El Maestro vs. «El Malacrianza»: Una reflexión en torno a la respuesta del Presidente de la Corte Suprema de Justicia al Presidente de la República.
Sabia respuesta del maestro y amigo, Magistrado Fernando Cruz Castro, al gesto autoritario del Señor Presidente de la República frente a la Corte Plena.
Una respuesta muy prudente, pero muy clara.
Lo anterior, –aclaro–, sin ánimo de justificar jamás los serios errores internos del Poder Judicial. Ni de avalar ningún odioso privilegio.
Pero a ver, que alguien le explique al Señor Presidente, que el investigar la formal denuncia contra el posible financiamiento ilegal de su Campaña Electoral, no es una «denuncia canalla».
Al contrario, es de obligado acatamiento legal. Punto.
Si le gusta bien y sino también.
El Presidente no está por encima del Imperio de la Ley.
¿Se puede entender esto último tan básico del Estado de Derecho?
También claro, esperamos que pronto sea nombrado el Fiscal General, y que el Poder Judicial colabore.
La cita básica de Montesquieu señalada por Don Fernando, en todo caso, fue para ilustrar al Presidente, y para recordarle la División de Poderes.
La escena institucional vista en los medios, entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, fue realmente lamentable.
Eso no contribuye al diálogo ínter-institucional entre los Poderes de la Segunda República. Y afecta directamente la Legitimidad Democrática de Costa Rica.
Esperemos que el Presidente entienda, que esto no es la Colombia de Duque, el Brasil de Bolsonaro, o la vieja Honduras del Dictador JOH, o la Nicaragua de Daniel Ortega.
La Democracia también es procedimental.
Mientras toda América Latina avanza políticamente, hacia posiciones políticas Progresistas, y hacia la Soberanía Nacional, nuestro Ejecutivo se empeña en imponer, junto a la Oposición de Derechas, un modelo fallido y cipayo, de exclusión Neocon y Neoliberal.
En todo caso, no sigamos tratando de polarizar más y gratuitamente, y de manipular y esconder con cortinas de humo «populistas», la imposición de la Contrarreforma Neoliberal.
En los temas en que el Poder Ejecutivo, actúe de forma correcta y para el beneficio del Estado Social de Derecho, de las clases populares, y de la Patria, –como en el caso del nuevo MOPT y el Contrato de RITEVE y la Ruta 27–, recibirá nuestro apoyo cívico.
Pero el Ejecutivo, deberá siempre actuar dentro de los límites del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho.
Advertidos y advertidas estábamos, de este posible rumbo del nuevo Gobierno, mezcla de Neoliberalismo y Autoritarismo populista…
Espero de corazón equivocarme, y que prive la paz social, y la lucha racional y democrática, contra la desigualdad social y la pobreza.
Nota: Y para los «Trolls» y Fanáticos de Rodrigo Chaves, pues recordarles que no les tenemos miedo.
Muchas gracias, mi opinión respetuosa.
PD: Abajo una parte del discurso y de la excelente respuesta, del Magistrado Don Fernando Cruz Castro
Seamos honestos: Sobre nuestra educación y su crisis.
¡Qué daño le ha hecho a nuestra Educación Pública (y Privada) la sutil infiltración Conservadora, el fanatismo religioso Fundamentalista e Integrista, y el bajo nivel educativo y científico entre las y los docentes!
Confundir lo tecnocrático e instrumental con el espíritu científico y lo Racional Sustancial, es parte del problema
De qué sirve tener una nueva PC, si hay un techo con goteras que permite que la lluvia le caiga encima.
Pero lo peor es eso de confundir los «valores positivos» con la mera represión y la intolerancia, eso es letal.
Agrego: Eso de nunca estudiar con profundidad, o desconocer a Jean Piaget, a Lev Vigotsky, o de satanizar a Freud, o tan siquiera de no mencionar a Freire, mucho menos de leer a otros clásicos (pobre Italo Calvino), es parte estructural de un daño irreparable.
No se entienda esto jamás como un ataque a nuestros Educadores/as. Al contrario, soy al final del día un compañero docente más.
Pero, ¿quién educa a nuestros educadores?
¿Cómo país cuánto estamos leyendo y qué tipo de textos y literatura?
¿Qué roce cultural o sensibilidad artística tenemos?
¿Qué pasó con la maravillosa herencia docente de aquella histórica Escuela Normal?
¿Necesitamos todavía de la culpabilidad religiosa, para desarrollar nuestros valores solidarios? ¿Parodiando a Kant, sólo somos buenos por el temor infantil al Infierno?
¿Así de primitiva opera nuestra psique individual y colectiva? ¿A base sólo de temor y sobre-represión?
Gran parte del problema de formación de los formadores, es la pésima preparación filosófica y epistemológica ,que padecen en universidades de garage. ¿Estarán tan lejos nuestras Universidades Públicas?
Y por favor no me salgan con esa infinita ridiculez burocrática de la meros procesos de Acreditación de algunas Universidades privadas. (Podrían empezar por mejorar los salarios de hambre de los y las Docentes).
Respecto a la preparación científica del docente, posiblemente no hay mucho que inventar. La construcción activa del conocimiento en el niño, es un proceso altamente estudiado en términos científicos desde hace décadas.
