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Segunda ronda: Triunfo del voto “Qué me da” sobre el voto “Caperucita Roja”

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Edgar Chacón Morales

Segunda ronda: Triunfo del voto “Qué me da” sobre el voto “Caperucita Roja”. Conclusiones y … realidades que hablan en las urnas

                El sábado 2 de abril hice públicas algunas reflexiones bajo el título: El voto “Qué me da” y el voto “Caperucita Roja”.

Hago esta mención, porque las reflexiones que siguen, están en relación directa con esas otras (https://wp.me/p6rfbZ-hC4).

                Según los resultados de las votaciones del 3 de abril y contadas las papeletas depositadas en más del 90 por ciento de las mesas electorales, estos escrutinios daban a Rodrigo Chaves por ganador. Chaves 972.397 votos, el 52.89% y a José María Figueres Olsen 865.227 votos, el 47.11%.

                Las tres provincias costeras: Guanacaste 53.443 votos a Figueres y 66.747 a Chaves; Puntarenas 57.920 votos a Figueres y 89.256 a Chaves y Limón 47.381 votos a Figueres y 80.665 a Chaves.

                Las provincias de la Gran Área Metropolitana: San José 330.583 votos a Figueres y 315.359 a Chaves; Alajuela 157.321 a Figueres y 204.796 a Chaves; Cartago 120.991 a Figueres y 112.067 a Chaves; Heredia 97.588 a Figueres y 103.507 a Chaves.

                Con estos conteos ya se daba por ganador a Chaves: En Alajuela y Heredia y a Figueres en San José y Cartago. Este último, sólo ganó en dos de las siete provincias del país y Chaves en cinco.

                Siguiendo con las estadísticas, con muy poca diferencia Figueres ganó en San José y Cartago. Con alrededor de quince mil votos en San José y con alrededor de ocho mil votos en Cartago. Mientras que Chaves ganó en Alajuela con una diferencia de alrededor de cincuenta mil votos y en Heredia con una diferencia de alrededor de seis mil votos.

                En las provincias costeras, Chaves ganó en Guanacaste con una diferencia de alrededor de trece mil votos; en Puntarenas con una diferencia de alrededor de treinta mil votos y en Limón con una diferencia de alrededor de treinta y tres mil votos.

                Entonces Chaves ganó en las tres provincias más empobrecidas, olvidadas y abandonadas, con más votos “Qué me da”, que con votos “Caperucita Roja”.

                Por otro lado, en las dos provincias de la GAM que ganó Chaves, sumadas las diferencias, son mayores que en las dos que ganó Figueres.

                El dato relevante acá, es que en las cuatro provincias es notorio el aumento de los signos de pobreza, los datos sobre falta de oportunidades, entre otras evidencias de deterioro social, por lo que tiene elementos de acierto decir que aquí, también el voto “Qué me da” le ganó al voto “Caperucita Roja”.

                Esto es la realidad objetiva. En cuanto a los factores subjetivos, los mensajes de Figueres al voto “Qué me da”, fueron más demagógicos y sin asidero. Mientras que los mensajes de Chaves hacían alusión a tomar medidas dirigidas a bajar los fondos del Estado que “se van” en la corrupción, para crear oportunidades a los sectores marginados, para dar opciones a acceder a algo más que sus tres necesidades básicas: comida, vestido y habitáculo. Y agregar acá, tal vez para algunos, celular y signos externos de marca.

                Según un servidor de transporte público de taxi: “Sí, es que la gente piensa, y se lo digo porque aquí se sube toda clase de gente: Si el dinero de la corrupción sólo va a dar al bolsillo de los ricos, mejor que roben pero que venga a dar algo a nosotros. Porque Chaves no es ninguna “santa paloma”, también va a robar”.

                El voto “Caperucita Roja”, con sus miedos, con el susto sobre que Chaves va a terminar siendo un dictador de bigotito corto y pelo alborotado, no aportó lo suficiente para un gane.

                Tampoco alcanzó el juego de algunos personajes de entrevista, de “medios de comunicación” (que no son medios porque no median) de aquellos canales unidireccionales o correas de transmisión que sólo llevan des información en un sentido; esos a los que con desatino les dicen “prensa vendida”, sin saber que no es vendida sino parte del festín.

                El voto tradicional de saga, con actitudes irreflexivas y desinformadas, se apresuró a degenerar refranes y dichos. Esta población, fue capaz de transformar el refrán “Mas vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer”, primero en “más vale lo malo conocido…” y luego en “más vale ladrón conocido…”, esto desde la primera vuelta del 6 de febrero, no sólo ante la disyuntiva Chaves-Figueres. La dignidad ciudadana parece que fue escondida por un miedo irracional, el conformismo, o el desinterés por informarse.

                Aquí llegan al recuerdo cosas como: “Es que mi abuelita me hizo jurar que no iba a botar por otro partido”, sin reflexionar que esos eran los tiempos de Don Pepe y del Calderón Guardismo y no los tiempos de los que, con sus actos, han permitido que les llamen “Pinocho”, “Chemisillo”, o hasta “el hijueputa”, como uno de ellos lo admite y de otros que ellos mismos han patrocinado para convertirlos en azotes, para toda la población, que no es parte de sus grupos.

                Recuérdese que cuando Figueres quiso evidenciar a Chaves como acosador, éste lo desnudó como agresor y abandónico.

                Veremos si Chaves le sigue la pista al negocio de la energía privada, negocio de Figueres y otros. Tal parece que no.

                Por otro lado, lo que para unos y para Chaves mismo parece “trapito de dominguear”, para otros es una vergüenza: funcionario del Banco Mundial, una organización nefasta para pueblos y países empobrecidos, en lo que, entre otros, este organismo tiene responsabilidad.

                Algo o mucho, parece decir que el tiempo del PLUSC, cuando familias tenían un miembro en cada partido, sin importar cuál gana, está terminando, ufff.

                Así también, el voto que le dio la pérdida a Figueres, es aquel voto de quienes ya están hartos de tanta corrupción y descaro y de otros que, con pragmatismo dicen: “Y para mí cuando”.

                Ahora bien: Tanto Figueres como Chaves, los dos fueron a ofrecerse y pedir votos, a los “demonios de la Ideología de género”, los dos parecen congeniar los mismos intereses de servidumbre y propia servidumbre, ya se fueron a buscar entre ellos y se hicieron ofrecimientos mutuos y ya parecen delinear el camino: ellos ganan y los demás perdemos.

                Tiempo para reflexionar: con la mayoría del voto “qué me da”, podría pensarse en un trabajo, para que sea protagonista y no sólo la mayoría manipulada que pone la mano en los procesos de votación.

                Al voto “Caperucita Roja”, le queda entender que el miedo no es el mejor motor.

                Al voto tradicional de zaga, le queda preguntarse y responderse: ¿va a la zaga de qué o de quiénes?

                En fin, según aquellas palabras de Joseph de Maistre: “Cada pueblo tiene el gobierno que se merece”.

Abril de 2022.

Resolución de Corte Interamericana pone en entredicho leyes anti huelgas en el continente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Trabajo.

Artículo publicado en Semanario Universidad

Por Daniela Muñoz Solano | danielavms@gmail.com

8 abril, 2022

La CorteIDH condenó al estado guatemalteco por despedir a 65 trabajadores del Organismo Judicial de ese país por participar en un movimiento de huelga que fue declarado ilegal. 

Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría poner freno a las legislaciones que pretenden restringir el derecho de huelga en distintos países, incluyendo Costa Rica.

El pasado 26 de enero de 2022 la mencionada Corte comunicó la sentencia en el caso «Extrabajadores del Organismo Judicial Vs. Guatemala» e informó que encontró al estado de ese país responsable internacionalmente «por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de 65 personas extrabajadoras del Organismo Judicial de Guatemala despedidas por su supuesta participación en un movimiento de huelga que fue declarado ilegal».

La Corte IDH resolvió de manera unánime que ese Estado era culpable por la violación a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial de los demandantes y también, acordó por mayoría (seis votos contra uno) condenar a Guatemala por violar el derecho a la huelga, la libertad de asociación, la libertad sindical, el derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad laboral.

La huelga de los trabajadores del Organismo Judicial se dio en 1996 y fue declarada ilegal por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, por lo que los participantes fueron despedidos. La Corte Interamericana resolvió que al «haber ejecutado los despidos como consecuencia directa de la declaratoria de ilegalidad de la huelga, sin un procedimiento previo e individualizado, violentó el derecho al debido proceso de las víctimas». Además, al no establecer un procedimiento claro para que se impugnara la declaratoria de ilegalidad de la huelga, la Corte consideró que el estado violentó el derecho a la protección judicial.

El tribunal internacional indicó que «el criterio de legalidad de la huelga es un elemento central respecto de la posibilidad de ejercicio del derecho de huelga», por lo que las condiciones y requisitos que la legislación establezca para que una huelga se considere legal «no deben ser complicados al punto de producir que en la práctica resulte imposible una huelga legal».

«Si bien se pueden establecer condiciones para ejercer el derecho de huelga en el marco de la negociación colectiva, estas condiciones deben ser razonables y en ningún momento deben afectar el contenido esencial del derecho de huelga, o la autonomía de las organizaciones sindicales», indicó el Tribunal, que también señaló que la legislación del momento establecía «limitaciones arbitrarias» al derecho de huelga, a la libertad de asociación, a la libertad sindical y afectaba el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral.

