Volverán las oscuras golondrinas

Escrito en 31/03/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manuel Hernández

La histórica sentencia de F. Mitterrand es inapelable:

“Los trabajadores hacen huelga el lunes, porque suben el pan; el martes se manifiestan porque ganan poco; los miércoles protestan por la falta de libertades. Y el domingo votan a la derecha”.

Volverán, si volverán, el próximo domingo, como lo hicieron hace menos de 2 meses, a votar por cualquiera de los dos partidos, de derecha los dos, que representan los espurios intereses oligárquicos que tienen hundido en la miseria a nuestro pueblo.

Volverán a votar por los mismos que construyeron una cultura visceral de odio contra los y las empleadas públicas, para legitimar la proscripción de la negociación colectiva y el principal derecho de resistencia de la clase obrera: la huelga.

Volverán a votar por los mismos que desmantelaron JAPDEVA, INA y aprobaron la salvaje Regla Fiscal.

Muy temprano, a madrugar, para llegar a profanar la escuela del pueblo, del barrio.

Muy temprano, a madrugar, para llegar, de primeros, a reconciliarse con quienes se trajeron al suelo, en menos de 4 años, el Estado Social y Democrático.

Muy temprano, bien bañaditos, orgullosamente con cédula en mano, haciendo fila, como manada bien disciplinada, para dejar en el olvido lo que nos despojaron y arrebataron.

Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.

El desafío agroecológico

Escrito en 31/03/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Dr. Gerardo Cerdas Vega,
Sociólogo, profesor de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional (ECA/UNA)

La actual coyuntura internacional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha encendido todas las alarmas a nivel global sobre la inminente crisis alimentaria, asociada por un lado al incremento desbordado en el precio de la energía y los fertilizantes y, por otro, a problemas de logística global surgidos en el marco de la pandemia de COVID-19 (la así llamada “crisis de los contenedores”), en un contexto marcado por la multiplicación de eventos climáticos extremos, que ya de por sí afectan la seguridad alimentaria mundial, con mayor gravedad en algunas regiones y países.

No obstante, aunque parece que solo nos damos cuenta de la fragilidad del sistema agroalimentario globalizado en el pico de una coyuntura crítica, la situación actual se viene formando desde hace mucho tiempo atrás. No solo por la difusión, desde los años 1940, de un modelo de agricultura altamente contaminante y dependiente de los combustibles fósiles (la “Revolución Verde”), sino por la imposición, desde los años 1980, de constantes oleadas de ajustes neoliberales que arruinaron la agricultura campesina, volcada para el mercado interno, en prácticamente todos los países del mundo.

Efectivamente, desde los años 1980 se ha venido impulsando una agenda de destrucción de las economías agrarias de base local, al tiempo que se abría la brecha para que grandes corporaciones del agronegocio dominasen el mercado mundial de alimentos, semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola, avanzando los intereses de las potencias hegemónicas, en especial de los Estados Unidos. Un mercado altamente lucrativo, oligopolizado y destructor, propulsado por la liberalización del mercado mundial de productos agrícolas a partir de 1995 (negociaciones de la OMC y tratados de libre comercio impuestos por Estados Unidos, Unión Europea y más recientemente, China).

En el caso de Costa Rica, hemos visto una aplicación progresiva de este ideario al mundo rural y a la producción agrícola, con nefastas consecuencias para la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país y para la viabilidad económica de la agricultura campesina. Durante cuatro décadas (cómo no recordar el tristemente famoso lema “Volvamos a la tierra” del plan de gobierno de Luis Alberto Monge y la aplicación sucesiva de los Programas de Ajuste Estructural), se nos ha dicho hasta el cansancio que es más barato importar, que teníamos que “reconvertir” la agricultura, integrarnos a las cadenas globales de valor. Producir, siempre producir, a todo costo, los viejos y nuevos productos que el mercado global demanda, no importa si ello implica devastar la tierra, los ríos, la trama de la vida. Pagar millones de dólares a las corporaciones que controlan semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola. Dejar al agronegocio y a los grandes importadores por la libre y a los pequeños frijoleros, maiceros, arroceros y en general a las familias rurales, integrarse a la “agricultura de cambio” o emigrar a la ciudad / al extranjero para no morir de hambre.

Bueno, ahí tenemos el resultado. Hoy por hoy, Costa Rica es un país extremadamente vulnerable desde el punto de la seguridad alimentaria y sin ninguna soberanía alimentaria efectiva, tal como lo revela la publicación del Semanario Universidad del día 30/03/2022[1]. ¿Cuánto durarán los estoques de alimentos en caso de un corte abrupto en los flujos de importación? ¿Por cuánto tiempo podrán los productores agrícolas seguir costeando el alza en el precio de los insumos? De acuerdo con diversos analistas y fuentes, es muy probable que este año vamos a tener la subida más alta de los precios de los alimentos en toda la historia, más que en 2008, pero con un escenario de mayor precarización social y laboral a nivel mundial sin precedentes, como resultado de la pandemia (que aún no acaba, dicho sea de paso).

Cabe anotar, adicionalmente, que el informe de la FAO sobre seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y El Caribe 2020, apunta que, en Costa Rica, para el periodo 2017-2019, la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave afectó al 5,4% y la inseguridad alimentaria moderada al 25,5% de la población nacional (datos prepandemia). Año con año, se reduce el área destinada a productos como arroz, maíz, frijol al tiempo que disparan las importaciones. Producimos cada vez más piña, palma, banano, café (estos cuatro productos concentran el 70% de la superficie agrícola), pero se reduce la producción de géneros alimenticios indispensables para la dieta nacional. Todo ello sin hablar de la utilización masiva de fertilizantes y pesticidas químicos (hoy a precios estratosféricos) que contaminan la tierra, el agua y los propios alimentos, enfermando a quienes los producen y a quienes los consumen.

En este contexto, el desafío que se coloca con urgencia es el de una transformación del régimen agroalimentario en la dirección de una verdadera sustentabilidad (ambiental, alimentaria, social, económica, cultural). Y ese desafío es lo que llamo el desafío agroecológico: producir alimentos sobre una base ecológicamente saludable, con viabilidad económica, respeto y fomento de la agricultura campesina, agrobiodiversidad, igualdad/equidad de género, soberanía alimentaria y apoyo de la sociedad (inclusive a través de políticas públicas costeadas por el contribuyente), para disputar verdaderamente el perverso control corporativo sobre aquello que comemos y la forma como lo producimos.

América Latina y El Caribe son el epicentro de una verdadera revolución agroecológica, que hoy se extiende por todo el globo (aunque esto no salga en el noticiero). En esta región (y en todo el mundo), abundan los ejemplos de que otra agricultura es posible, una agricultura con cara campesina, indígena, negra, de comunidades de pescadores, de mujeres rurales pero también de colectivos urbanos que se organizan para producir alimentos en las ciudades, o bien que tejen redes para poner en contacto a los productores y productoras agroecológicos con los mercados citadinos y organizan circuitos cortos de comercialización para darle salida a la producción local a precio justo y sin el desigual tratamiento que dan los intermediarios a quienes que producen la comida que comemos. Entre 15 y 20% de los alimentos en el mundo se producen en las ciudades, donde más de 300 millones de personas practican agricultura urbana.

La agroecología es entendida como un movimiento social, como una ciencia y como un conjunto de prácticas ecológicas para el manejo a nivel de finca. Es intensiva en conocimiento local puesto que integra en su seno el saber de las productoras y productores campesinos/as, negras e indígenas (entre otros), así como el apoyo de universidades, ONG comprometidas con las luchas sociales, investigadores/as y activistas en busca de una nueva forma de producir y comercializar alimentos que, por otra parte, se entiende como parte de una ancestralidad, espiritualidad y una conexión íntima con la tierra que son indispensables para superar la actual y las futuras crisis alimentarias, sociales y climáticas. La defensa de las semillas criollas es una de sus bases fundamentales, tal como lo afirma La Vía Campesina.

Así, es urgente que comencemos a discutir, a nivel país, pero sobre todo a nivel local, una salida al laberinto en que nos encontramos. El desafío agroecológico nos llama con más fuerza que nunca. Tal vez la única “virtud” de esta guerra y de esta crisis multidimensional que atravesamos como humanidad, es que ha abierto una ventana de oportunidad para que miremos a fondo la complejísima situación que estamos enfrentando y discutamos los caminos posibles para transformar nuestra relación con los alimentos, lo que conlleva replantearnos por completo nuestra relación con la Tierra y sus ciclos vitales, que no son, precisamente, los de la ganancia corporativa.

En Costa Rica, al igual que en muchos otros países, la política de acabar con la agricultura campesina hizo grandes estragos, pero no acabó por completo con la resistencia local. Hay diversas y ricas experiencias agroecológicas locales que permanecen dispersas, así como un creciente número de personas en el campo y la ciudad que están preocupadas por la calidad de los alimentos que producen y consumen y por las consecuencias medioambientales de todo ello. En función de lo anterior y en el marco de esta coyuntura nacional e internacional, necesitamos con urgencia reconocernos, encontrarnos, nombrarnos y movilizarnos como parte de una transición y una transformación en curso donde la alimentación ocupe un lugar destacado en la agenda pública y nuevas prácticas y alternativas sean construidas desde abajo, desde los territorios y con apoyo de diversos actores comprometidos con un diálogo de saberes horizontal y participativo, que busque sacar a los alimentos de la lógica de la acumulación de capital y los devuelva a las lógicas de existencia de los pueblos.

[1] MAG y agricultores advierten: el país está a las puertas de una caída en la producción de alimentos • Semanario Universidad

Segunda Ronda: Más Desencanto

Escrito en 31/03/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

El debate público de los candidatos se ha decantado por una suerte de descalificaciones mutuas, que no hace otra cosa que develarlos en su falta de mesura y ecuanimidad, pero más que eso en su desesperación por acceder a la silla presidencial, a cualquier precio (y de verdad que el precio cuenta).

Ninguno de los dos candidatos ha dado señales convincentes de estar pensando en los graves problemas de la patria, aunque reiteren en las cifras de hambre, pobreza y desigualdad. Su mensaje no cala profundo, es opaco. Por más altisonante, no llega a tocar las fibras del alma costarricense. Y cuando la palabra pierde su sabor, es como la comida que se muestra apetitosa pero no pasa la prueba del paladar. Es por esa sensación, que al parecer estamos ante un déficit significativo de candidaturas inspiradoras y esperanzadoras, para asumir los retos y desafíos de las Costa Rica postpandémica: económicamente golpeada, socialmente polarizada y humanamente cansada.

Para encarar tamaño desafío requerimos más que experiencia política o actitud y voluntad disruptiva, que son las banderas que ondean hoy los candidatos. Estamos urgidos de liderazgos dispuestos a sentarse reposadamente a la mesa del diálogo ciudadano y buscar acuerdos con todos los sectores de un país donde todavía hay reservas de sentido patriótico, buena voluntad para acoger las mejores ideas y solidaridad para caminar la segunda milla, que pueda aliviar las dolencias de tanta gente sin trabajo y endeudada.

No avizoramos esas cualidades en quienes hoy nos ofrecen sacar a Costa Rica del atolladero. Y quizá, lo más realista sea aceptar que vamos hacia una profundización de los álgidos problemas del empobrecimiento, la desigualdad y la polarización social. Una senda que dejó marcada el gobierno del señor Carlos Alvarado. En este sentido, los próximos cuatro años de gobierno vendrían a ser como un segundo tiempo del partido, incluso más caldeado que el primero. En todo caso, una copa amarga que habrá que tomar, para transitar, esperamos, hacia mejores tiempos.

La segunda reforma social que amerita el país tiene que transitar hacia una política económica postneoliberal. No hay vuelta de hoja, está más que probado que ahí reside el problema sustantivo por el cual no avanzamos en equidad, igualdad y solidaridad. Ese es el cambio profundo, y no el cosmético que ofrecen ambos candidatos, con recetas dictadas por los organismos financieros internacionales, que son las que nos han conducido a donde estamos. Ninguno de los dos candidatos se desmarca.

Por lo tanto, una ciudadanía despierta, crítica y constructiva es más urgente hoy que nunca. Despierta para no dejarse obnubilar por promesas mesiánicas, que solo buscan endulzar a los incautos y al final conducirlos como mansas ovejas para ser trasquiladas. Crítica, para demandar acciones concretas, que garanticen el respeto a los derechos humanos, especialmente de aquellos sectores que han sido más desprotegidos, marginados, discriminados y excluidos. No podemos permitir que se continúen pisoteando los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres que siguen siendo víctimas de una sociedad machista y patriarcal, de la niñez desprotegida, de las personas con limitaciones funcionales, de las madres solteras jefas de hogar, de las personas adultas mayores, etc. Y constructiva, para contribuir con trabajo honesto y solidaridad efectiva a superar las injustas desigualdades que han devaluado cualitativamente a un país que se ha preciado de ser adalid del bienestar social y del desarrollo humano en América Latina.

Costa Rica se merece algo mejor, y no se trata de aspirar al reino de Dios en la tierra. Mucho cuidado, como dijo un teólogo, a propósito de la inquisición, “quienes pretendieron crear el reino de Dios en la tierra terminaron por convertirla en un infierno”. Y este es el derrotero de los fundamentalismos, tanto religiosos como seculares, de los que también tenemos que desmarcarnos, cuanto antes. Algo que tampoco se vislumbra en el escenario actual, todo lo contrario.

En la transición hacia una nueva Civilización – La confrontación militar en Ucrania

Escrito en 31/03/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Wim Dierckxsens y Walter Formento, 27 marzo 2022

La guerra en Ucrania no es simplemente una guerra para ver quién controla un país, un territorio. Es una confrontación en el terreno militar por el futuro de la Humanidad y de la Naturaleza. Como veníamos sosteniendo, ésta se plantea entre dos esquemas de poder que componen la contradicción principal a nivel internacional, entre el Pluriversalismo multipolar plurinacional y el Globalismo unipolar financiero. Ambos esquemas de poder universal internacional en choque estratégico, donde es el multipolarismo quien sostiene en este momento la iniciativa estratégica general desde 2020/21 en adelante.

