Gabe Abrahams sale a caminar todos los días para mantenerse en plena forma. (Foto: cedida).
Nació en Barcelona en 1966, pero en 2019 eligió Tudela para vivir por los lazos que su familia tenía con Navarra. Con veinte años se puso sus primeras zapatillas para iniciar una caminata que cambiaría su vida. Y, a partir de 2015, comenzó a cosechar grandes éxitos como marchador ‘multiday’ (de varios días), entre ellos varias plusmarcas mundiales. Además, desde hace varios años compagina el deporte con una faceta mucho más desconocida: la de columnista para diferentes medios de comunicación, de la que habla por primera vez en el siguiente CapitalTest.
IRATXE ZUBIETA
Pamplona – 14 marzo, 2022
Gabe Abrahams emprendió su primera gran caminata cuando tenía veinte años. El trayecto comenzaba en Toulouse, pasaba por Pau y terminaba en Lérida. En total, 500 kilómetros que discurrían entre parajes inolvidables. En medio de la inmensidad de las montañas nevadas, sintió el eco del silencio y acarició la compañía de la soledad por primera vez.
El marchador barcelonés retó a su capacidad de sufrimiento y descubrió su fortaleza mental en un camino que abriría un nuevo horizonte hacia el que dirigir su vida: las caminatas ‘multiday’. Una actividad que se convirtió en la verdadera pasión de este atleta afincado en Tudela, que compagina desde hace varios años con su labor como columnista en diferentes medios de comunicación. “Gracias a esas caminatas, he conseguido logros deportivos y he conocido lugares y paisajes de una belleza extraordinaria. Permanecen muy presentes en mi memoria. Los sitios y sus gentes se conocen mejor a pie”, reflexiona en este CapitalTest.
1. ¿Qué es lo que más le marcó de esa primera caminata? Especialmente, recuerdo el paso por la frontera entre Francia y España… Se encontraba cerrada, y las condiciones climatológicas eran malas. De madrugada, me puse en marcha sin atender a las recomendaciones. Caminé hasta el túnel de Aragnouet-Bielsa y la frontera en medio de montañas nevadas y en una soledad total. Lo atravesé y fui a parar a un puesto de la Guardia Civil. Se quedaron muy sorprendidos por mi temeridad. Me repuse y seguí. He soñado muchas noches con aquel momento e, incluso, me he despertado en medio del sueño. Recuerdo aquel silencio tan especial. Creo que la caminata Toulouse-Lérida fue determinante para elegir esta actividad.
2. ¿Se imaginaba entonces que iba a alcanzar tantos hitos? Cuando empecé con las caminatas ‘multiday’, tenía las dudas lógicas acerca de si podría aguantar caminando tantas horas durante días, aunque los antecedentes como la caminata Toulouse-Lérida me hacían pensar que sí. Esa caminata que realicé de joven fue el punto de partida. Mi gusto por caminar, el entrenamiento diario y la capacidad de sufrimiento han hecho el resto.
3. Ha experimentado una gran progreso desde sus inicios… Empecé con dos grandes caminatas ‘multiday’ en playa. En 2015, caminé 500 kilómetros y en 2016 llegué hasta las 500 millas (804,672 km), alcanzando las plusmarcas mundiales de caminata de playa (‘beach walking’) en ambas distancias. En 2017 y 2018 caminé mil millas (1.609,344 kilómetros) por el área metropolitana de Barcelona y Aragón respectivamente, con técnica de ‘power walking’, una variante de la caminata rápida (‘speed walking’). Logré la plusmarca mundial de las mil millas de ‘speed walking’ en ambas caminatas. En 2020, di la vuelta a Navarra y Cinco Villas y logré la plusmarca de la misma. Y, en 2021, caminé diez días por la costa de Cataluña, estableciendo la plusmarca de los diez días de ‘speed walking’. Empecé con las grandes caminatas por playa y evolucioné hacia las caminatas por circuitos abiertos de cientos de kilómetros.
4. Dice que los circuitos abiertos son mejores a nivel psicológico… Sí, son más beneficiosos porque distraen la mente y alivian el esfuerzo.
5. De todas las variantes de caminata que ha practicado, ¿cuál es la que más le gusta? Mi preferida es la caminata rápida o ‘speed walking’.
6.¿Por qué? ¿Qué le aporta? Me permite caminar por circuitos de cientos de kilómetros y descubrir a pie lugares de interés.
7. ¿Dónde está el secreto para poder caminar durante tanto tiempo y batir tantos récords? Esencialmente, hay tres cuestiones claves: gusto por caminar, entrenamiento y capacidad de sufrimiento. Sin el entrenamiento diario, por ejemplo, no hay nada que hacer. Saber sufrir y superar los malos momentos también es necesario. Hay que aprender a dejar que pasen las tormentas, porque detrás siempre viene la calma.
8. ¿Sigue algún protocolo especial en las fechas previas a una caminata ‘multiday’? Procuro repartir entre la mañana y la tarde las horas de caminar. Generalmente, camino entre cuatro y cinco horas por la mañana y otras tantas por la tarde. Unas ocho o nueve horas diarias en total. El ritmo es lento, unos seis kilómetros por hora. También procuro mantener mi horario de comidas y sueño, dentro de lo posible, para no debilitarme aún más de lo que ya te debilita una caminata tan larga.
9. Pero imagino que seguirá alguna rutina diaria para lograr estar al máximo nivel… Por las mañanas, camino una hora. A mediodía, hago un entrenamiento de una hora de caminata rápida. Y, por la tarde, vuelvo a caminar. Cuando me faltan pocos meses para una caminata ‘multiday’, hago algún test para calibrar el estado de forma. Mi entrenamiento también incorpora gimnasia, dieta, etc.
10. ¿Qué le aporta esta disciplina? Si a uno le gusta caminar más que nada, como es mi caso, pues la satisfacción de hacerlo durante días. Es lo máximo que se puede pedir.
11. ¿Tiene algún referente o alguien en quien se inspire? Admiro a algunos marchadores como el mítico Edward Payson Weston, quien batió muchas plusmarcas ‘multiday’ a finales del siglo XIX y principios del XX. Sus travesías por Estados Unidos son irrepetibles.
12. ¿Cuenta con patrocinios o el apoyo de alguna marca? No.
13. En Navarra, estableció una nueva plusmarca mundial… Llevé a cabo la vuelta a Navarra y Cinco Villas entre el 28 de enero y el 6 de febrero de 2020. Caminé 505 kilómetros en ocho días, 22 horas y diez minutos. Me encantó atravesar lugares de gran historia y belleza como las Bardenas Reales, Estella, Tudela, etc. Vine a vivir a Navarra hace varios años por mis antepasados del territorio soriano-riojano-navarro-vasco. Con la vuelta a la Comunidad foral, les rendí un pequeño homenaje.
14. Además de marchador, también escribe. ¿De dónde le viene esta inquietud por contar historias? Empecé a escribir por mi gusto por observar y por una necesidad interna de contar cosas de aquello que me llamaba la atención. Hace más de una década, en Barcelona, colaboré con medios deportivos.
15. También ha escrito sobre otros temas… He escrito sobre deporte, lugares de interés cultural, política… Me gusta especialmente escribir sobre personajes históricos del deporte y la política del siglo pasado. Aprendo mucho de infinidad de materias.
16. Encontró varios casos de marchadores ‘multiday’ que también se dedican a la escritura… Efectivamente. Por algún motivo, algunos de los más grandes marchadores ‘multiday’ de todos los tiempos han sido reconocidos escritores. Un ejemplo es el australiano Aidan de Brune, que alcanzó las plusmarcas de la vuelta a Australia y de la travesía de Australia.
17. ¿Por qué cree que se da está curiosa coincidencia? Me da la impresión de que hay una psicología determinada que ayuda a caminar muchas horas y a hacer otras actividades similares que requieren horas de concentración, como puede ser escribir.
18. ¿Cómo conoció la historia de este marchador? ¿Fue antes o después de que usted comenzase a escribir? A Aidan de Brune lo conocí hace relativamente poco tiempo, hace un par de años. Me llamó la atención que realizase las dos actividades. Me hizo pensar en mí y en otros marchadores que escriben.
19. Es de los que piensa que la descripción de la realidad puede ser infinitamente más impactante que el sensacionalismo… Mi experiencia me lo ha demostrado. La historia del siglo XX, por ejemplo, es tan extraordinaria que no necesita añadidos. Los hechos históricos recientes van en la misma dirección.
20. ¿Cómo ve la prensa en la actualidad? Los grandes grupos de comunicación son propietarios de diversos medios que están relacionados con el poder político. Los contenidos de los medios de esos grandes grupos están condicionados por el vínculo político. Procuro colaborar en medios independientes y leer prensa afín.
21. Como columnista, ¿en qué tipo de medios cree que es mejor informarse? Es mejor contrastar los datos en prensa no vinculada a los grandes grupos, o en un buen libro. Por ejemplo, si la información que se busca es sobre España, es mejor leer medios independientes o incluso extranjeros, ya que siempre será más imparcial. En términos generales, es así.
22. Seguro que ya tiene nuevos retos deportivos para el futuro… A medio plazo, me gustaría intentar batir mi plusmarca de los diez días de ‘speed walking’ de 2021 y realizar una travesía por la Península Ibérica. Aunque la edad va pasando, espero poder seguir adelante hasta el final.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Durante la primera ronda electoral desarrollada en Costa Rica, se convocó a las personas candidatas a una actividad de divulgación preparada por una cadena de restaurantes de comida rápida. Se trataba de una acción comunicativa, una performance en las que se buscaba la interacción con sus partidarios, generar contenidos, imagen.
De alguna forma, esta actividad es expresiva de un listón demasiado bajo que se desarrolló durante esa contienda electoral y que continuó sin disimulo durante la segunda ronda, en la que los temas de fondo han sido tamizados, casi desdibujados por una seguidilla incontestable de discursos y contradiscursos que no contribuyen a fortalecer el diálogo democrático en una sociedad profundamente atomizada, polarizada, socavada en sus cimientos de convivencia y disminuida en sus horizontes de futuro, en particular para las personas jóvenes y las poblaciones vulnerables.
Lejos de acrecentar la búsqueda de calidad en el debate, lo que hemos observado con preocupación es la crispación de los contenidos, la trivialización de temáticas que son centrales para las subjetividades, como la violencia de género o el suicidio en personas jóvenes. La comunicación, si es que existe tal cosa, se ha ocupado de enmendar la plana y vaciar de contenido el lugar que otrora ocupaban las propuestas, el intercambio de ideas, el diálogo democrático.
Con la «redsocialización» del juego electoral en Costa Rica, se ha terminado por magnificar la forma por el fondo, ese donde yace en lo profundo un modelo por armar de una sociedad desarmada. A la espera por una reconstitución, una refundación necesaria y urgente, las ideas han sido sustituidas por una concatenación de palabras sin mucha argumentación, los personajes en contienda terminan siendo eso: personajes construidos por casas publicitarias cuyas matrices están bastante lejos de la geografía y la configuración costarricense.
Al calor de las hamburguesas y las papas trans, podríamos haber advertido una especie de premonición de un proceso electoral obeso, casi mórbido y sin una sola gota de sudor en su esfuerzo físico, que poco se ha preocupado por ir en busca del reencantamiento de ese electorado una y otra vez perfilado en estudios rigurosos y serios sobre sus principales características.