Esta resolución, según representantes de organizaciones sindicales y especialistas en temas judiciales podrían poner en jaque las normativas que pretenden restringir las huelgas en la región, como es el caso de la Ley N° 9808 «para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos», mejor conocida como Ley Anti Huelgas.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) celebró la sentencia afirmando que «su afiliación puede estar segura» tras la resolución. «Anep se viene preparando para litigar en la Corte IDH por las violaciones de Derechos Humanos que vienen ocurriendo en el país. Será un precedente de gigantesco impacto político-social y económico», comunicó la organización.

En entrevista con UNIVERSIDAD, el secretario general de la organización, Albino Vargas, dijo que el sindicato en conjunto con el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos está preparando litigios sobre derechos humanos a nivel internacional. Entre otros temas, esperan llevar ante la corte violaciones al derecho de huelga, a la negociación colectiva, al salario mínimo (incluso en el sector privado) y violaciones a derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas que consideran, se dan con la aprobación de la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y la Ley marco de empleo público.

«Esto que resolvió la Corte en el caso de Guatemala es un anticipo de las vicisitudes que enfrentará el estado costarricense por emitir legislación violatoria de los derechos humanos consagrados en el sistema internacional», dijo el sindicalista.

Además recordó que en mayo del 2021 la misma corte emitió una opinión consultiva sobre la libertad sindical, el derecho de huelga y negociación colectiva (OC-27/21) que es de acatamiento obligatorio para el país, lo que sumado a la reciente sentencia, dice, «augura la muerte de la Ley Anti Huelgas».

«Esta Opinión Consultiva llegó en un momento importante porque es que la Sala renunció a la defensa de los derechos sociales que consagra la constitución y está alineada al poder económico y dominante, que es de corte neoliberal», agregó.

El sindicalista dijo que así como el país tuvo que incorporar, «en contra lo que querían el Ejecutivo, la Sala y la Asamblea Legislativa» el matrimonio igualitario y la fertilización in vitro a la legislación como consecuencia de decisiones de la CorteIDH, esperan que «pasen cosas semejantes en relación con derechos sindicales, salario mínimo, derecho a la huelga e incluso, en el caso de las condiciones en las pensiones».

Jorge Morales, jurista y ex secretario general del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), comentó que aunque las organizaciones del Poder Judicial aún no han realizado un análisis minucioso de la resolución, sí consideran que «llama poderosamente la atención pues sienta un importante precedente».

Además, recordó que durante la discusión de la mencionada ley, se emitieron informes por parte del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye; el Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clement Nyaletsossi Voule; y el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, señalando la incompatibilidad del texto con los tratados de Derechos Humanos de los que Costa Rica es firmante.

«Sin duda —dijo Morales— esta sentencia es un elemento importante que debe tomarse en cuenta. Las nuevas autoridades costarricenses deberían poner las barbas en remojo, viendo que las del vecino están ardiendo, esto debería ser motivo de alarma porque una condenatoria en cuanto a desprestigio, costos y demás sería peor incluso en términos fiscales, que la derogación o modificación de esas normativas que vulneran derechos», dijo.

 

Imagen ilustrativa.

Mensaje del Partido Acción Ciudadana de cara a los resultados de las elecciones de Segunda Ronda

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

En torno a los resultados de la segunda ronda electoral Costa Rica concluyó su jornada electoral en orden y en paz a pesar de los fuertes cuestionamientos a los partidos y las candidaturas finalistas. El candidato Rodrigo Chaves del Partido Progreso Social Democrático resultó electo con más del 50% de los votos válidos emitidos y un abstencionismo cercano al 43% (el más alto desde 1948), un ambiente político adverso, altamente polarizado y con grandes desafíos ante la recuperación postpandemia. 

Finalizado el proceso electoral, reconocemos y aceptamos la voluntad popular, como lo hemos hecho siempre y el reto de continuar trabajando por la Costa Rica que queremos.

La pasada contienda electoral deja claro que ninguna de las opciones políticas en juego tiene la fuerza suficiente para hacer cambios que trastoquen el complejo tramado de la corrupción, los abusos de poder, el clientelismo y el populismo. Es necesario insistir en la búsqueda de acuerdos multisectoriales, sin exclusiones, que deberán fundarse en la visión del bien común, el respeto a los derechos humanos, la igualdad y equidad de las mujeres, el desarrollo sostenible, la descentralización y la gobernanza multinivel. 

La atención a las provincias costeras y a las poblaciones en condición de vulnerabilidad se impone como prioridad nacional y para ello, se requiere ajustes estructurales de gran calado que deberán hacerse por la vía democrática y respetando los procesos legítimos que establece la institucionalidad pública.

Sin diálogo y sin búsqueda de acuerdos justos de largo plazo, este país podría verse sumergido en protestas de todo tipo, debilitando aún más la credibilidad en el sistema de partidos políticos, las oportunidades de desarrollo económico y las capacidades del Estado para encontrar soluciones que beneficien a la toda la ciudadanía en un ambiente de paz. 

Se requieren reglas claras y transparentes para abordar con diligencia las grandes necesidades de los sectores más vulnerables, en una coyuntura global desfavorable, que impone ajustes radicales al estilo de desarrollo. El Partido Acción Ciudadana se encuentra en un proceso de diálogo partidario, basado en la autocrítica de su gestión política para renovar su propuesta programática y la ruta de trabajo con atención a la experiencia de las dos administraciones y 21 años de existencia. Trabajamos en la promoción de los diálogos territoriales, sectoriales y de poblaciones para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y una cultura de responsabilidad con la ética pública y privada.

Por nuestra parte, el compromiso es promover y contribuir en la formulación de acuerdos multisectoriales, vigilar la ejecución eficaz y transparente de los fondos públicos, ambientes de trabajo respetuosos de la dignidad de las personas y particularmente de las mujeres. 

Nos mantendremos vigilantes de los derechos humanos, la cultura de paz, la justa distribución del ingreso, la protección de los recursos naturales, la separación de poderes, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, el ejercicio responsable y democrático del poder. Propiciaremos encuentros con sectores progresistas para la elaboración de una agenda común y la defensa del Estado social de derecho. 

¡Por Costa Rica siempre!

“Medios de comunicación como herramientas de propaganda para sembrar el odio hacia todo lo ruso en el mundo”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Sr. Embajador de Rusia Yury Bedzhanyan

Desde el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, nuestro país se ha enfrentado a la campaña desmedida de desinformación en el espacio mediático internacional.

En esta campaña, para sorpresa, casi nunca salieron noticias que mencionaran los crímenes del régimen en Kiev cometidos contra sus propios ciudadanos residentes de las regiones de Donetsk y Lugansk durante 8 años desde 2014, el terror que enfrentaron la gente de estas dos repúblicas. Los medios occidentales pasaron por alto los documentos del mando de la Guardia Nacional de Ucrania que obtuvo la parte rusa, documentos que confirman la preparación secreta por parte del régimen de Kiev de una operación ofensiva en Donbás en marzo de 2022, ignoraron la información sobre los laboratorios que desarrollan armas biológicas en Ucrania donde EE.UU. estaban desarrollando esta actividad en pleno secreto, de la misma manera que la están haciendo en otros territorios ex soviéticos durante últimos 30 años, creando sus laboratorios biológicos militares a lo largo de las fronteras de Rusia.

Queremos recordar que Rusia desde 2014 afirmó del primer día del surgimiento del conflicto entre Ucrania y dos regiones de Lugansk y Donetsk, la necesidad de resolverlo sólo por la vía político-diplomática. Para esto, se concertaron los acuerdos de Minsk entre las partes en conflicto con garantías de tres potencias: Francia, Alemania y Rusia. No obstante, los persistentes esfuerzos y llamamientos de los líderes rusos a las partes en conflicto, así como a los países garantes, Francia y Alemania, durante los últimos ocho años a que se sientan a la mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo, lamentablemente no han tenido éxito alguno.

En vez de mostrar disposición y deseo real de iniciar el proceso de negociaciones de paz, Kiev optó por el camino de sabotaje abierto de los acuerdos de Minsk, un conjunto de “medidas” aprobadas por la Resolución 2202 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de amenazas y provocaciones, aliento de nacionalistas locales y neofascistas que llaman a una solución militar al conflicto.

Es imposible recordar sin consternación la gran tragedia ocurrida en la ciudad de Odesa el 2 de mayo de 2014, cuando en la Casa de los Sindicatos los nacionalistas ucranianos quemaron vivos a 52 manifestantes pacíficos que se pronunciaron en contra del golpe de Estado del 2014. Se conocen los nombres de los delincuentes que cometieron este crimen: posaron ante las cámaras de foto pero ninguno de ellos fue sancionado penalmente todavía.

Las fosas comunes halladas en Donbás son una prueba irrefutable de las consecuencias criminales de los bombardeos masivos de la infraestructura civil por las fuerzas ucranianas. Según los expertos forenses, la mayoría de los fallecidos fueron mujeres y ancianos. Los intentos de centrar la atención del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en estas arbitrariedades que continuaron ocho años, chocaron con la indiferencia. 

