional condenó al Poder Ejecutivo costarricense por privar a más de 200 personas deportadas desde los Estados Unidos (entre las cuales 79 menores de edad) de su derecho a la libre circulación, manteniendolas privadas de su libertad en condiciones inadecuadas, al haber aceptado su deportación a suelo costarricense. Ya en marzo del 2025, la misma Defensoría de los Habitantes, órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, había denunciado esta situación totalmente anómala luego de ir a visitar a estas personas (véase nota del Semanario Universidad). Esta anomalía evidencia lo solícito y extremadamente hacendoso que es el actual Poder Ejecutivo costarricense para responder a las diversas solicitudes provenientes de Estados Unidos

En su voto 19485-2025 del 24 de junio del 2025 (véase texto completo), los jueces de la Sala Constitucional señalaron que:

«En virtud de lo expuesto, se desprende con claridad que desde el momento de su llegada a Costa Rica el día 20 de febrero de 2025, las personas amparadas fueron privadas de su libertad de forma ilegítima -incluyendo, en un inicio, a 79 personas menores de edad-, sin haber cometido delito o inclusive tener una presunción de una falta migratoria dentro del territorio nacional, ni una condición irregular en el país que facultara a las autoridades de migración a restringir la libertad de una persona extranjera que ingresa ilegalmente al país, durante el tiempo racionalmente indispensable  para hacer efectiva su expulsión y deportación. No puede perderse de vista que estas personas ni siquiera ingresaron al país irregularmente, sino que, de forma expresa y soberana, el propio Gobierno costarricense consintió su ingreso por razones humanitarias«. 

En esta misma sentencia también se indica que:

«No se individualizó su condición de ingreso, sino que se adoptaron decisiones de carácter general, sus documentos de viaje fueron retenidos y la explicación de la necesidad de la privación de libertad por encontrarse en condición de tránsito, así como supuestamente para garantizar su propia seguridad, no se ajustan a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad propios de un Estado democrático de Derecho. Tampoco se explica en los informes, ni se deriva de forma alguna de las regulaciones migratorias, que lo actuado se sustentara en lo dispuesto en alguna ley. Tratándose de una situación sui generis y novedosa, se carecía de una regulación legal que respaldara la privación de libertad. Debió, por ende, en aplicación del principio pro libertatis permitir que este grupo de personas gozaran de su libertad sin restricciones de ninguna clase.

Es especialmente preocupante haber constatado que una parte importante de las personas a quienes se restringió su libertad eran niños y niñas, con lo que se agudiza la situación de vulnerabilidad propia del grupo, ya de por sí tributarios de una protección especial, en su condición de migrantes. A todas luces, por parte de las autoridades costarricenses recurridas, la privación de libertad es arbitraria y excesiva, con lo cual corresponde estimar este extremo del recurso». 

Es de recordar que ninguna de las personas deportadas a Costa Rica en el 2025 eran oriundas de América Latina: en efecto, entre estas 200 personas deportadas desde Estados Unidos, se encontraban, según se senala en esta misma sentencia, personas oriundas de China, Armenia, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Afghanistán, Vietnam, Georgia, Jordania, Kazajistán, Irán, Ghana, Kirguistán, Congo, Nepal, Yemen, Angola, India, Pakistán y Tajikistán.

A modo de conclusión

Como se puede apreciar, el marco legal aclarado al Poder Ejecutivo en el 2025 por el juez constitucional obliga a Costa Rica a cambiar las modalidades al materializarse en el futuro un segundo vuelo con personas deportadas desde  Estados Unidos.

Se mantiene no obstante la pregunta de saber si Costa Rica no perpetúa y le da continuidad a una situación atentatoria a los derechos de estas personas, que son capturadas en Estados Unidos de manera arbitraria y sin muchas veces conocer de los cargos que se les imputan, y sin haber sido objeto de un procedimiento en el que puedan presentar algún tipo de descargos.

Se mantiene también la interrogante sobre el punto de saber qué es lo que recibirá Costa Rica a cambio de satisfacer esta nueva solicitud de Estados Unidos. En el 2025, se pudo observar que Costa Rica fue objeto de aranceles determinados de manera unilateral por Estados Unidos en materia comercial similares a los de los demás Estados de Centroamérica y República Dominicana, con excepción de Nicaragua (véase nota de la BBC de abril del 2025)

Cabe señalar que, salvo error de nuestra parte, no se tiene información sobre el paradero exacto de cada una de las 200 personas que llegaron a Costa Rica en el 2025, ni se sabe si el Poder Ejecutivo entregó a quince días de emitida dicha sentencia del juez constitucional, un informe detallado individualizando los datos correspondientes de cada una de estas personas, tal y como solicitado. Esta información sería de sumo interés en aras de observar si una vez puestas en libertad en Costa Rica, estas personas se quedaron en Costa Rica, emigraron a otro destino de su escogencia o bien… volvieron a emprender la ruta para entrar nuevamente a Estados Unidos.

– – Notas – –

Nota 1: El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica del 18 de marzo del 2026 se lee como sigue:

«Cierre de la Embajada de Costa Rica en Cuba y retiro de personal diplomático de Cuba en Costa Rica

San José, 18 de marzo de 2026. El Gobierno de Costa Rica ha tomado la decisión de proceder al cierre de la Embajada de Costa Rica en la República de Cuba, para lo cual ya han iniciado los trámites diplomáticos y administrativos necesarios. 

De igual manera, se le ha solicitado al Gobierno de Cuba retirar a su personal diplomático acreditado en Costa Rica. Sin embargo, podrá permanecer en Costa Rica el personal consular y administrativo necesario para la prestación de servicios a los ciudadanos cubanos residentes en Costa Rica.

Por su parte Costa Rica, en la medida de lo posible, prestará servicios consulares para ciudadanos costarricenses residentes en Cuba desde el Consulado de Costa Rica en la Ciudad de Panamá.

La medida se toma ante un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades fundamentales, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica, según lo reportan diversas organizaciones internacionales y testimonios de la sociedad civil que han señalado la persistencia de hostigamiento y otras formas de presión contra quienes sostienen posiciones críticas frente al Gobierno cubano.

A esta situación se suma el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población. La escasez de bienes esenciales, las dificultades en el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos, así como el debilitamiento de las oportunidades económicas, que han generado un contexto humanitario cada vez más complejo que afecta directamente al bienestar del pueblo cubano.

El país continuará observando atentamente la evolución de la situación en Cuba.

Comunicación Institucional

076-2026 Cierre de la Embajada de CR en Cuba 

Miércoles 18 de marzo de 2026″

Nota 2Observar a Estados del continente latinoamericano cuestionar la condena al embargo a Cuba y objetando que se exija su levantamiento, ante al consenso existente a nivel internacional, resulta bastante llamativo: se trata posiblemente de la medida unilateral de Estados Unidos contra un Estado mas longeva (adoptada en febrero de 1962), y que ha demostrado ser un fracaso total al no debilitar mayormente al régimen cubano desde entonces y consolidarlo como tal, y al afectar gravemente la vida diaria de las familias cubanas, causando el exilio de muchas de ellas. Un reciente reportage de la cadena Al Jazeera detalla de una manera muy completa el drama que significa para muchas familias cubanas el tener a algunos de sus integrantes padeciendo de enfermedades graves, ante la falta de material médico moderno que Estados Unidos impide sea exportado hacia el sistema hospitalario y de salud de Cuba (véase enlace). No está de más recordar que en el 2016, la resolución anual que se adopta en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo el levantamiento del embargo a Cuba fue adoptada con 191 votos a favor y una abstención (la de Estados Unidos), tal y como lo analizamos en esta nota nuestra de octubre del 2016. En noviembre del 2023, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado (Ucrania) optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En octubre del 2024, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En cambio, en el último ejercicio de esta naturaleza (octubre del 2025), el voto registrado fue de 165 a favor, 7 en contra (entre los cuales Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones (entre las que figuran las de Costa Rica y de Ecuador). Estos números del 2025 reflejan el nivel de presiones que logra ejercer Estados Unidos sobre algunos Estados, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante (20 de enero del 2025).

Las guerras contemporáneas

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

(Una investigación con ayuda de la Inteligencia artificial. Otras veces me he confrontado con uno de los algoritmos de la Inteligencia Artificial -IA-. Hoy me valgo de su información para sentar algunas premisas.)

La guerra no parece haber acompañado a la humanidad desde sus primeros pasos, pero sí emerge con fuerza cuando aparecen ciertas “ganancias” —sean estos materiales, sociales o políticas— que siempre están en disputa.

