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Hacia el primer domingo de febrero

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Este 6 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones dio el pitazo de salida hacia las elecciones que se harán el primer domingo de febrero próximo. Hasta el 22 de octubre próximo tienen los partidos políticos tiempo para terminar sus procesos internos y presentar oficialmente sus candidaturas a Presidente, Vicepresidentes y a Diputados.

A partir de ese 6 de octubre, igualmente, toda la Fuerza Pública del país queda supeditada al mando del Tribunal Supremo de Elecciones. Creo no exagerar al resaltar que este acto es único en el mundo, que es una de las fortalezas y distinciones de la Democracia costarricense como sistema político y electoral de vida. Ningún país entrega sus fuerzas policiales, armadas o militares, durante el tiempo de un proceso electoral, casi siete meses, que puede prolongarse hasta el primer domingo de abril, si hubiera segunda ronda electoral.

De igual manera, el día de votaciones, ningún efectivo de la Fuerza Pública o de la Policía puede entrar o presentarse a votar armado, o con las armas oficiales que debe portar. Entran al recinto electoral desarmados. En países vecinos y del continente esto es absolutamente infrecuente, impensable. En muchos de esos países son los mismos uniformados del Ejército, y los cuerpos militares, los que prácticamente “cuidan” los procesos electorales, y en no pocos casos se quedan con las urnas electorales y los resultados.

Al escribir esta columna no tengo los datos finales de cuántos partidos políticos han terminado exitosamente sus procesos de inscripción definitivos, y cuántos tienen asuntos pendientes con el Tribunal Supremo de Elecciones, de que les aprueben sus trámites. Pero andan en una suma superior a los 20 partidos políticos nacionales y otro tanto de partidos provinciales.

El Tribunal Supremo de Elecciones sin lugar a dudas desempeña una encomiable y excelente labor en la parte organizativa del proceso electoral, en la confianza que se deposita en él, en la certeza y seguridad que produce el sistema electoral con los partidos que participan en las elecciones, en la hechura de la papelería que se usa el día de las elecciones, en la distribución de las mismas desde varios días antes a los miembros de las Juntas Electorales, y en su recolección. Del mismo modo como ha ido perfeccionando sus sistemas de conteo de votos de manera que el mismo día de las elecciones a las 9 de la noche prácticamente ya hay un primer resultado, no definitivo oficialmente, de quién puede ser el ganador o de quienes pueden ir a una segunda vuelta, así de cómo se configurará la próxima Asamblea Legislativa.

Lo que el Tribunal Supremo de Elecciones está fallando, fardo que arrastra de su historia electoral, es que no ayuda en el buen sentido a la participación electoral partidaria. Hace todo lo que puede no para que los ciudadanos puedan inscribir partidos, sino para ponerles obstáculos de inscripción, algunos totalmente absurdos, como se ha visto en este período de Pandemia.

El Tribunal Supremo de Elecciones debería contribuir a llevar de la mano a los ciudadanos para que puedan ver cristalizados sus procesos de inscripción partidaria. Es tan burocrática esa acción del Tribunal que hace que algunos de sus funcionarios y funcionarias, a cargo de esta tarea, actúen de una manera autoritaria, despótica, de tipo fascista, contra los partidos y sus procesos de inscripción poniéndoles trabas, anulándoles asambleas, obligándolos a repetirlas absurdamente, estableciéndoles el cumplimiento de requisitos que aunque estén en sus vetustos Estatutos partidarios, el Código Electoral, norma suprema los ha eliminado, lo que tácitamente significa que también los borró de esos Estatutos, sin embargo les obligan a aplicar los Estatutos y no el Código, en lo que los beneficia, creando también una desigualdad real de aplicación de una Ley que es para todos.

De esa manera, este accionar, de esos funcionarios y funcionarias, pareciera favorecer, con esos actos, a los grandes y tradicionales partidos. Eso sí es una cochinilla, o mejor dicho una gran cochinada que todavía se hace en el Tribunal Supremo de Elecciones.

Si la cochinilla no estuviera concentrada en asuntos de obras públicas bien podría pensarse que alguna cochinilla, y no solo de dádivas económicas, de comidas, de hoteles, o de favores sexuales, sino ideológicas, o de persecución política, o antipatía personal contra algunos posibles candidatos, podría haber en esos empleados y empleadas ensañados y empeñados en impedir la inscripción de partidos, o de anular sus inscripciones, cuando en buena filosofía democrática, y de la mayor participación ciudadana, deberían estimular la inscripción de partidos, sin importar su número.

Hoy no hay restricciones ni impedimentos constitucionales o legales para la inscripción de partidos, por razones ideológicas o políticas, como existieron con el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno y el Segundo párrafo del Ar. 98 de la Constitución, párrafo vigente hasta 1975, que el Tribunal solo lo aplicaba a la siniestra sin ningún miramiento, con solo olfatear o suponer algo de izquierda, por la sola firma de quienes solicitaban una inscripción partidaria, o por pertenecer a los órganos constitutivos de esos partidos que les aplicaban esas normas.

En esos años no había mucha distinción entre el dominio que se ejercía, desde partidos políticos gobernantes, o desde gobiernos, sobre los magistrados, como se hace actualmente en Nicaragua o en Venezuela.

Lamentablemente siguen existiendo rémoras institucionales, para mí, de corte fascista, en algunos funcionarios, que me imagino actúan al margen y sin directrices de los Magistrados electorales, en esas actitudes negativas, poco estimulantes para la participación más amplia electoral.

Aparte de este hedor que me provocan esos actos de esos funcionarios, de menor escala, pero con fuerte poder anulatorio de procesos de inscripción de partidos, saludo la apertura del proceso electoral.

Nos queda a los ciudadanos exigirle, en esta campaña electoral, a los candidatos presidenciales y a sus diputados, como a los partidos políticos, que nos digan cuáles van a ser, por lo menos, sus primeros cinco Proyectos de Ley y sus primeros cinco Decretos Ejecutivos, a partir del 1 de mayo y del 8 de mayo próximo, de los diputados y del próximo presidente. Esto por cuanto todo lo que ofrezcan en la campaña electoral, en discursos y programas, tienen oportunidad de traducirlo desde el primer día que asuman su puestos, el 1 o el 8 de mayo, los diputados y el Presidente, en Proyectos de Ley o en Decretos Ejecutivos. Si esto lo cumplieran empezarán a contribuir para restituir confianza en la Política, en los Políticos, en los Gobernantes, en el Presidente, en los Diputados y en los Partidos políticos… Ya sería algo.

