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China eleva a otro nivel su vínculo estratégico con América Latina y el Caribe

Escrito en . Publicado en Análisis.

Mauricio Ramírez Núñez
Académico.

Mauricio Ramírez Núñez

Desde hace casi dos décadas, China viene construyendo un marco conceptual y político para su relación con América Latina y el Caribe (ALC) que ha ido madurando con una claridad notable. El Segundo Documento sobre la Política de China hacia ALC, publicado en 2016, ocho años después del primero, marcó un punto de inflexión: presentó por primera vez una arquitectura integral conocida como la estrategia de “Cinco en Uno”, que abarcaba política, economía, cultura, seguridad y acción multilateral. En aquel momento, Pekín buscaba ordenar la cooperación, establecer bases comunes y proyectar una relación más estable, aunque aún anclada en dinámicas sectoriales como el comercio y la infraestructura.

En este 2025, el nuevo Documento sobre la Política de China hacia ALC va mucho más allá. Los “Cinco Programas” no solo actualizan el marco previo: lo transforman. Lo elevan de un esquema técnico de cooperación a una propuesta política de carácter estratégico, que sitúa a la región como un actor clave en el proceso de reorganización del orden internacional. Esta evolución doctrinaria revela hasta qué punto China considera a ALC no como un espacio periférico, sino como un socio indispensable en la construcción de un mundo multipolar.

La primera gran evolución se observa en el plano político. Mientras en 2016 la prioridad era fortalecer el diálogo diplomático y consolidar mecanismos como el Foro China–CELAC, el Programa de la Solidaridad de 2025 convierte esa cooperación en un proyecto explícito de articulación del Sur Global. El foco ya no es solo conversar, sino coordinar posiciones en defensa de la soberanía, el multilateralismo y la reforma del sistema internacional. La relación pasa de ser bilateral o birregional a ser parte de un frente político global en favor de un orden más representativo.

En lo económico, el salto es igualmente profundo. El marco de 2016 impulsaba la cooperación en comercio, inversión y grandes obras; era una etapa fundamental para expandir la presencia china en sectores clave. Sin embargo, en 2025 el énfasis se desplaza hacia la integración productiva, la innovación, la infraestructura verde, la economía digital y la construcción conjunta de capacidades tecnológicas. China ya no se limita a operar como financista o constructor: propone asociarse con ALC para impulsar un modelo propio de modernización, más equitativo, más autónomo y menos dependiente de paradigmas externos. La lógica no es exportar e invertir, sino transformar y desarrollar.

La dimensión cultural también experimenta una evolución notable. Los intercambios académicos y culturales promovidos en 2016 eran valiosos, pero seguían funcionando como herramientas tradicionales de diplomacia pública. El Programa de las Civilizaciones de 2025, en cambio, introduce una visión mucho más ambiciosa: plantea un diálogo civilizatorio que reconoce a ALC como una civilización plena, con identidad propia y valor intrínseco dentro del mundo multipolar. Ya no se trata solo de aprender mutuamente, sino de desafiar la idea de universalismo cultural que durante siglos colocó a Occidente como medida única de lo humano.

En el terreno de la seguridad, el contraste es evidente. En 2016, China ofrecía apoyo en temas de seguridad no tradicional y cooperación técnica, con cautela y sin protagonismo. El Programa de la Paz de 2025, sin embargo, concibe la seguridad como un componente político de la soberanía y del orden multipolar. Propone la construcción de un ciberespacio soberano, la defensa del derecho internacional y el refuerzo del carácter de ALC como Zona de Paz. Es una visión que, sin alianzas militares ni intervencionismo, redefine el concepto de seguridad desde una perspectiva cooperativa y civil, no geoestratégica ni coercitiva.

Finalmente, la evolución multilateral es uno de los cambios más relevantes. En 2016, China buscaba coordinarse con ALC en la ONU o el G20; era un enfoque pragmático para influir en debates globales. En 2025, la propuesta es mucho más profunda: reformar de manera conjunta la gobernanza internacional, fortalecer la voz del Sur Global y proyectar una comunidad de futuro compartido. En otras palabras, pasar de participar en el sistema a transformarlo.

La suma de estas transformaciones revela un cambio cualitativo: la relación China-ALC ya no se concibe como cooperación entre un gran inversionista y una región en desarrollo, sino como una asociación estratégica integral del Sur Global, con identidad política propia y proyección a largo plazo. El paso del “Cinco en Uno” a los “Cinco Programas” marca el tránsito de una cooperación estructurada a un proyecto geopolítico compartido, más maduro, más ambicioso y con un horizonte claramente multipolar.

Para América Latina, este cambio abre oportunidades, pero también exige responsabilidad. China ha puesto sobre la mesa una visión que reconoce la autonomía, la soberanía y la proyección global de la región. Depende ahora de los gobiernos latinoamericanos decidir si quieren aprovechar esta evolución para construir un lugar propio en el mundo que nace, o si permitirán que la inercia de viejas dependencias siga dictando su destino.

El adoctrinamiento emocional del miedo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales-Gamboa (*)

La fábrica social del miedo y sus usos políticos en tiempos de incertidumbre

Los discursos incendiarios, cargados de odio y promesas rotas, generan una fuerte conmoción política. Sin embargo, debajo del odio suele operar una emoción aún más poderosa: el miedo social, una sensación de amenaza que se produce colectivamente y que moldea nuestra forma de ver el mundo. El odio mezcla ira y rechazo, pero nace del miedo: de la percepción —real o construida— de que algo pone en riesgo nuestra seguridad o identidad.

El miedo no surge solo de narrativas catastrofistas; estas funcionan porque se apoyan en un sustrato social ya existente. El miedo se vive antes de contarse: nace de la desigualdad, de la exclusión, de la violencia cotidiana, de la pérdida de confianza en las instituciones y de la sensación de que el futuro se estrecha. Por eso, quienes buscan manipularlo no necesitan inventarlo: basta con leerlo, amplificarlo y dirigirlo políticamente.

Hoy las emociones ocupan un lugar central en la política, y el miedo es particularmente eficaz para moldear percepciones, orientar conductas y movilizar adhesiones. Como plantea Eva Illouz, vivimos en un “capitalismo emocional”, donde los afectos circulan como bienes. En este mercado, el miedo se convierte en un recurso político clave para generar obediencia, resentimiento o identificación con discursos autoritarios.

En Costa Rica, las últimas décadas han configurado un terreno fértil para este fenómeno: menos políticas redistributivas, más desigualdad, concentración del poder económico, debilitamiento institucional, encarecimiento de la vida, criminalidad creciente y precarización del empleo. Todo ello alimenta la ansiedad y el sentimiento de un país que pierde rumbo.

La teoría social muestra que estas emociones colectivas pueden ser fácilmente capturadas por narrativas políticas que ofrecen explicaciones simples a problemas complejos. Quienes las difunden identifican enemigos, señalan culpables y prometen orden y protección. No crean el miedo: lo organizan y manipulan, transformando malestares reales en herramientas de control político.

El mercado emocional y la economía del miedo

Illouz también explica que, en las sociedades neoliberales, las emociones se han vuelto tecnologías de gestión y en bienes de consumo. Las plataformas digitales intensifican esta dinámica al privilegiar contenidos que generan emociones intensas: miedo, indignación, resentimiento. El miedo produce atención; la atención genera tráfico; el tráfico, valor económico y político. Las campañas que recurren a mensajes disruptivos o alarmistas obtienen mayor visibilidad que las que apelan a la reflexión. Es más fácil manipular que educar.

Así, la manipulación del miedo no es un fenómeno aislado, sino parte de una estructura emocional que favorece la ansiedad y dificulta tomar decisiones responsables. El espacio público se satura de afectos primarios, los hechos se subordinan a percepciones de amenaza y la política se reduce a una disputa por el control emocional de la ciudadanía.

El miedo adquiere fuerza política cuando es alimentado por fracturas y abismos sociales profundos, por una crisis institucional y la pérdida de horizontes. Costa Rica enfrenta actualmente la erosión de un pacto social que garantizaba la movilidad ascendente, servicios públicos sólidos y una cultura institucional robusta.

1. Deterioro de la vida cotidiana: El costo de vida asfixiante, el endeudamiento masivo, la informalidad laboral y la pérdida de ingresos han golpeado fuertemente a amplios sectores. La inseguridad económica convierte a la población -en general- en presa fácil de discursos que prometen protección y control. Aún así, la manufactura del miedo ha logrado que la gente esté más angustiada por el aumento de la criminalidad que por las congojas económicas. Se le teme más a otro pobre que al rico que explota.

2. Fragmentación de las clases medias: Las clases medias ya no constituyen un bloque cohesionado. Se diluyen entre grupos que prosperan en la economía digital y globalizada, otros que permanecen estancados y otros que descienden hacia la vulnerabilidad. La competencia interna y la falta de horizontes compartidos generan tensiones identitarias y un malestar que se traduce fácilmente en miedo y resentimiento, tanto mutuos como hacia otros.

3. Abismos crecientes y concentración de la riqueza: Las brechas entre las clases medias, los trabajadores empobrecidos y los grupos más vulnerables se profundizan cada vez más.
Mientras estos últimos viven exclusión y pérdida de derechos, las élites concentran una proporción creciente de la riqueza gracias a sistemas fiscales regresivos. Así se difunde una percepción social desigual: para unos pocos el futuro se expande, pero para la mayoría se estrecha y oscurece. Este escenario vuelve a la población más susceptible a discursos que explotan el miedo y la incertidumbre. Quienes quedan fuera de los beneficios del modelo —los “arruinados”— se sienten especialmente expuestos. En este clima, la persona indigente, el habitante de calle o el extranjero pobre son fácilmente estigmatizados. Con frecuencia, incluso se les asimila injustamente a la figura del delincuente.