Déjenme explicar lo anterior con algo más de profundidad, porque la intuición primero y mis lecturas después me han permitido establecer las premisas que hoy sostengo. Para desarrollarlas me he formulado varias preguntas que hoy reproduzco para ustedes:

I. 1. Antes de la “ganancia”: ¿había guerra?

Esto es lo que he ido encontrando tras haberme planteado esta y otras preguntas y haber hecho la investigación de antiguas lecturas y de la IA. En las sociedades más antiguas de cazadores-recolectores (hace decenas de miles de años), los indicios de guerra organizada son escasos y discutidos. Existía violencia, claro que sí -eso es innegable—, pero:

a. era Inter personal o entre pequeños grupos.

b. No había ejércitos, ni campañas sostenidas.

c. La movilidad constante, migraciones de seres humanos, todavía cazadores que apenas empezaban a asentarse, hacía difícil acumular bienes.

Algunos hallazgos arqueológicos, como los encontrados en el sitio de Nataruk, muestran episodios de violencia colectiva, pero no prueban una guerra estructurada como la entendemos hoy; aunque en el estudio de la IA se habla de “…la guerra en la antigüedad”.

El hallazgo del sitio de Nataruk, ubicado cerca del lago Turkana en Kenia, es la evidencia más antigua conocida de una masacre prehistórica, datada hace unos 10.000 años. Arqueólogos de la Universidad de Cambridge descubrieron restos de 27 cazadores-recolectores (hombres, mujeres y niños), que, murieron violentamente, sugiriendo conflictos grupales mucho antes del sedentarismo. Los orígenes de la guerra son controvertidos: la discusión gira en torno a si la capacidad de la violencia organizada se produce profundamente en la historia evolutiva de nuestra especie o es un síntoma de la idea de propiedad que provino con el asentamiento de las comunidades humanas en posesión de la tierra y la agricultura. La masacre de Nataruk es el registro más antiguo de violencia entre grupos prehistóricos de cazadores-recolectores que permanecieron en gran parte nómadas. (Cfr. Mirazón Lahr, Marta. Directora de la Investigación, Proyecto IN-África. Revista Nature. 21.01.2016).

I. 2. El giro decisivo: la revolución agrícola

Con la llamada Revolución Neolítica (hace unos 10,000 años), ocurre algo clave

a. Aparece la propiedad privada (tierras, cosechas, animales).

b. Surgen los excedentes (es decir, riqueza acumulable).

c. Nacen jerarquías sociales y con ellos los proto-Estados.

Aquí la palabra “ganancia” comienza a cobrar pleno sentido:

“cuando hay algo que acumular, también hay algo que defender… o arrebatar.”

Desde ese momento, se construyen murallas, se organizan guerreros, la guerra deja de ser ocasional y se vuelve institucional.

I. 3. El Estado y la guerra organizada

Entonces, con el surgimiento de las primeras civilizaciones (Mesopotamia, Egipto, China) también ocurre lo siguiente:

a. La guerra se convierte en una herramienta política, esencial para defender la propiedad y la acumulación de excedentes.

b. Lo anterior obliga a la aparición de ejércitos permanentes, sin los cuales lo atesorado no era sostenible.

c. Más adelante, los detentadores de la riqueza acumulada luchan por territorio, tributos, rutas comerciales y poder.

Un ejemplo temprano documentado es el conflicto entre ciudades-estado sumerias, como el enfrentamiento entre Lagash y Umma.

I. 4. ¿En consecuencia, vuelvo a preguntarme, si la guerra es “natural”?

Aquí hay debate entre pensadores:

• Thomas Hobbes creía que el ser humano tiende inherentemente al conflicto (“guerra de todos contra todos”).

• Jean Jacques Rousseau por el contrario sostenía que la guerra nace con la sociedad organizada y la propiedad.

La investigación histórica y la evidencia moderna tiende a una formulación intermedia entre ambas premisas.

Con base en lo anterior, estamos en capacidad de afirmar que, la capacidad de violencia es humana, pero la guerra organizada es una construcción social e histórica.

I. 5. Mi primera intuición, reformulada.

Primero me había planteado con apoyo en las investigaciones de los pensadores socialistas algo que ha llevado mucho tiempo en ser resuelto de una manera clara:

“La guerra surge cuando aparece la “ganancia”

Producto de esta pequeña revisión bibliográfica me he respondido, quedando bastante satisfecho: Sí, en gran medida.

La guerra se vuelve sistemática cuando existen:

• Bienes acumulables

• Territorios definidos

• Poder centralizado

• Desigualdad de clases

En otras palabras: la guerra no nace solo como consecuencia de la agresividad inherente en el ser humano, sino que ella nace de la estructura social que convierte la violencia en instrumento. Esto se ha vuelto crucial para mí.

I. 6. Una reflexión final a este primer capítulo:

Si la guerra no ha estado siempre con nosotros en su forma organizada, eso abre una posibilidad filosófica, histórica y politológica importante:

Lo que ha sido construido históricamente, también puede transformarse. Veamos.

II. ¿las guerras modernas (como las actuales en Medio Oriente o Ucrania) siguen respondiendo a esa lógica de “ganancia”, o hay nuevos factores?

Trato de profundizar más allá de la primera hipótesis:

II. 1. Antes de la “ganancia”: ¿había guerra?

Como ya lo dejé planteado supra, permítanme repetir ahora que: en las sociedades más antiguas de cazadores-recolectores (hace decenas de miles de años), los indicios de guerra organizada son escasos y discutidos. Existía violencia —eso es innegable—, pero:

• Era interpersonal o entre pequeños grupos.

• No había ejércitos, ni campañas sostenidas.

• La movilidad constante hacía difícil acumular bienes.

Ahora introduzco un nuevo matiz a aquel hallazgo arqueológico (como fue el sitio de Nataruk). En tal hallazgo he estudiado que se muestran episodios de violencia colectiva, pero no se prueba que se hubiese producido una guerra estructurada como la entendemos hoy, ni que se hubiesen formado como resultado de lo anterior, ejércitos permanentes, ni siquiera los primeros atisbos de Estados. De hecho, Mirazón Lahr nos habla de “guerra en pequeña escala entre las sociedades recolectoras.”

II. 2. He logrado estudiar algo que considero es el giro decisivo para hablar del inicio de las guerras como las conocemos hoy: la revolución agrícola.

Con la llamada Revolución Neolítica (hace unos 10,000 años), ocurre algo clave:

II.2. a. Aparece la propiedad privada sobre los medios de producción (tierras, cosechas, animales).

II. 2. b. Surgen excedentes (es decir, riqueza acumulable).

II. 2. c. Nacen jerarquías sociales y proto-Estados.

Aquí la palabra “ganancia” cobra pleno sentido:

Como dijimos antes: “cuando hay algo que acumular, también hay algo que defender… o arrebatar.”

Desde ese momento:

• Se construyen murallas.

• Se organizan guerreros.

• La guerra deja de ser ocasional y se vuelve institucional.

II. 3. El Estado y la guerra organizada

Con el surgimiento de las primeras civilizaciones (Mesopotamia, Egipto, China):

• No es sino hasta ese momento que la guerra se convierte en herramienta política y su uso se hace sistemático.

• Aparecen ejércitos permanentes.

• Se lucha (ya lo dijimos), por territorio, tributos, rutas comerciales y poder.

Un ejemplo temprano documentado es el conflicto entre ciudades-estado sumerias, como el enfrentamiento entre Lagash y Umma.

Los enfrentamientos entre Lagash y Umma (aprox. 2500-2350 a.C.) constituyeron una larga guerra fronteriza por el control de la fértil región de Gu-Edinna. Esta guerra es considerada como uno de los primeros conflictos armados documentados de la historia, incluyó batallas significativas como la victoria de Eanatum de Lagash, conmemorada en la “Estela de los Buitres”. (Cfr. https://en.wilkipedia.com).

II. 4. ¿Entonces la guerra es “natural”?

Como también dijimos antes, la capacidad de violencia es humana, pero la guerra organizada es una construcción social e histórica.

II. 5. La hipótesis la replanteo ahora mediante el siguiente modo de pregunta:

¿la guerra surge cuando aparece la “ganancia”?

Podríamos responder:

la guerra no nace solo de la agresividad, sino de la estructura social que convierte la violencia en instrumento.