Hoy, por todo el mundo es conocida la monstruosa cifra de 14 mil víctimas de este conflicto. La gran mayoría de ellos son residentes de Donetsk y Lugansk. Todos estos 8 años hubo bloqueo económico, de transporte y de alimentos contra Donbás, todos estos años la gente se escondió de bombardeos en los sótanos. El gobierno de Ucrania adoptó la política de prohibir el idioma ruso, todo lo ruso, y al mismo tiempo los idiomas húngaro y rumano, que son hablados por minorías nacionales que han vivido en el territorio de la Ucrania moderna durante siglos. ¡Así no es como tratan a sus ciudadanos en el mundo civilizado!

¿Dónde han estado todos estos años las voces de los que hoy con tanto celo condenan a Rusia? ¿Por qué nadie “se dio cuenta” de cómo las fuerzas armadas ucranianas masacran sistemáticamente a su población civil solo por ser de habla rusa? Tales hechos en otras regiones del mundo se llaman en una palabra: ¡genocidio! Kiev no necesita habitantes en Donbás, sino solo la tierra de Donbás. ¡El anterior presidente de Ucrania, Poroshenko, los llamó “gentuza, individuos que se pudrirían en los sótanos”, y el actual presidente, Zelensky, les sugirió (¡a sus propios ciudadanos!) que se “larguen” a Rusia!

La política hostil y misántropa del régimen de Kiev contra su propio pueblo, contra Rusia, ha dejado de “encajar” en cualquier marco. En Rusia, se escucharon claramente las palabras del presidente Zelensky pronunciadas recientemente en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que Ucrania no excluye la posibilidad de recuperar el estatus nuclear. Nos gustaría preguntar a nuestros socios occidentales: ¿alguien ha reaccionado a esta loca declaración, alguien la ha condenado? ¡No! Esta política tradicional de varios países occidentales de ignorar la retórica y las acciones provocativas y sin principios de los líderes ucranianos ha servido en gran medida y sigue sirviendo como una “luz verde” para una mayor escalada por parte de las autoridades de Kiev. 

La campaña de información que va acompañada de informes de medios extranjeros sobre los acontecimientos que tienen lugar tanto en Ucrania como en sus alrededores, es sorprendente. Francamente, no sorprende que muchos costarricenses no tengan acceso a nada más que mensajes de AFP, Bloomberg, CNN y de otros gigantes de los medios occidentales. En realidad, es como vivir en el vacío. Siguiendo la práctica absolutamente viciosa (antidemocrática) de varios países occidentales, sorprendentemente aquí también se intenta eliminar la cadena “RT” del campo informativo costarricense solo porque sus noticias alternativas no corresponden a lo que los principales medios occidentales están transmitiendo. ¿Dónde está entonces una de las principales normas democráticas reconocidas internacionalmente: la libertad de expresión? No se puede jugar con un objetivo. Cuando uno lee o ve reportajes en los medios locales sobre los acontecimientos en Ucrania, se sorprende de que nosotros (yo personalmente) ya vimos muchas fotos prestadas de los medios occidentales absolutamente idénticas con ventanas y casas rotas hace varios años cuando los Estados Unidos y otros países europeos bombardearon la capital de un estado europeo: Belgrado, o las fotos de personas corriendo por las calles de la Birmingham británica, aparentemente durante la dispersión de la manifestación pero dadas por las calles de Kiev, y mucho más. ¡Está bastante claro que ninguno de los lectores comunes identificará la autenticidad o la correspondencia de las fotografías publicadas con los hechos reales! ¡Pero qué efecto de estas falsificaciones!

Por supuesto, cualquier persona normal no puede permanecer “indiferente” a los informes de esta índole. Sin duda, la guerra y la muerte de personas inocentes, ancianos, niños, es la tragedia más terrible de nuestros tiempos. Pero no es menos blasfemo manipular el material informativo, causar una percepción extremadamente negativa y completamente justificada para un gran número de lectores, creando hábilmente la imagen de un “monstruo sediento de sangre” del país y de su gente. Por decir lo menos, esto es injusto y poco profesional.

¿Por qué a Rusia no le quedó más remedio que lanzar una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania? Me gustaría responder a esta pregunta con las siguientes preguntas: ¿Qué pasaría si, digamos, en Canadá, como resultado de un golpe de Estado, llegara al poder un gobierno ultranacionalista que prohibiera el uso del idioma francés en Quebec, o si en España un gobierno similar prohibiera hablar en catalán? ¿Cómo reaccionaríamos todos ante tales hechos, donde se viola el derecho de cualquier pueblo a proteger su lengua, cultura, forma de vida, creencias, tradiciones, historia y la vida misma? ¿O sobre las acciones de cualquier estado soberano para proteger la seguridad dentro de sus propias fronteras? ¿O lo que es permitido para uno, no lo es para el otro? Recuerden los eventos de los últimos meses: Rusia envió a los líderes de los Estados Unidos, de la OTAN, un proyecto de tratado sobre garantías de seguridad, en el que se establecieron de manera más concreta nuestras propuestas para garantizar la paz y la seguridad tanto en Europa como en todo el mundo. Debe admitirse honestamente que la respuesta recibida de nuestros socios occidentales indica claramente su falta de voluntad y disposición para acordar garantías firmes y jurídicamente vinculantes para garantizar la seguridad de Rusia: la negativa a ampliar aún más la OTAN, la negativa a crear bases militares en el territorio de países que antes formaban parte de la URSS, etc. 

En ausencia de la disposición de los estadounidenses y los miembros de la OTAN para negociar, el liderazgo ruso advirtió que se vería obligado a responder, incluido mediante la implementación de medidas técnico-militares.

Y otro punto extremadamente importante. A disposición del Ministerio de Defensa ruso había documentos secretos que atestiguan la preparación por parte de Ucrania de una operación militar en el Donbás en marzo de este año. La operación militar especial de las fuerzas armadas rusas emprendida por Rusia en realidad adelantó e interrumpió la ofensiva a gran escala de las fuerzas de ataque de las tropas ucranianas en los territorios de Donbás y Lugansk no controlados por Kiev en marzo de este año.

Para resumir, queremos subrayar que sin duda, el propósito de la malintencionada campaña de desinformación en los medios, es sembrar el odio hacia Rusia y todo lo ruso en el mundo. Los compatriotas nuestros varios países del mundo se han enfrentado ya la discriminación por motivos raciales y comportamiento agresivo hasta en contra de los niños en las escuelas.

En una situación similar a la que está sucediendo hoy en Ucrania y alrededor de Ucrania, la presentación del material informativo por parte de los medios de comunicación debe ser imparcial y verificada tanto como sea posible en términos de confiabilidad.

En este sentido, queremos hacer un llamado a la dirección de “La Nación”, un periódico tan influyente y respetado en Costa Rica, a que haga un análisis equilibrado, objetivo y sustantivo de lo que está sucediendo en la política mundial, incluida la situación en Ucrania, y antes de publicar las noticias con referencia a las agencias occidentales verificar (existe, por ejemplo, una página de https://waronfakes.com/es/) la información para no difundir noticias falsas.”

Ejemplos de noticias falsas:

  1. https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/rusia-ucrania-logramos-escapar-tuvimos-suerte/3OMNRMJL7BFBPIXWRYL7IOMH5I/story/

Las noticias sobre un supuesto ataque ruso con misiles contra un edificio residencial en Kiev en realidad hubo una falla en el sistema de guía de un misil del sistema de defensa antiaéreo ucraniano “Buk-M1”. Fue un misil ucraniano que golpeó el edificio por esta falla. 

  1. https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/rusia-ucrania-macron-habla-con-putin-y-luego-con/KLIL6CAZHND2FPRXDEE7JTXBDM/story/

El 3 de marzo, se comunicó sobre un ataque ruso contra la central nuclear Zaporizhzhia – en realidad, ya el 28 de febrero, las FFAA rusas tomaron el control de la central nuclear de Zaporizhzhia y sus alrededores. Para el momento, las unidades ucranianas que custodiaban la planta habían abandonado el lugar. Los últimos cinco días, el personal de la central nuclear ha trabajado de manera regular, controlando la situación radiactiva. Pero en el territorio adyacente a la planta nuclear, que ya estaba bajo el control ruso, se realizó un intento de una terrible provocación – un grupo de sabotaje ucraniano abrió fuego desde las ventanas del complejo de entrenamiento, que se encuentra fuera del área principal de la central, contra el ejército ruso. En respuesta, las posiciones de los saboteadores ucranianos fueron neutralizadas. Escapando, el grupo de sabotaje prendió fuego al edificio. Actualmente, la central nuclear continúa operando regularmente. Lo arriba expuesto representa otro ejemplo de la desinformación y la manipulación de parte de las autoridades ucranianas que recurre a las provocaciones cada vez más peligrosas para crear en el mundo un ambiente hostil acerca de Rusia. 

¡Es difícil imaginar la ingenuidad de aquellos que piensan que las fuerzas armadas rusas pueden atacar la planta de energía nuclear más grande de Europa, ubicada cerca de la frontera ruso-ucraniana!