Algo hay que decir

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por José Luis Callaci

El hecho de haberse presentado tantos candidatos de distintos partidos para estas próximas elecciones, de los cuales muchos dicen pensar igual, ha suscitado sorpresas no exentas de críticas.

Algunas de ellas muy ásperas o subidas de tono. Por tal razón creemos que estamos en tiempos, superando desidias, temores o sentimientos de impotencia, de abocarnos a una profunda reflexión que nos conduzca como ciudadanos a actuar, arremetiendo con coraje y justeza, para rescatar a Costa Rica de tantos males que le aquejan.

Decía el gran escritor portugués, José Saramago, que no se podía discutir a Dios o a la Patria pero que una sociedad y una democracia si tienen que discutirse a sí mismas. La sociedad costarricense que durante años logró construir algo diferente, que la convirtió en emblemática y adornada de laureles, atraviesa hace ya tiempo graves problemas.

Ya no se discute, y eso la viene conduciendo a una crisis de tal magnitud que hasta hace poco era inimaginable para la gran mayoría de los costarricenses. La ausencia de esa práctica democrática, en las diferencias, convertida en atributo individual y colectivo, que facilitaba el diálogo y los acuerdos en torno a principios, convicciones y valores, hoy son reemplazadas por agendas personales.

Algunos le llaman a esas conductas “ilusiones individuales de poder” sin embargo creemos que hay que buscarles otras definiciones más aterrizadas o concretas ya que encajan más con egoísmos y mezquindades. ¿O con mediocridades, sin rumbo y cobardías? Porque una cosa es referirse en solitario a los problemas con promesas de resolverlos, que ya sabemos en qué terminan, y otra muy diferente es asumir responsabilidades y compromisos entre partes mediante diálogos y negociaciones abiertas, de cara al resto de la sociedad, evitando así que los ciudadanos y ciudadanas sigamos pensando que en el fondo lo que prevalece, en los que conforman parte de esta clase política, son los tapujos y las complicidades.

Lo cierto es que con estas conductas y actitudes el país se encuentra a la deriva, botando por la borda los pocos laureles o las grandes obras sociales que aún le quedan por proteger. Es imperioso discutir esta sociedad y esta democracia para que ese “volver a creer” sea realidad y nos devuelva la fuerza que ha permitido esa cierta cohesión nacional, en la solidaridad y en el respeto a un proyecto social exitoso y perfectible. Antes que estalle esa bomba social, que la irresponsabilidad de la clase gobernante de los últimos años ha activado.

Acuerdo con el FMI: Una agenda fallida con graves implicaciones sociales y humanas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Economista, CICDE-UNED

Elaboro este breve documento, atendiendo la solicitud que me fue formulada por la Alianza Sindical del Poder Judicial, y como insumo para la reunión que ese colectivo de organizaciones tendrá con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) el día lunes 3 de octubre de 2021, a las 2 p.m. Es, desde luego, una contribución completamente desinteresada, en la que no media retribución alguna.

He dividido el documento en 10 puntos, cada uno de estos atinente a una cuestión particular, aunque todas, en su conjunto, estrechamente vinculadas entre sí. Se ofrece tan solo un esbozo sintético de cada punto, siendo innegable que cada uno de esos ítems daría material para una reflexión mucho más amplia.

1) Un elevado costo social inmediato: la política fiscal en aplicación, centrada en la regla fiscal y orientada a lograr el equilibrio fiscal con base principalmente en la restricción del gasto y de la inversión pública, está teniendo severas consecuencias sociales y humanas, ya que está impactando de forma negativa en los servicios esenciales del Estado, como educación, salud, cuido, atención a la niñez, atención a los problemas de adicción, seguridad ciudadana, medio ambiente, vivienda popular, apoyo a las micro y pequeñas empresas, entre tantos otros. Las negativas consecuencias de todo esto, se agigantan en vista de las extendidas devastaciones sociales y humanas que está dejando la pandemia del Covid-19. Es muy llamativo que sean tan escasos, prácticamente nulos, los esfuerzos que se hacen por combatir el muy cuantioso fraude fiscal, como asimismo resulta notorio que se enfaticen impuestos sobre salarios y sobre el consumo, prescindiendo de tributos de un carácter más progresivo. Es decir, al costo social asociado a esta opción estrechamente fiscalista, se le suma una opción ideológica favorable a los grupos más ricos y solventes de la sociedad costarricense.

2) Graves implicaciones en el mediano y largo plazo: esa política, unilateral y rígidamente fiscalista, reduce la inversión pública al mínimo. De facto, la bloquea. Ello implica posponer inversiones que para Costa Rica son necesarísimas, en áreas clave: educación, cuido, transporte público, vivienda, sanidad, energías alternativas, ciencia y tecnología, conectividad, acueductos, tratamiento de aguas, espacios públicos, arte y deporte, parques nacionales, recuperación de las ciudades, etc. Esto imposibilita que la economía se modernice y diversifique, que se alcance el deseable equilibrio en los niveles de desarrollo de las distintas regiones del país, y que se logre elevar los bajos niveles de productividad que la caracterizan, pero, asimismo, esto siembra a profundidad condiciones que generarán mayor exclusión y desigualdad social. Literalmente, se está destruyendo el futuro y se está legando un país en ruinas a las generaciones jóvenes y no nacidas.

3) El sesgo ideológico de las políticas monetarias: Las políticas económicas obsesivamente fiscalistas, siguen siendo acompañadas de políticas monetarias centradas en el control de la inflación, las cuales solo se flexibilizaron de forma muy limitada durante el contexto de la crisis asociada al Covid-19. La inflación permanece por debajo del límite inferior de los rangos oficialmente definidos por el propio Banco Central, lo cual para este no es motivo alguno de preocupación, como en cambio sí enciende todas las alarmas el simple hecho de que la tasa de inflación se aproxime al punto medio del rango establecido. Y, entretanto, los niveles de desempleo continúan siendo altísimos, con un ritmo de recuperación del empleo muy insatisfactorio y niveles de informalidad que, tras descender durante los meses más agudos de la crisis, están retornando a sus cotas históricas (alrededor del 45% de la población ocupada). El Banco Central, dominado por un sesgo ideológico que se desentiende de la catástrofe del empleo y es totalmente insensible frente a las realidades de la vida de la gente, sigue siendo una institución opaca que, parapetada detrás del dogma de la “autonomía”, es complaciente con los intereses financieros, mientras permanece invulnerable a cualquier ejercicio democrático de rendición de cuentas.