Rusia lleva la iniciativa multipolar al plantear la batalla en Ucrania para desarticular las acciones técnicas militares de la OTAN (acciones realizadas principalmente desde 2014 de múltiples modos: con la instalación en Ucrania de a- capacidades de guerra biológica, b- capacidades de guerra bacteriológica y c- capacidades de guerra nuclear, etc.) que constituyen una amenaza para la soberanía de Rusia-China-India-Pakistán-Irán-etc. Detener las acciones técnico-militares de la OTAN-Globalista y desarticular su plan de acción significa parar los últimos esfuerzos de una civilización occidental en declive de mantenerse con vida para así poder “despejar” el camino para que el multipolarismo plurinacional y pluriversal pueda hacer avanzar y desarrollar dicha nueva civilización multipolar.

Compartimos el documento para su lectura completa:

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Nicaragua: a propósito de la renuncia uno de los principales artífices de logros obtenidos ante la justicia internacional

Escrito en 31/03/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

Recientemente, la prensa internacional se ha hecho eco de una carta de renuncia suscrita por el jurista norteamericano Paul Reichler: en ella, da por terminada su relación con Nicaragua por casi 40 años de servicios como asesor legal (véase nota de la DW y nota de ElPais de España, así como esta nota de El Confidencial).

Se trata de una noticia que merece ser puesta en perspectiva, tal y como intentaremos hacerlo en las breves líneas que siguen. En efecto, Nicaragua es un Estado que concentra la mayor experiencia en materia de litigio internacional en La Haya en América Latina, con 14 casos contenciosos y una solicitud de intervención, que se pueden visualizar en este enlace de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de los cuales nueve corresponden a demandas entabladas por Nicaragua contra otro Estado.

Como bien se sabe, la CIJ es una jurisdicción internacional prevista dentro de la Carta de Naciones Unidas para resolver las controversias entre Estados: si revisamos con detenimiento cuál ha sido el uso de esta jurisdicción por parte de Estados de América Latina, Nicaragua ostenta una posición muy peculiar.

Después de Nicaragua con 14 casos contenciosos, siguen en América Latina, Colombia (7 casos registrados), Costa Rica y Honduras (seis casos contenciosos cada uno), Chile y Perú (4), Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala y México (2), Brasil, Paraguay, Venezuela y Uruguay (un solo caso contencioso registrado). El caso que opuso Honduras a Brasil en el 2010 fue retirado por Honduras, así como la demanda de Ecuador contra Colombia presentada en el 2008. En el caso de Costa Rica, sus seis demandas en La Haya se relacionan todas a Nicaragua (cinco de ellas al Río San Juan), al tiempo que para Honduras, se trata de cuatro de ellas de las seis registradas. En el caso de Colombia, tres de los siete casos registrados se relacionan a Nicaragua. Antes del mes de abril 2018 (demanda en su contra presentada por Guyana), Venezuela compartía con Panamá el hecho de no registrar ningún caso contencioso en La Haya.

Un equipo de talentosos juristas a toda prueba

Para nuestros estimables lectores poco familiarizados con el pequeño universo que gravita alrededor de la justicia internacional de La Haya, se debe indicar desde ya la existencia de un reducido grupo de profesionales que concentran la defensa legal de los Estados ante la CIJ, y ello desde hace ya muchos años: véase la sección «Los Consejales de la Corona» en esta nota que publicamos en el 2015 en el sitio jurídico costarricense de DerechoalDia, con ocasión de las últimas audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua antes del fallo de diciembre del 2015. En la precitada nota, indicábamos que:

«Si bien el listado de cada uno de los equipos de los Estados que comparecen ante el juez de La Haya son heterogéneos (e incluyen, además de asesores internacionales, consejeros, diplomáticos, historiadores, archivistas, asistentes, cartógrafos, expertos), detrás de esta aparente abundancia de recursos, se esconde una realidad un tanto exigua: la existencia de un «invisible college of international lawyers» (Oscar Schachter) de unos 12 a 15 juristas que toman regularmente la palabra antes los jueces en La Haya y que, por su talento oratorio, sus competencias y su innegable experiencia se reparten la cartera de los litigios en la capital holandesa«.

Precisamente, Paul Reichler es uno de los abogados de mayor renombre que, conjuntamente con el británico Ian Brownlie hasta el 2010 (Nota 1), el francés Alain Pellet y el español Antonio Remiro Brottons, asesoraron exitosamente a Nicaragua en su demanda contra Estados Unidos planteada en 1984 por acciones paramilitares financiadas, instigadas y coordinadas por Estados Unidos: en 1986, en un histórico fallo, por vez primera la CIJ tuvo la oportunidad de condenar a Estados Unidos (véase voluminosa sentencia del 27 de junio de 1986). Notemos que Nicaragua entabló demandas muy similares en la CIJ contra Costa Rica y Honduras, (véase demanda contra Costa Rica y demanda contra Honduras), Estados vecinos de Nicaragua que permitieron el uso de sus respectivos territorios para apoyar a la denominada «contra» nicaragüense: estas demandas fueron luego retiradas por Nicaragua en lo que concierne a Costa Rica, en razón de un compromiso acordado en el Plan de Paz de Esquipulas en 1987.

Este equipo de reconocidos juristas luego asesoró a Nicaragua en su demanda contra Honduras presentada en 1999, que fue resuelta muy favorablemente para Nicaragua en el 2007 en materia de delimitación marítima en el Mar Caribe (véase texto completo de la sentencia). En 1992, este mismo equipo obtuvo que una solicitud de intervención de Nicaragua fuera aceptada en la controversia entre Honduras y El Salvador en lo relativo al Golfo de Fonseca: fue la primera vez en su historia que la CIJ accedió a una solicitud de intervención presentada por un Estado tercero.

Fue también este mismo grupo de prestigiosos asesores de Nicaragua que encontramos en los juicios a repetición interpuestos por Costa Rica contra Nicaragua en el 2005 ante el juez de La Haya (derechos de navegación en el San Juan), en el 2010 (por el dragado realizado en Isla Portillos), en el 2014 (por la delimitación marítima en ambos océanos) y en el 2017 (por la construcción de una carpa militar de Nicaragua – véase comunicado de prensa de la CIJ del 2017-); así como en la etapa de reparaciones por daños ambientales (que culminó en el 2018 con una decisión de la CIJ ordenando a Nicaragua el pago de una modesta suma de 387.000 US$ comparada con los más de 6,4 millones de US$ que exigía Costa Rica a título de compensación por daño ambiental). Para completar la insólita situación existente entre Costa Rica y Nicaragua, consistiendo en llevar cualquier punto de discusión a conocimiento de la CIJ a un costo al día de hoy que es desconocido (Nota 2), cabe incluir la demanda de Nicaragua contra Costa Rica por la construcción de la denominada «trocha fronteriza» del 2011, la cual fue unida por la CIJ a la otra demanda por el dragado en Isla Portillos, y ello a solicitud de Nicaragua: esta unión de procedimientos se decidió pese a las objeciones de Costa Rica (véase ordenanza del 2013 tomada de manera unánime por los jueces de la CIJ) (Nota 3).

El talento de Paul Reichler y el de sus colegas en la barra de La Haya también se evidenció en la demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia en el 2001 y que concluyó exitosamente para los intereses de Nicaragua después de 11 largos años con una sentencia de la CIJ adoptada noviembre del 2012 (véase texto completo): en el 2010, Honduras y Costa Rica habían presentado una solicitud de intervención, la cual fue rechazada por la CIJ en el año 2011 (véase nota nuestra sobre rechazo a la solicitud de Costa Rica del 4/05/2011). Dos nuevas demandas planteadas por Nicaragua en el 2013 contra Colombia en el ámbito marítimo, y siempre con relación al Mar Caribe, están aún pendientes de resolución ante la CIJ (Nota 4). El pasado 30 de marzo, la CIJ anunció que dará lectura a la sentencia en uno de estos dos casos el próximo 21 de abril del 2022 (véase breve nota nuestra al respecto).

Esta nota de prensa del 2016 del New York Times refiere a algunas de las diversas facetas de la impresionante y muy variada carrera de jurista de Paul Reichler, la cual no se limita únicamente a litigios interestatales: asesoró a Uruguay ante las arremetidas de varias transnacionales que demandaron ese Estado en el CIADI, así como a personas detenidas en la base norteamericana de Guantánamo.

En su carta de renuncia con fecha del 2 de marzo del 2022 (véase texto completo), se lee que en algun momento, Paul Reichler fue también encomendado directamente por las máximas autoridades de Nicaragua en varios momentos cúspides en la historia de Nicaragua (acuerdo de Sapoá de 1988, reconocimiento de la derrota electoral en 1990), evidenciando así gestiones políticas al más alto nivel que trascienden – y por mucho – la simple defensa legal desde la prestigiosa barra de La Haya.

Los policías costarricenses en el Río San Juan: un insólito resultado obtenido en el 2009

En el caso de Costa Rica, son los alegatos de Paul Reichler (así como los de Ian Brownlie) los que lograron convencer a los jueces de La Haya de la necesidad de prohibir el paso de policías costarricenses en el Río San Juan, sean estos armados o desarmados, sea en tareas de vigilancia o en simples tareas de abastecimiento de puestos fronterizos desde las aguas del Río San Juan: véase al respecto la batería final (segunda ronda de debate oral) de argumentos presentados por Nicaragua en marzo del 2009.

Al respecto, resulta un tanto inédito en los anales de la justicia internacional que un Estado como Costa Rica, titular de competencias en materia de guarda y de vigilancia del Río San Juan contempladas en un tratado bilateral de 1858 con Nicaragua, opte por presentar una demanda ante el juez internacional en el 2005 y que obtenga en julio del 2009 una sentencia que… le prohíbe ejercer este derecho por parte de sus fuerzas policiales (véase texto completo, párrafo 156).

Tuvimos la oportunidad de escribir al respecto (véase breve nota nuestra sobre la sentencia del 2015 entre Costa Rica y Nicaragua) que:

«Desde aquella fecha, Costa Rica quedó impedida de navegar en el río San Juan que marca gran parte de la frontera entre ambos Estados con sus policías, fueran estos armados, o desarmados, o en simples tareas de abastecimiento de puestos fronterizos ubicados en la frontera. Un año más tarde, en el 2010, la ocupación ilegal en Isla Portillos por parte de efectivos de Nicaragua revelaría las enormes dificultades de Costa Rica para vigilar su frontera fluvial (y lo que ocurre en su extremidad Noreste)«

Lo inédito resulta aún más insólito si se trae a la memoria el hecho que Costa Rica y Nicaragua habían logrado plasmar sus diferencias en un primer acuerdo sobre el uso de armas de cierto calibre por parte de policías costarricenses durante sus operaciones de navegación en las aguas del Río San Juan (en el denominado comunicado Cuadra-Lizano suscrito el 30 de julio de 1998) (Nota 5).

Otra daga del equipo de Nicaragua al de Costa Rica se lee en el párrafo 89 de la sentencia del 2009 (véase texto), en el que el juez internacional establece que la protección del ambiente en el Río San Juan es un objetivo legítimo que Nicaragua persigue a la hora de regular la navegación fluvial, pese a una serie de objeciones de Costa Rica en el sentido contrario:

«89. The Court considers that, over the course of the century and a half since the 1858 Treaty was concluded, the interests which are to be protected through regulation in the public interest may well have changed in ways that could never have been anticipated by the Parties at the time: protecting the environment is a notable example. As will appear from the rulings made later in this Judgment (see paragraphs 104, 109, 118, 127 and 141), Nicaragua, in adopting certain measures which have been challenged, in the Court’s opinion, is pursuing the legitimate purpose of protecting the environment. .. / ..89. La Cour estime que, au cours des cent cinquante ans qui se sont écoulés depuis la conclusion du traité de 1858, les intérêts devant être protégés au moyen d’une réglementation prise dans l’intérêt public peuvent tout à fait avoir évolué d’une manière qui, à l’époque, ne pouvait être prévue par les Parties; la protection de l’environnement en est un excellent exemple. Ainsi que cela ressortira des conclusions formulées plus loin dans le présent arrêt (voir paragraphes 104, 109, 118, 127 et 141), la Cour considère que, en adoptant certaines mesures contestées, le Nicaragua poursuit l’objectif légitime que constitue la protection de l’environnement«.

Salvo error de nuestra parte, no se ha dado a conocer en Costa Rica un estudio que analice con detalle los alcances de esta sentencia del 2009, algunas de las fallas del equipo de asesores contratados por Costa Rica, el éxito de algunas de las tesis avanzadas por los asesores de Nicaragua (y vice versa) y que explique cómo esta sentencia afectó la vigilancia policial desde la margen costarricense del Río San Juan a partir de su lectura en julio del 2009.

Las motivaciones de Paul Reichler en breve

En su carta de renuncia, se lee también que Paul Reichler da por finalizada su relación con Nicaragua debido al giro político reciente del Presidente Daniel Ortega:

«También me resulta inconcebible que el Daniel Ortega al que serví pudiera haber forzado al exilio a sus más ilustres ciudadanos, incluidos Sergio Ramírez, Luis Carrión, Carlos Fernando Chamorro, Edmundo Jarquín, Gioconda Belli, Mónica Baltodano, Julio López Campos y muchos otros héroes sandinistas y no sandinistas, así como miles de nicaragüenses de todas las tendencias políticas cuya libertad ha sido negada o amenazada. Me resulta impensable que ese Daniel Ortega hubiera asesinado a Hugo Torres y llevado sádicamente a los otros grandes patriotas, ahora encerrados en sus celdas, al borde del hambre y la muerte«.

En otra carta también reciente, el profesor Alain Pellet (Francia) hizo pública su renuncia a Rusia, un Estado que ha asesorado durante los últimos años ante el juez internacional de La Haya, considerando que:

«I have enjoyed working with you to defend the interests of your country, which I love dearly. I appreciated that while defending them together, we could exchange freely on the limits not to be crossed. I have seen the scruples of some of you and understood the unwavering commitment of others. But enough is enough. Yesterday I sent my letter of resignation to the competent authorities: lawyers can defend more or less questionable causes. But it has become impossible to represent in forums dedicated to the application of the law a country that so cynically despises it .. / .. J’ai aimé travailler avec vous pour la défense des intérêts de votre pays, que j’aime profondément. J’ai apprécié que tout en les défendant ensemble, nous puissions échanger librement sur les limites à ne pas franchir. J’ai constaté les scrupules de certains d’entre vous et compris l’engagement sans faille d’autres. Mais, trop c’est trop. J’ai adressé hier ma lettre de démission aux autorités compétentes : des avocats peuvent défendre des causes plus ou moins discutables ; il est impossible de représenter dans des enceintes vouées à l’application du droit un pays qui le méprise si cyniquement« (véase carta publicada en inglés en el sitio EJIL-Talk y en francés en su sitio personal).