En su trabajo sobre Cultura Política e intención de voto en la segunda ronda electoral 2022 desarrollado por el Programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional, en Costa Rica, se aborda una tipología que incluye votantes tradicionales (aquellos con costumbre arraigada e interesada en la política y que se presentaron a votar durante la primera ronda), votantes flotantes (tienen un menor interés en la política, fue a votar en la primera ronda y tomó su decisión con pocos días de anticipación) y los votantes apáticos (que nunca o casi nunca conversan de política con nadie y no asistió a ejercer su voto durante los comicios de febrero). Son estos, los rasgos subjetivos que las propuestas en contienda deben ir a buscar, refrendar aquellos que si están claros en la cuestión política y tratar de convencer a estos apáticos o flotantes.
Sin embargo, la escasa propuesta comunicativa se ha centrado en otros discursos y lenguajes, más acordes con la cercanía de ese elector al mercado que lo construye y menos a su consideración como ciudadano.
Una sociedad que apuesta más por la igualdad en el mercado, produce propuestas y respuestas abigarradas en las que sentidos de pertenencia, identificaciones y lealtades son mediadas por las capacidades de consumo, inclusive aquellas vinculadas con el consumo de las propuestas electorales. Por esas razones, pareciera entonces que al electorado le da lo mismo adquirir un combo agrandado y con muchas salsas o escoger entre propuestas que lo han tratado como eso, un consumidor más que un ciudadano.
Es esta una hora crítica para Costa Rica. Venimos sorteando las olas pandémicas sobre un sistema de salud que ha resistido dada su consideración como prioridad por el modelo instalado en Costa Rica entre los años cincuenta y los años ochenta del siglo pasado. Sobre ese sistema de salud, ahora sobrepasado y fatigado, nos preparamos para dar el salto hacia otro estadio de convivencia con nuevas variantes y mutaciones que vendrán seguramente en los próximos años.
Pero la desigualdad, pero la desconfianza, pero la pobreza, pero la desintegración, pero la discriminación, pero la violencia, pero la acumulación por despojo… todo esto bien vale un replanteamiento serio. Quitar las papas trans de la mesa y sentarse a conversar, a repensar, redefinirnos. Colectivamente.
Es importante precisar que “guerra”, hoy en día, no se refiere sólo al uso de la violencia con armas físicas (convencional). Por guerra entendemos a todas sus generaciones, hasta la quinta generación. Por tanto, trasciende al enfrentamiento entre bandos mediante el uso de armas de fuego en forma convencional, incluye también la guerra asimétrica, la guerrilla, la guerra de baja intensidad, la guerra sucia, el terrorismo de Estado, la propaganda, con inclusión de la cibernética y de la población civil, la política, las finanzas. En ella intervienen estados y grupos privados mercenarios. Ocurre en todo el planeta.
Oponerse a la “guerra” sólo cuando esta se manifiesta en la forma convencional es simplista.
Oponerse a la “guerra” sólo cuando la visibilizan los medios de comunicación privados es complicidad.
Ser no violento es diferente de ser pacifista. El pacifista en general se opone al uso de la violencia en cualquier circunstancia (y debería recurrir al término amplio de violencia). El No violento busca el mínimo grado de violencia posible, pero teniendo en cuenta que hay una gama de principios y valores tan importantes a la paz y a la vida.
Por ejemplo, el mismo Gandhi aconsejó a un campesino, durante su larga investigación en la región de Champarán, que, si un terrateniente pretendía abusar de su hija, defendiera su dignidad con una escopeta, si era necesario. La dignidad está por encima de la No violencia. Y en la Guerra Mundial, siendo la India parte del Imperio Británico, en lugar de aislarse, Gandhi optó por participar en apoyo a Inglaterra, si bien en los cuerpos de enfermería. Entendió que se luchaba contra el fascismo.
He citado muchas veces los casos de Mandela, Camilo Torres y hasta la Iglesia Católica que ha llegado a justificar la “guerra justa y la insurrección revolucionaria en el caso de tiranías evidentes”. La “paz” no es un valor absoluto. En aras de la “paz” no podemos cerrar los ojos ante el avance del fascismo.
Cierto que es de lamentar el uso de las armas en el caso Rusia – Ucrania – OTAN. Pero sería ingenuo ignorar los dos puntos anteriores. Sería como quien llega a un sitio y presencia una pelea ya comenzada, y reclama el uso de la violencia por quien en ese momento tiene el puño alzado. No se toma la molestia de averiguar qué sucedió antes, contra quién esgrimía el puño y por qué.
¿No lleva la nación de EEUU décadas, siglos, con el puño alzado contra los pueblos del mundo? ¿No ha estado impulsando la guerra en todas sus modalidades y generaciones? ¿No viene avanzando hacia un intento de control global del Planeta? ¿No es el principal enemigo de la humanidad (aunque no el único)? ¿No es una representación clara del fascismo?
La guerra es nuestro enemigo. Pero por encima de ese enemigo, está el neoliberalismo, causante de la guerra. Si se sale con las suyas, habrá un mundo unipolar, tiránico, fascista. Para llegar a la paz hay que pasar por la multipolaridad.
La Constitución Mundial para la Federación de la Tierra es el mejor instrumento para llegar allá.
Estimados lectores, en este artículo quisiera abordar el aspecto humanitario de la operación militar especial de Rusia en Ucrania que considero como uno de los factores claves para entender las razones de la situación actual en este país.
En primer lugar hay que recordar que Ucrania desde la desaparición de la URSS en 1991 de acuerdo con los planes de largo alcance de los gobernantes en Kiev y de sus mentores norteamericanos y europeos se venía convertiéndo en un Estado “anti-Rusia”, con la prohibición total del idioma ruso, distorsión de la historia común de nuestros pueblos hermanos e incitación al odio a todo lo ruso. Eso fue impuesto sin importar la opinión del pueblo ucraniano.
Cabe recordar que la escalada de la violencia contra los ciudadanos ucranianos de origen ruso en las regiones de Donetsk y Lugansk (Este de Ucrania) empezó en 2014 cuando la Junta de nacionalistas apoyada por grupos neonazi llegó al poder en Kiev como resultado del criminal golpe de Estado. Durante los siguientes 8 años este régimen llevando la política tàcita de genocidio mató a 14 mil conciudadanos, incluso centenares de niños en Donbass (Donetsk y Lugansk). 4 millones de personas que viven ahí han sido llamados por los gobernantes ucranianos “especie”, “basura” y “no humanos” (“subhumans”) solo por querer ser dueños en su propia casa y no someterse al régimen neonazi, así como hablar el idioma de sus padres y abuelos. En este contexto se ve muy extraño e indignante, que ni los países del Occidente, ni la comunidad internacional no juzgaban necesario reaccionar adecuadamente al exterminio por Kiev de su propia gente durante casi una década. A propósito, ¿pueden nombrar otro país del mundo donde está prohibido hablar el idioma extranjero?
Por esto no es sorprendente que exactamente este país fue utilizado por sus mentores occidentales como base para la elaboración de los componentes de las armas bacteriológicas en el material genético de la raza rusa. Los recientes descubrimientos hechos por los militares rusos en laboratorios biológicos de Ucrania (en total 30) lo evidencian claramente. Parece que las ideas de fascismo nunca han abandonado las mentes de los que quieren dominar el mundo.
Rusia se vio obligada a iniciar la operación de la desmilitarización y desnazificación de Ucrania para proteger las vidas y los derechos humanos fundamentales de los habitantes de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y parar su exterminio. En los primeros días de la operación se logró destruir la presa construida por los neonazis ucranianos, que bloqueó el Canal de Crimea del Norte y de esta manera restablecer el suministro de agua a los 2,5 millones de habitantes de la península de Crimea. En general la operación militar especial de hecho resultó ser una acción preventiva, tomando en cuenta los planes descubiertos del régimen de Kiev de lanzar una ofensiva amplia y feroz contra los territorios de Donbass y Crimea ruso en este mismo mes de marzo.
Quisiera recordar una vez más que la operación de Rusia no está dirigida contra el pueblo ucraniano, sino se ejecuta contra la infraestructura militar y el régimen neonazi de Kiev. Sin embargo, las fuerzas armadas y grupos radicales ucranianos están involucrando a los civiles en las acciones militares, utilizándolos como “escudo humano”, emplazando armamentos incluso pesados en las calles de las ciudades. Estas prácticas son puramente terroristas. Y como bien se sabe, con los terroristas no se negocian. Deben ser liquidados.
En vez de buscar compromisos el Gobierno ucraniano está contratando a mercenarios extranjeros y recibe cada día más armamento de los países de la OTAN. La situación se agrava por el aumento de la delincuencia como el resultado de la entrega incontrolada por las autoridades ucranianas de las armas ligeras a los civiles, a los elementos radicales y a los delincuentes liberados anticipadamente de las cárceles. La responsabilidad por estos crímenes recae por completo sobre actuales dirigentes de Ucrania.
Además, Kiev multiplica descaradamente las mentiras a su propia gente y al mundo entero. Un ejemplo elocuente son las acusaciones falsas contra Rusia del bombardeo del hospital infantil en Mariúpol, el cual en realidad fue convertido en una sede del regimiento neonazi ucraniano “Azov” después de evacuar todo el personal médico y pacientes.
La cara inhumana de las autoridades ucranianas se perfila tambièn en el ataque cruel realizado el 14 de marzo por las fuerzas armadas de Ucrania con un misil «Tochka-U» contra los civiles en el centro de la ciudad de Donetsk, donde la gente (en mayoría familiares y madres de los militares que participan en las hostilidades) fue convocada a través de las redes sociales para un mitin pacífico. Más de 20 civiles murieron, casi 30 personas, incluidos niños, resultaron gravemente heridas. Según comentó el Presidente Vladimir Putin, las autoridades ucranianas «golpean sin distinción, en las plazas, con el fanatismo y el frenesí de los condenados, como los nazis, que en los últimos días del Tercer Reich intentaban llevarse a la tumba el mayor número posible de víctimas inocentes». Los radicales en Ucrania siguen reteniendo a más de 4,5 millones de civiles ucranianos y 6,9 mil extranjeros de 21 países como rehenes, impidiendo su salida de las zonas peligrosas.
Quisiera subrayar que de su parte el Gobierno de Rusia está haciendo todo lo posible para proteger a los civiles y aliviar la situación humanitaria de la población ucraniana. Exactamente por esta razòn las tropas rusas no avanzan rapidamente destruyendo todo a su paso. Hay que recordar que siempre estamos abiertos al diálogo y uno de los objetivos centrales de las negociaciones ruso-ucranianas sigue siendo la coordinación de los corredores humanitarios. Desde finales de febrero el Ministerio de Defensa ha establecido una línea directa para resolver las cuestiones humanitarias relacionadas con la operación militar especial de Rusia en Ucrania, incluidas las solicitudes relativas a la evacuación de civiles. La respectiva base de datos ya incluye a 2,7 millones de personas que desean ser evacuadas, la mayoría hacia la Federación de Rusia. Más de 346 mil personas ya han sido evacuadas por las fuerzas rusas. El 8 de marzo los militares rusos organizaron la evacuación de la región de Jersón por ferrocarril más de 250 ciudadanos de Turquía, Ucrania, Egipto, Azerbaiyán, Pakistán, Suecia, Italia, Brasil, Marruecos y la India. Rusia entregó 4,3 mil toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania. Además, se tomó la decisión que todos los estudiantes extranjeros, quienes no tienen posibilidad de graduarse en Ucrania, van a ser admitidos a las universidades rusas.
Para finalizar este artículo quisiera responder a la pregunta que está colgada en el aire: “¿Qué sucederá después?” Las atrocidades cometidas por la junta neonazi en Kiev y sus batallones neofascistas contra su pueblo no quedarán impunes. Estoy seguro: “A los culpables les espera un nuevo Nuremberg”.