4. Estancamiento y pérdida de legitimidad institucional: La conflictividad entre poderes, los escándalos de corrupción, la lentitud burocrática y la desconexión entre autoridades y ciudadanía erosionan la confianza pública. Cuando las instituciones parecen fallar, el miedo encuentra terreno fértil. En ese vacío, surgen discursos salvacionistas y autoritarios que prometen soluciones rápidas, casi siempre punitivas y basadas en la fuerza. El mercado de las emociones ofrece un menú de salvadores mesiánicos.

La manufactura política del miedo

Cuando las condiciones sociales, el mercado emocional y la crisis institucional se mezclan, se crea el escenario para la manufactura política del miedo. Sus predicadores exacerban amenazas difusas —desconfianza institucional, crimen, migración, corrupción— y proponen identidades maniqueas: “honestos vs. corruptos”, “costarricenses de a pie vs. privilegiados”. El miedo social permite movilizar los odios hacia enemigos internos también fabricados. Estas narrativas simplifican la complejidad, prometen orden y desplazan la deliberación democrática hacia la reacción visceral: prometen la revancha.

El miedo reorganiza entonces el campo político, justifica la erosión de contrapesos institucionales y normaliza el conflicto como modo de gobernanza. En el contexto costarricense, estas dinámicas han sido instrumentalizadas para consolidar proyectos políticos basados en resentimientos, polarización y el adoctrinamiento emocional.

¿Hay salidas? Reconstruir confianza y acción colectiva

Si el miedo tiene raíces sociales reales, desmontar narrativas no basta. Es imprescindible transformar las condiciones que producen la inseguridad y la ansiedad. Para ello, se requieren reconstruir el país, en este caso con instituciones confiables, transparentes y eficientes; con organización comunitaria, vínculos de solidaridad, cultura asociativa y espacios de encuentro entre habitantes responsables. Son necesarias también nuevas y robustas políticas redistributivas para reducir la desigualdad y la precariedad mediante, entre otros, empleos dignos y servicios públicos fortalecidos.

También pueden resultar indispensables cambios educativos y culturales que contemplen como gestionar el mercado emocional digital, promover la alfabetización mediática y poner límites a la difusión de contenidos que alimentan el miedo. Como parte de ello, se requiere la elaboración de narrativas alternativas basadas en la cooperación, la corresponsabilidad y la imaginación democrática.

En conclusión, el miedo circula, se organiza y se manipula porque encuentra un terreno social fértil. Comprenderlo exige mirar más allá de los discursos siniestros y examinar las estructuras que lo producen. En Costa Rica, la convergencia entre deterioro social, abismos económicos, fragmentación de las clases medias y crisis institucional ha generado un clima emocional propicio para la manipulación política. Sin embargo, esta dinámica no es irreversible. Restaurar la confianza, reconstruir la solidaridad y recuperar la deliberación democrática son tareas urgentes para impedir que el miedo siga empujando al país hacia el abismo.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

40 diputaciones. Sí, pero no chavistas

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Gerardo Hernández Naranjo

Esa debería ser la meta de todas las fuerzas y personas democráticas para detener el populismo autoritario y recuperar la ruta de la democracia y el desarrollo con justicia social.

La Fracción Frente Amplio ha demostrado ser la única oposición consistente al chavismo y por ello debe seguir teniendo un lugar aún más fuerte en la próxima Asamblea Legislativa, junto a otras fuerzas democráticas.

Sólo Ariel Robles Barrantes ha demostrado una posición capaz de enfrentar tanto al #autoritarismo chavista generador de odio y división, como al #neoliberalismo que empobrece, genera desigualdad, debilita los servicios públicos (agua, educación, salud, seguridad, etc.), destruye derechos y deteriora cada vez más la calidad de vida.

Cerremos filas con él y construyamos en conjunto una #AsambleaLegislativa pluralista, de fuerzas que renueven nuestra vida democrática y comprometidas con nuestro Estado Social de Derechos.

Es posible, porque somos la inmensa mayoría de electoras y electores los que no estamos apoyando al chavismo: si consideramos la encuesta del CIEP de octubre, la candidata oficialista solo tendría el apoyo del 16,75 % del Padrón y solo el 25% de las personas decididas a votar (1 de cada 4).

Pero la fragmentación favorece al oficialismo, posicionándolo como una aparente mayoría cuando solo es la minoría más grande.

Únicamente la articulación de fuerzas democráticas puede hacerle frente. Y esa articulación debe venir de la ciudadanía, de las y los electores indecisos o que han pensado en no votar.

El poder estratégico del voto de cada uno y cada una crece en estas circunstancias, por encima de los partidos, pues las simpatías partidarias se han reducido a un +-15% de las y los electores.

Si el populismo autoritario chavista es personalista, la articulación de fuerzas democráticas debe darse alrededor de la candidatura más idónea para hacerle frente y sobrepasarlo.

Desde mi punto de vista Ariel Robles Barrantes es la candidatura idónea por muchas razones:

-porque ha demostrado que la juventud puede hacer política de la buena y debemos romper el marco adultocentrista si queremos que algo cambie;

– por su capacidad de diálogo, escucha y negociación comprobadas en su carrera política;

-porque como «pezeteño» viene de una zona y sensibilidad distinta al Valle Central, que le permite una lectura más integral de las necesidades de la gente y de los retos del país, tanto en las zonas rurales como en las ciudades;

– porque ha estado participando activamente en las grandes luchas, acciones colectivas y movimientos sociales de este país en lo que va de este siglo XXI: combo ICE, no al TLC, Combo fiscal, luchas regionales en defensa de los ríos y el ambiente en general, luchas por los derechos humanos, gentrificación, luchas del sector agropecuario, etc.

-porque no tiene el lastre de corrupción, ni de improvisación que cargan candidaturas de otras fuerzas políticas;

– porque le ha presentado al país un programa de gobierno serio y consistente, que constituye una muy buena base para construcción de acuerdos multisectoriales y multipartidistas de política pública y cambios institucionales que nos vuelvan a encausar por la ruta del desarrollo con justicia social y convivencia democrática, que todas y todos merecemos;

-porque ha tenido la fuerza y contundencia para denunciar y evidenciar la corrupción, la ineficiencia, las mentiras y discursos de odio del actual gobierno.

Y muchas más razones.

El reto está frente a nosotros y nosotras como ciudadanía, como electoras y electores en nuestras familias, grupos y comunidades. Nos toca a nosotr@s dar el paso porque difícilmente lo darán los partidos como tales.

¿Se apuntan?

Costa Rica no necesita salvadores

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Reinventar el país: la tarea política de todos que no podemos seguir posponiendo

Los graves problemas de la Costa Rica del siglo XXI, acumulados por casi cuatro décadas, no se resolverán ni en estas elecciones ni en los próximos cuatro años. El raquitismo político es evidente. En el cuatrienio reciente, lejos de enfrentarse estos desafíos, se ampliaron y agravaron, provocando un retroceso social y el estrangulamiento de posibles caminos hacia el desarrollo. A pocos actores políticos parece importarles realmente esto, pero la necesidad de actuar es urgente.

Hace cinco años publiqué un artículo sobre las fracturas sociales y los claroscuros ideológicos que atravesaban a Costa Rica en el segundo gobierno del PAC. Aquella publicación pasó casi desapercibida, como otros diagnósticos que quizás no encontraron su momento. No busco ahora reconocimiento, sino entender mejor nuestras penas colectivas. Los problemas no comenzaron entonces, pero sus manifestaciones ya eran inocultables.

Luego vinieron nuevas crisis: la pandemia del COVID-19 y su impacto sanitario, las tensiones fiscales, protestas sociales, el sacudón electoral de 2022 y un profundo desalineamiento político que resquebraja la hegemonía de los actores tradicionales. A esto se sumó el giro conservador del segundo gobierno del PAC y la represión de protestas sociales. Muchas de las fracturas previas persisten, pero han cambiado de forma e intensidad. Algunas se han profundizado; otras se expresan de modo distinto; y en ciertos ámbitos es necesario afinar el lente analítico.

Lo que presento ahora es una actualización crítica de aquel diagnóstico, basada en evidencia reciente de las universidades públicas, organismos internacionales y los procesos políticos que han marcado al país desde 2018.

Una economía que crece, pero para pocos

Costa Rica sigue moviéndose al ritmo de la inversión extranjera, las exportaciones y los servicios. No obstante, la desigualdad se mantiene entre las más altas de la región, incluso después de las reformas fiscales dirigidas a contener el déficit. Esta contradicción —crecimiento sin reparto— es hoy una característica estructural. La concentración de la riqueza se naturaliza, especialmente en manos de capitales transnacionales.

El mercado laboral confirma esta tendencia regresiva. Aumentan la informalidad, el subempleo y la dificultad para que las personas jóvenes —incluso con estudios universitarios— encuentren trabajo estable. La pandemia aceleró procesos previos: automatización, teletrabajo, reconfiguración del comercio y debilitamiento del empleo formal. El resultado es un país donde tener trabajo ya no garantiza bienestar ni movilidad social. La Costa Rica de la paz social y la equidad reformista se diluye rápidamente.

De la política sin brújula al embrujo del desencanto

En 2018 señalé el vacío ideológico y el avance del conservadurismo. Esos procesos continúan, pero la escena política se ha vuelto aún más volátil. Las elecciones de 2022 lo evidenciaron: el PAC se desfondó, Liberación Nacional profundizó su desgaste, la izquierda no logró consolidarse y surgieron candidaturas “antisistema” con apoyo considerable.

