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¿Campeones latinoamericanos de la libertad?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

¿Quién iba a creerlo? De verdad que nadie es profeta en su tierra, pensará él; tenía que alzar su mano un cubano-americano, desde su «centro para la libre economía«, fundado hace escasos cuatro años, para condecorar al presidente Rodrigo Chaves, como paladín de la democracia. Como el Abraham Lincoln costarricense, el Thomas Jefferson del barrio El Carmen, el José Mujica tropical, el campeón de la libertad.

Como veremos, para el gestor Carlos Díaz no interesa que, para esta condecoración, se tuviera que obviar que nuestro «referente democrático», hubiese sido condenado por acoso sexual contra unas jóvenes, en un tribunal del Banco Mundial. Ni que, en nuestro país, y desde la primera semana como presidente, se esmerara en desconocer la separación e independencia de los poderes de la República, bastión de la democracia representativa. O que, con lenguaje vulgar, difamara al fiscal general, que responsablemente, dirige investigaciones en su contra, que podrían constituirse en delitos. Así como, los actos de rechazo, de las vitales acciones anticorrupción, que cumple la Contralora General de la República, que le ha impedido la comisión de diversos delitos, y los más recientes ataques contra la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, por cumplir con el Código Electoral que, felizmente, nos rige.

Don Carlos Díaz-Rosillo, al condecorar a Rodrigo Chaves, pretende desconocer los ataques chavistas, a los que él llama «corruptos magistrados de la Corte Suprema de Justicia», así como al «nido de alimañas» que se refugia en la Asamblea Legislativa, entre otros. ¡Esos «adornos», no le interesan a Díaz-Rosillos! No, jamás. Él , y los suyos, lo que valoran, es que nuestro presidente, unilateralmente, se alió a Trump, en la guerra comercial contra China, y que, pese al desfinanciamiento criminal que el actual gobierno, ha aplicado a los programas de asistencia social, educación, seguridad pública, vivienda de interés social, generación de empleo, agricultura, lucha contra el narcotráfico, obras públicas, seguridad social, turismo, ambiente, etc., lo que a ellos interesa, son los resultados macroeconómicos de una política monetarista de corte neoliberal, trumpista, que sirva de pretexto para agradecer a quien prestó, ilegalmente, el sagrado suelo costarricense, para la instalación de un campo de concentración de emigrantes, entre ellos niños, expulsados por el gobierno compartido por Donald Trump y Elon Musk.

El fundador y mandamás de este nuevo centro de la pública Florida International University (FIU), Carlos Díaz, durante la primera administración de Donald Trump, fungió como Asistente Adjunto del presidente y director de Política y Coordinación Interinstitucional, sobre política de seguridad nacional, y comunicación estratégica, así como, subsecretario adjunto interino de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional. Es reconocido, como uno de los líderes, de la guerra comercial contra China. Muy cercano al ministro Marco Rubio, quien, a su vez, como se sabe, es defensor de la ultraconservadora, Asociación Nacional del Rifle, de quien recibió millones de dólares para sus campañas políticas. Pieza importante de la administración republicana del Estado de Florida, fuertemente influenciada por cubano-americanos, fieles a Trump, que, como vemos, han contaminado una institución de Educación Superior estatal, con la promoción de políticas ultraconservadoras, que, por cierto, incomodan a algunos estudiantes y catedráticos, que abogan por una universidad independiente de los políticos de turno.

Ejemplo de esa irrespetuosa intromisión que compromete la independencia que habría de tener la FIU, Díaz condecoró el año pasado, al que presentó, como «primer presidente libertario» de Argentina, al ultraderechista Javier Milei, a quien valora como un “referente mundial”, que habría de imitarse en el planeta.

Sobre Milei, cabe recordar, que, sobre los recortes brutales a los presupuestos de las instituciones culturales, ejecutados por este enemigo del fallecido Papa Francisco, el actor Carlos Belloso expresó lo que piensa la mayoría del pueblo argentino, cuando señaló, que “Todo lo que tenga que ver con la ayuda a la cultura, es necesaria. Por eso lo que está haciendo Milei, es muy peligroso, es una injusticia”, pues, “además del ataque feroz a los jubilados, está atentando contra la soberanía, y el hambriento pueblo. Este gobierno, es cruel, inhumano, inoperante y fuera de sus cabales”, enfatizó.

Sobre el gravísimo aumento sostenido de la pobreza y la indigencia durante el gobierno de ese presidente, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, alzó también su voz, señalando que “El panorama es trágico en términos sociales, pues el gobierno de Milei, demuestra ser absolutamente inhumano. Ni siquiera intentan disimular frente a la tragedia que estamos transitando. Según el informe del INDEC, el 66,1 % de los menores de 14 años viven en hogares con ingresos inferiores a la Canasta Básica Total. Estos números lo reflejan claramente, pero el contraste con la actitud del presidente hace que estos datos sean aún más estremecedores», acotó.

Asimismo, pasó por su centro para «la libertad económica», entre otros, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, responsable de varios casos de violaciones a los derechos humanos, por lo cual, la ONG Human Rights Watch, lo ha denunciado. Varias personas cercanas a Uribe han sido encarceladas y otras tienen procesos judiciales, por casos como la “Yidispolitica”, donde se compraron votos en el congreso para aprobar su reelección, así como por el llamado Agro Ingreso Seguro, donde latifundistas propietarios de grandes extensiones de tierras, fraccionaron sus predios, con la complicidad de Uribe, para acceder a múltiples subsidios, y el de las «chuzadas» del DAS, caso de escuchas ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad, organismo de inteligencia estatal, contra políticos y periodistas.

Asimismo, manejó redes de informantes, que pusieron en riesgo a la población civil, cual si fuesen actores del conflicto armado contra el narcotráfico. Hace siete años, el Tribunal Superior de Antioquia, pidió iniciar una investigación contra Álvaro Uribe por su posible relación con las masacres de civiles provocadas por paramilitares. De hecho, se conoce que hay más de 28 procesos judiciales en su contra en la Corte Suprema de Justicia, que no avanzan y que han generado varias críticas a nivel nacional en torno a la crisis judicial de Colombia, aunque actualmente, Uribe se encuentra en juicio por fraude procesal y soborno.

En política internacional, este otro condecorado por Carlos Díaz, apoyó la guerra contra el terrorismo de George W. Bush, y avergonzó a los colombianos, por su apoyo diplomático a la invasión de Irak del 2003.

Sin embargo, para Carlos Díaz, lo único que importa, como merecedor de una condecoración, fueron los resultados macroeconómicos de su gestión…, pese a que, en el ámbito económico, sus “éxitos” son similares a los de Milei en Argentina y a los de Chaves en Costa Rica.

Pues amigos, ese es el contexto que rodea la cena y condecoración a nuestro presidente, que, con extraña pompa, se ha destacado en nuestro país por sus encargados de propaganda, quienes, por supuesto, ocultan bajo la tierra, ¡como los jaguares!, quiénes son los indeseables compañeros de viaje, que le han precedido, como socios de ese poco prestigioso club.

30.4.2025

China y la vigencia del marxismo en la nueva era: una reflexión a la luz de Lenin

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

En su análisis del imperialismo como fase superior del capitalismo, Lenin afirmaba con contundencia: “si el capitalismo hubiese podido desarrollar la agricultura…y elevar el nivel de vida de las masas…sin duda no hablaríamos de un excedente de capital. Pero si el capitalismo hubiese hecho esas cosas no sería capitalismo”. Esto lo argumentaba a inicios del siglo pasado, cuando a pesar de los avances técnicos y demás, las necesidades y calamidades soportadas por grandes mayorías en las sociedades industriales generaban contradicciones inaceptables. Con ello, Lenin señalaba la contradicción estructural del capitalismo: su incapacidad sistémica para colocar el bienestar de las masas por encima de la lógica de acumulación del capital.

A la luz de esta afirmación, resulta insostenible el argumento, común en ciertos sectores occidentales, de que el modelo chino actual representa simplemente una forma de “capitalismo de Estado”. El desarrollo alcanzado por China en las últimas décadas, confirmado recientemente por el Informe sobre Desarrollo Humano 2023/2024 del PNUD, muestra un avance que no puede explicarse bajo las lógicas capitalistas tradicionales. Con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) que ha pasado de 0,499 en 1990 a 0,788 en 2022, y con más de 770 millones de personas sacadas de la pobreza, China es hoy el único país que ha escalado del grupo de desarrollo humano bajo al alto desde la creación de este indicador.

Este ascenso no responde a una expansión del capital para beneficio de una minoría, como el típico estilo neoliberal de occidente en el que directa o indirectamente convergieron los partidos políticos, tras el falaz “fin de la historia”. Por el contrario, ha estado impulsado por una estrategia de desarrollo centrada en el pueblo, dirigida por el Partido Comunista de China (PCCh). Las reformas estructurales, guiadas por el principio de “cruzar el río tocando las piedras”, propuesto por Deng Xiaoping, han permitido utilizar herramientas del mercado como medio y no como fin, siempre subordinadas al objetivo superior de mejorar la vida de las mayorías, o sea, del socialismo desde la perspectiva china.

Esto no es capitalismo, porque no responde a su lógica esencial. Como bien explicó Lenin, el capitalismo necesita mantener la pobreza (material y/o espiritual) de las masas como condición de su existencia. En cambio, en China, se han construido los sistemas de salud, educación y seguridad social más grandes del mundo, se ha expandido una clase media de más de 400 millones de personas, y se ha eliminado la pobreza absoluta. A diferencia del capitalismo salvaje, donde el excedente se reinvierte para generar más ganancias privadas y socializar las pérdidas, el excedente en China se ha dirigido a mejorar las condiciones de vida del pueblo y a promover el desarrollo de zonas históricamente marginadas. Estos son hechos irrefutables.

Además, este modelo no solo responde al marxismo-leninismo como doctrina política, sino que integra profundamente las tradiciones filosóficas chinas, como el confucianismo, el taoísmo y el legado civilizatorio de más de 5.000 años, que colocan el orden, la armonía social, el bienestar colectivo y el equilibrio con la naturaleza como objetivos fundamentales. Esta sinergia entre ideología y cultura dota al proyecto chino de una fuerza interna que le permite innovar sin desviarse de su rumbo socialista, algo realmente ejemplar tanto para las izquierdas como derechas occidentales.

El presidente Xi Jinping ha sido claro al afirmar que China no busca solo su propia revitalización, sino también el desarrollo común con otros pueblos del mundo, proponiendo la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Esta visión se aleja radicalmente del nacionalismo burgués o de la expansión capitalista, y se orienta hacia una lógica civilizatoria post-capitalista. Prueba de ello es su Iniciativa para la Civilización Global, una propuesta para promover una mejor comprensión y amistad entre pueblos.

Cuando se observan los logros en bienestar social, en reducción de desigualdades, en desarrollo tecnológico al servicio del pueblo y en liderazgo global solidario basado en el respeto mutuo y herramientas como la cooperación internacional, queda claro que el modelo chino de socialismo con peculiaridades propias no es una desviación del marxismo, sino una de sus expresiones más avanzadas, concretadas históricamente a través de una praxis política que ha sabido adaptar los principios fundamentales a las condiciones reales del país. Como lo anticipó Lenin, si el sistema mejora la vida de las masas de forma sostenida, entonces no es capitalismo.

