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Dolientes de ocasión en el templo neoliberal

Marcos Chinchilla Montes

No siempre una persona asesinada en las calles josefinas recibe tanta atención mediática como la que viene recibiendo Marco Calzada; incluso la Conferencia Episcopal y hasta algunas personas diputadas se dieron en el pecho ante tan ingrata muerte.

Quisiera recordarle a esos medios y a otros tantos dolientes de ocasión, que dos menores de edad que yo conocía fueron vilmente asesinados en similares términos en los barrios del sur: a Graciela con doce años, una bala le cegó la vida; y a David con casi 15 años de edad, lo mataron a tiros. Recientemente murió Kendra a sus 21 años, consumidora de drogas desde los 13 años, madre adolescente, ignorada por el sistema.

No vi a los medios, a la Conferencia Episcopal y a los diputados indignados por esas muertes; claro, todo apunta a que hay muertos que valen más que otros. Los miserables son solo una estadística policial; desechables desde siempre y hasta la muerte; personas a las que se les negó un proyecto de vida, aunque también tienen familia y amistades a quienes les duele su partida. Incluso por varios años queda hasta un grafitti en alguna pared del barrio.

Pero vale recordarle a esos dolientes de ocasión, que en muchos casos ellos fueron y son cómplices del asesinato de Marco, de Graciela, de David, de Kendra y de cientos de personas que mueren a manos de la delincuencia y el crimen organizado. Durante más de 40 años impulsaron políticas económicas que tejieron una sociedad de exclusión y pobreza, una sociedad en la cual el ser humano no se constituye por lo que es, sino por lo que tiene, y la seguridad material -negada para millones de personas por el modelo económico neoliberal-, se debe conseguir a toda costa, aunque sea por medio de la violencia y la muerte, por el robo de un celular que finalmente termina en las manos de un taxista igualmente cómplice.

La Costa Rica que se distinguía por sus altos niveles de justicia y seguridad social, quedó enterrada por la voracidad neoliberal que sigue siendo la máxima.

Se equivocan esos dolientes de ocasión si piensan que con oraciones, cierre de bares, nuevas leyes, más policías o hasta cámaras con reconocimiento facial, la ola delictiva va a desaparecer o reducirse; la misma es estructural, y para superarla se requieren medidas estructurales orientadas a distribuir la riqueza, fortalecer la seguridad social y crear oportunidades de desarrollo humano realmente incluyentes. Pero eso es mucho pedirle a la clase política, al empresariado o a un Nogui Acosta que está más interesado en cobrarle nuevos impuestos a la clase trabajadora. Recuérdese este gobierno le da aumentos de salarios del 98% a sus ministros, mientras que a la población trabajadora le receta un exiguo 1.24% de aumento, valor no solo incapaz de compensar la inflación, sino que también a la postre aumentará la exclusión social, inexorable caldo de cultivo de la violencia que vive el país.

Décadas atrás entrevisté en Ciudad Juárez a un menor de edad que era parte de un cartel de droga; su autopercepción sobre su futuro era muy reducido: tenis, armas, mujeres, una camioneta, dinero para su madre. Todo se tenía que tener y disfrutar ya: mañana posiblemente estaría muerto. Justo así, piensa una parte de nuestra niñez y adolescencia; la cárcel no le asusta, la muerte no es con ellos, el futuro no existe. Nuestros dolientes de ocasión tienen perdida su batalla moralizadora desde su misma concepción.

PD. Y que dicha no fue una mujer a la que asesinaron en el barrio chino, lo más selecto del conservadurismo machista costarricense habría terminado de rematarla con frases como “que hacía una mujer sola a las 12 de la noche en San José”, “o se lo merecía por aventada”.

Detener el deterioro social

Óscar Madrigal

En 1982 el país, bajo el gobierno de Luis Alberto Monge, inició la era del neoliberalismo con un vasto programa de exoneraciones fiscales y subvenciones a los empresarios nacionales. Para ese efecto se promulgó una ley cuyo fin era promover la diversificación de exportaciones mediante las ayudas o beneficios fiscales, crediticios y monetarios que todos los costarricenses dieron al empresariado nacional y extranjero. 
 
Esa ley, según palabras de uno de los más conspicuo representante del neoliberalismo nacional, Roberto Artavia, “ tuvo un costo GIGANTESCO para el país”. (Delfino. 14-09-2020).
 
Los éxitos, según los defensores de ese cambio estructural, fueron muy positivos ya que hoy se exportan 4.000 artículos a 150 países. Eso es aceptable. 
 
Sin embargo, se debe entender que ese éxito se debe a un esfuerzo que hizo todo el país, en especial los trabajadores o asalariados en beneficio de un sector empresarial muy reducido. En otras palabras, los asalariados mediante el esfuerzo en el pago de impuestos o altas tasas de interés en los créditos, financiaron a las empresas. En otras palabras, la acumulación originaria de capital de esas empresas que hoy exportan o aún gozan de exoneraciones fiscales y de otro tipo, se produjo por el esfuerzo y el trabajo de  todos los costarricenses, especialmente los pobres y asalariados que son los que pagan más caro el esfuerzo nacional. 
 
Efectivamente los empresarios tuvieron éxito y amasaron gigantescas ganancias y enormes patrimonios individuales. De esa época surgen los poderosos banqueros (Liberman, Baruch, Loeb), los bananeros ( Álvarez), los arroceros (González), los piñeros, los comerciantes (Constela, Uribe), el turismo (Garnier), las farmacéuticas (Uribe), los constructores (Chacón, Solís, Cerdas) y muchos otros que exhiben actualmente su lujosa vida. 
 
El GIGANTESCO esfuerzo nacional creó también otra Costa Rica, de menos éxito: entre las más desiguales del mundo, con desempleo estructural permanente, una pobreza que no cede, inseguridad creciente, etc., por lo que ese costo nacional  se fue solo para un lado de la sociedad. 
Decimos lo anterior para afirmar que esta nueva época debe ser de subsidios, ayudas y exoneraciones pero para los sectores que no tuvieron éxito desde el 82, para los “perdedores” que llaman algunos economistas. 
 
El mundo está viviendo una guerra que aunque localizada, sus efectos se trasladan a nivel global. El aumento de los precios (de la inflación), la carestía de productos y las tendencias militaristas de una nueva guerra fría, crean el riesgo de un aumento de la pobreza, el desempleo e incluso del hambre. 
 
Entonces, es el momento de controlar los precios, subsidiándolos, especialmente los de efecto en los trabajadores, aumento verdadero de salarios que compense el alto costo de la vida. En fin, se trata de que ahora los que antes se beneficiaron con los subsidios, ayuden y subvencionen a los que mayoritariamente hicieron el esfuerzo por ellos en el pasado. Deberían retribuir algo. Sin embargo, es casi imposible dado el carácter estructural de nuestra sociedad. 
 
Por ello no basta la razón, hay que crear la fuerza, la fuerza de la razón.

Ser gobierno para ser poder

La Memoria Histórica del M19, el presente y el futuro.

Carta a los sobrevivientes del M19 

Por Jorge Senior, miembro de Dirección Nacional a partir de la IX Conferencia

El legado emborronado

Más de tres décadas después de la desmovilización del M19 hay dos hechos políticos electorales contundentes en el balance: la victoria de la lista a la Asamblea Nacional Constituyente en 1990 y la victoria de la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia de la República. La primera victoria fue histórica y dejó su impronta en la Constitución Nacional, pero no tuvo sostenibilidad o continuidad: la Alianza Democrática M19 pronto desapareció.

En el lapso de 32 años desde entonces, hubo otras victorias electorales en procesos que atravesaron diversas denominaciones y confluencias, logrando triunfos en alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas, cámara y senado, dentro de las cuales se destaca la Bogotá Humana como el hito más importante. Sin embargo, no hubo un partido político fuerte y estable que recogiera el legado del M19, el cual pervivió en individualidades como Antonio Navarro Wolff, Gustavo Petro, Jorge Iván Ospina, entre otros. Hubo también ejercicios de ONGs, pero sin alcanzar el impacto de una Corporación Arcoiris, por ejemplo. No hubo centros de pensamiento y muy poca producción bibliográfica (dentro de la cual cabe destacar la obra de Darío Villamizar). El M19 y su memoria se fueron difuminando. 

A pesar de la apertura democrática que significó la nueva Constitución, el devenir subsiguiente del país estuvo fuertemente determinado por las FARC, el paramilitarismo y el uribismo. El neoliberalismo se impuso en Colombia, como sucedió a nivel global. La propia Constitución sufrió más de 30 contrarreformas, aunque muchos de sus logros permanecen: Corte Constitucional, tutela, independencia del Banco de la República. Reconozcamos que el Estado Social de Derecho no es una realidad.

El caso de Gustavo Petro es excepcional, pues en estas tres décadas se convirtió en el único puntal del legado M19 que logró un crecimiento imparable en medio de un contexto negativo. Petro creció como opositor dialéctico del uribismo, pero tuvo la audacia de pasar al terreno constructivo y ejecutivo con “el segundo cargo del país”, la alcaldía de la capital. Y lo hizo con un proyecto revolucionario de ciudad, no como alcalde anodino. Mantuvo el ideal antioligárquico y popular del proyecto político del M19 y lo enriqueció con nuevos elementos como el cambio climático y la transición energética. Finalmente tuvo arrestos para lanzarse al asalto de la presidencia. Los demás, los que no traicionamos el proyecto, fuimos acompañantes junto a las nuevas generaciones y los sectores de convergencia democrática.

La imagen del guerrillero

El triunfo en 1990 mostró que el M19 se desmovilizó con una gran popularidad que se tradujo en el impacto inicial ya mencionado, pero el auge posterior de la guerra degradada minó por completo el aura del guerrillero como figura heróica y atractiva. Después del Caguán la opinión pública aprendió a odiar a las Farc, generó el fenómeno político Uribe y a los ojos de la mayoría de los colombianos la imagen de la guerrilla se volvió más negativa que nunca, arrastrando en esa vorágine de odios, miedos y rabias la propia memoria del M19 como una guerrilla chévere, popular, atrayente, audaz, imaginativa, con ideales, que generaba muchas simpatías. 

Basta contrastar los resultados electorales del M19 en 1990 con los de las Farc tras su desmovilización y se puede apreciar el abismo entre las dos guerrillas y su imagen. Lo malo es que la imagen negativa de las Farc terminó borrando en gran parte la imagen positiva del M19, hasta el punto de revivir el lenguaje ochentero de “grupo terrorista”, “narcoguerrilla” para aplicárselo al pasado guerrillero de Gustavo Petro. 

La carátula de Semana planteando las dos opciones de segunda vuelta en junio de 2022 como una escogencia entre un exguerrillero y un ingeniero tenía veneno, por supuesto, pero esa toxicidad tenía como prerrequisito el desprestigio y el repudio del concepto de “guerrillero”. Incluso dentro de sectores simpatizantes de Gustavo Petro se asumió su defensa en términos cristianos como “pecador arrepentido”, como si se tratase de un personaje de mala vida que renace al convertirse.