II. 6. Disquisición sobre las guerras modernas

Profundizo ahora en torno a las siguientes preguntas sobre a las guerras modernas:

¿Las guerras modernas (como las actuales en Medio Oriente o Ucrania) siguen respondiendo a esa lógica de “ganancia”, o hay nuevos factores? ¿Habrá acaso nuevos elementos que ameritan que consideremos que las guerras hayan cambiado de naturaleza?

Mi respuesta honesta es compleja: la lógica de la ganancia no ha desaparecido, pero se ha transformado y sofisticado. Hoy convive con factores nuevos —tecnológicos, ideológicos y geopolíticos— que hacen de la guerra algo más difuso y, en algunos casos, más peligroso.

II. 6.a. La “ganancia” sigue ahí… pero ya no se combate solo por el territorio.

En la antigüedad, la ganancia era visible:

• tierras

• esclavos

• tributos

Hoy, en conflictos como la guerra en Gaza, o en Irán, e incluso en Ucrania, la lógica incluye:

• control geopolítico (zonas de influencia)

• recursos estratégicos (energía, rutas)

• seguridad percibida (fronteras, alianzas como el caso de la OTAN)

La ganancia ya no siempre es “poseer”, sino influir, bloquear o impedir que otro gane.

II. 6.b. La guerra como equilibrio de poder

Desde el siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, emerge una lógica distinta. Por un lado, una lógica imperial, apoderarse de territorios más débiles. Las guerras son entre potencias dominantes (EE. UU., Rusia) contra territorios “más débiles” (todo el África, países de América Latina, Afganistán, Irak, Irán, Libia) para extraer materias primas, donde las potencias buscan obtener “súper ganancias” por medio de la extracción de materias primas (hidrocarburos, “tierras raras”). Por otro lado, se evitan enfrentamientos directos entre las potencias.

• Las grandes potencias evitan enfrentamientos directos, so pena de destruirse el uno y el otro, puesto que han surgido armas estratégicas como las “bombas nucleares”.

• Surgen guerras indirectas o “por delegación”.

Esto se vio durante la Guerra Fría, y aún hoy persiste.

La ganancia aquí no es conquistar, sino mantener o alterar el equilibrio global.

II. 6.c. Ideología, identidad y religión.

En algunos conflictos actuales, la motivación no es reducible solo a lo económico, concurren también nuevos factores como:

• identidades nacionales

• creencias religiosas

• narrativas históricas

Por ejemplo, en tensiones vinculadas a Irán, en Siria, o el conflicto en Gaza, intervienen:

  • seguridad

  • religión

  • memoria histórica

  • legitimidad política

Sin embargo —aquí conviene agudizar el juicio crítico— debido a que incluso estos conflictos suelen entrelazarse con intereses estratégicos y de poder.

II. 7. Nuevas formas de “ganancia”: tecnología y datos.

Hoy aparece algo completamente nuevo:

• ciberataques

• control de información

• inteligencia artificial

• dominio del espacio

Empresas como Microsoft o Google participan indirectamente en esta dimensión.

La guerra ya no ocurre solo en campos de batalla, sino en redes, satélites y sistemas digitales.

La “ganancia” puede ser ahora:

• acceso a datos

• sabotaje de infraestructura

• influencia sobre la opinión pública.

II. 8. Economía global: una paradoja.

Vivimos en un mundo global y más interdependiente que nunca, no obstante, las guerras:

• los países comercian entre sí

• las cadenas de suministro están entrelazadas

Esto debería reducir la guerra… pero no la elimina.

¿Por qué?

Porque con frecuencia, la competencia se desplaza hacia:

• sanciones económicas

• guerras comerciales

• control de mercados

A veces, la guerra militar es solo la continuación de una guerra económica por otros medios. (diferente a lo planteado por Karl Von Klawsewitz).

II. 9. Una reflexión final: ¿Estamos ante un cambio de era?

Algunos analistas sostienen que estamos pasando de la guerra “clásica” a una guerra híbrida:

• militar + económica + informativa + tecnológica, que no siempre se declara formalmente.

A veces ni siquiera es claro cuándo empieza o termina.

La hipótesis inicial podemos a su vez reformularla de la siguiente manera:

¿La guerra sigue siendo por “ganancia”?

La respuesta sería:

Sí, siempre que se considere que la ganancia ya no es solo material.

Ahora incluye:

• poder

• influencia

• seguridad

• información

• legitimidad

Y en muchos casos:

evitar perder es tan importante como ganar.

8. Una reflexión más profunda (casi filosófica)

Si en el pasado la guerra surgía cuando había algo que acumular, hoy podríamos decir:

la guerra persiste porque hay sistemas enteros que dependen de competir por poder en un mundo finito.

Esto abre una nueva pregunta inquietante:

¿Es posible una humanidad donde la “ganancia” no implique la pérdida del otro?

Ópera cotidiana: los cipayos y la genuflexión servil de sus rodillas

Tres propuestas

Por: Trino Barrantes Araya

Correo.e: camilosantamaria775@gmail.com

Primera Parte

Operación Cóndor 2.0 y la genuflexión de los cipayos

El adjetivo de cipayo resulta limitado para describir la posición de serviles, que dócilmente asumen los doce presidentes que suscriben ese instrumento, eufemísticamente llamado “Escudo de las Américas”. Así, de un vulgar plumazo, renuncian a la memoria histórica y, lo que es peor, a la soberanía del país. Pisotean a las emblemáticas figuras de Juanito Mora, del General Cañas, de Juan Santamaría y de Pancha Carrasco Jiménez.

A veces, en esas poses de genuflexión servil y sometimiento, doblan tanto su cerviz, para que el amo del norte les de su espaldarazo, que quedan en posiciones obscenas, para que el sable del imperialismo los penetre hasta donde más.

Pero su placer de lacayos es tan complaciente que, aun sabiendo la permanencia, dentro de ellos, del esclavista mayor del Norte y el servil sionista de Argentina, ellas y ellos respiran la fetidez de los últimos zarpazos del imperio yanqui y, complacientemente, ríen como estúpidas marionetas.

Su grado de alienación y alineación es tan pueril, que ninguno es capaz de defender nuestro idioma, sabiéndose el mismo como una de las lenguas universales más importantes, tanto por su riqueza cultural, por su valor identitario y como vehículo de comunicación universal y constructo de la resistencia histórica.

Así las cosas, ese remedo de un TIAR diarreico, cuya cabeza es un gobernante incapaz de reconocer la coyuntura actual y que pierde el horizonte de lo que debe ser hoy el nuevo orden mundial, miente, una vez más, con la complicidad de esos “doce mandatarios”, que no son capaces ni de manejar su propia voluntad política, mucho menos la responsabilidad histórica que les corresponde, en tanto garantes del poder ejecutivo de sus diferentes naciones.

Pero serán los respectivos pueblos, de cada uno de dichos países, que, desde la democracia de la calle, desde las comunas del poder popular y la organización de la resistencia, se verán obligados a enderezar nuestra memoria histórica por los cauces que corresponde al momento actual y que prístinamente fue dibujada por Bolívar, Morazán, Juanito Mora y Martí.

No existe un objetivo que demuestre la validez de que el “Escudo de las Américas” (Shield of de Americas Doral 2026), tenga como principio fundamental la lucha contra el narcotráfico.

¿Coalición antidrogas? La mentira ni siquiera es piadosa. Esta coalición es una alianza militar. No derivan políticas claras para erradicar el narcotráfico. El tráfico de cocaína y otras drogas, tiene dentro de esta nueva coalición a Daniel Nova y a Nasry “Tito” Asfura.

El primero denunciado porque desde sus empresas bananeras, se desplazan grandes cantidades de droga para Europa. “Tito”, como cariñosamente le dice Donald Trump, es el socio y testaferro del presidente narcotraficante Juan Orlando Hernández.

¡Entonces qué!, como decían nuestras abuelas, el diez con hueco, solo ellos pueden creérselo. Mientras que el pedófilo les obliga a inclinar sus débiles y sumisas rodillas.

En el caso del presidente Rodrigo Chaves y la actual presidenta electa, que va invitada para servir como testigo de excepción, ambos violan principios esenciales de nuestro marco jurídico.

Su sola presencia, en ese adefesio llamado “Escudo de las Américas”, contraviene el Artículo 12 de nuestra Carta Magna. Pero a la vez contravienen y se irrespetan cuatro documentos base que nuestros gobiernos han ratificado y sustentado.