Estimados lectores, todos los pueblos merecen vivir en paz, sin miedo constante de ser matados. La población civil de las regiones de Donetsk y Lugansk no tuvo esa oportunidad durante últimos 8 años. Ha llegado el momento de acabar con el genocidio y poner fin al sufrimiento de nuestros hermanos. No hay duda de que el neofascismo será derrotado y Rusia hará todo lo posible para que los pueblos rusos y ucranianos vivan en paz y buena vecindad.
A.N.Khokhólikov es Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia en la República de Nicaragua y concurrente en la República de El Salvador y la República de Honduras.
A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho, UCR
Como bien se sabe, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) constituye la máxima instancia jurisdiccional dentro del organigrama de las Naciones Unidas, la cual está llamada a resolver las controversias entre dos o más Estados (véase el sitio oficial).
A solicitud de Ucrania (véase el texto de la demanda presentada contra Rusia el pasado 26 de febrero del 2022), la CIJ celebró el 7 de marzo del 2022 unas audiencias públicas en La Haya. Este procedimiento contencioso de Ucrania contra Rusia ante el juez internacional fue iniciado pocos días después de la agresión militar rusa en territorio ucraniano.
Esta demanda, reforzada con una solicitud de medidas provisionales presentada en la misma fecha (véase el texto) a la CIJ, se viene a añadir a otra demanda presentada por Ucrania contra Rusia en el 2017 y que aún está pendiente de resolución.
En efecto, pese a la presentación de excepciones preliminares por parte de Rusia tendientes a que la CIJ no se declarara competente, el juez internacional se declaró competente a finales del 2019 (véase la sentencia sobre excepciones preliminares del 8/11/2019). Y una ordenanza de octubre del 2021 (véase el texto) fijó los plazos de presentación de los alegatos escritos en segunda ronda al 8 de abril (réplica de Ucrania) y 8 de diciembre (dúplica de Rusia).
En las afueras del Peace Palace en La Haya, personas se manifestaron en contra de la agresión rusa en Ucrania. Imagen extraída de esta nota de prensa de la DW.
Una muy breve puesta en contexto
La celeridad con la que se convocaron estas audiencias públicas en La Haya el pasado 7 de marzo se explica debido a la precitada solicitud de medidas provisionales presentadas —de carácter urgente, como toda medida provisional— por Ucrania contra Rusia (véase el texto en inglés) en la que Ucrania concluye sus argumentos pidiendo a la CIJ:
«20. On the basis of the facts set forth above, and in order to prevent irreparable prejudice to the rights of Ukraine and its people and to avoid aggravating or extending the dispute between the parties under the Genocide Convention, Ukraine respectfully requests that the Court indicate the following provisional measures:
a. The Russian Federation shall immediately suspend the military operations commenced on 24 February 2022 that have as their stated purpose and objective the prevention and punishment of a claimed genocide in the Luhansk and Donetsk oblasts of Ukraine.
b. The Russian Federation shall immediately ensure that any military or irregular armed units which may be directed or supported by it, as well as any organizations and persons which may be subject to its control, direction or influence, take no steps in furtherance of the military operations which have as their stated purpose and objective preventing or punishing Ukraine for committing genocide.
c. The Russian Federation shall refrain from any action and shall provide assurances that no action is taken that may aggravate or extend the dispute that is the subject of this Application, or render this dispute more difficult to resolve.
d. The Russian Federation shall provide a report to the Court on measures taken to implement the Court’s Order on Provisional Measures one week after such Order and then on a regular basis to be fixed by the Court».
Traducción oficial en francés (véase el texto de la misma Secretaría de la CIJ):
«a) La Fédération de Russie doit suspendre immédiatement les opérations militaires commencées le 24 février 2022 ayant pour but et objectif déclarés la prévention et la répression d’un prétendu génocide dans les oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk.
b) La Fédération de Russie doit veiller immédiatement à ce qu’aucune des unités militaires ou unités armées irrégulières qui pourraient relever de son autorité ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle, son autorité ou son influence ne prenne de mesures en soutien aux opérations militaires ayant pour but et objectif déclarés la prévention et la répression d’un génocide que commettrait l’Ukraine.
c) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend qui constitue l’objet de la requête ou d’en rendre le règlement plus difficile, et donner des assurances à cet égard.
d) La Fédération de Russie doit rendre compte à la Cour des mesures prises pour exécuter l’ordonnance en indication de mesures conservatoires dans un délai d’une semaine à compter de la date de celle-ci, puis à intervalles réguliers, dans les délais qui seront fixés par la Cour».
Como bien es sabido, la gravedad de lo que ocurre, la extrema urgencia y el carácter irreversible de los daños causados constituyen los verdaderos «motores» de una solicitud de medidas provisionales al juez internacional. Es en función de la forma en la que se presentan (y del grado de convencimiento que llegue el Estado a comunicar a cada uno de los 15 jueces) que la respuesta del juez de La Haya puede ser rápida y positiva.
A modo de ejemplo, si un Estado acude en contra de otro Estado ante la CIJ, alega extrema gravedad de lo que ocurre y sus autoridades califican que son víctimas de una «agresión» e «invasión», pero no rompen relaciones diplomáticas con el Estado infractor, el juez internacional en La Haya puede interpretar que la supuesta gravedad no es tal, e inferir que la alegada urgencia tampoco amerita mayor celeridad de su parte. Esta situación tan extraña se dio en el 2010 en Centroamérica entre Costa Rica y Nicaragua (Nota 1).
En el caso de Ucrania, en el que los calificativos de «agresión» y de «invasión» corresponden perfectamente a lo que se observa (pese a la denominación oficial rusa que sostiene que se trata simplemente de una «operación militar especial»), sus autoridades optaron por romper inmediatamente sus relaciones diplomáticas con Rusia el mismo 24 de febrero del 2022.
La no comparecencia de Rusia: algunas preguntas
La Convención contra el Genocidio de 1948 es el instrumento internacional escogido como base de competencia utilizada por Ucrania en este nuevo caso registrado ante la justicia de La Haya (véase el texto en castellano). Debido a que Rusia es Parte a esta convención internacional (véase el estado oficial de firmas y ratificaciones) y justifica oficialmente su accionar en Ucrania desde el pasado 24 de febrero so pretexto, entre varios argumentos, de la existencia de un supuesto «genocidio» cometido en Ucrania contra las poblaciones prorrusas en las regiones de Luhansk y Donetsk, era importante para la CIJ escuchar de parte de Rusia la información sobre el alcance de semejante afirmación hecha por las máximas autoridades rusas.
En su comunicado de prensa (véase el texto en francés y en inglés), la CIJ señala que:
«Oral arguments were presented by Ukraine. The Russian Federation did not participate in the hearing. In a letter sent on Saturday 5 March 2022, the Russian Federation informed the Court that it “ha[d] decided not to participate in the oral proceedings due to open on 7 March 2022”.
¿Cómo explicar que Rusia no quiera ahondar sobre este supuesto «genocidio» (término utilizado por sus máximas autoridades) para justificar ante la opinión pública internacional (como lo hace ante la misma opinión pública rusa) su denominada «operación militar especial» en Ucrania?
¿Cómo entender que, ante el repudio generalizado contra su acción militar, Rusia desdeñe la prestigiosa barra de La Haya para explicarse ante el mundo, y de paso sentar las responsabilidades de las autoridades de Ucrania por este supuesto «genocidio»?
¿Estará Rusia previendo desde ya que sus argumentos no resistirían a un debate contradictorio ante el juez internacional frente a los de Ucrania? Estas son algunas preguntas, muy sencillas, que dejaremos planteadas a nuestros estimables lectores. A manera de orientarlos en los complejos aspectos legales que conlleva esta acción rusa en territorio ucraniano, recomendamos la lectura de un reciente artículo que concluye sin mayor contemplación que:
«… the illegality of the recognition of Luhansk and Donetsk Oblasts of Ukraine as states is manifest both in terms of fact and law. This clear finding is amplified by Russia’s reliance on its manifestly unlawful recognition of both entities as a key element of the attempt to justify the wholesale invasion of Ukraine» (Nota 2).
Es de notar que la red de Facebook de la Embajada de Rusia en La Haya, sumamente generosa y activa en proveer al público declaraciones oficiales en estas últimas semanas, se ha mantenido totalmente muda sobre este episodio ante el juez internacional de La Haya (véase el sitio).
No comparecer y no informar: algunos bemoles sobre el silencio
La no comparecencia ante la CIJ no debe entenderse necesariamente como un silencio total del Estado no compareciente, tal y como lo vimos en el reciente caso de Guyana contra Venezuela (Nota 3). Rusia envió un documento de 33 páginas a la CIJ refutando de manera bastante aproximativa la posición de Ucrania (véase el documento). Si se revisa con detenimiento este escrito, se compone en realidad de seis páginas, acompañadas de 27 páginas de anexos (el principal es una larga carta del presidente de Rusia con fecha del 24/02/2022 en sus versiones oficiales en inglés y en ruso).
En el punto 20 del escrito ruso, leemos que el concepto de «genocidio» es un término que debería, según Rusia, conllevar distintas acepciones y que el «genocidio» al que refiere Rusia no necesariamente refiere a lo estipulado en la Convención de 1951 sobre Genocidio:
«20. A reference to genocide is not equal to the invocation of the Convention or the existence of a dispute under it, since the notion of genocide exists in customary international law independently of the Convention. lt also exists in national legal systems of States including in the Russian Federation and Ukraine. There are no references to the Convention in the statement of the President of the Russian Federation to which the Government of Ukraine refers».
Como profesor de derecho internacional público, puedo simplemente decir que en el pasado Rusia nos había acostumbrado a elaboraciones mucho más sólidas en aras de justificar, desde la perspectiva del derecho internacional público, sus acciones.
Es posiblemente la primera vez en muchos años que asistimos a semejante improvisación a la hora de justificar legalmente su accionar en Ucrania. Al respecto, cabe señalar que, si bien la acción militar rusa en Ucrania pareciera responder a una estrategia muy planificada y preparada, la defensa legal no pareciera inscribirse en esta misma dinámica, por razones que sería de sumo interés conocer. ¿Será que Rusia nunca previó que Ucrania iba a acudir de inmediato al juez internacional y que la demanda en La Haya tomó totalmente desprevenido a su aparato diplomático? Esto resultaría sumamente sorprendente, por lo que nos permitimos lanzar esta pregunta al aire: «Что случилось, господин Лавров?».
Foto de las audiencias públicas realizadas el 7 de marzo del 2022 en La Haya, a las cuales Rusia optó por no comparecer. Imagen extraída de esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas.
La no comparecencia en un procedimiento contencioso ante el juez de La Haya
Desde la perspectiva estrictamente jurídica, cabe precisar que, procesalmente hablando, la no comparecencia de uno de los dos Estados en un procedimiento contencioso ante la CIJ no afecta mayormente la marcha de este. Se considera que, si la oportunidad de defender su punto de vista y presentar sus contraalegatos es desaprovechada por uno de los dos contendores, ello no tiene por qué afectar el procedimiento en sí y mucho menos dilatarlo.
Bien lo sabe Estados Unidos que, luego de que la CIJ se declarara competente en el marco de la demanda presentada por Nicaragua en su contra (véase los detalles del caso, así como la sentencia de 1984 sobre excepciones preliminares), optó por no comparecer más en La Haya (Nota 4).
Ese acto de rebeldía en nada influyó, las acciones militares y paramilitares de EE. UU. contra Nicaragua fueron condenadas de manera contundente por la CIJ (véase la voluminosa sentencia de la CIJ sobre el fondo de 1986).
En 1991, Nicaragua optó por retirar la demanda pendiente por daños y perjuicios y nunca, desde La Haya, se le pudo ordenar a Estados Unidos el pago de un monto indemnizatorio a Nicaragua (véase el comunicado de la CIJ del 27/09/1991).