  1. https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/al-menos-17-adultos-heridos-en-bombardeo-de/VW7ESAW7K5FUNG5MT5JL5DHSNQ/story/

La red está difundiendo información de que Rusia lanzó un ataque aéreo contra un hospital de maternidad en la ciudad ucraniana de Mariupol. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lo llamó “una atrocidad”. Según él, las mujeres y los niños permanecieron bajo los escombros. En la realidad a pesar de que la información sobre la ataca apareció el 8 de marzo en el medio del día, no se veía ni un solo paciente en numerosos videos y fotos, las imágenes de mujeres embarazadas aparecieron en el espacio de información mucho más tarde, en la noche del 9 de marzo. Sin embargo, inmediatamente volaron por todas las agencias de noticias y públicos, comenzaron a extenderse en varias comunidades populares y entre blogueros, lo que puede ser el resultado de una campaña planificada. Y ello a pesar de que los propios vecinos afirman que en la maternidad no había parturientas ni personal.

La historia plantea muchas preguntas. Es lógico suponer que si realmente hubiera mujeres en trabajo de parto, entonces los empleados del servicio de rescate y los testigos presenciales que llegaron primero al lugar tomarían inmediatamente una foto del lugar de la emergencia con sus teléfonos, sin esperar a un conocido fotógrafo de reportajes. Sin embargo, sucedió que el conocido propagandista ucraniano Yevhen Maloletka fue el primero en preparar y publicar las fotografías.

Ya hemos recibido la confirmación indiscutible de la producción de “tomas con mujeres embarazadas”. Los ucranianos utilizaron a la modelo Marianna de Mariupol para las tomas más ruidosas (hay tres en total). Es curioso que interprete a dos mujeres embarazadas diferentes a la vez: incluso tuvo que cambiarse de ropa y volver a pintar, lo que, sin embargo, no sorprende: de hecho, Marianna es una reconocida bloguera de belleza en la región. Cabe señalar que la niña está efectivamente embarazada, pero simplemente no puede permanecer en la maternidad: los militantes del batallón nacionalista «Azov» han estado utilizando el edificio de la maternidad como zona fortificada durante varios días, habiendo desalojado a todos parturientas y todo el personal médico de la misma.

 

Compartido con SURCOS por Arturo Fournier.

Elecciones, salarios y reactivación económica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical SIFUPCR

La mejor reactivación económica debe aspirar a eliminar o reducir la precariedad laboral y desarrollar una política salarial que aspire a generar vida digna. LA REGLA FISCAL debe ser modificada estructuralmente para modernizar, humanizar y garantizar que la institucionalidad sea motor de equidad,  igualdad e inclusión social. Las señales reales de «comerse la bronca» que empiece a dar Don Rodrigo Chaves Robles, van a determinar el grado de aceptación social y el grado de paz social. Los y las que votaron por Don Rodrigo Chaves Robles ( les respetamos y les entendemos) que sin duda no dudamos son los más pobres de las costas y buena parte de la urbe, dieron su apoyo por una nueva oportunidad para la esperanza y contra la corrupción, veremos si en el corto plazo se cumplen las medidas prometidas, de lo contrario el desencanto popular será tal, que no dudamos vernos en las calles. Para verdades el tiempo. 

El autor invita a leer el siguiente texto publicado por Roxana Morales Ramos en la página 23 del periódico CAMPUS de abril como complemento al tema tratado.

“Cae poder Adquisitivo de los salarios” Roxana Morales Ramos.

El poder adquisitivo se refiere a la cantidad de bienes y servicios que una persona puede adquirir con una determinada cantidad de dinero (ingreso) a través del tiempo. Esa cantidad está determinada por el nivel de precios (inflación); es decir, entre más suban los precios, sin aumentar los ingresos, mayor será la pérdida de poder adquisitivo. En los últimos años, el Consejo Nacional de Salarios aprobó los siguientes aumentos en los salarios mínimos del sector privado

  • +0,30% a partir de enero 2021 (CP-046-2020 MTSS).
  • +2,09% a partir de enero 2022 (CP-027-2021 MTSS).

De enero 2021 a febrero de 2022 la inflación acumulada, medida por el Índice de Precios al Consumidor (PC), fue de 4.8%, lo que evidencia que los ajustes salariales decretados para el sector privado no alcanzan para cubrir el aumento que ha habido en los precios promedio de la economía en los últimos 14 meses

Por su parte, en el caso de las personas trabajadoras del sector público, la última vez que obtuvieron un incremento salarial, sea por salarios base o por anualidades, fue en enero 2020 y —en algunos casos— en julio do ese año De julo 2020 a febrero 2022, la inflación acumulada ronda el 5,8%, lo que claramente demuestra una reducción en la capacidad de compra de este grupo de trabajadores. ya que no ha habido ningún ajuste salarial desde hace casi dos años.

Lo anterior es producto de la aplicación de la Ley 9635, que en su título IV establece que cuando la relación deuda pública/Producto Interno Bruto (PIB) supera el 60%, no se pueden ajustar los salarios base ni por inflación Al cierre de 2021, la deuda alcanzó el 70% del PIB y para llevarla por debajo del 60% tardará varios años En este escenario, es probable que los salarios se mantengan congelados, lo que afectará de manera importante el consumo privado y, por ende, el crecimiento económico.

Adicionalmente, mediante la incorporación de un transitorio único a la ley N°2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, se prohibió otorgar montos incrementales por anualidad durante los años 2021 y 2022.

Bajo este contexto, serán muchos los meses en que las personas trabajadoras del sector público no recibirán ajustes en sus salarios, lo cual afectará, sin duda, su calidad de vida y la de sus familias, por tanto, urge que se revise y modifique la normativa indicada, más aún en momentos donde se vislumbra un aumento en los niveles de precios a nivel nacional e internacional, incrementos en tasas de «teres (que afectarán a las personas deudoras y la posibilidad de adquirir nuevos créditos), y aumentos en el tipo de cambio (que afectará también a las personas que mantienen deudas en moneda extranjera, y se encarecerán aún más las importaciones).

Compartimos esta reflexión que es oportuna:

 

Foto de portada: Karla Richmond, UCR.

Los programas gubernamentales de desarrollo regional, esfuerzos parciales y limitados frente a las persistentes desigualdades regionales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Este 31 de marzo del año se realizó la rendición de cuentas ante los gobiernos y líderes locales por parte de la vicepresidenta de la República y coordinadora política de la zona Norte, Epsy Campbell, del programa de desarrollo de la zona Huetar Norte, denominado Pacto de Desarrollo de la Zona Norte iniciado el 30 de marzo del 2019.

En dicha rendición de cuentas se mencionaron logros en infraestructura social, de salud y educativa y se precisaron acciones para la atención de necesidades de agua de los habitantes de esa zona mediante 35 proyectos que beneficiaron a 237.000 personas, con una inversión de poco más de ₡34.000 millones.

También se indicaron acciones en infraestructura en salud, en donde se destaca el nuevo Servicio de Emergencias del Hospital de San Carlos, los EBAIS de Cedral (San Carlos), Katira (Guatuso), Cuajiniquil y el hospital móvil en Los Chiles. Con el nuevo mamógrafo del Hospital de San Carlos las habitantes de la Zona Norte ya no deben trasladarse a San José para realizarse ese examen.

En lo que respecta a infraestructura educativa, se señaló la construcción de 19 nuevos centros educativos completos, gracias a una inversión de ₡20 000 millones, que benefician a casi nueve mil estudiantes. En el apartado de infraestructura social, una inversión de ₡8 000 millones permitió que 13 proyectos de vivienda cubrieran a 428 familias. También, se otorgó el bono comunal en la comunidad de Disneylandia (en Pital de San Carlos), que benefició a 1764 personas.

En el informe también se revelan los avances en conectividad; se resalta la construcción de centros de acopio; se subraya la modernización de los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Tablillas (Los Chiles) y se destaca que el programa ‘Huella del Futuro’ ya sembró 300.000 árboles para reverdecer la Zona Norte, cifra que sobrepasó la meta inicial de 200.000 especies para setiembre de 2021. (ElPais.cr,5-4-2022)

Las actividades de rendición de cuentas en las regiones Chorotega, Huetar Caribe y ahora en la Huetar Norte, son el resultado de la labor de la Administración Alvarado que al inicio de su gestión, había impulsado procesos de apoyo al desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de  desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central, coordinados por los Ministros de Economía y de la Presidencia respectivamente. 

En todos ellos se realizaron procesos de diálogo que permitieron identificar los problemas regionales, y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción.

La Administración del presidente Carlos Alvarado se había propuesto impulsar una estrategia de desarrollo en varias regiones del país. Según el Presidente “esta estrategia interterritorial (…) potenciará el desarrollo económico y social, generará un aumento de la productividad e impactará positivamente la calidad de vida de más de 300.000 personas”. (LN.com,30-3-2019)

Esta Administración definió como sus prioridades de intervención en el desarrollo regional: las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, por lo que el presidente Alvarado y la vicepresidenta Campbell, procedieron a presentar el 29 de marzo de 2019 en la zona norte, el programa Franja de Desarrollo que incluía una lista de 79 proyectos para la reactivación económica en los cantones fronterizos.

La propuesta se centraba en la atención de 8 cantones: La Cruz, Upala, Los Chiles, Guatuso, San Carlos, Río Cuarto, Sarapiquí, Pococí y Peñas Blancas de San Ramón.  Entre las iniciativas estaba la construcción de un centro de valor agregado, que sería un espacio para que los productores ofrezcan sus mercancías, se incluía la construcción de la sede de la Universidad Técnica en San Carlos y unos 23 proyectos de agua potable, además de la realización de estudios de factibilidad para el aeropuerto de Altamira de San Carlos y la conclusión de estudios del tren de carga Pacífico-Norcaribe.