Pero esa defensa es equivocada. La autobiografía de Gustavo Petro y su discurso son claros: no hay un arrepentimiento o una negación del pasado, aunque desde luego pueda haber críticas y autocríticas como es apenas natural.  El punto es que la victoria de Petro a pesar de su estigmatización como exguerrillero significa una reivindicación de la memoria histórica del M19 que debemos repotenciar. Significa que el carácter de guerrilla de la gesta del M19 no implicó la degradación y tiene un alto valor ético que anticipa desarrollos posteriores del Derecho Internacional Humanitario. Los trabajos del Centro Nacional de Memoria Histórica bajo la dirección de Gonzalo Sánchez y de la Comisión de la verdad que surge del acuerdo Estado – Farc, evidencia en cifras la superioridad ética del M19, un argumento que he desarrollado en otro escrito y no voy a desplegar aquí.

Los viejos militantes ante el presente y el futuro del Ser Gobierno 

Durante los próximos 4 años un exguerrillero del M19 es el Presidente de la República. Nada menos. Más aún, ese “detalle” del pasado es lo que más resalta ante los ojos del mundo. Y lo más importante: su proyecto político mantiene el ideario del M19, remozado con nuevos énfasis acorde a los tiempos. Vida, paz y democracia. Paz, justicia social y justicia ambiental. En ese trípode, lo ambiental es el componente más renovador, aunque no estaba ausente en los años 80  (Por ejemplo, logramos evitar la construcción de una ciudadela industrial en el parque Isla de Salamanca en 1980) . Esto es lo que suelo llamar una política antropocénica, es decir, en sintonía con los desafíos que enfrenta la humanidad en el Antropoceno. 

Hay también nuevas ciudadanías y elementos identitarios, representados por ejemplo en Francia Márquez, que enriquecen el programa de gobierno en ejes étnicos, de género, de libertades individuales. Se configura así una corriente de pensamiento, plural por sus matices, pero vertebrada por el progresismo humanista.

Tenemos entonces un proyecto insurgente que transmutado en movimiento legal y tras un duro y complicado trasegar, con un desarrollo no lineal, logra la victoria electoral al cabo de tres décadas. La consigna tantas veces repetida: “Comandante Pablo, cumpliremos!”, se hace por fin realidad, aunque es sólo el final de una etapa de lucha y el inicio de otra fase de carácter constructivo y reformador. No dudo que la nueva etapa que se inicia será aún más difícil y necesita, por tanto, el concurso de todos nuestros esfuerzos, de toda nuestra experiencia y conocimiento.

Si bien el Frente Amplio y el propio Pacto Histórico, como convergencias democráticas abarcan más que la izquierda, el hecho es que se trata de la primera victoria popular y alternativa de la historia de Colombia o por lo menos desde que se instauró el Orden Conservador en 1886.

Ante semejante triunfo histórico, ¿cuál es el papel de los viejos militantes del M19 en aquella gesta clandestina de 1974 a 1989? ¿Cuál es el significado de esta victoria para nosotros, como seres humanos combatientes que ya entramos o estamos entrando en la última etapa de nuestras vidas?

En primer lugar, creo que la hazaña del momento amerita una fiesta de la victoria, un reencuentro festivo de los sobrevivientes del Eme, ya sea en Bogotá o en Cali. Un evento de alegría compartida que revitalice la cadena de afectos, pero también un espacio de análisis sobre lo que se viene y nuestro papel protagónico.

Ser gobierno implica en primer lugar la posibilidad de trabajar de verdad y en serio la memoria histórica del período 1970 – 1990. La portada del pasquín fue derrotada, ser exguerrillero del M es un orgullo y un honor, y el voto mayoritario de los colombianos lo ratificó. Ese es uno de los significados del triunfo del exguerrillero sobre el ingeniero. Esto podría hacerse con el Centro Nacional de Memoria Histórica y también con proyectos trabajados desde la academia o las ONGs. Pero además, sería ideal una asociación de los sobrevivientes, de los viejos militantes mecas, una Sociedad por la Memoria Histórica del M19.

Ser gobierno implica también participar en el ejercicio del poder ejecutivo, no en el plan clientelista y burocrático de la tradición politiquera, sino en la actitud y el compromiso de impulsar las transformaciones estructurales en los niveles económico, social, político, militar y cultural. La gobernabilidad en el Legislativo es relativamente fácil. El verdadero reto es enfrentar a los poderes fácticos: las élites económicas (la oligarquía, los gremios, los cacaos, el capital extranjero) y la doctrina militar de las FFAA. No olvidemos que una cosa es tener el gobierno y otra tener el poder. Ser gobierno es un medio y una etapa para ser poder. Seremos poder cuando la cultura democrática sea el nuevo sentido común de la sociedad colombiana. 

El Frente Amplio que logró la mayoría y el Acuerdo Nacional que busca negociar un nuevo contrato social marcan la estrategia general. Pero se necesita urgentemente el fortalecimiento y la consolidación de una férrea organización política, un movimiento que no se quede en lo electoral, que no gire alrededor de los individuos elegidos a una curul o cargo (y menos aún de influencers), que piense y trabaje colectivamente el proceso transformador dentro y fuera del gobierno, desde arriba y desde abajo, que tenga presencia en las comunidades y organizaciones sociales, y que más allá de Colombia haga parte de alianzas y corrientes internacionales en función de una política mundial progresista y humanista frente a los desafíos del Antropoceno. 

Esa organización política podría ser Colombia Humana, con personería e identidad propia, distinguible con respecto a las alianzas y coaliciones del tipo Pacto Histórico o Frente Amplio. Dentro de esa organización política, el núcleo meca, con los cercanos y afines de todas las edades, pero sobre todo de las nuevas generaciones, podríamos conducir a Colombia Humana a ser un agente político efectivo, con estructuras fuertes, democráticas y dinámicas, con infraestructura, logística, finanzas, con cuadros profesionalizados, con capacidad de movilización y acción, con visión estratégica de poder. 

Compañeros, no repitamos la historia de los años 90 cuando la Alianza Democrática M19 subió como palma y bajó como coco, como predijo el astuto Alfonso López Michelsen. No repitamos la historia de la Bogotá Humana, que una vez terminó el período de Petro, se perdió la continuidad y permitió el retorno de un Peñalosa. Que el período 2022-2026 no sea un pequeño oasis o, peor aún, un espejismo. Ya no tenemos tiempo para esperar otra oportunidad. O fue ahora o no lo será nunca para nuestra generación.

Resumen de propuestas

  • Fiesta de la victoria  
  • Sociedad de la memoria histórica del M19  
  • Ser gobierno: participar en el poder ejecutivo para ejecutar transformaciones estructurales con la visión del proyecto político  
  • Asumir la conducción de Colombia Humana como el más poderoso vector de cambio 

Correo: seniorjorge@gmail.com

Compartido con SURCOS por Vladimir de la Cruz.

 

Fuente de imagen: www.telesurtv.net Momento en el cual el M19 depone las armas luego de la desmovilización.

Chile oficialmente Estado Parte número 13 al Acuerdo de Escazú: algunas reflexiones

Foto: El nuevo Presidente de Chile Gabriel Boric y Constance Nalegach, ex negociadora del Acuerdo de Escazú durante su proceso de discusión (2012-2018) en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de Escazú, en el Palacio de la Moneda, celebrada el 18 de marzo del 2022 (foto extraída de redes sociales).

Nicolas Boeglin (*)

En la última semana del mes de junio del 2022, Naciones Unidas ha procedido a actualizar el estado oficial (véase enlace) de las firmas y de las ratificaciones del Acuerdo de Escazú: desde el 13 de junio, por parte de la Oficina de Tratados de la Secretaría General de Naciones Unidas, fue registrado el instrumento de adhesión depositado formalmente por Chile.

Las mayorías obtenidas en las dos cámaras del Poder Legislativo chileno en menos de 20 días en el mes de mayo del 2022 en favor del Acuerdo de Escazú merecen mención: el 11 de mayo, la Cámara de Diputados lo aprobó con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, al tiempo que el 31 de mayo lo aprobó el Senado con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. Estas mayorías indiscutibles evidencian que los supuestos «argumentos» en contra del Acuerdo de Escazú ya no impresionan sino a unos muy pocos, y que forman parte del pasado. A su vez, estas cifras obtenidas en ambas cámaras chilenas recuerdan que en noviembre del 2020, el Senado de México aprobó el Acuerdo de Escazú por unanimidad (véase comunicado oficial de su Senado), que en septiembre del 2020, en Argentina, la votación en la Cámara de Diputados registró 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (véase nota oficial) y que en el 2019, el Parlamento bicameral de Uruguay lo aprobó por unanimidad (véase ficha técnica).

A partir del 13 de junio del 2022, el número de Estados Partes al Acuerdo de Escazú se eleva a 13. La forma con la que Chile adhirió al Acuerdo de Escazú, el nivel de consenso con el que se aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado plantea ahora algunas interrogantes en los Estados en los que los detractores al Acuerdo de Escazú referían a la discusión en Chile como un «argumento» para no aprobar este tratado regional, adoptado en el 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe.

Una anhelada rectificación por parte de Chile

La aprobación del Acuerdo de Escazú constituye un gran logro del actual Poder Ejecutivo, que pone fin a una innecesaria polarización que se inició a mediados del 2018 con la negativa de las autoridades chilenas de tan siquiera firmar este instrumento regional de vanguardia para la región y para el mundo. De poca grata memoria, cabe recordar que en el mes de septiembre del 2018, Chile ni siquiera envió a un delegado a la gran ceremonia oficial en Naciones Unidas de apertura oficial del Acuerdo de Escazú a la firma de los 33 Estados Miembros de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL): un gesto insólito por parte de una desconcertante administración como la del Presidente Sebastián Piñera, jamás observado en un recinto como el de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

La movilización de un importante sector de la sociedad civil chilena solicitando que el Poder Ejecutivo reconsiderara tan insólita posición (véase carta colectiva que circuló en septiembre del 2018) no logró mayor efecto. El hecho que, desde el Vaticano, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) reiterara en el 2020 a Chile (y a los demás Estados de la región) aprobar el Acuerdo de Escazú (véase nota del VaticanNews) conoció la misma suerte.

Escazú: un instrumento de vanguardia

Escazú ha sido descrito por especialistas como un instrumento moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental (Nota 1). Pero tal es el carácter visionario de Escazú que el pasado 24 de junio del 2022 se anunció por parte de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) la designación de un relator sobre personas defensoras del ambiente (véase comunicado oficial de la UNECE), inspirándose en los debates y en los logros inobjetables e incuestionables alcanzados en el Acuerdo de Escazú, no contemplados en la Convención de Aarhus.