No está escrito nada en piedra, y siguen y seguirán obviamente creciendo los aportes educativos, pero hay que estudiar y aplicar y adaptar creativamente.
Si a eso agregamos la eterna confusión entre valores religiosos y valores éticos (ambos válidos en diferentes dimensiones), tenemos una peligrosa mezcla tóxica.
Enfrente del tradicional Conservadurismo, tenemos a la agresión mercantil de una cultura vulgar y narcisista sin límites racionales, éticos o morales, y sin responsabilidad social. Comenzando por los mismos Padres de familia. Obviamente, de ese egoísmo caníbal y serial, tampoco se puede construir nada saludable.
Aclaro:
No desconozco ni me son ajenos, los temas de infraestructura en el MEP, la famosa Desconexión Digital, los atrasos salariales, los abusos, las «argollas» burocráticas, el acoso laboral, los abusos, las presiones, la fatiga laboral, la improvisación administrativa, y obviamente, la crisis económica general (agravada por la Pandemia) que afecta no sólo a los y las Docentes y personal administrativo, sino a los niños, niñas y adolescentes y sus familias y entornos.
La violencia de todo tipo, la deserción escolar, la improvisación, las justas huelgas mal conducidas hacia la eternidad, la cultura hegemónica y los anti-valores híper-mercantiles, todo contribuye a esta deshumanización y opacidad imperante.
Servido está el tema del «Apagón Educativo» y de la crisis permanente en nuestra Educación. Más allá del Gobierno de turno.
No digo que haya soluciones fáciles. Es un problema estructural muy complejo.
Se dice incluso, que la planilla del MEP es la más grande de toda Centroamérica. Y eso es un orgullo nacional.
Max Weber señaló sociológicamente, » que a más democracia más burocracia» (necesaria).
En fin, es parte de la complejidad de la Administración Pública y de un Estado Nacional carente de un gran proyecto nacional inclusivo.
Sólo les recuerdo que la democracia y la defensa del Estado Social de Derecho necesitan de ciudadanos y ciudadanas ilustrados, libres, humanistas, y tolerantes.
Después de 200 años de independencia y más de setenta de vida democrática ininterrumpida, Costa Rica ofrecía un retrato de estabilidad política, instituciones públicas medianamente aceptables y logros en el plano de la salud, la educación y la protección medio ambiental. Ya no es el caso.
Gerardo Castillo
La línea ascendente alcanzó a llegar hasta los años 1980, cuando el desgaste del Estado benefactor y la introducción, por fuerza externa o sumisión, del ideario neoliberal puso de moda las políticas económicas que colocan al libre mercado y la iniciativa privada por encima del bienestar general.
Para ello, se orquestó toda una campaña mediática muy cargada contra los partidos políticos, tildándolos en forma general como corruptos, y se satanizó a los sindicatos y sus dirigentes.
El Estado fue vapuleado como ineficiente ante la sociedad civil, se criticaron los altos salarios, la abultada planilla y la duplicidad de instituciones y; por otro lado, se intensificaron los negocios entre el sector privado y el público.
La influencia del primero fue mayor y esto permeó más la corrupción, principalmente en mandos medios. Todo esto devino en una Costa Rica diferente.
La pandemia como espejo
El panorama estadístico actual refleja una situación preocupante; por un lado, la pandemia sacó a la superficie lo que venía mal y agudizó los problemas: la creciente pobreza, las altas tasas de desempleo (13,6 por ciento) y; por el otro, la concentración de riqueza en pequeñas élites de industriales y banqueros.
Los impactos son visibles, principalmente a nivel interno. Las comunidades de las zonas fronterizas y los puertos concentran no solo situaciones de riesgo, sino que agregan un crecimiento de la delincuencia, el narcotráfico y una putrefacción que alcanza a los gobiernos locales.
Los dos años de pandemia fueron más que suficientes para constatar que la seguridad social resistió, que el personal de salud no es tan vago como la prensa pintaba y que la coexistencia entre grupos sociales (ricos, pobres, medios y excluidos) por más que la han ido diluyendo, sigue siendo una necesidad intrínseca del ser humano.
¿“Quo vadis” Costa Rica?
Las últimas elecciones no solo dejaron un presidente infrecuente sino una serie de enseñanzas para los estudiosos de las conductas políticas modernas.
El Partido Progreso Social Demócrata (PPSD) es una etiqueta como muchas otras que se presentaron en el mercado electoral. Un partido improvisado, sin ideología clara ni dirigentes conocidos.
Esta constatación no solo desenmascara la cultura política tica sino que estimula la revisión crítica de los partidos y políticos tradicionales y los no tradicionales (religiosos y personalizados), que han brillado por su indisciplina, volatilidad, irresponsabilidad, personalismo, incompetencia y oportunismo.
Los candidatos fueron muchos y en gran parte carentes de interés por mostrar una identidad partidaria.
Esto suscita desconfianza y en sus discursos resultaba todo un acertijo descifrar las corrientes ideológicas que pregonan. ¿Es una visión de derecha, de izquierda, socialdemócrata, social-cristiana o liberal?
En los comicios recientes quedó evidente el desprestigio que vive la política nacional.