Otro proyecto mencionado era la inauguración del Parque Solar Cooperativo de Coopelesca, ubicado en Pocosol, lo que lo convertiría en el parque de generación de energía solar fotovoltaica más grande de Costa Rica, asimismo, se efectuó el lanzamiento del Plan Nacional de Cacao 2018-2028, con el cual se pretendía en un plazo de 10 años elevar la plantación de cacao y en el proceso, paliar la pobreza en las zonas donde más se siembra la fruta.  La propuesta era una hoja de ruta para el apoyo institucional en 5 eslabones de la cadena productiva: insumos y servicios, producción, transformación y consumo.

No obstante, desde la presentación del programa regional, existían algunas dudas si éste no era más que un conjunto de proyectos específicos e iniciativas puntuales, con poca conexión entre ellas y gestionados fundamentalmente por la acción institucional, sin un enfoque articulador de desarrollo territorial endógeno.

Se indicaba que las iniciativas se encontraban dispersas en los cantones involucrados y tienen diferente origen y escala, como el centro comunal de desarrollo empresarial de Pocosol, el parque de energía solar de Coopelesca en Santa Rosa, la infraestructura para el turismo rural del grupo Maleku de Guatuso y la sede de la UTN en San Carlos.

Igualmente llamaba la atención que, en los proyectos de infraestructura, se priorizaba en la construcción del tren de carga y el aeropuerto de San Carlos y no se consideró la reconstrucción al menos parcial de la trocha fronteriza y la conclusión de la carretera a San Carlos, obras demandadas por la población (ElPais.cr,4-4-2019).

Luego de transcurridos 3 años, en el informe de rendición de cuentas es posible establecer la ausencia de la varios de los proyectos que se mencionaron al inicio, ya que probablemente se quedaron en la fase de formulación, que su implementación no tuvo viabilidad o un avance importante, a excepción del Centro de valor agregado, para el que se definió el lugar en Santa Clara de San Carlos, las especificaciones de la infraestructura y la forma de financiamiento.

De esa forma, es posible constatar que las expectativas generadas por la lista de proyectos para la reactivación económica en los cantones fronterizos, en energías alternativas, agua potable, emprendimientos verdes, turismo en comunidades indígenas y agroindustrialización, del programa Franja de Desarrollo (LN 30-3-2019), en gran medida no se cumplieron.

Entre las razones para que las iniciativas y proyectos no se cumplieran, se encuentran aspectos ligados al enfoque y la estrategia de ejecución de los programas de desarrollo regional utilizado por la Administración Alvarado, los cuales podrían explicar las debilidades y limitaciones de estos programas para contribuir a un desarrollo regional sostenible y a reducir las desigualdades existentes.

El primer elemento se refiere a la dependencia de la conducción y liderazgo de los programas de desarrollo territorial en algunos jerarcas del Gobierno Central, con poco conocimiento de los territorios y con poca o ninguna experiencia en gestión del desarrollo regional, extrañándose en esta labor la participación del Ministerio de Planificación.

El segundo elemento, está vinculado a que el impulso de los proyectos identificados está supeditado a la coordinación y articulación de las instituciones estatales y a la implementación conjunta con los Gobiernos locales, lo que en muchos casos condiciona su ejecución a la disponibilidad de recursos y a la capacidad de ejecución de estos entes.

En la ejecución de los proyectos anunciados estaban involucradas una buena cantidad de instituciones de diferentes áreas como el MOPT, MEP, INA, ICE, IMAS, MAG, INDER y MINAE, que debido a su funcionamiento y toma de decisiones centralizada no siempre pueden comprometer los recursos humanos y financieros necesarios para los proyectos regionales Se reconoce al respecto la intervención especial del INDER en la ejecución de obras de infraestructura rural, así como el IMAS en la transferencia de recursos para el combate a la pobreza.

El tercer elemento, tiene que ver con la existencia o no de una política de descentralización institucional, que, aunque implícita en el discurso oficial, se desconoce su vigencia y adopción por parte de las instituciones y gobiernos locales en las regiones.

Un cuarto elemento está relacionado a que, pese a que se realiza un proceso de diálogo de actores institucionales y sociales, éste no sustituye la necesidad de un diagnóstico amplio e integral sobre las condiciones sociodemográficas, económico-productivas, ambientales, culturales e institucionales de cada región.

Este aspecto a su vez, está vinculado a un problema central de los programas regionales, cual es la ausencia de un verdadero proceso de planificación del desarrollo regional, en el que a partir de las orientaciones del diagnóstico, se definan objetivos estratégicos, metas e indicadores de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados e impacten en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y activos en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(alterdescr, setiembre 2020)

El quinto aspecto y esencial, es la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo estas dinámicas deben estar en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J.et al,Rimisp,2015).

No es posible obviar que el desarrollo de la región Huetar Norte, presenta una dinámica económico-productiva  que expresa territorialmente la implementación de un modelo productivo y comercial centrado en monocultivos, como la producción de naranja, piña y raíces y tubérculos a gran escala, junto a la producción ganadera extensiva y de granos, que se ha venido gestando desde los años noventa, la que requiere ser modernizada y diversificada con la introducción de actividades de alto valor e innovación, de uso intensivo de nuevas tecnologías, importantes flujos de inversión público y privada y de incorporación incluyente de todos los sectores y actores del desarrollo en las subregiones y comunidades.

Frente a esa dinámica económica, social y ambiental de la región se plantean grandes desafíos al desarrollo regional, ya que la dinámica productiva en especial agroexportadora no está generando el empleo necesario para sostener a la población de la zona, está generando mayor pobreza y una creciente degradación y pérdida de su rica base de recursos naturales. (Cudeca,2011).

Previamente un estudio de SEPSA-PROCOMER(2008), había concluido que a pesar de las potencialidades de la RHN (invaluables recursos naturales, para la producción para el mercado nacional y para la exportación), contradictoriamente, presenta bajos índices de desarrollo social y humano (Upala, Los Chiles y Guatuso, poseen las posiciones más bajas entre los últimos diez cantones más pobres del País); existe una concentración de la actividad productiva, de la exportación y de los servicios básicos en los principales cantones y se expresan grandes disparidades a lo interno de la Región, situación que se mantiene y es imposible desconocer y es imperativo revertir.

En definitiva, no es posible impulsar el desarrollo regional con fuertes elementos estructurales y con serios rezagos en desarrollo socioeconómico y desarrollo humano, mediante un programa gubernamental de intervención y coordinación interinstitucional, alejado de los procesos de planificación regional, sin verdaderos ejes de desarrollo y con la ausencia de la dirección del Ministerio de Planificación Nacional.

Un programa de esa naturaleza, con una sumatoria de actividades algunas de ellas inviables, que tiene una ejecución parcial y que no introduce grandes transformaciones en la región, es como diría el científico social Heinz Sonntag (2013), un programa compensatorio para los excluidos del desarrollo, pero que genera descontento y frustración en la población que luego tiene manifestaciones de rechazo e indiferencia política como fue posible comprobarlo con la escasa participación de esos territorios en las recientes elecciones.

El impuesto a los combustibles: La historia que nunca nos contaron

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, CICDE-UNED

¿Es este un “impuesto al carbono”? ¿Quizá un “impuesto verde”? Es decir, ¿es un impuesto cuyo objetivo es desestimular el uso de combustibles fósiles y promover el cambio hacia formas de energía limpia? ¿Es entonces un impuesto animado por el objetivo de combatir los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global?

Remotamente podría tener ese aspecto. Pero hay al menos dos graves problemas que lo lastran significativamente: su mal diseño y su desconexión respecto de cualquier estrategia de políticas, más o menos integral y coherente.

En primer lugar, para darle viabilidad política y legitimidad social, un impuesto de esta naturaleza debía cumplir con al menos dos condiciones:

  • Debieron contemplarse mecanismos que redujesen su efecto sobre los grupos de ingresos medios y bajos, de modo que su incidencia se hiciera sentir principalmente en los de más altos ingresos. No es un problema fácil de resolver, pero podría intentarse por medio, por ejemplo, de algún tipo de subsidio, y mediante créditos fiscales a favor de micros y pequeñas empresas.
  • Los recursos provenientes de un impuesto con estas características, deberían destinarse principal -si no exclusivamente- a satisfacer objetivos ambientales. Claramente no es el caso, puesto que solo una fracción muy pequeña (3,6%) de la recaudación del impuesto, se destina a objetivos propiamente ambientales.

En segundo lugar, y si los objetivos fuesen realmente de combate al cambio climático, el impuesto no debería quedar como una medida aislada, sino como una pieza dentro de un engranaje mucho más amplio. Junto al impuesto, y mucho más allá de éste, se requieren al menos dos grandes políticas, ambas de amplia envergadura.

Primero, un programa de inversión a gran escala, que mejore radicalmente la calidad y eficiencia del servicio de transporte público. Se hace necesario todo un cambio cultural, que despoje al auto personal del aura de prestigio que recubre, y que lo convierte en una ambicionada meta dentro de los patrones de consumo de amplios sectores de la población. Pero es innegable que ello no se logrará si persisten las graves y evidentes deficiencias del transporte público, las cuales proporcionan un poderoso estímulo a favor del uso de ese tipo de vehículo.