Gaza / Israel: audiencias públicas sobre obligaciones de Israel en Gaza iniciaron

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, titulado «Bombing plants, severing pipelines: Israel pushes Gaza water crisis to the brink» (Magazine+972, edición del 23 de abril del 2025, cuya lectura completa se recomienda).

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

«Tout ce qui se passe ne semble pas relever du hasard, mais d’un plan systématique clairement visible, dans une tentative manifeste de pousser les habitants à l’exil, à accepter ce qu’on appelle les projets de « migration volontaire », c’est-à-dire un déplacement forcé déguisé. Les politiques de famine, de destruction et de bombardements constants ne sont que les outils d’un plan plus vaste visant à vider Gaza de ses habitants ou à briser leur volonté. Ce qui se joue à Gaza n’est pas seulement un siège ou une agression, mais un processus d’extinction méthodique de la vie et de la présence palestinienne». 

Testimonio de habitante de Gaza, 12 de abril del 2025. Extracto de»Témoignage d’Abu Amir, le 12 avril 2025: Gaza sous le feu: bombardements et faim impitoyable». Texto completo disponible aquí.

«According to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, between the 18 and 25 March, as of 12:00pm, 792 Palestinians were killed and 1,663 were injured. Many bodies remain under the rubble of destroyed structures, according to MoH. Since the 19 January, and as of 25 March, a total of 897 bodies were retrieved from areas that were previously inaccessible, the MoH reported. Since 7 October 2023 and as of 25 March 2025, the MoH in Gaza reported that at least 50,144 Palestinians have been killed and 113,704 Palestinians injured».

Extracto de informe sobre la situación en Gaza al 25 de marzo del 2025, elaborado por Naciones Unidas

Este 28 de abril del 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) inició las audiencias públicas, que se extenderán hasta el próximo 2 de mayo en La Haya, en el marco del procedimiento consultivo sobre las obligaciones que tiene Israel en Gaza que derivan de su calidad de Estado  Miembro de Naciones Unidas: véase comunicado de prensa oficial del mismo 23 de abril de la CIJ conteniendo el programa definitivo de estas audiencias, en francés y en inglés. 

La ciudad de La Haya será escenario de un ejercicio en el que Naciones Unidas, unos 40 Estados y otras tres organizaciones internacionales tendrán la oportunidad de hacer ver a los jueces de la CIJ la importancia que revisten las reglas jurídicas que obligan a todo Estado Miembro de Naciones Unidas y de detallar ante la máxima instancia jurisdiccional la lista de obligaciones jurídicas que Israel ha violado: por parte de América Latina, participarán por orden de aparición ante los jueces de la CIJ  (véase programa): Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, México y Panamá.

La opinión jurídica remitida a la CIJ por el Secretario General de Naciones Unidas (véase texto en francés y en inglés) en febrero del 2025 es de particular interés, al haber sufrido la organización como tal, cuantiosas pérdidas y graves perjuicios en razón de las acciones militares intencionalmente desplegadas por Israel contra sus funcionarios y contra sus numerosas instalaciones en Gaza.

El procedimiento consultivo permite además que los Estados y las organizaciones internacionales le recuerden a los jueces de la CIJ el irrespeto recurrente que Israel ha manifestado a las diversas ordenanzas tomadas por la misma CIJ en aras de frenar a Israel en su insensata destrucción de Gaza entre enero y mayo del 2024 (cuatro ordenanzas en total con la adoptada en mayo del 2024 que tuvimos la ocasión de analizar – Nota 1).

Tuvimos la oportunidad de analizar los alcances de este procedimiento consultivo, el tercero relacionado a la situación en el territorio palestino ocupado de la CIJ, originado por una propuesta inicial  de Noruega  en octubre del 2024, y que fue objeto de una votación que reunió una mayoría abrumadora en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 2024, no sin hacer ver algunas de las inconsistencias pasadas de Costa Rica en solicitudes similares hechas a la CIJ (Nota 2).

El primer día de audiencias en breve

El  verbatim de esta primera jornada está disponible desde ya en estos dos enlaces oficiales de la CIJ: se puede, para este primer día de audiencias, leer las intervenciones de Naciones Unidas y de Palestina de la mañana del 28 de abril en este enlace  y el verbatim de las exposiciones finales escuchadas en la tarde por parte de Palestina, Egipto y Malasia en este otro enlace.

La lectura detallada de las intervenciones escuchadas en este primer día de audiencias es recomendada, al proceder los representantes de Naciones Unidas y la delegación de Palestina, a enlistar  de manera sumamente detallada y estructurada las violaciones por parte de Israel de una larga lista de obligaciones internacionales, que debe respetar todo Estado Miembro de Naciones Unidas. 

Las violaciones a obligaciones internacionales acarrean para un Estado que las comete consecuencias jurídicas: la obligación de reparar el daño y la de indemnizar a las víctimas.

En su intervención con los delegados de Palestina, el jurista galo Alain Pellet desarrolló estas consecuencias al indicar (páginas 19-21, audiencias de la tarde disponibles en este enlace) que la obligación de Israel de reparar los daños y perjuicios ocasionados se extiende a Palestina y a Naciones Unidas como tal, y a todos los Estados que han participado en la ayuda humanitaria en dirección de Gaza (y ello a partir de las reglas en materia de codificación del derecho de la responsabilidad de un Estado adoptadas por la Comisión de Derecho Internacional / CDI) de Naciones Unidas:

«26. En l’espèce, les manquements d’Israël à ses obligations humanitaires se sont traduits par de terribles souffrances humaines largement irréparables par la restitution, à commencer par la mort de milliers de civils palestiniens, y compris des milliers d’enfants. La restitution, qui est la règle dès lors qu’elle n’est pas matériellement impossible, n’est pas exclue pour autant s’agissant d’autres dommages, par exemple en ce qui concerne la réparation ou la reconstruction des infrastructures publiques, des accès aux points d’eau et du réseau d’électricité, la reconstruction des habitations, des hôpitaux et des écoles ainsi que la restitution de matériels de soins ou d’enseignement par équivalence à ceux qui ont été détruits par les activités militaires israéliennes. Quant aux souffrances elles-mêmes, seule une indemnisation appropriée combinée avec les excuses des autorités israéliennes est de nature à en assurer réparation.

 27. L’État de Palestine a, lui aussi, droit à réparation pour les nombreux dommages que la politique et les actions d’Israël, grossièrement contraires au droit international, lui ont fait subir et que mes collègues ont détaillés dans leurs interventions de ce matin. Il en va ainsi, en particulier, des préjudices collectifs subis par la population palestinienne du fait, notamment, des déplacements incessants imposés par Israël à la population de Gaza et des expulsions auxquelles il a procédé en Cisjordanie y compris Jérusalem-Est. Il en va de même de l’isolement des villages palestiniens rendus inaccessibles à l’aide humanitaire des États tiers ou des organisations internationales. C’est le cas également de l’atteinte en résultant portée au droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. Ces dommages peuvent difficilement être réparés intégralement par la restitution ou par une indemnisation ; ici des satisfactions appropriées sont dues, et nous pensons qu’il serait fort utile que la Cour en donne des exemples. 

28. Il vous appartient aussi, Mesdames et Messieurs les juges, de préciser qu’Israël doit réparation aux Nations Unies ⎯ y compris à l’UNRWA ⎯ et aux très nombreuses autres organisations internationales et aux États impliqués dans l’aide humanitaire à Gaza et dans le reste du Territoire palestinien occupé pour les destructions causées à leurs propriétés ; et il incombe aussi à Israël d’indemniser leur personnel ou leurs ayants droit victimes de ses exactions. 

29. Monsieur le président, comme je l’ai dit en commençant, les violations des obligations incombant à Israël visées par la question qui vous est posée relèvent de ce que les articles 40 et 41 du projet de la CDI décrivent comme des violations graves par un État d’obligations découlant de normes impératives du droit international général ⎯ celles que la Commission avait considérées dans la première version de son projet comme des « crimes internationaux de l’État ». Je ne veux pas raviver cette querelle terminologique, mais il faut bien dire que l’expression avait le mérite de mettre l’accent sur la gravité des violations en cause. Dans sa rédaction actuelle, qui n’est d’ailleurs guère différente de celle retenue dans la première version du projet d’articles, l’article 41 tire de ces violations des conséquences dirigées surtout vers les obligations corrélatives de l’ensemble des États de la communauté internationale ⎯ et, en particulier, celle de coopérer pour mettre fin, par des moyens licites, à toute violation grave d’obligations découlant de normes impératives et celle de ne pas reconnaître comme licite une situation créée par une telle violation, ni de prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. Dans ses observations écrites, l’État de Palestine a analysé en certains détails ces obligations incombant aux tiers, qu’il s’agisse d’États ou d’organisations internationales. Je me permets de vous y renvoyer. 

30. Il s’en déduit qu’Israël doit répondre de ses manquements à l’égard de la communauté internationale dans son ensemble et, plus particulièrement, des États et des organisations internationales dont il a empêché ou entravé, et continue d’entraver, l’action humanitaire dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé et tout spécialement à Gaza, contribuant ainsi à aggraver les souffrances du peuple palestinien privé de son droit fondamental à disposer de lui-même«. 

La ausencia de Israel en La Haya

La larga lista de Estados y organizaciones internacionales (40 Estados y tres organizaciones internacionales además de Naciones Unidas) invitados a dirigirse a los 15 integrantes de la CIJ que figuran en las primeras 8 páginas de los verbatim (véase enlace de audiencias por la mañana y por la tarde) no incluye a Israel, que al parecer, ha considerado innecesario venir a presentar  alegato alguno ante la justicia de La Haya. 

Si bien para algunos comentaristas, puede tratarse de un pequeño detalle de forma, este omisión de Israel viene a confirmar el hecho siguiente: la narrativa de Israel (y la de sus aliados) tendiente a justificar legalmente el actuar de Israel en Gaza y en el resto del territorio palestino ocupado con base en consideraciones y «argumentos» legales desplegada desde su aparato diplomático (así como a través de una gran cantidad de analistas, columnistas y «expertos» en diversas entidades y latitudes…) no resiste un debate ante jueces internacionales. Sobre este preciso punto, habíamos tenido la oportunidad de señalar una omisión muy similar en el marco del procedimiento consultivo anterior de la CIJ que concluyó el 19 de julio del 2024, con un total de cinco modestas páginas enviadas por Israel para su defensa ante los jueces de la CIJ (Nota 3).

Los cinco Estados Miembros Permanentes de Consejo de Seguridad presentes

Es de recalcar que los cinco Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad enviaron sus respectivas opiniones jurídicas a la CIJ y las presentarán durante estas audiencias públicas. 

Desde el punto de vista jurídico, será de sumo interés revisar el contenido de la argumentación de Estados Unidos dada la verdadera proeza que le significa a un Estado el intentar justificar a Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 a la luz de las obligaciones jurídicas que derivan de su pertenencia como Estado a Naciones Unidas, y de las reglas que imperan en derecho internacional público. De igual manera, se esperan construcciones jurídicas probablemente algo osadas e inventivas en las opiniones legales remitidas por Hungría y por Panamá. Como bien se sabe, Panamá es el único Estado de América Latina que no reconoce a Palestina como Estado, un tema que «analizan» sus máximas autoridades desde… casi 10 años (véase nota de prensa del 4 de julio del 2015).