Se alcanzó el más alto nivel de abstencionismo (40 por ciento) pero, aun así, el vencedor pudo con menos de un 30 por ciento convencer al electorado con promesas de un cambio, sin evidencias de cómo lograrlo, ni con qué equipo va a llevarlo a cabo.
El PPSD operó como una franquicia utilizada por un outsider de la política que regresó al país después de más de veinte años de ejercer como funcionario internacional en el Banco Mundial.
Fue nombrado ministro de Hacienda sin mayor investigación de su prontuario, duró corto tiempo, pero suficiente para ser encandilado por las cámaras.
Soberbia
En la realidad cotidiana no existía el PPSD, más allá del registro electoral. Fue encabezado por un desconocido sin experiencia política electoral que exhibió soberbia al diagnosticar los males del país (empleo, costo de vida, pensiones de lujo y corrupción) −que están sobrediagnosticados− y que prometió resolverlos en forma inmediata, frontal o por la vía que sea necesaria.
Males muy conocidos, propios de un país desigual, controlado por élites empresariales que, en alianza con la dirigencia de los partidos tradicionales y la prensa comercial, han venido concentrando y ensanchando la distancia entre la Costa Rica pobre y la Costa Rica de los ricos. ¿Y… la clase media?
El estado social de derecho ha sido debilitado y la clase media, cada vez más estrujada, entró a engrosar el grupo de los indignados y desclasados.
Resultó fácil al candidato del PPSD, supuestamente libre de pecado, adversar a otro candidato que cargaba con el desgaste de una anterior administración y estigmatizado, con razón o sin ella, como corrupto.
No de “los mismos”
La victoria fue clara y demostró, entre otras cosas, que fueron las provincias más pobres y de menor desarrollo (pobreza, desempleo, salubridad, escolaridad, inseguridad, etc.) las que inclinaron su voto a favor del debutante.
La inteligencia, las universidades, periodistas, escritores y grupos de mujeres de reconocida imagen internacional abogaron por el candidato conocido, pero no logró cambiar un pronóstico que ya había sido anunciado: la gente menos favorecida y resentida quería cambio y un presidente que no fuera de “los mismos”.
Lo sorprendente de lo acontecido no fue la lógica manifestación de los antisistema, sino más bien que la izquierda y los sindicatos no fueran quienes lideraran la inconformidad social.
Sí lo logró un candidato de derecha, cuyos discursos dejan muchas dudas respeto a la inclinación populista y al deterioro que pueda sufrir la institucionalidad democrática del país.
Como las lluvias de mayo
Y como elemento más perturbador se han ventilado serias dudas acerca del origen y transparencias de los fondos utilizados en el financiamiento de campaña del PPSD.
En definitiva, el mando político de CR a partir del 8 de mayo es un tiro al aire, tanto por la reducida representación del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa como porque llega un gobierno con gabinete de desconocidos, sin experiencia política, improvisados y con contradicciones que ya saltan a la opinión pública como las torrenciales lluvias en mayo.
Con más dudas que esperanzas
Una de las críticas ácidas en la campaña electoral fue que ni el partido ni el candidato contaban con un equipo profesional calificado, con experiencia en administración en el manejo del Estado.
A ello el candidato ganador respondía en los debates que los partidos que tenían los mejores equipos eran los mismos que presentaban como figuras a los responsables del descalabro.
Por eso, él asumiría el compromiso de llevar profesionales jóvenes y sin amiguismo de ningún tipo.
Los jerarcas serían escogidos por agencias especializadas en selección de personal, tal y como acostumbra hacerlo la empresa privada.
De nuevo el mensaje endulzó el ingenuo anhelo de cambio sin considerar que las ideas, igual que los propósitos, solo logran demostración en los hechos y que estos, para cumplirse, exigen competencia, capacidad y una mínima cohesión en principios y un modelo de país, condiciones básicas que no pueden inventarse de un día para otro.
La victoria no requirió presentar ningún equipo. Al formarse el gabinete afloraron las primeras contradicciones: “que el país está económicamente quebrado, dijo una diputada, y por otro desmintió el ministro aclarando que no…eso no puede afirmase de esa forma…”
Gerentes
Apenas se publicaron nombres de ministros aparecieron las observaciones: una ministra de Trabajo de conocida trayectoria antisindical, acompañada de un viejo funcionario de dudosa reputación; un ministro de Hacienda que en la administración pasada se descubrió que había incumplido al fisco; una ministra de Agricultura no solo atada a las cámaras empresariales sino enredada en casos de infracciones laborales.
El propio ministro del Medio Ambiente declaró que los grupos ambientalistas van contra la empresa privada y el presidente expresó no estar a favor del Acuerdo de Escazú.
¿Cuál va a ser la imagen de Costa Rica a partir de ahora en los foros internacionales que luchan por la defensa del planeta? Es predecible en un corto plazo que la incomunicación del “equipo” conduzca a rápidas deserciones y a una centralización presidencialista.
Hay indicios para pensar que, lejos de un presidente de la república, tendremos un gerente con un maletín de ocurrencias que presagia conflictos, no solo con los otros poderes sino desde diferentes frentes sociales.
El fascismo sigue siendo una amenaza a la supervivencia de la civilización humana, pero perdemos conciencia de ello porque su energía no consiste en el uso irracional de la fuerza, como la forma mediante la cual se imponen todos los autoritarismos y totalitarismos, sino en el uso de las ideologías y, a través de ellas, el encantamiento y control cultural de las masas. Sus procedimientos son sutiles, atrayentes y capaces de internalizarse hasta en los espíritus más nobles.