Segundo, un programa de inversión, igualmente ambicioso, que promueva la migración hacia energías limpias en el transporte y en otras actividades en las que los combustibles fósiles siguen desempeñando un importante papel. O sea, más allá del limitado estímulo que el precio pueda proporcionar, es necesario que existan las condiciones efectivas para que otras fuentes de energía, realmente limpias, estén disponibles a costos razonables.

Nada de eso es posible, sin un vigoroso liderazgo estatal. Y la verdad es que el viraje ideológico que se hizo dominante desde hace más de 35 años, ha despojado al Estado costarricense de ese liderazgo. En el proceso ha proliferado un picadillo institucional, con organizaciones inconexas y sumamente débiles. En ello ha incidido una ideología que combina el antiestatismo con la idea de que la institucionalidad pública, tan solo debe cumplir un rol como facilitadora de la inversión privada en obra pública, lo que implica la privatización de facto de esa infraestructura pública. Esto ha dado lugar a un coctel tóxico: una institucionalidad débil y troceada, incoherente y muy vulnerable a la corrupción.

En el caso del transporte público ello es clarísimo, lo que ha facilitado que algunos cuantos consorcios privados impongan sus intereses a capricho, mientras las inversiones necesarias se posponen de forma indefinida, y los servicios resultan cada vez más defectuosos.

En lo que a las nuevas energías se refiere, el prejuicio ideológico impide impulsar las reestructuraciones y reorientaciones necesarias, y bloquea los necesarios mecanismos de coordinación. El ICE y RECOPE son, naturalmente, las instituciones públicas que deberían asumir ese liderazgo, en colaboración con las universidades públicas y algunas otras entidades. Un detalle curioso es que el famoso astronauta Franklin Chang tiene esto muy claro, pero, en cambio, estas ideas, absolutamente elementales, no logran taladrar la coraza ideológica que anestesia la inteligencia de las élites políticas y empresariales de Costa Rica. Debe quedar claro que esto no lo puede resolver el libre mercado. Si el Estado no asume un rol de liderazgo, el mercado a lo sumo aportará soluciones inconexas y muy parciales. Lo que, a fin de cuentas, significa no resolver nada.

Pero hay todavía un detalle adicional que no podemos omitir: el diseño actual del impuesto a los combustibles tiende a ser injusto y regresivo. Su incidencia sobre las tarifas del transporte público implica trasladarlo al bolsillo de los hogares y personas pobres. Pero tratándose del transporte privado, su peso relativo es mayor conforme más bajo el ingreso de la persona u hogar. Para micros y pequeñas empresas que requieren del uso de un vehículo, resulta una carga onerosa.

Digámoslo claro: este impuesto existe para satisfacer objetivos recaudatorios, o sea, para llevarle dinero al Ministerio de Hacienda y reducir un poco el déficit fiscal. Sus objetivos son fiscalistas y nada más. Hasta 2019, antes del impacto de la pandemia que, en 2020, e incluso en 2021, redujo la circulación de vehículos, este impuesto aportaba arriba del 11% de todos los ingresos tributarios (más de ₡ 600 mil millones en 2019). Claramente no hay detrás de este tributo ni objetivos ambientales, ni mucho menos objetivos de promoción de la equidad social.

Pero, en realidad, la existencia de este impuesto, tan mal diseñado y, en muchos sentidos, tan dañino, se explica porque no existen los impuestos que SI deberían existir, aquellos que gravan los rentas y ganancias de capital más elevadas, los grandes patrimonios privados y las grandes herencias. La cuestión es que la ideología de moda ordena que a los muy ricos de Costa Rica no se les deben cobrar impuestos, como asimismo prescribe que las corporaciones transnacionales, que tan jugosas ganancias obtienen en Costa Rica, tampoco tienen obligación alguna con nuestro país, no obstante, las beneficiosas condiciones que les ofrecemos. Pero, además, recordemos que en los últimos años se ha afirmado la tendencia que convierte las zonas francas en paraísos fiscales insertos en el propio territorio nacional, un refugio legalizado para la evitación de impuestos, en favor de un número creciente de grandes empresas costarricenses.

Es por eso, a fin de cuentas, que existe el impuesto a los combustibles: para intentar llenar una parte del hueco que abren esos manirrotos privilegios tributarios a favor de los grupos más ricos y poderosos.

Artículo relacionado: La ilusión del oro negro

https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/08/la-ilusion-del-oro-negro.html

La suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: algunos apuntes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

El pasado 7 de abril del 2022, la Asamblea General de Naciones adoptó una resolución mediante la cual se suspende la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

Su párrafo dispositivo primero establece que la Asamblea General:

«1. Decide suspender los derechos de la Federación de Rusia a formar parte del Consejo de Derechos Humanos ../ .. 1. Decides to suspend the rights of membership in the Human Rights Council of the Russian Federation»

Remitimos sobre esta votación a esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas (así como su versión en francés), y se reproduce el texto de la resolución adoptada al final de esta misma nota en español, en inglés así como en ruso.

Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos constituye la máxima instancia en materia de derechos humanos dentro del actual organigrama de Naciones Unidas, compuesto por Estados electos por la  misma Asamblea General de Naciones Unidas. Tuvimos la oportunidad de analizar la elección reciente de Argentina, Honduras y Paraguay por parte de América Latina y el Caribe, acaecida en el mes de octubre del 2021 (véase breve nota nuestra al respecto);  la de Bolivia, Cuba y México en el 2020 (véase nota); así como la de Brasil y Venezuela en el 2019 (véase nota). Los 8 precitados Estados constituyen los actuales representantes de América Latina en este órgano intergubernamental que se compone de 47 Estados Miembros. Cabe recordar que el actual Consejo de Derechos Humanos sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos, la cual funcionó  hasta el mes de marzo del 2006, compuesta por 53 Estados. 

En el mes de marzo del 2011, Libia fue objeto de una resolución suspendiendo su membresía del Consejo de Derechos Humanos muy similar (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas); en junio del 2018, Estados Unidos optó por retirarse del Consejo de Derechos Humanos de manera voluntaria, en señal de solidaridad con su incondicional aliado israelí (véase breve nota nuestra al respecto titulada «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes«).

El voto registrado este 7 de abril en breve

La resolución A/RES/ES-11/3 votada este 7 de abril contó con 93 votos a favor,  24 en contra, 58 abstenciones y 18 Estados cuyos delegados optaron por el siempre peculiar «No Show» (véase detalle del voto en este enlace de Naciones Unidas).

Entre los que votaron en contra, aparecen en el hemisferio americano Bolivia, Cuba y Nicaragua. Al tiempo que, entre las 58 abstenciones, aparecen Brasil, El Salvador, Guyana, México, San Cristóbal y Nevis, así como San Vicente y las Granadinas.

Cabe indicar que por tercera vez consecutiva desde que se adoptan resoluciones sobre la agresión de Rusia a Ucrania (véase nuestra breve nota sobre la resolución adoptada el 2 de marzo y nuestra nota sobre la resolución adoptada el 24 de marzo), el delegado de Venezuela optó por la particular opción del «No Show» (ausencia de su delegado a la hora de registrarse la votación).

Con relación a algunos Estados que resultan de la desaparición de la URSS en 1991 y que aún mantienen una relación privilegiada con Rusia, es de notar que Armenia, Arzeibaidján, y Turkmenistán optaron por el «No Show«, al tiempo que los demás acuerparon a Rusia votando en contra de la resolución (Bielorusia, Kazakhstán, Kyrgyzstán,  Tajikistán, Uzbekistán).

Algunos detalles de interés sobre la estrategia diplomática de Rusia

Ante una nueva probable victoria diplomática de Ucrania contribuyendo a aislar aún más a Rusia ante los ojos de la comunidad internacional, eran de esperar inéditas gestiones, y ello al más alto nivel por parte de Rusia para frenarla días antes del 7 de abril.

Como parte de su estrategia diplomática, Rusia envió durante los días previos a la votación cartas oficiales a  una gran cantidad de Estados advirtiendo que serían considerados como «Estados hostiles» a Rusia en el caso de votar a favor pero también en caso de abstenerse o bien de no participar al voto como tal («No Show«): una presión a la que sí sucumbieron varios Estados en particular en Asia Central (véase nota de prensa proviniendo de esta región del mundo).

El contenido de estas cartas plantea algunas interrogantes con relación a la abstención registrada de India y el «No Show» de Venezuela, entre otros. La precitada carta enviada por Rusia, según varios medios de prensa (véase por ejemplo esta nota publicada en India) que la citan, expresamente indicaba los términos de la advertencia hecha por Rusia:

«It is worth mentioning that not only support for such an initiative but also an equidistant position in the vote (abstention or non-participation) will be considered as an unfriendly gesture«.

Más allá de las gestiones diplomáticas de Rusia para frenar este tipo de iniciativas, será de gran interés observar si de ahora en adelante, los 58 Estados que se abstuvieron y los 18 que se ausentaron al momento de la votación serán incluidos en su totalidad en la lista de «Estados hostiles» a Rusia: si lo son algunos, pero no lo son todos, será de interés (aún mayor) conocer con exactitud los criterios usados por Rusia. Como se recordará, una primera versión de esta lista fue dada a conocer por las agencias de prensa rusas el 7 de marzo del 2022 (véase por ejemplo nota de la agencia TASS de noticias). Esta lista de Estados declarados oficialmente «hostiles» por Rusia coincide en parte – pero no en su totalidad – con la lista de Estados que solicitaron días antes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) iniciar una investigación (véase listado incluido en este comunicado de la CPI con fecha del 2/03/2022): dejamos a nuestros estimables lectores revisar cuáles Estados aparecen en ambas listas y cuáles no.