En esta foto de audiencias realizada en La Haya, aparecen (izquierda a derecha Carlos Argüello, Embajador de Nicaragua en La Haya y Agente de Nicaragua, Alain Pellet (toga roja) y Paul Reichler. Extraída de esta nota de prensa.

En el pequeño microcosmo que gravita alrededor de la justicia internacional de La Haya (en el que se saben algunas cosas sin que sean necesariamente objeto de reportes en medios de prensa o en redes sociales), es poco usual que este tipo de cartas de renuncias se hagan públicas: es muy probable que respondan en gran parte a la ola de repudio y de rechazo generalizado que han causado recientemente los dos precitados Estados.

A modo de conclusión

Los equipos internacionales de juristas de La Haya que asesoran a los Estados en sus contiendas legales reúnen en algunas ocasiones a los mejores exponentes del derecho internacional público: es precisamente el caso de Nicaragua, con un equipo en el que la trayectoria de sus integrantes, su experiencia como litigantes en La Haya, y su innegable talento oratorio lograron arrebatar los argumentos de equipos de juristas como los reunidos para su defensa por Estados Unidos, Colombia, Costa Rica o bien por Honduras.

Es muy notorio que este equipo de Nicaragua permaneciera desde mediados de los años 80 asesorando a Nicaragua en sus diversas contiendas en La Haya.

Con esta carta de renuncia, Nicaragua pierde sin lugar a dudas a uno de los artífices de varias de sus victorias ante la justicia internacional y su reemplazo sobre la marcha, de cara a la preparación de los escritos que debe presentar Nicaragua en los procesos pendientes contra Colombia, no será tarea fácil.

Como indicado en algunas líneas anteriores, en el precitado caso del jurista galo y de Rusia, llega un momento en el que se considera que ya no vale más la pena seguir viendo su nombre asociado a la defensa de un Estado en recintos judiciales internacionales en los que se debate y se interpreta el alcance de las normas y su debido respeto. Probablemente no sea una decisión fácil de tomar, posiblemente el peso del legado y de todo lo logrado con este Estado influya, y, si bien puede siempre existir una motivación de continuar ante el desafío que representa la labor de asesor legal en La Haya, se llega a un punto de ruptura cuando en su reflexión interna, el jurista concluye con un:

«But enough is enough» / «Mais, trop c´est trop» (Alain Pellet).

Nota 1: Sobre Ian Bronwlie y su súbita muerte en el 2010, véase nuestra breve nota luctuosa (Revista Judicial, Número 97, pp.223-226), titulada «La muerte de Ian Brownlie. El mundo del derecho internacional público en duelo«, en la que escribimos que: » La solidez de la argumentación resistió incólume a todas las objeciones de la parte contraria, y fue aceptada sin mayor contemplación por parte de la CIJ en forma unánime por los 14 jueces: a partir de esta fecha, Costa Rica quedó impedida de navegar con policías por las aguas del río San Juan, sean estos armados o desarmados, sea en tareas de vigilancia policial o en simples tareas de abastecimiento por agua de los puestos de control en tierra«.

Nota 2: Se estima que para cada Estado, una demanda en La Haya supone entre 5 a 9 millones de US$ en gastos diversos. Ahora bien, el gasto exacto que le han significado las repetitivas demandas en La Haya a cada uno de los dos ribereños del Río San Juan se desconoce, pese a cifras que han aparecido de vez en cuando en la prensa de ambos lados del Río San Juan. Los montos anunciados a continuación no se sustentan, a la fecha, en algún informe oficial para conocer el detalle de los rubros ahí consignados: el monto extremadamente preciso señalado por la Contraloría General de la República de Nicaragua, de 6.169.029 US$ para enfrentar la única demanda en aquel mes de mayo del 2011 ante Costa Rica (véase nota de El Nuevo Diario) es, en nuestra opinión, un indicador a considerar. Agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para hacernos llegar el informe detallado en este preciso caso, de manera a revisar el desglose de los rubros que contiene (correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com). Cabe destacar que una prensa más curiosa como la colombiana logró obtener datos sobre únicamente los honorarios devengados por asesores internacionales y nacionales para definir la mejor estrategia después del fallo entre Nicaragua y Colombia de 2012 (véase nota de Semana); con relación a las acciones antes del 2012, el mismo medio colombiano accedió a la lista de honorarios devengados por la veintena de juristas contratados por Colombia (véase artículo). En Argentina se pudo tener acceso a la “tarifa horaria” de los asesores internacionales contratados para hacerle fente a la demanda uruguaya (véase nota de prensa de 2010). En el caso de Chile, el Ejecutivo debió reconocer en 2015 (y ello contra su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú ante la CIJ (véase nota de prensa). Una decisión de la Corte Suprema chilena de enero del 2014 (véase texto ) dejó sin efecto la decisión judicial anterior que ordenó dar a conocer el dato, evidenciando las resistencias del aparato judicial chileno para transparentar del todo algunas cosas. En el caso de Colombia, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ por aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, optó por depositar a Ecuador en el 2013 la suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013). En el caso de Costa Rica, el 10 de diciembre de 2010, el entonces canciller de Costa Rica René Castro indicó en una nota publicada en La Nación y titulada “País presupuesta $2 millones por año para juicio en La Haya” la previsión presupuestaria hecha para el único caso de Isla Portillos en aquel momento, la cual se ubica en el rango antes aludido (5 a 9 millones de US$) si tomamos en consideración que como mínimo, el procedimiento en La Haya dura cuatro años. No obstante, tres años después de la previsión anunciada, y con un caso adicional al del 2010, se informó en 2013 que Costa Rica había gastado tan solo un millón de US$ por año (véase nota de La Nación), sin hacerse público ningún informe detallado. A la fecha (marzo del 2022), se desconoce de un informe detallado de lo que ha gastado Costa Rica entre el 2005 y el 2018 en sus acciones en La Haya contra Nicaragua.

Nota 3: En un comentario a esta unión de procedimiento («jonction d´instances» en francés) realizada por la CIJ, publicado en Francia (véase texto) y titulado «Costa Rica / Nicaragua et CIJ: une procédure incidente revisitée: la jonction d´instance«, habíamos indicado que:

«Les autorités du Costa Rica avaient réagi dès le mois de janvier 2013 (par la voix du Vice Ministre des Relations Extérieures) à la demande de jonction du Nicaragua en indiquant son caractère dilatoire (22). A peine connue la décision de la CIJ de joindre les deux instances, elles ont une nouvelle fois réagi, par la voix du Ministre des Relations Extérieures, dénonçant la «tactique dilatoire» du Nicaragua (23). L´analyse que font les autorités du Costa Rica se limite au facteur temps proprement dit : or, plus qu´une à une dilation, c´est à une véritable dilution de l´affaire initiale à laquelle procède la Cour, dont profitera aisément le défendeur original, en l´occurrence le Nicaragua. Par ce tour de passe-passe, le Nicaragua se retrouve, tout comme le Costa Rica, dans une situation de parfaite égalité : les deux Etats sont à la fois demandeur et défendeur. Afin de ne pas blesser les susceptibilités, on se bornera à dire que la manœuvre du Nicaragua s´avère plutôt concluante«.

Nota 4: Sobre la primera demanda de Nicaragua contra Colombia, véase detalles en este enlace oficial de la CIJ. Sobre la segunda demanda, véase enlace con detalles. Tuvimos la oportunidad de analizar la sentencia (sentencia uno y sentencia dos) de la CIJ de marzo del 2016 en las que rechaza las excepciones preliminares de Colombia y se declara plenamente competente para conocer el fondo de ambas demandas: véase breve nota nuestra al respecto. En septiembre del 2021, Paul Reichler participó en las audiencias orales celebradas (véase su intervención traducida al castellano por la prensa nicaragüense): los verbatim de las audiencias celebradas a finales de septiembre e inicio de octubre del 2021 están disponibles en este enlace de la CIJ.

Nota 5: El texto completo del acuerdo Cuadra-Lizano está disponible en la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica 1998-1999, disponible en la red, pp. 30-31.

(*) Esta nota fue elaborada por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Populismo autoritario y misoginia: ¿Por qué la mitad de las mujeres de Costa Rica apoyan a Chaves y por qué no deben hacerlo?

Escrito en 30/03/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Diego Herrera Amighetti

Según varias encuestas llevadas a cabo en Costa Rica sobre la segunda ronda electoral, alrededor de la mitad de las mujeres que van a votar apoyan a Rodrigo Chaves. Como es bien conocido, el candidato fue sancionado por conductas inapropiadas hacia las mujeres en el Banco Mundial. Él mismo, en los debates y declaraciones públicas, si bien alega que no fue sancionado por acoso sexual, (una precisión irrelevante), ha hecho comentarios para minimizar sus conductas, bajo el argumento de que eso es algo inofensivo, algo así como: eso es lo que los hombres hacemos. El asunto tiene implicaciones mucho más profundas y relevantes para la democracia y el país de lo que Chaves y sus seguidores quisieran hacer ver, y no solamente para las mujeres y otros grupos discriminados y estigmatizados. Es, entonces, imposible no preguntarse porqué la mitad de las mujeres votantes apoyan a Chaves.

El prejuicio y el estigma hacia diferentes grupos es algo universal, particularmente el sexismo y la misoginia; están incorporados en las diferentes culturas y, por medio de la socialización de los niños y las niñas, se internaliza el racismo, el sexismo y la homofobia. Esta introyección de representaciones mentales colectivas de ciertos grupos hace que se transmitan los prejuicios de generación en generación. La naturaleza del estigma y el prejuicio es tan omnipresente que, nosotros mismos, no tenemos consciencia sobre cuánto nos afecta e influencia en nuestras actitudes y acciones.

Un ejemplo elocuente sobre este fenómeno de la internalización del prejuicio, en este caso, el racismo, lo contó en una ocasión Jesse Jackson, líder político negro y activista de los derechos civiles en Estados Unidos: en una ocasión salió de un bar y se dirigió a su automóvil que estaba en una calle oscura y escuchó unos pasos detrás suyos que se le acercaban, cuando la persona lo alcanzó y lo volvió a ver, sintió un alivio al ver que era un blanco. Esto mismo nos ocurre con el sexismo y la homofobia.

El apoyo femenino a Chaves es preocupante en la medida que refleja el machismo, el sexismo y la misoginia internalizada en las mujeres; pero este aspecto es una parte nada más de un fenómeno político más complejo y peligroso.

La tendencia de Chaves, a mi entender, es una orientación política que ha sido denominada de diferentes maneras, pero que vamos a llamar en la versión de Chaves, populismo autoritario. En la actualidad, o muy recientemente, hemos tenido varios representantes en todo el mundo, con variaciones locales de esta orientación: Trump en Estados Unidos, Erdogan en Turquía, Bolsonaro en Brasil, Duterte en Filipinas y Modi en la India. Todos estos tienen algo en común: son movimientos políticos liderados por candidatos misóginos autoritarios, elegidos legítimamente.

Una narrativa común a estos líderes políticos es que son “hombres fuertes”; sus seguidores entienden por esto que son una especie de héroes-machos-alfa, valientes, viriles, que ponen a las mujeres en su lugar (en realidad incentivan la violencia hacia las mujeres), que se oponen a los corruptos, que no le temen al status quo ni a las instituciones que ellos juzgan inoperantes.

Como son temerarios, sigue el distorsionado argumento, van a acabar con la burocracia de los empleados públicos, no le temen a los sindicatos; limpiaran el “pantano” de la corrupción de los políticos tradicionales y otros temas que logran tener un arraigo poderoso en sectores amplios de la población, no importando si esto es posible o no, porque de lo que se trata es de hipnotizar a las masas con estos cantos de sirena populistas (Trump nunca hizo el muro por el cual logró millones de votos; Chaves no va a resolver el tema del aborto por referéndum, porque sería inconstitucional, etc.).

Es en este contexto que la misoginia es parte integral del proyecto de los populistas autoritarios; sus oponentes y sus ideas son ridiculizados a menudo, sutil o abiertamente, como débiles, femeninos, blandengues que abrazan proyectos ilusos e innecesarios como la lucha contra el calentamiento global o la defensa de los derechos humanos.

Por otra parte, la misoginia puede ser entendida como la policía política del sexismo; es decir, es una forma de vigilar, controlar y destruir a aquellas mujeres que desafían el patriarcado y dominancia masculina. Estos líderes, cuando no se sienten amenazados, practican una forma de “sexismo light” en donde tratan de navegar la misoginia con disimulo y chistes de mal gusto (¿han escuchado el “chiste” que alguien dijo sobre el derecho de los hombres a quebrarle las costillas a las mujeres?), pero si se sienten amenazados, se tornan en agresores mórbidos.

Veamos algunos ejemplos, salidos de la boca de estos líderes: Trump, cuando una periodista le hizo una pregunta incómoda, dijo que le estaba saliendo sangre de todos los orificios (obviamente refiriéndose a la menstruación). Modi, en la India, en donde existe una tradición patriarcal violenta hacia las mujeres y las niñas, ha guardado silencio cuando niñas son violadas violentamente por la casta superior de los Hindu extremistas y ha llamado a Sonia Ghandi, su opositora política una “vaca jersey”. Bolsonaro, en Brasil, ha dicho que haber engendrado a su hija después de 4 varones fue “un momento de debilidad”, y que no violaría a la diputada y activista de los derechos humanos María do Rosario “porque no valía la pena”. Duterte en las Filipinas, dijo en un discurso a las Fuerzas Armadas que a las mujeres guerrilleras hay que dispararles en la vagina, “porque sin la vagina, no sirven de nada”.