Con relación al Reino Unido es de notar que al 12 de marzo del 2025, no había enviado ningún escrito (véase comunicado en francés y en inglés en los que no aparece registro alguno en el listado dado a conocer por la CIJ); por lo que el que ahora aparezca para presentar su opinión jurídica a los jueces en las audiencias públicas que iniciaron el 28 de abril en La Haya constituye un hecho que plantea interrogantes muy válidas. ¿error u omisión inicial de la Secretearía de la CIJ o… privilegio (algo desconocido) de un Estado que ostenta la membresía permanente en el Consejo de Seguridad cuando vence un plazo para entregar un documento a la CIJ? 

Estados Unidos e Israel: una alianza a toda prueba

Con relación a Estados Unidos, es muy probable que reproduzca en su intervención ante los jueces de la CIJ algunos de los «argumentos» de Israel escuchados desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023. Al respecto, resulta oportuno indicar que, paralelamente a la dura campaña desplegada por el aparato diplomático norteamericano contra órganos de Naciones Unidas cuando critican a Israel, se dio a conocer este muy detallado informe de Human Rights Watch sobre la política draconiana de represión contra profesores y académicos críticos de Israel en los campus universitarios norteamericanos, observada desde el 20 de enero del 2025. 

En días recientes las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron incluso que sus funcionarios revisaran contenidos «antisemitas» en redes sociales ante de otorgar visas de ingreso al territorio norteamericano (véase nota oficial del USCIS del 11 de abril del 2025). El comunicado oficial del 15 de abril del 2025 de la Misión Permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas cuestionando a la Relatora Especial sobre los derechos del pueblo palestino de Naciones Unidas, Francesca Albanese (véase texto) pone en evidencia la exacta coincidencia de criterio existente entre Estados Unidos e Israel.

Cabe desde ya precisar que, así como las máximas autoridades de Israel tildaron de «antisemitas» a los jueces de la CPI en noviembre del 2024 (véase nota de prensa), y pidieron al Secretario General de Naciones Unidas que renuncie a su puesto en octubre del 2023 al indicar el contexto en el que se enmarcó el ataque del 7 de octubre (véase nota de prensa), en el mes de enero del 2024 consideraron una primera ordenanza dictaminada por otra jurisdicción internacional (la Corte Internacional de Justicia / CIJ) totalmente sesgada en razón del «antisemitismo» de algunos de sus integrantes (véase nota de The Guardian): se trata de una reacción iracunda de Israel cada vez que su diplomacia fracasa, y que ya no impresiona mayormente, salvo en el caso de algunos pequeños círculos políticos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos y de otros más pequeños círculos activos en algunas capitales. 

Un cerco de la justicia internacional sobre Israel que se va paulatinamente cerrando

Más allá de la facilidad con la que se usa el término de «antisemita» o «antisemitismo» en las esferas gubernamentales israelíes y en sus círculos afines, la justicia internacional despliega poco a poco sus efectos sobre Israel.

El pasado 24 de abril, otra jurisdicción internacional situada en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI), mantuvo inalteradas las dos órdenes de arresto contra dos dirigentes en Israel, objeto de una apelación por parte de Israel (Nota 4). Como bien se sabe, los jueces de la CPI no juzgan a Estados, sino que enjuician a individuos desde el punto de vista penal, en este caso por haber instigado y ordenado la comisión de numerosos crímenes de guerra en Gaza. Es de notar que la orden de arresto inicial contra dos dirigentes de Israel por parte de la Fiscalía de la CPI en mayo del 2024  fue acompañada de una orden de arresto contra tres dirigentes del Hamás, los cuales han sido asesinados por Israel desde entonces (véase comunicado oficial de mayo del 2024 de la CPI).   

Este 28 de abril, en un comunicado de prensa pasado casi desapercibido en la prensa internacional, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció la estrategia deliberada de Israel tendiente a provocar una situación catastrófica en Gaza desde el punto de vista humanitario, acompañada por el bombardeo intencional de zonas en las que se concentran grandes cantidades de desplazados y de refugiados: remitimos a nuestros estimables lectores al texto completo de este comunicado oficial, cuya lectura integral se recomienda, en particular dado el silencio sobre su contenido observado en los principales medios informativos internacionales.

A partir de este 28 de abril, la CIJ, que juzga a Estados (y no a individuos)  entró en la recta final del análisis del actuar de Israel en Gaza a luz de las reglas que imperan en el ordenamiento jurídico internacional. Resulta de importancia el poder analizar los diversos argumentos jurídicos planteados ante los jueces de la CIJ, y compararlos luego con aseveraciones diversas leídas por parte de Israel y de sus círculos de influencia sobre la pretendida «legalidad» de sus mortíferas acciones militares en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.  

Está igualmente disponible en este enlace el verbatim del 29 de abril (por la mañana) en el que se pueden leer las intervenciones de Sudáfrica, de Argelia, de Arabia Saudita, de Bélgica y de Colombia; así como el del mismo día 29 por la tarde (véase enlace) con las intervenciones de los delegados de Bolivia, Brasil, Chile y España.

Al respecto, hay que saludar a estos y demás Estados, los cuales – en su inmensa mayoría -, buscan en la majestuosa sala de audiencias del Peace Palace, la manera de convencer a los jueces de la CIJ de la imperiosa necesidad de ordenarle a Israel respetar  estas reglas internacionales, y ello pese a los esfuerzos en sentido contrario desplegados por el incondicional aliado que posee y ha poseído históricamente Israel: Estados Unidos.

Al respecto, el último informe de Amnistía Internacional (AI) a abril del 2025 (véase enlace) detalla a partir de la página 211 el tipo de exacciones repetidas observadas por parte de Israel en el territorio palestino ocupado y la total falta de voluntad por parte de Estados Unidos y de otros Estados de frenar el insensato ímpetu destructor israelí.

A modo de conclusión

La actitud desafiante de Israel hacia la justicia internacional de La Haya, sea la CIJ, sea la CPI, y las reiteradas vociferaciones de sus máximos dirigentes en contra de ambas jurisdicciones, no pueden sino contribuir a que los jueces de ambas jurisdicciones, tomen decisiones particularmente ejemplarizantes. En particular, dado el irrespeto absoluto a las reglas que imperan en el ordenamiento jurídico internacional por parte de las máximas autoridades israelíes desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023. 

Sin lugar a dudas, en este mes de abril del 2025, se cierra el cerco de la justicia internacional sobre Israel como raramente observado contra un Estado y contra sus dirigentes.

Más extraño aún puede entonces resultar que a inicios de este mismo mes, Costa Rica informara de la próxima culminación de las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) con Israel (véase nota de prensa de ElObservadorcr); como si, para los actuales jerarcas de Costa Rica y buena parte del sector productivo costarricense… nada pasara.

Notas

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena a Israel suspender de inmediato su ofensiva en Rafah y abrir Gaza a investigación por parte de agencias de Naciones Unidas«,  24 de mayo del 2024. Texto disponible aquí.

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza  /  Israel: apuntes desde Costa Rica sobre fijación de fecha para audiencias públicas, de cara a nueva solicitud de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) » 12 de marzo del 2024. Texto disponible aquí.

Nota 3: En aquella oportunidad, nos permitimos señalar que en julio del 2024, al darse a conocer la opinión consultiva de la CIJ sobre la colonización y la ocupación ilegal del territorio palestino ocupado que: 

«Al respecto, las 292 páginas del escrito de Palestina (véase texto  en francés y en inglés) contrastan con las módicas 5 páginas remitidas en su momento por Israel (véase texto en francés y en inglés). 

Con respecto a Israel, cabe indicar que, pese a poder hacerlo, Israel optó por no participar luego en las audiencias orales, un detalle que la jueza oriunda de Estados Unidos en la CIJ consideró necesario señalar en su declaración separada (véase texto), al precisar que:

«4. It also is unfortunate that Israel did not meaningfully participate in these advisory proceedings. Israel submitted a five-page written statement to the Court, together with annexes. It chose not to participate in the oral proceedings, despite the fact that up to the opening of those proceedings, the Court had reserved three hours for Israel to present its views — the same amount of time allocated to the observer State of Palestine, and six times the amount allocated to any other participant. This is an advisory proceeding, and no State was under an obligation to participate, including Israel. Israel’s participation in the oral proceedings, however, would have benefited the Court. Conversely, the failure of a State to participate cannot prevent the Court from fulfilling its responsibilities in replying to an advisory request» «. 

Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 19 de julio del 2024. Texto disponible aquí. 

Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Sala de Apelaciones de Corte Penal Internacional (CPI) mantiene órdenes de arresto contra dirigentes en Israel«, 24 de abril del 2025. Texto disponible aquí.

La política de los poderes autocráticos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar1

1 Catedrático pensionado de la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

La política contemporáneamente ha sido concebida popular y mediáticamente como el quehacer de los gobernantes, o de las intencionalidades y actuaciones de los políticos, para transformar las realidades y obtener determinados resultados en la sociedad. Es una falsa concepción que ignora la historia, la epistemología y la ética, a pesar de ser una recurrentemente visión alimentada por el discurso del poder prevaleciente y por una cotidianidad que promueve la apatía, el conformismo y la ignorancia, que asume y divulga que la problemática social y el desarrollo nacional, son decisiones y acciones, que se resuelven con las políticas del poder estatal.

La política no es una facultad individual del autócrata, tampoco ha existido siempre. La política surge en la historia con la Revolución Americana y la Revolución Francesa, cuando se erradicaron, en sus tiempos y espacios, las formas autocráticas del poder estatal y emergieron decisiones y acciones que inauguraron nuevas sociedades con democracia, libertad e igualdad, así como se constituía la ciudadanía, la política, la nación y el Estado Social.

La articulación de la sociedad civil y la sociedad política fue una conquista continuada por los Estados de Bienestar, hoy liquidada en Costa Rica, inconclusa en EE.UU y en acelerada descomposición en Europa. La política o la facultad ciudadana de decidir y actuar sobre sus necesidades y anhelos, así como la acción estatal es dependiente de las decisiones sociales y del interés nacional.

En el pasado esclavista y feudal no existían las políticas, el poder adoptaba decisiones absolutas y arbitrarias que se imponían a las poblaciones subalternas. Los esclavistas, los señores feudales, ni en los actuales autócratas de la colonialidad del poder, subordinados al poder imperial, no han tenido o han perdido las facultades sociales otorgadas al Estado para ejecutar los mandatos ciudadanos.

La concepción epistemológica individualista de la política, en la actualidad, es la imposición del individuo, el autócrata, quien se ha arrogado la facultad de decidir, delimitar y ejecutar acciones para pretender lograr predeterminados propósitos, aun cuando sin mediación social ni conocimiento sobre la realidad intervenida. La mecanización y estandarización de la política es digna de orates, pues estiman tener la capacidad de alterar las realidades a su antojo y obtener cualquier resultado deseado. El conocimiento sobre los espacios sociales, inéditos, complejos y multideterminados, nunca son técnicos ni iguales a otras realidades, son aspectos ignorados por los políticos que prefieren la estandarización de las cosas y las simplificaciones del pasado y el presente.

Emular alguna política estatal por los resultados en un contexto y tiempo particular, es error como lo es, el asumir que las determinaciones de los fenómenos en contextos específicos obedecen a causas y efectos similares. La particularidad y dinamismo de cada realidad, impide la obtención de resultados similares. Las realidades sociales no son objetos mecánicos, ni los fenómenos son producto de determinaciones ni efectos estandarizadas.