En primer lugar, invocamos al Tratado de Tlatelolco (Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, 14 de febrero de 1967), en segundo lugar, apelamos a la Proclama de Neutralidad (Proclama de Neutralidad Perpetua, Activa y no Armada, sancionada por Luis Alberto Monge Álvarez en 1983. Se fundamenta en el Artículo 139, inciso 2º de nuestra Constitución Política); en tercera instancia el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), suscrito por Óscar Arias Sánchez y, finalmente, el acuerdo del Foro de Sao Paulo del 2014, que declara a América Latina como Zona de Paz.

Segunda Parte

¡Bases militares no!

La paz, la democracia y la no violencia”, SÍ.

Denunciamos las dos propuestas de aventura suicida y militarista que devienen de las últimas posiciones del actual presidente y de la mandataria electa.

Solo el hecho de mencionar la instalación de bases militares extranjeras en Costa Rica, tal y como recientemente lo manifestó y propuso un asesor presidencial, es poner a nuestro país en el ojo del huracán; pero además, de una gran irresponsabilidad, esa actitud representa una amenaza directa a los pilares fundamentales de la democracia costarricense, de su memoria histórica y de su identidad nacional.

Históricamente, cuando esta ocurrencia suicida se ha manifestado en algún aventurero y guerrerista nacional, el pueblo de Costa Rica, ha sido contundente en rechazar ese exabrupto, pues la sola idea choca frontalmente con principios históricos, constitucionales, de libertad, autodeterminación y de soberanía que ha tenido el país, como pilares básico de su Estado Social y de su Estado de Derecho.

Si lo vemos desde el punto de vista de los Derechos Humanos, los argumentos en contra de esa esquizoide idea, sus argumentos se tiran al suelo. Pero si buscan un argumento de tipo legal; la propuesta resulta aún más desproporcionada, pues atenta violentamente contra el Artículo 12 de la Constitución Política.

Cuando un gobierno pierde su capacidad de asombro y se divorcia de la idiosincrasia del soberano, nos damos cuenta de lo poco que le interesa la institucionalidad del país. Pero también dibuja abiertamente el desconocimiento que, una propuesta de esta envergadura, requeriría de una sustancial reforma constitucional.

Si tratáramos, como pueblo organizado, de argumentar nuestra posición del por qué estamos en contra de una base militar, nos sobrarían argumentos:

Los principales argumentos en contra, los resumimos de la siguiente forma:

  • En primer lugar el establecimiento de una base militar, es dejar invalidado el principio constitucional que sanciona, para tales efectos el Artículo 12 de nuestra Carta Magna.

  • Significaría que quedamos expuestos a la voluntad de ejércitos extranjeros y consecuentemente a una sostenida pérdida de nuestra soberanía. Se violaría, asimismo los principios de de autodeterminación e integridad territorial

  • Implicaría, dar paso abierto a la Guerra de Baja Intensidad, con la pérdida absoluta del control del territorio nacional

  • Entregar la seguridad nacional a una potencia extranjera, es simplemente renunciar al ser costarricense, a la idiosincrasia del soberano.

  • Tal y como ha sido señalado en sendos artículos anteriores, esta medida contraviene acuerdos nacionales e internacionales que el país ha suscrito.

Creemos, como patriotas y costarricenses, que no solamente es la Constitución Política la que nos blinda contra las bases militares, sino la misma historia de nuestro suelo patrio, que como semilla de maíz, todas y todos juntos hemos sembrado en nuestro imaginario colectivo.

Digamos NO, a las bases militares, no a las embarcaciones militares que asesinan en juicios sumarios a nuestros pescadores, fuera tropas extranjeras que vienen a violar nuestra soberanía nacional. Hay principios esenciales y Derechos Humanos fundamentales que son innegociables.

Volvemos a criticar profundamente la incursión de nuestro país al “Escudo de las Américas”, en tanto que esto no es una alianza contra el narcotráficos sino una alianza militar. Además, históricamente las bases han demostrado su ineficiencia para controlar el narcotráfico, contrario sensus, han sido parte de la sostenibilidad con algunos cárteles. En Colombia, el gobierno de Uribe y Santos, en Honduras, la base militar de Palmerola, se convirtió en el más grande corredor de cocaína de Centroamérica y sostuvo al narcotraficante de Juan Orlando Hernández. En Panamá, Noriega fue un aliado de la DEA y el canal se manchó de polvo blanco. Hoy en Ecuador, la empresa bananera de Daniel Novoa, adosa las cajas de banano con montañas de polvo blanco. Así, pues, las bases militares no son ninguna garantía contra los carteles del narcotráfico.

Cantemos ufanos y recuperemos nuestra identidad: “La paz, la democracia y la no violencia”, resultan ser consignas más auténticas que la miserable idea de las bases militares.

Tercera Parte

El Escudo de las Américas y la nueva aventura presidencial en la guerra de baja intensidad

Las y los diputados, el movimiento social, los sindicatos y los partidos políticos no podemos guardan silencio ante el juicio sumario y asesinato de pescadores costarricense bajo los argumentos del necrófilo y pedófilo jefe actual de la Casa Blanca. ¡Señor presidente!, ya lo decía nuestro gigante de la Patria Grande: “Hay silencios que se guardan, parecidos a la estupidez”.

Frente a la participación del actual gobernante de la República Rodrigo Chaves Robles y la mandataria electa Laura Fernández Delgado, en la reunión convocada por Donald Trump, hacemos un llamado a la opinión nacional e internacional, de las verdaderas preocupaciones e implicaciones que ésta acción conlleva, contra el Estado Social, el Estado de Derecho y la Democracia.

Desde la mayor parte de los actores sociales honestos y patriotas, pensamos que es más responsable y respetuoso para nuestra democracia, seguir construyendo y hablando sobre la urgencia de unificar consignas en torno al pueblo costarricense a favor de: “La paz, la democracia y la no violencia.

Lo dijimos en un anterior artículo dirigido al primer magistrado de la República, en el cual, de manera sucinta llamábamos la atención en lo siguiente.

En primer lugar, invocamos el valor esencial del Artículo 12 de nuestra Constitución Política. Asimismo, en segundo lugar, apelamos a la Proclama de Neutralidad sancionada en el gobierno de Luis Alberto Monge, en tercera instancia hicimos referencia al valor histórico del Tratado de Tlatelolco, en un cuarto lugar al valor del uso del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) (https://g.co/gemini/share/1faebf1eabce ) , suscrito por Óscar Arias Sánchez y, finalmente, el acuerdo del Foro de Sao Paulo del 2014.

Cada uno de estos instrumentos fortalece el derecho internacional y está en contraposición de la Guerra de Baja Intensidad que esconde el Escudo de las Américas que, por más sanamente que se le mire, no es una alianza para combatir el narcotráfico, sino por el contrario, crear un escudo militar para fortalecer la aventura pirata y de ladrón posmoderno del amo del norte.

Permítasenos tener aquí como ejemplo la amenaza militar e injerencista y los interés espurios de los EE:UU en Venezuela y el mar Caribe desde el momento en que Hugo Rafael Chávez Frías asumió el poder en la República Bolivariana de Venezuela. Hoy, con Nicolás Maduro Moros, elegido democráticamente por el pueblo de Bolívar el despliegue inusitado de las fuerza militar del imperialismo yanqui, se vuelve algo obsceno contra la soberanía de los Estados de América Latina. Estos actos, concluyen con una operación militar, cuyo resultado fue el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Pero la aventura desmedida de esta nueva fase de la Doctrina DONROE, es inusitada. Sus pretensiones por dominar México, anexarse Groenlandia, intervenir Cuba y usurpar la soberanía del Canal de Panamá, son más que evidentes.

La responsabilidad de los socios menores que suscriben este adefesio de derecho internacional, los hace desde ahora responsables de violar la soberanía e independencia de cada una de sus repúblicas.

Es ya un lugar común, que el mayor cartel de la droga está en manos de la DEA y que el mayor consumo de drogas, tiene como epicentro la sociedad norteamericana. Dichosamente, medio de la creciente tensión, la solidaridad se ha hecho una consigna universal a favor de esta hermana República.

Pero, el pueblo soberano, nuestro pueblo costarricense, en una sola voz, ha jurado fidelidad a la Patria, la Nación y el Estado y ha tenido como consigna básica: “La paz, la democracia y la no violencia.

¿Se está aplicando la pena de muerte en la lucha contra el narco?

