El insulto como método de gobierno: una amenaza para la democracia

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

 

“Cuando la descalificación sustituye al argumento, el problema deja de ser una cuestión de estilo: el ejercicio del poder comienza a deteriorar el debate público, las instituciones y la convivencia democrática.”

Hay palabras que, pronunciadas por un ciudadano cualquiera, pueden resultar ofensivas. Pero cuando salen de la boca de quienes ejercen el poder político adquieren otra dimensión: llevan consigo el peso de la investidura, la autoridad institucional y una enorme capacidad de amplificación.

Por eso debería preocuparnos la degradación del lenguaje político que emana de las más altas esferas del Poder Ejecutivo costarricense.

El insulto, la descalificación personal, la expresión vulgar y el ataque contra quienes cuestionan al Gobierno se han incorporado al repertorio de la comunicación política, primero durante la administración de Rodrigo Chaves y ahora bajo su continuismo. Esto no puede despacharse como una simple cuestión de estilo, temperamento o libertad de expresión. Cuando la ofensa se convierte en una herramienta recurrente del poder, sus consecuencias trascienden a la persona atacada: degradan el debate público y erosionan la confianza en las instituciones.

Una democracia necesita confrontación de ideas, crítica y cuestionamiento. Necesita periodistas que investiguen, ciudadanos que fiscalicen, órganos de control independientes y tribunales capaces de adoptar decisiones incómodas para quienes gobiernan. Lo que no necesita es que el desacuerdo se convierta en una guerra de descalificaciones.

Cuando la discrepancia tiene rostro de mujer

Particularmente preocupante ha sido la forma en que desde el poder se ha descalificado a mujeres que ejercen funciones públicas, periodísticas o de fiscalización. No se trata de atribuir automáticamente una motivación misógina a cada episodio, sino de reconocer un patrón de menosprecio que no debería normalizarse.

Durante el gobierno de Rodrigo Chaves hubo episodios suficientemente graves como para provocar llamados de atención de la Asamblea Legislativa. En junio de 2023, el Congreso aprobó, con 41 votos, una moción para llamar la atención al entonces presidente por sus comentarios contra la diputada Monserrat Ruiz y pedirle que no fomentara la violencia política contra las mujeres.

En febrero de 2024, después de que la diputada Gloria Navas cuestionara la política de seguridad del Gobierno, Chaves respondió que era “una persona que se ha sentado en la galleta sin hacer nada”. Treinta y nueve diputados aprobaron posteriormente una moción para exhortarlo y llamarle la atención por sus ataques contra Navas.

Ese mismo año, la diputada Sofía Guillén fue llamada por Chaves “diputadilla comunista y resentida social”, luego de que criticara a la diputada oficialista Pilar Cisneros.

Tampoco las periodistas escaparon de esta retórica. En el caso de Vilma Ibarra, el señalamiento público realizado desde Casa Presidencial llegó al terreno de acusaciones que la periodista consideró difamatorias.

No es necesario demostrar que cada expresión obedeciera a una motivación específicamente misógina para advertir su carácter degradante. Basta observar que mujeres que ejercían funciones de representación, fiscalización o periodismo fueron convertidas reiteradamente en blanco de ataques personales desde la cúspide del poder político.

El continuismo también está en las palabras

Lo significativo es que esta cultura discursiva no parece haber desaparecido con el cambio de Gobierno.

Laura Fernández llegó a la Presidencia como continuadora del proyecto político de Rodrigo Chaves. No sería correcto afirmar que ambos gobiernos son idénticos, pero sí resulta legítimo advertir una continuidad en determinada forma de relacionarse con quienes ejercen funciones de control o discrepan del Ejecutivo.

En febrero de 2026, Fernández cuestionó públicamente a la contralora Marta Acosta y manifestó que “doña Marta ya cumplió su ciclo en la Contraloría General”, por lo que esperaba que se apartara del cargo. Añadió que debía hacerle “un favor a Costa Rica” y dar espacio a perfiles más frescos. La discusión sobre la gestión de la Contraloría es legítima. Lo cuestionable es que la jefa del Poder Ejecutivo solicite públicamente la salida anticipada de la jerarca de un órgano constitucional de control.

Pero el episodio más ilustrativo ocurrió en mayo pasado, durante el enfrentamiento con la magistrada Patricia Solano. Después de que Solano calificara de “hostil” una reunión con la presidenta, Fernández respondió: “¿Pero qué quería que le llevara rosas? ¿Que le llevara una serenata?”. Luego ironizó sobre “la de la galleta María y el tecito” y calificó de “acusetas” a quienes hicieron público el contenido de la reunión. Puede discutirse la posición de la magistrada. Lo que resulta difícil justificar desde una comunicación presidencial responsable es que el desacuerdo se transforme en burla personal.