La proyección el pasado y el presente hacia un futuro inventado, es una ilusa o intencionada práctica del aparato institucional estatal y de los políticos que engañan ofreciendo bienestar, justifican desaciertos, acusan a otros y no asumen responsabilidades, modos infantiles de pretender ganar legitimidad social y presentarse como inocentes víctimas. No obstante, es una regularidad de la política autocrática, el dilapidar los recursos públicos para propósitos ajenos a la ciudadanía y al progreso nacional, para ser fuente de compras de dudosa legalidad empresarial y de procesos poco transparentes en la administración estatal.

La visión de política es el mecanicismo aplicado en la actuación estatal en la sociedad. Así, la materialización de los fracasos de la política no son errores ni omisiones, son resultados obvios e intencionados que el discurso del poder distorsiona la realidad y divide social e ideológicamente a las poblaciones.

La política como se conceptúa y ejecuta es inconsistente, enuncia ofrecimientos imposibles de resolver, no solo por lo expresado previamente, sino porque se efectúa en un sistema y una estructura, sustentado en una legislación que reproduce la clase en el poder y el capitalismo imperial en el espacio nacional, así como, porque es la alternativa impuesta como forma de vida de las relaciones sociales. De este modo, las políticas de los Estados contemporáneos son contradictorias, demagógicas y segregacionistas socialmente, porque son manifestaciones como se reproduce y expande la clase global nacional y mundialmente.

La política de ningún modo es una actuación autoritaria de autócratas. La apropiación de la facultad ciudadana es una regresión histórica, democrática y cognoscitiva del Estado.

La defraudación social de la política en las poblaciones se agudiza incesantemente, en sus formas ideológicas y partidarias, posibilitando una eterna e insustancial competencia electoral. La política actual, no persuade y se revela como un juego de engaños y traiciones contra la ciudadanía que crea decepciones e indiferencias sobre el devenir político, así como miedos y visiones fatalistas de inevitabilidad de la situación ciudadana y nacional.

La política vive una profunda crisis causada por los autócratas que se han apropiado del derecho ciudadano de decidir su propio futuro privatizando el bienestar, por empobrecer y esclavizar a las poblaciones con salarios miserables, desempleo, así como, por la descomposición, corrupción y desfinanciamiento de los servicios públicos en Costa Rica y en los hermanos subalternos de nuestra América.

El reconocimiento de la crisis de la política es parte del camino para restablecer la democracia y la libertad por la política del pueblo para el pueblo.

¿Qué tenemos para mañana Primero de Mayo?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Mañana Primero de Mayo se concentran cuatro eventos en el Calendario de la Patria muy importantes.

El Primero, el 168 aniversario de la Rendición de William Walker, el filibustero estadounidense que quiso apropiarse de Centroamérica, de las cinco repúblicas y convertir a nuestros pueblos en pueblos esclavos de los Estados sureños de los Estados Unidos. Walker durante su estancia y ocupación en Nicaragua, estableció por un breve periodo la esclavitud, habiéndose declarado presidente de ese país.

La rendición de William Walker es lo que motiva la celebración del Primero de mayo como día feriado nacional. Así lo estableció el presidente Juan Rafael Mora quien dirigiera como gran estratega y conductor táctico al Ejército Nacional en esa lucha, librada en los territorios de Costa Rica y de Nicaragua. La celebración obligatoria la estableció a partir de 1858 en todo el territorio nacional.

Lamentablemente en el día feriado ni en la celebración del día Primero de mayo se usa, o se acostumbra a relacionarlo con esta fecha que da su origen de día feriado y Fiesta Nacional. La prensa y los medios de comunicación no acostumbran a recordar esta fecha, con este contenido.

Los filibusteros eran en leguaje contemporáneo mercenarios, que con ejércitos privados, se prestaban o servían a gobiernos para iniciar o desarrollar guerras con objetivos económicos y políticos.

El segundo evento es la celebración del Primero de mayo como día internacional de los trabajadores. Se originó en las luchas que se dieron a partir de 1880 en Estados Unidos y Europa, que culminaron en los sucesos y grandes huelgas de trabajadores de 1886, en la ciudad de Chicago. En Estados Unidos se acostumbraba que cada primero de mayo los trabajadores y sus empleadores, en asambleas directas, pactaban los contratos de trabajo para el siguiente año.

La Federación Americana del Trabajo, sindicato que todavía existe con sede en Washington, y la Organización de los Caballeros del Trabajo, que agrupaba trabajadores inmigrantes en Estados Unidos y amplios sectores obreros, plantearon en sus Asambleas y Congresos realizados que el primero de mayo de 1886 se realizara la petición en los contratos de trabajo de la ocho horas diarias, como cláusula fundamental. Casi un millón de trabajadores se mantuvo en huelga por varis meses. En los primeros días de mayo la tensión fue muy grande y en la ciudad de Chicago se produjeron importantes disturbios, con heridos y muertos. A los principales dirigentes obreros de la huelga los capturaron, les siguieron un juicio totalmente amañado y los condenaron a muerte. En 1890 judicialmente corrigieron el juicio indicando que no habían tenido responsabilidad en aquellos incidentes, pero ya los habían matado. A esos dirigentes de les recuerda como los Mártires de Chicago. Ellos fueron August Spies, George Engel, Samuel Fielden, Adolph Fischer, Louis Lingg, Michael Schwab, Albert Parsons y Oscar Neebe. Su lucha fue por la jornada de ocho horas, el hacer valer la máxima «ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa». Las mujeres en esas luchas pedían el mismo sueldo por igual tarea y la reducción de la jornada laboral.

Las huelgas de 1886 lograron la jornada de ocho horas que se impuso, en términos generales, para el 80% de los trabajadores de los Estados Unidos. En 1888 la Federación Americana del Trabajo volvió a convocar para que el primero de mayo de 1890 se volvieran a realizar huelgas y manifestaciones para lograr la jornada de ocho horas de manera obligatoria en todos los Estados Unidos. Con este motivo dos congresos obreros socialistas, que se realizaron en París en 1889, acordaron sumarse a estas luchas, de manera internacional, a partir de 1890, y el Congreso reunido en la Sala Petrelle, acordó declarar el Día Primero de Mayo, como un día que debía celebrarse a partir de esa fecha de manera perpetua, para que cada primero de mayo, de cada año, los trabajadores se movilizaran demandando esta jornadas, hasta que así se aprobara definitivamente y para que, cada primero de mayo, se hiciera un balance de las luchas realizadas en el año transcurrido y se hiciera un planteamiento de luchas sociales y obreras para el año venidero. Así se estableció esta fecha, que en Costa Rica, con ese contenido se empezó a celebrar desde 1913. En el desfile de ese año, el discurso realizado por Joaquín García Monge ligó la fecha de la rendición de Walker con la de las luchas de los trabajadores.

La jornada de ocho horas de trabajo se empezó a a luchar en esa década. Desde 1918 se intensificó. A inicios de 1920, en febrero, se logró ganar para el sector público y se mantuvo un estado de huelgas y protestas que hicieron que en diciembre de 1920, el gobierno estableciera la jornada de trabajo en el país en ocho horas diarias, con cuarenta y ocho horas semanales.

En 1919, al terminar la Primera Guerra Mundial se constituyó la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que hoy forma parte de las organizaciones de las Naciones Unidas, a la que años después se integró Costa Rica. El Primer Convenio de Trabajo aprobado por la OIT fue el del establecimiento de la jornada de ocho horas diarias. Hoy la OIT, fortaleciendo los derechos de los trabajadores ha aprobado jornadas de seis horas diarias, sin disminución del salario, para trabajadores de algunos países europeos que han rebajado la jornada diaria y semanal de trabajo, como conquistas sociales de los trabajadores, avaladas por sus gobiernos.

En Costa Rica desde inicios de este siglo ha habido tendencias y presiones en la Asamblea Legislativa para elevar la jornada de trabajo a doce horas diarias, por cuatro días consecutivos, manteniendo la jornada de 48 horas a la semana. En este momento el proyecto de Ley de esta jornada de trabajo esclavista se encuentra en trámite legislativo, por impulso del actual gobierno y presidencia de Rodrigo Chaves Robles.

La manifestación convocada para mañana debe servir para presionar a los diputados para que no aprueben esta jornada de trabajo.

El tercer evento, asociado a esta fecha, es la elección del Directorio Legislativo, del grupo de diputados que debe dirigir la Asamblea Legislativa en su última Legislatura, período de tiempo que va desde el primero de mayo del 2025 al 30 de abril del 2026. La elección cobra relevancia porque el presidente Rodrigo Chaves Robles ha venido atacando despiadadamente a la Asamblea Legislativa, como institución y como Poder de la República, y a sus integrantes, los diputados, como lo peor del ambiente político institucional, y pintando a algunos diputados, entre ellos al presidente Legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, como un malhechor o delincuente. A ellos se refiere con los peores adjetivos, con insultos y ofensas a sus cargos y a sus dignidades personales.

El presidente Chaves ha hecho de su enfrentamiento con la Asamblea Legislativa una invasión y una intromisión a la autonomía, independencia y soberanía que la Asamblea debe tener. Ha hecho de su enfrentamiento un problema biliar, hepático, personal, de lucha de rufián callejero, sin ningún respeto ni decoro. Ha amenazado a la Asamblea Legislativa, a sus diputados de que no deben reelegir al presidente Rodrigo Arias Sánchez, como presidente legislativo, advirtiendo que si lo hacen no nombrará ministro de la Presidencia, y que romperá vínculos institucionales con el Poder Legislativo. Está llamando a los diputados a votar contra Rodrigo Arias Sánchez, a apoyar a cualquier otro diputado que se le enfrente. Esta semana postuló a uno de los diputados de lo que se conoce como la fracción oficialistas, que son ocho diputados rebeldes del Partido Progreso Social Demócrata, que llevó a la presidencia de la República a Rodrigo Chaves Robles.

El presidente Chaves logró penetrar las estructuras de los partidos “no oficialistas” impulsando tendencias divisionistas frente a la candidatura de Rodrigo Arias Sánchez. Así en la Unidad Social Cristiana en un momento logró desarrollar la tendencia feminista, también en el partido Nueva República, que postularon mujeres, manteniendo la tesis de que una mujer es la que debe dirigir la Asamblea Legislativa. La candidata de la Unidad Social Cristina se retiró de su postulación, pero se mantiene dividido el partido por los burros, caballos y yeguas de Troya que logró introducir en esos partidos.

Impulsó el presidente Chaves la tesis de que hay que renovar la presidencia legislativa, como parte de un mecanismo democráticos. Sin embargo, en el grupo “oficialista” de diputados sostienen la tesis de que es necesaria la jefatura por cuarto año consecutivo para la diputada mentirosa Pilar Cisneros. Igual ha sucedido con el partido Nueva República, en que su principal diputado y dirigente, también aspirante presidencial, Fabricio Alvarado, de nuevo asumirá la jefatura de su fracción de diputados. Pareciera que el diputado Eli Feinzaig también repetirá su jefatura de fracción y de candidatura a la Presidencia. Estos personajes objetan, como necesidad de cambio en la dirección, que Rodrigo Arias Sánchez repita la jefatura presidencial de la Asamblea Legislativa, pero ellos defienden su relección continúa. ¡Vaya farsa e hipocresía!

La sorpresa ante esta decisión, ante esta elección parlamentaria, en este momento tan importante para el país, la da la fracción legislativa del Frente Amplio, que ha señalado que apoyará al candidato que está ofreciendo el presidente Rodrigo Chaves Robles, que está tratando de dinamitar todo el aparato institucional y democrático del país y que arreciará con la intención de aprobar la jornada esclavista de las 12 horas diarias de trabajo. Esto, sí es así, va a ser un error político enorme en la fracción legislativa del Frente Amplio, que hasta ahora se ha desempeñado con buena imagen pública.