Vladimir de la Cruz

El asesinato realizado por militares, en barcos armados estadounidenses, que navegan en las aguas jurisdiccionales de Centroamérica, y de Costa Rica, en el mar Pacífico, bajo la bandera del patrullaje antinarco, y del acuerdo que les permite su navegación, se ha pasado de la raya. Se aplicó una pena de muerte sin juicio de ninguna clase, en donde la pena de muerte se aplicó sin existir en el ordenamiento penal y constitucional costarricense. Las reacciones que se han hecho públicas ha obligado a los asesinos a cambiar la narrativa de lo sucedido.

La primera noticia fue un ataque a un bote tripulado por tres personas, dos de las cuales murieron y una quedó malherida. Se desconocía la nacionalidad de los que iban en la lancha. Se dijo que navegaban por una de las supuestas y conocidas rutas que usan para llevar droga de Suramérica a Estados Unidos. No fueron detenidos, ni interrogados, ni se les incautó droga de ninguna clase. Sencillamente se les disparó con misil aéreo o desde el “barco de guerra” que navega bajo el amparo de la lucha antinarco, y no una embarcación autorizada por el Tratado o Acuerdo de colaboración que señala embarcaciones “guardacostas”.

La segunda noticia fue que atacada la nave, confirmados los muertos y el herido, de ese buque de guerra informaron a las autoridades policiales navieras de Costa Rica, cambiándoles la información original, para que fueran a recoger los cadáveres de los dos fallecidos y al herido, que fue trasladado al Hospital de Golfito, en la cercanía naviera de Golfito, como se hizo. Incluso, entiendo, se cambió en la información suministrada del escenario de guerra donde se produjo el asesinato de esas dos personas y se hirió al tercero, que curiosamente no lo mataron.

De los sucesos narrados queda claro que:

1.- Las autoridades policiales y navieras de Costa Rica tienen por disposición NO MATAR a navegantes que se supone trasladan drogas. Su orden es capturarlos vivos como se ha hecho. La experiencia de los policías de la naval es que cuando se acercan a esas naves transportadoras de drogas, con navegantes colombianos o suramericanos, estos navegantes “alzan los brazos y las manos”, para señalar que no están armados, y en señal de disposición de “entregarse” sin ofrecer oposición. Su experiencia es que los que a veces les disparan son ciudadanos costarricenses que trafican drogas, sabiendo ellos que no les pueden disparar a matar. Esto lo hacen los extranjeros para que las autoridades navieras costarricenses no les disparen, porque según los capturados, cuando eso sucede en mares patrimoniales de Ecuador, Colombia o Panamá las autoridades de esos países les disparan a matar. Saben que en Costa Rica no se hace eso, y por eso se entregan si ofrecer resistencia, porque se les respeta la vida.

2.- El operativo que se realizó, que provocó esas dos muertes y ese herido, no fue hecho por autoridades ni fuerzas policiales costarricenses. Se hizo en aguas jurisdiccionales costarricenses por naves de guerra extranjeras, estadounidenses, por militares extranjeros, que así operan en “territorio” marítimo costarricense.

3.- Las naves extranjeras, aviones, buques o navíos o terrestres, para entrar al territorio nacional requieren, necesitan, permiso legislativo para volar y aterrizar o cuando por alguna circunstancia va a llegar al país una nave aérea o marítima artillada. Así, por ejemplo, si es de los ejércitos o armada de los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos, comunica al Ministerio de Seguridad y la Cancillería, informando de la situación y pidiendo autorización, en la que se indica el tipo de nave y el tipo de armamento que trae, si lo trae, para que se haga la gestión ante la Asamblea Legislativa, del permiso correspondiente de llegada al puerto correspondiente, aéreo o marítimo, para su aterrizaje o su atraque.

El atraque de buques de armadas extranjeras en Costa Rica necesita esa autorización previa, solicitada a través de vías diplomáticas, cumpliendo con la visita oficial, cumpliendo además con controles sanitarios y estrictas normas de seguridad portuaria. Igualmente, deben cumplir con las regulaciones de la OMI, las normativas de la Capitanía de Puerto y contar con un representante local en la nave.

Estos permisos de atraque o aterrizaje se hacen para las misiones que se justifican de apoyo al fortalecimiento de las relaciones comunitarias de Estados Unidos en Costa Rica, cuando se brinda ayuda humanitaria, para atraque de Fragatas y buques navales escuela, buques patrulleros como el buque militar francés “La Combattante”.

Los requisitos de desembarque o atraque se les ha aplicado a buques y naves de Estados Unidos, Francia, Argentina, de Reino de los Países Bajos, de España, de, de Australia y de Uruguay, entre los permisos solicitados desde el 2022 hasta octubre del 2025. Entre ellos tuvo que pedir permiso un buque Guardacostas de los Estados Unidos el 29 de noviembre del 2022.

El trámite del permiso es por legalidad y por control político, como se realiza.

4.- Usualmente, los barcos o buques estadounidenses de guerra o de “colaboración” de la lucha antinarco en las aguas territoriales de Costa Rica, no se ha sentido. Excepcionalmente se ha informado que han colaborado en la captura de alguna nave transportadora de droga. Ahora se informa de las prácticas de disparos, de tiros al blanco, que realizan en aguas costarricenses.

El gobierno actual del presidente Trump ha puesto de relieve la lucha contra el narcotráfico. La ha colocado en una dimensión militar y no policial. La ha puesto en la perspectiva del llamado “narcoterrorismo” y, dentro de esta nueva apreciación, ha puesto todo lo que sea combatir el “terrorismo” en manos del ejército de los Estados Unidos. De esta forma, el narcoterrorismo, como categoría, es atendido por los ejércitos de los Estados Unidos, en lo que corresponda. Y el concepto se ha extendido para actuaciones contra políticos y contra países que así los califiquen.

En esta dimensión habría que discutir si lo jurídicamente establecido en Estados Unidos, como delitos, son de aplicación automática en cualquier país del mundo para a actuación de las autoridades militares y policiales de los estadounidenses. Porque lo que corresponde desde el respeto a las relaciones jurídicas y sus ordenamientos, es tramitar detenciones por la vía de juicios que conduzcan a la extradición de detenidos, como ya se está haciendo, entre Estados Unidos y Costa Rica.

5.- Desde finales del año pasado, frente a las costas de Venezuela, como parte de su política amedrentadora, y preparatoria de la acción militar del 3 de enero, para secuestrar el presidente Nicolás Maduro, las fuerzas militares de Estados Unidos se dedicaron, casi como por deporte, y para afinar el tiro al blanco, a eliminar embarcaciones que decían eran de “narcos”, que transportaban “drogas”. De esa manera asesinaron casi 150 personas, que no las recogieron del mar, no entregaron sus cadáveres ni a Colombia ni a Venezuela, ni indicaron o informaron de la droga decomisada, o eliminada. Es decir, mataron a diestra y siniestra, ejecutaron personas sin detenciones previas, sin someterlos a juicios, sin sentencias de culpabilidad, sin capturar droga. Sencillamente los ejecutaron, les aplicaron la pena de muerte porque les dio la gana matarlos… y para asustar a quienes estuvimos atentos al desenlace de este tipo de acontecimiento.

Así parece haber sucedido con esta embarcación que acaban de hundir y de “desaparecer” su supuesta “droga”, que no la decomisaron, ni la entregaron a las autoridades costarricenses. O se la fumaron en ese barco o no existía, o se la llevaron a Estados Unidos para su “comercialización” o trámites correspondientes, como se hace con la droga decomisada que de Costa Rica se lleva oficialmente a Estados Unidos, sin saberse si se regala, se vende o se cambia por otros servicios.

6.- Como evidentemente se cometió un crimen, una ejecución por sí misma, han cambiado la narrativa del evento, diciendo que pudo ser un accidente naval de esa embarcación.

7.- A las autoridades navales costarricenses solo las usaron para pedirles que se llevaran los cadáveres y al herido, porque no eran carga de su costal, y porque hubieran tenido que atenderlos en la propia nave estadounidense o llevarlos, bajo la bandera estadounidense del barco, a alguna base naval o de atraque autorizada para ello, lo que les hubiera causado otros problemas.

No se ha demostrado que el herido, el que se salvó, fuera un delincuente. Ni se capturó con droga. De esta forma, hay que considerarlo un hombre libre, sin acusación alguna de un delito cometido en Costa Rica.

En cuanto a los cadáveres que fueron traídos al país, sinceramente, hay que esperar que los análisis de las autopsias que se les practiquen no sean alterados para tratar de demostrar que no fueron brutalmente ejecutados por los militares que originalmente se dijo los habían matado.