4) La exclusión de las mujeres: las tasas de desempleo e informalidad son mucho más bajas de lo que potencialmente podrían ser, puesto que, por su parte, las tasas de participación en los mercados laborales y de ocupación de las mujeres son extremadamente bajas, no obstante lo cual el desempleo y el subempleo son mucho más altos entre las mujeres. Imaginar una situación de relativa paridad con los hombres, implicaría necesariamente la incorporación al mundo del trabajo remunerado fuera del hogar, de varios cientos de miles de mujeres en edad de trabajar. En las condiciones institucionales prevalecientes, y bajo las actuales realidades de la economía costarricense, y dada su extrema incapacidad para generar empleos decentes, ello elevaría los datos de desempleo e informalidad, de forma abrupta.

5) La desconexión entre las autoridades económicas y las realidades de la población: con cada encuesta que se realiza, sistemáticamente se hace manifiesto el sentimiento popular de malestar, impotencia y frustración. Hay angustia ante la deplorable situación del empleo, como asimismo las personas expresan profunda preocupación frente a las persistentes amenazas a la estabilidad económica de sus familias y las grave incertidumbres que ensombrecen su futuro. Y, sin embargo, las autoridades económicas, muy panglosianamente, insisten en tratar de hacer creer que este es el mejor de los mundos posibles. La baja inflación les llena de júbilo, mientras no se cansan de ver “mejoras” en una situación del empleo que, desde todo punto de vista, y para la gente de a pie, sigue siendo tristísima.

6) Indicadores irreales: recientemente el Banco Central publicó indicadores que muestran que la economía ha recuperado sus “niveles prepandemia”, lo cual es celebrado con gran fanfarria por esas autoridades. Los datos están evidentemente influidos, además de inflados, por una expansión desorbitada de los regímenes especiales, básicamente zonas francas. Entretanto, la economía que no dispone de las condiciones de privilegio de tales regímenes, y de la cual depende cerca del 95% del empleo total, todavía no recupera sus niveles de febrero 2020. Pero, en todo caso, hay un contraste marcado entre los indicadores de Cuentas Nacionales del Banco Central, y los datos sobre el empleo. Estos últimos logran aproximar, con cierto creíble realismo, el sentimiento de profunda preocupación y malestar que domina en la generalidad de la población, cuando los datos del Banco Central cuentan una historia completamente distinta y muy poco creíble. Se hace urgente una reconsideración crítica, ya desde sus mismas bases epistémicas, teóricas y metodológicas, de las estadísticas que elabora el Banco Central, en virtud del abismo cada vez más amplio, que las separa respecto de las realidades que vive la gente común y corriente. Estadísticas que son por completo incapaces de reflejar esas realidades de la vida, no pasan de ser un inútil ejercicio intelectual y una pérdida de tiempo.

7) Dualización estructural: Pero, asimismo, esto advierte acerca de la situación de aguda dualización que fractura a la economía costarricense. Es muy satisfactorio que varias docenas de miles de personas tengan un empleo en zonas francas, sobre todo porque en la mayoría de los casos reciben un salario relativamente más alto que los promedios nacionales. Y, sin embargo, la evidencia empírica es clarísima en el sentido de que hay un desenchufe entre las zonas francas y el resto de la economía, como es obvio que es imposible resolver los agudos problemas del empleo, si para ello el país se atiene a una estrategia unilateralmente centrada en la atracción de inversiones extranjeras destinadas a las zonas francas.

8) La urgencia de un cambio: al país le urge replantear aspectos fundamentales de su estrategia de desarrollo, lo cual no significa renunciar al aporte que los regímenes especiales brindan, pero si redefinir prioridades y reorientar políticas, de forma que se garantice a la gente su derecho a un trabajo digno y de calidad, algo que hoy le está siendo negado a una porción sustancial de la población trabajadora, según lo demuestran las elevadas tasas de desempleo e informalidad, y la bajísima participación de las mujeres en los mercados laborales.

9) Renunciar al futuro: las políticas de rígida austeridad fiscal que el gobierno ha propuesto al FMI, y que éste avala, imposibilitan poner en ejecución las políticas que al país le urgen. No es posible poner en marchas programas de emergencia para la generación de muchos empleos en el corto plazo, ni diseñar estrategias integrales de política pública de mediano y largo plazo, que, articuladas y concertadas con el sector privado y la ciudadanía en general, permitan avanzar hacia la modernización y diversificación de la economía, que promuevan la justicia social y la inclusión equitativa de todos los sectores de la sociedad y las distintas regiones del país, que asimismo levanten la productividad, incorporen a las mujeres en los mercados laborales en condiciones dignas e igualitarias, y que respondan apropiadamente, y con sentido precautorio y de anticipación, ante los colosales desafíos del cambio climático y la crisis ambiental.

10) El FMI es corresponsable de este desastre: los costos sociales y humanos que todo esto comporta son altísimos, y ponen en riesgo la paz social y la democracia en Costa Rica. En una sociedad fracturada por múltiples desacuerdos y conflictos, esto simplemente suma motivos agudizados para que las desavenencias se profundicen, y para se aleje, más y más, cualquier posibilidad de diálogo democrático y entendimiento pacífico. El FMI está asumiendo graves, y muy sustanciales responsabilidades en relación con todo esto. En Costa Rica no lo olvidaremos.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís, economista. Alajuela, Costa Rica, 2 de octubre de 2021

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

Atroz idea del Gobierno: privatizar y desnacionalizar la electricidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(1 de 3) Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Regresión de más de un siglo

¡Aberrante! Pocas veces esta palabra puede ser usada con tanta precisión, como en este caso para referirnos al “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, expediente legislativo n° 22.601, que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, encabezada por el Presidente de la República, remataría el modelo público de carácter social y solidario, y su institución rectora, el ICE, pues se orienta exactamente a favorecer la inversión privada de empresas generadoras tanto nacionales como externas. El proyecto además coloca al Gobierno de rodillas, como súbdito obediente, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este texto explicamos por qué el proyecto es un retroceso histórico de más de un siglo, y algunas de sus múltiples debilidades. Una revisión de algunos proyectos de privatización impulsados en anteriores administraciones y la complacencia del gobierno actual con la OECD, los revisamos en el artículo “Gobierno se somete a generadores privados de electricidad y a la OECD”, de próxima publicación.

La esencia del proyecto está explícita en el escrito del Gobierno: “El presente proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad de servicio público”, y agrega que “la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan” (negrillas ODC).