Finalmente, Erdogan en Turquía, dice que no se pueden poner los hombres y las mujeres como si estuvieran al mismo nivel, porque “no es natural”; entre sus grandes ideas es criminalizar el adulterio femenino para “proteger a la familia” y ha intentado pasar una ley por la cual los hombres que violan a una menor de edad no serán procesados si se casan con su víctima. Todos estos líderes misóginos antidemocráticos, pero electos legítimamente, se admiran mutuamente, se ponen de ejemplo y se adulan (Bolsonaro, el Trump tropical).

Estos líderes misóginos aprecian a las mujeres cuando se ubican en su función maternal, cuidan de los hijos y se muestran sumisas y vulnerables; las valoran cuando son vírgenes, las repugnan cuando están menstruando; las descalifican como emotivas e ineptas para ostentar el liderazgo, las excluyen de oportunidades si son competentes y las castigan, incluso con la violación, si se sienten amenazados por ellas, cuando quieren ejercer su autonomía, como todo ser humano libre y digno.

Volviendo al inicio de este artículo, creo que las mujeres y por supuesto, los hombres de Costa Rica, deberían reflexionar sobre esta historia. El suyo no sería solamente un voto por un candidato que va a gobernar 4 años; es un voto por el ambiente en que quieren que crezcan sus hijas, sobre cómo las traten sus parejas y como las vea la sociedad; es también un voto sobre el tipo de democracia costarricense en la que queremos seguir viviendo.

Enlace del artículo: https://www.facebook.com/100002666530796/posts/4779028028862701/?d=n

Compartido con SURCOS por Alberto Salom E.

Imagen de portada tomada del Facebook Luis Diego Herrera Amighetti.

Agresión de Rusia a Ucrania: nueva resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas

Escrito en 28/03/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

Este 24 de marzo, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una nueva resolución (véase texto en español, en inglés y en ruso de la Resolución A/ES-11/L.2 reproducido al final de esta nota), titulada «Consecuencias humanitarias de la agresión de Rusia contra Ucrania«, exigiendo un alto inmediato a la ofensiva de Rusia en territorio ucraniano: esta última fue iniciada hace exactamente un mes, en la madrugada del pasado 24 de febrero.

Es de notar que, en el momento en que se iniciaron los movimientos de tropas rusas el 24 de febrero, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estaba precisamente sesionando sobre la crisis en Ucrania bajo la Presidencia de Rusia: véase comunicado de Naciones Unidas y acta completa de esta vespertina sesión en Nueva York en la que participaron, por América Latina, los representantes de Brazil y México conjuntamente con las demás13 delegaciones de los Estados que integran el Consejo de Seguridad y el delegado de Ucrania. Este último indicó en plena reunión que:

«Cuando venía hacia aquí hace una hora, mi intención era pedirle al Embajador ruso que confirmara, de forma oficial, que los militares rusos no iban a empezar a disparar contra los ucranianos hoy ni a seguir con la ofensiva. Pero eso ya no sirve de nada desde hace 48 minutos, porque, hace unos 48 minutos, su Presidente declaró la guerra a Ucrania. Por lo tanto, me gustaría pedir al Embajador de la Federación de Rusia que diga, para que conste en actas, en este mismo momento, que sus efectivos no están bombardeando ciudades ucranianas y que no se están adentrando en el territorio de Ucrania. Tiene un teléfono inteligente; puede llamar al Sr. Lavrov ahora mismo. Podemos hacer una pausa para que salga y lo llame» (véase acta S/PV.8974, p. 13 de la versión en español).

La resolución adoptada el 24 de marzo del 2022 : contenido y registro de la votación en breve

Remitimos al lector a esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas sobre la resolución adoptada este 24 de marzo. En la parte resolutiva de la resolución, se lee que la Asamblea General:

«2. Exige el cese inmediato de las hostilidades de la Federación de Rusia contra Ucrania, en particular cualquier ataque contra los civiles y los bienes de carácter civil;

3. Exige también que se proteja plenamente a los civiles, incluidos el personal humanitario, los periodistas y las personas en situación de vulnerabilidad, como las mujeres y los niños;

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«2. Demands an immediate cessation of the hostilities by the Russian Federation against Ukraine, in particular of any attacks against civilians and civilian objects;

3. Also demands that civilians, including humanitarian personnel, journalists and persons in vulnerable situations, including women and children, be fully protected»

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2. требует немедленного прекращения военных действий Российской Федерации против Украины, в частности любых нападений на гражданских лиц и гражданские объекты;

3. требует также обеспечить полную защиту гражданских лиц, включая гуманитарный персонал, журналистов и лиц, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей;»

En la larga parte de «considerando» que antecede la parte dispositiva, se lee, entre varios de ellos, que la Asamblea General adopta este texto «Recordando la obligación de todos los Estados y partes en un conflicto armado de respetar plenamente el derecho internacional humanitario, en particular los principios de distinción y proporcionalidad, y la obligación de adoptar todas las precauciones viables para evitar y, en todo caso, reducir al mínimo los daños a los civiles y los bienes de carácter civil, reiterando que los asedios, cuyo objetivo es matar de hambre a la población civil, constituyen una violación del derecho internacional humanitario, e instando a todos los Estados y partes en el conflicto armado a que respeten los derechos humanos, incluidos los de las personas desplazadas por la fuerza, y el principio de no devolución»,

El registro del voto (véase detalle) indica que votaron a favor del texto 140 Estados, 5 en contra (Bielorusia, Corea del Norte, Eritrea, Rusia y Siria) al tiempo que 38 Estados se abstuvieron.

En lo que respecta a América Latina, entre las abstenciones se registran las de Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua; al tiempo que, entre los «No Show» (Estados cuyo representante se ausenta en el momento de la votación) aparece Venezuela, conjuntamente con 9 otros Estados.

Habíamos tenido la oportunidad de analizar el voto anteriormente registrado el pasado 2 de marzo (véase nuestra breve nota al respecto y texto de la Resolución A/ES-11/L.1), en el que se observó un patrón de voto muy similar y la misma ausencia por parte del delegado de Venezuela en el momento de registrarse la votación: notemos que Bangladesh, Guinea Bissau, Irak, y Senegal votaron esta vez a favor, cuando se habían abstenido en la votación anterior de la Resolución A/ES-11/L.1.

A modo de conclusión

Esta nueva victoria diplomática de Ucrania viene a aislar un poco más a Rusia ante los demás integrantes de la comunidad internacional.

El pasado 16 de marzo, fue la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la que exigió, mediante una ordenanza, a Rusia el cese inmediato de su ofensiva militar en suelo ucraniano. Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota que concluía indicando que:

«Se puede adelantar que esta providencia leída por la CIJ este 16 de marzo del 2022 constituye también un primer peldaño en una larga batalla judicial por venir, tendiente a obtener reparaciones e indemnizaciones de parte de Rusia por los graves daños ocasionados a Ucrania: fue la misma intención la que tuvo Nicaragua en 1984 ante la CIJ, ante la destrucción propiciada, financiada y orquestada por Estados Unidos en su territorio a través de la denominada «contra» nicaragüense«

Texto de la resolución adoptada este 24 de marzo del 2022

Consecuencias humanitarias de la agresión contra Ucrania

La Asamblea General,

Reafirmando su determinación de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra,

Reafirmando sus resoluciones 46/182, de 19 de diciembre de 1991, y 76/124, de 10 de diciembre de 2021,

Recordando la obligación que incumbe a todos los Estados, con arreglo al Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, y de arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos,

Reafirmando su compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, que se extienden a sus aguas territoriales,

Reconociendo que la ofensiva militar de la Federación de Rusia en el territorio soberano de Ucrania y sus consecuencias humanitarias alcanzan proporciones que la comunidad internacional no había visto en Europa desde hace décadas,

Reiterando el llamamiento del Secretario General a que la Federación de Rusia detenga su ofensiva militar, así como su llamamiento a establecer un alto el fuego y retomar la senda del diálogo y las negociaciones,

Recordando su exigencia de que la Federación de Rusia retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente,

Deplorando las graves consecuencias humanitarias de las hostilidades llevadas a cabo por la Federación de Rusia contra Ucrania, como el asedio y el bombardeo de ciudades densamente pobladas de Ucrania, en particular Mariúpol, y los ataques aéreos lanzados contra ellas, así como los ataques contra civiles, incluidos periodistas, y bienes de carácter civil, en particular escuelas y otros centros educativos, sistemas de agua y saneamiento, instalaciones médicas y sus medios de transporte y equipo, y el secuestro de funcionarios locales, así como los ataques contra instalaciones diplomáticas y lugares culturales,

Expresando grave preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Ucrania y sus alrededores, en particular por el elevado número de bajas civiles, que incluyen a mujeres y niños, y el número creciente de desplazados internos y refugiados que necesitan ayuda humanitaria,

Reafirmando la necesidad de proteger, sin discriminación de ningún tipo, la seguridad, la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas que huyen del conflicto y la violencia, independientemente de su condición, a la vez que se promueve la seguridad y la prosperidad de todas las comunidades, y condenando a este respecto cualquier acto, manifestación y expresión de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia conexa contra las personas en movimiento, incluidos los refugiados,

Condenando enérgicamente cualquier ataque dirigido específicamente contra los civiles en cuanto tales y otras personas y bienes de carácter civil protegidos, incluidos los convoyes de evacuación de civiles, así como los ataques indiscriminados y desproporcionados, incluidos el bombardeo indiscriminado y el uso indiscriminado de armas explosivas, y expresando preocupación por los riesgos a largo plazo para la población civil que suponen los daños a la infraestructura civil y las municiones sin detonar,

Destacando las repercusiones particulares que tiene el conflicto armado en las mujeres y los niños, incluso como refugiados y desplazados internos, y otros civiles que tienen necesidades específicas, como las personas con discapacidad y las personas mayores, y destacando también la necesidad de garantizar el paso seguro, así como la protección y la asistencia, para todas las poblaciones civiles afectadas,

Expresando su profundo aprecio por los considerables y encomiables esfuerzos realizados por los países vecinos para acoger a refugiados,

Expresando preocupación por las repercusiones del conflicto en el aumento de la inseguridad alimentaria en todo el mundo, en particular en los países menos desarrollados, al ser Ucrania y la región una de las zonas más importantes del mundo en cuanto a las exportaciones de cereales y productos agrícolas, cuando millones de personas se enfrentan a una situación de hambruna, corren un riesgo inmediato de hambruna o experimentan inseguridad alimentaria grave en varias regiones del mundo, así como en la seguridad energética,

Recordando el vínculo entre el conflicto armado y la violencia, por una parte, y la inseguridad alimentaria provocada por los conflictos y el riesgo de hambruna, por otra parte, y destacando a este respecto que el conflicto armado, las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos y la inseguridad alimentaria pueden ser factores que impulsen el desplazamiento forzado y que, a la inversa, el desplazamiento forzado en los países en conflicto armado puede tener efectos devastadores en la producción agrícola y los medios de subsistencia,

Expresando preocupación por las graves consecuencias humanitarias que tendría un posible accidente provocado por el bombardeo de la infraestructura nuclear ucraniana, reiterando la obligación de garantizar la seguridad física y tecnológica de toda la infraestructura nuclear y expresando preocupación por las repercusiones del conflicto en el medio ambiente,

Recordando la obligación de todos los Estados y partes en un conflicto armado de respetar plenamente el derecho internacional humanitario, en particular los principios de distinción y proporcionalidad, y la obligación de adoptar todas las precauciones viables para evitar y, en todo caso, reducir al mínimo los daños a los civiles y los bienes de carácter civil, reiterando que los asedios, cuyo objetivo es matar de hambre a la población civil, constituyen una violación del derecho internacional humanitario, e instando a todos los Estados y partes en el conflicto armado a que respeten los derechos humanos, incluidos los de las personas desplazadas por la fuerza, y el principio de no devolución,

Reiterando la exhortación a todas las partes en el conflicto armado a que acaten las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario en materia de protección de los civiles y los bienes de carácter civil, y el medio ambiente, y a que no dañen los bienes de carácter civil, incluidos los que son fundamentales para prestar servicios esenciales a la población civil, se abstengan de atacar, destruir, retirar o inutilizar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y respeten y protejan al personal humanitario y los envíos utilizados para las operaciones de socorro humanitario,

Reafirmando los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia en la prestación de asistencia humanitaria, y reafirmando también la necesidad de que todos los agentes que participan en la prestación de asistencia humanitaria en emergencias complejas promuevan y respeten plenamente estos principios,

1. Reitera la necesidad de aplicar plenamente la resolución ES-11/1, de 2 de marzo de 2022, titulada “Agresión contra Ucrania”;

2. Exige el cese inmediato de las hostilidades de la Federación de Rusia contra Ucrania, en particular cualquier ataque contra los civiles y los bienes de carácter civil;

3. Exige también que se proteja plenamente a los civiles, incluidos el personal humanitario, los periodistas y las personas en situación de vulnerabilidad, como las mujeres y los niños;

4. Exige además que se respete y proteja plenamente a todo el personal médico y el personal humanitario dedicado exclusivamente a actividades médicas, sus medios de transporte y su equipo, así como los hospitales y otras instalaciones médicas;

5. Exige que se respeten y protejan plenamente los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y la infraestructura civil imprescindible para prestar servicios esenciales en el conflicto armado;

6. Exige también a todas las partes que protejan a los civiles que huyen del conflicto armado y la violencia, incluidos los ciudadanos extranjeros, en particular los estudiantes, sin discriminación, a fin de permitir su paso voluntario, seguro y sin trabas;

7. Exige además que las partes acaten su obligación de garantizar el acceso humanitario seguro y sin trabas del personal humanitario y sus medios de transporte, suministros y equipo a quienes lo necesitan en Ucrania y los países vecinos;

8. Destaca que los asedios de ciudades en Ucrania, en particular la ciudad de Mariúpol, agravan aún más la situación humanitaria de la población civil y dificultan las medidas de evacuación y, por lo tanto, exige que se ponga fin a esos asedios;

9. Condena todas las violaciones del derecho internacional humanitario y las violaciones y los abusos de los derechos humanos y exhorta a todas las partes en el conflicto armado a que respeten estrictamente el derecho internacional humanitario, incluidos los Convenios de Ginebra de 19491 y su Protocolo Adicional I, de 19772 , y a que respeten el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados, incluido el principio de no devolución, según proceda;

10. Exhorta a los Estados Miembros a que financien íntegramente el plan de respuesta humanitaria de las Naciones Unidas para 2022, el llamamiento urgente hecho por las Naciones Unidas para la respuesta humanitaria en Ucrania y el plan regional de respuesta para los refugiados de Ucrania y los países vecinos, y observa con preocupación las conclusiones del Panorama global humanitario 2022, incluida la actualización de febrero de 2022;

11. Acoge con beneplácito los continuos esfuerzos del Secretario General, los Estados Miembros, las entidades del sistema de las Naciones Unidas y la comunidad internacional por proporcionar asistencia humanitaria y asistencia y protección a los refugiados, e insta a que prosigan dichos esfuerzos, y acoge con beneplácito también el nombramiento por el Secretario General de un Coordinador de las Naciones Unidas para la Crisis en Ucrania;

12. Reitera su solicitud al Coordinador del Socorro de Emergencia de que presente un informe sobre la situación humanitaria en Ucrania y sobre la respuesta humanitaria, de conformidad con su resolución ES-11/1, y solicita al Secretario General que la informe, de forma periódica, sobre la aplicación de la presente resolución;

13. Alienta encarecidamente a que continúen las negociaciones entre todas las partes e insta de nuevo a que se resuelva inmediatamente de forma pacífica el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania mediante el diálogo político, negociaciones, la mediación y otros medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional;

14. Decide suspender temporalmente su undécimo período extraordinario de sesiones de emergencia y autorizar a su Presidencia a que lo reanude cuando lo soliciten los Estados Miembros.