En estas recientes audiencias públicas celebradas en La Haya (véase verbatim del 7/03/2022), se lee que el presidente de la CIJ externó al inicio de la audiencia su pesar por que la delegación de Rusia no compareciera:
«The Court regrets the non-appearance of the Russian Federation in these oral proceedings. In this regard, I note that, in accordance with the Rules of Court, the specific dates for these oral proceedings were set in light of the urgency of the request for provisional measures and in order to enable the Respondent to be represented at the hearing» (página 8).
La reiteración de los argumentos de Ucrania
La solicitud de medidas provisionales a la CIJ por parte de Ucrania es del 26 de febrero. Ucrania pudo así detallar mejor sus argumentos legales y referir a la dramática situación que se vive en Ucrania desde esta fecha, así como a las afirmaciones y declaraciones oficiales hechas por Rusia al intentar justificar su accionar.
Al no estar presente la delegación de Rusia en la majestuosa Sala de Audiencias del Peace Palace en La Haya, no se requirió de una segunda ronda de alegatos (como usualmente se da entre dos Estados en audiencias en La Haya) y, en vez de dos días de debate, este último se concluyó en uno solo.
En su presentación ante los jueces de La Haya, uno de los asesores legales de Ucrania, Jean Marc Thouvenin, indicó que:
«A cet égard, Madame la présidente, l’Ukraine relève que la Russie a décidé de ne pas se présenter devant vous, sans donner la moindre justification. Je note que dans d’autres affaires la Russie a défendu bec et ongles que vous n’aviez pas compétence. Aussi volubiles que furent alors ses adroits avocats, ici la Russie se tait. Vous y verrez la reconnaissance par la Russie qu’elle ne saurait contester la compétence prima facie de votre Cour. L’Ukraine est également de cet avis» (página 17).
Se lee además que para otra asesora de Ucrania, Marney L. Cheek:
«25. Ukraine has a right under the Convention not to suffer from Russia’s misuse and abuse of the treaty. Specifically, Ukraine has a right under the Convention not to suffer aggression, war crimes and crimes against humanity undertaken by the Russian Federation in order to prevent and punish a non-existent genocide. Certainly, in light of the Convention’s object and purpose and the Russian Federation’s obligation to perform the treaty in good faith, Ukraine’s rights are at least plausible and grounded in “a possible interpretation” of the Convention, which is all that the Court must find at this stage for provisional measures to be appropriate» (páginas 47-48).
Finalmente, en su intervención, el asesor de Ucrania Harold Hongju Koh concluyó su argumentación señalando que:
«President Putin’s short game is force. The world’s long game is law. For the other institutions to do their job, inside and outside the United Nations system, first you must do yours. The Court’s limited role at this juncture is to order the urgent measures of protection that we request that would enable the Convention and the broader United Nations system of which it is a part to work as intended. 39. But if this Court does not act decisively against this level of aggression and atrocity, based on outrageous abuse of one of the world’s most important human rights treaties, rest assured this would not be the last such case. Putin’s aggression and atrocity would not end with Ukraine. If this Court cannot decisively order Russia to stop its military actions, grounded in flagrant abuse of and disrespect for the Genocide Convention, why should any Permanent-5 United Nations Member see international law as a meaningful obstacle to whatever it might perceive as “necessary military action?» (página 68).
Se recomienda la lectura detallada del acta de estas audiencias (véase verbatim, de unas 70 páginas), redactada en los dos únicos idiomas oficiales que usa la CIJ en su labor: el francés y el inglés. En efecto, contiene una gran cantidad de información que ahora los integrantes de la CIJ deberán examinar y valorar.
Los jueces deberán ponderar cada uno de los argumentos de Ucrania y contraponerlos con los que se encuentran en las precitadas seis páginas (véase el texto y su traducción al francés) de los alegatos de Rusia. Sobre estos últimos, al no haberse realizado un procedimiento contradictorio en el que el Estado demandado responde a cada uno de los argumentos del Estado demandante, con una segunda ronda de alegatos y de contraalegatos, se puede adelantar desde ya que las únicas seis páginas enviadas resultan sumamente débiles para sostener la defensa jurídica de Rusia.
Una acción en La Haya en medio de otras acciones que ofrece el derecho internacional
Dada la evidente superioridad militar de Rusia y la dramática situación que se vive en su territorio desde el pasado 24 de febrero, Ucrania está haciendo uso de todos los mecanismos y herramientas a los que puede acudir cualquier Estado Miembro de Naciones Unidas, en particular cuando es agredido militarmente por otro Estado.
El hecho de que este último sea un Estado Miembro Permanente del Consejo de Seguridad no afecta en nada la acción legal en La Haya. De igual manera, podemos afirmar que Nicaragua no se dejó nunca impresionar por Estados Unidos en los años ochenta, titular de esta misma calidad.
Considerando la urgencia de la situación, y la falta de contraargumentación de Rusia, es posible que, en cuestión de pocos días, la CIJ ordene a Rusia algunas de las medidas provisionales solicitadas por Ucrania.
Usualmente, en el marco de un procedimiento contencioso en el que ambas Partes comparecen, la CIJ ordena medidas provisionales en cuestiones, sea de días, de semanas o a veces de meses, dependiendo del grado de convencimiento de sus integrantes sobre la «urgencia» alegada.
La «urgencia» más larga en ser parcialmente declarada como tal por la CIJ en su historia fueron las medidas provisionales solicitadas por Costa Rica contra Nicaragua en el 2010, presentadas formalmente a la CIJ el 18 de noviembre del 2010 (véase el texto, suscrito por un funcionario subalterno). La CIJ adoptó su ordenanza al respecto tan solo el 8 de marzo del 2011 (véase el texto) (Nota 5).
En relación con la agresión militar de Rusia a Ucrania, es de notar que, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (47 Estados Miembros), se aprobó el pasado 4 de marzo crear un mecanismo de investigación sobre las graves violaciones al derecho internacional humanitario que están cometiéndose por parte de las fuerzas militares rusas desde el pasado 24 de febrero (véase el texto de la resolución adoptada con el voto en contra de Rusia y de Eritrea).
A la vez, el 2 de marzo del 2022, la misma Asamblea General de Naciones Unidas (193 Estados Miembros) fue la que aprobó una resolución con 141 votos a favor, 5 en contra (Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria) y 35 abstenciones (véase nuestra breve nota al respecto).
Este 16 de marzo, la bandera de Rusia cesó de ondear en Estrasburgo, al materializarse el procedimiento de exclusión iniciado por el Consejo de Europa el 25 de febrero (véase el comunicado de prensa oficial del Consejo de Europa del 16/03/2022).
En lo que atañe esta vez a la responsabilidad penal que podrían, a título individual, enfrentar algunos altos funcionarios en Rusia, diversos hechos (las imágenes de civiles huyendo de los bombardeos rusos, el creciente número de muertes de civiles reportadas por Ucrania y por agencias de Naciones Unidas, la destrucción de infraestructura básica en pleno invierno (agua, gas, electricidad)), llevaron a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) el pasado 28 de febrero del 2022 a iniciar una investigación preliminar (véase el comunicado de prensa).
El 1.° de marzo, Canadá comunicó que iniciaría formalmente una solicitud a la CPI en este sentido con otros Estados Parte al Estatuto de Roma de 1998 (véase el comunicado de prensa canadiense). El 2 de marzo, la CPI anunció haber recibido una solicitud conjunta firmada por 39 Estados, entre los cuales están Colombia y Costa Rica, de América Latina (Nota 6). El pasado 9 de marzo, Japón (véase la carta) solicitó ser añadido en esta lista.
Cabe recordar que, en noviembre del 2016, Rusia retiró su firma al Estatuto de Roma, instrumento internacional que crea la CPI. Al analizar esta acción unilateral (inspirada en una muy similar realizada por Estados Unidos en el 2002), habíamos señalado que:
«El anuncio hecho por las máximas autoridades rusas /…/ se da 24 horas después de la presentación del informe anual de la Fiscalía de la CPI sobre investigaciones preliminares a su cargo /…/, en el que se menciona la situación de las investigaciones en curso en Georgia así como en Ucrania» (Nota 7).
Crímenes de guerra y atrocidades de todo tipo contra poblaciones civiles y protección a los responsables mediante el uso del derecho a veto en el Consejo de Seguridad
El pasado 11 de marzo, en su comunicado oficial (véase el texto), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó que:
«Civilians are being killed and maimed in what appear to be indiscriminate attacks, with Russian forces using explosive weapons with wide area effects in or near populated areas. These include missiles, heavy artillery shells and rockets, as well as airstrikes. Schools, hospitals, and kindergartens have been hit – with hugely devastating consequences».
Como se ha indicado, el hecho de que la situación en Ucrania sea objeto del veto de Rusia en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en nada impide que otras vías institucionales y legales sean exploradas dentro del mismo sistema de Naciones Unidas.
Al respecto, cabe notar que desde el 2014, Francia y México han buscado implementar una iniciativa diplomática tendiente a prohibir el uso del veto por parte de los cinco Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad cuando se cometan graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (véase la nota de la cancillería de México y la nota de la Embajada de Francia en México del 2014, así como este comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas del 2015).
Originada por el drama vivido en Siria en el 2013, y el veto ejercido por Rusia en el seno del Consejo de Seguridad, esta iniciativa se sigue discutiendo, y posiblemente este nuevo drama humano en Ucrania evidencie la urgente necesidad de hacerla realidad. Un drama no muy alejado al que viven también, con cierta recurrencia, los habitantes de Gaza en Palestina, objeto de bombardeos en zonas altamente pobladas por parte de aviones de combate de Israel.
Lo que tal vez no contemplaban ni Francia ni tampoco México desde el 2014, y que ameritará nuevos debates, es que las exacciones contra civiles pudieran ser realizadas por las fuerzas armadas de un Estado que ostenta la calidad de Miembro Permanente del Consejo de Seguridad.
En relación con este último punto, cabe precisar que Rusia ostentaba la Presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el momento preciso en el que sus tropas ingresaban al territorio de Ucrania (una Presidencia que se extendió del 1.° hasta el 28 de febrero del 2022).
A modo de conclusión
Ante las desgarradoras imágenes de lo que se vive en Ucrania desde el pasado 24 de febrero, la comunidad internacional ha denunciado la violación flagrante de principios básicos enunciados desde 1945 en la misma Carta de Naciones Unidas. Contrariamente a lo oído y leído, esta crisis originada por Rusia en Ucrania evidencia una cohesión en el uso del derecho internacional público que muy raramente se ha observado en el pasado.
En efecto, a diferencia de muchas otras situaciones en las que un Estado es agredido militarmente por otro Estado, Ucrania puede contar con aliados que han activado las diversas instancias internacionales existentes, y que recurren a mecanismos de sanción económica y comercial jamás registrados en el pasado en aras de frenar los ímpetus de Rusia en Ucrania y de obligarla a reconsiderar su accionar.