El país vive una mezcla de antipolítica, personalización del poder y discursos cargados de enojo. La radicalización derechista es solo una pieza del rompecabezas: también influyen la frustración por el deterioro de la calidad de vida, la pérdida de servicios públicos robustos y la sensación creciente de que “nadie nos representa”. La crisis de confianza afecta por igual a instituciones, partidos y liderazgos. En este contexto, resulta más fácil fabricar encantamientos mesiánicos que construir soluciones estructurales. La fragmentación ideológica se ha convertido en un rasgo permanente de nuestra convivencia.

Clases medias: del pilar histórico al mosaico fragmentado

Uno de mis planteamientos centrales era la erosión del papel estabilizador de las clases medias. Esto sigue siendo cierto, pero la evidencia reciente muestra un panorama más complejo. Las clases medias no son un bloque homogéneo; hoy constituyen un conjunto de segmentos desconectados y, muchas veces, en competencia entre sí.

Conviven al menos cinco grupos: funcionarios públicos con empleos relativamente estables, pero bajo presión fiscal y estigmatización; profesionales jóvenes endeudados, con trabajos temporales o mal remunerados; pequeños comerciantes y emprendedores golpeados por la competencia global y la disminución de ingresos; hogares de ingresos medio-bajos, altamente bancarizados y vulnerables a caer en la pobreza; agricultores y productores rurales afectados por la apertura comercial y el abandono estatal.

Cada grupo experimenta el malestar de manera distinta. Algunos se distancian de la política; otros se inclinan por opciones conservadoras; otros buscan salidas tecnocráticas, antiélite o directamente mesiánicas. El bloque de clase media que ayudó a sostener la estabilidad política del siglo XX es hoy un territorio fragmentado, sin proyecto común ni expectativas claras. Su “embotellamiento” físico y social se ha vuelto más literal: viven endeudadas, frustradas y escépticas respecto a cualquier promesa de futuro.

Una sociedad civil debilitada, pero en movimiento

En mi diagnóstico original subrayé el debilitamiento de la sociedad civil. Esa tendencia se mantiene, aunque con matices. Desde 2018 ha habido momentos de movilización: protestas contra la reforma fiscal, contra medidas regresivas, huelgas sectoriales, luchas ambientales, territoriales y feministas.

Sin embargo, estas expresiones no han logrado articularse en un proyecto político alternativo. Funcionan como válvulas de escape de la frustración social, pero no como plataformas de cohesión. La fragmentación general del país también se reproduce en la protesta. Existe activismo, pero escasa capacidad para convertirlo en transformación institucional.

Un país que necesita repensar su pacto social

La evidencia muestra que Costa Rica ha entrado en una fase en la que ya no basta con diagnosticar fracturas. Los pilares históricos del pacto social están en crisis: la desigualdad no es una falla, sino parte del sistema; el empleo dejó de garantizar bienestar; las clases medias se desfondan; la confianza en las instituciones se erosiona; el sistema de partidos se pulveriza; las narrativas ideológicas tradicionales ya no movilizan ni sostienen un sentido de comunidad.

El desafío central no es “restituir” lo perdido, sino imaginar un proyecto de país capaz de garantizar movilidad social, estabilidad democrática y sentido colectivo en un contexto global adverso, marcado por la precariedad, el individualismo y la polarización.

Costa Rica vive un momento decisivo. Las desigualdades crecientes, la precarización del empleo, la crisis educativa y el desgaste político han debilitado los fundamentos que sostuvieron al país durante décadas. Administrar la crisis no alcanza: necesitamos reconstruir el pacto social desde sus bases.

Esa reconstrucción exige nuevos consensos, capaces de reconocer nuestras realidades sin nostalgias ni simplificaciones. Implica que sectores tradicionalmente distanciados —clases medias vulnerables, sectores productivos, territorios rurales, personas jóvenes, funcionariado público y movimientos sociales— se reconozcan como parte de un mismo proyecto nacional.

Para que esos consensos emerjan es indispensable renovar el ejercicio del poder. Requiere abandonar el personalismo, la confrontación y la opacidad. La política debe recuperar su sentido de servicio, su capacidad de diálogo y su vocación de acuerdos duraderos. Costa Rica no necesita salvadores, sino instituciones fuertes y liderazgos responsables.

En ese proceso, rescatar la educación pública es una prioridad absoluta. Sin un sistema educativo robusto —financiado, inclusivo y conectado con el mundo del trabajo— cualquier pacto social será frágil y cualquier promesa de movilidad quedará vacía. La educación es el principal mecanismo para evitar que las desigualdades actuales se vuelvan permanentes.

El país aún posee capacidades para reinventarse, pero la ventana de oportunidad se estrecha. Podemos seguir administrando el deterioro o asumir la responsabilidad histórica de reconstruir un horizonte común. El futuro no está escrito: se construye con acuerdos, con instituciones sólidas y con una ciudadanía consciente de su poder transformador.

Tal vez se requiera algo más que unas elecciones y el acartonado ritual de los comicios. Tal vez lo que necesitamos, con urgencia, es recuperar la convicción de que un país se sostiene —o se derrumba— en la calidad de sus consensos y en la fuerza de sus instituciones.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El retroceso del Estado y el avance del narco

Escrito en . Publicado en Análisis.

Welmer Ramos González, economista

Costa Rica enfrenta un momento decisivo. Mientras el crimen organizado se expande con rapidez, el Estado parece avanzar en sentido contrario: repliega capacidades, debilita instituciones clave y reduce su presencia en territorios estratégicos. No son percepciones ni alarmismos; son hechos ocurridos en los últimos tres años que, por acción u omisión, han deteriorado la capacidad del país para enfrentar el narcotráfico en un contexto regional crítico.

Las motivaciones detrás de estas decisiones podrán discutirse, pero sus efectos ya están a la vista. Ninguna se ajusta a la complejidad del crimen organizado moderno ni a las mejores prácticas internacionales. Pueden no responder a un plan deliberado o a vínculos irregulares; simplemente son decisiones incompatibles con el momento histórico y riesgosas para un país cuyo principal patrimonio es su institucionalidad democrática. La seguridad no se sostiene con discursos altisonantes ni con confrontaciones políticas; se sostiene con inteligencia, cooperación, coordinación y presencia efectiva del Estado.

Mientras tanto, la realidad avanza sin pausa. El crecimiento de los homicidios vinculados al sicariato y a disputas territoriales confirma que las organizaciones criminales operan con mayor libertad y recursos. Cuando los grupos delictivos se sienten dueños del territorio, la violencia deja de ser excepción y se convierte en norma. Por eso urge examinar las decisiones recientes que, acumuladas, configuran un patrón preocupante de debilitamiento institucional.

Un Estado que retrocede donde el narco avanza

En junio de 2023, el retiro del Servicio Nacional de Guardacostas de Bahía Drake redujo la vigilancia en un punto históricamente utilizado para desembarcos y transbordos de droga. Un año después ocurrió algo similar en Sixaola, en la frontera Caribe con Panamá, otro corredor sensible para el crimen transfronterizo. Ambas medidas responden al mismo patrón: repliegue operativo justo en zonas donde los grupos criminales buscan expandir rutas marítimas y terrestres.

A esto se sumó, en 2024, el retiro de la Policía de Control de Drogas (PCD) de los puestos fronterizos, aeropuertos y muelles del país. Pocas decisiones afectan tanto la capacidad del Estado como sacar a la policía antidrogas de los principales puntos de ingreso al país. El resultado es evidente: menos interceptación, menor inteligencia en campo y mayor libertad para las redes delictivas que operan hacia el resto del territorio.

Otra decisión cuestionable llegó en marzo de 2024: trasladar la Academia Nacional de Guardacostas desde Quepos, un entorno costero ideal para la formación marítima, hacia Pococí, un cantón sin acceso al mar. Formar guardacostas lejos de las costas, y entrenar operaciones marítimas sin mar, contradice la lógica elemental de la profesionalización policial en un país cuya seguridad depende en buena medida del control marítimo.

Las fragilidades tampoco se limitan a fronteras y entrenamiento. Entre 2024 y 2025, más del 73% de la mercancía que entró o salió por Moín no fue escaneada, según lo muestra una evaluación de la Contraloría General de la República. La mayoría de los contenedores se despachó sin revisión adecuada, abriendo una puerta enorme para la contaminación de exportaciones. La consecuencia no tardó en aparecer: varios cargamentos provenientes de Costa Rica fueron incautados en puertos europeos. Una vez que una ruta internacional se consolida, revertirla es extraordinariamente difícil.

Igualmente, en materia de ingreso de mercancías, la Contraloría General de la República advirtió en diciembre de 2024 un “debilitamiento en los controles” aduaneros, situación que incrementa los riesgos de corrupción y contrabando. Los informes señalan además una “disminución del personal de inspección” en puntos estratégicos del país, lo que abre la puerta al internamiento de mercancías ilícitas, al robo y a la evasión de controles que comprometen el resto de los objetivos institucionales. (DFOE-FIP-SGP-00002-2024)

A ello se suma un hecho innegable: los dos últimos ministros de Hacienda han sido férreos opositores a dotar al OIJ, a la Fiscalía y a la Policía Judicial de los recursos necesarios para enfrentar al crimen organizado. Sus esfuerzos reiterados por recortar estos presupuestos, justamente en el periodo de mayor violencia en décadas, contradicen cualquier discurso de fortalecimiento institucional. Como advirtió el director del OIJ, “cada colón recortado es un espaldarazo al crimen organizado”.