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Eleventh emergency special session Agenda item 5

Letter dated 28 February 2014 from the Permanent Representative of Ukraine to the United Nations addressed to the President of the Security Council (S/2014/136)

Albania, Antigua and Barbuda, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Estonia, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Marshall Islands, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, North Macedonia, Norway, Palau, Panama, Paraguay, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Trinidad and Tobago, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America and Uruguay:

draft resolution

Humanitarian consequences of the aggression against Ukraine

The General Assembly,

Reaffirming its determination to save succeeding generations from the scourge of war,

Reaffirming its resolutions 46/182 of 19 December 1991 and 76/124 of 10 December 2021,

Recalling the obligation of all States under Article 2 of the Charter of the United Nations to refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations, and to settle their international disputes by peaceful means,

Reaffirming its commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, extending to its territorial waters,

Recognizing that the military offensive of the Russian Federation inside the sovereign territory of Ukraine and its humanitarian consequences are on a scale that the international community has not seen in Europe in decades,

Reiterating the call of the Secretary-General to the Russian Federation to stop its military offensive, as well as his call to establish a ceasefire and to return to the path of dialogue and negotiations,

Recalling its demand that the Russian Federation immediately, completely and unconditionally withdraw all of its military forces from the territory of Ukraine within its internationally recognized borders,

Deploring the dire humanitarian consequences of the hostilities by the Russian Federation against Ukraine, including the besiegement of and shelling and air strikes in densely populated cities of Ukraine, in particular Mariupol, as well as attacks striking civilians, including journalists, and civilian objects, in particular schools and other educational institutions, water and sanitation systems, medical facilities and their means of transport and equipment, and the abduction of local officials, as well as attacks striking diplomatic premises and cultural sites,

Expressing grave concern at the deteriorating humanitarian situation in and around Ukraine, in particular at the high number of civilian casualties, including women and children, and the increasing number of internally displaced persons and refugees in need of humanitarian assistance,

Reaffirming the need to protect, without discrimination of any kind, the safety, dignity, human rights and fundamental freedoms of people fleeing the conflict and violence, regardless of their status, while promoting the security and prosperity of all communities, and condemning in this regard any acts, manifestations and expressions of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance against people on the move, including refugees,

Strongly condemning any attacks directed against civilians as such and other protected persons and civilian objects, including civilian evacuation convoys, as well as indiscriminate and disproportionate attacks, including indiscriminate shelling and the indiscriminate use of explosive weapons, and further expressing concern about the long-term risks posed by damage to civilian infrastructure and unexploded ordnance to the civilian population,

Stressing the particular impact that armed conflict has on women and children, including as refugees and internally displaced persons, and other civilians who have specific needs, including persons with disabilities and older persons, and stressing also the need to ensure safe passage, as well as protection and assistance, to all affected civilian populations,

Expressing its deep appreciation for the significant and admirable efforts that have been made by neighbouring countries to accommodate refugees,

Expressing concern about the impact of the conflict on increased food insecurity globally, in particular in the least developed countries, as Ukraine and the region are one of the world’s most important areas for grain and agricultural exports, when millions of people are facing famine or the immediate risk of famine or are experiencing severe food insecurity in several regions of the world, as well as on energy security,

Recalling the link between armed conflict and violence and conflict-induced food insecurity and the threat of famine, and stressing in this regard that armed conflict, violations of international humanitarian law and international human rights law, and food insecurity can be drivers of forced displacement and that, conversely, forced displacement in countries in armed conflict can have a devastating impact on agricultural production and livelihoods,

Expressing concern about the grave humanitarian consequences of a possible accident resulting from the bombing and shelling of the Ukrainian nuclear infrastructure, reiterating the obligation to ensure the safety and security of all nuclear infrastructure, and expressing concern about the impact of the conflict on the environment,

Recalling the obligation of all States and parties to an armed conflict to fully respect international humanitarian law, in particular the principles of distinction and proportionality and the obligation to take all feasible precautions to avoid and in any event minimize harm to civilians and damage to civilian objects, reiterating that sieges, the purpose of which is to starve the civilian populations, are a violation of international humanitarian law, and urging all States and parties to armed conflict to respect human rights, including with regard to those forcibly displaced, and the principle of non-refoulement,

Reiterating the call upon all parties to the armed conflict to comply with their obligations under international humanitarian law regarding the protection of civilians and civilian objects, and the environment, and to spare civilian objects, including those critical to the delivery of essential services to the civilian population, refraining from attacking, destroying, removing or rendering useless objects that are indispensable to the survival of the civilian population, and respecting and protecting humanitarian personnel and consignments used for humanitarian relief operations,

Reaffirming the principles of humanity, neutrality, impartiality and independence in the provision of humanitarian assistance, and reaffirming also the need for all actors engaged in the provision of humanitarian assistance in situations of complex emergencies to promote and fully respect these principles,

1. Reiterates the need for the full implementation of resolution ES-11/1 of 2 March 2022, entitled “Aggression against Ukraine”;

2. Demands an immediate cessation of the hostilities by the Russian Federation against Ukraine, in particular of any attacks against civilians and civilian objects;

3. Also demands that civilians, including humanitarian personnel, journalists and persons in vulnerable situations, including women and children, be fully protected;

4. Further demands full respect for and protection of all medical personnel and humanitarian personnel exclusively engaged in medical duties, their means of transport and equipment, as well as hospitals and other medical facilities;

5. Demands full respect for and protection of objects indispensable to the survival of the civilian population and civilian infrastructure that is critical to the delivery of essential services in armed conflict;

6. Also demands that all parties protect civilians fleeing armed conflict and violence, including foreign nationals, notably students, without discrimination, to allow voluntary, safe and unhindered passage;

7. Further demands that the parties comply with their obligation to ensure the safe and unhindered humanitarian access of humanitarian personnel as well as their means of transport, supplies and equipment to those in need in Ukraine and its neighbouring countries;

8. Stresses that the sieges of cities in Ukraine, in particular the city of Mariupol, further aggravate the humanitarian situation for the civilian population and hamper evacuation efforts, and therefore demands to put an end to these sieges;

9. Condemns all violations of international humanitarian law and violations and abuses of human rights, and calls upon all parties to the armed conflict to strictly respect international humanitarian law, including the Geneva Conventions of 19491 and Additional Protocol I thereto, of 1977, 2 and to respect international human rights law and international refugee law, including the principle of non-refoulement, as applicable;

10. Calls upon Member States to fully fund the United Nations Humanitarian Response Plan 2022, the flash appeal launched by the United Nations for the humanitarian response in Ukraine, as well as the regional refugee response plan for Ukraine and its neighbouring countries, and notes with concern the findings in the Global Humanitarian Overview 2022, including its February 2022 update;

11. Welcomes and urges the continued efforts by the Secretary-General, Member States, entities of the United Nations system and the international community to deliver humanitarian assistance as well as assistance and protection for refugees, and also welcomes the appointment by the Secretary-General of a United Nations Crisis Coordinator for Ukraine;

12. Reiterates its request to the Emergency Relief Coordinator to provide a report on the humanitarian situation in Ukraine and on the humanitarian response, in accordance with its resolution ES-11/1, and requests the Secretary-General to brief the General Assembly, on a regular basis, on the implementation of the present resolution;

13. Strongly encourages the continued negotiations between all parties, and again urges the immediate peaceful resolution of the conflict between the Russian Federation and Ukraine through political dialogue, negotiations, mediation and other peaceful means in accordance with international law;

14. Decides to adjourn the eleventh emergency special session of the General Assembly temporarily and to authorize the President of the General Assembly to resume its meetings upon request from Member States.

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Гуманитарные последствия агрессии против Украины

Генеральная Ассамблея,

подтверждая свою решимость избавить грядущие поколения от бедствий войны,

подтверждая свои резолюции 46/182 от 19 декабря 1991 года и 76/124 от 10 декабря 2021 года,

напоминая об обязанности всех государств в соответствии со статьей 2 Устава Организации Объединенных Наций воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций, и разрешать свои международные споры мирными средствами,

подтверждая свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды,

признавая, что военное наступление Российской Федерации на суверенной территории Украины и его гуманитарные последствия имеют такие масштабы,

выражая сожаление по поводу тяжелейших гуманитарных последствий военных действий Российской Федерации против Украины, включая осаду, артобстрелы густонаселенных городов Украины, в частности Мариуполя, и авиаудары по ним, а также нанесение ударов по гражданским лицам, включая журналистов, и гражданским объектам, в частности школам и другим учебным заведениям, системам водоснабжения и канализации, медицинским учреждениям и их транспортным средствам и оборудованию, и похищение местных должностных лиц, а также нанесение ударов по дипломатическим и культурным объектам,

выражая серьезную обеспокоенность по поводу ухудшения гуманитарной ситуации на Украине и вокруг нее, в частности по поводу большого числа жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей, и роста числа внутренне перемещенных лиц и беженцев, нуждающихся в гуманитарной помощи,

подтверждая необходимость защиты, без какой-либо дискриминации, безопасности, достоинства, прав человека и основных свобод людей, спасающихся от конфликта и насилия, независимо от их статуса, при одновременном содействии безопасности и процветанию всех общин, и осуждая в этой связи любые акты, воплощения и проявления расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в отношении перемещающихся лиц, включая беженцев,

решительно осуждая любые нападения на гражданских лиц как таковых и других находящихся под защитой лиц и гражданские объекты, включая автоколонны с эвакуирующимся гражданским населением, а также неизбирательные и несоразмерные нападения, включая неизбирательные артобстрелы и неизбирательное применение оружия взрывного действия, и выражая озабоченность по поводу долгосрочных рисков, связанных с повреждением гражданской инфраструктуры и неразорвавшимися боеприпасами, для гражданского населения,

подчеркивая особое воздействие вооруженного конфликта на женщин и детей, в том числе в качестве беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также на других гражданских лиц с особыми потребностями, включая инвалидов и пожилых людей, и подчеркивая также необходимость обеспечения безопасного прохода, а также защиты всего затрагиваемого гражданского населения и оказания ему помощи,

выражая глубокую признательность соседним странам за значительные и достойные восхищения усилия по размещению беженцев,

выражая обеспокоенность по поводу влияния этого конфликта на обостряющуюся проблему отсутствия продовольственной безопасности во всем мире, в частности в наименее развитых странах, поскольку Украина и данный регион входят в число наиболее важных с точки зрения экспорта зерна и сельскохозяйственной продукции районов мира, в то время как миллионы людей в ряде регионов мира сталкиваются с голодом или непосредственным риском голода или испытывают серьезный дефицит продовольствия, а также на энергетическую безопасность,

напоминая о связи между вооруженными конфликтами и насилием и отсутствием продовольственной безопасности и угрозой голода в результате конфликтов и подчеркивая в этой связи, что вооруженные конфликты, нарушения норм международного гуманитарного права и международного права прав человека и отсутствие продовольственной безопасности могут служить факторами вынужденного перемещения населения и что, наоборот, вынужденное перемещение населения в странах, охваченных вооруженным конфликтом, может иметь катастрофические последствия для сельскохозяйственного производства и возможности получения средств к существованию,

выражая обеспокоенность по поводу серьезных гуманитарных последствий возможной аварии в результате бомбардировок и артобстрелов объектов украинской ядерной инфраструктуры, подтверждая обязательство по обеспечению охраны и безопасности всей ядерной инфраструктуры и выражая обеспокоенность по поводу воздействия конфликта на окружающую среду,

напоминая об обязанности всех государств и сторон вооруженного конфликта полностью соблюдать международное гуманитарное право, в частности принципы избирательности и соразмерности и обязательство принимать все возможные меры предосторожности для того, чтобы предотвратить и в любом случае с

вести к минимуму ущерб гражданскому населению и гражданским объектам, вновь заявляя, что осада, цель которой состоит в том, чтобы морить голодом гражданское население, является нарушением международного гуманитарного права, и настоятельно призывая все государства и стороны вооруженного конфликта соблюдать права человека, в том числе в отношении насильственно перемещенных лиц, и принцип невысылки,

повторяя призыв ко всем сторонам вооруженного конфликта выполнять свои обязанности по международному гуманитарному праву в отношении защиты гражданского населения и гражданских объектов и окружающей среды и щадить гражданские объекты, включая те, которые имеют критически важное значение для предоставления основных услуг гражданскому населению, воздерживаясь от того, чтобы подвергать нападениям, уничтожать, перемещать или приводить в негодность объекты, которые обязательны для выживания гражданского населения, и уважая статус и обеспечивая защиту гуманитарного персонала и грузов, используемых для проведения операций по оказанию гуманитарной помощи,