8.- Lo sucedido ha puesto en evidencia que se ha violado la Soberanía Nacional, por el Ejército de los Estados Unidos, al haber actuado militarmente, en acción militar, contra una nave en aguas jurisdiccionales costarricenses, sin autorización legislativa, y por demostrar, de esa manera que buques armados, artillados, sin permiso legislativo navegan libremente en las aguas territoriales nacionales.

9.- Se ha puesto en evidencia que no hay coordinación de combate en la lucha contra el narco, con las autoridades nacionales, por parte de las embarcaciones estadounidenses autorizadas para ello.

10.- Se ha puesto en evidencia pública también que a las autoridades navales nacionales solo las usan para “recoger la basura que hacen” los soldados estadounidenses en esas embarcaciones, que no pueden “procesar” ellos mismos.

11.- Se ha puesto en evidencia que el mar costarricense está siendo navegado por navieras militares artilladas estadounidenses, sin los permisos legislativos.

12.- Se ha violado el principio constitucional de respeto a la vida, de su inviolabilidad.

La pena de muerte en Costa Rica fue abolida en 1882 y así se ha mantenido en el orden constitucional costarricense desde aquella fecha. Lo sucedido violentó esta tradición y esta disposición constitucional. Ni siquiera por la vía excepcional se ha mantenido la posibilidad de la pena de muerte.

13.- Respecto a los asesinados, por los militares del buque militar estadounidense, se ha actuado violando todos los principios jurídicos, locales, costarricenses, estadounidenses e internacionales, relacionados con el principio de inocencia, de considerar que toda persona se considera inocente hasta que se compruebe su culpabilidad. Se ha actuó contra ellos sin garantizar su vida, sin someterlos a una detención y un juicio justo, con posibilidad de garantizarles su defensa. De esa forma, se violó el principio de ser sometido a un juicio previo, con posibilidad de defensa del acusado a un juicio justo y de jueces imparciales.

14.- Se violó el principio de inviolabilidad de la vida al aplicarse la pena de muerte, por ejecución, sin juicio de ninguna clase, con tan solo la presunción de culpabilidad, sin demostrar que la droga, supuestamente existía.

Lo que se está aplicando por parte de esas prácticas de lucha contra la narco delincuencia es la ejecución extrajudicial de las personas, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo, y de pena de muerte establecida como sanción máxima en el derecho punitivo costarricense, pena que es inexistente. Si así es, y si así seguirá, lo que corresponde es discutir nacionalmente los alcances de estas políticas en la lucha contra el narco y los límites de las autoridades en la aplicación, que obligaría también a las autoridades extranjeras para que se sometan a ellas, a la legislación costarricense, para no realizar actos criminales, ni penas de muerte a diestra y siniestra en su lucha y captura contra las naves supuestamente vinculadas al narcotráfico.

15.- Debemos recordar que internacionalmente los países, que como Costa Rica, han abolido la pena de muerte, NO LA PUEDEN VOLVER A RETABLECER.

16.- Para que no se tenga dudas de lo que entiendo de la lucha contra personas, que están cometiendo un crimen, una actividad armada con la cual atacan a ciudadanos o las autoridades policiales costarricenses, a ciudadanos desarmados, que si es necesario actuar contra ellos, de manera armada, la policía está en la obligación y tiene el derecho de actuar, de manera defensiva usando sus armas oficiales, como a veces ha ocurrido.

Pero, no olvidemos tampoco, que en la lucha contra embarcaciones que supuestamente trafican o mueven drogas, los ciudadanos extranjeros que así lo hacen se entregan sin ofrecer resistencia militar, a las autoridades policiales de la naval costarricense, porque saben que en Costa Rica se les respeta la vida, aunque sean delincuentes.

El Escudo de la Vergüenza: Costa Rica a los pies del Trumpismo

Por: JoseSo (José Solano-Saborío)

La historia de Costa Rica, esa que se construyó sobre los cimientos de la paz, la neutralidad y el respeto sagrado a la dignidad humana, está siendo subastada en el mercado de la geopolítica más rancia. Lo que hoy presenciamos no es “diplomacia pragmática”; es una capitulación absoluta. Rodrigo Chaves y su heredera política, Laura Fernández, han decidido canjear la soberanía nacional por una palmadita en la espalda de la Casa Blanca de Trump, sometiendo al país a un neo-colonialismo fascista que se disfraza de seguridad.

El “Escudo” que oculta la entrega

Bajo el rimbombante y opaco nombre de “Escudo de las Américas”, el oficialismo ha sellado un pacto de sumisión que se niegan a transparentar del todo. Este acuerdo, lejos de ser una herramienta eficaz contra el narcotráfico, funciona como una correa de transmisión para las políticas represivas de Washington.

No es solo el despliegue de una retórica militarista ajena a nuestra idiosincrasia; es la aceptación de Costa Rica como el “patio de atrás” donde el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) puede descargar sus crisis humanas. La reciente noticia de que el país aceptará deportados de terceros países —seres humanos tratados como mercancía descartable— es la prueba fehaciente de que la “Suiza Centroamericana” ha pasado a ser una sucursal del sistema penitenciario federal estadounidense.

Randall Gamboa: El rostro de la traición

Mientras Chaves y Fernández sonríen en cumbres en Florida, la realidad se escribe con sangre y dolor. La memoria de los héroes nacionales, de Juanito Mora y Juan Santamaría, es insultada cada vez que este gobierno guarda un silencio cómplice ante los atropellos de sus aliados.

Pero el insulto más grave es a los vivos y a los deudos de Randall Gamboa Esquivel. Randall, un costarricense de 52 años que salió del país con salud y sueños, fue capturado arbitrariamente por el ICE.

Tras meses de detención en condiciones que solo pueden calificarse de inhumanas, fue devuelto a suelo tico el 3 de septiembre de 2025 en un avión ambulancia, en estado crítico y sin explicaciones. Su fallecimiento el 26 de octubre es un recordatorio brutal de lo que significa ser un “aliado” de una potencia que no distingue entre aliados y vasallos.

¿Dónde estuvo la cancillería? ¿Dónde estuvo la “mano dura” del Ejecutivo para exigir justicia por un compatriota torturado por el sistema migratorio al que hoy le rinden pleitesía?

Una quimera llamada rectificación

La presidente electa, Laura Fernández, ha dejado claro en sus intervenciones de febrero que su hoja de ruta es la continuidad del autoritarismo y la genuflexión. Su promesa de profundizar la “mano dura” y su alineamiento incondicional con las políticas de Washington sugieren que la dignidad nacional seguirá en ‘el cuarto de San Alejo’ como dicen en Colombia.

Esperar que Fernández rectifique esta errática y vergonzosa política exterior parece, hoy más que nunca, una quimera. Sin embargo, la historia no olvida a quienes, por un destello de poder efímero, entregan el honor de una República que una vez fue ejemplo de paz para el mundo.

Chaves pasa de ser un Jaguar —matón de barrio bajo— qué insulta a diputados, magistrados y periodistas, a un simple gatito sumiso ante las imposiciones del convicto presidente naranja de la decadente potencia. Su lacayismo es tan grande como su desdén por nuestra historia democrática.

¡La soberanía no se negocia!

¿Cumbre de las Américas, de Alto o de Bajo Nivel?

La nueva arquitectura política y militar que Trump intenta imponer en el continente

Vladimir de la Cruz

Hace pocos días, el 7 de marzo, el presidente de los Estados Unidos se reunió, con varios presidentes de América Latina y el Caribe, en lo que denominó “una cumbre de alto nivel” para tratar con ellos asuntos de “seguridad regional”, “enfrentar bandas narcocriminales” en el continente, “reducir la migración ilegal” y, especialmente, imponer límites a la “influencia de China en América Latina”. También se trataron temas de “inversión”, “promoción de los intereses estadounidenses”

Doce presidentes del continente asistieron a su convocatoria. Ellos fueron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de El Salvador, Nayib Bukele; de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras, Nasry Asfura, de Paraguay, Santiago Peña; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Panamá, José Raúl Mulino; de Guyana, Irfaan Ali; de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. A esta reunión Trump no invitó a la presidenta recién electa de Costa Rica, Laura Fernández, aunque sí la recibió aparte con el presidente costarricense, Rodrigo Chaves.