En junio, Fernández volvió a dirigirse a Solano: “Doña Patricia Solano, usted le está fallando a este país”, y sostuvo que ella y el presidente de la Corte deberían dar espacio a “otra persona con sangre fresca”.

En este contexto es importante decir que una cosa es exigir explicaciones al Poder Judicial. Otra es convertir a magistrados y jueces en protagonistas de una confrontación personal desde la Presidencia.

Inmunidad no es impunidad

Hay otro elemento que merece consideración. Los altos funcionarios de la República cuentan con prerrogativas constitucionales destinadas a proteger el ejercicio independiente de sus funciones. En el caso de quien ejerce la Presidencia, el artículo 151 de la Constitución establece que no puede ser perseguido ni juzgado penalmente sin que previamente la Asamblea Legislativa declare que hay lugar a formación de causa. Esa protección procesal no es una licencia para actuar al margen de la ley ni elimina la responsabilidad constitucional del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, cabe preguntarse si la existencia de ese fuero puede generar, en algunos casos, una sensación de protección frente a las consecuencias personales de las palabras pronunciadas desde el poder. Y esa sensación puede convertirse en envalentonamiento: decir aquello que probablemente se mediría con mayor cuidado si no existiera esa barrera institucional frente a eventuales responsabilidades.

El problema no es la existencia de la inmunidad. El problema sería utilizar, consciente o inconscientemente, la protección que brinda el cargo como una suerte de escudo psicológico para expresarse sin el sentido de responsabilidad que debería acompañar a quien ocupa la Presidencia.

La inmunidad constitucional fue concebida para proteger la función pública, no la descalificación, el insulto o la humillación.

Del argumento a la descalificación

Cuando una diputada cuestiona una política gubernamental, corresponde responder con datos. Cuando una periodista formula una pregunta incómoda, corresponde contestarla. Cuando una contralora objeta una decisión administrativa, corresponde aportar argumentos jurídicos y técnicos. Cuando una magistrada discrepa del Ejecutivo, corresponde defender la posición gubernamental dentro de los canales institucionales.

La democracia funciona precisamente porque existen personas e instituciones capaces de decirle “no” al poder.

Las palabras, además, cumplen una función política. Pueden desacreditar, intimidar y estigmatizar. Y cuando provienen de quien ocupa la Presidencia de la República, su capacidad de amplificación es incomparablemente mayor.

No se trata de exigir gobernantes silenciosos. La crítica severa al Poder Judicial, a la prensa, a la Contraloría o a cualquier órgano del Estado forma parte de la democracia. La cuestión es cómo se ejerce esa crítica desde el poder.

No debemos normalizarlo

La continuidad entre ambos gobiernos debería preocuparnos precisamente por eso. No porque sean idénticos, sino porque puede observarse una forma semejante de responder a la crítica: personalizar el desacuerdo, desacreditar al interlocutor y sustituir el argumento por la confrontación.

Las democracias no siempre comienzan a deteriorarse con una ruptura constitucional. A veces el deterioro comienza cuando el insulto se vuelve normal, el adversario es presentado como enemigo y quienes ejercen funciones de fiscalización son atacados por cumplirlas. Ese proceso tiene un nombre: normalización.

Costa Rica ha construido buena parte de su convivencia democrática sobre instituciones sólidas, el respeto a la legalidad y la convicción de que ningún gobernante está por encima de las reglas. Nada de eso debería darse por garantizado.

Porque insultar es fácil. Lo difícil es gobernar: responder con argumentos cuando las preguntas incomodan, aceptar límites cuando una institución independiente contradice al Ejecutivo y soportar la crítica sin convertir al crítico en enemigo. La investidura no concede licencia para humillar. El poder no otorga derecho a degradar al adversario.

La democracia puede sobrevivir a una discusión áspera. Lo que difícilmente puede soportar indefinidamente es que desde el poder se convierta la descalificación en método, el insulto en argumento y la humillación en espectáculo.

Porque cuando desde el poder el insulto sustituye al argumento, algo más que el lenguaje comienza a degradarse: se degrada el ejercicio del poder, se degrada el debate público y, poco a poco, se degrada la democracia misma.

Imagen: https://educrea.cl/wp-content/uploads/2018/05/DOC2-cartillaeducativa-democracia-convivencia-democratica.pdf