подтверждая принципы гуманности, нейтральности, беспристрастности и независимости при оказании гуманитарной помощи и подтверждая также необходимость того, чтобы все субъекты, занимающиеся оказанием гуманитарной помощи в сложных чрезвычайных ситуациях, поддерживали и в полной мере соблюдали эти принципы,

1. вновь заявляет о необходимости полного осуществления резолюции ES-11/1 от 2 марта 2022 года, озаглавленной «Агрессия против Украины»;

3. требует также обеспечить полную защиту гражданских лиц, включая гуманитарный персонал, журналистов и лиц, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей;

4. требует далее обеспечить полное уважение статуса и защиту всего медицинского персонала и гуманитарного персонала, занимающегося исключительно выполнением медицинских обязанностей, их транспортных средств и оборудования, а также больниц и других медицинских учреждений;

5. требует обеспечить полное уважение статуса и защиту объектов, обязательных для выживания гражданского населения, и гражданской инфраструктуры, которая имеет критически важное значение для оказания основных услуг в условиях вооруженного конфликта;

6. требует также, чтобы все стороны защищали гражданских лиц, спасающихся от вооруженного конфликта и насилия, включая иностранных граждан, в частности учащихся, без какой-либо дискриминации, обеспечивая для них добровольный, безопасный и беспрепятственный проход;

7. требует далее, чтобы стороны выполняли свои обязанности по обеспечению безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа гуманитарного персонала, а также его транспортных средств, предметов снабжения и оборудования к нуждающимся в помощи лицам на Украине и в соседних странах;

8. подчеркивает, что осада городов на Украине, в частности города Мариуполь, еще больше усугубляет гуманитарную ситуацию для гражданского населения и затрудняет усилия по эвакуации, и поэтому требует положить конец этой осаде;

9. осуждает все нарушения международного гуманитарного права и нарушения прав человека и злоупотребления ими и призывает все стороны вооруженного конфликта строго соблюдать международное гуманитарное право, включая Женевские конвенции 1949 года1 и Дополнительный протокол I к ним 1977 года2 , и соблюдать применимые нормы международного права прав человека и международного беженского права, в том числе принцип невысылки;

10. призывает государства-члены полностью профинансировать План гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций на 2022 год, чрезвычайный призыв Организации Объединенных Наций об оказании гуманитарной помощи на Украине и региональный план реагирования на проблему беженцев для Украины и соседних стран и с озабоченностью отмечает выводы «Обзора гуманитарной ситуации в мире», 2022 год, включая его обновленные данные от февраля 2022 года;

11. приветствует усилия Генерального секретаря, государств-членов, учреждений системы Организации Объединенных Наций и международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи, а также по предоставлению помощи и защиты беженцам и настоятельно призывает их продолжать предпринимать такие усилия, а также приветствует назначение Генеральным секретарем Координатора действий в кризисной ситуации на Украине;

12. подтверждает свою просьбу к Координатору чрезвычайной помощи представить доклад о гуманитарной ситуации на Украине и о гуманитарных мерах реагирования в соответствии со своей резолюцией ES-11/1 и просит Генерального секретаря информировать Генеральную Ассамблею на регулярной основе об осуществлении настоящей резолюции;

13. решительно поощряет продолжение переговоров между всеми сторонами и вновь настоятельно призывает к немедленному мирному урегулированию конфликта между Российской Федерацией и Украиной посредством политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных средств в соответствии с международным правом;

14. постановляет временно прервать работу одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи и уполномочить Председателя Генеральной Ассамблеи возобновить заседания по требованию государств-членов.

(*) Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, UCR.

Imagen principal: Foto de manifestantes en contra de la agresión rusa en Ucrania en las afueras del Peace Palace en La Haya, extraída de nota de prensa de la DW, edición del 7/03/2022

Mariano Cañardo, el primer campeón del ciclismo español

Escrito en 28/03/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gabe Abrahams

Mariano Cañardo Lacasta (1906-1987) nació en Olite, Navarra. Cuatro veces Campeón de España de ciclismo en ruta y siete veces ganador de la Volta a Catalunya, aún es el ciclista que más veces ha ganado ambas pruebas.

Huérfano de padre a los seis años y de madre a los catorce años, la infancia de Mariano Cañardo transcurrió entre Olite, Huesca y Barcelona, donde vivía su hermana mayor.

Tras la muerte de su padre Mariano Cañardo, un teniente de la Guardia Civil, y de su madre Magdalena Lacasta, Mariano Cañardo se trasladó a vivir a Barcelona definitivamente con su hermana mayor Eustaquia y se hizo carpintero y persianero. Antes había sido pastor de ovejas en Estallo, Huesca.

Después de aficionarse al ciclismo y de comprarse una bicicleta a plazos, Mariano Cañardo debutó en 1926 como ciclista en la Volta a Catalunya, terminando en un meritorio tercer puesto. Ese mismo año ganó la Vuelta a Cantabria.

En 1928, venció en la Volta a Catalunya, un éxito que repetiría hasta en siete ocasiones. Ganó la Volta a Catalunya de los años 1928, 1929, 1930, 1932, 1935, 1936 y 1939. Todavía hoy ningún ciclista ha sido capaz de igualar ese número de victorias.

Durante ese período de tiempo, Cañardo también fue cuatro veces Campeón de España de ciclismo en ruta (1930, 1931, 1933, 1936), acabando dos veces séptimo en el Campeonato del Mundo de la especialidad. Otro récord de victorias que permanece.

Mariano Cañardo redondeó su palmarés ganando la Vuelta al País Vasco en 1930, siendo segundo en la primera edición de la Vuelta Ciclista a España de 1935, finalizando segundo por equipos en el Tour de Francia de 1936 y ganando otras pruebas menores como la París-Lisboa y el Circuito del Norte (1939), la Vuelta a los Puertos (1940), etc.

Mariano Cañardo disputó el Tour de Francia en varias ediciones, con suerte dispar. En 1934, fue noveno. En 1936, quedó sexto, logrando el segundo puesto por equipos con la selección de la Segunda República Española que acudió a disputar el Tour. Y, en 1937 y 1938, tuvo una actuación discreta.

Son famosas las imágenes de Mariano Cañardo y de los otros componentes de la selección de la Segunda República Española (Julián Berrendero, Salvador Molina, Emiliano Álvarez, Federico Ezquerra) luciendo el maillot con los colores de la bandera republicana durante el Tour de 1936.

En aquellos años, el deporte de la República Española consiguió grandes logros, más tarde silenciados por la dictadura de Franco. 1935 fue el año del nacimiento de la Vuelta Ciclista a España, que nació republicana, pero también fue el año de otros éxitos deportivos como por ejemplo el conseguido por la selección española de baloncesto, la cual se proclamó Subcampeona de Europa en el EuroBasket. Como se ha comentado, en 1936, la selección de la Segunda República Española también alcanzó el segundo puesto por equipos en el Tour de Francia.

Durante los años de la Guerra Civil Española (1936-1939), Mariano Cañardo estuvo exiliado en Francia y residió en París y en Amélie-les-Bains, acudiendo a competir al Tour de Francia y convirtiendo su casa en un centro de acogida de republicanos españoles. Finalizada la guerra, Cañardo regresó a España y fue acusado por la dictadura de Franco de ser “republicano y separatista”. Sufrió un breve paso por prisión y fue inhabilitado durante un tiempo. Terminada la inhabilitación, Mariano Cañardo fue capaz de conseguir sus últimos éxitos deportivos como la Volta a Catalunya de 1939 o la Vuelta a los Puertos de 1940, entre otras, y se retiró del ciclismo.

En las siguientes décadas, Mariano Cañardo permaneció unido al deporte que tanto le había dado ocupando diversos cargos federativos. Fue seleccionador nacional de ciclismo, presidente de la Federación Catalana de Ciclismo y director de carreras como la Setmana Catalana. Recibió diversos homenajes y reconocimientos.

Mariano Cañardo falleció en Barcelona en 1987 en la clínica Corachán, de una hemorragia cerebral. Un cáncer de colon muy extendido fue el desencadenante. Su muerte fue muy sentida por los aficionados al ciclismo de todo el mundo. Ese mismo año, la Generalitat de Catalunya le concedió la medalla Forjador de la Història Esportiva de Catalunya.

Mariano Cañardo suele ser considerado el primer campeón del ciclismo español. Su talento traspasó fronteras y su popularidad estuvo a la altura de mitos futbolísticos de su época como Samitier o Zamora. Cañardo tiene un mérito deportivo que lo termina de encumbrar aún hoy a ese nivel: sus récords de victorias en el Campeonato de España de ciclismo en ruta y en la Volta a Catalunya permanecen.

Recordar la figura de Mariano Cañardo es recordar la historia del deporte español, pero sobretodo supone recordar la historia del tan olvidado deporte republicano. Aquel que logró un pódium en el Tour de Francia de 1936. Aquel que logró otras gestas memorables. Es de justicia tenerlo presente.

La universidad del Siglo XXI

Escrito en 25/03/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Educación.

Desde una perspectiva intimista

Mis desgarramientos interiores

Alberto Salom Echeverría

Uno de los sentimientos más desgarradores que he experimentado en mi vida, es el del abandono, la separación física de alguien o de algo. Varias veces en mi existencia lo he vivido: lo experimenté intensamente a mis once años, con el temprano fallecimiento de mi padre tras un accidente automovilístico. Volví a vivirlo con la misma intensidad, pero de una manera distinta porque era más maduro, a la edad de cuarenta años, cuando se produjo la partida de un ser maravilloso en mi vida, en la de mis hermanos y estoy seguro de que en la de mucha gente más; ese ser maravilloso fue mi madre. Síntesis de una irremediable endeblez física, propiciada por una enfermedad que la atacó temprano, por una parte y de una inusual fortaleza intelectual y espiritual, por otra. Ella no podía vivir más de cinco años como promedio de la enfermedad. ¡Pero vivió treinta años más! por decisión propia, es decir, por su corazón inmenso y generoso que quiso seguir latiendo alimentado por nuestro amor y entrega hacia ella. ¡Qué sentimiento de abandono sufrí, de inefable orfandad, no obstante, mis cuarenta años! La tercera experiencia fue la muerte de Isabel, mi esposa por 26 años. Una compañera sin par, de gran solidez científica y académica, formada en la UCR, muy leal y de gran valentía también.

Todas estas pérdidas dejaron en mí, después de un primer desgarramiento interior, la enseñanza de que nada de lo espiritual se pierde de manera definitiva. Los cuerpos, lo físico se separa en toda relación en algún momento de manera irremediable, definitiva; los afectos entrañables en cambio, cuando la sinceridad ha sido cristalina en las relaciones interpersonales, trascienden los límites de la finitud de la relación física produciendo esa sensación de prolongación de la existencia, más allá de lo humanamente temporal. El filósofo Platón planteó en la antigüedad de un modo condensado la idea que he querido expresar, cuando postuló: “La unidad del universo es infinita porque no nace ni muere, pero las cosas que devienen son finitas.” Más recientemente, en la modernidad, el filósofo Danés Soren Kierkegaard señaló al respecto que, “el hombre (hoy hablamos del hombre y la mujer) es algo concreto, temporal, en un constante devenir, luchando entre lo temporal-terrenal y lo eterno.”

La huella de La Universidad Nacional en mi experiencia académica

En medio de este dilema, entre lo humano finito y lo eterno, barrunto que la vida cobra más sentido, cuando nos inquietamos y movemos por algo en lo que de verdad creemos. Ese algo por lo que vale la pena vivir para mí son los principios, aquello en lo que creemos profundamente de acuerdo con nuestros valores. Cuando se me prestó por cinco años la oficina de la Rectoría, quise colocar en ella, para verlo constantemente, un arreglo en sepia que me regaló mi hijo mayor, José Carlos. Se trata de una frase, que ahora conservo en mi habitación, muy cerca de mi corazón; el cuadro contiene la imagen de Abraham Lincoln y una frase suya que he querido hacer mía: “Si pudiéramos darnos cuenta primero en dónde estamos y hacia dónde vamos, seríamos capaces de juzgar qué hacer y cómo hacerlo”. Esta frase sintetizó una convicción muy arraigada con la que, desde muy joven he procurado caminar en mi vida. Todo en derredor nuestro adquiere más sentido, en cuanto logramos darle una dirección a nuestro accionar.

No obstante, todas estas convicciones profundas, cuando debí dejar la Universidad Nacional, al terminar mi ejercicio como Rector, junto a mis colegas en la gestión, por haberme acogido a la jubilación, me embargó en un inicio el mismo sentimiento de desgarramiento, y hasta de soledad quizás. Aunque la experiencia acumulada, junto a estas cavilaciones, me permitieron reflexionar pronto percatándome así de lo profundo que está inserta la UNA en mi corazón. Había quedado atrás mi paso por la emblemática Universidad de Costa Rica, institución pública a la que, como joven estudiante también me entregué con pasión. En el año 1976, ingresé como docente a la UNA, para iniciar una carrera académica noble y sublime, que terminó de formar mi personalidad.

La UNA me marcó de manera indeleble. En ella aprendí a reconocer la enorme variedad o pluralidad de la existencia, tanto derivado del conocimiento de los estudiantes provenientes de los más diversos rincones del país, como en mi relación con los colegas universitarios, con el personal administrativo y académico de la institución. La UNA me permitió además, junto a mis colegas y estudiantes, entrar en contacto con comunidades compuestas por mujeres amas de casa, muchas deseosas de asumir algún emprendimiento, algunas otras mujeres solas con hijos, jefas de familia, trabajadoras recién incorporadas a los mercados laborales con indecibles necesidades de capacitación y desde luego sociales, trabajadores de los ferrocarriles, obreros de la construcción, campesinos sin tierra, comunidades indígenas, decenas de jóvenes con discapacidad en todas ellas, deseosos de aprender algún oficio y de incorporarse plenamente a una sociedad poco preparada todavía para subsanar las barreras arquitectónicas, las cognitivas y de otros órdenes. ¡Qué reto tan formidable! Imposible acometerlo, aprendimos pronto, desde una sola perspectiva epistemológica.

Origen y evolución de La Universidad Nacional.