Como se recordará, Escazú (2018) es el equivalente para América Latina y el Caribe del Aarhus (1998) en Europa. Una evidencia más de la visión meridiana que tuvieron, y ello desde sus inicios los Estados que gestaron el Acuerdo de Escazú, y que debería reforzar en América Latina y el Caribe, la convicción de su urgente y necesaria aprobación.

En el mes de abril, la CEPAL difundió una guía de implementación (de casi 200 páginas) del Acuerdo de Escazú, de lectura muy recomendada para organizaciones sociales y entidades públicas así como público en general interesado.

En estos primero días del mes de julio, Argentina ha anunciado (véase nota de prensa) una consulta pública de cara a mejorar su estrategia nacional sobre cambio climático, una consulta que se inscribe dentro de los lineamientos del Acuerdo de Escazú.

Chile avanza con Escazú y se abren perspectivas

Chile en este mes del ambiente logró realizar el depósito de su adhesión en Naciones Unidas pocos días después de las festividades del Día Internacional del Ambiente. Es de notar que otros Estados, al igual que Chile, al ratificar el Acuerdo de Escazú tuvieron el esmero de depositar su instrumento formal de ratificación en Naciones para fechas simbólicas para el Ambiente y para el mismo Acuerdo de Escazú (Nota 2).

Días antes del 5 de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile emitió también una instrucción (véase texto) que debería desde ya inspirar a muchos otros Estados de América Latina sobre participación de las comunidades afectadas o potencialmente impactadas. El pasado 22 de junio, las tres titulares de carteras ministeriales chilenas (Ambiente, Relaciones Exteriores y Justicia) se reunieron para elaborar una hoja de ruta de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú (véase comunicado oficial del Ministerio de Justicia).

No cabe duda que, Escazú ha encontrado en Chile en este 2022 a uno de los equipos de gobierno que mejor entiende el alcance de su contenido y ejemplifica a los demás cómo materializar los principios que enuncia. Después de la primera Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Chile en abril del 2022 que tuvimos la oportunidad de analizar, la segunda se realizará… también en Chile en el 2024, al tiempo que una reunión intermedia se realizará en el 2023 en Argentina.

En América Latina se considera que a raíz de los cambios políticos acaecidos en Colombia, Escazú tiene ahora posibilidades de ser aprobado ahí, sin más titubeos, zancadillas y maniobras de todo tipo gestadas desde el mismo Poder Ejecutivo colombiano saliente. Así lo deja entrever quien asumirá próximamente la Presidencia del Congreso de Colombia en una muy reciente entrevista.

Honduras por su parte sigue con un Ejecutivo que a la fecha no ha iniciado la firma del Acuerdo de Escazú: un gesto político de importancia que bien podría materializarse, si se considera que la fecha del 4 de marzo del 2018 para el Acuerdo de Escazú se escogió como un homenaje de América Latina y del Caribe al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca asesinada en Honduras en el 2016: el autor intelectual de este vil asesinato acaba de ser condenado el pasado 21 de junio (véase nota de la BBC), al tiempo que persisten dudas sobre las reiteradas negligencias de las entidades bancarias europeas a cargo del proyecto Agua Zarca. El 30 de junio del 2022, la ONG Human Rights Watch envió una larga petitoria a las autoridades hondureñas (véase texto) que solicita la firma y pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, al señalar que:

«Al menos 10 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021, indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), mientras que 199 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas o ataques ese mismo año. De esa cifra, el 80 % defendía derechos sobre la tierra o ambientales. En casi todos los casos, las amenazas y los ataques contra los defensores de derechos humanos quedan en la impunidad«.

Honduras, al igual que Cuba, El Salvador y Venezuela permanecen ausentes entre quienes no han firmado tan siquiera el Acuerdo de Escazú.

Costa Rica y Escazú: interrogantes y situación incómoda

No está de más señalar que los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú y se niegan a la fecha a aprobarlo sus respectivos congresos: Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Costa Rica en… ¿semejante lista de Estados renuentes a proteger los derechos de quienes defienden el ambiente? Así como se lee.

En el caso de Costa Rica, el magnífico ejemplo de la adhesión de Chile podría iniciar sus efectos en la discusión en el seno de su Poder Legislativo, tal y como se explicó en su momento con ocasión del Día Internacional del Ambiente en este 2022. Iniciativas legislativas recientes altamente preocupantes que limitarían sustancialmente las normas vigentes en Costa Rica sobre participación ciudadana en materia ambiental han encendido las alarmas en estos primeros días del mes de julio del 2022 (véase por ejemplo nota de prensa titulada «Ambientalistas advierten sobre deriva autoritaria de Chaves en materia ambiental» y artículo sobre las incertidumbres que plantea esta «reforma» de la máxima instancia ambiental en Costa Rica); al mismo tiempo, un notorio caso de contaminación del agua potable en la comunidad de Cipreses evidencia la total impericia de las actuales autoridades a cargo de velar por la calidad del agua suministrada (véase carta del colectivo EcoCipreses del 30 de junio), y confirma – una nueva vez – la urgente necesidad de garantizar y de consolidar un participación ciudadana informada en materia ambiental en Costa Rica. El impacto en la salud humana de personas pertenecientes a comunidades afectadas por la expansión piñera es otra gran pesada deuda que arrastran desde muchos años las autoridades de Costa Rica (véase muy completo reportaje del 2019, cuya lectura se recomienda).

Como lo recordábamos durante la última semana de junio en un foro internacional celebrado en San José sobre Derechos Humanos (Congreso sobre BioDerecho y Derechos Humanos y video – intervención nuestra a partir de 1:59:00), el eje de la participación ciudadana en materia ambiental constituye uno de los pilares del Acuerdo de Escazú del 2018, así como de la Convención de Aarhus (1998).

Los costarricenses ya han podido por sí solos observar que nada de lo que se prevé por parte de algunas pocas cámaras empresariales que va a ocurrirle a la economía costarricense si se aprueba el Acuerdo de Escazú ocurrió en el caso de las economías de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay al aprobarlo. Se prevé que la economía chilena tampoco se verá impactada negativamente y que más bien, el indiscutible liderazgo ambiental y en materia de derechos humanos en la región que reafirma con su adhesión al Acuerdo de Escazú le deparará a Chile novedosos proyectos de inversión y en materia de cooperación.

Siguen siempre esperando una respuesta varias preguntas que lanzamos a las cámaras empresariales en el medio digital costarricense de Delfino.cr, en marzo pasado. Reiteramos el hecho que los supuestos «argumentos» contra el Acuerdo de Escazú corresponden a mitos, promovidos por varias cúpulas empresariales de América Latina y por sus (siempre hacendosas) fichas políticas.

Ya nuestro colega Mario Peña ha explicado que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental aplica desde 1998 en el ordenamiento jurídico costarricense y que no ha ahuyentado a nadie en particular, pese a lo sostenido por cámaras empresariales y por una magistrada de la Sala Constitucional para oponerse al Acuerdo de Escazú (Nota 3). Con relación a otros supuestos «argumentos“ contra Escazú, tempranamente el equipo de periodistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) de Doble Check así lo demostró con un titular que (a la fecha de hoy…) no ha dado lugar a ningún derecho de respuesta o de rectificación por parte de la entidad aludida y que se lee así: «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú«.

El mismo jurista Mario Peña había por su lado desmitificado en otra valiosa contribución publicada en noviembre del 2020 las sinrazones y verdaderas leyendas vehiculadas por algunos sectores en Costa Rica en contra de Escazú. Sinrazones y leyendas que encontramos diseminadas de manera casi idéntica en otros comunicados al de la UCCAEP (véase por ejemplo carta de cámaras ligadas al sector agroexportador costarricense) y en otras latitudes del continente: véanse por ejemplo en Perú este documento suscrito por su Colegio de Ingenieros y este otro documento suscrito por altos mandos militares peruanos sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana, o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase texto completo).

Volviendo a Costa Rica, la Cámara Nacional de Eco Turismo y Turismo Sostenible (CANAECO) tuvo el valor de refutar públicamente a sus homólogas en un comunicado a favor del Acuerdo de Escazú, no así la CANATUR (véase comunicado): la cámara nacional de la industria turística costarricense, que se basa en los atractivos de la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica, ¿adversando el Acuerdo de Escazú establecido para proteger a quienes defienden el ambiente? Vaya consternación para muchos.

Siempre con relación a Costa Rica, cabe mencionar un «descubrimiento» único de su Poder Judicial. En efecto, ningún otro Poder Judicial en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, como tampoco el Poder Judicial peruano (véase documento), y mucho menos el chileno (véase documento), ha sostenido un criterio similar al expuesto por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica: según ella (y solamente ella…), el inciso 5 del artículo 8 del Acuerdo de Escazú conllevaría un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial costarricense. El Acuerdo de Escazú ¿obliga a un esfuerzo económico adicional para el presupuesto de la justicia en Costa Rica y únicamente en el caso de Costa Rica? Vaya innovación y esfuerzo de creatividad. En realidad, este «descubrimiento» no debe verse como algo fortuito, sino que se inscribe en una línea jurisprudencial regresiva de la Sala Constitucional costarricense en materia de participación ciudadana en materia ambiental pocamente divulgada y cuestionada (Nota 4).

Es más que probable que se acentúe, con el pasar del tiempo (y de nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú por venir), la mezquindad – en nuestra opinión bastante insólita – del Poder Judicial Costa Rica ante sus demás pares de América Latina y del Caribe.

A modo de conclusión

Conforme vayan registrándose nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, la posición exhibida por Costa Rica en el plano internacional se volverá más incómoda e insostenible, por lo que planteamos desde ya las siguientes interrogantes: ¿estaremos aún a tiempo, después de Chile, de rectificar? Habiendo Chile y Costa Rica co-liderado el proceso de negociación entre el 2012 y el 2018 ¿no debió la primera COP realizarse en Chile y la segunda en Costa Rica? ¿Habrá que esperar que Colombia también lo apruebe (y luego tal vez Brasil, Honduras, Perú o Paraguay) para que Costa Rica se sienta de una u otra manera interpelada por otros Estados de la región y reaccione? Como ciudadanos, ¿qué más podemos hacer con relación a la urgente necesidad de consolidar un modelo de gobernanza ambiental mucho más funcional que el existente en Costa Rica, y que ofrece a todo Estado que lo aprueba el Acuerdo de Escazú?

No quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una reciente entrevista en la televisión universitaria, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: el Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena.

– -Notas- –

Nota 1: Véase por ejemplo PEÑA M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a dos valiosas publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL/Universidad del Rosario (Colombia), 298 páginas, disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la economía y democracia del siglo XXI, 330 páginas, 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se confirma aún más al revisar los desarrollos para la aplicación del Artículo 7 elaborados por la misma CEPAL en la guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada en abril del 2022 (disponible aquí, pp.108-126).