A su vez, el aparato diplomático de Ucrania acude a las opciones legales y a los marcos institucionales que ofrece el derecho internacional público (que Rusia pareciera ahora querer hacer a un lado o, simplemente, ignorar o burlar de manera grosera). Sobre este último punto, resulta de interés señalar que, en su carta de renuncia, uno de los asesores legales de larga data de Rusia ante el juez internacional de La Haya, el jurista francés Alain Pellet, señaló en el último párrafo que:
«I have enjoyed working with you to defend the interests of your country, which I love dearly. I appreciated that while defending them together, we could exchange freely on the limits not to be crossed. I have seen the scruples of some of you and understood the unwavering commitment of others. But enough is enough. Yesterday I sent my letter of resignation to the competent authorities: lawyers can defend more or less questionable causes. But it has become impossible to represent in forums dedicated to the application of the law a country that so cynically despises it
/
J’ai aimé travailler avec vous pour la défense des intérêts de votre pays, que j’aime profondément. J’ai apprécié que tout en les défendant ensemble, nous puissions échanger librement sur les limites à ne pas franchir. J’ai constaté les scrupules de certains d’entre vous et compris l’engagement sans faille d’autres. Mais, trop c’est trop. J’ai adressé hier ma lettre de démission aux autorités compétentes : des avocats peuvent défendre des causes plus ou moins discutables ; il est impossible de représenter dans des enceintes vouées à l’application du droit un pays qui le méprise si cyniquement» (véase la carta publicada en inglés en el sitio EJIL-Talk y en francés en su sitio personal).
Como es previsible, el pasado 16 de marzo, la CIJ respondió afirmativamente a la solicitud de medidas provisionales solicitadas por Ucrania. En su ordenanza (véase el texto en francés y en inglés), la CIJ ordena a Rusia suspender de inmediato todas sus operaciones militares iniciadas el pasado 24 de febrero en el territorio de Ucrania por una mayoría de 13 votos y dos en contra (el juez ruso y la jueza china).
La urgencia de la situación y el carácter irreversible de los daños causados por Rusia en lo relativo a las vidas humanas, a la integridad física y mental, así como a los bienes y al ambiente en Ucrania, así lo ameritan. Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota sobre esta importante ordenanza de la CIJ.
Se puede adelantar que esta ordenanza leída en La Haya el 16 de marzo del 2022 constituye también un primer peldaño de una larga batalla judicial por venir, tendiente a obtener reparaciones e indemnizaciones de parte de Rusia por los graves daños ocasionados a Ucrania (una intención muy similar a la que tuvo Nicaragua en 1984 ante los jueces de CIJ, por la destrucción propiciada, financiada, orquestada y asesorada por Estados Unidos en su territorio a través de la denominada «contra» nicaragüense).
Notas
Nota 1: Sobre este interesante caso que no tiene mayor precedente en la historia de la CIJ, remitimos al recuadro sobre expresiones oídas de un lado del Río San Juan contrapuestas con expresiones que debieron ser usadas por estas mismas autoridades (y que no lo fueron). Véase BOEGLIN N., «Dragado del río San Juan y balance en la decisión de La Haya del 8 de marzo entre Costa Rica y Nicaragua: perspectiva histórica, política y legal», Volumen 24, Revista Estudios (UCR), 2011, página 14. Artículo disponible en este enlace.
El origen de la controversia entre ambos ribereños del Río San Juan a partir de octubre del 2010 se encuentra en un error en un mapa de la empresa Google Earth que fue luego rectificado (véase la nota de prensa que reproduce el mapa erróneo y el mapa corregido).
Es la primera vez en la historia de la CIJ que un error cartográfico en un mapa de una empresa privada da lugar a una crisis diplomática que concluye con una sentencia del juez internacional (la cual fue dada a conocer en diciembre del 2015).
A pesar de que esta crisis inició en octubre del 2010, fue hasta agosto del 2013 que un funcionario-consultor de la cancillería de Costa Rica reconoció la diferencia existente entre diversos términos (lo hizo en una de las primeras preguntas realizadas por la reconocida periodista Natalia Rodríguez Mata, conductora del programa Sobre la Mesa de Canal 15 UCR). Él admitió públicamente que, desde el punto de vista jurídico, «agresión» e «invasión» no aplicaban a la situación acaecida en isla Portillos (véase el video disponible en YouTube, del programa Sobre la Mesa de agosto 2013, Canal 15 UCR). No obstante, el consultor-funcionario justificó ante las cámaras del canal universitario el uso de la palabra «invasión», según sus propios términos «para que la gente entienda» [sic] (minuto 7:23).
En diciembre del 2015, la CIJ rechazó o desestimó varias de las petitorias de Costa Rica tendientes a condenar a Nicaragua por actos de hostilidad, empleo de la fuerza y ocupación militar de su territorio (véanse los párrafos 95, 97 y 99, de su decisión). Sobra decir que estos y otros párrafos de la sentencia de la CIJ fueron pasados por alto por muchos analistas en Costa Rica.
Nota 2: Véase WELLER M., «Russia’s Recognition of the ‘Separatist Republics’ in Ukraine was Manifestly Unlawful», EJIL-Talk, edición del 9/03/2022, disponible en este enlace.
Nota 3: El último caso de un Estado que opta por la no comparecencia ante la CIJ es Venezuela (por la demanda en su contra planteada por Guyana en el 2018). Tuvimos en el 2019 la oportunidad de analizar su posición y de advertir del riesgo de esta estrategia escogida, que significaba para Venezuela no presentar la totalidad de sus contraargumentos ante el juez de La Haya (véase la nota). En el 2020, la CIJ se declaró competente para conocer el fondo de la demanda (véase nuestra breve nota al respecto titulada «Guyana / Venezuela. Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declara competente», publicada en varios medios de prensa y sitios jurídicos especializados como Ius360, así como el DiarioConstitucional en el que nos permitimos señalar que:
«En una anterior nota sobre la posición venezolana titulada «El reciente comunicado en el que Venezuela reitera formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no comparecerá ante ella: algunos apuntes» (véase nota), habíamos indicado el riesgo que corría Venezuela al privarse ella misma de poder arrebatir los argumentos de Guyana. Ello sin considerar además el hecho que la no comparecencia por parte de un Estado en La Haya puede ser percibido por algunos jueces de la CIJ como un acto de rebeldía, que puede disimular la poca solidez de los argumentos del Estado ausente. ¿Podría ello explicar el hecho que de quince magistrados, solo cuatro consideraran equivocado el sostener que Venezuela sí ha dado su consentimiento para que la CIJ pueda conocer de una demanda como la planteada por Guyana? Es una interrogante que nos podemos hacer, al ser todos reconocidos juristas, que conocen muy bien los alcances y las limitaciones de la justicia internacional para funcionar en ausencia de un consentimiento previo del Estado demandado».
Nota 4: Es de precisar que elfallo de la CIJ sobre el fondo del 26 de junio de 1986 entre Estados Unidos y Nicaragua es considerado en la literatura jurídica especializada como uno de los mejores fallos jamás redactados por parte de los integrantes de la CIJ. Parte de esta característica se puede deber a un presidente extremadamente exigente y a un comité a cargo de la redacción de un fallo igualmente preocupado por aspectos de forma y aspectos de fondo. Pero también se puede deber al hecho de que los argumentos del demandante (Nicaragua) no encontraron objeción alguna durante el procedimiento sobre el fondo. Los jueces de la CIJ optaron, dos años después de declararse competente, por darle a cada uno el alcance requerido desde el punto de vista jurídico.
En aquella oportunidad, los jueces no desaprovecharon la ocasión (histórica) para externar a Estados Unidos su desaprobación, incluyendo una pequeña lección sobre principios muy básicos. Lo hicieron en el fallo de 1986 de la siguiente forma, que nos permitimos reproducir a continuación en ambos idiomas:
«In the present case, the Court regrets even more deeply the decision of the respondent State not to participate in the present phase of the proceedings, because this decision was made after the United States had participated fully in the proceedings on the request for provisional measures, and the proceedings on jurisdiction and admissibility. Having taken part in the proceedings to argue that the Court lacked jurisdiction, the United States thereby acknowledged that the Court had the power to make a finding on its own jurisdiction to rule upon the merits. It is not possible to argue that the Court had jurisdiction only to declare that it lacked jurisdiction. In the normal course of events, for a party to appear before a court entails acceptance of the possibility of the court’s finding against that party».
/
«En l’espèce la Cour regrette d’autant plus profondément la décision de l’Etat défendeur de ne pas participer à la présente phase de la procédure qu’une telle décision est intervenue après que les Etats-Unis eurent pleinement participé aux procédures sur les mesures conservatoires et sur la compétence et la recevabilité En effet, en ayant pris part à l’instance pour plaider l’incompétence de la Cour, les Etats-Unis reconnaissaient par là à celle-ci le pouvoir de se prononcer sur sa propre compétence pour statuer au fond. Il n’est pas possible de prétendre que la Cour n’était compétente que pour se déclarer incompétente. La comparution devant une juridiction implique normalement l’acceptation de la possibilité d’être débouté» (párrafo 27 de la sentencia de la CIJ de 1986).
Nota 5: A manera de tener idea sobre los plazos de la CIJ para ordenar medidas provisionales, referimos a algunos casos de interés (lista no exhaustiva). En el diferendo territorial Burkina Faso / Mali, la solicitud enviada “telefónicamente y vía telegrama” por Burkina Faso el 30 de diciembre de 1985 fue acogida y ordenada por la CIJ el 10 de enero de 1986 (véase el texto). En el caso Breard (Paraguay contra Estados Unidos), relativa a la ejecución de un ciudadano paraguayo, Paraguay interpuso una solicitud de medidas provisionales el 3 de abril de 1998 contra EE. UU. y el 9 de abril de 1998 la CIJ las ordenaba solicitando la suspensión inmediata de la ejecución de la pena capital (véase el texto). Notemos que Nicaragua, en su histórica hazaña judicial contra EE. UU. (1984), logró que la Corte le acordara las medidas provisionales solicitadas el 9 de abril de 1984, un mes después (10 de mayo de 1984), tendientes a suspender las operaciones paramilitares perpetradas con asistencia y/o ayuda de EE. UU. en contra de su territorio (véase el texto). En materia ambiental, Australia solicitó medidas a la CIJ el 9 de mayo de 1973 y esta ordenó (por 8 votos contra 6) a Francia suspender sus ensayos nucleares el 22 de junio de 1973 (véase el texto de su ordenanza). En el caso Argentina contra Uruguay (caso de contaminación por plantas de producción de celulosa), Argentina solicitó medidas provisionales el 4 de mayo del 2006 a la CIJ, las cuales le fueron rechazadas (14 votos contra 1 en el seno de la CIJ) el 13 de julio del 2006 (véase ordenanza).
«On 1 March 2022, the Office received a State Party referral from the Republic of Lithuania. On 2 March 2022, the following coordinated group of States Parties submitted a joint referral: Republic of Albania, Commonwealth of Australia, Republic of Austria, Kingdom of Belgium, Republic of Bulgaria, Canada, Republic of Colombia, Republic of Costa Rica, Republic of Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Kingdom of Denmark, Republic of Estonia, Republic of Finland, Republic of France, Georgia, Federal Republic of Germany, Hellenic Republic, Hungary, Republic of Iceland, Ireland, Republic of Italy, Republic of Latvia, Principality of Liechtenstein, Grand Duchy of Luxembourg, Republic of Malta, New Zealand, Kingdom of Norway, Kingdom of the Netherlands, Republic of Poland, Republic of Portugal, Romania, Slovak Republic, Republic of Slovenia, Kingdom of Spain, Kingdom of Sweden, Swiss Confederation, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. On 7 March 2022, the Republic of North Macedonia additionally informed the Office that it wished to associate itself with the above mentioned joint referral».
Nota 7: Véase BOEGLIN N., «Rusia anuncia que ‘retira’ su firma del Estatuto de Roma que crea la CPI», Portal jurídico Ius360, edición del 1/12/2016, disponible aquí.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, UCR
No encuentro razones ideológicas, programáticas, legales ni éticas para votar por alguno de los candidatos en esta segunda vuelta.