A modo de conclusión

Pese a la gestiones  del aparato diplomático de Rusia, este voto viene nuevamente a aislar a Rusia ante la comunidad internacional.

Si Rusia es consecuente con la letra misma de la carta enviada por su aparato diplomático a un gran número de capitales en el mundo, su aislamiento recrudecerá con únicamente 23 Estados que votaron con ella en contra de esta resolución con los que debería mantener relaciones amicales o normales. Se trata de 23 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, lo cual acarrea una pregunta muy válida para los 170 restantes: ¿los demás Estados deben  ahora ser colocados todos en la categoría de «Estados hostiles» a Rusia?

Es probable que, conforme nuevas exacciones cometidas en zonas controladas por Rusia salgan a la luz del día, y nuevos ataques en Ucrania causen más daños a la población civil, como el registrado en la estación de tren de Kramatorsk (véase nota de El Pais del 8/4/2022),  se añadan otras resoluciones  de este tipo y que se busque suspender a Rusia de otros recintos de Naciones Unidas. Estas resoluciones podrían adoptarse en las próximas semanas, en particular si se observa que  Rusia no rectifica su actuar, iniciado el pasado 24 de febrero del 2022 con una masiva agresión militar en territorio ucraniano, que sigue denominándose oficialmente en Rusia (tanto a nivel oficial como en medios de prensa rusos) como una «operación militar especial«.

El pasado 16 de marzo, fue la máxima instancia jurisdiccional de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la que exigió, mediante una ordenanza, a Rusia el cese inmediato de su ofensiva militar en suelo ucraniano. Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota que concluía indicando que:

«Se puede adelantar que esta providencia leída por la CIJ este 16 de marzo del 2022 constituye también un primer peldaño en una larga batalla judicial por venir, tendiente a obtener reparaciones e indemnizaciones de parte de Rusia por los graves daños ocasionados a Ucrania: fue la misma intención la que tuvo Nicaragua en 1984 ante la CIJ,  ante la destrucción propiciada, financiada y orquestada por Estados Unidos en su territorio a través de la denominada «contra» nicaragüense«.

Texto de la resolución adoptada en español / inglés / ruso (véase texto en las diferentes versiones oficiales de Naciones Unidas)

«Suspensión de los derechos de la Federación de Rusia a formar parte del Consejo de Derechos Humanos

La Asamblea General,

Recordando su resolución 60/251, de 15 de marzo de 2006, en particular el párrafo 8, en que se establece que la Asamblea General podrá suspender los derechos a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de todo miembro del Consejo que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos,

Tomando nota de la resolución 49/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 4 de marzo de 2022, en particular de la grave preocupación del Consejo por los informes de abusos y violaciones graves y sistemáticos de los derechos humanos y vulneraciones del derecho internacional humanitario cometidos por la Federación de Rusia durante su agresión contra Ucrania,

Recordando sus resoluciones ES-11/1, de 2 de marzo de 2022, y ES-11/2, de 24 de marzo de 2022.

Expresando grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y de vulneraciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación de Rusia, incluidas las violaciones y los abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos, reconociendo las firmes expresiones de preocupación contenidas en las declaraciones del Secretario General y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y observando la última actualización sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania realizada por la misión de vigilancia de los derechos humanos en Ucrania, de 26 de marzo de 2022,

1. Decide suspender los derechos de la Federación de Rusia a formar parte del Consejo de Derechos Humanos;

2. Decide también volver a examinar la cuestión según proceda;

3. Decide además suspender temporalmente el undécimo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General y autorizar al Presidente de la Asamblea General a que lo reanude cuando lo soliciten los Estados Miembros».

«Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council

The General Assembly,

Recalling its resolution 60/251 of 15 March 2006, in particular paragraph 8, which states that the General Assembly may suspend the rights of membership in the Human Rights Council of a member of the Council that commits gross and systematic violations of human rights,

Taking note of Human Rights Council resolution 49/1 of 4 March 2022, in particular the grave concern of the Council regarding reports of gross and systematic violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law committed by the Russian Federation during its aggression against Ukraine,

Recalling its resolutions ES-11/1 of 2 March 2022 and ES-11/2 of 24 March 2022, Expressing grave concern at the ongoing human rights and humanitarian crisis in Ukraine, in particular at the reports of violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law by the Russian Federation, including gross and systematic violations and abuses of human rights, recognizing the strong expressions of concern in statements by the Secretary-General and by the United Nations High Commissioner for Human Rights, and noting the latest update on the human rights situation in Ukraine by the human rights monitoring mission in Ukraine, of 26 March 2022,

1. Decides to suspend the rights of membership in the Human Rights Council of the Russian Federation;

2. Also decides to review the matter, as appropriate;

3. Further decides to adjourn the eleventh emergency special session of the General Assembly temporarily and to authorize the President of the General Assembly to resume its meetings upon request from Member States».

«Приостановление прав членства Российской Федерации в Совете по правам человека

Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на свою резолюцию 60/251 от 15 марта 2006 года, в частности на пункт 8 ее постановляющей части, в котором установлено, что Генеральная Ассамблея может приостановить членство в Совете по правам человека какоголибо члена Совета, который совершает грубые и систематические нарушения прав человека,

принимая к сведению резолюцию 49/1 Совета по правам человека от 4 марта 2022 года, в частности серьезную обеспокоенность Совета сообщениями о грубых и систематических нарушениях и ущемлениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права, совершенных Российской Федерацией в ходе ее агрессии против Украины,

ссылаясь на свои резолюции ES-11/1 от 2 марта 2022 года и ES-11/2 от 24 марта 2022 года,

выражая серьезную обеспокоенность продолжающимся правозащитным и гуманитарным кризисом на Украине, особенно в связи с сообщениями о нарушениях и ущемлениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права со стороны Российской Федерации, включая грубые и систематические нарушения и ущемления прав человека, учитывая решительные выражения обеспокоенности в заявлениях Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и отмечая последнюю обновленную информацию о ситуации с правами человека на Украине от 26 марта 2022 года, подготовленную миссией по наблюдению за правами человека на Украине,

1. постановляет приостановить права членства Российской Федерации в Совете по правам человека;

2. постановляет также вернуться к рассмотрению данного вопроса при наличии надлежащих условий;

3. постановляет далее временно прервать работу одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи и уполномочить Председателя Генеральной Ассамблеи возобновить ее заседания по требованию государств-членов».

 

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). 

Enviado a SURCOS por el autor.

*Foto de portada: tropas de Ucrania intentando contrarrestar en posición el avance de Rusia en un puente en la misma capital de Kiev. Foto extraída de nota de prensa de The Guardian, edición del 25/02/2022

ESOS OTROS CONFINAMIENTOS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

La noche del 7 de octubre de 2007, al conocerse los resultados del referéndum que decidiría la incorporación de Costa Rica al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, un grupo de personas asumió la tarima principal del movimiento del «No» y con consignas sobre no dejar morir los procesos sociales de participación y resistencia, sellaron hasta el día de hoy la respuesta desde abajo ante la agudeza y agresividad de la propuesta país desarrollada por los sectores más recalcitrantes del conservadurismo económico y social.

Esa noche sería premonitoria de una dinámica sin pausa, que ha sumido a los sectores sociales, a las poblaciones vulnerables particularmente en la más absoluta indefensión, por un lado, y por el otro, en la imposibilidad de volver a articular un proceso político organizado y robusto para hacer frente a los embates de la propuesta neoliberal en franco ascenso.

Apenas cuatro años antes de aquel evento, Costa Rica asistiría a la primera versión de una segunda ronda electoral en su vida política republicana, una de varias rupturas que su sistema político y democrático habría de experimentar durante los años venideros.

La alternabilidad en el juego electoral que mantuvo invariable los acuerdos de las cúpulas políticas costarricenses durante varias décadas, tuvo su límite al iniciar el presente siglo con la emergencia de nuevas propuestas o al menos de estructuras organizativas no pertenecientes en lo formal a esas cúpulas.

Luego vino el resto: la crisis de representación instalada en los últimos 25 años, la inercia y declive de los partidos políticos tradicionales y la irrupción de los partidos «franquicia» o «taxi» como propuestas orientadas única y exclusivamente a los procesos electorales, terminaron por revocar un modelo argumentado adentro y afuera como fortalecido, sólido y resistente a las fisuras.

Una de las señales inequívocas del tránsito hacia «nuevas normalidades» como es ya lugar común escuchar sobre la convivencia con los procesos sociosanitarios que llegaron para quedarse, ha sido sin lugar a dudas la persistencia del abstencionismo como la verdadera y genuina expresión política colectiva instalada en el país.

Durante años, esa cifra mostró niveles bajos que promediaban el 18%, porcentaje que presentó un salto significativo entre 1994 y 1998, cuando se instaló en un 30% para nunca más volver a bajar de esa cifra. Incluso, en las elecciones de primera ronda de febrero de 2022 se mostró el comportamiento más alto de la historia con un 40% de abstencionismo, cifra que aumentó incluso para la segunda ronda de abril, ubicándose entre los porcentajes mas bajos de participación de las cuatro segundas rondas desarrolladas en los últimos veinte años.