Nota 2: Es así como algunos Estados escogieron el segundo año de vida de Escazú (Antigua y Barbuda logrando el depósito en la misma fecha, Nicaragua y Panamá unos pocos días después), el primer aniversario de la apertura de su firma (Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Uruguay con un cronograma realmente envidiable y ejemplar). En el caso de Argentina y de México, ambos aparatos diplomáticos coordinaron la fecha del 22 de enero del 2021 para permitir una entrada en vigor de Escazú para el Día de la Tierra, el 22 de abril. Como vemos, cada Estado a su manera ha buscado honrar Escazú con una fecha simbólica escogida para depositar formalmente su instrumento de ratificación en Naciones Unidas, destacándose la perfecta sintonía entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para darle el mayor realce posible a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.

Nota 3: La posición de la antes mencionada magistrada se puede leer en la «nota» que acompaña el voto de la Sala Constitucional de marzo del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú (véase texto completo). Es de notar que en su voto salvado, el Magistrado Paul Rueda señala la lectura totalmente errónea hecha por sus colegas de la Sala: «Se advierte con facilidad que tal norma en ningún momento le impone al Poder Judicial la obligación de brindar asistencia técnica y gratuita, la cual corresponde implementarse a partir de las condiciones propias del ordenamiento jurídico de cada país. En el caso de Costa Rica, tal asistencia puede ser brindada por cualesquiera dependencias públicas afines al tema, verbigracia, la Defensoría de los Habitantes, las Defensorías Sociales del Colegio de Abogados o los consultorios jurídicos de la UCR (lo que no excluye la cooperación de aquellos correspondientes a universidades privadas). Erradamente, el voto de mayoría solo pensó en el Poder Judicial y estimó que el texto consultado “contiene en su articulado normas explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien, crea, ex novo, modifica sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o administrativas”. A partir de lo expuesto, sostengo que del texto expreso del numeral en mención en ningún momento se extrae lo que la Mayoría supone«.

Nota 4: En efecto, no es la primera vez que, en Costa Rica, la mayoría de la Sala Constitucional busca la manera de limitar significativamente el alcance de la participación ciudadana en materia ambiental, uno de los tres pilares fundacionales del Acuerdo de Escazú. Se trata de una cara de la justicia costarricense constitucional pocamente divulgada y conocida, pese a que, en nuestra modesta opinión, debiera serlo, además de discutida y denunciada. En el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental ya no califica (según ella y… solamente ella) como un derecho humano: ello se desprende del párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo). Resulta oportuno señalar que esta decisión fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda): los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ameritaba ninguna reflexión particular. Un año antes, en el 2016, el juez constitucional costarricense consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña: un acuerdo municipal tomado en aras de proteger la salud pública de las comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles. Véase texto completo de la sentencia 11545-2016 en la que se lee textualmente que: «Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico». Al tratarse de una moratoria por un plazo muy preciso de 5 años, resulta más que cuestionable que la Sala considerara que se trataba de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática, antojadiza y cuestionable es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».

 

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

“Puentes de Amor”, dentro de la cueva del lobo

Lic. José A. Amesty R. 

04 julio, 2022

La organización-movimiento “Puentes de Amor”, desde hace años, se ha dedicado desde EEUU a defender el acercamiento entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos, y el fin del cerco económico contra la isla, frente a las campañas para frenar sus iniciativas. 

Así lo ha ratificado el activista y líder del proyecto humanista Carlos Lazo, quien además han promovido caravanas y donaciones de alimentos, medicinas e insumos para aliviar el impacto de las políticas hostiles de la administración de EEUU hacia Cuba. 

Otro proyecto relevante de Puentes de Amor, ha sido el llamado la “Fábrica de Sueños”, proponiendo el intercambio entre estudiantes de Cuba y EEUU. En estos días, “Puentes de Amor”, ha llevado a cabo una actividad en Cuba, con estudiantes y profesores. 

Otra campaña importante de la organización es, la solicitud que han hecho a la administración Biden, “queremos que se reabra la embajada en La Habana, queremos que se restaure el Programa de Reunificación Familiar, queremos mandarles remesas a nuestros familiares, queremos que se restauren los vuelos a provincias de Cuba, queremos que se construyan Puentes de Amor y lazos de cooperación científicos y económicos entre nuestros pueblos”. 

Han entregado a Biden, al menos 27 mil firmas solicitando, que se construyan “Puentes de Amor” entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. A su vez, también demandaron eliminar las 243 medidas impuestas por la administración de Donald Trump (2017-2021) para recrudecer el bloqueo.

Además, según Carlos Lazo, «estamos tratando de educar a las comunidades acerca de las sanciones a Cuba, pero al mismo tiempo terminamos educándonos nosotros mismos acerca de que el bloqueo no es solamente el bloqueo contra Cuba. También aquí en los Estados Unidos hay bloqueo contra las minorías, con la falta de oportunidades, con la discriminación. 

Conocí a un campesino afroamericano, y ellos no pueden acceder a los préstamos para campesinos, y él también me habló de los problemas que tienen los afroamericanos. 

También conocí a otro afroamericano que me dijo “Lazo, Cuba salvó a mi hijo” y yo le pregunté “¿cómo Cuba salvó a tu hijo?”. Me dijo “mi hijo nació en una comunidad de personas que pueden ser matados por la policía, pueden terminar en la cárcel, pero gracias a que mi hijo fue a Cuba y estudió medicina, hoy es un médico que ayuda a las comunidades”. 

Finalmente, Carlos Lazo enfatiza “Lo que el Proyecto “Puentes de Amor” está haciendo, “demuestra que la mayoría de los norteamericanos y la mayoría de los cubanos que viven en Estados Unidos, no están por el bloqueo ni están contra Cuba; al contrario, la mayoría quiere una relación normal entre pueblos, una relación normal entre países”. 

De igual modo, indica Lazo “No se trata de política, se trata de humanidad. El bloqueo es inmoral. El sentido elemental de decencia afirma que es hora de que cese el bloqueo. La familia es sagrada. Es hora de derribar muros y construir “Puentes de Amor”.

Obvio que todas estas iniciativas son apoyadas y agradecidas por las autoridades de Cuba, incluido su presidente, Miguel Díaz-Canel, quien ha enfatizado que, “los puentes de amor son indestructibles, llegan a nuestra isla venciendo cualquier obstáculo. La solidaridad no se puede bloquear”. 

Un ejemplo de lo mucho que han hecho, recordó Díaz-Canel, fue la donación para el programa de trasplantes hepáticos pediátricos, “que fue algo que llegó aquí al corazón de todos”. “Nuestro pueblo, se ha acostumbrado a buscar todas las semanas noticias sobre Puentes de Amor, sobre las caravanas contra el bloqueo, sobre lo que pasa en las ciudades de Estados Unidos con relación a Cuba”. 

Por supuesto, este trabajo humanista de “Puentes de Amor”, está siendo atacado por cubanos en Miami. El grupo opositor eufórico, grita consignas como “Patria y Vida”, cantan el Himno Nacional cubano, y acusan a sus contrarios de favorecer el enriquecimiento de las arcas del régimen de la isla. También solicitan la restitución de la Ley y Orden para el pueblo de Cuba, bajo la que consideran su verdadera Carta Magna, la Constitución de 1940. 

En este sentido, “Puentes de Amor” está siendo valiente al no apoyar el embargo-bloqueo contra Cuba, estando en las mismas fauces del lobo asesino, no obstante, Adelante…

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Imagen tomada: www.prensa-latina.cu

Ken Matthews: el Campeón Olímpico que triunfó sobre el clasismo

Gabe Abrahams

Kenneth Joseph Matthews, conocido como Ken Matthews (1934-2019), fue un atleta británico que consiguió ser Campeón de Europa (1962), Campeón del Mundo (1961 y 1963) y Campeón Olímpico (1964) en la prueba de 20 km de marcha atlética. A pesar de ser uno de los más grandes marchadores atléticos de la historia, su condición de obrero le hizo padecer el clasismo de las élites británicas.

Nacido y criado en Birmingham, Inglaterra, Ken Matthews trabajó desde 1957 como electricista en una planta de energía local en Hams Hall, cerca de Sutton Coldfield, situado en el distrito de Birmingham.

Birmingham fue la locomotora de la Revolución Industrial en Gran Bretaña. La ciudad fue conocida como “el taller del mundo” o “la ciudad de los mil oficios”.

Gracias a su trabajo de electricista en la empresa de Hams Hall, Ken Matthews pudo tener una licencia para las competiciones y un lugar idóneo para sus entrenamientos de marcha atlética que le condujeron a la gloria deportiva.

Tras la jornada laboral, Matthews realizaba cada día sus entrenamientos en los circuitos de la zona de su empresa, los cuales eran perfectos para un entrenamiento específico de marcha atlética. En esos circuitos, Matthews poco a poco empezó a dar señales de que algo grande le estaba esperando. Su ritmo de marcha era cada vez más demoledor. Notaba aquello que es la señal de que un marchador o un corredor van por el buen camino. «Es difícil de explicar a la gente: tienes el ritmo en tu mente. Sabes si vas bien o no vas bien», comentaba a sus cercanos.

El talento, la tenacidad y el entrenamiento diario finalmente dieron sus frutos.

En 1959, 1961, 1963 y 1964, Ken Matthews ganó varios títulos británicos de marcha atlética. La lista de récords que logró en esos años también fue larga.

En 1961, Matthews consiguió su primer gran éxito internacional al vencer en la prueba de los 20 km de marcha atlética del Campeonato del Mundo por equipos de la especialidad, proclamándose Campeón del Mundo con Gran Bretaña.

En 1962, Ken Matthews consiguió su segundo gran éxito internacional al ganar la prueba de los 20 km de marcha atlética del Campeonato de Europa, proclamándose en esta ocasión Campeón de Europa de la distancia. Detrás suyo, llegaron a la meta dos grandes campeones: Hans-Georg Reimann (RDA) y Volodimir Golubnichi (URSS). Este último logró la victoria en los 20 km de los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y México 1968.

En 1963, Ken Matthews repitió su éxito de 1961 en la prueba de los 20 km de marcha atlética del Campeonato del Mundo por equipos de la especialidad, cruzando la meta delante de su compatriota Paul Nihill y consiguiendo un nuevo título mundial para Gran Bretaña.

En 1964, Matthews coronó su carrera deportiva al proclamarse Campeón Olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokyo. Tras su abandonó en la prueba de 20 km de los Juegos de Roma 1960, Matthews se prometió a si mismo que entrenaría para vengar aquella derrota. Se entrenó tenazmente en la zona de su empresa y logró alcanzar su sueño.

El electricista, el obrero de Birmingham, se impuso en la prueba de los 20 km de marcha atlética de los Juegos Olímpicos de Tokyo 1964, llegando a la meta por delante de Dieter Lindner (RDA) y Volodimir Golubnichi (URSS).

La imagen de Ken Matthews marchando dentro del Estadio Olímpico camino de la meta con gran autoridad y en medio de un público entregado ha quedado para los anales de la historia del olimpismo.