La UNA desde su origen se abrió al desafío de incursionar en el profundo y acaso insondable mundo de la multiplicidad de lo causal. El mismo concepto de “Universidad Necesaria” que, nuestro fundador Benjamín Núñez lo hizo vernáculo en diálogo con Darcy Ribeiro, sociólogo y pedagogo brasileño, nos obligó a recibir jóvenes estudiantes de diferentes culturas, orígenes étnicos, sin distingos de género ni de condición social. Este solo hecho, puso en entredicho una idea por entonces arraigada en el medio cultural del país: los estudiantes de condición social más vulnerable, provenientes en su mayoría del mundo rural, no estaban capacitados para incursionar con éxito en la educación superior, por carecer de las condiciones intelectuales, académicas o pedagógicas que solían adquirirse en los liceos o colegios que contaban con recursos de todo orden y que, por ese hecho otorgaban mayores ventajas educativas.

Entre todos los aportes de la UNA a la educación superior del país, en mi concepto este es uno de los más trascendentes. Nosotros quedamos obligados a modificar incluso el sistema de admisión, a fin de viabilizar el acceso de las personas estudiantes de origen más humilde. No solo eso, debimos crear las condiciones apropiadas a lo interno para subsanar sus carencias económicas y también el pobre nivel académico que muchos traían de la secundaria. Recordemos para empezar los propedéuticos; si bien luego debimos revisarlos. Todo constituyó un formidable reto: la estructuración del sistema de becas, las primeras residencias estudiantiles, casas antiguas enclavadas y dispersas por toda la ciudad de Heredia, como “La Moya”. Cada innovación debió ser sometida a examen crítico y debate interno, otra característica del modo de gestión de la UNA desde su nacimiento. La mejor prueba en el ámbito académico de que caminamos por una senda correcta, nos la proporcionaron algunos años después de la fundación de la UNA, los cientos de estudiantes que, independientemente de su origen social y étnico, o de su género, se graduaron y como nuevos profesionales se insertaron en los mercados laborales con bastante éxito. De hecho, nos sentimos orgullosos de que el porcentaje de subocupación haya sido muy bajo y la desocupación de la población estudiantil egresada de la UNA, casi inexistente.

No obstante, aquí es menester advertir que, una correcta lectura (solo el tiempo nos ha dado esta perspectiva), nos obliga a reconocer que los estudiantes que se han formado como profesionales en la mal llamada (en mi opinión), sede central de la UNA, pero que provenían de regiones alejadas de los principales centros urbanos, solamente en porcentajes bajos retornaron a los pueblos o cantones en los que se criaron. Ciertamente, el papel de las sedes regionales: Chorotega o Brunca y del campus en Sarapiquí, nos han ayudado a paliar los efectos perniciosos que ha tenido esta fuga de cerebros de los territorios locales o regionales hacia la zona central del país. Empero, el desarrollo desigual que ha tenido Costa Rica, favorable a esta región central, desde sus orígenes e incrementado a partir de la segunda mitad del siglo pasado, no favorece tampoco en ningún sentido la inserción de los profesionales en las regiones periféricas.

En tanto no se logre revertir esta tendencia “hipercentralista” a nivel del país, la universidad tiene posibilidades y el imperativo además de incrementar su aporte a los territorios o regiones, mediante al menos dos rutas importantes, que yo he bautizado como contra tendencias: 1-el apoyo a las sedes y campus regionales para que puedan ser dueños de sus propias carreras; esto implica el fortalecimiento planificado en la dotación de recursos a las sedes regionales, para consiguientemente poder otorgarle a estas la potestad de modificar el currículo o plan de estudios, apoyadas por la Unidad de Diseño e Innovación Curricular de la vicerrectoría de docencia y de acuerdo con las necesidades de los territorios y localidades; y 2-un mayor impulso a las carreras itinerantes, lo que nos obliga, acorde nuevamente con una perspectiva territorial, a abrir carreras en determinadas localidades rezagadas del desarrollo nacional, al menos hasta graduar una cohorte de profesionales o técnicos. Gracias a la iniciativa de la Dra. Ana María Hernández que, con tanto entusiasmo y empeño impulsó la propuesta de las carreras itinerantes, el Consejo de Rectoría acogió la propuesta basada en la experiencia de la División Rural del CIDE. Fue el Dr. Pedro Ureña quien la puso sobre el tapete de discusión en su momento. Este trabajo ameritaría un mayor esfuerzo de coordinación con las demás instituciones públicas de educación superior, congregadas en el convenio del CONARE. ¡Ojalá esto pudiera discutirse más en el seno de CONARE! En mi opinión se trata de un nuevo impulso a la Educación Superior del país, concentrando esfuerzos en los territorios y regiones rutinariamente más rezagados del desarrollo.

La organización multidisciplinaria en la UNA y el desafío de la revolución científico-tecnológica.

En lugar de organizar las facultades de acuerdo con los criterios tradicionales de la disciplinariedad creados desde la universidad napoleónica, lo que ha conducido y conduce a la fragmentación del conocimiento, cuando se agrupan las disciplinas básicamente según su afinidad, la UNA por contraposición innovó en la manera como se organizaron las facultades, acudiendo, aunque fuera en forma embrionaria, a la idea de multidisciplinariedad. Todavía no estaba presente ahí la perspectiva de interdisciplinariedad. Aquel otro criterio (el de la multidisciplinariedad) fue patente en la Facultad de Tierra y Mar, en la de Exactas y Naturales, en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la de Ciencias Sociales, en la de Filosofía y Letras; así como en los Centros como son: el Centro de Estudios Generales, el Centro de Investigación y Docencia en Educación y el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística.

A pesar de esta importante innovación en el campo de la organización académica en la UNA, hoy la revolución científico-tecnológica, especialmente en las TIC´s, en la robótica y la informática, en nanotecnología, tanto como en la biotecnología, ha inducido cambios acelerados en el conocimiento en todos los órdenes y ha sentado las bases para el desarrollo portentoso de la sociedad del conocimiento. Ninguna universidad que se precie de ser seria puede quedar ajena a todo ello. Sin embargo, es notorio el rezago de los países latinoamericanos respecto de esta revolución tecnológica, frente a los países desarrollados. De ahí que se haya levantado un extraordinario reto para los centros universitarios de educación superior pública, debido a que sobre ellos reposa la responsabilidad de impulsar la investigación de punta, la extensión o acción social como medio idóneo de contacto con las comunidades y sectores más necesitados del país y aunado a lo anterior una docencia de calidad. Desde nuestra experiencia universitaria, hemos sentido que el desafío es mucho más descomunal aún, al considerar el proceso de globalización que tiene lugar, tan desigual en sus progresos; así como el gigantesco reto que impone a todos los países de la Tierra, la grave enfermedad del calentamiento global y del cambio climático, derivados de la producción por el ser humano de los combustibles fósiles. La brecha digital y tecnológica abierta entre los países ricos y pobres es hoy más grande que nunca, lo mismo que en los órdenes económico y social.

Las “comunidades Epistémicas”.

Hemos llegado a la conclusión de que para que la universidad de hoy pueda acometer desde el punto de vista cognitivo este inmenso reto que nos acecha, es menester promover en toda la Universidad Pública una nueva organización de la academia, de modo que estemos en mejores condiciones para realizar un abordaje de los problemas desde una posición, ahora sí, inter y multidisciplinaria. Desde el punto de vista epistemológico, postulamos que no podemos seguir enfrentando fenómenos complejos y multicausales desde una óptica estrictamente disciplinar.

Postulamos que las disciplinas no se disuelven; al contrario, han de fortalecerse para desde esa base, forjar sinergias entre las diversas disciplinas. Implica un diálogo permanente, fecundo y vigoroso, tanto al interior de cada institución como, si fuera posible, entre todas ellas. No deseo hoy, queridas y queridos colegas y amistades aludir en detalle a la gestión que tuve el honor de encabezar con gente maravillosa, porque cada experiencia está a prueba. Además, porque esta disertación no es una rendición de cuentas. No obstante, solamente digo, para lo que pueda ser útil, impulsamos la idea de crear “comunidades epistémicas”, también conocidas como “comunidades de conocimiento”, cuya labor debería ser tomada en cuenta. Lo esencial, es el “diálogo entre los saberes”, como postularon Maturana y Varela, hace ya algunos años.

En el año 2018, el Dr. Itzkuauhtli Zamora Sáenz escribió sobre una experiencia en una comunidad de Guadalajara, México, muy aleccionadora. Cito “En las últimas dos décadas, es posible atestiguar una proliferación de modelos para la toma de decisiones políticas que abogan por la necesidad de crear mecanismos incluyentes que promuevan la participación multisectorial. Estas propuestas han recibido los nombres de ciencia posnormal, planeación participativa o gobernanza, por mencionar algunos de distintas corrientes (Funtowicz y Ravetz, 1993;Huitema, etal., 2009; Schmoldt, Kangas y Mendoza, 2001).

La premisa general de estas propuestas es que la solución de problemas complejos como los ambientales no puede ser resultado de una decisión exclusivamente técnica o científica que se imponga de manera jerárquica y vertical: requiere incluir el conocimiento y la postura de las comunidades locales que serán las principales beneficiadas o perjudicadas por la implementación de la política. Bajo esta perspectiva, tanto las decisiones como los procesos para tomarlas son igualmente importantes, esto es, no importa solamente alcanzar un buen resultado, sino que su formulación se haya dado bajo mecanismos abiertos, plurales e incluyentes.

Estos modelos participativos coinciden con lo que Mark Warren ha denominado democracia, expansiva, la cual se caracteriza por la ampliación de mecanismos participativos en pequeña escala y por la necesidad de incluir en las soluciones la voz de los posibles afectados por las decisiones gubernamentales (Warren, 1992)” […] -Un poco después agrega el Dr. Zamora- “Hay una gran cantidad de mecanismos específicos para favorecer la participación multisectorial como talleres de planeación, foros, mesas de participación, grupos promotores, paneles de expertos o consejos ciudadanos, por mencionar algunos. Todos estos mecanismos comparten la idea regulativa de favorecer el entendimiento común y la cooperación entre diferentes actores. Peter Haas, en 1992 Haas (1992)acuñó el concepto de comunidad epistémica para referirse a un grupo de personas que se reúnen periódicamente para generar acuerdos sobre un problema y su solución. El concepto lo utilizó Haas por primera vez para referirse a la emergencia de una red de actores gubernamentales, civiles y académicos de diferentes países que se congregaron para intercambiar información con el objetivo de revertir la contaminación del mar Mediterráneo.

El propio Haas agregó que el tipo de problemas que pretende resolver una comunidad epistémica se caracteriza por estar inserto en un contexto de incertidumbre en el que los diferentes actores reconocen que el conocimiento científico no elimina el riesgo de consecuencias no deseadas de una decisión determinada, sino que incluso los puede hacer más conscientes de las posibles secuelas (Haas, 2004).” (Cfr. Zamora Sánez, Itzkuauhtli. “Comunidades Epistémicas en la Solución de Problemas Ambientales. Tendencias en la Recuperación de Ríos Urbanos.” https://orcid.org/0000-0002-1554-6984). En nuestro caso, fue la Dra. Luz Emilia Flores la que tuvo a bien proponernos el fructífero concepto de “Comunidad Epistémica.”

La Universidad como “Bien Público” y su relación con el entorno nacional.

El desarrollo de nuevas carreras y áreas del conocimiento de base multi e interdisciplinaria y la creciente importancia de la internacionalización, constituye todo un programa de acción de la universidad contemporánea en la sociedad del conocimiento. En ella, es imprescindible que las instituciones públicas de educación superior se afiancen como un bien público en un momento en que las élites gobernantes en toda América Latina se han decantado por cuestionar este concepto, junto con importantes grupos del sector empresarial. Esto lo estamos viviendo en Costa Rica concretado en la Ley 9635, de fortalecimiento de las finanzas públicas, en particular en el título IV de la misma que quedó aprobada en diciembre de 2018. Hoy las cinco universidades públicas están viendo drásticamente restringidos sus presupuestos, como resultado del mandato de dicha ley, especialmente en el Título IV de la misma. Los rectores en su momento, agrupados en el CONARE presentamos un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en contra del Decreto Ejecutivo que amplió la cobertura del título sobre empleo de dicha ley. Adicionalmente, se planteó también una Acción de Inconstitucionalidad ante la Sala, contra el mismo decreto. Esta es la hora, ante un asunto tan, pero tan urgente y trascendental, en la que ni la Sala Constitucional, ni el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se han pronunciado todavía, después de casi cuatro años de haber sido presentados ambos incidentes.

La actividad sustantiva en La Universidad.

Otro asunto que nos permitió crecer académica e intelectualmente tiene que ver con la conceptualización de la actividad sustantiva en el quehacer académico de la universidad pública. Siempre se ha entendido la actividad académica como la conjunción y concatenación de la docencia, la investigación y la extensión conceptualizada también como acción social. La situación actual requiere la integración de estos tres pilares para la formación de profesionales preparados para enfrentar los retos y cambios que la sociedad demanda. La actividad docente para que tenga calidad debe alimentarse de la investigación constante de las personas académicas y de la extensión que, como es sabido se produce cuando la universidad se vincula con la sociedad compenetrándose con las comunidades a las que apoya y de las que se nutre también. El verdadero reto estriba, por un lado, en lograr una real coordinación de las tres actividades (docencia, investigación y extensión) en el eslabón superior ejecutivo de la universidad, a fin de lograr un verdadero apoyo a las facultades y unidades académicas. Pero, por otra parte, cada unidad académica debe ser un hervidero de conocimiento que involucre a todo el personal docente de modo que se pueda transmitir al estudiante la experiencia académica adquirida. En nuestra experiencia todavía tenemos frente a nosotros el reto de alcanzar una mayor compenetración y simbiosis entre estos tres componentes de la actividad sustantiva de la universidad, tanto en el quehacer de las personas profesionales que apoyan a las facultades y unidades académicas desde el nivel ejecutivo superior y, sobre todo, en las unidades académicas mismas.

La Universidad Humanista con sentido social en el siglo XXI.

He dejado para la parte postrera de mi intervención, un tema que considero es uno de los más relevantes. El Foro Económico Mundial sobre «El futuro del trabajo 2020» analiza la disrupción causada por el COVID-19 y las perspectivas futuras sobre el empleo y las habilidades necesarias, en el contexto actual de recesión económica global y aceleración de la digitalización.