Ese proyecto constituye un retroceso histórico inaudito que borraría uno de los avances sobresalientes de la sociedad costarricense, como fue la nacionalización de la electricidad y la posterior creación del ICE. De aprobarse, convertiría el mercado eléctrico nacional en un campo de competencia privada ya no sólo entre nacionales, y de éstos con el ICE, si no para favorecer directamente las inversiones transnacionales con plena igualdad de derechos al ICE, y obligando a la entidad estatal a comprar la electricidad que generen. Es decir, se perdería cualquier condición asociada a la nacionalización de la electricidad y su carácter de servicio social, para convertirla en un servicio público regido por la competencia privada, aunque el ICE siga presente como intermediario obligado entre los generadores y los consumidores finales, ya sea dentro del país o en el mercado regional, al que también los privados siguen presionando por incursionar.

Este tipo de apertura ilimitada es otro mecanismo o vía de privatización, prestación y venta de servicios públicos en favor del capital privado y desnacionalización, que se ha usado en paralelo a las concesiones de obra pública y las alianzas público-privadas. Todas conllevan el riesgo asociado de ampliar el tablero de corrupción, como ha ocurrido en muchísimos países del mundo, incluida Costa Rica. Con este proyecto el Gobierno abona directamente a la liberalización de la economía nacional entregando el servicio de electricidad al capital privado, lo cual será una pérdida para toda la sociedad costarricense.

Es una aberración que en Costa Rica el Gobierno acelere en reversa en tiempos en que urge proteger los beneficios colectivos y las economías nacionales, tal y como pide el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. Aunque no nos detendremos en esa historia, vale decir que todos los componentes de los “modelos económicos fallidos” que vivimos hoy en el mundo, incluyeron, e incluyen, medidas de privatización y desnacionalización como las contenidas en el expediente n° 22.601 del Poder Ejecutivo. Debería el Gobierno recordar, o más bien conocer, lo que en el 2003 dijo Joseph Stiglitz, que fue jefe de economistas del Banco Mundial: “A todos aquellos que viven en México, Indonesia, Brasil, la India y otros mercados emergentes se les debería dar una consigna diferente: no luchen por la mítica economía de libre mercado, que nunca existió”. Lo que incomoda es que Stiglitz nunca lo expresara cuando él mismo impulsaba las políticas que empobrecieron y siguen llevando al hambre a millones de personas en todo el planeta.

“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar

El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.

Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).

Toda la argumentación del proyecto presentado por el Ejecutivo se subsume en un artículo que, aunque pareciera inofensivo, es la propuesta más regresiva que hayamos enfrentado desde 1990, cuando entró en vigencia la Ley 7.200 para favorecer a los generadores privados. Dice el “ARTICULO ÚNICO. – Refórmese el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales” (Negrillas ODC).

Las debilidades e imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:

  1. Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
  2. Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
  3. Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”.   Recordemos que los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.508 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW).  Entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras.  Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales».
  4. Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
  5. La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.

Forzar la Constitución para desnacionalizar

La otra línea de justificación, a la cual se le dedica la mayor parte del proyecto, es un conjunto rebuscado de argumentos para forzar la conclusión de que actualmente la inversión privada está poco menos que imposibilitada en Costa Rica. Estirando las ligas al extremo, el proyecto funde el argumento de la OECD -eliminar barreras de inversión privada- con una interpretación de la Constitución Política y de jurisprudencia constitucional de manera más que rebuscada. Dice el Gobierno que “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”, “Es una recomendación (de la OECD) que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial”.

Esa interpretación no sólo se usa para promover la privatización del servicio público de la generación, compra, distribución y consumo de electricidad, si no que busca desnacionalizarlo. Por eso hablamos de una regresión hasta antes del 8 de abril de 1949 e incluso hasta 1900 a tiempos del mercado eléctrico controlado desde el sector privado nacional y transnacional.

Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.

Cierto es que para algunas empresas privadas del sector eléctrico la apertura indiscriminada podría ser una buena oportunidad para aliarse con foráneos, como ya ocurre con los proyectos (BOT sigla en inglés) Construcción, Operación y Transferencia de la ley 7.508, pero en un escenario de competencia abierta hasta las demás empresas, como las cooperativas, podrían ser disminuidas, parcialmente absorbidas y hasta eliminadas del mercado. No es que los empresarios nacionales de la electricidad privada ameriten defensa, pues ya hemos documentado cómo han hecho fortunas vendiendo electricidad cara e innecesaria. Se trata de que la soberanía, como condición fundamental de un país y de una nación, debe considerar como principio la defensa de “lo nacional” ante la invasión de capitales foráneos, sobre todo en la prestación de cualquier servicio social prioritario, como es la electricidad.

El proyecto no establece ningún límite de inversión para el capital externo. No señala plazos ni condiciones de inversión y venta de la electricidad. No justifica, ni remotamente, que esta apertura se fundamente en una necesidad nacional de electricidad y además, como hemos demostrado, en Costa Rica no falta ni un peso de inversión privada para atender la demanda de electricidad.

Como ciudadanía, este proyecto nos debería regresar a los primeros años del siglo pasado, pero para emular los movimientos sociales que iniciaron la nacionalización la electricidad en Costa Rica con la dirección de la Liga Cívica Nacional, lo cual se logró en 1948 tras décadas de lucha social.

Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Rolando Castro Córdoba, Ministro a.i. de Ambiente y Energía y Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda, deben pasar a la historia como destacados peones de la destrucción del Estado social costarricense, y del ICE en particular. Deberían ser recordados por promover la apertura del mercado eléctrico para su privatización y transnacionalización, devolviéndonos a los peores tiempos de vasallaje en las relaciones entre países.

La terca pérdida de contacto con la realidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (9).
Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Si bien es cierto que resulta imposible el poder captar en todo su significado y extensión eso que, con mucha frecuencia, llamamos simplemente “la realidad”, lo más deseable es tratar de acercarnos a todo aquello que sea más cercano, a lo que efectivamente acontece o ha ocurrido en distintos momentos o trances del devenir histórico, tratando de entenderlo, para poder actuar y reaccionar con alguna efectividad frente a determinados eventos, que podrían resultar fatales o negativos para nuestra existencia, tanto como especie como en tanto individuos.

En medio del fragor de esta hipermodernidad o posmodernidad desbocada en la que vivimos, traída a cuento con suma frecuencia por innumerables autores(Marc Augé LOS “NO LUGARES” Una antropología de la sobremodernidad Gedisa editorial Barcelona 1996), como un período histórico en el que los seres humanos parecen haber decidido prescindir del uso de la razón, del análisis de la información, y de una indispensable dosis de honestidad, en la difícil tarea de hacer afirmaciones sobre numerosas, y complejas situaciones a las que nos vemos enfrentados, aunque podría resultar que simplemente todo esto responde a “otra racionalidad” o a otras percepciones del entorno, ligadas a una aceleración de la historia y del achicamiento del planeta (Marc Augé), ambos en cuanto vendrían a ser el resultado o las consecuencias más visibles de la revolución tecnológica en el campo de las comunicaciones, tanto en lo referente a la velocidad de nuestro desplazamiento por el planeta, en naves y todo tipo de transporte terrestre, aéreo o marítimo más veloces, como en la velocidad creciente impresa a la noticia por las redes sociales, por lo que se ha implantado un aquí y un ahora que ya no reconocen las fronteras de los estados nacionales.