También el abrazo emocionado que se dio con su mujer, Sheila, tras concluir la prueba. Sheila pudo estar a su lado en ese momento tan especial, gracias a los trabajadores de la empresa de Matthews, los cuales realizaron una colecta y pagaron su viaje.

La victoria olímpica le supuso a Ken Matthews conseguir el oro olímpico y un nuevo Récord Olímpico de los 20 km (1:29:34).

Tras regresar a Birmingham, la principal celebración de su título olímpico que realizó Ken Matthews fue con sus compañeros de la empresa de Hams Hall, quienes le tributaron un gran recibimiento.

Por su condición de electricista y obrero, después de su victoria olímpica, Matthews también padeció el clasismo de las élites británicas. Fue el único de los cuatro medallistas de oro de Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Tokyo que no recibió la condecoración MBE (Most Excellent Order of the British Empire), ligada a la realeza británica.

«Los medallistas de oro siempre reciben un MBE cuando han ganado. Los otros tres (británicos) tuvieron la suya en un par de años y a mí me dejaron sin medalla durante 13 años. No me importó, porque yo ya tenía la medalla que realmente me importaba, la de Campeón Olímpico», declaró Ken Matthews en una entrevista a la BBC News en 2004.

Después de varias protestas públicas, Matthews recibió la condecoración MBE en 1977. La injusticia duró más de una década. 

En 2011, Matthews también fue admitido en el England Athletics Hall of Fame.

Ocho años más tarde de ese último reconocimiento, exactamente el 2 de junio de 2019, el campeón europeo, mundial y olímpico Ken Matthews falleció en Wrexham (Gales) a la edad de 84 años, por culpa de una reacción alérgica. Gran Bretaña y el mundo del deporte lloraron su muerte, lloraron la pérdida de uno de los más grandes marchadores atléticos de todos los tiempos.

Ni fu ni fa: El SICA, tan cerca del poder y tan lejos de los pueblos

Abelardo Morales Gamboa

Que a Nicaragua le corresponda, por turno, nombrar al secretario general del SICA, Sistema de Integración Centroamericana, es algo que ni fu ni fa… El SICA es un ave que no levantó vuelo. Sus alas fueron cortadas por una narrativa vacía sobre la integración regional, por la burocratización de sus instituciones que pasaron a depender del apoyo financiero masivo de la Unión Europea hasta que este se acabó cuando los europeos dejaron de creer el cuento del ave fénix; también por la captura de espacios, puestos y cargos por algunos remanentes de las viejas oligarquías.

Los mecanismos de integración económica han sido funcionales a las élites mientras estos faciliten la subordinación de las economías regionales a los procesos de acumulación transnacional de capitales, ¡pero hasta allí! El CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, creó una nueva dinámica y, desde entonces, el mercado regional no ha promovido ni provocado ninguna otra forma de integración que no sea la de continuar por la senda de la subordinada integración periférica, característica desde tiempos coloniales.

Ese costoso aparataje no ha asumido ningún compromiso frente a los profundos abismos sociales que marcan la desigualdad y la exclusión en las sociedades centroamericanas, ni frente a la corrupción, el narcotráfico y la supeditación del ejercicio del poder a la violencia, al crimen organizado y la corrosión de las instituciones, principalmente de los aparatos de justicia.

El hambre y la desigualdad, pero también la violencia y la falta de Estado, expulsan diariamente desde los países del norte de la región, incluido Nicaragua, a miles de familias, lanzadas a uno de los corredores de la muerte más peligrosos del mundo; y los líderes políticos de esos países, tanto como los burócratas del SICA, silban como mirando hacia otro lado. Ni qué decir de la falta de voluntad estatal para concertar políticas y acordar mecanismos humanitarios en sistema de movilidad de personas, dejado a la mano de fuerzas, en muchos casos ilegítimas. Existe un mercado regional de mano de obra altamente lucrativo, quizás la única forma de integración realmente existente, pero al margen de la voluntad política de las élites económicas y políticas para incorporarlo a los procesos regionales.

La prometida integración de los pueblos quedó enterrada desde hace más de una década, cuando el llamado Consejo Consultivo se convirtió en un órgano meramente decorativo que, además de la debilidad de sus resoluciones sin contenido decisorio, no cumple ninguna función. Los pocos intentos orientados a la integración social de las primeras décadas, así como las iniciativas de integración de sectores sociales, se disecaron debido a la falta de impulso político y a la debilidad misma de las organizaciones civiles y sociales para construir una integración desde abajo.

La llegada de Daniel Ortega y de la nueva oligarquía sandinista al poder en Nicaragua no solo no cambió las cosas, sino que las agravó. El gobierno de Nicaragua abandonó muchos si no todos los espacios de participación de su país en el SICA y no desaprovechó oportunidad para torpedear algunos otros. Daniel Ortega dejó de participar en las cumbres presidenciales y en su lugar enviaba delegaciones de segundo nivel; además, dado su carácter autoritario y represivo, a partir de 2018, se convirtió en un obstáculo más de la moribunda dinámica regional. Algo diferente fue lo que intentó, sin mucho aire, el FMLN con su llegada al poder en El Salvador en 2009. Promesas, discursos y nada más.

El que ahora el gobierno de Nicaragua tenga la posibilidad de nombrar al secretario general del SICA y que eso en Costa Rica origine esotéricas controversias, me recuerda que la ausencia de una estrategia de política regional de Costa Rica hacia Centroamérica ha sido consustancial con esa caída al vacío de la integración regional. De allí que las reacciones tanto del lado del gobierno al que le importan más los negocios que los derechos humanos como de otros sectores, enredados en viejas telarañas ideológicas, sean apenas un poco más de la bulla que se produce en las discusiones inter-élites que no conducen a nada y que no están motivadas por ningún afán de compromiso con la restauración del proceso regional.

Entre tanto, Ortega y su camarilla intentarán sacar provecho de la figura de la Secretaría General del SICA hasta donde les alcance, para tratar lavarle la cara a su régimen autoritario, opresor y falto de legitimidad. Y pare de contar porque “solidaridad de los pueblos”, como alguien dijo, ¡nada que ver!

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Imagen tomada de: www.integracion-lac.info

Los Presidentes y gobiernos de Costa Rica ante su política exterior y ante el Gobierno de Nicaragua y Cuba

Vladimir de la Cruz

La política exterior del Estado y de la República la decide el Presidente de la República y su Ministro de Relaciones Exteriores. Esto está establecido en la Constitución y así se ha respetado siempre, aun cuando frente a decisiones de ese tipo hayan actuado los presidentes, en sus períodos gubernativos, y haya habido ciudadanos que no hubieran compartido sus decisiones.

La realidad política de los países vecinos, Panamá y Nicaragua, y la de los centroamericanos, del resto de Latinoamérica y del Caribe, y la del mundo, en general, es ajena a nosotros, y es resultado de sus propios pueblos tener los gobiernos que tienen, y las formas de gobierno que han establecido. En la vida política, como en la familiar, los vecinos y parientes no se escogen. Se escogen los amigos. Esto puede provocar acercamientos y alejamientos, encuentros y desencuentros, con vecinos, parientes y hasta con los amigos.

Costa Rica desde 1847 inició su proceso de reconocimiento diplomático de países, a la vez que se nos reconocía de la misma forma. Así hemos reconocido para efectos de relaciones diplomáticas, a muchos gobiernos de países, aun cuando no hayamos compartido sus formas internas de organización política y de gobernar. Así se han establecido las relaciones diplomáticas de Costa Rica, hoy con alrededor de 100 país y con alrededor de 50 Embajadas.

Puede no gustarnos el gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, pero es el gobierno de Nicaragua.

Puede no gustarnos la forma de ejercer ese gobierno, la forma en que se ha actuado contra sectores de la oposición política, de la represión directa que viene sufriendo el pueblo nicaragüense, la forma como se ha actuado ilegalizando partidos políticos, organizaciones sociales, ONGs, limitando derechos y libertades ciudadanas, inhabilitando partidos políticos y a líderes opositores, destituyendo diputados y fracciones legislativas completas.

Puede no gustarnos la forma de Ortega y de Murillo de violentar el Estado de Derecho nicaragüense, pero eso lo hace en función de tener controlada la Asamblea Legislativa, por mayoría de diputados, electos en procesos electorales, como sucede con Bukele en El Salvador o con Maduro en Venezuela.

Puede no gustarnos la forma de manipulación y de hacer actuar a los Poderes Públicos, a la Corte de Justicia y al propio Tribunal Electoral de Nicaragua, por parte del Gobierno de Ortega y Murillo.

Puede no gustarnos la represión y acciones violentas contra el ejercicio libre del periodismo, de los periodistas y el cierre y obligada expatriación de ciudadanos nicaragüenses, periodistas y comunicadores sociales.

Puede no gustarnos la acción del Gobierno contra los disidentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional que han encarcelado, que han hecho morir en prisión y que también los han obligado a marchar de su país porque no les garantizan la vida.

No nos gusta la represión contra intelectuales, escritores, como Sergio Ramírez a quien casi han desnacionalizado, a Ernesto Cardenal, a los hermanos Mejía Godoy, a Carlos y Luis Enrique, a Gioconda Belli, entre muchos.

Puede no gustarnos la existencia de presos políticos en Nicaragua. La forma de presos políticos puede ser variable. Aquí mismo en Costa Rica actuaciones policiales y judiciales contra dirigentes sociales han hecho que se califique algunas detenciones como de “presos políticos”, por parte de los afectados y sus organizaciones políticas o sociales.

El asesinato selectivo de dirigentes indígenas, en Costa Rica, es casi similar a la forma como actúan escuadrones de la muerte en Guatemala y en Colombia, con complicidad de autoridades policiales, que son de gobierno, y con empresarios y acaparadores de tierra locales, interesados en quitarles tierras a los indígenas nacionales.

Podemos igualar el gobierno de Ortega y Murillo a una Dictadura, una Tiranía, a una Satrapía y casi a una Dinastía. Usualmente se le iguala a una dictadura, con las formas de gobernar de los Somoza, que también realizaron elecciones cuando eran gobernantes.

Pueden darnos asco, producirnos repugnancia sus personas y sus figuras, pero son los que representan, a todos los efectos nacionales e internacionales, a las estructuras político institucionales y políticas, ante otros gobiernos con sus relaciones diplomáticas y en los Organismos Internacionales y Regionales con sus representantes. También representan, nos guste o no, a los ojos internacionales al pueblo nicaragüense. De la misma forma los representantes diplomáticos de Costa Rica representan al Presidente, al Gobierno y al pueblo costarricense, y estos pueden no gustar a nacionales, a opositores de los Gobiernos e incluso a sectores políticos, sociales y económicos de otros gobiernos.