En esta elección legislativa no caben posiciones intermedias, ni neutras, de ir a votar los votos. Provocar en este momento una presidencia pro gobierno chavista es lo peor que le puede ocurrir al Poder Legislativo y al país, y al proceso democrático nacional. En juego están muchas cosas, que pueden caer en el ámbito parlamentario para su trámite legislativo, entre ellas el posible trámite de levantamiento de la inmunidad política al presidente de la República para que se le sigan procesos judiciales, o el apoyo legislativo para un estado de excepción, de fuerza, que está preparando el presidente Chaves, que viene amenazando con un posible fraude electoral y con una necesaria defensa de la democracia, de su democracia.

No es el momento de valorar sentimientos o resentimientos personales de Rodrigo Arias Sánchez. Si se le ha elegido tres veces para que dirija la Asamblea Legislativa hay las mismas motivaciones para que así continúe al frente. Motivaciones más fortalecidas por cuanto es quien ha dado la cara y ha puesto el pecho en defensa de la institucionalidad nacional, y la independencia legislativa y sus diputados, frente a los ataques despiadados del pachuco inquilino de Zapote.

Aquí, en esta elección, no exagero decirlo, se está decidiendo el futuro de la próxima elección, no para que la gane Liberación Nacional sino para que no la gane el partido político que Rodrigo Sánchez apoye. Eso es lo que está en juego, la primera derrota, de Rodrigo Chaves Robles en su camino a la toma de la Casa Presidencial, en el 2026, y su posibilidad de que a quien él apoye tenga también 40 diputados.

Ya Natalia Díaz, anunciando su no doble postulación, avisó que ella podría ser la ungida presidencial de Rodrigo Chaves, y que su partido podría ser el que le abra la puerta la postulación a diputado de Chaves, para lo cual de paso, anunció, que ella espera elegir 20 diputados. En las elecciones municipales dio una gran sorpresa al dominar diez alcaldías. De manera que hay que ponerle atención. NO deja de ser una buena y atractiva candidata ante el electorado. A Laura Fernández, la otra candidata cercana al presidente Chaves también la están presentando como en una pasarela a Miss Presidenta. Ya avanzan los partidos jaguares en su proceso de inscripción. El resto de los partidos están bastante dormidos, sin presencia pública, sin mensajes al electorado, sin definiciones claras.

El cuarto evento asociado al primero de mayo, es la obligatoriedad presidencial de entregar un informe a la Asamblea Legislativa, en esta fecha, sobre el “estado” de su gobierno, sobre el “estado” en que se encuentra el país. El informe presidencial debe indicar cuál es el rumbo que tiene el país, qué ha logrado, qué tiene pendiente.

El informe debe ser presentado el primero de mayo. Para su lectura se habilita la siguiente sesión parlamentaria. Por la naturaleza de este fin de semana, con el viernes atravesado, que no es de trabajo parlamentario, salvo que excepcionalmente así lo establezcan los diputados, cosa que no hicieron, corresponde ser leído en la sesión parlamentaria del próximo lunes.

No es obligatorio que el presidente lo tenga que ir a leer. Es lo que se ha usado tradicionalmente con un acto solemne y protocolario del mayor nivel, con todo el cuerpo diplomático invitado, y las altas autoridades de gobierno y eclesiásticas. Pero, como el presidente esta “agarrado” y “berrinchoso” con la Asamblea Legislativa, bien podría suceder que si nombran a Rodrigo Arias como Presidente del Poder Legislativo, y en el acto de lectura o presentación del Informe presidencial, también estarán los “enfermos” de la “metástasis cancerosa” de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Sala Constitucional, de la Sala Tercera de la Corte, la Contralora General de República y otros posibles “enfermos” que el presidente quisiera “curar”, o “enterrar” si pudiera hacerlo, para gobernar sin controles, el presidente para “no contagiarse” de las pestes que les menciona que tiene, puede no asistir a leer el Informe, lo que tendría que hacer el Secretario de la Asamblea lecto el primero de mayo.

El presidente también se burló y habló mal de la Asamblea y sus diputados por no haber habilitado el viernes para la presentación de su informe. En este asunto de traslado de fecha pinto a los diputados como “vagabundos”.

Esto es lo que tenemos a la vista frente al jueves Primero de Mayo próximo.

Compartido con SURCOS por el autor.

No todo es política, pero todo pasa por la política

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Cuando usted va a comprar alimentos, aunque usted no lo crea, la política está presente. Cuando es contratado para realizar algún trabajo, la política está ahí. Cuando usted siembra, cosecha y vende, la política está a la par suya. Y por supuesto que la política está presente en el hospital, en la escuela, en las carreteras, en los puentes, en la recolección de la basura y en el servicio de agua.

No todo es política, pero eso sí, todo pasa por la política.

Cuando usted va a la tienda debe llevar dinero para pagar lo que compra. Los precios de algunos productos y el salario con el que usted compra son regulados por los representantes que fueron elegidos en los tiempos de la campaña, de tal manera que, dependiendo de la política, el dinero no le alcanza o es suficiente para comprar lo que necesita y hasta para ahorrar. La política económica del gobierno influye sobre toda la población, no hay quien se salve. El cambio del dólar, los paquetes de impuestos, el sistema tributario son decisiones políticas que pueden beneficiar a unos y perjudicar a otros.

Cuando usted siembra, cosecha y vende debe tomar en cuenta las decisiones políticas con respecto a los diversos productos. Hay políticas que benefician a los productores, otras que los perjudican. No es lo mismo sembrar con respaldo del Estado, con créditos blandos, semillas garantizadas, subsidios y protección, que sembrar con el riesgo de que abran las fronteras y permitan el ingreso de productos a costos tan bajos que no valga la pena ni recoger la cosecha. Todo esto tiene que ver con decisiones políticas.

La atención en los centros de salud o en el hospital, el que haya más o menos especialistas, el que las medicinas sean de calidad y a tiempo… también tiene que ver con decisiones políticas de un gobierno, en torno a la salud. Una decisión puede ser fortalecer el sistema de salud y otra decisión opuesta puede ser impulsar la medicina privada deteriorando los servicios públicos.

La calidad de la educación pública, la capacitación de las y los educadores, los sistemas de evaluación, incluso la cantidad de días del periodo escolar, son decisiones que tienen que ver con políticas de un gobierno y en este campo se puede aumentar la inversión en educación o se puede disminuir, se puede seguir apoyando las universidades públicas o darles más apoyo a las universidades “de garaje”, depende de las políticas que el gobierno fije en materia educativa.

La basura que usted produce y el agua que usted toma, tiene que ver con la política. Un gobierno municipal puede provocar que las calles se llenen de basura, tirarla en un botadero sin ningún tratamiento o puede impulsar una política de manejo adecuado de los desechos. El agua puede ser abundante o escaza, puede ser potable o contaminada, puede proyectarse al futuro o abandonarse… depende de la política que el gobierno local apruebe en cada caso.

En todas estas circunstancias y en todas las acciones que realizamos en nuestra vida diaria, la política está presente, pero esa política para bien o para mal, la ejecutan personas que usted elige o deja de elegir en las elecciones.

Por esto hay que participar activamente en política como candidato honesto o como como votante inteligente.

Percepción sobre la labor del Gobierno y la Política Nacional – síntesis

Escrito en . Publicado en Análisis.

Autoría y metodología

El informe «Percepción de la Población Costarricense sobre la labor del Gobierno y la Política Nacional, 2025» fue elaborado por el Programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA). El documento presenta los resultados de una encuesta telefónica realizada entre el 5 y el 13 de marzo de 2025, con una muestra de 764 personas mayores de 18 años (páginas 5-6).

Valoración de la administración Chaves Robles

La gestión del gobierno recibió calificaciones moderadas. Las áreas mejor valoradas fueron educación (6,5), economía (6,4) e infraestructura (6,3), mientras que las peor evaluadas fueron seguridad ciudadana (4,9), combate a la corrupción (5,1) y combate a la pobreza (5,2). Ninguna área superó la calificación de 7 puntos en la escala de 1 a 10 (página 7).

Aproximadamente la mitad de las personas encuestadas (49,6%) consideró que la situación económica del país es mala o muy mala, frente a un 31% que la valoró como buena o muy buena. En cuanto a la seguridad ciudadana, casi un 70% la calificó como mala o muy mala, y un 66,6% indicó que había empeorado en comparación con el año anterior (páginas 8-11).

En lo referente a la valoración de jerarcas, el presidente Rodrigo Chaves obtuvo la calificación más alta con 6,6 puntos, seguido por el ministro de Obras Públicas y Transporte, Efraín Zeledón, con 6,3. Las calificaciones del gabinete han mostrado una tendencia decreciente desde septiembre de 2022, cuando el presidente alcanzó 7,7 puntos (páginas 13-15).

Principal problema nacional y capacidad gubernamental

La seguridad ciudadana fue identificada como el principal problema del país (56,1%), seguida por problemas económicos (17%) y corrupción (14,6%). La población se mostró dividida respecto a la capacidad del gobierno para resolver estos problemas: un 46,9% consideró que el gobierno es incapaz, mientras que un porcentaje similar opinó lo contrario (páginas 17-19).

Acciones del gobierno

Las acciones gubernamentales con mayor respaldo fueron las críticas del presidente al Poder Legislativo (60,2%) y al Poder Judicial (59,3%). Por el contrario, la eliminación de programas de educación sexual en colegios (36,9%), la venta de activos estatales para pagar la deuda pública (39,8%) y el manejo de la crisis de médicos especialistas en la CCSS (36,6%) recibieron menos apoyo (páginas 19-22).

Valoración de las instituciones

Las universidades públicas (7,6) y las empresas privadas (7,21) fueron las instituciones que generaron mayor confianza. Por el contrario, los partidos políticos (4,3), la Asamblea Legislativa (4,81) y los sindicatos (4,91) recibieron las calificaciones más bajas. Los tres poderes de la República mostraron una tendencia decreciente en la confianza ciudadana, alcanzando sus niveles más bajos en marzo de 2025 (páginas 22-25).

Valoración del tejido social

El 79% de las personas encuestadas consideró que la distribución de la riqueza en Costa Rica es injusta o muy injusta. Además, el 56,3% opinó que las personas no siempre expresan lo que piensan sobre política, y el 48,1% consideró que hacerlo podría generarles consecuencias negativas. La desconfianza interpersonal es notable, con un 52,3% que afirmó que nunca o casi nunca se puede confiar en las personas de Costa Rica (páginas 25-28).

Principales hallazgos

Entre los hallazgos más relevantes destacan: la calificación moderada de la gestión gubernamental; la percepción negativa sobre la economía y la seguridad; el apoyo a la confrontación del presidente con otros poderes; la baja confianza en las instituciones; y la alta percepción de injusticia en la distribución de la riqueza. El estudio refleja una población que identifica logros limitados en la administración actual y que está dividida sobre la capacidad del gobierno para resolver los problemas nacionales (páginas 28-31).

Informe completo para descargar.

Gaza Israel: Sala de Apelaciones de Corte Penal Internacional (CPI) mantiene órdenes de arresto contra dos dirigentes en Israel

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, titulado «Bombing plants, severing pipelines: Israel pushes Gaza water crisis to the brink» (Magazine+972, edición del 23 de abril del 2025, cuya lectura completa se recomienda).