En el mencionado informe se plantea que, citó: “La automatización junto con la actual recesión de COVID-19 está creando una ‘doble disrupción’ para los trabajadores: el informe estima que para 2025, la automatización y la nueva división del trabajo entre humanos y máquinas afectará a 85 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, creándose 97 millones de nuevas funciones, a través de la creciente demanda de trabajadores para puestos de trabajo en la economía verde y digital (relacionados con la economía de datos, inteligencia artificial, computación en la nube…).” (Cfr. Foro Económico Mundial. “Informe Futuro del Trabajo 2020.” Sincrogo.com/blog/actualidad-laboral/informe-futuro-del-trabajo-2020-foro-económico-mundial/).

¿Qué hacer ante estas realidades? Creo imprescindible tener presente la importancia para una universidad que nació humanista, de no descuidar la visión humanista integral. De no hacerlo se puede incurrir en el error de adoptar una visión unilateral, acicateados exclusivamente por los criterios emanados de las tendencias del mercado. De acuerdo con estos criterios, las instituciones superiores de educación pública deberían transformar su currículo según lo que se denomina “carreras STEM” (Science, Tecnology, Engineering and Mathematics).

Una adecuada concepción humanista de la educación es incluyente de todas las disciplinas. Esta inclusividad en la sociedad del conocimiento implica poner en primer plano el sentido social del conocimiento y de la formación. Esta no puede desdeñar los valores éticos del bienestar colectivo, el énfasis constante en la democratización de la institución universitaria; es decir, la facilitación del acceso y permanencia de las personas estudiantes indistintamente de su origen social, a las oportunidades que brinda la educación superior. Junto a ello, la universidad pública no puede perder su orientación a contribuir desde la academia a esclarecer la ruta de un desarrollo sostenible, justo y equitativo, en consonancia con la Naturaleza, la preservación de los ecosistemas y de la vida en ella. Por ello es por lo que, la evaluación, la acreditación de las carreras y de la educación, así como el aseguramiento de la calidad, jamás pueden mimetizarse con los estándares de los llamados países centrales. Al contrario, abogo porque la universidad pública latinoamericana, cumpliendo con su misión, tenga en cuenta la realidad de los países en los que está inserta. De ahí la importancia de la autonomía universitaria, para pensarse a sí misma y tomar las decisiones estratégicas, sobre la base de los valores académicos consensuados entre la comunidad universitaria.

Desde algunos años atrás se nos viene induciendo desde afuera y desde diferentes posturas a que dejemos de lado las ciencias sociales y las humanidades (SSH, por sus siglas en inglés: Social Science and Humanities) para abrazarnos supuestamente a la “modernidad y el progreso”; se busca así, afiliarnos por decirlo de esta manera, a las STEM (Science, Tecnology, Engineering and Mathematics). Es decir, teóricamente quienes nos inducen por ese camino suponen que debemos subsumir a las universidades humanistas de hoy, en el mundo de la llamada “ciencia precisa”, que se puede medir, para colocarnos así, supuestamente, en la cúspide del desarrollo tecnológico.

Tal razonamiento supone las SSH arrinconadas en posiciones puramente especulativas y propiciadoras de un razonamiento cualitativo infértil. Esta cuestión así planteada nos remite a un viejo y trillado debate entre culturas científicas y humanistas. Hay que combinar las SSH con las STEM. No se debe por lo tanto renunciar a la ciencia, ni a la tecnología, ni a la precisión matemática. Pero no por eso se debe dejar de lado la educación, la filosofía, la filología, la sociología, el arte, la danza, la música; ambos conjuntos disciplinarios son imprescindibles para fortalecer las bases de universidades sociales y humanistas. Se trata de dos grandes conjuntos o componentes disciplinarios convergentes; no como desde cierta perspectiva errada se les quiere presentar como si fuesen más bien divergentes y excluyentes entre sí.

Está pendiente en la universidad latinoamericana y del Caribe asumir una reflexión a fondo, sin menoscabar lo alcanzado hasta ahora, intentando buscar (innovar) nuevas formas de organizar la academia que permitan un mejor entrelazamiento de los saberes, y una mayor cooperación que facilite recoger los beneficios del debate científico y cultural de la universidad en el mundo contemporáneo.

No en vano nos dice José Joaquín Brunner, investigador y académico chileno: “Un nuevo balance entre STEM y SSH se requiere también para salvar el futuro que hoy reconocemos amenazado por diversas fuerzas destructivas. En efecto, las disciplinas STEM —precisamente por su poder de incidencia en el control y la transformación del mundo— provocan una extrema racionalización científico-tecnológica de los entornos naturales, de las actividades productivas, de las relaciones sociales y de la propia esfera cultural […] Mas se trata de una racionalización de medios, regida por la funcionalidad y la eficiencia, el cálculo de costos y beneficios, y la continua expansión —ahora global— de la explotación de los recursos naturales y las capacidades humanas. Es ese proceso, con todos sus progresos y riesgos, el que las SSH ayudan a interrogar y analizar desde una racionalidad de fines y valores, manteniendo abierta así las puertas hacia la esperanza. Hay pues razones más acá y más allá de la economía —“Más cosas hay en el cielo y la tierra, Horacio, que las que se sueñan en tu filosofía”— que justifican apoyar resueltamente a las SSH, en pie de igualdad con las disciplinas que rigen la racionalización científico-técnica del mundo. Este es un balance que se requiere cada vez más patentemente y con mayor urgencia, para no terminar agotados por el progreso y aplastados por los escombros que deja tras de sí.” (Cfr. Brunner, J.J. “Humanismo: ¿Cuál es su Poder?” nuevo poder.cl/humanismo-cual-es-su-valor/).

Nota compartida con SURCOS por el autor.

Abusos sexuales y físicos están asociados a índices de suicidios

Escrito en 25/03/2022. Publicado en Análisis, Salud.

Gabriela Herrera-Correal *

La reciente controversia causada por la campaña de comunicación en contra del voto por el candidato a la presidencia Rodrigo Chaves mostraba de forma jocosa la acción de quitarse la vida a manera de escape. Esta campaña ha generado una reacción muy fuerte por parte de la población costarricense por razones obvias. Abre una discusión clave en el país; el suicido, una problemática nacional que no debe tomarse a la ligera. El suicidio es un problema de salud pública mundial. La tasa de suicidio ha aumentado a nivel mundial en un 60% en los últimos 45 años. (A.Barroso, 2019)

Actualmente, en Costa Rica ocurren un aproximado de 300 suicidios al año y las cifras han ido en aumento en los últimos años. Según el informe regional de “Mortalidad por suicidio en las Américas”, la tercera parte de los casos de la región son de costarricenses. La tasa de suicidio nacional pasó de 6,4 en el 2017 a 7,2 por cada 100 mil personas en el 2018. Del año 2000 al 2020, se contabilizan 6.638 lamentables fallecimientos por suicidio, siendo que el 84% (5.605) han sido hombres y el 16% (1033) mujeres. Solo en el año del 2020 se registran 356 fallecimientos por suicidio y 1.786 intentos de suicidio de los cuales 670 han sido hombres y 1.116 mujeres.

Según el Centro de Atención Neuro-psicológica UNIBE, los intentos de suicidio afectan mayoritariamente a jóvenes entre los 10 y 35 años de edad. Nuestra población del futuro. De acuerdo con un artículo publicado en el Semanario Universidad, el 60% de los intentos de suicidio de Costa Rica son cometidos por mujeres. (L.Molina, 2019) Es de vital importancia prestar atención a estas cifras e indagar en la razón detrás de todas estas personas que toman la lamentable decisión de querer quitarse la vida. Es importante hablar de este tema para crear herramientas y poder darle a estas personas y sus familiares, el apoyo que necesitan.

De acuerdo con El Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos (NIMH, por sus siglas en inglés), los principales factores de riesgo de suicidio son: antecedentes de intentos de suicidio, depresión, otros trastornos mentales o trastorno por consumo de sustancias, dolor crónico, antecedentes familiares de un trastorno mental o por consumo de sustancias, antecedentes familiares de suicidio, exposición a violencia familiar, lo que incluye abuso físico o sexual, presencia de pistolas u otras armas de fuego en el hogar, liberación reciente de la prisión o la cárcel, exposición, ya sea directa o indirectamente, a la conducta suicida de otros, como familiares, compañeros o celebridades.

Los factores de riesgo que se analizan en este artículo son los de la depresión, otros trastornos mentales y exposición a violencia familiar, lo que incluye abuso físico o sexual. Dado que la mayor cantidad de intentos de suicidios son cometidos por mujeres y que los índices de violencia sexual son tan altos en Costa Rica, es importante investigar si existe una relación entre el abuso sexual y la tendencia al suicidio.

De acuerdo con los datos sacados del Poder Judicial, en el año del 2020 en Costa Rica, respecto a sentencias dictadas por delitos sexuales, el 49% de estas sentencias fueron por abusos sexuales contra menores de edad y el 28% de las sentencias dictadas fueron por violación. Cada 80 minutos se denuncia un delito sexual en Costa Rica. De las denuncias por violencia sexual del 2020 en Costa Rica, el 79.6% de las víctimas fueron mujeres y 34% de las víctimas fueron menores de edad.

El 23 de marzo de este año, CRHoy.com publicó un artículo escrito por Jason Ureña que se titulaba de la siguiente manera: Área de salud de Tibás alerta por aumento de embarazos adolescentes por relaciones impropias. Las cifras eran de 40 adolescentes embarazadas por año de las cuales el 40% mantuvieron relaciones impropias. Una relación impropia es aquella donde el autor sea siete o más de años mayor que la persona agraviada. Y la condena de cárcel es mayor en caso de que el autor tenga parentesco familiar o se encuentre en una posición de confianza o autoridad con la víctima. Estos términos se encuentran en la Ley 9.406 que protege a los menores en situación de violencia y castiga al adulto, según el tipo de relación existente. Estudios han evidenciado que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 8 niños serán sexualmente agredidos antes de cumplir los dieciséis años. (Contreras, Bott, Guedes y Dartnall, 2010).

Actualmente, hay 13 jóvenes embarazadas que están siendo atendidas por el departamento de Trabajo Social de esa área en Tibás, la cual procede a denunciar la situación ante autoridades del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Ahora si hablamos claro, significa que 13 niñas fueron violadas por adultos que, en muchos casos, de acuerdo con los funcionarios de salud, mantenían relaciones con estas menores y estas relaciones eran avaladas por los progenitores de la víctima.

Un artículo de la facultad de psicología de la Universidad Católica de Colombia, afirma que tanto la conducta suicida como el abuso sexual son problemáticas relacionadas que afectan la salud mental y física de las víctimas. (B, Avendaño. 2016) Ese artículo de investigación basó su estudio en 85 444 jóvenes de los grados octavo, noveno, décimo y undécimo de instituciones educativas públicas de las tres ciudades con mayor número de habitantes del departamento de Boyacá (Colombia). Uno de los resultados más impactantes que obtuvo fue que todos los estudiantes que participaron en esta investigación y que habían sido víctimas de abuso sexual por penetración, habían tenido intentos suicidas.

De acuerdo con investigaciones de estudios comparativos efectuados por el Centro Nacional de Biotecnología e Información de Estados Unidos (NIH), el riesgo de intento de suicido en adolescentes es 8 veces mayor para una persona que haya sufrido abuso sexual. Esto significa que las personas que han sufrido este tipo de violencia tienen mayor riesgo a sufrir de depresión o tendencias suicidas durante su adolescencia. La violencia física y sexual está significativamente asociada al comportamiento suicida de la víctima. Otro dato por considerar es que evidencia reciente de estudios efectuados por este centro de investigación, indican que adolescentes transgénero tienen mayores tendencias suicidas que adolescentes cisgénero.

En un estudio efectuado por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Múñiz en México, se estudió la población secundaria de dos institutos con promedio de edad de 13.7 años en la Ciudad de México. De acuerdo con este estudio, el 67% de las mujeres que habían sido atacadas sexualmente, habían intentado suicidarse. Muchas reportaron como efectos a largo plazo del abuso sexual infantil problemas tales como el trastorno por estrés postraumático, la depresión, la ideación y el intento suicida, la insensibilidad emocional, dolores de cabeza, trastornos gastrointestinales, disfunciones sexuales, dependencia del alcohol o de las drogas, victimización sexual posterior y maltrato por parte de la pareja, entre otros.

De acuerdo con un artículo de la Universidad de Granada, escrito por David Cantón y Fernando Justicia en el 2009, indica que el haber sufrido abuso sexual durante la infancia supone un incremento del 10% y 21% en la probabilidad de sufrir problemas de depresión y autoestima respectivamente en adultos jóvenes.

En definitiva, una campaña que toma a la ligera el tema del suicidio, deja de lado lo importante que es abordar esta problemática nacional. Costa Rica tiene que tomar acción para proteger a la población costarricense y disminuir los índices de suicidio en el país. Una de las acciones más pertinentes es la de luchar en contra de la violencia sexual ya que claramente está relacionada con la problemática del suicidio. Que exista un candidato a la presidencia con un historial de acoso sexual es una manera de dar a entender que la vida de las personas que sufren de violencia sexual no tiene la importancia que realmente se merece. Nadie debería poder asumir cargos de poder si ha sido parte de la violencia sistemática de una sociedad machista que permite el acoso sexual como parte de su cotidianidad. La vida de las víctimas de abusos sexuales y físicos debe ser una prioridad para Costa Rica.

25 de marzo del 2022

* Activista ecofeminista, máster en ecología urbana.

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Manuel Hernández

Por Dr. Gerardo Cerdas Vega,Sociólogo, profesor de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional (ECA/UNA)

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Wim Dierckxsens y Walter Formento, 27 marzo 2022

Nicolas Boeglin (*)

Dr. Luis Diego Herrera Amighetti

Nicolas Boeglin (*)

Gabe Abrahams

Desde una perspectiva intimista

Mis desgarramientos interiores

Alberto Salom Echeverría

Bibliografía

Por Dr. Gerardo Cerdas Vega,
Sociólogo, profesor de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional (ECA/UNA)