Dos corolarios, al menos, se relacionan directamente con lo expuesto. Primero, tal como advierte el Estado de la Nación, se observa una actividad económica de origen incierto que genera transferencias difusas con un impacto relevante sobre la dinámica nacional. Segundo, persiste la asombrosa caída del precio del dólar que, pese a todos los malabares explicativos, sigue acompañada por copiosas entradas de capitales cuya procedencia resulta difícil de esclarecer.

Un rumbo que debe corregirse

El gobierno que asuma en 2026 tendrá la responsabilidad de corregir este rumbo con seriedad y visión de Estado. Para lograrlo, deberá ejercer un acto básico de madurez republicana: reconocer errores, rectificar sin soberbia y permitir que quienes conocen el tema contribuyan con soluciones. Costa Rica no puede seguir gastando energías en confrontaciones estériles con otros Poderes de la República mientras los verdaderos enemigos, las redes criminales que erosionan la seguridad, la economía y la institucionalidad democrática; avanzan con plena claridad estratégica.

La evidencia demuestra que la actual línea de acción es insuficiente y está desalineada con las mejores prácticas internacionales. Persistir en ella sería un riesgo que el país no puede permitirse. Rectificar no es una muestra de debilidad; es un acto de responsabilidad democrática. Y ese es el liderazgo que Costa Rica necesita con urgencia.

En la encrucijada electoral de estos días

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Mientras no haya elección no hay ganador. Este es el hecho. La encuesta que vale, que es la definitiva, es la de la votación del primer domingo de febrero.

A los efectos de la elección de diputados es contundente. Lo que allí se decida así se queda, así se integrará la Asamblea Legislativa con sus 57 diputados, que serán de varios partidos. No se puede predecir en este momento, con ninguna encuesta de la guerra que entre las que se publican, cuál podrá ser la probable integración de los diputados y cuáles serán los partidos que los elijan.

No hay condiciones objetivas ni subjetivas para determinar cuál será el partido que elija más diputados. La historia electoral del país indica que nadie ha pasado de los 33 diputados. La historia parlamentaria señala que la Asamblea es multipartidista, y que debido a las divisiones o salidas que tienen algunos partidos que eligen diputados, la Asamblea Legislativa llega a tener de hecho hasta 12 grupos parlamentarios.

Para las elecciones del 2026 visualizo que la Asamblea Legislativa no tendrá muchos partidos, pero sí será de un número muy parecido de legisladores entre ellos, sin que parezca que ninguno pase de los 20 diputados. De los partidos existentes tienen posibilidad de elegir nuevos diputados Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio. De estos el que puede aumentar es el Frente Amplio por el buen desempeño y trabajo que han realizado sus seis diputados, y por el atractivo que puede significarle el llevar a José María Villalta de nuevo a la Asamblea Legislativa. Los otros dos partidos los veo, en este momento, disminuyendo sus diputados. En caso extremo estos tres partidos podrían repartirse entre 30 y 40 diputados.

Actualmente seis partidos se distribuyen los 57 diputados, cuando participaron en las elecciones pasadas, del 2022, veinticinco partidos presidenciales y hasta 28 provinciales. Para las próximas elecciones hay cinco partidos menos, lo que permitirá concentrar mejor las decisiones para las diputaciones, pero en el tablero electoral se establecen dificultades y facilidades en las provincias que reducen sus diputados y en las que las aumentan, porque eso obliga tener más votos para elegir en una y un poco menos en otras, lo que dependerá del conocimiento que se tenga de los candidatos y de la propaganda positiva que se pueda hacer alrededor de ellos. Por ahora los tiros disparan solo a las cabezas de los candidatos presidenciales.

No hay absolutamente nada, en este momento, ni en este gobierno, que indique que el partido oficialista, el que impulsa el presidente Chaves, pueda siquiera superar el número de diputados que Liberación Nacional ha electo en los últimos tres gobiernos. La campaña política del partido de continuismo político del actual gobierno gira únicamente alrededor de su improvisada candidata presidencial.

Los diputados se eligen de forma separada y por provincias. No se tiene claro cuáles son sus candidatos. Algunos de ellos por sinvergüenzas, tienen la publicidad de ser abogados de narcotraficantes y de deber millones de colones a la Seguridad Social. Esa es su mejor carta de presentación.

El partido que llevó a Rodrigo Chaves que eligió 10 diputados, se quedó con una sola diputada, la presidenta de ese partido, que también es candidata presidencial para febrero. Su labor parlamentaria no se ha sentido. La de sus compañeros diputados, como buenas veletas, gravitaron fuera de ese partido, se adhirieron al gobierno como diputados oficiales, rodriguistas y chavistas, y ahora fernandistas, después de pasar por otras posibilidades electorales. Como conjunto estos diputados no aportan nada legislativo al partido que los eligió ni al partido que están apoyando.

La campaña para elegir diputados gira principalmente por el apoyo que al interior de las provincias puedan tener esos candidatos, apoyo que deriva de su arraigo en esas provincias, de sus vínculos con grupos de esas comunidades, con la organización partidaria que puedan tener en las distintas localidades de los diversos cantones y distritos.

El partido oficialista pareciera no tener nada. Ni siquiera inscribió, según se dice, miembros de mesa en las seis mil mesas que tendrán electores. Es claro que al no inscribir miembros de mesa no tendrán supervisores en el conteo de votos y eso les dará aliento, como ya lo está haciendo el presidente Chaves, para decir que les hicieron un fraude electoral, hacer un escándalo e invocar un llamado internacional en su favor, todo en el marco del autogolpe de estado que prepara el presidente Chaves.

Por ahora no estoy viendo nada de buen resultado para el partido oficialista en el sueño de opio que ellos tienen de llegar a sacar 38, 40 y hasta 45 diputados como lo sueñan. Tampoco en el buen resultado que sus encuestas pagadas le auguran a su candidata.

Además, en cuanto al oficialismo es claro que la gente ya está desilusionada del animal de Zapote, que solo para Circo sirve. Los públicos que voluntariamente asisten en actos políticos y celebraciones públicas, sin que les paguen sin que los lleven en autobuses y sin que les den almuerzos, lo hacen sin temor, y retan con sus oposiciones verbales al maullido más que rugido del jaguar, le gritan con todo derecho político, constitucional y ciudadano, que no sirve para gobernar, que ya están hartos de sus mentiras, sus insultos, sus faltas de respeto, sus amenazas, a las que le han perdido el miedo.

A los efectos de la elección presidencial desde que se llegó a la segunda ronda electoral en las elecciones del 2002, 2014, 2018 y 2022, la posibilidad de una segunda ronda siempre existe. En este momento la están alimentando. En general todos los sectores y analistas apuntan y apuestan a ella. Eso puede ser cierto.

El escenario de la segunda ronda lo hacen girar alrededor de la candidata del presidente como una finalista, no como la ganadora de la primera ronda de febrero. Quienes así lo plantean discuten con quien podrá ser la segunda ronda, si con Claudia o con Claudio, si con Ariel o Juan Carlos, si con Ramos o con Zamora…eso es lo de menos.

Lo esencial para el animal de Zapote es que apuesta a su candidata, que ya le ha ofrecido continuar cogobernando, y gobernando más, desde el Ministerio de la Presidencia, que en febrero cumplirá un año sin Ministro, y con un presidente que si no ha sabido llevar la riendas del Poder Ejecutivo, desde el solio presidencial, menos lo podrá llevar desde del Ministerio de la Presidencia, que tiene que lidiar con todos los actores de los sectores políticos, económicos y sociales del país con los cuales no ha podido dialogar, porque dinamitó los puentes del diálogo nacional, lo que evidenciará su tendencia autoritarista, dictatorial, tiránica, militarista, represiva, que es realmente lo que quiere establecer con su marioneta presidencial. Todo esto en el supuesto que esa candidata llegue como aspirante presidencial a la segunda ronda.

El resto del país, en este hipotético caso, tendría que hacer un gran esfuerzo político, de voluntad política, sin prejuicio alguno, de todos los partidos distantes del continuismo y del mal gobierno, para votar por quien esté en esa posición de disputa.

Si esto sucediera, en ambos partidos políticos finalistas, se establecería, a mi manera de ver, la obligación política de anunciar sus posibles ministros, su posible gabinete de gobierno. En el caso alterno frente al oficialismo por la simple razón de que se pueda apreciar la calidad de coalición fáctica que se haría hacia un Gobierno de Unidad Nacional para salir del atascadero al que Rodrigo Chaves ha llevado al país.

Para el presidente Chaves es necesario que su candidata termine de finalista en febrero, porque eso le permite continuar en la presidencia hasta el primer domingo de abril, para no tener que salir “huyendo” del país, por las acusaciones y procesos penales que le investigan, y que sin inmunidad del cargo, le pueden detener, procesar y hasta encarcelar.

En el supuesto caso de que en la segunda ronda, su candidata pierda la presidencia, me atrevo a afirmar que el presidente ya tiene todo planeado para “ausentarse del país”, con algún pretexto oficial, para no entregar él la Banda Presidencial, que en su nombre lo haga la vicepresidenta a cargo, y así poder esfumarse del país a Letonia, Portugal o algún otro país donde ya esté físicamente arraigado…o algún país donde no haya extradición firmada con Costa Rica.

Compartido con SURCOS por el autor.

La Venezuela de Trump, ¿hoguera de su inmolación o la antesala de la III Guerra Mundial?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

La movilización militarista y guerrerista del Presidente Donald Trump en el Caribe, intentando provocar un “cerco”, en aguas internacionales, frente a Colombia y Venezuela, con el pretexto de su lucha contra el narcotráfico, pero dirigido a eliminar en el ejercicio de la Presidencia, del gobierno de Venezuela, a Nicolas Maduro le ha resultado hasta ahora un fiasco, un fracaso político, y en cierta forma militar, humillante para su soberbia, su arrogancia, su orgullo y su excesivo sentimiento de gendarme internacional, de características mundiales. Como “cerco” no lo ha logrado. Esta situación no es como la crisis de Caribe, rodeando a Cuba, en 1961.