Las expresiones que asume el fascismo en el siglo XXI, según lo ha mostrado William I. Robinson en varias de sus investigaciones académicas, no son ajenas a las características del capitalismo globalizado y, por lo tanto, a los intereses de algunas élites empresariales y de las corporaciones. Producir fascismo es negocio y ganar con el fascismo lo puede ser aún más. Por eso no lo podemos considerar un fenómeno “anormal” de la dinámica histórica presente, sino uno de sus resultados probables. Manifestaciones de ello se suceden alrededor del planeta y no aparecen necesariamente en sociedades políticamente atrasadas: varios países de Europa, Estados Unidos y América Latina, donde occidente sembró sus civilizaciones nor atlánticas y donde las instituciones reproducen las lógicas contradictorias del capitalismo: entre la prometida democracia y los intereses particulares de la dominación en crisis se dan muestras abundantes y recientes.
Contribuir y asumir la destrucción de las instituciones que instaló la modernidad civilizatoria de occidente figura entre las cuestiones de las cuales se encargará el fascismo al asumir su lugar en ese juego de contradicciones intercapitalistas luego del fracaso del comunismo. Para ello, aquel no se presenta revelando sus vestiduras, sino enarbolando los estandartes de la salvación, los emblemas mesiánicos, narrativas plagadas de populismo conservador, de la restauración patriarcal o, incluso, las promesas de sabios profetas del mercado.
La crisis de las instituciones, como la crisis del mercado, son provocadas por las contradicciones y fracturas del sistema social y de la economía capitalista. La falta de oportunidades y la desigualdad que produce un sistema capitalista en crisis se disfraza como una falla de las instituciones. Aunque en parte adquieren vida propia, el trasfondo de la institucionalidad está en el resguardo de un régimen social, del sistema de poder y de los aparatos mediante los cuales opera la dominación política y el control social. Estas gozan de legitimidad cuando expresan y responden a las necesidades y expectativas de las masas y cuando, de esa manera, contribuyen al mismo tiempo al resguardo de los intereses económicos y proyectos de dominación de las élites. Es decir, cuando adquieren una función estratégica en la creación de contrapesos sociales y políticos frente a los grandes desbalances de la dominación.
No son los promotores del mesianismo fascista quienes producen la crisis de las instituciones, pero aquellos se fortalecen con ella. Cuando se dan las fracturas de las instituciones políticas, sociales y culturales, del sistema de justicia, de la cultura cívica y la educación, se produce un estado de desamparo social y de abandono que es percibido por las masas como traición. Los mismos voceros del sistema previamente han propagado la idea de que los responsables de la perversión de las instituciones son los funcionarios que, ciertamente, en algunos casos gozan de privilegios que resultan desmedidos, y de esa forma ya el negocio está hecho. La tarea es el combate a ese enemigo.
Así, surge el momento en que el mismo mercado lanza su misión salvadora bajo el lema “yo me como la bronca”, con un ataque articulado a las instituciones en crisis, a sus funcionarios e, incluso, a los beneficiarios a los que identifica como parásitos, (“la señora lleva los niños a la guardería pública para poder ver la telenovela”) no para resolver la crisis sino para derribar las instituciones y acabar con su función legitimadora del orden social y, por lo tanto, su costo fiscal. Es lo que, desde la teoría revolucionaria, haría un proyecto de cambio, para restaurar la legitimidad de las instituciones creando un nuevo régimen institucional, pero dada la crisis de promesas históricas que gocen de legitimidad entre la población, la sociedad queda a merced de los francotiradores o talibanes anti institucionales.
El camino no es matar al mensajero. No se debe aceptar a secas que el ataque a una u otra institución sea responsabilidad individual de un tipo díscolo que no se ha educado en las maneras de correctas del discurso político, como no lo fueron Trump, Bolsanaro y la dirigencia de Vox en España. Las formas del discurso político no importan, son parte de la ruptura y saben que sus narrativas pueden colonizar la voluntad de masas furibundas y poco educadas. Tienen el fuego para el pasto seco y ofrecen poner orden en el capitalismo postpandémico.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
En Colombia, después de 200 años de dominio oligárquico y de una esclavitud cuasi feudal para las grandes mayorías campesinas, indígenas y afrodescendientes, vamos a construir un capitalismo de verdad (ojalá democrático y no retrógrado y sanguinario), en una nación donde nunca terminó de llegar la modernidad, dijo anoche Gustavo Petro el victorioso candidato presidencial de los sectores populares, a la cabeza del Pacto Histórico y la izquierda democrática. Lo vamos a hacer, no porque amemos al capitalismo, sino porque es hora de dar ese paso hacia una democracia verdadera y salir de la estrecha visión colonialista de unas cuantas familias que ven a Colombia como algo de su exclusiva propiedad. Por ahí, las voces de una derecha totalitaria y fascistizante andan diciendo toda clase de mentiras para hacernos creer que, sin ellos, o si no nos sometemos a sus designios, el mundo se va a caer a pedazos, cuando son ellos los que se hundieron en el oprobio y la indignidad.