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El pasado 24 de abril del 2025, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó en una decisión suspender las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes (su actual Primer Ministro y su ahora ex ministro de defensa);  al tiempo que, en otra decisión, aceptó parte de la apelación presentada por Israel contra esta misma decisión de la Sala Preliminar. con relación a la competencia de la CPI. 

Cabe recordar que la cuestión de la competencia de la CPI había sido claramente establecida cuando en febrero del 2021, una Sala de lo Preliminar de la CPI, luego de un largo examen que duró varios años, confirmó la plena competencia de la justicia penal internacional para examinar la situación existente en el territorio palestino ocupado, al ser Palestina Estado Parte al Estatuto de Roma desde el 2015 (véase texto completo de esta decisión en francés y en inglés): ello sin excepción de ningún tipo, siendo Gaza parte del territorio palestino, tanto como Cisjordania y Jerusalén Oriental.

Lo que la Sala de Apelaciones considera en su decisión del 24 de abril del 2025, es que al tomar su decisión en noviembre del 2024, apelada luego por Israel, la Sala Preliminar debió reconsiderar todos los argumentos sobre la competencia de la CPI (ya resueltos en febrero del 2021): un criterio que, claró está, es más que debatible y sea probablemente objeto de intensos debates entre juristas.

Las dos precitadas decisiones en breve

El texto completo de la primera decisión, que consta de 15 páginas, está disponible en este enlace. Se lee que (página 3) que:

«After deliberation, 

Renders, by majority, Judge Luz del Carmen Ibáñez Carranza and Judge Solomy Balungi Bossa dissenting, the following 

D E C I S I O N 

1. The appeal of the State of Israel is dismissed as inadmissible; 

2. The request of the State of Israel for suspensive effect of arrest warrants issued by Pre-Trial Chamber I against two Israeli nationals and “any other legal acts taken by the Court based thereon” is dismissed, as moot; and 

3. The request of the State of Israel for leave to reply and to reject in limine the Prosecutor’s submissions concerning suspensive effect is dismissed as moot«.

El texto completo de la segunda decisión que consta de 23 páginas puede ser consultada en este enlace oficial de la CPI. Cabe resaltar que esta decisión fue tomada por unanimidad de los cinco integrantes de la Sala de Apelaciones, al indicarse (página 3) que:

«After deliberation, 

Unanimously, 

Delivers the following 

J U D G M E N T 

1. The State of Israel’s appeal against Pre-Trial Chamber I’s “Decision on Israel’s challenge to the jurisdiction of the Court pursuant to article 19(2) of the Rome Statute” is admissible under article 82(1)(a) of the Statute; 

2. The State of Israel’s request for leave to reply is rejected; 

3. Pre-Trial Chamber I’s “Decision on Israel’s challenge to the jurisdiction of the Court pursuant to article 19(2) of the Rome Statute” is reversed and remanded for Pre-Trial Chamber I to rule on the substance of the State of Israel’s jurisdictional challenge; 

4. The State of Israel’s request for suspensive effect of two arrest warrants issued by Pre-Trial Chamber I and “any other purported exercise of jurisdiction by the Court” is dismissed as moot; and 

5. The requests of the Office of the Public Counsel for Victims and the European Centre for Law and Justice are dismissed as moot«.

Con esta segunda decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI, ¿se abre realmente una posibilidad para que sea revisada en un futuro la decisión anterior que confirmó las órdenes de arresto tomada contra dos de dirigentes israelíes y tres jefes del Hamás en noviembre del 2024 ? (decisión que tuvimos la ocasión de analizar en su momento en cuanto a sus alcances – Nota 1). 

La respuesta a esta pregunta, en nuestra opinión, es que esta posibilidad existe, pero que no puede ir más allá de lo ya establecido y claramente zanjado en febrero del 2021 por tres jueces de la CPI. En su decisión del 24 de abril del 2025, la Sala de Apelaciones aceptó que un argumento de Israel basado en el artículo 19, párr. 2 (posibilidad de presentar una apelación)  combinado con el artículo 82, párr. 1, sí era de recibo y que la Sala de lo Preliminar cometió un error procesal al obviarlo. Este último artículo (véase texto del Estatuto de Roma adoptado en 1998) se lee como sigue:

«Artículo 82 Apelación de otras decisiones 

1. Cualquiera de las partes podrá apelar, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, de las siguientes decisiones: 

a) Una decisión relativa a la competencia o la admisibilidad; 

b) Una decisión por la que se autorice o deniegue la libertad de la persona objeto de investigación o enjuiciamiento; 

c) Una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio de conformidad con el párrafo 3 del artículo 56; 

d) Una decisión relativa a una cuestión que afecte de forma significativa a la justicia y a la prontitud con que se sustancia el proceso o a su resultado y respecto de la cual, en opinión de la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia, una resolución inmediata de la Sala de Apelaciones pueda acelerar materialmente el proceso».

Como bien se sabe, Israel desde un inicio ha cuestionado la competencia de la CPI al considerar que la justicia penal internacional carece de jurisdicción: al no ser Israel Estado Parte al Estatuto de Roma (véase estado oficial de firmas y ratificaciones, con incluso el insólito «retiro» de su firma al Estatuto de Roma en el 2002 que se observa en la parte final del tablero). Se trata como indicado previamente, de una argumentación que fue claramente rechazada en febrero del 2021 por una Sala de lo Preliminar de la CPI. 

Ahora bien, lejos de algunos cantos de victoria que la prensa en Israel se ha apresurado en usar en sus diversos titulares desde el 24 de abril, la Sala de Apelaciones en ningun momento ha anulado o reformado la decisión objeto de la apelción por parte de ISrael: en efecto, al revocar la decisión previa de la Sala Preliminar de la CPI de noviembre del 2024, no toma ninguna decisión sobre el fondo, sino que devuelve a esta última el asunto, indicándole que deberá incorporar y pronunciarse sobre los agumentos sobre su competencia que Israel en su momento le presentó. En su decisión, se lee que para los cinco integrantes de la Sala de Apelaciones:

«64. Accordingly, the Appeals Chamber is of the view that, in light of the preceding considerations, the most appropriate course of action is to reverse the Impugned Decision and remand the matter to the Pre-Trial Chamber for it to rule on the substance of the jurisdictional challenge. The Appeals Chamber notes that it is for the Pre-Trial Chamber to determine the applicable legal basis under article 19(2) of the Statute for addressing Israel’s jurisdictional challenge at the present stage of the proceedings, and to provide any required further instructions on the procedure to be followed«.

El contexto en el que se da esta decisión

Esta decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI, que posiblemente provoque debates en el seno de la doctrina jurídica especializada, se da en plena ofensiva destructora de Israel, que, en poco más de un mes desde el informe de Naciones Unidas al 23 de marzo, ha asesinado a más de 1890 personas en Gaza, de las cuales 595 niños y 308 mujeres. 

Remitimos a nuestros estimables lectores al último informe al 23 de abril en el que se lee que:

«Between 7 October 2023 and 22 April 2025, the MoH in Gaza reported that at least 51,266 Palestinians have been killed and 116,991 Palestinians injured. This includes 1,890 people killed and 4,950 injured since the escalation of hostilities on 18 March 2025, according to MoH. On 17 April, MoH published the breakdown casualties in Gaza between 18 March and 17 April. Of the 1,691 people killed, 595 were children, 308 women, 105 elderly and 683 men. Among the 4,464 people injured, 1,610 were children, 842 women, 225 elderly and 1,787 men, MoH reported«.

La comparación de este informe de situación al 23 de abril con el anterior al 15 de abril (véase texto) pone en evidencia que el ejército de Israel desplegó acciones mortíferas sostenidas de manera ininterrumpida durante la semana en la que parte del mundo cristiano celebraba la Pascua.

Nótese que en febrero del 2025, un informe conjunto del Banco Mundial y de la Unión Europea (UE) – véase informe – calculó que las pérdidas y daños ocasionados en Gaza por parte de Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 alcanzan una suma de más de 49.000 millones de US$ (véase tabla y explicaciones en pp.3-4). Se lee (página 25) que:

«The assessment estimates around US$19.1 billion of economic and social losses incurred due to the conflict (see Figure 3). The sectors with the highest estimated losses are health with US$6.3 billion, education with US$3.2 billion, commerce and industry with US$2.2 billion, social protection at around US$1.4 billion, and agriculture at US$1.3 billion. The impacts, damages, and losses are thus greatest in housing with US$16.3 billion, commerce and industry with US$8.1 billion, health with US$7.6 billion, education with US$4.1 billion, and transport with US$2.9 billion«.

Cabe desde ya precisar que, así como las máximas autoridades de Israel tildaron de «antisemitas» a los jueces de la CPI en noviembre del 2024 (véase nota de prensa), y pidieron al Secretario General de Naciones Unidas que renuncie a su puesto en octubre del 2023 al indicar el contexto en el que se enmarcó el ataque del 7 de octubre (véase nota de prensa), en el mes de enero del 2024 consideraron una primera ordenanza dictaminada por otra jurisdicción internacional (la Corte Internacional de Justicia / CIJ) totalmente sesgada en razón del «antisemitismo» de algunos de sus integrantes (véase nota de The Guardian): se trata de una reacción iracunda de Israel cada vez que su diplomacia fracasa, y que ya no impresiona mayormente (salvo en el caso de algunos pequeños círculos políticos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos y de otros más pequeños círculos activos en algunas capitales). 

A modo de conclusión

Más allá de la facilidad con la que se usa el término de «antisemita» o «antisemitismo» en las esferas gubernamentales israelíes y en sus círculos afines, estas dos decisiones de la Sala de Apelaciones de la CPI posiblemente sean objeto de comentarios por parte de la doctrina jurídica especializada.

Es de notar que otra prueba ante la justicia internacional espera a Israel: en efecto, a partir del próximo 28 de abril, ante otra jurisdicción internacional localizada también en la ciudad de La Haya (la CIJ) unos 40 Estados y cuatro organizaciones internacionales tendrán la oportunidad de hacer ver a los jueces de la CIJ la importancia que revisten las reglas jurídicas que obligan a todo Estado Miembro de Naciones Unidas en el marco esta vez de un procedimiento consultivo iniciado por Noruega en octubre del 2024 (Nota 2). Por parte de América Latina, participarán por orden de aparición ante los jueces de la CIJ  (véase programa dado a conocer el pasado 23 de abril por la CIJ) los siguientes Estados: Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, México y Panamá.

La larga lista de Estados y organizaciones internacionales invitados a dirigirse a los 15 integrantes de la CIJ no incluye a Israel, que ha considerado en este caso innecesario presentar sus alegatos ante la CIJ de La Haya. Si bien para algunos analistas y comentaristas, puede tratarse de un pequeño detalle de forma, este omisión de Israel viene a confirmar que la narrativa de Israel (y la de sus aliados) tendiente a justificar legalmente el actuar de Israel en Gaza y en el resto del territorio palestino ocupado – con base en consideraciones y «argumentos» legales desplegada desde su aparato diplomático (así como a través de una gran cantidad de analistas, columnistas y «expertos» en diversas entidades y latitudes…) – no resiste un debate ante los jueces de la CIJ. Sobre este preciso punto, habíamos tenido la oportunidad de señalar una omisión muy similar en el marco del procedimiento consultivo anterior de la CIJ que concluyó el 19 de julio del 2024, con un total de cinco modestas páginas enviadas por Israel para su única defensa ante los jueces de la CIJ (Nota 3).