No es secreto que el presidente Trump trata de redefinir la geopolítica mundial, y restablecer en América Latina una versión modernizada, y actualizada a las condiciones del siglo XXI, de las doctrinas de política exterior de los Estados Unidos, que conocemos como las Doctrina Monroe, la del Destino Manifiesto, de las políticas anexionistas e invasivas con filibusteros, como lo fue en México, Centroamérica y en la guerra hispano norteamericana de finales del siglo XIX, con la intención de apropiarse de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, la Doctrina del Gran Garrote, en la primera mitad del siglo XX, totalmente intervencionista en todo el Caribe, imponiendo dictaduras, tiranías, gobiernos autoritarios de facto y de control de aduanas, y apropiándose de pequeños territorios ocupados militarmente, como Guantánamo en Cuba.

Estas doctrinas justificaron. para los gobiernos de Estados Unidos, especialmente en el siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, el control que trataron de establecer y asegurar su presencia en el continente, frente a otras naciones europeas, en sus expansiones especialmente económicas y de proyección e influencia geopolítica, como lo fue Inglaterra a principios del siglo XIX que se había hecho presente en el Cono Sur, las avanzadas francesas en la región, y la necesidad de controlar y dominar las construcciones de las rutas canaleras interoceánicas, en las regiones del Caribe, especialmente en Panamá y Nicaragua, la intervención de Estados Unidos en la región de Maracaibo, en Venezuela a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y en Cuba con la llamada República Plattista, que de hecho le fue impuesta en los años 1899-1902, fortalecida con la imposición de la Enmienda Platt, como un apéndice a la Constitución Política de Cuba, de 1901.

Con el desarrollo de la revolución industrial de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando surge la etapa imperialista del capitalismo, con sus carteles, trusts, monopolios y oligopolios, como nuevas formas empresariales, que se volcaban al control de territorios, en todos los continentes, por sus materias primas estratégicas, por su mano de obra barata y por los mercados de venta de productos en esos territorios, los Estados Unidos, pasan a jugar un papel importante y dominante en el conjunto de las relaciones internacionales del continente. Al finalizar la I Guerra Mundial, resultado de esas contradicciones y reparticiones del mundo, Estados Unidos salió fortalecido en su inicial hegemonismo.

Entre los productos estratégicos para las nuevas áreas de producción de aquellos años, aún vigentes, estaban el cobre, para el desarrollo de la electricidad, el oro, la plata, el hierro, el zinc, el litio, la bauxita, especialmente significativo para la producción de aluminio, el plomo, el estaño, el carbón, y el petróleo que empieza a conocerse tempranamente en Venezuela, desde 1875, y en México, desde 1901.

Hoy se tiene en esta visión de control de minerales, por parte de las grandes potencias imperialistas, el molibdeno, el niobio, el grafito, la fluorita, los fosfatos y vetas de uranio; lo que se llaman “tierras raras”, que incluye arsénico, asbesto, cesio, fluorita, galio, grafito natural, indio, manganeso, mica natural en láminas, sienita nefelínica, niobio, rubidio, escandio, estroncio, tantalio, torio y vanadio. Además, el continente americano es una gran reserva de productos agrícolas, como café, caña de azúcar, maíz, cebada, arroz, soja, algodón, tabaco, banano y cacao.

En la América Central hay madera, oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, antimonio, carbón, y en toda la región la pesca y la ganadería.

El trasfondo de la riqueza minera y natural de Venezuela, tras la amenaza de Trump con sus tropas de asalto y guerra frente a sus costas, es lo que realmente persigue el presidente estadounidense, y es lo que busca controlar.

Más que a Nicolás Maduro el objetivo principal de Trump en Venezuela es el control del cobre, del hierro, el oro de Venezuela, que tiene la cuarta mina más grande del mundo, considerada el 20% de la reserva mundial. También el petróleo venezolano, que está considerado como la mayor reserva del mundo, y sus minerales de las “tierras raras” como Níquel, Rodio, Titanio. A ello se agrega bauxita, carbón, Coltan. El gas de Venezuela hoy ocupa el octavo lugar con mayor reservas en el mundo.

El compromiso de Venezuela en el narcotráfico, la narco producción, el blanqueo de capitales, la existencia de organizaciones narco terroristas, como las define actualmente la administración estadounidense, son solo el pretexto de la intervención en la institucionalidad política y el control económico y de las riquezas naturales de ese país.

Nicolás Maduro inició su ejercicio presidencial el 19 de abril del 2013, siguiendo su segunda toma de gobierno el 10 de enero del 2019 y la tercera en enero del 2025.

Con Maduro dio inicio a una segunda época de la llamada V República, que se inició con el presidente Hugo Chávez Frías, en 1999, falleciendo en el 2013, cerrando de esa manera su ciclo presidencial. Para mí hoy no existe la República Chavista de la V República. Es la República Cabello Madurista, si así se le puede denominar, por el poder e influencia que ejercen en el desenvolvimiento de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón y Nicolás Maduro Moros.

Diosdado reúne sobre Maduro su condición de militar, originario del golpe de Chávez del 4 de febrero de 1992 y su condición de político, en distintas ramas de la institucionalidad venezolana, que lo hace, en cierta forma, más poderoso que Maduro.

Las tres presidencias de Maduro han sido cuestionadas en su origen, aun cuando en ellas haya habido procesos electorales. Las últimas dos, particularmente, han sido cuestionadas por fraudes electorales. La elección del 2019 originó que más de 50 países negaran su reconocimiento de presidente válidamente electo, aun cuando no rompieran relaciones diplomáticas con Venezuela.

Las elecciones del 2024 fueron más evidentes en el fraude que se le atribuye, por cuanto hasta hoy no ha podido demostrar Maduro su legítimo triunfo, con la presentación de las actas electorales, lo que mantiene ese desconocimiento internacional por parte de esos países.

Tampoco, con Maduro, Venezuela presenta un modelo político institucional revolucionario, que pueda contagiar a la región para seguirlo, aunque mantiene un discurso antiimperialista y antiestadounidense fuerte, con énfasis en un nacionalismo latinoamericanista.

Con Hugo Chávez, hasta el 2013 se mantuvo la idea de un Socialismo del Siglo XXI, concepto que en el discurso se mantuvo por Rafael Correa en Ecuador y por Evo Morales en Bolivia, como slogan, y en cierta forma como propuesta, en el continente por algunos movimientos políticos. Durante la era Chávez este concepto no se logró establecer como política continental de los gobiernos reformistas de la primera década, en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, ni como alternativa en la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, CELAC. Menos lo fue en la segunda década y todavía menor en esta tercera década.

Como concepto se dejó, en su contenido, desde el 2008, cuando Hans Dieterich Steffan, su creador, se desencantó de lo que sucedía en Venezuela, con su propuesta política, retirándose a sus domicilios en México y La Habana, con su compañera Marta Harnecker.

La única República Socialista del continente, Cuba, no acogió el concepto de Socialismo Siglo XXI como una bandera de su Revolución. No lo necesitaba.

A la muerte de Hugo Chávez, el presidente Maduro intentó mantener el concepto, sin éxito. Ya no se habla de ello ni se agita como proyecto político en Venezuela. En Ecuador como en Bolivia, el concepto de Socialismo siglo XXI se mantuvo, mientras Rafael Correa y Evo Morales, estuvieron vigentes y activos en política. Al morir Hugo Chávez, tanto Rafael Correa como Evo Morales volvieron en la política de sus países a recuperar los conceptos, que dieron origen a sus procesos políticos, la “Revolución Ciudadana”, con Rafael Correa, o el de la “Revolución Plurinacional, Democrática y Nacional”, con Evo Morales, conceptos que hoy están desaparecidos del escenario progresista continental y de esos países.

Venezuela no es un país socialista, política ni económicamente. Sigue siendo un país capitalista, gobernado por un grupo político que traza sus derroteros en el reformismo político avanzado, pero actualmente muy débil, tratando de continuar las reformas que impulsó con bastante éxito Hugo Chávez Frías.

Venezuela, en lo que se conoce, no es un país narco productor. Allí no se produce cocaína, que sí se produce en Bolivia, en Colombia y en una parte de Perú. Colombia produce el 60% de la producción mundial, Perú el 30% y Bolivia el 10%. El restante 10% se produce en otros países fuera del continente.

Los Estados Unidos en Sur América y el Caribe tiene 76 bases militares, coordinadas todas por el Comando Sur, SOUTHCOM, del Ejército de los Estados Unidos y de la estructura del actual Ministerio de Guerra, como lo ha redefinido Donald Trump, y no Ministerio de Defensa como antes se llamaba. De ellas, tiene ocho en Colombia, aún con el gobierno de Petro. En el mundo, en 100 países, Estados Unidos tiene más de 800 bases militares, de distinto tamaño y magnitud.

La existencia de las bases militares de Estados Unidos obedece a la lógica intervencionista de su política, en los asuntos regionales y particulares donde operan, más que con objetivos de colaboración o seguridad regional. A ello suma su presencia en varios bloques y alianzas militares como la OTAN en Europa.

No hay de hecho una amenaza continental ni regional en América Latina que pueda justificar la existencia de esas 76 bases, ni se justifica ya la Fuerza Interamericana de Paz, establecida en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, de 1948.