En el conjunto de las relaciones históricas, vecinales, políticas y diplomáticas con Nicaragua, la historia no ha sido la mejor, aunque no hemos llegado a un enfrentamiento militar entre países. A tensiones militares sí, pero a conflictos armados no, al menos todavía. Tampoco veo en perspectiva un enfrentamiento militar con Nicaragua. Como ha dicho el Papa respecto a la OTAN y Rusia, los Estados Unidos ha puesto a ladrar a la OTAN en a frontera rusa. Así actúa el gobierno nicaragüense de vez en cuando. Ladra en nuestra frontera.

Siempre ha habido en Nicaragua gobernantes hostiles hacia nosotros, desde que el Partido de Nicoya decidió por su cuenta adherirse, incorporarse, anexarse a Costa Rica, hace ya prácticamente 200 años, en 1824. Celebraremos esa Anexión como lo hicimos con el Bicentenario de la Independencia, le duela o no al Gobierno Nicaragüense.

William Walker fue invitado por Nicaragüenses para que llegara a ese país, en circunstancias de un grave conflicto interno que tenían, y estando allí se impuso como líder militar y como gobernante, e impuso la esclavitud. Nos obligó a marchar sobre Nicaragua, por el peligro que él, Walker, significaba para Costa Rica, por las intenciones que manifestaron el Presidente Rivas y William Walker, a finales de 1855, publicando un mapa de Nicaragua que comprendía toda la Península de Nicoya y extendía su límite desde la desembocadura del Río Tempisque hasta la desembocadura del Río San Juan.

Entramos a Nicaragua pocos días después de haber derrotado a Walker, después de haber ingresado a Costa Rica, en su afán expansionista y conquistador, en la Batalla de Santa Rosa, el 20 de marzo de 1856. El 10 de abril le habíamos provocado en Sardinal otra derrota, y unas horas después en la ciudad de Rivas, donde ya estaba el Ejército libertador de Costa Rica, le infligimos la más grave derrota, que postergó su rendición al 1 de mayo de 1857, por la peste del cólera que nos hizo retroceder para luego regresar al terreno de los combates, con el apoyo de los ejércitos centroamericanos, en el segundo semestre de 1856, y que comandamos a partir de enero de 1857.

La liberación que hicimos de Nicaragua de William Walker, y de la esclavitud que les había impuesto, pareciera que en el ADN político de muchos nicaragüenses nos la siguen cobrando, que hubieran preferido haber sido colonia norteamericana bajo un régimen esclavista. El que tiene mentalidad de esclavo sigue siendo a todos lo efectos esclavo.

Luego, a pesar del Tratado Cañas Jerez, de 1858 hasta finales del siglo XIX Nicaragua siguió peleando, incluso en escenarios judiciales internacionales, contra nosotros su soberanía en el Río San Juan, pelea que la llevó hasta el gobierno de Laura Chinchilla, cuando se metió con tropas en una parte del territorio nacional, en el conflicto, más político diplomático que militar, llamado de Isla Calero, hasta que la Corte Internacional de Justicia nos dio la razón.

Presidentes nicaragüenses, del Siglo XX, que querían agrupar a los nicaragüenses alrededor suyo, de sus gobiernos y políticas, inventaban un conflicto con Costa Rica para, de esa manera, unir a sus ciudadanos alrededor de sus gobiernos.

En la lucha del General de Hombres Libres, Augusto César Sandino, colaboramos en la década de 1920 no solo solidariamente, contra la ocupación norteamericana de esos años. Igual lo hicimos en la década anterior, la de 1910, en la sublevación del Patriota Benjamín Zeledón contra la ocupación norteamericana de Nicaragua en esos años. Del General Jorge Volio, entre otros se distinguió en esa lucha y solidaridad.

De esta forma de hacer política Daniel Ortega no se ha quedado atrás. Cada vez que puede lo hace, a modo de distraer de los principales problemas de Nicaragua y de la reacción interna contra su gobierno.

La lucha contra los Somoza fue seguida de cerca por los costarricenses. No nos gustaba su ejercicio de Gobierno, pero los gobiernos de Costa Rica, desde 1934, cuando se instauró la dictadura y la dinastía de los Somoza en el Poder, han mantenido relaciones diplomáticas y comerciales con Nicaragua. En algunas épocas muy amistosas.

Las relaciones comerciales en cierta forma condicionan las diplomáticas, porque grupos nacionales de empresarios realizan negocios y les va muy bien con ellos en Nicaragua. Basta ver los índices de exportación agrícola nacional a Nicaragua, y ver también el flujo comercial hacia Centroamérica, que se realiza pasando por el territorio Nicaragüense. También Costa Rica se ha beneficiado de inversionistas nicaragüenses, en distintas actividades, entre ellos inversiones de capital del clan familiar de los Ortega Murillo, capital que por invertido en Costa Rica genera socios, aliados e interesados con ese capital, algunos de ellos con ascenso a gobiernos.

Después del ajusticiamiento que se hizo de Anastasio Somoza García, en 1956, siguieron los otros Somoza, los Somoza Debayle, y sus títeres de gobierno. Con ellos se mantuvieron relaciones diplomáticas y comerciales.

El territorio nacional a partir de los años 60s. empezó a utilizarse por combatientes anti somocistas. Los gobiernos de Costa Rica, a veces los toleraban y muchas veces los reprimían y expulsaban del país. José Figueres Ferrer incluso llegó a expulsar a Nicaragua guerrilleros que fueron muertos en ese país. En su oportunidad la Corte Suprema de Justicia sancionó por ello a Figueres y le advirtió que eso no lo podía volver a hacer.

En la década del 60, por el impacto de la Guerra Fría y del triunfo de la Revolución Cubana, los Estados Unidos impulsó el Mercado Común Centroamericano, para asuntos regionales de comercio, el Consejo de Defensa Centroamericano, que unificó a los Ejército de Centroamérica e integró como observador a Costa Rica de ese bloque militar. El Embajador de Costa Rica, en Guatemala, representa al país ante el CONDECA, que tiene la sede allí.

También impulsaron la ROCAP para uniformar procesos educativos en toda Centroamérica, desnacionalizando y desnaturalizando en esos textos nuestra Historia, nuestras tradiciones y nuestra idiosincrasia.

Los gobiernos de Costa Rica en esa políticas marcharon juntos con la dictadura Somocista y con toda las dictaduras existentes en Centroamérica. El Gobierno de Abel Pacheco firmó el Acta de agresión militar de Estados Unidos contra Irak como socio y aliado militar en esa intervención norteamericana en Irak, para la que buscó gobernantes serviles que le acompañaran, para una justificación internacional de la agresión.

Aparte de la lucha de Carazo contra los Somoza, el Presidente Oscar Arias es el que ha mantenido más claramente su postura antimilitar y antidictatorial en Centroamérica. Fue quien acogió al Presidente Manuel Zelaya, en el golpe de Estado que le dieron en Honduras, en el 2009, y ha mantenido una pública lucha sostenida contra gobiernos de este tipo. La Presidenta Laura Chinchilla lo ha hecho particularmente con Daniel Ortega.

A finales de la década del 70 importante papel jugó el pueblo y la juventud costarricense en la lucha armada contra la dictadura, incluso participando con columnas militares que de modo importante se desempeñaron en esa caída.

Luego se contribuyó, de igual manera, con combatientes costarricenses, a enfrentar la lucha que contra el nuevo gobierno sandinista se impulsaba, desde Costa Rica, con colaboración del gobierno liberacionista de Luis Alberto Monge Alvarez, y con financiamiento de la CIA, del Gobierno de los Estados Unidos, y con el negocio de la droga que se impuso para financiar a las bandas criminales anti sandinistas, que provoco el escándalo Irán-Contras.

La caída de Somoza estuvo presionada principalmente por la lucha de los Frentes guerrilleros, que internamente peleaban en Nicaragua, la oposición interna político, civil y religiosa, y por la presión internacional de bloques de países que en esos últimos años de la década del 70 se constituyeron y sumaron buscando una salida política más que militar.

Del lado costarricense, el Gobierno de Rodrigo Carazo, comparado con los anteriores, respecto a los Somoza, fue definitorio e invaluable en el apoyo a la lucha guerrillera final prestando el territorio fronterizo costarricense para ese propósito.

La década sandinista de gobierno, 1979-1990, no fue fácil. Le bloquearon, sabotearon e impusieron elecciones a Nicaragua, en 1985 y en 1990, como un modelo político a desarrollar, democrático electoral.

La elección de 1990 la perdió Daniel Ortega. Subió al Gobierno Violeta Chamorro, y desde allí hasta el 2006 alternaron en el gobierno nicaragüense otros partidos y políticos.

Durante esos años el Frente Sandinista se mantuvo en la lucha electoral, hasta que recuperó el Gobierno en el 2006.

Desde 1979 hasta hoy, con Nicaragua, todos los gobiernos de Costa Rica han tenido relaciones políticas, diplomáticas y comerciales. Con algunos más tensas que con otros, pero se han mantenido, gusten o no a los gobernantes costarricenses los personajes que gobiernan Nicaragua, entre ellos Daniel Ortega desde el 2006, actualmente con su esposa Rosario Murillo.

En Nicaragua no hay una oposición política unida frente al grupo gobernante de Daniel Ortega.

La oposición existente de manera legal es permitida y está dividida, manipulada y mediatizada por Ortega y por la Murillo.

La oposición disidente de ese control orteguista ha sido obligada al exilio, la repatriación forzada, a la cárcel y represión, a la disolución de sus organizaciones de resistencia.

No hay en Nicaragua, ni fuera de Nicaragua, en Costa Rica, Honduras o el Salvador, grupos de carácter guerrillero que quieran derrocar a Daniel Ortega. En el interior de Nicaragua tampoco hay resistencia militar.

No hay condiciones sociales y organizativas en posibilidad de desarrollar una lucha armada interna contra el gobierno de Ortega y Murillo. En este momento el pueblo nicaragüense no tiene ninguna opción de este tipo existente, ni en Nicaragua ni fuera de Nicaragua.

Tiene el pueblo nicaragüense que hacer esfuerzos heroicos para recuperar espacios políticos internos y de participación electoral, que son los que por ahora darían alguna esperanza en la posibilidad de cambiar el Gobierno. En ese sentido juegan las reglas de la democracia electoral controlada por los Ortega y sus institucionalidad mediatizada y controlada. Lo que se gana por elecciones se puede perder por elecciones. Pero hay que organizarse y unirse, las tareas principales, en esa dirección.

El Ejército de Nicaragua, es grande. No es el más grande de Centroamérica, que lo es en tamaño el de Guatemala siguiéndole Honduras, que son fuerzas militares más grandes que el de Nicaragua.

Las alianzas militares que tiene Nicaragua con Estados Unidos, con los ejército centroamericanos y de otros países, entre ellos Rusia, son propias de países que tiene ejércitos. Costa Rica tiene alianza militar con Estados Unidos, en su lucha contra las drogas y en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, desde 1948.