La ligereza y falta de seriedad con las que alguna gente se atreve a hacer afirmaciones, sin fundamento alguno sobre toda clase de temas, resulta ser algo abrumador y tedioso para quienes intentamos atenernos a los datos, y a la elaboración sistemática de pensamiento sobre ellos, algo que las páginas de los diarios, la radiodifusión, las televisoras y las redes sociales nos muestran, de manera cotidiana, en cientos e innumerables casos.

Es así como se olvida, con suma frecuencia, que resulta esencial la confiabilidad de la información disponible, tanto en lo que se refiere a los datos estadísticos como en cuanto al sustento de lo que suele llamarse “juicios de valor”, emitidos desde la subjetividad más profunda. ¿será por eso que tanta gente se deja decir sus ocurrencias pura y simplemente importándoles, muy poco o nada, si lo que dicen está conectado con la realidad?

Es por todo lo anterior, que como una consecuencia visible de este diálogo (más bien monólogo) que hemos venido sosteniendo en voz alta, resulta ser un ejercicio vano tratar de entender a qué se refieren algunas gentes cuando emplean ciertos términos para descalificar a otros, tanto en el orden de lo político como en el de lo social, quienes en realidad lo único que hacen es exteriorizar sus obsesiones y prejuicios.

Es así como el término “comunista” y la doctrina (o doctrinas políticas) que lo originó, el “comunismo” no pasan de ser fantasmagorías enraizadas en las mentes de quienes lo ven como la encarnación de todos los males posibles, endilgándoselo a sus adversarios o rivales políticos o sociales, todo con el propósito de sacarlos de la escena política por ser una amenaza, no sabemos si real o ficticia, tal y como sucede en el Perú del bicentenario, un lugar donde el mentado “comunismo” no aparece por ninguna parte, a pesar de su invocación constante, por parte de una ultraderecha que extravió su contacto con la realidad, después de haber perdido las elecciones frente una izquierda provinciana (a la que en vano trataron de satanizar), mucho más moderada que la que ellos ven el espejo imaginario como la encarnación de un “marxismo-leninismo”, y una “dictadura del proletariado” que nunca fueron realidad, ni siquiera en los países así llamados “comunistas”, razón por la que todo este affaire no pasa de ser un juego retórico, o a lo sumo la fabricación de un esperpéntico juego de los que nos hablaban en sus novelas, tanto el español Ramón del Valle Inclán, como el estadounidense Sherwood Anderson autor, entre otras obras de una célebre novela que tituló “WINSBURG OHIO”, por no mencionar el mítico condado de Yoknapatawpha en el Mississipi de William Faulkner, el que sólo existió en el universo de las complejas y bien tramadas novelas de este otro autor norteamericano.

El problema, a medida que avanzamos en esta vía. es que también, a manera de lo que sucede con un inmenso espejo o en una sala llena de espejos, quienes afirman ser “comunistas”, o hacen profesión de fe del comunismo como si fuera la encarnación del “reino de Dios sobre la tierra”, no importa si lo hacen desde una perspectiva secular (El filibustero del sur de los Estados Unidos que nos invadió entre 1854 y 1857, el famoso William Walker pensaba que estaba llamado a implantar el reino de Dios en la América Central nos dice el escritor costarricense Óscar Núñez Olivas en su novela “LA GUERRA PROMETIDA”, Editorial Alfaguara, varias ediciones, el que consistía en implantar o reimplantar la esclavitud en nuestro istmo, para que fuera un calco o una extensión del Sur de los Estados Unidos de aquella época), resultan incapaces de explicarnos con certeza a que se están refiriendo cuando usan, con gran ligereza los términos “comunismo” e incluso “socialismo”. Han pasado más de tres décadas desde la disolución de la llamada Unión Soviética, un hecho con el que se habría puesto fin a la llamada “guerra fría” que libraron durante casi medio siglo dos bloques encabezados por los Estados Unidos y la mencionada potencia, a la cabeza del bloque “comunista”, aunque resulta evidente que mucha gente ni siquiera se enteró de lo sucedido.

La izquierda de estas latitudes más confusa que radical, incluso aquella conformada por quienes se autodenominan orgullosamente “comunistas”, ha sido incapaz de explicarnos ¿qué fue lo que ocurrió en la Europa Central, llamada entonces “oriental” y en la Unión Soviética, la que cayó como un castillo de naipes? Nos quedaron debiendo una explicación que tuviera alguna lógica o el despliegue de una dialéctica elemental en el análisis, algo que no fuera una simple pelea entre los “buenos” y los “malos”, es por todo esto que no puedo dejar de pensar que sólo el filósofo y escritor tico chileno, Helio Gallardo, publicó en aquel entonces un fascinante libro que tituló “CRISIS DEL SOCIALISMO HISTÓRICO Ideologías y desafíos”, editado por el Departamento Ecuménico de Investigaciones DEI, y fechado en San José de Costa Rica, en 1991, en cuyas páginas convendría volvernos a adentrar…de ahí en adelante, hacia los dos lados o bandos interesados, el tema parece que nos conduce a adentramos en el terreno de las fantasmagorías o en el corazón de una nueva Torre de Babel la que, como su homónima bíblica, nos impide construir algo que siquiera tenga la apariencia de sólido.

Julián Zugazagoitia: periodista, escritor y ministro republicano

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gabe Abrahams

Julián Zugazagoitia Mendieta nació en Bilbao el 5 de febrero de 1899.

Su padre, Fermín Zugazagoitia Aranguren, fue director de la Cooperativa Socialista de la Casa del Pueblo de Bilbao, ejerciendo de concejal de la ciudad desde 1905 hasta 1909.

En 1914, Julián Zugazagoitia se afilió a las Juventudes Socialistas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Bilbao, por el influjo paterno. En 1917, participó en la Huelga General y, por ese motivo, pasó una breve estancia en la cárcel de Larrinaga.

En 1920, Zugazagoitia fue elegido presidente de las Juventudes Socialistas de Bilbao e inició su actividad como periodista en El liberal, La Lucha de Clases y El Socialista, entre otros medios, siendo condenado a un destierro en Santoña en 1923 por un artículo en el semanario La Lucha de Clases.