Los que nunca dijeron nada de las reiteradas masacres cometidas por la derecha uribista de Colombia en contra de los líderes sociales rurales y urbanos, campesinos, obreros, indígenas, estudiantes y afrodescendientes, a lo largo de las décadas más recientes, durante el pasado cambio de siglo, esos que actuaron como si Colombia no existiera, incluso algunos de ellos “autodenominándose” de izquierda o “progres”, vaya uno a saber, esos y otros de todo tamaño y pelaje vienen a poner el grito al cielo ante el indiscutible triunfo electoral del Pacto Electoral, con su fórmula que llevará a Gustavo Petro y Francia Márquez, a ocupar la presidencia de Colombia, en el Palacio de Nariño, a partir del próximo 7 de agosto. Lo más irónico de todo es que hablan de una democracia que jamás existió fuera de sus cabezas, pues no pasó de ser un negociado criminal en el que unas 10 o 15 familias se repartieron el poder, y se beneficiaron durante muchas décadas con el negocio de la guerra, el narcotráfico y la corrupción galopante en los negocios públicos y privados.
La malintencionada prensa, al servicio de los intereses más tenebrosos, de aquí y de allá, habla de Gustavo Petro como el exguerrillero que está a punto de llegar a la presidencia de Colombia, con una perversa intencionalidad que no logran ocultar, tal y como lo hace en su primera plana, de este lunes 20 de junio de 2022, el diario La Nación de San José de Costa Rica. Se cuidan muy bien de decir que eso ocurrió hace por lo menos treinta y cinco años, cuando el joven Gustavo Petro militó en las filas del M 19, una organización político-militar que se disolvió en 1990, después del asesinato de su candidato presidencial para las elecciones de aquel año, Carlos Pizarro, un ocurrido a finales de 1989.
Desde entonces los del M19, nacido para luchar contra el fraude electoral de 1970, unas elecciones en las que los del Frente Nacional (la oligarquía liberal y conservadora que se repartieron el gobierno durante treinta años, a partir de 1958) le robaron el triunfo al general Gustavo Rojas Pinilla, han sido baluartes de una precaria democracia que siempre ha estado bajo la amenaza del paramilitarismo de la ultraderecha, los falsos positivos del uribismo y de sus reiteradas masacres, un día sí y otro también, contra las mayorías populares en lucha. Además, los del M19, como partido político tuvieron una participación decisiva en la constituyente de 1991, en cuya Asamblea obtuvieron un tercio de los representantes, entre ellos Gustavo Petro, desde luego.
Lo más irónico de todo fue que, en 1953 frente al terror godo que sembraron los conservadores, Mariano Ospina y Laureano Gómez, dos sanguinarias fichas del fascismo colombiano, entre los años de 1946 y 1953, acarreando la pérdida de cientos de miles de vidas, otro sector de la oligarquía liberal y conservadora le pidió al general dar un golpe de estado para detener el baño de sangre, cuatro años después lo sacaron ellos mismos para repartirse el pastel y seguir jugando a una democracia que nunca fue. En resumen, según estos codiciosos oligarcas, el único dictador de Colombia, durante el siglo XX, fue el general Gustavo Rojas Pinilla y ellos fueron los impolutos demócratas, a otro perro con ese hueso dice un vejo dicho, la hipocresía y la maldad de estas gentes no conoce límites. Por favor abramos los ojos gentes de Colombia y de toda América Latina.
¡A la carga con Gaitan! Los valientes bogotanos gaitanistas lucharon en las calles junto con la policía liberal, y toda Colombia se alzó en armas aquel 9 de abril de 1948, cuando la vida de aquel hombre que fue Colombia y encarnó las esperanzas de todo un pueblo fue cegada por las balas de la oligarquía y el imperialismo. Mi recuerdo emocionado y sincero a las luchas de aquellas generaciones heroicas y a la memoria de los que dieron su vida enfrentando al terror oligárquico. Se necesitaron casi 75 años para enderezar el camino de la revolución colombiana, en un país que todavía no ha llegado a la modernidad ni ha alcanzado a ser capitalista siquiera, como dijo anoche Gustavo Petro en el discurso que mencionábamos al inicio de este texto… estamos en una nueva etapa de una lucha sin fin que apenas empieza, pero lo más importante es el respeto e implementación de los acuerdos de paz firmados, en el año 2015, entre las ahora disueltas FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, que antecedió al de Iván Duque, el sanguinario presidente uribista que jamás respetó la letra de esos acuerdos, asesinando a más 200 exguerrilleros de las FARC que habían dejado las armas. Es la hora de la paz y de una democracia de verdad para todo el pueblo, el telón la mentira y la hipocresía ha caído. La comedia è finita.
Recordemos el 2020, la posición de Diego García-Sayán (Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU), cuando emite el Comunicado N° BOL 1/2020, expresando: “preocupación por el patrón de persecución política y judicial, con fines de represalia, así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales”, “Así como a la posible falta de respeto a las debidas garantías procesales y de defensa”, cuando mencionó persecución política e instrumentalización de la justicia, se refirió al accionar del ex Ministro de Gobierno de Jeanine Añez, Arturo Murillo, quien dijo que fueron a la “cacería” e iniciaron varios procesos penales contra ex autoridades y personalidades políticas del gobierno de Evo Morales; el Gobierno de Facto de Añez, respondió al Comunicado y trató a García-Sayán de ser activista político y defender ideológicamente el socialismo del siglo XXI. Los que participaron en ese gobierno de Facto, en la actualidad toman las declaraciones de García-Sayán para arremeter contra el Gobierno de Luis Arce, algo que no debe sorprendernos, por su falta de horizonte ideológico.