Algunos de los que hoy critican al gobierno de Nicaragua le agregan sus críticas la presencia de unos militares de Rusia, que han llegado en estos día, sin criticar las otras alianzas, y la presencia de militares también de los Estados Unidos, tratando de pintar un peligro mayor de Nicaragua contra Costa Rica. Eso es un error a mi manera de ver. Cualquier país que tenga Ejercito es superior en ese campo a la Fuerza Pública costarricense, por el equipamiento, no tanto quizá por la formación de los mandos policiales nacionales que reciben un entrenamiento de formación militar, y así lo hacen si siguen enviando a policías, a centros de entrenamientos militares, de distintos ejércitos y países.

En la década del 50 operó la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, que estuvo presidida por el costarricense Marco Tulio Zeledón Cambronero, un anticomunista de marca. La ODECA evolucionó a la Secretaría de Integración Centroamericana, que hoy es el organismo político institucional más importante de la región junto con el Banco Centroamericano de Integración Económica.

La participación de países en estos organismos es soberana. Está el que quiere estar y es aceptado para estar.

En la OEA estamos desde su fundación, junto con los países del continente, que desde 1948, se fue ampliando en miembros.

En la SICA como en la OEA, desde sus fundaciones, hemos compartido sillas con representantes de gobiernos dictatoriales, tiránicos, despóticos, genocidas, violadores de Derechos Humanos, surgidos de golpes de Estado, sin que nosotros avaláramos lo que esos gobiernos hacían y representaban, y pocas veces criticando sus actuaciones.

Con motivo de la Revolución Cubana, los gobiernos representados en la OEA, actuando como un organismo de colonias de los Estados Unidos, expulsaron a Cuba de esa organización, exceptuando al Gobierno de México que se opuso a esa expulsión y mantuvo las relaciones diplomáticas.

El Gobierno de Mario Echandi en 1958 rompió relaciones diplomáticas con Cuba, las que se mantuvieron rotas hasta el año 2008 que las restableció el Presidente Oscar Arias, quedando en ese momento solo tres países del continente que no las tenían, entre ellos Estados Unidos. Durante todos esos años los gobiernos de Costa Rica, que siguieron al de Echandi, no tuvieron relaciones con Cuba, mientras mantuvieron relaciones con las dictaduras de todo el continente, países que empezaron a salir de esas dictaduras a partir de 1990.

El Gobierno de Barak Obama estableció las relaciones con Cuba. Débilmente se mantuvieron con Trump y se mantienen con Biden. Hubiera sido muy vergonzoso para Costa Rica haberlas restablecido después de Estados Unidos, hubiéramos parecido como un perrito faldero de ese país.

Poco tiempo después la OEA reconsideró la situación de Cuba, le abrieron las puertas a su retorno, condicionándole su ingreso y soberanamente Cuba dijo que no le interesaba regresar a la OEA. La reunión de la Cumbre de América, recién celebrada en California, fue una derrota diplomática para los Estados Unidos, por el aislamiento que impuso de invitados a esa Cumbre que hizo desistir de asistir, con sus Presidentes y Jefes de Estado, a países latinoamericanos y algunos de ellos enviaron funcionarios de segundo orden diplomático.

En el recién pasado Gobierno de Carlos Alvarado se firmó con el Gobierno de Cuba una Carta de Intenciones en el campo educativo, que no ha tenido ninguna eficacia ni puesta en ejecución. No produjo ningún resultado práctico, efectivo ni para Cuba ni para nosotros. Era eso “intenciones”.

El Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves en sus primeros actos como Presidente anuló, canceló, dejó sin efecto esa Carta de Intenciones. Para mí hizo mal y solo el ridículo de su acto, de colocarse innecesariamente en una pose, para la foto, de actuar “contra Cuba”, con un acto que no había tenido a ese momento ninguna trascendencia. Pudo haber dejado “congelada” esa Carta de Intenciones como estaba y nada hubiera pasado. Pero, hay en el Presidente Chaves un gusanillo que lo llama constantemente a mandar mensajes “anticomunistas”, dentro de esta nueva Guerra Fría que se está desarrollando, con muchas aristas, una de ellas alertando del “peligro comunista”, como también ha hecho referencias, en igual sentido anticomunista, post elecciones refiriéndose a la pasada campaña electoral, como si en esa campaña hubiera habido un real peligro comunista participando en elecciones.

LA SICA como organismo colectivo centroamericano acordó por los Presidentes de Centroamérica, mecanismos de dirección colectiva, desde hace muchos años, estableciendo una rotación de su principal Director o Secretario Ejecutivo. De esta manera se impuso la rotación por país, lo que inevitable, que en esta ocasión le corresponda a Nicaragua. Puede ser no deseable a los ojos costarricenses, o de algunos costarricenses, pero así es. Este año le corresponde a Nicaragua ejercer la Dirección de la SICA. En Costa Rica se ha desatado una reacción, principalmente por parte de los expresidentes de la República, presionando al actual Presidente Rodrigo Chaves Robles para que no apoye y rechace el candidato propuesto por Nicaragua. El candidato propuesto actuó beligerantemente en el conflicto de Isla Calero contra nosotros, y eso es lo que más se le cobra. Si a él lo ha propuesto el gobierno nicaragüense no lo podemos evitar. Es su derecho, que nos toca respetar. No se le puede pedir al Gobierno nicaragüense que proponga otra persona, como se hace cuando se nombran Embajadores, que los gobiernos, en esos casos, sí pueden objetar a los candidatos que se les proponen.

Con Nicaragua mantendremos diferentes núcleos de contradicciones. La SICA puede ser un escenario para llamar la atención sobre lo que al Gobierno de Costa Rica no le parezca de las actuaciones del gobierno nicaragüense.

El candidato puede no gustarnos. Podemos criticar de él posturas anti costarricenses que ha tenido defendiendo su país. Podemos criticar que el Gobierno de Nicaragua lo haya postulado, como decisión soberana que tiene de hacerlo.

La SICA hasta ahora ha actuado en Centroamérica, República Dominicana y Panamá bastante bien. No tiene por qué cambiar esas políticas por la presencia de un Nicaragüense, que no nos gusta, cuando allí hay representantes de otros siete países que toman decisiones colectivas, dentro de sus objetivos fundamentales de asegurar y fortalecer la Región con la Paz, la Libertad, la Democracia y el Desarrollo, todo dentro de su misión institucional de contribuir al proceso de integración económica.

La SICA como organización tiene países fundadores, los que siguieron adhiriéndose e integrándose, para un total de ocho. A ellos se suman once países Observadores Regionales, entre ellos Estados Unidos, y 21 países como Observadores Extrarregionales, entre ellos Rusia. Ese es un mundo amplio y ajeno…

La rotación de los Directores ha sido establecida y aceptada en su funcionamiento. Le corresponde a Nicaragua este período.

El Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves ha decidido apoyar la candidatura ofrecida por el Gobierno de Nicaragua, como acto soberano nacional y como potestad constitucional que tiene. Con rechazar la candidatura del propuesto no se evita que lo sustituyan por otro, porque a Nicaragua le corresponde la Dirección en este momento. Todos los demás gobiernos aceptan el candidato propuesto. Con rechazarlo no se va a caer el Gobierno de Ortega y de la Murillo. Esta es la realidad política.

El Presidente Oscar Arias cuando estableció relaciones con la República Popular China tuvo una reacción muy fuerte interna de sectores empresariales, de empresarios en particular, de políticos que habían viajado a Taiwán invitados por el gobierno taiwanés y que tenían muchos compromisos con Taiwán, con artículos y anuncios pagados en contra de su decisión. Se impuso el Presidente como debía ser.

A la llegada de los representantes de la República Popular China se produjo una reacción al revés, en favor de esa nueva relación, especialmente de la comunidad china. Hoy se ve que fue un acierto esas relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China.

Cuando a finales de los 60s, en el Gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, y a principios del gobierno de José Figueres, en 1970-1971, ambos presidentes, representando grupos empresariales de la producción, y el comercio de café y luego de azúcar, le pidieron a Manuel Mora Valverde, Secretario General del Partido Comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, que actuara de Agente Comercial del Gobierno, para tratar de “vender”, “colocara” el café y el azúcar costarricense en los países socialistas, no se objetó por la necesidad económica de los productores y comercializadores que se vendiera café y azúcar a la URSS y a los países socialistas. Cuando como resultado de esas negociaciones se consideró por parte de José Figueres Ferrer, restablecer las relaciones diplomáticas que con la URSS había establecido Rafael Angel Calderón Guardia, que el suspendió durante la Juna de Gobierno, se desató en el país una campaña feroz contra un acto legítimo del Presidente Figueres. Una campaña por el NO para las relaciones diplomáticas, y otra por el SI para esas relaciones.

Por la representación de Nicaragua en la SICA nadie va a mover un dedo en el país probablemente. Pero, las valoraciones políticas de las relaciones que ha hecho el Presidente Chaves son válidas de su ejercicio de Gobierno. Ni la Asamblea Legislativa puede imponerle su voluntad. Pueden opinar los diputados, los ciudadanos, como lo hago yo, en favor o en contra de la decisión del Presidente Chaves, pero es su decisión legítima y constitucional, que él tiene de las relaciones internacionales del país.

El comercio con Nicaragua y con Centroamérica aprovechando el territorio de ese país es importante para el país y para el sector productivo y comercial de Costa Rica. Si mantenemos relaciones diplomáticas de bajo perfil con este nombramiento no se van a alterar. Si se llegara a establecer un Embajador en Nicaragua, gana también Costa Rica, si no rompemos las relaciones diplomáticas.

Apoyar el candidato de Nicaragua no le impide al Presidente Chaves criticar lo que le corresponda, y cuando él lo considere pertinente, de las políticas de gobierno, especialmente en el plano interno, respecto a libertades y derechos, represión y violación de Derechos Humanos.

He sido un crítico del Gobierno de Ortega y de la Murillo, en distintos medios, como lo he sido del Presidente Chaves, pero en este asunto le doy la razón al Presidente Rodrigo Chaves. El decide las relaciones internacionales de Costa Rica, nos guste o no cómo las maneje.

El mundo de hoy, el surgido y desarrollado después de la caída del mundo socialista, de superada la Guerra Fría del período 1945-1991, del surgimiento de nuevas relaciones internacionales, es muy complejo, es más que un nudo de contradicciones. Ahí estamos y tenemos que saber caminar, en mucho, con pragmatismo, oportunidad y sentido de la realidad, afirmando nuestra Soberanía y los ejes que han guiado la Política Exterior costarricense desde hace muchos años.

¿Es posible hablar de hitos en la gestión gubernamental del sector agropecuario?

German Masís Morales

El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha divulgado el documento Hitos del Sector Agropecuario, Administración 2018-2022, en la que presentan los resultados de la gestión del Ministro Alvarado y su equipo en ese período.

La primera observación al documento se refiere a su nombre, ya que el concepto de hito, refiere a “acontecimientos significativos que marcan momentos importantes en un proceso histórico” (diccionario de la LE), por lo que habría que determinar si las acciones realizadas por las instituciones del sector agropecuario en efecto marcan momentos relevantes en la historia reciente de ese sector.