En su destierro de Santoña, Zugazagoitia inició también su carrera literaria. De esos años, son sus obras Una vida heroica: Pablo Iglesias (1925), Una vida humilde: Tomás Meabe (1925), Una vida anónima (1927), El botín (1929) y El asalto (1930).

En las elecciones municipales de 1931, que acabaron con la monarquía en España, Julián Zugazagoitia fue elegido concejal del Ayuntamiento de Bilbao. En las elecciones constituyentes del mismo año, obtuvo el acta de diputado.

En 1933, Zugazagoitia fue cofundador de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, una asociación dedicada a presentar a la URSS en la sociedad española. Un año después, tuvo un papel destacado en la Revolución de Octubre, desarrollada principalmente en Asturias y Cataluña. Por su participación, cumplió condena de prisión en la cárcel Modelo madrileña.

En esos años republicanos, Zugazagoitia estuvo centrado en su actividad política, aunque mantuvo viva su faceta de periodista y escritor de la década anterior. En esa etapa de su vida, fue director de El Socialista y escribió Rusia al día (1932). Durante su estancia en prisión por la Revolución de Octubre del 34, escribió también Trabajos clandestinos, obra inédita hasta el año 2005, entonces publicada con prólogo de su nieto José María Villarías Zugazagoitia.

En las elecciones de febrero de 1936, Julián Zugazagoitia consiguió el acta de diputado por Vizcaya. Tras producirse el Golpe de Estado del 18 de julio de ese año y el inicio de la Guerra Civil Española (1936-1939), permaneció en Madrid, siendo nombrado ministro de la Gobernación en 1937 por el presidente Juan Negrín.

En junio de ese año, desde su nuevo cargo, Zugazagoitia diseñó y creó el Departamento Especial de Información del Estado (DEDIDE), un servicio de inteligencia supervisado por él, que tenía como principal objetivo el espionaje de franquistas y anarquistas contrarios al gobierno republicano. En marzo de 1938, el DEDIDE fue absorbido por el Servicio de Información Militar (SIM), es decir por el servicio de inteligencia de la Segunda República Española, el cual mantuvo su labor.

En 1937, Zugazagoitia, además, fue ministro interino de Hacienda y promovió a la navarra Julia Álvarez Resano para el cargo de gobernadora civil en la provincia de Ciudad Real, convirtiéndose ésta en la primera mujer en desempeñar el cargo en España. Desde esa fecha hasta el final de la guerra, estuvo al frente de la Secretaría General de Defensa Nacional.

Finalizada la Guerra Civil, Julián Zugazagoitia se exilió y fijó su residencia en París. En la capital francesa, dirigió la revista Norte y colaboró con el diario La Vanguardia de Buenos Aires, escribiendo artículos sobre la guerra de España. En Norte, publicó su libro Madrid. Carranza 20. Los artículos publicados en La Vanguardia fueron reunidos en 1940 en un libro importante titulado Historia de la guerra de España.

En el prólogo que le dedicó Santos Juliá a una edición moderna del libro, comentó que el autor no quiso ejercer como historiador en la obra. El propio Zugazagoitia lo escribió así: “Yo no soy, ni puedo ser, un historiador. Soy un periodista que descubre sus observaciones y sus notas, por si tienen alguna utilidad para quienes hagan, serena y fríamente, la historia de la guerra». Con su libro dedicado a la Guerra Civil Española, Zugazagoitia dejó para la posteridad y las futuras generaciones una aportación única, llena de datos y juicios serenos desde su propia y directa experiencia.

Tras la ocupación alemana de Francia, fue detenido el 27 de julio de 1940 por la Gestapo. Pocos días después, el 31 de julio fue entregado a las autoridades franquistas.

Ya en España, sufrió una parodia de juicio. Fue juzgado por militares golpistas culpables del delito de Rebelión contra la Segunda República Española, siendo condenado a muerte paradójicamente por ese delito.

De poco le sirvió en el juicio haber sido ecuánime en su famoso libro dedicado a la guerra de España, incluso a la hora de valorar el juicio y el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española. “¿Por qué se ejecutó a Primo de Rivera? Nunca supo nadie contestarme satisfactoriamente… Se le condenó no por lo que había hecho, sino más bien por lo que se suponía que habría hecho de encontrarse en libertad…”, escribió.

Tampoco le sirvió en el juicio el hecho de que durante su mandato intentase evitar la muerte de varios personajes del bando sublevado, como el periodista y escritor Wenceslao Fernández Flórez o el también escritor Rafael Sánchez Mazas, uno de los fundadores de Falange Española y famoso protagonista de la novela Soldados de Salamina de Javier Cercas, que relata su fallido fusilamiento en el santuario de Santa María del Collell de Girona y su huida por los bosques de Palol de Revardit hasta Cornellà del Terri.

Julián Zugazagoitia fue fusilado el 9 de noviembre de 1940, en las tapias del Cementerio del Este de Madrid; fue uno de los 14 fusilados en ese día, uno de los 953 fusilados en ese año, uno de los 2.663 ejecutados desde mayo de 1939 hasta febrero de 1944 en ese mismo lugar. Inmediatamente después, su mujer y sus hijos se marcharon de Francia rumbo a México, país de acogida de un buen número de republicanos ilustres.

Tras el final de la dictadura franquista, los ayuntamientos de Bilbao y Madrid le dedicaron una calle. Poca cosa para tan ilustre socialista vasco; para tan ilustre periodista, escritor y político republicano. Para tan ilustre personaje. Muy poca.

La complejidad de las palabras y la simplicidad del discurso del poder

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Juan Huaylupo

Las palabras son la manifestación del pensamiento, cultura, ideología, historia e identidad de las personas. En este sentido, las palabras son ricas y poseen complejas significaciones presentes en toda comunicación, las cuales trascienden la interrelación entre individuos para ser también expresiones de grupos y sociedades en tiempos-espacios particulares.

Esto es, la comunicación requiere de algunas condiciones para establecer la interacción, sin embargo, en determinados contextos la situación, condición y pensamiento distinto entre los interlocutores la inhibe porque las palabras y su articulación, no son comprendidas por no poseer significaciones ni intereses comunes. La incomunicación en el presente, es el resultado de la fragmentación y separación social, no necesariamente física, en una sociedad paradójicamente articulada e interdependiente, plagada de medios técnicos para la comunicación.

La pluralidad social en el presente globalizado requiere de la comunicación porque es un requisito necesario para la convivencia, para la vida en comunidad y para nuestra socialización como seres humanos en un mundo integrado e interdependiente. Sin embargo, a pesar de su necesidad social e histórica, la incomunicación está presente y nutre muchas de nuestras relaciones sociales y políticas con el poder prevaleciente.