Ninguna actividad relacionada con la producción de droga puede poner en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. En los propios Estados Unidos en los siguientes Estados: Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Nevada, New Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington se permite cultivar, producir y comercializar legalmente marihuana. Los últimos en sumarse a la legalización fueron Delaware, Minnesota y Ohio en 2023. La marihuana se vende libremente en los llamados Dispensary. La han legalizado bajo el concepto de marihuana recreativa y marihuana medicinal. El 20 de abril se ha establecido como el Día de celebración de la Marihuana o el Cannabis.

No se llega en lanchas ni en botes a las costas de los Estados Unidos desde Suramérica, llevando unos cuantos cientos de kilos de cocaína para poner en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entra por tierra, principalmente, desde México.

En la vida del ejército estadounidense se permite y tolera el uso de drogas, y de drogas fuertes, como la cocaína, las anfetaminas, el alcohol, ciertos opiáceos y morfina, para que sus soldados y militares puedan actuar en las operaciones de guerra, combatiendo su fatiga y reforzando su coraje de combate.

En Estados Unidos tienen un grave problema con las drogas ilegalizadas como el hachís, el crack, la heroína, los alucinógenos, la LSD, el hongo de psilocibina, los inhalantes.

El Ejército estadounidense ha desarrollado Hospitales especiales para desintoxicar sus soldados luego de prestar el servicio militar en guerras, o en ciertas actividades militares. Estos hospitales forman parte del Sistema de Salud Militar (MHS), como son el Centro Médico del Ejército Brooke (BAMC) en Texas y el Médico Militar Nacional Walter Reed. En total el MHS tiene 51 hospitales y 424 clínicas.

El negocio de las drogas le ha permitido a Estados Unidos mantener y alimentar guerras, y luchas de organizaciones que ellos emplean, para liquidar gobiernos o tratar de derrocarlos. En Centroamérica se dio el caso en la década de los 80s de llamado caso Irán-Contras, o Irangate, en 1985-1986, usando grupos de narcotraficantes para financiar grupos armados, creados y organizados por el Ejército de los Estados Unidos y sus agencias político-militares, especialmente para liquidar al gobierno sandinista en Nicaragua.

El peso de las bases militares estadounidenses en Sur América lo tienen Colombia, Ecuador y Perú. En Venezuela y en Bolivia no hay. En esos países las justificaron en la lucha contra las guerrillas y movimientos armados de izquierda que persistieron en Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia durante la segunda mitad del siglo XX y en algunos de esos países en este siglo, todavía en una parte de Colombia, sin que constituyan en este momento fuerzas capaces de derribar gobiernos. La presencia militar estadounidense en Colombia no acabó con la narco producción ni con las organizaciones narco productoras, hoy llamadas narcoterroristas. Eso lo está haciendo el gobierno de Petro.

La democracia representativa política en el continente se ha fortalecido desde 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética y el Bloque de países socialistas europeos.

En la redefinición de la geopolítica y geoestrategia de Trump se ha establecido que el ejército y las fuerzas armadas, de los Estados Unidos, deben atender la lucha contra el narcotráfico, como tarea militar, lo que se le encarga al Ejército, calificando a las organizaciones que se dedican a la producción, el comercio y el tráfico de drogas como organizaciones terroristas, que son de atención del Ministerio de la Guerra y del Ejército. Es una simple justificación para actuar militarmente contra gobiernos especialmente latinoamericanos, que no son de la simpatía política del actual gobierno de Estados Unidos, especialmente Venezuela, ampliado ahora a Colombia.

En esta dirección Trump amenazó a México de intervenir, con su Ejército, en la frontera y el territorio mexicano fronterizo, para actuar allí supuestamente, contra los carteles del Tren de Aragua (TdA), la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Jalisco “nueva generación” (CJNG), el Cartel del Noreste (CDN), el de La Nueva Familia Michoacana (LNFM), el Cartel de Golfo (CDG) y los “Carteles Unidos” (CU) como organizaciones terroristas extranjeras (FTO).

De estas son organizaciones transnacionales, la TdA que es una organización originaria de Venezuela con células en Colombia, Perú y Chile, y con informes de presencia esporádica en Ecuador, Bolivia y Brasil. La MS-13 como organización transnacional se originó en Los Ángeles, pero se trasladó a América Central a medida que se deportaba desde Estados Unidos a personas de esa organización. El Cartel de Sinaloa es una organización transnacional con sede en Sinaloa (México). Es uno de los carteles de la droga más poderosos del mundo y uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos.

Otros carteles de droga en México son el de Los Viagras, de Santa Rosa de Lima, el Independiente de Acapulco, el de Guerreros Unidos, el Nueva Plaza, el de Tláhuac, y el de la Unión Tepito.

En Colombia operan los carteles del Clan del Golfo, conocido antes como Los Urabeños, compuesto por disidentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, el cartel de «Los Pelusos», con disidencias del EPL. Los carteles de Medellín y de Cali han sido desarticulados. También operan el Tren de Aragua, los Satanás, los Paisas, los Pereiranos, los Lucky, los Maras, los Camilos, los Bury, los Zetas, los Boyacos y los Maracuchos.

En Venezuela opera el Cartel de los Soles, que presuntamente como organización ilícita está fuertemente vinculada a altos mandos militares y políticos, dedicada principalmente al narcotráfico y la minería ilegal. Recientemente se informa que también opera el Cartel del Tren de Aragua. En esta rápida visión de distribución de organizaciones narcotraficantes, Venezuela es la que menos tiene en su territorio.

Lo que hace diferente a Venezuela de México, Colombia, Perú o Bolivia, es que al Cartel de los Soles se le vincula directamente a personajes de la política de gobierno como el mismo Nicolás Maduro, Diosdado Cabello Rondón, militar y político, y a Vladimir Padrino, Jefe del Ejército, que en la justificación que hace el Presidente Trump, lo lleva a sostener que Venezuela es un narco Estado, por el papel que tienen estos tres personajes en la estructura política, de gobierno en su Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y en el Ejército. Esto, por cuanto han detenido internacionalmente altos personajes de Venezuela vinculados al narcotráfico y el lavado de dólares, como han sido los hijos-sobrinos del presidente Maduro y su esposa, Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, y Alex Saab, uno de los más cercanos colaboradores del presidente Maduro, que fue detenido en Cabo Verde, como el lavador de dólares de ese gobierno. Los hijos-sobrinos de Maduro, y Saab, fueron indultados por el presidente Biden, que ya estaban condenados a 18 años de cárcel por narcotráfico, por Cortes Judiciales de Estados Unidos, para intercambiarlos por 7 estadounidenses presos en Venezuela y para asegurar la presencia de la Chevron en el negocio petrolero de Venezuela.

Otros venezolanos buscados por narcotráfico y lavado de dólares, por los Estados Unidos, son las siguientes personas venezolanas: Tareck Zaidan El Aisami, que ha sido vicepresidente de Venezuela, Maikel José Moreno Pérez, que ha sido presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Joselit Ramírez Camacho, Samark López Bello, los narcotraficantes venezolanos Walid Makled García, Hermagoras González Polanco, Arick Komarczyk y su socio, Irazmar Carbajal, Clíver Antonio Alcalá Cordones, mayor general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Hugo Armando “El Pollo” Carvajal Barrios, exdirector de Inteligencia Militar y diputado oficialista en la Asamblea Nacional. Algunos de estos capturados y presos en Estados Unidos han informado con detalle, y algunos de ellos han hecho publicaciones detalladas de los alcances de los compromisos de estos dirigentes políticos con el negocio y las organizaciones de la droga que usan el territorio venezolano para sus negocios y tráfico internacional.

El operativo militar montado desde hace varias semanas en el Caribe frente a Venezuela, amenazando intervenir para llevarse al presidente Maduro y unos cuantos personajes más de su gobierno, a los que les han puesto recompensas millonarias, no ha dado los resultados que Trump había deseado. Internamente en Venezuela ha fortalecido al gobierno, a sus dirigentes, al mismo Maduro, y permitido poner en acción y movilizar alrededor de un millón de personas en la preparación militar para defender a Venezuela de una posible invasión y enfrentamiento militar con Estados Unidos.

Tampoco ha logrado el presidente Trump el consenso político de los gobiernos suramericanos y latinoamericanos en general, que le permitan justificar su acción militar, para detener y llevarse, a Maduro como el cabecilla del Cartel de los Soles y del narco estado venezolano, como vende su proyecto.

En el continente, los gobiernos no están de acuerdo en llevarse a ningún presidente con esos pretextos. Tampoco en tumbarlos con intervención extranjera militar. Los problemas de legitimidad, de legalidad, de la presidencia de Venezuela es un problema de los venezolanos, que lo tienen que resolver ellos. No son fuerzas extranjeras las que tienen que resolverlos. Ni los organismos internacionales tienen hoy la fuerza para imponer o derrocar un gobernante. La lucha contra la droga no tiene a Estados Unidos en otros países o regiones del mundo, productoras de droga, de modo amenazante como está en Venezuela, o frente a China, a quien acusa de introducir el fentanilo en Estados Unidos. Es claro, entonces, el pretexto político contra Venezuela, que sirve de amenaza contra cualquier proyecto reformista en el continente que no sea del agrado de Estados Unidos.

El distanciamiento de Trump con el presidente Petro, de Colombia, obedeció a esa solicitud de apoyo intervencionista, de usar su territorio, con sus bases militares, como base de apoyo en su posible guerra contra Venezuela, que Colombia rechazó.