Del 15 al 22 de febrero de 2022, García-Sayán visita Bolivia, emite un informe y menciona: “finalmente, el drama de la impunidad y de la falta de resultados efectivos frente a graves violaciones de derechos humanos. (…) Mucho se ha escrito sobre las violaciones de derechos humanos del último trimestre de 2019, cuando al menos 37 personas fallecieron y centenares fueron heridas. Como constató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales”. Lamentó que hayan pasado más de dos años sin que las víctimas de la masacre del Gobierno de Jeanine Añez logren justicia; respaldó el informe del GIEI y le preocupó la impunidad que se estuviera generando; se colocó en defensa de los derechos humanos de las víctimas del Golpe de Estado del 2019; sin embargo, en ninguna parte del informe, menciona que Jeanine Añez merece un Juicio de Responsabilidades, es más, le preocupó que la justicia avance tan lentamente y se encuentre con detención preventiva desde marzo de 2021.
A la posición del informe emitido públicamente, García-Sayán se contrapone a su propia postura y se coloca del lado de los derechos de Jeanine Añez, por encima de los derechos de las víctimas de Sacaba, Senkata y El Pedregal, cuando en su Twitter menciona que: “Un tribunal de La Paz condenó a la expresidenta Jeanine Añez a 10 años de prisión. Aún no se conoce el texto que sustenta la sentencia, pero tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”, Esta declaración es cínica y sin vergüenza, cuando anteriormente se preocupaba por su detención preventiva, ahora que Jeanine Añez, tiene sentencia, menciona que tiene derecho a un juicio de responsabilidades; pero algo peor es, que no le interesa cómo surgió el mandato de Jeanine Añez, para los bolivianos es de vital importancia esta situación, porque a partir de la sentencia del proceso penal “Golpe de Estado II”, se mandó el siguiente mensaje: “ninguna persona puede autoproclamarse Presidenta o Presidente y menos atribuirse mandatos para los que no fue designada y/o elegida”.
Al mencionar García-Sayán que Jeanine Añez, merece y debe ir a un Juicio de Responsabilidades, no solo toma una postura a favor de la sentenciada, sino que manda un lineamiento político. Para lo que voy a cuestionar su contraposición jurídica y política. Si bien el Derecho Internacional Público, garantiza que las altas autoridades de un Estado, gocen de inmunidad Personae y Ratione Materiae (protección frente a los tribunales nacionales y/o extranjeros en relación con todos los actos, tanto de carácter oficial, como de naturaleza privada realizados durante el desempeño del cargo, o con anterioridad al mismo) esta inmunidad en muchos casos se traduce en impunidad, por lo que se establecieron ciertos limitantes; es así que en el caso de Almonacid Arellano y otros, sentencia del 26 de septiembre de 2006, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se menciona que: “Ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. Un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a los procesados por crímenes que impliquen violaciones graves contra derechos humanos mediante la aplicación indebida de figuras legales que atenten contra las obligaciones internacionales pertinentes”. A los delitos de lesa humanidad (persecución política, detenciones indebidas, procesos penales fabricados, masacres, ejecuciones extra sumarias y genocidio), los Estados no pueden otorgar privilegios a partir de Juicios de Responsabilidades; no se puede otorgar una figura legal que contraponga la defensa de los derechos humanos y la investigación penal en favor de las víctimas, esta posición se encuentra ratificada en el documento “Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Impunidad” emanado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuando señala: “la inmunidad oficial ratione materiae, no puede abarcar conductas condenadas como delitos graves por el derecho internacional».
Los actos que atentaron contra los derechos humanos en el Gobierno de Facto de Jeanine Añez, deben ser juzgados por la vía Ordinaria, sin la otorgación de ningún privilegio, por dos razones: 1) Que la asunción a la Presidencia no fue constitucional, demostrado en la sentencia del Caso “Golpe de Estado II”; y 2) Que Jeanine Añez, cometió delitos de lesa humanidad, por lo que la ley no deben y no pueden otorgar protección directa o indirecta, la norma no puede aplicarse a figuras legales de privilegio que generé impunidad.
García-Sayán manda línea política y jurídica a la oposición boliviana, para desgastar al Gobierno de Luis Arce, por lo que es importante tomar en cuenta el escenario que se está fabricando, a fin de tomar acciones preventivas.
(*) Galo Amusquivar es analista de la situación y la realidad boliviana. (gat96@hotmail.com)
El periodista de investigación y escritor MOISÉS NAÍM, preocupado por las nuevas corrientes autoritarias que están amenazando la trayectoria del sistema de pesos y contrapesos en los países democráticos, ha publicado un interesante libro denominado LA REVANCHA DE LOS PODEROSOS: CÓMO LOS AUTÓCRATAS ESTÁN REINVENTANDO LA POLÍTICA EN EL SIGLO XXI. Es una obra que se propone defender el modelo de las democracias liberales occidentales del siglo XX.