Se podría afirmar que, la incomunicación es una condición patológica de la sociedad contemporánea, que impide el conocimiento entre unos y otros, a pesar de una extensa e intensa relación en la diversidad de nuestra cotidianidad.

La incomunicación no solo es una separación con quienes tenemos que convivir, es una ruptura con los otros, a los cuales les niegan absurdamente tener comunidad de intereses y anhelos compartidos. La incomunicación es antagónica a todo proceso democrático, no representa el interés de todos ni el respeto al pensamiento, actuación e ideologías distintas a la propia. Es parte consustancial de un proceso político totalitario que crea enemigos, que separa lo que está unido, que desprecia y pretende desaparecer a los otros, y que en pulsión suicida asesina a quienes sustentan su existencia.

La actuación y pensamiento idéntico entre las personas, no existe, todos somos distintos, nunca máquinas estandarizadas, como tampoco contendientes ni enemigos. Creer que las diferencias son separaciones absolutas, es asumir absurdas posiciones totalitarias que auguran confrontaciones y guerras infinitas de destrucción contra la humanidad.

Gran parte de los medios de comunicación en Costa Rica, son ejemplos de la incomunicación, porque con la mercantilización de las noticias pueden decir cuanta falsedad quieren sus contratantes, privados o gubernamentales, además de mentir, calumniar y difamar, crean miedos y desconfianza informando sobre asesinatos, asaltos, fraudes y accidentes. Así, promueven ilusiones, frustraciones y disputas entre los seguidores del futbol, mientras se enriquecen los negociantes que usurpan y corrompen el deporte popular.

Esos medios no son públicos, son privados, se imponen con palabras parciales y parcializadas que ofenden la inteligencia e impiden el pensamiento complejo, así como simplifican la complejidad de los acontecimientos y realidades. La veracidad y la pluralidad del pensamiento, así como el debate serio, plural, comprometido, sobre los derechos ciudadanos, la democracia, la planificación o el desarrollo nacional, están ausentes en dichos medios, no obstante, están protegidos y mantenidos por el poder. Los propietarios de los medios encubren su funesta actuación con la honestidad, honradez y sacrificio de muchos otros periodistas, que en honor a su compromiso social denuncian a gobernantes ilegítimos, a los corruptos, así como defienden la institucionalidad pública y los derechos ciudadanos.

Las palabras del discurso del poder en Costa Rica están dirigidas a las mayorías trabajadoras para ocultarles que son ellas quienes sustentan los ingresos fiscales y que son los generadores de las ganancias y riquezas privadas. También para imponerles decisiones y acciones, como verdades absolutas, de las cuales supuestamente depende el bienestar y la existencia de los trabajadores, a pesar de que los perjudica y empobrecen. Asimismo, el discurso del poder se dirige a las mayorías para buscar apoyo y legitimar su poder con mentiras y demagogia. Esas intencionalidades del discurso del poder dictatorial, hacia los trabajadores, es para mantenerlos pasivos, obedientes, engañados, confundidos, enfrentados, enfermos e incomunicados para posesionarse en el poder dictatorial.

Las tiranías requieren de esas palabras y discursos, no para dialogar ni concertar, sino para imponer las decisiones y acciones contra quienes les han negado la palabra y no son escuchados. El discurso del poder no solo son palabras del mandatario, también hablan y actúan las leyes, los medios, la educación formal, la administración pública, la religión o “las fuerzas del orden”, que contribuyen con la difusión de sus palabras y miedos a la consecución de los propósitos del poder.

La incomunicación social es una condición privativa del poder, pero ninguna tiranía es eterna, como tampoco lo es la incomunicación. El fracaso del discurso del poder, es la imposibilidad de seguir dominando y explotando, es la absurda pretensión de eternizar un poder irracional, sin horizonte histórico. El pensamiento y conciencia crítica y disidente, son la esperanza para reconstruir una sociedad plural y un mundo mejor.

¿Cómo explicar que los empresarios se les exima pagar las deudas al seguro social, cómo se permite la elusión y evasión tributaria y el no pago de intereses moratorios, a pesar que fueron cobrados en las mercancías y servicios que venden?, ¿cómo es posible que un mandatario afirme que fue electo para emitir criterio?, ¿qué podemos esperar de un Estado que pregona democracia y libertad, cuando impone acciones contra el pueblo que dice representar?, ¿cómo confiar en alguien que defraudó y traicionó la decisión electoral del pueblo?

Al parecer las palabras y acciones de los autócratas, de los intelectuales del sistema, de los propietarios de los medios y del capital, revelan transparentemente el cinismo de su poder. Es lamentable que aún no podamos democráticamente destituir al mandatario, dado que no tiene la solvencia moral de renunciar ni reconocer su traición al pueblo costarricense. Nuestra población será callada y disciplinada, pero no es ignorante ni tonta, son tales, quienes creen engañar y defraudar eternamente al pueblo.

Imagen: https://steemkr.com/spanish/@luzmar/el-poder-del-discurso

Respecto a la venida de personal del FMI

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Miguel Ureña Cascante

Se tiene certeza al señalar, que ex compañeros del Ministerio de Hacienda, hoy día forman parte de la planilla del FMI.

En fechas pasadas, casos como el de Juan Carlos Pacheco, quién fue viceministro en Hacienda, y otras personas de las que no vale el interés señalar, ingresaron a ese gigante de las finanzas estatales.

Hoy excompañeros laboran para ese ente financiero, lo que nos agrada realmente, porque sabemos que en mucho podría contribuir a dotar a Costa Rica, quizás de mejores condiciones, no favoritismo, pero si mejores condiciones para un dinero, para utilizarlo en paliar un problema financiero, viendo a Costa Rica, como una empresa, con pandemia COVID.

Si usted lector, fuera el analista financiero del FMI buscaría primero saber qué activos podrían ser líquidos, en una razón de apalancamiento financiero alto, para hacerlos exigibles como una garantía real y absoluta de recuperación del dinero prestado.

Nadie presta de regalado, siempre hay intereses que pagar, pero una administración audaz, conseguirá condiciones, plazos e intereses aceptables y razonables para respaldar ese dinero, sin que para ellos requiera vender entidades como FANAL, como RECOPE, como el INS, etc., en fin, no entregar las Joyas de la Abuela.

Así las cosas, si Costa Rica, es garante de pago, hay préstamo, pero lo malo es que las condiciones no son tan flexibles o buenas para la realidad que vivimos, o tan buenas como las realizadas por un gurú financiero, contra un simple patrono que conoce poco o casi nada del tema, de ahí, que su fortuna o activos se puedan ver comprometidos por una mala negociación.