Tanto Figueres Olsen como Chaves Robles son hijos ideológicos de un fenómeno político-económico mundial gestado en la década de los años ochenta del siglo pasado. A partir de la era Reagan-Thatcher y el llamado Consenso de Washington, se abre paso al desmantelamiento del modelo de Estado Benefactor y su expresión jurídica, el Estado de Derecho. Ya no habrá tanto la necesidad de golpes de estado militares, bastará con la dictadura del mercado impuesta a través de la libérrima competencia, privatización de los servicios públicos, reducción al mínimo de instituciones y el debilitamiento máximo del Estado y su función contralora/reguladora. Al mismo tiempo, se “flexibilizan” las leyes y derechos laborales y se promete, en vano, ingresar a una era de prosperidad y desarrollo de la que todos se beneficiarían. Ya Figueres, dos décadas atrás, nos dio testimonio de ser alumno aplicado en materia de cerrar instituciones y servicios públicos, favorecer la concentración de riqueza y debilitar un aparato estatal con muy poca capacidad de administrar y controlar los excesos de las élites económico-políticas. Por su parte, Chaves es un funcionario internacional de carrera en el Banco Mundial, es decir, un burócrata encargado, por varias décadas, de aplicar aquellas mismas recetas, patentemente fracasadas, en los países en vías de desarrollo.
Cuarenta años después de emprender estos caminos, los resultados son evidentes. Sin necesidad de entrar en detalles, tanto en los Estados Unidos de América como en Inglaterra, el empobrecimiento generalizado, el ensanchamiento de la brecha económica y la reducción efectiva de los derechos fundamentales de grandes mayorías, se consolidan en toda su brutalidad. En el caso latinoamericano, el buque insignia de estas políticas, la república de Chile, se debate hoy en la urgencia de cambiar de rumbo ante los resultados desastrosos del modelo. En el caso costarricense, esta ruta nos ha llevado de ser una de las tres naciones con mejor índice de equidad, a convertirnos en una de las diez más inequitativas de la región.
Por esto, gane quien gane el próximo 3 de abril, en lo esencial, el modelo económico a seguir, no tendrá grandes diferencias. Será más de lo mismo, incluidos desdichadamente las concesiones del PAC en los últimos años. Seguirá creciendo la inequidad en la sociedad costarricense, un porcentaje cada vez menor de familias concentrarán un porcentaje cada vez mayor de la riqueza y, a la inversa, las clases bajas y medias se tendrán que contentar con las migajas que queden. He aquí la razón de la sinrazón de una fobia incontrolable contra todo lo que huela a organizaciones y causas populares, a solidaridad social, a institucionalidad contralora, a pensamiento crítico universitario o a independencia judicial y de otras instituciones autónomas.
¿Puede caber duda al servicio de quiénes gobernarán ambos candidatos? Menciono sólo dos eventos muy recientes, en pleno curso de la segunda ronda, para ejemplificar lo que afirmamos. Figueres recibe en donación, de un magnate amigo, el vuelo privado para reunirse con la élite económica de República Dominicana, embarcada como pocas naciones en la deriva neoliberal. Dejemos de lado la clandestinidad del viaje y si fue para recaudar dinero, para arreglar el mundo o para hablar sobre la guerra en Ucrania. Lo cierto es que este movimiento lo retrata de cuerpo entero. Desnuda quiénes son sus más cercanos aliados y quiénes serán su prioridad en un eventual gobierno suyo. Lejos están los tiempos en que República Dominicana envidiaba a Costa Rica, su modelo socialdemócrata de desarrollo y la calidad de sus instituciones. Ahora parece que vamos a la cola de las autocracias del libre mercado. Figueres Ferrer y Juan Bosch estarán revolcándose en sus tumbas. Del otro lado, Chaves, el hombre que regresa a su país más empujado por las circunstancias que por voluntad propia, es en realidad un perfecto desconocido. El tema de los acosos contra mujeres y las sanciones que se le impusieron en el Banco Mundial, han tenido el efecto secundario de no poder conocer otra serie de aspectos esenciales de su persona, como para depositar o no confianza en su candidatura. A estas alturas hay evidencia de la financiación irregular y oscura de su campaña, no sabemos al día de hoy cuánta financiación ha recibido ni de quiénes. Esto puede ser catastrófico cuando se hace política en tiempos del narco. Menudas sorpresas nos podremos llevar en el próximo cuatrienio.
En lo programático, es un hecho que el PLN se ha cuidado de articular una propuesta elaborada y hasta progresista. Muy diferente al libelo improvisado, mínimo y superficial del PPSD. Pero no tenemos razón alguna para creer lo que ha sido puesto sobre el papel. Ya son muchas las veces que Figueres, entre desesperado e incoherente, ha asumido posiciones contrarias a su programa y ha tenido que desdecirse una y otra vez. A Chaves Robles, peor aún, le interesa muy poco tener un programa. Lo suyo son las consignas y frases huecas canalizadoras del descontento popular. Quizá esto explique por qué no hay verdadero debate de ideas, sino acusaciones sucias acerca de quién es más sucio. Esta es una hora lamentable para la democracia más antigua del continente iberoamericano.
Desde el punto estrictamente legal, en Costa Rica abstenerse de votar no ha tenido consecuencias. Anular el voto está taxativamente previsto como posibilidad, sobre todo en el artículo 194 de Código Electoral. También es posible dejar en blanco la papeleta. Por viejos antecedentes jurisprudenciales del TSE, los votos nulos y en blanco se agrupan y contabilizan por separado, no se suman a ninguna de las otras opciones y su efecto, sobre todo para las primeras rondas, tiene que ver con la cifra de votos válidamente emitidos y si superan o no el 40% de ley para decidir una contienda en primera instancia. Anular el voto es una posibilidad legalmente prevista por el ordenamiento jurídico, y tan legítima desde el punto de vista cívico, como lo es el apoyo a cualquier candidatura.
De modo que la voluntad del elector-ciudadano en nuestro país puede ser legítimamente abstenerse de votar, votar nulo o dejar la papeleta en blanco. Y en las actuales circunstancias, quienes estimamos que ninguno de los dos candidatos en la contienda merece nuestro apoyo, con total legitimidad podemos así manifestarlo. No hay derecho de reclamar a quienes decidamos expresar de estas maneras nuestra libre voluntad, a acusarnos de estar haciéndole el juego a uno u otro de los competidores por la sencilla razón de que no hemos sido parte de las “minorías mayoritarias” que nos metieron en esta encrucijada; tampoco se nos puede señalar irresponsabilidad alguna porque muchos de nosotros no estamos dejándonos llevar por la irreflexión, la mera subjetividad o la desidia. Todo lo contrario, estamos mandando el mensaje, a cualquiera de los dos postulantes que gane, que lo hace con el mínimo de los apoyos y para que pongan su barba en remojo. Ya los neoliberales chilenos, con Sebastián Piñera a la cabeza, acaban de ser debidamente rasurados por el pueblo en las calles y en las urnas. Es una tendencia universal que busca poner freno a la teología del libre mercado, sus falsos profetas y su inalcanzable tierra prometida.
Es más, no votar, anular o dejar en blanco la papeleta, no sólo son decisiones que pueden expresar un profundo malestar ciudadano, sino también puede constituir un legítimo gesto de integridad moral y claridad mental. En su novela Ensayo sobre la lucidez, el Premio Novel José Saramago, teje una aleccionadora trama en torno al tema que estamos tratando. En su ficción, un 83% del electorado decide votar en blanco. El sistema entra en crisis, pero ese alto porcentaje lo hace en razón del hartazgo popular por los abusos de la clase política, por el divorcio abismal entre los representantes y los representados, por la corrupción estructural que convierte la política en una forma más de hacer negocios particulares, y por la distancia entre una democracia meramente formal frente a una democracia real y participativa. ¿Nos suena conocido? A ver si la literatura universal nos ayuda a salir del atolladero en que estamos. Este es el tópico que abre el campo de la ética pública en el ejercicio de los derechos ciudadanos y la necesidad de exigir cambios profundos en quienes se postulan para conducir el destino de todas y todos.
Por último, ciertamente considero de gran importancia acudir a los recintos electorales como gesto de respeto por la institucionalidad democrática y el costo humano –incluso cruento- que el sufragio universal ha tenido a lo largo de la historio. Pero acudir a esta cita, en mi caso, será para anular el voto y ayudar a construir tiempos mejores.
Las elecciones en Costa Rica, que se realizarán el próximo 6 de febrero, para elegir Presidente y dos Vicepresidentes, y 57 diputados, están en una etapa extraña, comparadas con otros procesos electorales anteriores.
Lo usual ha sido que desde el mes de noviembre, cuando se abre el proceso electoral, para actividades públicas de los partidos y sus candidatos, hasta 3 dias antes del día electoral, 6 de febrero, en este caso, se realice una intensa actividad propagandística en medios de comunicación y en vallas publicitarias, por parte de los distintos partidos políticos y sus candidatos.
La ley electoral obliga que aquellas instituciones de carácter público, como universidades, la televisora y la radio nacional, o que reciban fondos públicos, están obligadas a tomar en cuenta, para invitaciones a debates, a todos los candidatos presidenciales, sin discriminación alguna. Pueden hacerlo por grupos de candidatos pero no pueden dejar a nadie fuera.
Hasta la campaña electoral de 1997-1998 era usual que instituciones públicas y privadas invitaran a quienes quisieran. Un Recurso de Amparo constitucional, que interpuse, en enero de 1998, contra un debate de dos medios de comunicación, en el que no me tomaron en cuenta, siendo candidato presidencial, en ese momento, lo gané judicialmente y se obligó a que se me invitara o tomara en cuenta. Los medios de comunicación cancelaron el debate programado entre los que ellos consideraban eran los dos principales candidatos.
A partir de esa Resolución en los procesos electorales siguientes se tomaron en cuenta a todos los candidatos.
La legislación luego se reguló para que las instancias privadas pudieran invitar a quienes quisieran, mientras las públicas obligadamente debían considerar a todos los participantes, como se viene haciendo desde el 2006.
Cuando participan pocos partidos políticos el manejo de debates con candidatos presidenciales se puede hacer más democrático con la participación de todos. Pero, cuando participan muchos partidos políticos se hace más complicada la logística de considerar a todos los candidatos para un debate político, de allí, la necesaria selección de candidatos para diversos debates. La sola escogencia de candidatos, para cada debate, provoca reacciones entre ellos, especialmente de los candidatos que quieren ser tomados en cuenta con los que se consideran más importantes.
La consideración de los más importantes deviene de la historia de los mismos partidos políticos, si han sido gobernantes o no, si han participado en procesos electorales o no, si sus candidatos son conocidos dirigentes políticos o son nuevos, y en muchos casos, totalmente nuevos, que participan por primera vez, sin historia electoral alguna, como esta sucediendo con algunos candidatos.
En las elecciones de Costa Rica del 6 de febrero participaron 25 partidos con candidatos presidenciales, lo que evidencia la dificultad de realizar estos debates. Por instituciones públicas hasta este mes de diciembre no se ha hecho ninguna presentación de candidatos.
Instituciones privadas, cámaras empresariales, asociaciones sociales, y medios de comunicación, han realizado pocos debates tomando en cuenta hasta cinco candidatos, escogidos por ellas, de los 25 inscritos, o han realizado entrevistas selectivas a algunos de ellos, obviamente discriminando o no tomando en cuenta al resto.
En la determinación de escogencia de candidatos influye también el índice de conocimiento que empiecen a tener en las distintas encuestas, de las casas encuestadoras oficialmente inscritas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, únicas autorizadas para hacer publicaciones sobre intencionalidad de votos.