Probablemente sería más adecuado mencionar que las acciones en el documento, corresponden más como se expresa en la misma presentación, a “logros alcanzados como resultado de la acción integral (…) de las instituciones del sector ”(MAG,Hitos del Sector Agropecuario,mayo, 2022,p.5).

Lo anterior es fundamental establecerlo, ya que como lo indicamos en un artículo anterior, los gobiernos cumplen con gestionar el sector y ejecutan acciones en varias áreas de la actividad agropecuaria que poco se diferencian de una Administración de otra. De ahí que al igual que en gobiernos anteriores, al final de la gestión, se enumeran avances puntuales en algunos ámbitos del sector agropecuario que si bien son positivos, no trascienden hacia las grandes transformaciones que éste requiere.(alterdescr,abril,2022)

Entre las acciones ejecutadas, de inversión en infraestructura agropecuaria, de comercialización y valor agregado, agricultura inteligente y tecnología para generación de datos, innovación y transferencia de tecnología, acceso a recursos: tierra y crédito y apoyo a las metas de la agenda agro-ambiental, habría que analizar no sólo si se constituye algún hito, si no si se logra un avance sustantivo que supere lo realizado en períodos anteriores.

Ya que las acciones de impacto en la protección fitosanitaria, en la calidad de las semillas para el sector, en la política de género y en oportunidades para el crecimiento del sector pesquero y acuícola, responden principalmente a las actividades tradicionales de todos los gobiernos en la gestión del sector.

Decíamos en un artículo anterior, que es fundamental identificar los grandes retos y las grandes transformaciones pendientes en el sector, a nivel tecnológico, comercial, financiero, de agregación de valor, de aseguramiento de la producción, de disponibilidad de los recursos tierra y agua, de seguridad alimentaria, de organización y desarrollo de la empresariedad, de apoyo a los micro y pequeños agricultores familiares y el mayor de los desafíos, el impulso de una agricultura más sostenible e inclusiva.(alterdescr,abril 2022)

Afirmábamos apoyados en lo expresado por el exministro Felipe Arauz, en un reciente foro de la UCR, que la Agricultura requiere una transformación hacia sistemas de producción más sostenibles, mediante “soluciones que tengan el potencial de generar una transformación de nuestra agricultura, un cambio que haga los sistemas agro productivos más sustentables, más justos y más cercanos a una verdadera seguridad alimentaria”

Agregaba el exministro que “tenemos dependencia de importaciones de insumos importados para la producción agrícola y también pecuaria”, aspecto que resulta crucial en un momento como el actual de aumento en los precios de los agroquímicos debido a la guerra en Ucrania.

En ese sentido es importante valorar el aporte de la gestión anterior, hacia la reducción del uso de insumos importados (uno de los más altos en el continente americano) y en procura de la generación y el uso de insumos locales más baratos y menos contaminantes. Arauz apuntaba que “debemos promover la producción local de lo que sea agronómicamente posible, reduciendo la cantidad de insumos importados para su producción. Lo que se busca es optimizar el uso de insumos, aumentar la productividad, y minimizar los impactos ambientales.”(semanariouniversidad.com,19-4-2022)

Así mismo, en el citado artículo se sugería valorar los resultados de la gestión a la luz de los planteamientos realizados en el 2014 por investigadores de la Universidad Nacional, en el grupo de Políticas agrícolas los cuales propusieron establecer centros regionales de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, reorientación del INTA hacia esa labor y promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático. como esenciales para la transformación del sector agropecuario hacia una producción más sostenible.

Sin embargo, es bueno destacar que el aspecto de tecnologías para la adaptación y mitigación del cambio climático, si representa uno de los avances de la gestión Alvarado (a pesar de que no fue mencionado en el documento Hitos), ya que se han divulgado los logros de la Estrategia nacional de Ganadería baja en carbono y el proyecto NAMA Ganadería con la inclusión de más de 1000 fincas(comunicado del Gobierno de la República,11-9-2020)

Por su parte el ámbito de inversión en infraestructura agropecuaria en riego, drenaje, comercialización y valor agregado, es probablemente uno de los mayores logros de la Administración Alvarado, en buena medida con la intervención del INDER, entidad que en noviembre del 2021 había informado que entre el año 2018 y el 30 de setiembre del 2021 las inversiones totales de la institución en los 29 Territorios Rurales sumaron ₡56.450 millones y que en total se han beneficiado con esos recursos cerca de 283.916 familias rurales en todo el país.(alterdescr,noviembre 2021)

No obstante, el ámbito de menor avance relativo a los grandes retos del sector, se refiere al mejoramiento del sistema de comercialización de productos agropecuarios, que en la propuesta del grupo de Política incluía la reestructuración y modernización del CENADA, de las ferias del agricultor y del programa de Abastecimiento Institucional, la creación de un fondo de crédito agropecuario para los pequeños y medianos productores con recursos de la Banca para el Desarrollo y de un sistema de seguro agrícola(Grupo de Políticas agrícolas, 2014,12 p.)

En definitiva, se podría concluir que la gestión de la Administración Alvarado en el sector agropecuario, presenta no solo logros parciales aún distantes de las grandes transformaciones necesarias, si no que es aventurado e inexacto afirmar que se trata de hitos en la ejecución de políticas agropecuarias y en el desarrollo del sector.

El nuevo presidente: una incógnita en sí mismo

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (30)
Tercera época
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Hace unas cuantas semanas, no muchas por cierto, nos preguntábamos acerca de las incógnitas que nos planteaba la llegada a la Casa Presidencial de El Zapote del nuevo presidente de la República. Con el paso de las semanas y los días estamos en capacidad de afirmar que el propio Rodrigo Chaves es, y seguirá siendo una incógnita en sí mismo durante algún tiempo, dentro del juego o despliegue de los componentes de una ecuación, o de una serie de ecuaciones muy complejas, cuyas variables no pueden ser ignoradas de ninguna manera, so pena de perder contacto con la realidad, o al menos con eso que Nicolás de Maquiavelo llamaba, con cierta determinación, no exenta de ironía, “la verdad efectiva de la cosa”. De ahí la necesidad de evitar, en el análisis de la coyuntura política, la tentación del mero ejercicio retórico con sus trampas en el uso de un lenguaje, por lo general vaciado de sus significados esenciales, el que termina evadiendo lo esencial del problema de fondo planteado en medio de la llegada de un nuevo gobierno: ¿quiénes son los que mandan en Costa Rica? Y ¿por qué sucede que el nuevo presidente, a pesar de no salirse de los dogmas del credo neoliberal, al menos en cuando a los lineamientos generales de su gestión, sigue siendo atacado por una buena parte de la prensa y una serie de gentes de todo el espectro político? Si bien ya habíamos dicho anteriormente que la circunstancia de que don Rodrigo Chaves no forme parte de la camarilla que ha gobernado este país, desde hace casi cuarenta años, haciendo del erario público su coto de caza y su espacio monopólico para sus negociados fraudulentos, su triunfo electoral no dejaba de ser un problema para las élites del poder ante el hecho, implícitamente planteado, de que sus integrantes vieran afectados sus intereses particulares, a partir de algunas de sus decisiones anunciadas en materia fiscal, sobre todo en cuanto a la evasión y elusión, las que alcanzan cifras que se han vuelto inmanejables, como también en lo referente a los graves problemas planteados la llamada regla fiscal, una trampa mortal para el funcionamiento de la administración pública, o los de contratación administrativa, por las reiteradas prácticas oligopólicas y monopólicas que existen en ese ámbito.

Por lo demás, su política salarial sigue siendo la misma de los anteriores gobiernos diz que “progres” del PAC y sus amigos, con bajísimos “aumentos” para los trabajadores del sector privado, los que ni siquiera compensan el crecimiento de la inflación, al mismo tiempo que hasta la fecha los salarios en el sector público continúan congelados, sin que se sospeche siquiera algún anuncio que indique algún cambio salarial para ese sector, dentro de lo que es toda una política ejecutada sobre la marcha y a partir del crítico estado de las finanzas, dejado por los llamados gobiernos progres, siempre dentro de una lógica que resulta un contrasentido para las posibilidades de una reactivación económica, dado que los factores combinados de las políticas de austeridad, impuestas por el equipo económico del PUSC al gobierno de Carlos Alvarado, con Edna Camacho, Rocío Aguilar y Rodolfo Piza al frente, con el decisivo apoyo del PLN y del mimético PAC, junto con otros actores políticos, son de naturaleza recesiva al afectar la inversión y el empleo. Dicho de otra manera, las políticas restrictivas de los “partidos” que formaron la coalición que cogobernó durante los gobiernos anteriores, especialmente a partir de abril de 2018, son las que han hecho disminuir la demanda agregada de bienes y servicios, como un factor negativo que se tradujo en la quiebra de numerosas empresas y negocios medianos y pequeños, a lo largo del año 2019, antes de la pandemia que vino a agravar el deterioro económico y social originado por las políticas neoliberales, que caracterizaron a la década que estaba terminando.

Por otro lado, el escenario cambiante en el ámbito internacional, especialmente en la región con el giro hacia la izquierda en países como Honduras, Chile y Colombia, la particular situación de Nicaragua, y el conflicto bélico planteado en Ucrania, que a pesar de su lejanía geográfica, ha traído un encadenamiento de consecuencias socioeconómicas muy graves para todos los países, a escala planetaria, con amenazas de una escalada inflacionaria, a partir de los altos precios del petróleo. Todos estos son factores que han hecho más difícil para el nuevo gobierno de Costa Rica formular una política exterior que considere como propia, tal como ha sucedido con las dubitaciones acerca de votar a favor del candidato de Nicaragua, a quien por acuerdo de los restantes países centroamericanos corresponde la presidencia pro tempore del SICA o Secretaría de Integración Económica centroamericana, por un período de cinco años. De ahí la cautela del presidente Rodrigo Chaves para tomar decisiones en esa materia, lo que le ha traído violentos ataques de los más variados actores sociales y políticos, quienes lo acusan de una  presunta alianza con el gobierno de Nicaragua, en la persona de su presidente, algo que no tiene ningún fundamento, si se tiene en cuenta que se trata del cumplimiento de decisiones adoptadas por gobiernos anteriores, y de compromisos escritos con los demás países del istmo, razón por la que el presidente anunció que será él quien tome la decisión final, después de una serie de consultas con otras cancillerías. En medio de semejante escenario, tan lleno de matices en el horizonte que muchos prefieren ignorar y las múltiples amenazas que se exteriorizan, un día sí y otro no, es que seguimos considerando  que el propio presidente de Costa Rica continuará siendo una incógnita en muchos sentidos, la que solo el tiempo se encargará de despejar, pues solo entonces se evidenciará la naturaleza específica de la ecuación subyacente. No estamos para asumir actitudes simplistas en tiempos que son de suyo muy complejos.