El balance general, balance de situación o estado de situación patrimonial es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos ….

En consecuencia, como las finanzas del país son una “caja de pandora”, podríamos estar empeñando esas joyas de la abuela, pero una cosa también es claro, este gran desorden provocado por una mala concentración de directrices y competencias materiales institucionales, nos asegura que hay dinero y mucho, ejemplo el INS, se señala tiene reservas para pagar tes veces Costa Rica en un terremoto Nacional, Recope, con la venta de gas y gasolina es muy rentable, Y si así sacamos las autónomas, hasta da para que se roben en casos COCHINILLA, en IVM, la 1856 y hasta para proponer llevar el ROP o IVM a inversiones internacionales.

¿Cómo es la cosa? Pues se lo dejamos de tarea, el FMI puede ser bueno, en la medida que podamos obtener la condición mínimo deseable, de lo contrario, hipotecar a Costa Rica no tiene sentido.

CHIVOS EXPIATORIOS

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José Manuel Arroyo Gutiérrez

¿Quién es el culpable de los problemas que el sistema no logra resolver? En el nacional-socialismo alemán, principalmente la minoría judía; el odio en su contra atizó y movilizó a un pueblo por otra parte culto, cumbre de la filosofía, la literatura, la música, la teoría jurídica y política… hasta convertirlo en una horda delirante y genocida. En la Costa Rica actual, se señala como culpable a la minoría que integra el sector público, sus asalariados y jubilados, y por arrastre, instituciones claves para la democracia: la independencia judicial y la autonomía universitaria, entre otras. La estrategia es la misma: repetir hasta el cansancio verdades a medias o abiertas mentiras y fomentar el odio contra el chivo expiatorio. Será culpable todo lo que huela a Estado Social de Derecho; a regulación de la ley de la selva y el sálvese quien pueda; todo lo que tenga que ver con aportes solidarios para asistir a los trabajadores que enferman o darles condiciones de vida dignas en la vejez; todo el que no pueda costearse una educación de calidad; en fin, culpable será ese otro, quien no tiene idea de los que significa la palabra offshore y no puede refugiarse en un paraíso fiscal.

Y no me vengan a decir que los casos no admiten comparación. Pregúntenle a un joven chileno que para estudiar tiene que hipotecar a una vulgar financiera todo su futuro. Pregúntenle a un viejo, también chileno, que tiene que escoger entre comer o comprar las medicinas. Demuéstrenme que estas no son sólo formas más sofisticadas de exterminio.

VERTEDEROS QUE SI DEBEN CERRARSE

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

El país se aprestaba a conmemorar en una suerte de rictus sordo, los doscientos años de vida independiente. El discurso aquel sobre la patria, los valores, la democracia y sus bondades se instaló a lo largo de todo el mes que acaba de concluir.

Casi que, con la entrada de las celebraciones, volvimos a reeditar otros ritos, poco agradables, pero sí peligrosos por sus alcances, sus impactos, sus efectos en la sedimentación de eso que algún día llamamos comunidad costarricense.

Tan añeja como la misma celebración Bicentenaria, la problemática de la gestión de los residuos y los desechos sólidos en la Gran Área Metropolitana costarricense sigue representando un problema de salud pública, dada la cercanía de muchos espacios reconocidos como vertederos con comunidades y poblaciones.

Justamente al finalizar agosto, las personas vecinas de la comunidad La Carpio, un asentamiento informal conformado por la mixtura de familias costarricenses y migrantes, especialmente de origen nicaragüense, protagonizaron una serie de manifestaciones en vía pública que incluyeron pancartas en mano y el bloqueo a la principal vía de entrada y salida a la comunidad.

Demandaban a las autoridades competentes una pronta resolución sobre los olores que permanentemente, pero más en la época de invierno, se expiden desde un vertedero de basura localizado en un predio contiguo a la comunidad.

Conformado hace ya muchos años, La Carpio constituye ejemplo de los procesos de segregación y segmentación urbana, con problemáticas como la informalidad en su constitución, la precaria dotación de servicios y una constante desatención a sus problemas sociales más apremiantes.

Los discursos sociales a propósito de la comunidad en su mayoría están orientados a acotar, sin ningún sustento numérico y estadístico, la presencia de una población migrante a la que se le atribuyen características como la violencia y la delincuencia.

Quizá tras estas apreciaciones es que pueden leerse varios comentarios expresados en las redes sociales de un telenoticiero nacional al publicar la noticia sobre la manifestación de los vecinos de la comunidad.

Frases como “¡Yo propongo que cierren la Carpio mejor! O que cierren ambas… ¡o que las combinen y hagan un solo botadero!” La carpio tiene el vertedero que genera contaminación y el vertedero de asaltos” son solo algunos ejemplos de la continua construcción discursiva racializada e estigmatizante acerca de este asentamiento.

Estas y otras frases develan en extenso las entrañas de una discriminación que intercala al mismo tiempo aversión al extranjero y un odio rastrero contra la pobreza y las personas pobres.

Dice Adela Cortina en su trabajo ya conocido sobre la Aporofobia (rechazo a la persona pobre) que tanto la xenofobia como el racismo no son en estricto sentido resultado de una historia o experiencia personal de odio hacia una persona determinada: son una reacción contra personas que la mayoría de las veces no se conocen y que representan aún más eso que se teme o desprecia sin mediar experiencia alguna.

Pero no es cualquier persona la que produce esa animadversión y ese rechazo. Es, como bien lo refleja Cortina, el “aporos”, el pobre el que molesta, porque “se vive a la persona pobre como una experiencia que no conviene airear”.

Durante años en nuestra experiencia docente en el curso sobre Migraciones en Costa Rica en la Universidad Nacional, escuchamos experiencias de rechazo a las mismas personas estudiantes por su lugar de proveniencia : “yo prefiero no decir donde vivo”, “invento mi lugar de origen para no ser discriminada”, son solo algunos de los testimonios recogidos en aquel curso, que nos permiten señalar la necesidad de seguir profundizando en el conocimiento de esas otras geografías y espacialidades que experimentan todos los días el estigma y la discriminación sin motivo aparente.

Pasados los fuegos artificiales de las celebraciones patrias, descubrimos que todavía siguen sin ser incluidas muchas personas a esa comunidad imaginada que decimos ser. Corresponde en lo inmediato un ejercicio permanente de volver conscientes esas inequidades, cerrar la brecha, clausurar los vertederos donde se propagan discursos discriminantes y de odio, apagar de forma urgente las luces de la exclusión que en nada contribuyen a construirnos como colectivo.