Esto influye también en la posibilidad de financiamiento bancario, tanto de bancos privados como públicos, para que mediante créditos o fideicomisos, con respaldo al posible derecho de financiamiento público, post electoral, puedan tener los partidos políticos. Hasta esta fecha solo cinco partidos se han favorecido por financiamiento crediticio de bancos privados para su campaña electoral.
En Costa Rica existe la norma constitucional, desde 1949, de financiamiento público de las campañas electorales. El origen de esta norma fue quitarle al capital la posibilidad de ser los dueños y amos de los procesos electorales y de control de los partidos políticos y sus candidatos, y facilitar de esa manera, una participación más democrática.
El procedimiento que se siguió, desde 1996, para financiar las campañas electorales fue de que tendrían derecho a reconocimientos de gastos de campaña aquellos partidos que obtuvieran un 4% o más de votos o que eligieran al menos un diputado.
Los partidos políticos están obligados, en su inscripción, de presentar un presupuesto de gastos de toda la campaña, que por presentado ante el Tribunal Supremo de Elecciones, no puede modificarse. Contra este presupuesto y sus facturas de gastos, el órgano electoral define la validez de los pagos de aquellos partidos que logren pasar el umbral del 4% o de elegir diputado. El análisis de facturas y gastos es riguroso y ya ha ocurrido que a partidos políticos les encausen penalmente a sus Tesoreros o responsables de los manejos financieros de las campañas electorales.
Contra ese posible financiamiento público es que los bancos se abren para apoyar a algunos partidos, según sus propios análisis, y sus propias encuestas, para asegurarles fondos a algunos partidos políticos, que negocian esos financiamientos hasta con 30 o 40% de descuento de sus bonos electorales, de su posible derecho de financiamiento electoral. Así, si un banco recibe 2000 millones de colones en bonos electorales, autorizados por el Tribunal Supremo de Elecciones contra su posible resultado electoral, como garantía, por un crédito, a un partido, el partido en realidad recibe 1200 o 1400 millones, según el porcentaje negociado a favor del banco, con riesgo mutuo, salvo cuando los bancos también se aseguran con bienes u otros avales más reales, que un posible resultado electoral.
Esto en la práctica hace que la mayoría de los partidos políticos no tenga posibilidad de financiamiento para su campaña electoral, haciendo que el proceso electoral sea muy discriminatorio para los partidos nuevos y pequeños.
En la historia electoral del país, desde 1953, alrededor del 96% de los partidos no recibe ningún apoyo financiero público para sus campañas, a pesar de la norma constitucional, que en buena lógica, debería estar abierta a financiar, contra los resultados electorales, a todos los partidos políticos, porque todos los partidos políticos sacan votos y cada ciudadano es igual independientemente a que partido pertenezca, o le dé el voto, donde cada elector, a estos efectos, tiene un valor económico, que se contempla en el 0.11% del PIB, del año anterior a la elección, que garantiza esos gastos electorales nacionales de cada campaña electoral.
Veinticinco partidos inscritos, me parece, ha paralizado la propaganda en este período de noviembre a diciembre. El impacto del gasto electoral se hará sentir, en propaganda, en enero, mes previo al día electoral, para hacer sentir el peso de los partidos, de los candidatos, de anular propagandísticamente a los otros partidos, de aturdir y atontar a los electores, de hacerse sentir más para la atracción de votos. Y, hasta para hacer una reserva de dinero, entre los partidos que tienen posibilidad de ir a una segunda ronda, en caso de que el 6 de febrero ninguno de los partidos pueda lograr el 40% de los votos para elegir presidente. Sucedió en la campaña electoral del 2014 que el partido Liberación Nacional, prácticamente había gastado todo su presupuesto en la primera ronda, quedándose sin dinero para la seguna, mientras su otro contendiente, el partido Acción Ciudadana, tenía una cifra de dinero muy sustantiva para esa segunda ronda, porque no había hecho tanto gasto en la primera, lo que le facilitó su triunfo, inesperado y sorpresivo para este partido que no esperaba llegar a esa segunda ronda, como igualmente fue su resultado ganador en la elección del 2018.
Hasta hoy, entonces, hemos tenido, una campaña electoral desteñida, sin aspavientos electorales, sin que se sienta propaganda alguna, y probablemente no habrá tampoco anuncios de saludos de Navidad y Año Nuevo, en medios de comunicación, que sí se permiten por el Tribunal Supremo de Elecciones.
Cuando se aprecia el panorama de elección de diputados se hace más compleja esta situación. Costa Rica tiene siete provincias, que eligen cada una su respectivo número de diputados. Los 25 partidos nacionales con candidatos presidenciales también participan en todas las provincias con sus propios candidatos. Hay también partidos políticos que solo participan para elegir diputados, en las respectivas provincias. Así mínimo hay 25 partidos nacionales con candidatos a diputado en cada provincia, pero, en general, suben a más, hasta 32 partidos en una provincia. Esto dificulta mucho darle espacio a los candidatos por provincias, si de entrevistas se trata, en instancias públicas y privadas. Lo usual es invitar a los diputados que encabezan las listas de cada partido en cada provincia, lo que ya es, por el número de partidos, imposible de realizar. Hasta hoy no se han hecho encuentros de este tipo.
En enero es imposible. Serán candidatos bastante invisibles y “anónimos” en su realidad, más allá del esfuerzo individual o partidario que realicen los candidatos a diputados en sus respectivas provincias y cantones. Para ellos pesará el candidato presidencial de sus partidos que puede halar a diputados a su posible elección.
Esta elección en este sentido ha hecho que de los 25 partidos nacionales, el 60 % de ellos lleve a su candidato nacional también como candidato a diputado, lo que la legislación permite, en una doble candidatura. Esto es así porque a todos los efectos públicos la campaña electoral gira alrededor de los candidatos a presidente. Aún cuando casi no tomen en cuenta a muchos de estos candidatos nacionales, no dejan de tener presencia, y eso les puede producir una ligera ventaja para su posible elección como diputados, sobre los que no son a la vez candidatos presidenciales.
Desde el 2002 que se permite la doble candidatura, no ha ocurrido que un candidato presidencial, no electo presidente, sea electo como diputado. En esta ocasión hay más posibilidad para algunos de estos candidatos que en el pasado, lo que se verá hasta el 6 de febrero. De suceder podría tener una ventaja legislativa de llevar a su seno candidatos presidenciales, jefes reales de sus partidos, especialmente aquellos que tienen más liderazgo político, lo que permitiría más capacidad parlamentaria para lograr acuerdos políticos, que son muy necesarios para la gobernanza nacional que viene con el nuevo gobierno, a instalarse en mayo próximo, tanto los diputados como el Presidente.
La preocupación que circula en círculos políticos y económicos es la posibilidad de que haya una gran cantidad de partidos políticos en la Asamblea Legislativa, que imposibiliten la gobernanza o la entraben en su toma de decisiones. Por ahora no lo veo así. No me parece que el resultado electoral vaya a alterar el número de partidos y fracciones parlamentarias que hoy existen en el Congreso costarricense.
El esfuerzo que se realiza por los partidos políticos, especialmente aquellos que tienen verdadera posibilidad de ganar la presidencia de la República, es triunfar en la primera ronda, el 6 de febrero, de allí la intensificación de propaganda que se hará en enero. No va a ser fácil. Se requiere el 40% de los votos válidamente emitidos.
El número de electores, en números redondos, está en 3.5 millones. Suponiendo que pueda haber un abstencionismo de un 30%, que ha sido el promedio del abstencionismo de las campañas electorales del siglo XXI, hace que los electores sean 2.450.00, y para ganar se necesita el 40% de estos, alrededor de los 980.000 votantes, cifra que no ha sido alcanzada en el pasado electoral costarricense por ningún partido.
Otro elemento que enrarece el ambiente actual es el fraccionamiento de tendencias políticas en el actual escenario electoral. Así, con el nombre que reivindica la socialdemocracia hay cuatro partidos, entre ellos el histórico Liberación Nacional, con su candidato José María Figueres, hijo del fundador del partido, también expresidente de la República, bajo la bandera del social cristianismo, y del cristianismo no católico, hay seis partidos, entre ellos el de Fabricio Alvarado, quien quedó de segundo en el pasado proceso electoral del 2018, hoy aspirando a una doble candidatura, y Rodolfo Piza, que entra separado de la Unidad Social Cristiana, a quien levantó como partido en las últimas dos campañas electorales, también con doble candidatura, los libertarios o neoliberales que van divididos en cinco partidos políticos y la izquierda, sin participación de los comunistas históricos, va con tres partidos nacionales, y suma el propio partido de gobierno, Acción Ciudadana, que enfrenta el reto más importante, como sucedió con Liberación Nacional, en la elección del 2014, de ir a un tercer gobierno consecutivo, lo que no ha logrado ningún partido político nacional.
La indecisión mostrada en encuestas por los electores y ciudadanos ante el proceso electoral, que alcanza un 70%, no dice que sea una masa abstencionista. Eso está directamente ligado a la gran cantidad de partidos políticos que estaban en proceso de inscripcion, y que sin campaña publicitaria, produzca esa indecisión, afiliación o escogencia de candidatos.
Los resultados electorales desde 1953 hasta el 2018 señalan que simpre ha votado un 70% de los electores, lo que hace que el abstencionismo real, en ese mismo período sea del 30%. Esto no tiene por qué cambiar. Mi impresión hoy es que el abstencionismo podría bajar un poco, especialmente por lo tensa que será la campaña en enero. La indecisión la han querido mostrar como abstencionismo, lo que no es correcto.
La segunda ronda se estará definiendo en la segunda quincena de enero, cuando volvamos a preocuparnos en este espacio, de este final electoral, que ahora parece raro, porque las aguas de la superficie no se mueven, pero las corrientes que están por debajo se muestran agitadas y con grandes remolinos, que tendrán su función de tragarse a candidatos. Ya veremos y estaremos atentos al movimiento de estas aguas.
Artículo publicado en Wall Street International Magazine, compartido con SURCOS por el autor.
Comparto la siguiente información, cuya autoría es de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación:
La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación ha revelado hace unos días que el medio de comunicación de prensa escrita La Nación de Costa Rica, es el peor periódico de la historia de Latinoamérica, esto después de un censo realizado a toda la población de Latinoamérica, donde específicamente en Costa Rica ha recibido calificaciones muy denigrantes por parte de los encuestados.
Así mismo, de acuerdo al Análisis de más 100 publicaciones en redes sociales como Facebook, Twitter y otras más, donde la misma población emite criterio denigrantes constantes contra este periódico. Dentro de los aspectos investigados por parte de la AIMC fue la veracidad y confianza de contenidos que este medio comunica, el cual con un 95,6% de la población consultada no cree, ni confía en este medio de comunicación para enterarse del acontecer nacional.
El estudio deja ver tal el nivel de desconfianza que el medio de comunicación expresa a su público. Es importante, señalar que otro de los aspectos que denigran la imagen por parte de la población a este medio de comunicación es que los artículos periodísticos son hechos de forma muy irregular y poco comprensibles, así mismo, pretende enseñar temáticas no muy a favor de los valores del costarricense como por ejemplo en temas de orientación sexual y de la actual pandemia.
Emiten criterio superfluos que pretenden engañan al lector y del cual, terminan siendo denigrados ante la opinión pública. Recalcamos que la coherencia y irracional forma de los periodistas que hacen los guiones parece ser orientada no por el pensamiento libre del periodista sino siguiendo una línea totalitaria y represora de pensamiento por lo tanto, mediática mente entre sus seguidores hacen ver ante la crítica como lectores débiles de poca razonabilidad y pensamiento objetivo.