Hablar de causas de este fenómeno es llover sobre mojado. Ya el diagnóstico había sido elaborado años antes con el fenómeno del enojo como principal categoría. Lo que las contiendas electorales de 2018 y 2022 supusieron de novedoso, fue territorializar ese descontento en las costas y las comunidades periféricas, espacios de una geografía donde la desigualdad, la fragmentación y la exclusión han sido marcas registradas de ese modelo avasallador continuado en los últimos cuarenta años.

Con estos escenarios así dibujados, no es difícil imaginar la irrupción de un nuevo actor para quien los acuerdos de las élites políticas, las comodidades vallecentralinas y la apelación a un nosotros retórico y discursivo que no les alcanza, les resultan lejanos, equidistantes.

He insistido en que si hay algo que llegó para quedarse es justamente ese sujeto novedoso desde lo político y organizativo. Con tintes confesionales, ciertamente, desdeña la promesa de un sistema partidario obsoleto, vacío y cascarón y se enfrasca en la toma de decisiones desde sus territorialidades segregadas: en las provincias costeras el promedio de participación en la contienda electoral alcanzó apenas la mitad del electorado, dato que resulta consecuente con esas condiciones materiales y objetivas de existencia que ni el partido tradicional ni el progresista ha podido resolver.

Escribo esta reflexión sobre una suerte de confinamiento de los procesos de representación y participación, al tiempo que se van dibujando los trazos de una nueva administración que se pasea en la incertidumbre por su novedad y desempeño durante la recién campaña política.

Lo primero que hay que decir en clave analítica es que nos encontramos ante la irrupción de figuras que traducen en lenguaje sencillo y correcto, el desdén por la política y hacen suyo el juego del enojo colectivo. Lo asumen para sí. Con tanta estrategia de comunicación política de detalle, gestos, tonos, colores, que a la gente se le terminó de olvidar el fugaz paso de Rodrigo Chaves, el presidente electo, por la actual administración.

Lo segundo a considerar es que por razones obvias y que marcan el camino de los acuerdos de las elites locales, los interlocutores válidos para cualquier persona que asuma desde el punto de vista formal la presidencia del país, seguirán siendo esos grupos de presión que un día si y otro también golpean mesas y hablan fuerte para imponer sus tesis y sus agendas.

Los sectores sociales, valga decirlo, permanecen confinados e invisibilizados y sin músculo para acudir al golpeteo. Por sus propias debilidades y porque la indignación y la rabia son quizá procesados como anomia social, como antisistema, como desestabilización. Y ante esto, una democracia centenaria como la costarricense debe cerrar filas, construyendo consensos y acuerdos de cúpulas en los que sus figuras aparezcan como provenientes de otras trincheras, los outsiders que así se denominan.

Finalmente, la tesis de la figura fuerte que venía apareciendo en varios estudios de opinión pudo haber cristalizado en estas elecciones. Está por verse si discurso y práctica son la misma cosa y si Chaves, el presidente electo, es capaz de mantener esa tesitura rígida, fuerte, dura contra el establishment del que él mismo forma parte. Porque estamos claros en una cosa: un funcionario proveniente de organismos financieros internacionales no puede jamás denominarse a sí mismo como un outsider: es una contradicción hasta histórica.

Costa Rica se enrumba hacia una nueva normalidad, no solo en materia sociosanitaria, sino en las reglas del juego democrático y en la construcción de consensos. Se esperan tiempos complicados pero hay que habilitar espacios para hablarnos. Salir del confinamiento político y procurar nuevas experiencias colectivas, incluso ejerciendo el derecho a la voz, al grito, como lo ha planteado Jonh Holloway (2002) en su trabajo sobre los procesos de transformación que nos toca acompañar. La refundación es urgente. Necesaria.

¿Qué es la mafia? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo combatirla?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

MBA Lic. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario, Escritor
Sede Central UTN www.utn.ac.cr

“¿Plata o plomo?” esa era la frase más usada de Pablo Escobar “El narcotraficante más famoso”. Las “mafias” conforman una macro criminalidad del reciclaje de dinero que opera sin controles en todo el planeta y hace difícil la reconstrucción de los flujos financieros de dinero sucio.

La mafia es invisible, es asociación dirigida y explotada por personas autorizadas por edad, inteligencia, posición social, pruebas, expedientes judiciales, experiencia y pericia en el arte de delinquir impunemente. No existen estructuras organizacionales visibles… son sin rostro. ¿Quiénes conocen la Junta Directiva? ¡Nadie! Solo el “directorio” de los hombres de mayor confianza.

La mafia es “una asociación ilícita, auténtico sistema de poder criminal” que ubican a sus miembros al filo del Código Penal. Es complejidad organizativa y “mafia financiera”. Su estrategia es obtener el máximo prestigio y la máxima ganancia, el silencio y olvido, establecer relaciones e intereses con la política, obstaculizar las investigaciones, campañas de deslegitimación, de desprestigio, de agresiones contra fiscales y magistrados. La búsqueda de coberturas, asesinatos y masacres. El terror y miedo. Impedir el control de la legalidad de sus negocios. La impunidad, falsificación de datos, la santificación de imputados. Desgranar la justicia y la legalidad. Vínculos secretos. La oferta de drogas ilícitas y otras actividades conexas. Legitimación de capitales. Financiamiento del Terrorismo. Como bien expresa el Instituto Costarricense sobre Drogas: “El ánimo de lucro es lo que mueve a las organizaciones criminales a obtener ganancias a través de la comisión de delitos y utilizar mecanismos, como reclutamiento de personas, estructuras de sociedades, empresas y profesionales intermediarios para disfrazar sus ganancias ilegítimas con el fin de darles una apariencia de origen legal” Costa Rica, está en la ruta de la droga y zona regional de logística además es vulnerable y tiene escasos recursos.

Es una bodega y puente de las guerras de las drogas. Se movilizan anualmente 1.150 toneladas en ruta a México, Brasil, UE y EEUU –donde hay más de 30 millones de consumidores que gastan más de US$ 30.000 millones anuales de dólares para consumo de cocaína, heroína y marihuana proveniente de Irán y Afganistán, Myanmar, Laos, Tailandia, México, Perú, Bolivia y Colombia- mayor fabricante de cocaína en el mundo-.

¿Cómo combatir la mafia?

Primero, estrategia de seguridad nacional y regional. Estamos inmersos en un área geopolítica, geoeconómica y militar en donde la seguridad nacional tiene un gran peso y cuya agenda tiene temas prioritarios, p.ej. el terrorismo, los grupos armados, los paramilitares, el narcotráfico, el tráfico de personas, las posibilidades de migraciones masivas, el lavado de dinero, los secuestros, las bandas como Mara Salvatrucha, los Zetas y el Populismo Radical. Debemos establecer una política exterior activa en Centroamérica contra el narcotráfico en alianza con EEUU-México. Segundo, estrategia cantonal. Hay que nombrar 83 Comisionados Antidrogas. Tercero, estrategia de premios e incentivos. Requerimos una política seria de incentivo de los arrepentimientos y colaboración con la justicia por parte de quien, por haber sido mafioso, puede revelar desde adentro esos secretos de la organización absolutamente necesarios de conocer. Hay que promulgar una legislación de “premio e incentivo” equilibrada e inclusive de impunidad total (100%) para el colaborador (res) que nos lleven a los peces gordos. Esta estrategia supera “el rastreo de llamadas”, “la prisión preventiva”, “la plataforma de información policial”, el “Centro Judicial de Intervención Policial”, “El secreto bancario” e incluye el perdón por el Poder Ejecutivo para los que colaboren. Cuarto, estrategia de autonomía al Poder Judicial. Elección de magistrados por la Corte Suprema de Justicia. Quinto, estrategia de comunicación pública. Hay que revisar el Plan “LODI” (Logic Distribution), en donde la solución pasa por una forma de legalización que no ha de ser libre, precisamente, sino que viene supeditada a una “distribución organizada y controlada de la droga” que bien puede estar en manos de la CCSS-EBAIS, Ministerio de Salud Pública y Poder Judicial. ¿Cuál es la diferencia entre recetar médicamente un antidepresivo con los efectos secundarios que tiene a recetar de la misma forma un gramo de cocaína, para un adicto mientras gradualmente lo vamos sacando de su adicción?

En conclusión, somos una bodega de almacenaje de drogas al igual que los demás países centroamericanos, hay infiltración de carteles mexicanos y colombianos aliados con nacionales, que están pagando con drogas sintéticas y crack y no solo con dinero por ayudar en el transporte; tenemos un mercado de consumidores nacionales y espiral de violencia por drogas, sabemos que la droga se transporta por vía marítima (78%), aérea y terrestre (22%). Debemos actuar en cada distrito y cantón de lo contrario serán tomados por las mafias mexicanas, colombianas, los yakuza, los trías chinos, la cosa nostra o la rusa. Como bien lo expreso Bob Riley, Ex Gobernador del Estado de Alabama: Las drogas son las enemigas del futuro y de la esperanza, y cuando luchamos contra ellas luchamos por el futuro.