Volviendo a la justicia penal internacional y a los efectos de las órdenes de arresto emitidas por la CPI, se puede indicar  que es probable que para las ceremonias oficiales previstas en Roma para los funerales de Su Santidad el Papa Francisco este próximo 26 de abril, no viajará a Roma el Primer Ministro de Israel en la ciudad en la que se adoptó el Estatuto de Roma en 1998;  como tampoco el Presidente de Rusia, también objeto de una orden de arresto de una Sala de lo Preliminar de la CPI por crímenes de guerra cometidos en Ucrania (véase comunicado oficial de la CPI sobre esta orden de arresto del 17 de marzo del 2023).

— Notas —

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: las órdenes de arresto de la CPI contra el Primer Ministro y  (ex) Ministro de Defensa de Israel y contra un dirigente del Hamás. Alcance y perspectivas«, 21 de noviembre del 2024. Texto disponible aquí. 

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: CIJ alista audiencias públicas mientras Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adopta resolución sobre obligación de prevenir genocidio «, 11 de abril del 2025. Texto disponible aquí.

Nota 3: En aquella oportunidad, nos permitimos señalar que en julio del 2024, al darse a conocer la opinión consultiva de la CIJ sobre la colonización y la ocupación ilegal del territorio palestino ocupado que: 

«Al respecto, las 292 páginas del escrito de Palestina (véase texto  en francés y en inglés) contrastan con las módicas 5 páginas remitidas en su momento por Israel (véase texto en francés y en inglés). 

Con respecto a Israel, cabe indicar que, pese a poder hacerlo, Israel optó por no participar luego en las audiencias orales, un detalle que la jueza oriunda de Estados Unidos en la CIJ consideró necesario señalar en su declaración separada (véase texto), al precisar que:

«4. It also is unfortunate that Israel did not meaningfully participate in these advisory proceedings. Israel submitted a five-page written statement to the Court, together with annexes. It chose not to participate in the oral proceedings, despite the fact that up to the opening of those proceedings, the Court had reserved three hours for Israel to present its views — the same amount of time allocated to the observer State of Palestine, and six times the amount allocated to any other participant. This is an advisory proceeding, and no State was under an obligation to participate, including Israel. Israel’s participation in the oral proceedings, however, would have benefited the Court. Conversely, the failure of a State to participate cannot prevent the Court from fulfilling its responsibilities in replying to an advisory request» «. Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 19 de julio del 2024. Texto disponible aquí. 

Estados Unidos y los canales interoceánicos en América – Historia y presente de una relación compleja

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz de Lemos

La lucha por la Independencia de Panamá, de Colombia, que culminó en 1903, no era ajena a los intereses canaleros transístmicos de los Estados Unidos, lo que hizo que en 1902 el Senado de los Estados Unidos aprobara la propuesta de la construcción del Canal, cambiando su intención de construir el Canal por la vía del Río San Juan, limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua, el Gran Lago de Nicaragua, el lago de Cocibolca, y el Estrecho de Rivas, en Nicaragua, que era otro proyecto de construcción canalera que no ha desaparecido del todo.

A inicios de la década de 1910 esta intención se mantenía, lo que se afirmó en el Tratado Bryan Chamorro, entre Estados Unidos y Nicaragua, el 5 de agosto de 1914, a inicios de la I Guerra Mundial, firmado por los presidentes Thomas Woodrow Wilson y Adolfo Díaz Recinos.

Este intento canalero provocó un conflicto diplomático entre Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, que impidió su realización.

El Tratado Bryan Chamorro afectaba, por sus alcances a Costa Rica y El Salvador que lo cuestionaron ante la Corte de Justicia Centroamericana, existente en esa época, lo que hizo que la Corte desapareciera por este conflicto.

La Corte había sido creada por disposición de los Tratados de Paz y Amistad de Washington, mediante la Convención para el Establecimiento de una Corte de Justicia Centroamericana, que fue firmada el 20 de diciembre de 1907 en Washington, por Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, la que estuvo vigente entre 1908 y 1918 cuando caducó la Convención.

Estados Unidos intervino militar y políticamente en esa década en Nicaragua, creando de hecho un protectorado, que provocó movimientos insurreccionales, nacionalistas y antiimperialistas, dirigidos por Benjamín Zeledón en la década de 1910, y por Augusto César Sandino, en la década de 1920, hasta el retiro de las tropas estadounidenses en 1933.

En Panamá, el Tratado Hay-Bunau Varilla también dio origen a movimientos separatistas orientados que fracasados hicieron que el 3 de noviembre de 1903, culminaran con la Independencia de Panamá, como se celebra actualmente, dando origen a la llamada época republicana de Panamá, desde el siglo XX.

El Tratado Hay-Bunau Varilla, con todas sus modificaciones, fue derogado por los presidentes Omar Torrijos y Jimmy Carter, el 13 de setiembre de 1977.

Este Tratado también abrió el camino para la construcción del Canal, que se terminó en 1914, cuando fue inaugurado, al iniciarse la I Guerra Mundial, situación que hizo que Panamá se declarara “neutral”, frente al conflicto bélico, hasta 1917, cuando se sumó a los aliados que ganaron la guerra.

El Canal de Panamá desarrolló una “Zona del Canal”, bajo dominio de los Estados Unidos, una franja territorial dentro de Panamá, que era como un país dentro de otro país. De hecho se decía que Panamá tenía seis fronteras, la de Colombia, la de Costa Rica, la de los dos océanos y las dos que lindaban el territorio de la Zona del Canal.

Por el Tratado Arias Roosevelt, de 1936 firmado por los presidentes Armodio Arias y Franklin Delano Roosevelt se anuló el principio de intervención militar que tenía Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá, para establecer el concepto de país protegido en el contexto de la II Guerra Mundial.

Entre 1941 y 1945 Panamá facilitó la ocupación de la Zona el Canal mediante el arriendo de terrenos a los Estados Unidos, los que se justificaron por los motivos de la defensa continental antinazi.

La Zona del Canal con este motivo y posterior a la Guerra se convirtió en un centro militar estratégico de los Estados Unidos para todo el continente.

Allí tuvo su base el Comando Sur de los Estados Unidos que desplegó un sistema de 16 bases militares, de distinto tipo y preparación, para soldados norteamericanos y para el entrenamiento de soldados y cuerpos militares de los ejércitos de todo el continente, especialmente en la llamada Escuela de las Américas, donde se fortalecieron los cursos de contrainsurgencia y contra guerrillas.

Además, allí se preparó a la mayor parte de los dictadores y tiranos, del continente en el período de la Guerra Fría, hasta el término de la dominación del Canal por los Estados Unidos, 1945-1977.

El Comando Sur afectaba 31 países del continente con planes de contingencia, de operaciones de diversa materia militar y de cooperación de seguridad militar para el Caribe, América Central y Sur América.

Entre 1945 y 1948 Panamá pidió a los Estados Unidos la devolución de los territorios de la Zona exigiendo la renegociación. Sin embargo, se impuso el Departamento de Guerra de los Estados Unidos de mantener de manera indefinida los terrenos, lo que estimuló corrientes nacionalistas panameñas.

En 1947 esto ocasionó grandes protestas (especialmente de los estudiantes universitarios) contra la Asamblea Nacional panameña, y se votó negativamente el Tratado que quería aprobarse extendiendo por 20 años los contratos de arrendamiento de trece instalaciones norteamericanas en la zona canalera.

En 1948 se impulsó la llamada Zona Libre de Colón, como un área, o institución autónoma del Estado de Panamá, con una zona franca.

En 1948 bajo las directrices del Presidente Truman se fortaleció la preparación militar de las tropas y ejércitos del continente, dentro de una visión de prevención y defensa ante el comunismo internacional, luego de que en Europa, al terminar la II Guerra Mundial surgieron varios países de tipo socialista.

Ello se materializó con la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) el 2 de setiembre de 1947, y con la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA, el 30 de abril de 1948.

En 1955 con el Tratado Remón-Eisenhower se le otorgaron más ventajas económicas y se mejoró el pago de los arriendos por el uso del canal.

La Zona del Canal mantenía de hecho partido o dividido a Panamá, hasta que en 1962, el 12 de octubre, se inauguró el llamado Puente de las Américas, que permitió la unión terrestre de ambas partes del Canal de Panamá, fortaleciendo el viejo sueño de la Carretera Interamericana, que se considera la carretera más larga del mundo, la cual inició su construcción en la década de 1930. Esta está interrumpida en la región del Darién, en Panamá, donde no se ha construido todavía ningún trecho carretero, lo que separa a Sur América del resto continental por la vía terrestre.

En 1964, el 9 de enero, de nuevo hubo protestas estudiantiles y populares, que se provocaron por la izada de la bandera panameña a la par de la estadounidense en la Zona del Canal, por el acuerdo de los presidentes Roberto Chiari y John F. Kennedy, de 1962, que así lo establecía y no se cumplía, protestas que tuvieron un saldo de 21 muertos y más de 300 personas heridas. El 9 de enero de 1964 se convirtió hasta hoy en una fecha emblemática del pueblo panameño.

En 1965 se volvió a plantear el tema de la Administración del Canal con la llamada Declaración Robles-Johnson, entre los presidentes Marco Aurelio Robles y Lyndon Johnson.

En 1968, el 11 de octubre, se provocó un golpe de Estado contra el presidente Arnulfo Arias Madrid, que condujo a que en el año1969 el General de Brigada Omar Torrijos asumiera el mando de la República de Panamá, en 1972, iniciando en los años siguientes un proceso revolucionario de corte nacionalista y populista.

Así, en 1977, Torrijos y el Presidente Jimmy Carter, firmaron los Tratados Torrijos-Carter que entregaron la administración del Canal de Panamá al gobierno del Panamá, y obligaron al abandono de todas las infraestructuras militares y civiles que en la Zona del Canal tenía Estados Unidos, obligando también al cambio de sede del Comando Sur de los Estados Unidos a Puerto Rico.

Muerto Torrijos, en un “dudoso” accidente aéreo, el 31 de julio de 1981, asumió el gobierno el general de cuatro estrellas Manuel Antonio Noriega en 1983, que por contradicciones políticas y militares con Estados Unidos sufrió un bloqueo económico agudizando una crisis social en Panamá, hasta que el 20 de diciembre de 1989 el ejército de los Estados Unidos invadió Panamá, capturando al General Noriega, a quien sometió ante la justicia norteamericana. La invasión provocó más de 500 muertos.

Resultado de la invasión en 1990 el presidente de Panamá Guillermo Endara abolió las fuerzas militares de Panamá, lo que se reafirmó con un referéndum popular el 15 de noviembre de 1992.

En 1999, el 31 de diciembre, bajo el gobierno de Mireya Moscoso, la primera mujer en ejercer la presidencia en Panamá, se asume del control total del Canal de Panamá, hasta hoy, situación gravemente amenazada por el presidente Donald Trump.

En el 2016 culminaron las obras de ampliación del Canal de Panamá, idea que venía desde 1930 cuando se había pensado en ampliar la capacidad de tránsito del Canal de Panamá.

Estados Unidos lo había intentado en 1939, lo que se suspendió por el inicio y desarrollo de la II Guerra Mundial.

En la década de 1980-1990 Japón, Estados Unidos y Panamá replantearon el tema de la ampliación del Canal.