La diplomacia estadounidense se ha movido para justificar la captura no de un presidente, aunque haya sido mal electo, sino la de un delincuente narcotraficante que ha hecho de su gobierno un narco estado, que pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos, sin tener fronteras terrestres, ni marítimas ni aéreas comunes, como Estados Unidos las tiene con México o Canadá. Lo único que ha logrado Trump es el apoyo de una isla insignificante políticamente a pocos kilómetros de distancia de Venezuela, Trinidad y Tobago. Tampoco ha podido desarrollar sus nuevas bases militares en Panamá, que las está negociando.

La excusa de la guerra contra las drogas no le ha valido. Despedazar desde el aire unas cuantas lanchas, asesinando de esa manera a sus setenta tripulantes, que han muerto, no le ha permitido demostrar que esas lanchas llevaran toneladas o bastantes kilos de cocaína. Para todos los efectos esos ataques a esas lanchas han sido valorados internacionalmente como ejecuciones sin juicio alguno, sin pruebas materiales de transportación de drogas. Esos ataques son acciones sicariatas del Ejército de Estados Unidos contra pescadores, navegantes, personas que viajaban en lanchas sin que se haya podido demostrar que en esas naves llevaban drogas o cocaína, han sido condenadas incluso por las Naciones Unidas. Con todo el despliegue militar que allí tiene pudieron haberlas detenido con sus ocupantes y demostrar que iban cargadas de droga. Por las torturas que tiene autorizadas el Ejército de Estados Unidos a realizar legalmente, con un Manual de Torturas, pudieron haber interrogado y sacado información de esas personas pescadoras, presuntos narcotraficantes, de los vínculos de sus posibles organizaciones narcotraficantes y de los posibles compromisos de gobiernos con ellos. No han podido demostrar un solo caso de este tipo. En otro orden de cosas pareciera ser prácticas de tiro que realizan desde aviones o desde el portaviones Ford, el más grande de la marina de los Estados Unidos, contra lanchas que no llevan artillada ninguna arma. Simplemente ejecuciones, asesinatos a mansalva.

Cada día que pasa en que Trump se juega su pellejo, su figura, su presidencia, sin proceder a la captura de Maduro, le cuesta carísimo al pueblo de los Estados Unidos con el mantenimiento de esa movilización militar, de agua, aire y tierra que tienen preparada, para una guerra, frente a Venezuela. Más de 10.000 soldados listos para realizar la gran hazaña de Trump, en la que se van a llevar una gran sorpresa del pueblo venezolano.

Venezuela, en este asunto, de la intervención militar extranjera no está sola. Ya tiene aliados muy poderosos, Rusia y China, que le han facilitado recursos militares de defensa y de ataque, en posibilidad de hundir a su Portaviones Ford, y de mantener una resistencia defensiva por mucho tiempo. Venezuela se puede convertir en el Vietnam latinoamericano para los Estados Unidos, pero, también puede convertirse en la antesala de una III Guerra Mundial, donde en medio de este conflicto, se resolverá casi simultáneamente el conflicto de Ucrania, el del Medio Oriente, el del Mar de la China, el de Taiwán. La OEA por ahora, ni CELAC le darán apoyo a la aventura militar de Trump en Venezuela, por más aranceles que aplique y eleve.

Si la OTAN, por otro lado, se atreve a participar en una ofensiva contra Rusia, caerán bombas en toda la costa atlántica de los Estados Unidos, que es parte de la OTAN, país donde nunca ha caído ni un cachiflín, ni una bomba resultado de una guerra…y el pueblo estadounidense va a reaccionar más fuertemente de lo que hasta ahora se cree y estima políticamente.

Estados Unidos en su guerra y ofensiva contra Venezuela, y contra Colombia, si así se lo propusiera, lleva las de perder más que las de ganar.

Veo más a Trump retirándose humillado del Caribe frente a Venezuela, que entrando heroico a Caracas. En una intervención o en una guerra que se le puede extender en el tiempo se va a encontrar con el canto venezolano de 1816, ¡Gloria al Bravo Pueblo que el yugo lanzó!

¿Lo que suceda en Venezuela será la hoguera de la inmolación de Trump, o la antesala de la III Guerra Mundial?

(Artículo publicado en MEER.com.es y compartido con SURCOS por el autor).

¿Versátil en el error?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Jiddu Rojas Jiménez

Buenos días o tardes o noches, unas preguntas en Democracia.

¿Cómo se hace para pelearse e insultar en tiempo récord y al mismo tiempo, a la Jerarquía de la Iglesia Católica, a los Protestantes Fundamentalistas y su Partido (su antiguo aliado), a las Feministas, a las personas sexualmente diversas, y a los Conservadores religiosos ; a los Empresarios y a los Sindicatos; a los grandes, medianos y pequeños Productores Agropecuarios, y a los Campesinos dueños de un tractor o un «pick up» de trabajo; también a las Universidades Públicas, a todo el Magisterio Nacional; a los Guardacostas costarricenses, a la Policía Antidrogas, a la Policía Judicial (OIJ), a la Sala Constitucional, a Ex Contraloría, y al TSE?

Discute vehemente, pero sin sentido, y agrede verbal y simbólicamente en cada aparición pública a toda la Oposición, sin respetar su Investidura Pública… ¡Pero también a sus Ex Colaboradores y Ex Ministros de Gobierno! Y finalmente a los otros dos Poderes de la República, y a toda nuestra institucionalidad.

Sin hablar del reciente y famoso, desastre con el fenecido «Decreto- Ejecutivo» sobre las «Subastas» de frecuencias y espacios nacionales para radio y televisión… Que cuenta obviamente con la oposición generalizada de toda la Prensa nacional, tirios y troyanos, la tildada por el Gobierno de «Prensa Canalla» (sic), y sorpresa… Con la oposición también de la Prensa «No Canalla», que usualmente le sirve.

Pilar, su habitual Escudera, ya no le ayuda, sino que empeora su aislamiento político. Parece la escena final de «Ricardo III» de Shakespeare: «Mi Reino por un caballo». Y cuidado, porque los caballos y yeguas, con perdón de los equinos, pueden aparecer.

Desde Canal 7 y La Nación, SA., hasta el Seminario Universidad, – «pasquín» (sic) de los «Chancletas» universitarios (sic)–; pasando por los medios regionales y locales; hasta la servil OPA de Carlos Valenciano Kramer, su Tesorero de Campaña (PPSO) y personaje de la Extrema Derecha «Libertaria» local, abogado vinculado al Capital Financiero internacional.

Al mismo tiempo, El Presidente descuida aún más, o sea totalmente, su Mal Gobierno nacional al interno (el peor de todos), y escala su pelea política local, ahora internacionalmente. Todo gracias a la gestión tendenciosa de su Embajadora en Washington, D. C., quién después de conversar personalmente, con un Congresista Republicano Norteamericano Trumpista y cubano- americano, hace que este personaje, mande un inapropiado mensaje en redes sociales de Injerencia política contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica…

Se monta así, un nuevo escándalo político, hasta que se descubre la verdad… O sea que fue, básicamente, un encuentro personal y político entre dos personas de Extrema Derecha ideológica, y que culmina con una publicación en la red «X» de Elon Musk. Punto. La misma Embajadora tica, la Sra. Crespo, pasa por la pena de explicarlo.

¿Será qué Rodrigo Chaves apuesta a que Donald Trump en su delirio de «Nerón» Global, lo salve a él y a su candidata, como hizo con Milei o Bukele? ¿De verdad se cree tan importante en Geopolítica? Cuidado porque a Trump no le funcionó su chantaje con Bolsonaro, ni con el Narco hermano del Ex Presidente Uribe en Colombia, etc. Veremos si le funciona en Chile con Kast o en Honduras con el derechista Nasry Asfura (Además amenaza con darle una posible amnistía al Ex Narco Presidente hondureño JOH aliado de Asfura) …

Pero preguntamos, ¿siempre estarán Trump o Marco Rubio en EEUU. para defender a estos cuestionados personajes cipayos latinos de Extrema Derecha? En fin, veremos.

Volviendo a nuestro terruño, ¿cómo se hace para pelearse con todo el Mundo al mismo tiempo? ¿Qué clase de personalidad o trastorno es ese? ¡Puro Tánatos!

O cómo dijo alguien, medio en broma, ¿será sólo el Mercurio retrógrado en Géminis?

En resumen, de verdad que sólo don Rodrigo Chaves, lo logra y tan rápido… Realmente, es versátil en el error, y además, hasta se pone creativo.

Debe ser un récord en Costa Rica, de cómo no hacer bien las cosas, políticamente hablando. El llamado «Ja-Guaro», ni con su batería de Troles Asiáticos, todos financiados no sabe por quién, está en caída libre.

Es mi franca opinión ciudadana, que será recordado como líder especialista en sembrar odio, pero en dispararse en su propia pata… «pata» dije. Por eso, su triste y complejo fenómeno político pasará, será racionalizado colectivamente, en el sentido psicoanalítico, y será olvidado. Será acaso recordado, pero sólo como un triste referente cívico, y posiblemente sus partidarios más silvestres, se reirán y harán bromas y sarcasmos, mientras se evitará hacer una Autocrítica seria, y juntos todos y todas, brindarán, y se burlaran y chotearan al mejor estilo tico. Éste sería un posible escenario colectivo post «Ja-Guaro», ligero e irresponsable, pero simpático; algo muy meseteño. Pero podría no ser tan «light» un desenlace democrático y legal, debido a la extrema polarización ideológica de la Sociedad Civil.

En conclusión, dentro de esta perversa lógica política del odio social, don Rodrigo Chaves efectivamente, pues sí es versátil en el error político, pero en Democracia. Dentro de la normalidad democrática costarricense, Don Rodrigo Chaves resultaría casi inocuo. Pero parece que esa supuesta «normalidad democrática”, ese gran consenso inercial nacional, fue transgredido hace mucho. (Y no nos habíamos dado cuenta.)