La reunión de la llamada “Cumbre de alto nivel” no fue en Washington, en la Casa Blanca o en el Departamento de Estado. Fue sencillamente en el Club y campo de golf, en el Trump National Doral Hotel, en Miami, quizá con una visita obligada a Mar-a-Lago, a su sitio de placer y descanso, en el Estado de Florida, en lo que pudo ser una reunión de placer con la sesión de “trabajo” para oír al Presidente Trump imponiéndoles su agenda, diciendo tonterías, expresando amenazas contra países, y sometiéndolos en su ruta geopolítica, aparte de recibirlos escupiéndoles en la cara, indicándoles que no les hablaría en “su maldito idioma español”, lo que generó risueñas manifestaciones gestuales en los rostros de los invitados. Solo les faltó aplaudir.

Entre las tonterías que dijo Trump fue que “entre las cosas buenas que le está pasando a Venezuela es que podría llegar a ser el Estado 51 de la Unión Americana”, después de la intervención militar que realizó el 3 de enero y del Protectorado que ha impuesto en ese país. Después de esa introducción todos empezaron a hablar en inglés.

El jefe de la diplomacia estadounidense, como un gesto de buena voluntad y quizá para igualar los ánimos expresados en los gestos, Marco Rubio, nacido en Estados Unidos, de padres cubanos emigrados antes de la Revolución Cubana, antes de 1960, se dirigió al presidente Trump, “pidiéndole permiso” para hablar en “español” ante los latinoamericanos que había convocado. Trump por su parte enfatizó que a él le traducían si fuera necesario.

Mínimo decoro, mínima decencia, mínima dignidad, y mínimo sentido patriótico y nacional, hubiera sido que todos los invitados a ese “week end florideño”, donde quizá les mostraron, en ese mismo lugar, las andanzas de Jeffrey Epstein, con el mismo Trump, con su corte de jóvenes adolescentes, muchas se dice, menores de edad, situación escandalosa y parlamentaria en Estados Unidos, que trata de ocultar con su criminal guerra en Irán y en el Medio Oriente, donde no le está yendo tan bien.

Evidentemente, ese sentimiento y orgullo patriótico latinoamericano no apareció por ningún lado. Todos ellos, como agentes vendedores de las riquezas naturales de sus países, vendedores de las soberanías nacionales, y como representantes de los intereses extranjeros estadounidenses en sus países, se alinearon con los elementos geoestratégicos y geopolíticos de Trump hacia el continente, para ver quien sacaba más, en medio de las posiblemente “ricas atenciones” que disfrutaron en los sitios de reunión donde los tenían concentrados.

Doce países de 34 que tiene oficialmente la Organización de Estados Americanos, es lo que llamaron “Cumbre de Alto Nivel”. Doce países que no representan ni el 25% de la población de toda Latinoamérica y el Caribe.

No fueron invitados, ni tomados en cuenta los países pequeños del Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Tampoco invitaron a Surinam, ni a Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay, así como tampoco a Venezuela, Nicaragua, Canadá, ni a Cuba, que para todos los efectos ya forma parte como país membro de la OEA, aunque Cuba desista en participar de ese organismo continental.

¿Cómo puede entenderse una “Cumbre de Alto Nivel” de América Latina si no están allí, al menos, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay? Se puede comprender que Venezuela, Nicaragua y Cuba no hubieran sido tomados en cuenta.

Los que llevaron a Miami eran sencillamente los fieles representantes de los países felpudos de la política exterior de los Estados Unidos en el continente. Esa fue una “Cumbre del más Bajo Nivel” de los países seleccionados para decir “yes man”…ante las acciones agresivas, injerencistas e intervencionistas que pueda realizar Trump em Cuba, Nicaragua, Colombia o cualquier otro país que se le ocurra calificarlo de narco Estado, narco Fallido, para indicar la necesidad de decir y reclamar por un “Estado ocupado” …

Es natural la reunión con los convocados porque Trump todavía abriga los deseos intervencionistas en Groenlandia; en Canadá, de quien ha planteado que pueda ser parte de la Unión Americana; en México de intervenir en toda la frontera común con su ejército para enfrentar las bandas narcodelincuentes que allí existen; en Panamá, donde ya plantó nuevamente su bota opresora en el control del Canal transístmico; em Colombia donde trató de vincular al presidente Petro con la narcodelincuencia y el narcoterrorismo, en Nicaragua y Cuba donde ha señalado que deben constituirse gobiernos, como el de Venezuela, después del secuestro del presidente Maduro, totalmente alineados a los intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos, especialmente en lo referente a la presencia continental de Rusia, la República Popular China e Irán, y de agudizar el bloqueo a Cuba, procurando con él un levantamiento de la población contra su gobierno acusándolo de ser el culpable de la mala situación social y económica que viven los cubanos.

Si en Cuba hay mala situación no es por el gobierno, es por el criminal e infame bloqueo de más de 60 años.

En el caso cubano Trump está yendo más lejos. Amenaza con una intervención militar directa, para la cual hasta ha hecho el anuncio de un posible Gobierno que ya tiene formado con cubanos de Miami, y hasta con el mismo Marco Rubio. Pero, cuidado, Cuba no es Venezuela ni La Habana es Caracas. Cuba asemeja un portavión gigante a pocas millas de Estados Unidos. Con lo que vemos de la guerra contra Irán, y su capacidad defensiva, podemos entender por qué Trump no quiere que Cuba socialista exista a 90 millas de sus costas.

Con la celebración de esa “Cumbre de Bajo Nivel”, Trump ha dado un golpe a la Organización de Estados Americanos. Ha propuesto de hecho un nuevo escenario de relación continental de los Estados Unidos con Latinoamérica.

La Organización de Estados Americanos es hoy un organismo político continental debilitado. Ni siquiera opera ya como el clásico organismo de colonias que tenía Estados Unidos en su política continental.

La nueva relación establecida por Trump está bajo el diseño de un nuevo concepto actualizado de la vieja Doctrina Monroe, de 1823. En sus relaciones con América Latina definieron, desde aquella época, la política de que el continente americano debía estar al margen de las expansión imperialista y neocolonial que impulsaban países europeos como Inglaterra y Francia, presentándose los Estados Unidos como el país guardián, ante esas amenazas, y como el país que respetaba la Independencia, la Soberanía y la Libertad de los países que acababan de romper con el yugo colonial español.

Estados Unidos impulsó en el continente, desde 1811, la Política del Principio de No Transferencia que pretendía detener que los territorios americanos pasaran a manos de las potencias europeas como lo pretendía Inglaterra en el Cono Sur, en esos años

Los años siguientes, en el continente, Estados Unidos desarrolló la Doctrina Monroe. El 2 de diciembre de 1823, en su sétimo discurso al Congreso sobre el Estado de la Unión, el presidente Monroe declaró que los Estados Unidos tenían el “carácter elegido”, la “idea americana” de la “defensa” de las Américas, considerando que los esfuerzos ingleses de controlar o influir, particularmente, en Suramérica debían considerarse una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Luego siguieron con la doctrina del Destino Manifiesto, en la segunda mitad del siglo XIX, que permitió la expansión de los Estados Unidos con la usurpación de los territorios de México. En 1846 Estados Unidos impuso a Colombia el Tratado Mallarino-Bidlack, con el cual se aseguró el derecho de tránsito por el Istmo de Panamá a cambio de garantizar la soberanía colombiana sobre el territorio. Poco tiempo después, con los filibusteros en Centroamérica, intentaron adueñarse, en 1856-1857, de todos los países centroamericanos. También la expansión con la compra de los territorios de la Luisiana francesa, la Florida española, en 1819, el Alaska ruso, en 1867, y la usurpación de las tierras indígenas de la América estadounidense en su proyección hacia el oeste, con motivo de la extracción minera de California, así como con la Guerra Hispano Estadounidense, a finales del siglo XIX, que proyectó a Estados Unidos en Cuba, Puerto Rico, Filipinas. De esa guerra se quedó con la región de Guantánamo en Cuba, estableciendo en Cuba durante 1901-1902, la llamada República Plattista, resultante de la Enmienda Platt que le fue incorporada, por imposición, a la Constitución cubana de esos días. Igual fue su participación intervencionista para la segregación de Panamá, de Colombia, con la intención de quedarse con el dominio de la construcción del canal interoceánico.

A finales del siglo XIX, los Estados Unidos impulsaron la Doctrina Monroe bajo el concepto del Gran Hermano, tratando de unir a los países del continente alrededor de su mercado y de sus políticas comerciales, y proyectándose como mediador de conflictos fronterizos, como lo fue el de Esequibo que enfrentó a Venezuela con Inglaterra, que se sigue manteniendo entre Venezuela y la Guyana, hoy disputando franjas petroleras y mineras, o el conflicto fronterizo de Nicaragua y Costa Rica. Así fue la intervención militar en 1902-1903 en Maracaibo, Venezuela.