La ampliación del Canal de Panamá, con un tercer juego de esclusas, se hizo con la aprobación de un referéndum popular el 24 de abril del 2006, en el gobierno de Martín Torrijos, bajo la dirección de la empresa española SACYR, abriéndose desde el 2018 al paso de barcos Neopanamax, de gran capacidad de tonelaje.

En la actualidad, en el crecimiento del uso del Canal ha destacado el movimiento comercial desde China, lo que ha preocupado a los Estados Unidos, especialmente al actual gobierno de Donald Trump, señalando que ello les provoca un desequilibrio comercial, además de un problema geopolítico por la presencia China en la región.

Trump ha dicho que el Canal en su totalidad administrativa lo controla China, lo que no acepta, y que tampoco es cierto.

Esta situación ha planteado una seria amenaza a Panamá porque Trump con toda claridad ha dicho públicamente que va a recuperar el Canal de Panamá, para que esté en manos de la administración de los Estados Unidos, y si es necesario lo hará por ocupación o intervención militarmente.

El Canal de Panamá es una de las obras de ingeniería más importantes del mundo, con una extensión de 80 kilómetros, de océano a océano, que acorta las distancias comerciales mundiales de manera significativa, evitando rodear el continente por el Cabo de Hornos.

Los proyectos canaleros del Istmo de Tehuantepec, de la Depresión del Río Atrato y el de Nicaragua seguirán en posibilidad, nada inmediata, mientras el Canal de Panamá seguirá fortaleciéndose.

En el caso del Canal en Nicaragua el actual gobierno de Nicaragua, desde el 2013, ha tratado de impulsarlo cruzando su territorio con participación, principalmente, de capital privado de la República Popular China, lo que no se ha podido concretar del todo, sin afectar la región limítrofe con Costa Rica, aunque en el proyecto inicial no se toca el rio San Juan, limítrofe de ambos países.

El 8 de julio del 2014 se anunció, por la empresa China HKND Group, la posible ruta canalera, con la intención de aumentar tráfico y el tránsito interoceánico de barcos con mayor carga de los que pasan actualmente por el Canal de Panamá, y para estimular más el comercio de América Latina con China.

En el 2014 se anunció que Rusia colaboraría en este proyecto.

El peligro de la amenaza de Trump de ocupación militar para apropiarse nuevamente de la administración y de la zona del Canal de Panamá es inminente. Puede suceder en cualquier momento en que el presidente Trump así lo estime.

Sabe Trump que no hay condiciones hemisféricas, con la OEA y su Fuerza Interamericana de Paz, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, de impedir una agresión militar de este tipo.

El TIAR quedó inaplicable cuando Argentina lo invocó para enfrentar la ocupación inglesa de las Islas Malvinas, en 1982, en que los Estados Unidos se alió con Inglaterra, apoyando su ocupación, dándole la espalda a Latinoamérica y a la OEA.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC no desvela a Trump. Existe en el papel como una buena intención de buscar la integración política, económica, social y cultural de la región. En una situación de agresión militar de Trump a cualquiera de los países latinoamericanos la CELAC no tiene ninguna capacidad militar de evitarla o enfrentarla.

Una agresión militar de este tipo le permitiría igualmente evaluar sus otros dos objetivos, de intervención militar, en el continente:

-Groenlandia, con el ánimo de incorporarla como parte de los territorios de los Estados Unidos, con la idea de fortalecer su seguridad nacional en esa región, aspecto que ya ha insinuado, motivado por una mayoría poblacional groenlandesa que se pronuncia por la separación de Dinamarca, pero con más del 80% de la población que no está de acuerdo con ser incorporados a los Estados Unidos;

-y Venezuela, donde también ha planteado la intervención militar para capturar al grupo gobernante de Venezuela, al que tiene acusado de narcoterrorista.

La geopolítica mundial que traza el presidente Trump sin duda alguna ha alterado el panorama de las relaciones internacionales, y mantiene amenazas de alterarlas más.

Esta geopolítica incluye la redefinición y renegociación o ruptura de los Tratados económicos y de Libre Comercio que Estados Unidos tiene, por ahora, con Canadá, México, la Unión Europea y la República Popular China.

El Canal de Panamá es más que un sueño de opio de Trump. Es una realidad casi tangible.

En su visión geopolítica internacional Trump traza un nuevo diseño de las fronteras de los Estados Unidos.

Proyecta la anexión de Canadá, en condición de Estado 51 de la Unión, de los Estados Unidos; proyecta la compra o anexión del territorio dinamarqués de Groenlandia y la “recuperación” del Canal de Panamá, su Zona del Canal, considerando que el Tratado Torrijos-Carter no debió haberse firmado, y que fue ilegal su anulación.

Trump ha señalado clara y reiteradamente sus intenciones de acudir a la intervención militar para lograr estos objetivos y territorios estratégicos para él.

Parte de esta visión cartográfica ya ha planteado que el histórico Golfo de México se llame, oficialmente para los Estados Unidos, como Golfo de América y así se establezca en su cartografía.

Panamá se encuentra en su propia encrucijada por la importancia estratégica, comercial y geopolítica que el canal interoceánico tiene hoy.

Con Panamá están en la encrucijada política, diplomática y militar los organismos internacionales de la OEA y la ONU, sujetos a un proceso de debilitamiento político.

Las políticas internacionales de Trump se orientan fortalecer su presencia dominante en los organismos internacionales, saliéndose de ellos si le ocasionan un alto gasto a los Estados Unidos, si los países que participan no colaboran proporcionalmente a los gastos de su mantenimiento, o si se vuelven críticos hacia las políticas estadounidenses.

No le importa si son organismos sociales, culturales, médicos, sanitarios o de salud, como es la Organización Mundial de la Salud, o si son militares como la OTAN, que la tiene cuestionada.

El actual gobierno de Nicaragua, desde el 2013, ha tratado de impulsar un canal interoceánico cruzando su territorio con participación, principalmente, de capital privado de la República Popular China, lo que no se ha podido concretar del todo, sin afectar la región limítrofe con Costa Rica, aunque en el proyecto inicial no se tocaba el rio San Juan, limítrofe de ambos países.

El 8 de julio del 2014 se anunció, por la empresa China HKND Group, la posible ruta canalera, con la intención de aumentar tráfico y el tránsito interoceánico de barcos con mayor carga de los que pasan actualmente por el Canal de Panamá, y para estimular más el comercio de América Latina con China. En el 2014 se anunció que Rusia colaboraría en este proyecto.

El posible Canal chino en Nicaragua no altera hasta hoy a Trump.

A Trump no le preocupa la presencia China en Nicaragua. Si le preocupa en Panamá, especialmente porque el 13 de junio del 2017 establecieron relaciones diplomáticas, donde China se ha convertido en un importante cliente comercial y económico de Panamá, siendo el segundo usuario después de Estados Unidos.

El Canal ampliado se inauguró con el paso de un buque Chino de la empresa COSCO.

China es, a la vez, el principal proveedor de la Zona Libre de Colón, la zona franca más importante del continente y la segunda del mundo.

En Colón se ha anunciado la construcción china de un puerto de contenedores y de recepción de gas licuado, en capacidad de atender los barcos Neopanamax.

También se anunció la construcción de un puente sobre el Canal y una terminal de cruceros, ampliando la infraestructura ferroviaria, hasta la Provincia de Chiriquí, en 400 kilómetros y la aerolínea Air China con dos vuelos semanales Panamá-Pekín.

En la economía la presencia china está en el Bank of China, el Banco Industrial y Comercial, el Exim Bank y China Development Bank, y la proyección de la Nueva Ruta Mundial de la Seda.

Esta es la preocupación de Trump en Panamá… la presencia que quiere desarticular.

La espada no de Damocles, sino la de Trump está sobre todos nosotros, sobre el mundo que ve Trump.

Artículo publicado en la Revista MEER.com.es y compartido con SURCOS por el autor.

Nuevos escenarios: incertidumbre, temor y desafíos en la política y la sociedad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gerardo Castillo Hernández

Al igual que el bitcoin, que desafía los paradigmas tradicionales del dinero e irrumpe como una alternativa financiera disruptiva, la política contemporánea transita por caminos sinuosos que generan inquietud y desconcierto. La acción política se reduce a un espectáculo mediático, el discurso público se degrada, y los partidos tradicionales pierden prestigio ante una ciudadanía cada vez más desencantada. Según Latinobarómetro, el 70% de los latinoamericanos ya no confía en la democracia o se siente excluido de ella. Esta cifra no solo refleja insatisfacción, sino una crisis de legitimidad con graves implicaciones:

1. Declive de la democracia representativa: La pérdida de credibilidad de los partidos y las instituciones abre paso a alternativas peligrosas, desde liderazgos autoritarios hasta soluciones pseudopopulistas.

2. Ascenso del populismo emocional: Líderes de izquierda y derecha —desde predicadores carismáticos hasta aventureros políticos— explotan el malestar social con discursos que desprecian el Estado de derecho, la institucionalidad y la razón.

3. Espectacularización de la política: El debate público se reduce a confrontaciones virales, donde priman la mentira, el insulto y la posverdad sobre el análisis riguroso.

4. Amenazas a las libertades: Movimientos de extrema derecha ganan terreno, atacando la independencia judicial, la libertad de prensa y los derechos humanos bajo retóricas nacionalistas.

5. Tecnología y desinformación: Las redes sociales distorsionan la realidad, manipulan elecciones y normalizan la polarización, mientras la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad —con América Latina como la región más violenta del mundo— alimentan el círculo vicioso de la desesperanza.

¿Qué cabe esperar?

Estos escenarios fracturan los consensos democráticos y plantean interrogantes urgentes: ¿Está agotado el modelo actual? ¿Emergerán nuevas formas de democracia? ¿Cómo adaptarán los Estados la división de poderes o los sistemas electorales? La incertidumbre se agrava por factores globales: recesión económica, guerras comerciales, migraciones masivas, reacomodos geopolíticos y una crisis climática con proyecciones catastróficas. En este contexto, los márgenes de acción para América Latina son estrechos: el endeudamiento externo y los condicionamientos de organismos financieros limitan cualquier reforma estructural, perpetuando un modelo económico excluyente y sin dimensión social.

Lo laboral en la encrucijada

El panorama es desalentador:

– Desempleo e informalidad: Las tasas superan el 40%, con trabajos precarios que profundizan la pobreza y debilitan el movimiento sindical.

– Educación en crisis: La pandemia exacerbó la brecha digital y la deserción escolar, mientras los recortes presupuestarios y la pauperización docente socavan la calidad educativa.

– Reformas regresivas: Las élites empresariales, ahora enquistadas en el Estado, imponen legislaciones laborales que eliminan protecciones sociales, fomentan la explotación —especialmente de mujeres— y criminalizan la organización sindical.

¿Hay espacio para la esperanza?

Pese a todo, destellos de resistencia persisten: las movilizaciones en Estados Unidos por la democracia, el rechazo popular a las agresiones gringas a la soberanía de Panamá, o las luchas sociales en Argentina a favor de los jubilados revelan que la sociedad civil aún defiende banderas irrenunciables: justicia social, libertad de prensa, derechos humanos y democracia participativa. Son tiempos oscuros, pero la historia demuestra que los cambios radicales suelen nacer en los momentos más críticos. La luz de la sensatez y de la acción colectiva es deseable porque tarde o temprano se abrirán paso por un mundo más humano y mejor para las mayorías marginadas.