Al abrir este texto, es inevitable no pensar en la periodista y diputada PILAR CISNEROS, hoy día representante del partido oficialista que llevó a la silla presidencial al economista RODRIGO CHAVES, ambos ejemplos muy claros del modelo que Naím propone para reconocer a los dirigentes políticos antiliberales de nuevo cuño.
A estos nuevos políticos Naím los denomina con el nombre de LOS AUTÓCRATAS DE LAS 3 P, para resumir la fórmula antidemocrática de la que echan mano. Esos tres elementos son el POPULISMO, la POLARIZACIÓN y la POSVERDAD, una conjunción que les permite ir desmantelando los contrapesos que en una democracia garantizan la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Esos autócratas recurren a estrategias cada vez más notorias: el uso de un lenguaje catastrofista y pesimista para dirigirse al pueblo en general, la caracterización del entorno que nos rodea como caótico y fallido y, en no pocas ocasiones, a manifestaciones de un gran desprecio por el conocimiento y el papel de los profesionales e intelectuales en la sociedad. Instituciones como las universidades y los medios de comunicación son con frecuencia satanizadas. Se trata de fomentar la polarización social agudizando el escepticismo y la apatía respecto al ejercicio de lo que ellos denominan la política tradicional, sea de izquierda o de derecha.
Al recurrir a la POSVERDAD, estos políticos de vocación autócrata van más allá de la simple mentira, niegan verdades y realidades constatables para socavar los contrapesos que ponen límites a sus excesos de poder.
Para ellos los aspectos objetivos tienen menos importancia que las opiniones y las emociones que produce su discurso populista, polarizante y demagógico, todo ello con el deseo de fomentar las condiciones necesarias en la opinión pública para justificar sus abusos de poder.
Cuando vemos cómo la diputada Cisneros insiste en transmitirle a la población costarricense su escepticismo sobre la labor que se realiza en el ámbito parlamentario, o cuando el presidente Chaves va al Poder Judicial a señalarle sus debilidades, que las tiene, sin reconocer la importancia de la separación de los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial, una cosa queda clara: su objetivo es socavar nuestro modelo de Estado y darle rienda suelta a sus sueños autócratas. Se vislumbra en un futuro cercano una Costa Rica convertida en una autocracia de derecha, con una población cuyas esperanzas se desvanecen a punta de mensajes catastrofistas y donde las grandes ausentes sean las propuestas para profundizar la democracia costarricense, con políticas redistributivas eficientes para combatir la pobreza y la injusticia social.
Frente a esta amenaza, los movimientos sociales tienen la palabra: ambientalistas, sindicalistas, feministas, frentes estudiantiles y juventudes organizadas, movimientos indígenas y de otras comunidades.
Nuestra herencia progresista, democrática y pluralista está por encima de todo.
¡Para mañana es tarde!
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
El candidato Gustavo Petro es el ganador de la segunda vuelta electoral del proceso colombiano, por tanto, es el presidente electo y el próximo presidente constitucional de Colombia.
En los conteos preliminares: Gustavo Petro11.281.002, 50,44%, Rodolfo Hernández 10.580.399, 47,31% para el período 2022-2026 cnn.
Felicitaciones al pueblo colombiano, por esta oportunidad de construir paz y soberanía. Felicitaciones a la democracia colombiana.
Nuestros mejores deseos para llevar adelante con éxito esta tarea patriótica y que se unan en el mejor proyecto, los intereses nacionales.
Vicepresidente de la Red Nacional Antitabaco (RENATA)
El pasado 31 de mayo, en conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, la Red Nacional Antitabaco (RENATA) tuvo la oportunidad de organizar un foro de presentación de resultados en el antiguo edificio legislativo acerca de dos estudios que se hicieron en el último año relacionados con la interferencia de la industria tabacalera en políticas de control de tabaco, el cual contó con el apoyo del diputado Jonathan Acuña de la fracción del Frente Amplio.
La interferencia de la industria tabacalera se entiende como esa gran variedad de tácticas y estrategias utilizadas, directa o indirectamente, por las compañías del tabaco y sus representantes para debilitar, obstaculizar o eliminar la aplicación o desarrollo de las medidas efectivas de control del tabaco. Se ha reconocido en distintas ocasiones que este flagelo ha sido responsable de que muchos países no hayan podido avanzar en una mejor legislación en control de tabaco.
Precisamente, se diseñó el Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera como una herramienta de medición que cuenta la sociedad civil para evidenciar la intromisión de estas compañías en dudosas decisiones que toman los gobiernos y entes legislativos. Según se expuso en el foro de presentación, Costa Rica reporta casos preocupantes, como la presencia desde el año 2016 de representantes de cámaras empresariales en la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito del Ministerio de Hacienda, donde se ha invitado a compañías tabacaleras sin que se dé a conocer lo discutido en el acta de reunión; el tratamiento especial por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo hacia la industria tabacalera al protegerla durante la reforma fiscal; o la donación de insumos médicos de la tabacalera Philip Morris Internacional a la CCSS en medio de la pandemia.