A principios del siglo XIX impulsaron la política del Gran Garrote, que les permitía y justificaba intervenir en países, especialmente del Caribe. La Doctrina del Gran Garrote garantizaba que los países cumplieran con sus obligaciones con los acreedores internacionales y no violaran los derechos de Estados Unidos, ni invitaran a una «agresión extranjera en detrimento de todo el conjunto de las naciones americanas». Igualmente ejercían control de aduanas. Con ello también buscaban restablecer estabilidades internas en las regiones o países que intervenían. Los mismos argumentos que hoy emplea Trump.

Roosevelt, como lo hace Trump, declaró que Estados Unidos podría “ejercer poder policial internacional en “casos flagrantes de tal irregularidad o impotencia”. De esa manera intervino en Cuba, Nicaragua, Haití, República Dominicana.

Roosevelt afirmó: «No garantizamos a ningún estado contra el castigo si se comporta mal», nada alejado de las frases y expresiones que Trump acostumbra a manifestar como amenaza a quien no se le someta, asegurando de esa forma el derecho de Estados Unidos a intervenir en Latinoamérica en casos de «faltas flagrantes y crónicas por parte de una nación latinoamericana» para evitar la intervención de los acreedores europeos.

También se impuso la llamada Diplomacia del Dólar: lo que no podían hacer a la fuerza lo harían mediante las intervenciones e inversiones económicas, facilitando que las corporaciones que se beneficiaban colaboraran de esa manera con la seguridad nacional estadounidense, evitando la presencia financiera y económica de países europeos.

Trump está reinterpretando en tiempo actual la Doctrina Monroe, actuando directamente, por la fuerza allí donde lo considere necesario, en su visión global, en cualquier parte del mundo. Para eso tienen más de 800 bases y emplazamientos militares en más de 100 países.

En el ambiente de la II Guerra Mundial desarrollaron la política de Buena Vecindad. Pero, al terminar la II Guerra Mundial, junto con Inglaterra, Estados Unidos impulsó la Guerra Fría y de nuevo políticas agresivas. El mundo fue dividido en los países que estaban detrás de la llamada Cortina de Hierro, en Europa, y detrás de la llamada Cortina de Bambú, en el Asia, con motivo del surgimiento de nuevos países socialistas. Al interior de los Estados Unidos durante la década de 1950-1960 las políticas macartistas definieron las políticas internas represivas, y a nivel continental desde finales de la década de 1940, se impulsaron las doctrinas económicas de Plan Clayton y de las doctrinas militares del presidente Truman. Con estas se fortalecieron regiones agrícolas para evitar guerrillas campesinas. Con la doctrina Truman se le dio impulso a las bases militares en el Canal de Panamá para preparar los ejércitos de los países latinoamericanos en su lucha anticomunista y de contrainsurgencia guerrillera.

A nivel de América y de Centroamérica, con motivo del triunfo de la Revolución Cubana se impulsó el Plan de la Alianza para el Progreso, y a nivel militar el Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, que unía a los ejércitos de Centroamérica.

De esta Doctrina de Truman surgió el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, con la intención de crear una Fuerza Interamericana de Paz, un ejército continental en capacidad de enfrentar cualquier expansión soviética al continente, o cualquier amenaza extracontinental a cualquier país latinoamericano, obligando a su segura defensa hemisférica, lo que no sucedió en la Guerra de las Malvinas, ni con las intervenciones de los Estados Unidos en 1965, cuando invadió República Dominicana, resultado un gobierno militar 13 años, o cuando el gobierno democrático del Estado Socialista de la isla Granada, en el Caribe, que dirigieron en sus dos gobiernos, Maurice Bishop y Bearnard Coard, quien fue derrocado por una intervención militar estadounidense en 1983.

Con la doctrina Truman se impulsaron dictaduras, tiranías, satrapías, gobiernos autoritarios y despóticos, persecuciones y represiones anticomunistas en el continente.

Con el gobierno de Trump, en este segundo período, se proyecta su doctrina política y militar de modo más agresivo. Haciendo guerras, interviniendo países, secuestrando presidentes y amenazando con hacerlo si es necesario a sus intereses de seguridad nacional. Los objetivos de la acción militar Trump los podemos ver así, como ha sucedido con Venezuela:

Primero: control de las relaciones internacionales de Venezuela en el contexto mundial, considerando esa proyección dentro de esas relaciones de Estados Unidos. Debilitar y quebrar las relaciones con Rusia, con la República Popular China, con Irán, con Cuba principalmente.

Segundo: ejercer control de la producción petrolera venezolana, considerada una de las reservas mundiales más importantes. Las primeras acciones después de la intervención militar y de las relaciones que han establecido con las autoridades a cargo del gobierno venezolano así lo demuestran. Control de otros minerales que consideren importantes, oro y las llamadas tierras raras.

Tercero: informar al mundo que Estados Unidos no acepta países latinoamericanos disidentes de su esquema de política exterior, en el contexto mundial de países que surgen como rectores hegemónicos mundiales, como son Rusia y China particularmente. De manera especial China que se proyecta como la principal economía del mundo a partir del 2030.

Cuarto, establecer bien claro el Meridiano que separa al continente de Europa.

A la par de la llamada “Cumbre de Alto Nivel” Trump también hizo una Mini Cumbre de Ejércitos del continente. La llamó “Conferencia de las Américas contra los Carteles. Declaración conjunta de Seguridad”. Tiene más de aspectos políticos, económicos que militares. Trump, en ese diseño geopolítico, ha impulsado la llamada Junta de la Paz, casi sustitutiva de la ONU.

En el continente, el presidente Donald Trump reunió el pasado 4 y 5 de febrero, antes de la reunión con los presidentes felpudos, también en Miami, en su club familiar de Mar-a-Lago, a representantes de los Ministerios de Defensa y de los Ejércitos de 17 de los 34 países de América Latina, con el propósito, de poder actuar con el Ejército de los Estados Unidos allí donde al presidente Trump se le ocurra y justifique en su lucha contra las drogas, o en su lucha contra la presencia de Irán, Rusia, China y Cuba en el continente.

A esa mini reunión de representantes de mini ejércitos, en las cabezas de los ministros de Defensa, fueron invitados Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, la Republica Cooperativa de la Guyana, Jamaica, la República de Trinidad y Tobago, Las Bahamas, Belice y Costa Rica, que no tiene ejército por prohibición constitucional.

No invitaron a participar a los grandes países de América Latina, México, Colombia y Brasil, que solos ellos constituyen casi el 70 % de toda la población de América Latina, además de ser países conocidos por vivir situaciones de narcotráfico, narco delincuencias, narco producción y de organizaciones altamente desarrolladas en esos negocios. Sencillamente no lo invitaron a participar, porque a Trump no le interesa esa lucha con ellos presentes, en ese organismo que ha creado, donde él gobierna y manda, y los ministros, y presidentes, de esas pequeñas naciones obedecen.

La DEA, la CIA y otras dependencias militares actúan en todos los países de América Latina, donde hay casi 30 bases militares, que no llevan a cabo luchas de ninguna clase contra ese crimen organizado.

Sencillamente, Trump ha creado un círculo de pequeños países alrededor de Cuba, Nicaragua, México, Colombia donde quiere actuar como lo hizo con Venezuela. Por eso no invitaron a Venezuela, qué la tienen intervenida como si fuera un Protectorado neocolonial, a Nicaragua que la tienen marcada y especialmente a Cuba, que le llevan ganas. México le acaba de dar una lección de control de la lucha contra las drogas a Trump.

Esa Junta de Trump, de militarotes de los ministros de Defensa, reunidos y jefeados por el secretario de Guerra, como ahora se llama el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Óigase y léase bien: Departamento de Guerra, para hacer guerras, no para negociar la paz ni buscar la paz. El negocio es la guerra y el control de territorios de materias primas que esas guerras produzcan.

Esta iniciativa militar “liquida” al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y al Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA. Impulsa un grupillo de países con poca capacidad militar para justificar, bajo la jefatura del Ministerio de Guerra de los Estados Unidos acciones militares en el continente, cuando así lo decidan y declaren de conformidad a lo acordando el 4 y 5 de marzo en Doral, Miami, frente a las amenazas que enfrenta el Hemisferio Occidental, para combatir el narcoterrorismo, fortalecer la seguridad hemisférica y las esferas que se determinen mutuamente, para “promover la paz a través de la fortaleza”, quedando al frente de esta alianza militar Pete Hegseth, Secretario de Guerra de los Estados Unidos.