El informe brinda más de 600 medios de comunicación de Latinoamérica y es La Nación el peor visto por encima de medios de comunicación escrita de países con régimen totalitarios como Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Hoy podemos decir con toda certeza que Costa Rica es el peor medio de comunicación de Latinoamérica debido a estos y muchos aspectos más que se presentaron en el informe de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación https://www.aimc.es/aimc/que-es-aimc/
Como medio de comunicación escrita somos objetivos al brindar este tipo de información y a todas luces, todo parece indicar que este medio de comunicación es un riesgo grave a nivel social para la sociedad costarricense, por lo tanto, lo invitamos a la próxima vez que lea un artículo de este medio, recuerde esta información, necesitamos gente culta y razonable en la sociedad, no con conceptos erróneos y temerarios que infunden este tipo de medio de comunicación.
Parece un cuento de nunca acabar, pero no lo es. Para un reconocido depredador ambiental del planeta, el BANCO MUNDIAL y su «brazo armado», la GWP (Global Water Partnership), el agua es el recurso natural más valioso.
Ninguno tiene más valor y como tal, quien tome control de él, gozará de un bien apetecido por las bolsas de valores. Por eso, en Costa Rica ese organismo ejecutó un gran engaño disimulado por una campaña muy bien financiada, con que convencieron a miles de personas que creyeron que, con su firma, estaban actuando en defensa del acceso al agua en cantidad y calidad suficientes cuál DERECHO HUMANO.
Sin embargo, gracias a diversas voces de alerta, eventualmente el proyecto de una nueva Ley de Aguas, fue derrotado y «medio enterrado». Pero amigos, tomen en cuenta que las intenciones de la GWP-BANCO MUNDIAL jamás serán las de rendirse, y sus «socios» ticos obviamente van a la cola. Con la celebración del DÍA MUNDIAL DEL AGUA es responsabilidad nuestra tener presente esta situación, si no deseamos más sorpresas indeseables.
Agua suficiente tenemos en Costa Rica pero solo la aprovechamos parcialmente no solo en generación de electricidad por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sino también para la producción agropecuaria, industrial y, por supuesto lo más importante, para el abastecimiento de agua potable de todos los habitantes. Logro derivado sin duda alguna, de la visionaria Ley de Aguas emitida originalmente con el ejecútese del presidente Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en 1942. Esa misma ley que, precisamente, tanto incomoda a la GWP-BANCO MUNDIAL.
Cierto que nuestras fuentes de agua son de incuestionable utilidad, pero es inconcebible que también se desaproveche como sucede con las aguas subterráneas del acuífero Barva que brotan en el Balneario de Ojo Agua. Agua que luego de caer por «la catarata» y fluir por las piscinas y el laguito artificial, corren por una quebrada sin nombre para finalmente terminar en el muy contaminado río Virilla. Agua que podría abastecer a cerca de 140 mil personas que hoy la necesitan, si las piscinas tuvieran un sistema de filtración y recirculación, como se tiene en otras piscinas recreativas, deportivas y turísticas. Tarea pendiente que demanda acción inmediata.
Pero lo que sucede en Ojo de Agua es despreciable, si lo comparamos con lo que sucede con las aguas de embalse (lago) del gran Proyecto Hidroeléctrico Arenal. Aguas que luego de generar electricidad en tres muy eficientes plantas del ICE, corren hacia abajo hasta llegar al mar, casi sin aprovechamiento alguno.
Situación que nos atrevemos a calificar de IRRACIONAL pues con esos billones de litros de agua votados allá cerca de la desembocadura del río Tempisque, se podría abastecer a más de 70 ASADAS en los cantones de Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, e incluso Liberia.
Además, y de extraordinaria importancia para la producción agropecuaria, se podrían regar unas 16 mil hectáreas repartidas en cientos de fincas que hoy sufren de severas sequías. Al tiempo que la industria turística que representa la principal fuente de empleo y divisas extranjeras de Costa Rica, podría, en algunos casos, sustituir el uso de aguas subterráneas que tanto limitan su desarrollo, por fuentes de agua potable que, teniéndose a mano, son desaprovechadas.
Asimismo, es importante dejar bien claro, ante la incomprensible oposición de algunos que usurpan el histórico nombre de «Confraternidad Guanacasteca», que el proyecto «AGUA PARA GUANACASTE» se sustenta en un embalse en la cuenca del río Piedras, formado a partir del agua que proveniente del lago Arenal, hoy solo se aprovecha para generación hidroeléctrica. Embalse que inundaría 4,9% de la reserva natural Barbudal de casi 2.300 ha. Para compensar las 113 ha inundadas se adquirieron 500 ha de dos fincas colindantes.
Así, como en toda evaluación ambiental, se valoró el impacto y las medidas de compensación y mitigación, y por supuesto, los beneficios sociales, económicos y ambientales de cada proyecto, según el estudio elaborado por la prestigiosa Organización de Estudios Tropicales (OET), donde participan universidades estatales y estadounidenses con programas en biología tropical; así como profesionales del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) y el ICE.
En fin, que este resumido comentario nos ayude a valorar aún más la riqueza hídrica que nos pertenece, como bien demanial, a todos los costarricenses, para estar siempre prestos a procurar su más eficiente uso y salir en su defensa cuantas veces sea necesario.
En Costa Rica, se ha configurado un desarrollo regional desigual que evidencia que la actividad económica y los frutos del desarrollo económico no se han distribuido equitativamente entre las regiones, pero está situación no puede postergarse por más tiempo, por lo que el próximo Gobierno tendrá que asumirlo como uno de los retos prioritarios de su gestión.
Varios análisis del desarrollo nacional han expuesto reiteradamente que este desarrollo desigual e inequitativo es insostenible, así el Informe del Estado de la Nación 2020 señala que la red productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del sector comercio y transporte y que urge atender la desconexión entre ésta y las regiones fuera de aquella región, (así como) fortalecer las interacciones para fomentar la actividad económica en ambos casos. (PEN 2020, p.29).
Igualmente, algunos intelectuales han reafirmado la existencia de dos Costa Ricas ya que sigue vigente, “una especie de geografía del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza. (Esquivel, F., 2021, p.222).
Así mismo en este medio, se ha insistido en que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se reproducido por más de 5 décadas en las 4 provincias centrales, limitando la integración de las regiones periféricas y prácticamente excluyéndolas del desarrollo nacional. (Alterdes.cr, febrero,2021).
Diversos índices de desarrollo regional y cantonal, han permitido constatar las desigualdades y desequilibrios socioeconómicos existentes, así recientemente el Índice de Desarrollo Humano Cantonal 2021 reveló como los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano.
Previamente el Índice de Competitividad Nacional (ICN), mostró que un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.
La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021).
Así mismo, según la reciente Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2021 las diferencias que se marcan entre la zona urbana y rural y entre la GAM y las regiones rurales y costeras son notables.
La región Brunca presenta un comportamiento muy preocupante, porque es la región con el mayor aumento tanto en la pobreza extrema como de la pobreza total, en ambos casos corresponde a la mayor variación experimentada entre las regiones, mientras el nivel de pobreza en las regiones Huetar Caribe y en la Huetar Norte no es menos preocupante ya que es el nivel de pobreza más alto desde el 2010.
Por su parte, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica en el 2021, había señalado que, en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.
De acuerdo con ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.
Frente a las desigualdades regionales y sus manifestaciones en los índices mencionados, el Gobierno actual ha formulado una serie de propuestas que un nuevo Gobierno tendría que tener necesariamente en consideración, análisis y discusión.
Entre ellas se encuentra la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050,formulada por MIDEPLAN, la cual parte de un cuestionamiento a la hiper concentración del desarrollo económico en la GAM, de una nueva visión para la transformación económica y territorial y de que traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), y plantea soluciones integrales ante los problemas de descentralización de las actividades productivas y de desarrollo inclusivo de las regiones, dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo nacional.
Alrededor de esta Estrategia Territorial Productiva se plantea que la posibilidad de implementarla dependerá de la promoción de una discusión amplia y profunda con todos los sectores sociales y de la voluntad política para retomarla e implementarla en los próximos años. (Alterdes.cr ,julio, 2021).
Una segunda propuesta es la Ley de Desarrollo Regional, firmada en noviembre anterior por el Presidente en ejercicio Marvin Rodríguez, emitida con el objetivo de impulsar el desarrollo regional y reducir progresivamente las desigualdades que se manifiestan en el territorio nacional.
“Tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática. Asimismo, reducir progresivamente los desequilibrios regionales mediante el diseño e implementación de políticas públicas diferenciadas e incluyentes”, según el artículo 1 del texto de la Ley.
La Ley de Desarrollo Regional crea el Subsistema de Planificación para el desarrollo en cada región, cuyo fin es la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones intersectoriales e interinstitucionales para garantizar el desarrollo del país; además, transforma los actuales Consejos Regionales de Desarrollo en las Agencias Regionales de Desarrollo (Aredes). También, crea el Fondo Nacional para el Desarrollo Regional (Fonader), que tendrá a su cargo la asignación de recursos para favorecer el desarrollo regional y la reducción de las asimetrías socioeconómicas interregionales e intrarregionales.
La nueva ley establece la Política Nacional de Desarrollo Regional, los planes regionales de desarrollo y el Observatorio de Desarrollo Regional, como instrumentos para la gobernanza y el desarrollo. Otra de las novedades que incorpora es la obligatoriedad del Banco Central de Costa Rica de calcular un Producto Interno Bruto (PIB) regional, que permita analizar el comportamiento económico en cada una de las regiones.
Esta normativa institucional formulada, puede ser un insumo importante para que el nuevo Gobierno definida una estrategia de desarrollo centrada en los recursos y potenciales de los territorios y regiones periféricas.
Dicha estrategia supone una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.
Demanda una perspectiva del desarrollo centrado en las características territoriales y en el carácter endógeno y participativo que permita que los distintos agentes sociales, económicos, públicos o privados definan las acciones necesarias para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto.
Se requiere un enfoque de desarrollo territorial que defina las dinámicas territoriales que pretende generar en cada región y que éstas se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J. et al, Rimisp,2015),
hacia un desarrollo territorial más inclusivo y sustentable, que revierta las desigualdades regionales e impacte en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.
Es imperativo la generación de opciones productivas, empleos de calidad, infraestructura y servicios en territorios periféricos, los cuales han estado concentrados en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.
Se trata de “la generación de propuestas descentralizadas en aspectos como la reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación, acceso a la tecnología y diálogo social; para reducir las brechas de desigualdad territorial, que, por tratarse de cuestiones estructurales, no se resuelven en una sola administración gubernamental o municipal.
De ahí que el tema de las desigualdades territoriales y el impulso de políticas para revertirlas y alcanzar un desarrollo territorial más equitativo e incluyente, debe constituirse en una prioridad del nuevo Gobierno 2022-2026, en una verdadera política de Estado.
Hasta ahora las propuestas políticas para enfrentar las desigualdades regionales y avanzar hacia un desarrollo territorial más sustentable, no han sido centrales para la mayoría de los partidos políticos que participaron en las elecciones nacionales del 6 de febrero, con la excepción del Frente Amplio que lo abordó bajo el concepto de desarrollo territorial integral que resuelva las desigualdades que tienen muchas regiones y del Partido Liberación Nacional, que lo incluye en su propuesta de reactivación económica y rescate del empleo, que requiere de la incorporación de todos los sectores y de todas las regiones del país, sobre todo las que han estado marginadas del desarrollo.
De cara a la II ronda electoral, la población principalmente de las regiones periféricas y los cantones con los más bajos indicadores socioeconómicos, debieran exigir a los dos candidatos compromisos claros y propuestas contundentes para revertir las desigualdades regionales e impulsar un desarrollo territorial equitativo e incluyente como una de las prioridades de su gestión, ya no más postergaciones.