Por otro lado, se presentaron los resultados del estudio Sin cortinas de humo, que documentó el proceso de aprobación del proyecto de ley de regulación de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y productos de tabaco calentado (proyecto 21.658) para localizar a los sectores que se opusieron a su aprobación y sus argumentos. Se identificó el uso de tácticas de interferencia indirecta por parte de las tabacaleras durante el periodo en que se discutió el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa (entre octubre del 2019 y 2021), que incluyeron las relaciones públicas, para influenciar publicaciones en medios de comunicación que promovieron los vaporizadores y productos de tabaco calentado; también las acciones de responsabilidad social con instituciones públicas, donde es evidente el esfuerzo de la industria por mostrarse como un miembro responsable de la sociedad; y la utilización de alianzas con las cámaras empresariales, quienes defendieron públicamente los argumentos de oposición de estas compañías.
Una de las situaciones más preocupantes que se evidenció fue que la diputada que mostró mayor oposición al proyecto de ley 21.658 renunció a su curul para comenzar a trabajar, meses después, con la compañía tabacalera Philip Morris Internacional. Lo que ahora genera dudas sobre los intereses que en su momento tuvo la legisladora al oponerse a dicho proyecto de ley, y si ello significó mantener reuniones poco transparentes con tabacaleras, lo que violentaría el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), tratado internacional en la materia ratificado por Costa Rica desde el 2008.
Desde la RENATA abogamos porque se establezcan mayores regulaciones al cabildeo en la Asamblea Legislativa, medidas claras de transparencia, y que el Ministerio de Salud, como rector nacional en control de tabaco, sea el primer ente en implementar un Código de Conducta para relacionarse con la industria tabacalera o sus representantes solo cuando sea estrictamente necesario, tal y como lo exigen las directrices de aplicación del artículo 5.3 del CMCT.
Hacemos un llamado a distintos actores de la sociedad civil, a hacer un frente común que defienda una agenda de salud pública consensuada en beneficio de toda la población costarricense, anteponiendo siempre el derecho a la salud por encima de intereses comerciales.
Las palabras nos definen, nos dan identidad, dicen, al utilizarlas, quiénes somos como individuos y como sociedad. Al parecer, el nuevo Presidente de la República tiene esta palabra como una de sus preferidas. El Diccionario de la RAE nos presenta de ella tres acepciones: 1. Perrería, muchedumbre de perros; 2. Gente baja; y 3. Persona despreciable y de bajos procederes. Como vemos, referirse a alguien con este epíteto, tiene un carácter eminentemente agresivo, injurioso e insultante.
Esta palabra la utilizó el ahora Presidente, varias veces, durante la campaña electoral para dirigirse a toda la prensa que lo criticaba o contradecía. Ahora, en visita “de cortesía” a la Corte Suprema de Justicia, la vuelve a utilizar para referirse a las denuncias penales interpuestas en su contra y en contra del partido que lo llevó al poder. Lo más grave es que algunas de esas investigaciones se originaron en un traslado que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones –no cualquier ciudadano- al Ministerio Público, por considerar que hay base suficiente para indagar si se han cometido importantes delitos. La cuestión cae por su propio peso: ¿son los magistrados y magistradas del TSE una especie de jauría canina, gente baja, despreciable y de bajos procederes? ¿Qué respeto estamos teniendo por las instituciones? ¿Qué nivel le estamos dando al ejercicio “docente” de la política, por parte de las máximas autoridades de la República? Con profundo pesar, como simple ciudadano, tengo que reconocer que la ola del peor “trumpismo” nos ha arrastrado y un peligroso discurso, barbárico y falaz, está sembrando vendavales.
El problema es complejo porque el Presidente aprovecha su visita a la Corte para hacer una mezcla absolutamente impropia, entre deficiencias reales en nuestra administración de justicia, junto a intereses personalísimos por las causas abiertas en su contra. Esas deficiencias tienen años de estarse conociendo y tratando de superar desde que el propio Poder Judicial llamó al Programa Estado de la Nación para efectuar evaluaciones periódicas, en un afán de transparencia que no tiene ningún otro poder público. Si es mucho pedir cortesía y prudencia al nuevo mandatario, es necesario exigirle respeto al principio de división de poderes y respeto a las autoridades que investigan hechos posiblemente delictivos, eventualmente perpetrados por su persona.
Un Presidente de la República no puede arrogarse la soberanía popular, ni ponerse los tacones y peluca de Luis XIV y arremeter contra los jueces, diciéndoles qué deben y qué no deben hacer. Si bien es cierto que en todo el mundo está de moda el “Lawfare”, esa desventurada estrategia de utilizar el sistema judicial para sacar del juego a adversarios políticos, nadie puede arrogarse el monopolio de la verdad ni la facultad de auto-erigirse en el gran decisor. Resulta ridícula la falacia utilizada como argumento: “todas las acusaciones por corrupción deben castigarse, con la única excepción de las que se sigan en mi contra”.
En un régimen democrático nadie puede ser, de entrada, condenado o absuelto. Cada denuncia debe investigarse bajo el estricto cumplimiento del debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales. Esta es la única vía para establecer si se ha cometido un hecho delictivo y quién o quiénes son los responsables. La investigación, el acopio de pruebas y las definiciones últimas en una sentencia, corresponden a la policía, la fiscalía, la defensa y los tribunales de justicia. A nadie más. Parece mentira que tengamos que estar recordando estos conceptos elementales de educación cívica. Pero así estamos.
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