Atención al detalle: La torpeza política de Rodrigo Chaves, manifiesta y acusada en este ensayo, lo es en Democracia y en Estado de Derecho.

Repito, muy a pesar de la manipulación de las emociones colectivas, y de la desinformación política sofisticada, y del millonario «Marketing» del Oficialismo, sigue siendo muy torpe políticamente. Torpe pero en Democracia.

Sin embargo, tal vez esta imperfecta forma de Gobierno, le estorbe en el fondo. Cuidado, aquí está el detalle.

Esperemos, por lo tanto, que acabe pronto esta peligrosa pesadilla antidemocrática pacíficamente, y que las próximas Elecciones del 2026, nos traigan una nueva esperanza, y un fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.

Pero atención, no nos confiemos… Todavía no hemos llegado ni a la Primera Ronda en febrero del 2026, y ya Rodrigo Chaves despotrica abiertamente contra el TSE. Agreguemos que esto posiblemente, se resolverá hasta Segunda Ronda (abril del 2026); la cual necesitará de la sabia articulación plural de todos y todas los /las demócratas y patriotas, contra la continuidad del autoritarismo populista.

Además, en principio el Presidente se puede enfrentar antes, a la sanción política por una posible grave Falta Administrativa (delito penal no es), por su manifiesta y evidente «Beligerancia». Sale arrogante y malcriado de una comparecencia pública por este caso en la Asamblea Legislativa, y va precisamente, a una descarada Manifestación de seguidores de la Candidata oficialista en plena Plaza de la Democracia frente a la Asamblea Legislativa. ¿Admite realmente discusión la verdad material de esta denuncia por falta administrativa de Beligerancia? Por favor…

Lo más grave es que su reacción ante una sanción administrativa, –a juzgar por las recientes y desesperadas escenas públicas, y la de algunos de sus simpatizantes–, podría ser casi impredecible, y sobre todo de carácter antidemocrático, y hasta violento.

Es una trágica posibilidad política real, y hay desgraciadamente, que comentarla críticamente. Habrá en consecuencia, que anticipar y prevenir cualquier posible exabrupto frente a nuestro Ordenamiento Jurídico.

«Caute Spinoza dixit.»

Ya saben compatriotas, reír para no llorar… Abrazo fraternal, y ya sabemos por quién no votar.

Noviembre sacudió la jaula del jaguar

Escrito en . Publicado en Análisis.

Partido Vanguardia Popular – PVP
Fundado 16 de junio de 1931

Recientemente publicamos un artículo sobre las diferentes formas que asume la protesta social. Concluimos en esa oportunidad que protestar es un derecho y que criminalizar la protesta es un delito.

Arribamos, de igual forma, a otra conclusión general, son múltiples los diferentes tipos de protesta social y que, dependiendo de los objetivos, el grado de conciencia de clase y el carácter de la lucha, así será la radiografía de dicho movimiento.

La diversidad y tipos nos asombra cuando tiramos un ojito a la protesta social a nivel mundial y las particulares formas que asumen los diferentes movimientos: Pacíficas, performance, acción de masas, legales, marchas, “mecateos”, sentadas, bloqueos, tortuguismo, limpia de la bandera. Por eso se nos hace muy difícil poder consignar un número y tipo exacto de las formas que asume la protesta social. expresar demandas. El reclamo para mejoras y cambios profundo forman parte de la demanda general de la protesta.

Una acción radical en la protesta social, pueda que no se haya planificado, solo existe y se da en tanto la represión acelera sus mecanismos represivos.

Todo el preámbulo anterior nos sirve para indicar tal y como lo consignamos en el título que noviembre sacudió la jaula del jaguar. No es para menos.

Enquistado en su guarida, tiembla el Jaguaro en su resaca de angustias. Posiblemente la consigna que sacudía el ambiente, no le agradaba para nada: “Chaves es frágil”.

8 de noviembre, conocido ya en la narrativa como el 8 N, rememora la lucha popular en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social que terminó con una reprimen da salvaje de los cuerpos represivos, judicialización y criminalización de muchos ciudadanos que habían marchado pacíficamente, reivindicando el papel de esta histórica y emblemática institución que es la Caja.

11 de noviembre, “el chop suey”, por todo los ingredientes que le agregaron los marchistas, se le hizo indigerible al Jaguar. Su decolorado ministro de la represión, en un nuevo acto de matonismo-fascista, mandó a reprimir a las y los campesinos que apoteósicamente habían llenado la Avenida Central y marchaban hacia la casa Presidencial. Más de 57 organizaciones sociales al grito de la soberanía alimentaria y la exigencia de que se respete al sector productivo, dio un giro muy hermoso al carácter de las últimas jornadas de la protesta social.

25 de noviembre, la rebelión de las mariposas sacuden de nuevo la calma del Jaguar, y el recuerdo de las hermanas Mirabal nos viene en forma de fantasma contestatario. Un gobierno que ha llamado al odio, la confrontación, que desde su chou (shou) mediático y sus poses de misoginia, no le terminan por caer bien estas multitudinarias marchas. Como tampoco caen bien los datos de los femicidios y el círculo de violencia que abraza a nuestro país.

26 de noviembre, bandas juveniles, mascaradas, comparsas, bailes folclóricos, varias consignas que rasgaban el aire, tales como: “Por un salario justo y digno”, “incremento salarial ya” y un sin número de organizaciones sindicales y magisteriales, sacudieron la apacible Avenida Central, sus ecos resonaron en el ministerio de Hacienda y el pliego de peticiones se hizo grande en la estrecha mente del mandatario.

SIPREESCO, ANDE, APSE, ADEP, COLYPRO, SEC, UNDECA, UMN, ANEP, CMTC, SINAPRO Y Afines, JUPEMA, ANPE, SINPAE, PRT, FA, SIPROCIMECA, MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, OCCIDENTE EN ACCIÓN SINFUMEP, UCEPA, SINTAF, ASOCIACIÓN DE CONTRIBUYENTE JUBILADOS, FEDERACIÓN DE TRABAJADORES COSTARRICENSE DEE LA SEGURIDAD SOCIAL, SINDICATO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE COSTA RICA, COLECTIVOS FEMINISTAS Y LGTBIQ+, y decenas de organizaciones más, que nos fue imposible registrar por lo apoteósico de la marcha, son parte del testimonio vivo de que, el mes de noviembre alumbra una posible navidad combativa. “nos tienen miedo, porque perdimos el miedo”.

El pueblo está cansado de amenazas, el pueblo no quiere el autocratismo ni el matonismo de Zapote. A la clase obrera se respeta y en especial a las mujeres.

Los viejos machos como prototipos de los western de Hollywood, señor presidente, son solo referentes de los viejos celuloides. Por favor toque la realidad y deje de crear división y odio en un pueblo que ama sus instituciones y la democracia.

Tejiendo el discurso del odio

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         Quien ocupa la Presidencia de la República es el ciudadano número uno. Como lo llamaban los latinos, se trata de un primus inter parís, alguien que ocupa temporalmente la magistratura más relevante en el ordenamiento republicano. Alguien que goza del privilegio de ocupar esa alta posición, gracias a la confianza que le ha depositado la mayoría de sus conciudadanos. Por este mismo motivo, es alguien a quien hay que exigir la máxima diligencia y prudencia en todas sus actuaciones, debe rendirnos cuentas y enfrentar las consecuencias de sus errores y conductas indebidas.     Llama la atención que cuando el Presidente en ejercicio quiere descalificar a alguno de sus críticos, opositores u otros personajes de relevancia nacional con los que busca confrontación, finge no acordarse de sus nombres, pretendiendo con ello evidenciar una supuesta irrelevancia o insignificancia, frente a su mayestática figura. Lo ha hecho con rectores universitarios, diputados –y sobre todo con diputadas- de la Asamblea Legislativa, líderes gremiales o deportivos y, recientemente, hasta con el Arzobispo de San José.

         Esta manera de emitir un mensaje se realiza desde una prepotencia que, en el personaje aludido, parece inevitable. Es así como ataca y se defiende; es así como cree impactar –y a lo mejor lo logra- en el auditorio que le presta atención. Pero lo cierto es que este recurso a reducir a la mínima expresión al adversario, es parte de la trama con que se teje el discurso del odio. Se pretende deshumanizar, reducir al “otro” u “otra” a la categoría de insecto. Se destroza con ello no sólo un valor elemental de convivencia, sino que de paso se hace añicos el principio constitucional de igualdad en una democracia. Desde el punto de vista estrictamente lógico, se cae en la falacia de la irrelevancia: cualquier cosa que usted diga carece de importancia porque usted no es nadie, es un ser irrelevante. El Presidente, mediante este mecanismo espurio, argumenta sólo en apariencia y evade contestar el contenido de las críticas.

         A estas alturas no debe caber gran duda de que el clima de violencia generalizada que impera en plazas y carreteras; en el aumento de la violencia contra las mujeres expresada sobre todo en los femicidios; las amenazas de bombas o incursiones armadas a centros universitarios públicos; y los ataques personales –ya concretados- a funcionarios de cierto rango, son producto de ese discurso de odio proferido desde la más alta magistratura. Hablo en serio cuando digo que la instigación, como concepto técnico jurídico-penal, puede dar para responsabilizar de hechos delictivos cometidos por termocéfalos que han entendido, perfectamente bien, cuáles son las instrucciones a acatar.  Aquí lo dejo para saber si, teniendo que establecer responsabilidades penales por lo que está sucediendo, habrá fiscales y jueces capaces de innovar en un campo que lo exige, dada la nueva dinámica social en el mundo de la comunicación de masas y las posverdades.